Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (IV y final)

Por José Luis Vega Carballo

Para finalizar esta serie de análisis sobre las vicisitudes de la firma del convenio para el financiamiento de nuestras universidades públicas (el FEES,) vamos a recalcar y explicar un poco mejor nuestros argumentos acerca de por qué ese convenio es débil en sus fundamentos y proyecciones, así como insuficiente para satisfacer las justas demandas y aspiraciones de las comunidades universitarias; hoy frustradas por sus rectorías y empujadas a un sombrío invierno presupuestario de corte neoliberal, que tendrá la comprometedora característica de elevar los objetivos y compromisos de gestión de las instituciones para el período 2011-15, al mismo tiempo que paradójicamente se les recortan los medios para alcanzarlos, a pesar de todas las promesas y dichos en contra para tapar tan deprimente y dura realidad.

En efecto, en un arrebato de entrega ante la discutible tesis del gobierno acerca cómo superar la actual crisis económica, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aceptó en el considerando 8 del acuerdo que las universidades "tendrán que adoptar políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos." Es decir, medidas de restricción de una inversión (como es la educación), la cual más bien debía reforzarse ante una recesión que se torna ya en terrible depresión del capitalismo global.

Una vez concedido lo anterior, las autoridades universitarias tuvieron que avenirse a una reducción del nivel de las justas demandas que se habían comprometido a mantener ante sus comunidades. Ese nivel lo habían bajado de un 24% de aporte gubernamental anual al FEES para el período 2011-15 a un 16%, luego a un 13% (moderado promedio del quinquenio anterior) para terminar trazando la línea en un 11%, de la cual descendieron aún más, hasta postrarse al pactar un raquítico 5,5% de crecimiento real promedio para el quinquenio, ¡sólo un 1% por encima de lo ofrecido inicialmente por el gobierno y considerado por el CONARE como un verdadero desastre para las instituciones!

Pero, además, agacharon la cabeza con el inconveniente para las universidades de que, por una parte, tendrán que consentir en que se le recorte a la educación primaria y secundaria la suma de ₵5.500 equivalente a un 2% del total de 7% que se acordó asignar al FEES para los años 2011 y 2012, luego de los cuales se reculará los tres siguientes hasta llegar a un escuálido aporte de solo 4,5% por encima de la inflación. Por otra parte, las autoridades asintieron contratar un empréstito extranjero por US$200 millones para cubrir inversiones en equipo e infraestructura; lo cual implicará que, para los años siguientes al 2012, el crecimiento real indicado de un 4,5% solo se logrará, como lo ha señalado el SINDEU (sindicato de la UCR), deduciendo este préstamo (que las universidades deben devolver) del propio FEES, cuyo nivel se reducirá en esa proporción en beneficio del gobierno y detrimento de los presupuestos universitarios; y si a ello sumamos, como lo ha dicho Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario de esa institución, que se "jinetearán" Fondos del Sistema (FS) del CONARE trasladándolos de renglones propios del presupuesto regular de las universidades al FEES, en realidad lo que el gobierno girará a las universidades no será un 4,5%, sino mucho menos. Sólo les cabe esperar a las pusilánimes rectorías que el gobierno tramite una reforma tributaria para cerrar las enormes brechas financieras en ciernes. Pues se depositó en tal reforma la garantía de que, para el 2015, el gobierno pueda cumplir con trasladar un 1,5%% del producto interno bruto (PIB) al FEES, ¡algo que queda totalmente en la cola de un venado!

Luego de examinar esos detalles del contenido del acuerdo, uno se pregunta cómo es posible que las rectorías sigan prometiendo infundada e irresponsablemente a funcionarios, profesores y estudiantes que no habrá recortes del gasto ni de las inversiones, que se aumentarán las matrículas y cupos de carrera, que se fortalecerán muchas de ellas en las áreas científico-técnicas, que se aumentarán las becas y se mejorarán los servicios estudiantiles, que las operaciones normales de la administración y la academia están garantizadas, que podrá mejorarse la calidad de la enseñanza-aprendizaje aunque aumente la cantidad de estudiantes, que las instituciones entonces crecerán en todo sentido, que, en fin, como lo firmaron en el acápite 7f de los acuerdos se comprometen a que los "regímenes salariales de las instituciones sean siempre atractivos para el ingreso del personal nuevo de alta calificación y para que los sistemas de incentivos respondan primordialmente a consideraciones de calidad y mérito en el desempeño de las funciones", etc., etc.

Y lo más demagógico y falso: que no habrá despidos, sean masivos o selectivos, ni reducciones voluntarias o forzadas de los niveles de la remuneración salarial, al estilo de España y Portugal donde las disminuciones tanto de la planilla vía destituciones como de los sueldos han llegado a un 20% respectivamente (modelo de recorte 20-20), sin que los sindicatos hayan podido detener la terrible tijera del neoliberalismo instalado en las cúpulas que gobiernan los claustros (o lo que va quedando de ellos).

Entonces, no perdamos para nada de vista que esas cúpulas educativas son fieles aliadas aquí también de las gubernamentales y de los partidos de la coalición Arias-Chinchilla. Son las que se hallan bien instaladas en los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Hacienda; las que a su vez dependen de las directrices y recursos de los organismos financieros internacionales (OFI), como el Banco Mundial o el BID, ante los cuales responden como élites serviles, embarcadas ahora en la trágica tarea de enfrentar la crisis mediante medidas pro-cíclicas equivocadas; a saber, aplicando fuertes reducciones (desfinanciamientos y desmantelamientos programados) a los servicios sociales públicos, incluidos los educativos y universitarios, a todos los cuales se les hará "terapia de shock" a pesar de que no constituyen gastos, sino productivas inversiones.

Se cierra así y desde allí, desde esos enclaves superiores de poder, el fatal círculo de un poder global-local dirigido a liquidar nuestras universidades públicas, o bien muy empeñado en convertirlas -si lo anterior no se logra- en acríticos y dóciles apéndices de los sectores productivos y empresariales, controlados por los intereses de las corporaciones y finanzas internacionales.

Para terminar, es conveniente que los estudiantes de las universidades públicas sepan, que si no están matriculados en carreras "acreditadas" por el denominado Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), no hallarán fácilmente a futuro un empleo en el sector público, donde serán discriminados bajo aparentes criterios objetivos y de conveniencia. Esto debido a que las rectorías así lo negociaron para beneficio de la educación superior privada y mercantilizada, donde esa acreditación se realiza bajo condiciones muy expeditas y altamente ventajosas. Así quedó plasmado esto en el acuerdo 8, cundo literalmente CONARE convino en "que se garantice que la contratación de profesionales en instituciones del Estado requerirá que la carrera de la que provienen esté acreditada."

Mediante esa norma, no solo se permitirá a las universidades privadas equipararse y desplazar a las públicas en el mercado de trabajo del sector estatal, sino que también les abrió a sus dueños puertas para reclamar eventualmente fondos estatales del FEES o del MEP, prontos a esgrimir la tesis de que "todas las universidades son públicas", que la "educación superior es una sola", y que todas las entidades deben competir al estilo chileno y banco-mundialista. Un tema sobre el que tendremos de volver más adelante. Pues este escenario bien podría ocurrir en el país, a pesar de que los entes privados son empresas de propiedad exclusiva de unos cuantos ricos, quienes desde hace años hacen clavos de oro a costa de muchas familias de medios y bajos ingresos, cuyos hijos e hijas se ven forzados a caer en sus garras precisamente debido al escaso financiamiento y muy lento aumento de la matrícula en las universidades regidas por el CONARE.

No debe tampoco pasarse por alto que ese tipo de educación superior mercantilizada y privatizada marcará la pauta del futuro si se deja que los altos círculos del progresismo reformista que hoy controlan a las universidades públicas, sigan permitiendo que se debilite el FEES, se impongan las normativas neoliberales del Banco Mundial y demás OFIs, y se les retiren a los estudiantes otras fuentes de financiamiento que no sean las del CONAPE, o las que lleguen a ofrecerles los círculos bancarios y empresariales que desde ya se aprestan a participar más y más agresivamente en el jugoso, aunque poco honroso, negocio de una educación universitaria manejada bajo criterios y condiciones de mercado. No hay duda de que en dichas instancias privatizadoras, en las cámaras patronales y los grandes poderes mediáticos deben estar aplaudiendo con mucho gusto este pacto del CONARE con un gobierno elitista que, debe reconocerse, los representa muy bien en calidad de junta superior administrativa de sus más altos intereses.

Fuente: Diario Digital El País

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I), Jose Luis Vega Carballo.

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (III)

Por José Luis Vega Carballo

Aprovecharemos esta tercera entrega de apreciaciones sobre la “negociación” del fondo especial para la educación superior pública (FEES) para hacer referencia a varios importantes comentarios suscitados a raíz de las opiniones publicadas en esta columna, especialmente los planteados por el estimado economista don Luis Paulino Vargas Solís, a quien le agradezco darme la oportunidad para aclarar mis ideas sobre los alcances del mencionado proceso. Comienzo con decir dos cosas fundamentales, dejando para luego algunos detalles.

Primero, que no hubo a lo largo de casi año y medio de conversaciones entre las rectorías y el gobierno arista-chinchillista un proceso que pueda llamarse con toda propiedad y en buena ciencia de “negociación”. Las partes se encerraron en sus posiciones (incluida la muy defendida por las autoridades universitarias de un mínimo de 13% de financiamiento promedio a lo largo de 2011-15, la cual se comprometieron a sostener antes sus comunidades universitarias como límite mínimo o piso para firmar el acuerdo FEES); y, en el caso gubernamental, además escalaron o maximizaron abusivamente y con dureza sus demandas, mientras que la parte académica cedía y retrocedía (sobre todo en las últimas semanas y días), dejándose acosar y acorralar contra la pared y el reloj, como acostumbran hacerlo los negociadores suaves y demasiado amigables frente a los rudos que se aprovechan de esto, sin misericordia ni tregua, para obtener fáciles concesiones y satisfacer sus voraces y muchas veces ilegítimos intereses. Esto se llama “trinqueteo”, entrar en “tomas y dacas”, dejarse cansar y hasta atemorizar (como cuando los ministros haciéndose los “buenos de la película” asustaban a las rectorías con enviar el caso a la Asamblea Legislativa donde les esperaban los “malos”), ceder ante presiones, amenazas, chantajes y trucos sucios, pero no negociar como se debe: fundándose en principios e intereses. Para mayor ilustración acerca de lo que es y no es negociar de veras, con profesionalismo y altura, dignidad y eficacia, refiero a los lectores a la obra Dr. Roger Fisher de la Escuela de Leyes de Harvard, “Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder” (Colombia, Editorial Norma).

Segundo, el neoliberalismo, en su versión Neo-institucional avalada por el Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales (OFI), no pretende acabar ni privatizar la educación pública como tal, incluida la universitaria, sino, por un lado, “acondicionarla” por dentro para que funcione bajo estilos y normativas gerenciales o “incaístas”; y, por otro, “condicionarla” duro por fuera y desde las altas esferas gubernamentales dominadas por tecnócratas fieles a los OFI, para que esa educación (igual que la privada) sirva a las necesidades empresariales y del mercado laboral y no otras; rebajándola así a recurso o medio para generar ganancias al sector capitalista privado y para hallar empleo, punto. Esto implica definir la educación como un servicio que se presta al sector productivo bajo condiciones de competencia de mercado, o no se brinda; y despojarla entonces de todo contenido como Derecho Humano y Social, como Bien Público, y sobre todo como proceso de formación y capacitación personal y colectiva brindado en función de un proyecto soberano de desarrollo nacional auto-centrado y auto-sustentado, democrático, igualitario y solidario plasmado no para satisfacer intereses egoístas y cortoplacistas de las élites desnacionalizadas, sino de las grandes mayorías sociales y con vistas a los requerimientos de construcción de una ciudadanía sociopolítica, crítica y militante.

Es decir, la educación para el neoliberalismo es un instrumento al servicio de una sola meta globalista o mundial: impulsar parejo y en todas partes el carruaje empresarial hacia más elevados niveles de competitividad, ganancia o rentabilidad, y de explotación del trabajo humano como recurso generador de riqueza para unos pocos y no de bienestar para todos, a saber, como simple mercancía transable o “capital humano”, cuyo fin único es satisfacer el afán de lucro y acumulación de ganancias de un capitalismo desbocado y dispuesto a tragarse los recursos naturales y humanos del Mundo.

En ese sentido, lo que persiguen los OFI a la vanguardia del proyecto, es sujetar la educación pública a las exigencias del gran capital, aprovechando para tal fin la fuerza de la ley (y de monitoreo/control/represión) y el peso ideológico que todavía posee el Estado para controlar el curriculum, mientras se deja al lucrativo sector privado lo más libre, flexible o desregulado posible, para que allí se formen los cuadros de mayor confianza y calidad del sector empresarial, siguiendo ojalá los moldes de algunos “Colleges” gringos o de los institutos de “Business Administration”, como el INCAE, o bien de algunos tecnológicos, como el de Monterrey en México o el ITN peruano; también el modelo pinochetista de los institutos científico-tecnológicos públicos de Chile, que funcionan como corporaciones de derecho privado eximidas de cumplir la ley nacional de presupuestos y contraloría, en las cuales el gobierno es propietario minoritario y actúa como promotor y contralor garante de la reproducción social e ideológica de una sumisa fuerza de trabajo de bajo costo formativo.

Claro está, que si en algunas universidades públicas se logra hacer lo mismo antes señalado y bordear el campo de lo privado/mercantil, especialmente en los niveles de posgrado (maestrías y doctorados), pues magnífico para los OFI. Pero, en general, en la esfera pública lo que más importa a los OFI y compañeros de viaje es implantar carreras financiadas con fondos públicos que trabajen como subsidios al capital, para cuadros medios y bajos de alto rendimiento que cuenten comprobadamente con las llamadas “competencias” requeridas por las empresas (especialmente las transnacionales) y que como estudiantes trabajen para ellas. Eso sí, todo al más bajo costo posible y en condiciones de bajo salario. Esto implica que el interés por privatizar la educación pública halla límites de conveniencia y se detenga antes de llegar a su más radical y plena ejecución, tanto en Costa Rica como en otros países gobernados por los OFI como mansos “protectorados de libre comercio”. Lo que realmente importa es controlar la educación, sea pública o privada, en aras de los designios, cadenas virtuosas e interés del capital. Y en el caso de las universidades públicas que sean buenas vendedoras de servicios y a la vez clientas del sector privado, y también eficientes y dóciles empresas de trabajo precario y temporal para sus funcionarios administrativos y docentes.

Dicho y aclarado lo anterior, resulta que lo pactado con el gobierno por las rectorías en el FEES, a título casi personal y en contra de lo convenido como “piso” con las comunidades universitarias, se ajusta perfectamente a la filosofía y práctica del Neo-institucionalismo bancomundialista en todos sus extremos y vericuetos. Y lo hicieron no en un sentido pasivo y estático o de un puro formulismo, sino con una actitud proactiva y bajo la visión de ejecutar políticas coherentes y definidas en apoyo de las fuerzas del mercado y de los intereses gubernamentales, empresariales y de los OFI.

El acuerdo comienza con un discurso (aceptable en términos neoliberales) en pro de la educación pública. Pero, de inmediato pasa a someter las universidades de lleno, por un lado, a la camisa de fuerza de la “privatización endógena”, una forma de “comercialización en la academia” que no reconoce la autonomía universitaria, ni su esencia académica y humanista, al imponerles que funcionen internamente como si fueran empresas o corporaciones privadas bajo el imperio del gerencialismo de moda o “managerialism” (gestión administrativa y financiera hecha por objetivos y contratos de desempeño y servicio con indicadores de eficacia, eficiencia y productividad, evaluación y rendición de cuentas, acreditación internacional o manía de los “rankings”, compra-venta de servicios de todo tipo, crédito privado local e internacional para inversiones, fondos concursables, etc.). Por otro lado, la “privatización exógena”, una forma de “comercialización de la academia” que la vuelve a ella misma un producto comercial ajustada a las demandas de los clientes privados, los mercados y otros agentes externos; y que se le aplica hacia afuera. Esto se trasluce claramente en el acuerdo que analizamos, donde se doblega a las universidades para que trabajen, se remodelen y rindan cuentas con apego a las necesidades del proyecto de competitividad, de ciencia, tecnología e innovación pactado por el gobierno arista con el Banco Mundial en junio de 2009 (ver publicación oficial BM-GCR “Competitividad en Costa Rica” y otros del Consejo Nacional de Competitividad, CONACOM); lo cual implica de hecho su sometimiento a intereses políticos y privados ajenos a las mismas, aunque conserven la fachada de instituciones públicas de servicio. Así, pues, lo importante es cómo se rediseñen en lo interior y cómo trabajen hacia el exterior entre 2011 y 2015, ciñéndose en ambas esferas a los lineamientos de los OFI y los intereses hegemónicos del bloque transnacional de poder que gobierna el país. De modo muy parecido a cómo se logró la mercantilización y privatización de hecho de la banca nacional y de las telecomunicaciones, ahora se impulsa un sistema gerencial-empresarial y competitivo para las universidades públicas. ¡Adiós, de nuevo, a las mismas, al igual que se lo dijimos a los bancos estatales, al ICE, al INS, etc., si es que van a seguir por ese camino solapadamente abierto ya por las rectorías y el realismo del “progresismo contemporizador”!

A quienes se han conjuntado para impulsar esta contra-reforma universitaria neoliberal en Costa Rica hay que repetirles lo afirmado hace pocos días por el rector José Narro Robles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Pretender someter la actividad educativa a criterios de mercado, constituiría una falla y un desatino”.

Pero habrá más que decir acerca del tema en la cuarta entrega, cuando enfocaremos algunos otros aspectos del tijeretazo y la estrategia de austeridad aplicados al convenio FEES, que exigen clarificación y debate nacional.


Fuente: Diario Digital El País


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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I), Jose Luis Vega Carballo.

Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (II), José Luis Vega Carballo.

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Diputado José María Villalta: “Hay motivos suficientes para que la Caja sustituya al gerente de Pensiones”

Por María José Nuñez

La gran cantidad de denuncias que han sido presentadas contra el actual gerente de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Miguel Pacheco, han despertado las sospechas en la Asamblea Legislativa, y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta asegura que hay suficientes motivos para que el jerarca sea destituido.

Luego de que la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso llamara a Pacheco para comparecer sobre el tema del régimen de Pensiones, el pasado jueves 23 de setiembre, y de que él no se presentara, el legislador confirmó que ya están recopilando documentos, informes y criterios que destapan cosas muy graves, pues están comprometiendo los recursos del fondo de pensiones de todos los costarricenses.

“El señor Pacheco no ha querido venir a dar la cara ante la comisión, hay serias denuncias de situaciones que aunque no han significado pérdidas gigantes, muestran un mal manejo de los recursos para favorecer a ciertos sectores económicos y no a los trabajadores que dependen de esos dineros para sus pensiones”, comentó Villalta.

El diputado cuestionó dos denuncias específicas: una que tiene que ver con la reducción de dos puntos porcentuales en los préstamos hipotecarios de la Caja, siguiendo una directriz directamente de Casa Presidencial, a pesar de que la ley orgánica de la institución indica claramente que no está sujeta a ese tipo de directrices.

La directriz que fue emitida se refería a la reducción de las tasas de interés para los bancos del Estado, no para la Caja, ya que son recursos del fondo de la reserva de pensiones. Además, la directriz se refería a bajar las tasas variables, sin embargo la Gerencia de Pensiones redujo también las fijas.

“En el informe que presentó en su momento a la junta directiva se afirmaba que existía un acuerdo entre la gerencia de Pensiones y la dirección de Inversiones, sin embargo esta última aseguró que nunca avaló esta propuesta”, dijo.

De acuerdo con Villalta, la propuesta a la Junta Directiva afirmaba que únicamente se tendrían pérdidas de ¢500 millones, pero confirmó que la auditoría interna detalló que habían rondado los ¢1.600 millones.

La otra denuncia, y que el diputado considera aún más preocupante, es que Pacheco llevó una propuesta a la junta directiva para vender miles de millones que tenían en bonos en bancos privados, como el Citibank, pues con la crisis estos iban a quebrar, y se estableció un parámetro para ponerlos en el mercado a un precio menor. Esas pérdidas se estimaron en su momento de hasta un 4,76%.

“El gerente aseguró que se iba a perder un montón de plata, por lo que se sacaron los bonos a la venta y el primero en comprar fue el Grupo Sama, empresa donde el gerente laboró durante varios años. Esto se frenó a tiempo, pero solamente esa tentativa me genera una gran desconfianza”, detalló Villalta.

Consultadas las actas del Comité de Inversiones, UNIVERSIDAD constató que, en efecto, esa propuesta de vender con pérdidas los bonos se puso en marcha, basada en la situación de crisis económica internacional y al poco tiempo se canceló la decisión argumentando que el riesgo había disminuido.

El funcionamiento de la venta de los bonos de la reserva del IVM permite que la Caja los saque al mercado y quien los compre puede cobrarlos en el futuro con intereses.

“Estamos pidiendo todos los informes, y aunque no hubieran comprado los bonos, hay una clara maniobra para favorecer a grupos económicos que en ese momento necesitaban financiarse ante la crisis económica y para mí eso es causal para destituirlo de su puesto”, argumentó.

Por su parte, el representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Geovanni Ramírez, señaló que “el hecho de que se vendieran esos bonos al Grupo Sama, donde el gerente laboró unos 15 años, resulta absolutamente sospechoso”.

El dirigente señaló que aunque se está realizando una investigación preliminar a lo interno de la Caja sobre estos y otros temas, conforme al reglamento se debería separar del cargo al gerente para garantizar la transparencia, y, en su criterio, esto es únicamente una distracción de temas mucho mayores.

“Es muy curioso que al mismo tiempo que sucede esto, avanza en la Asamblea Legislativa un proyecto que propone la pensión a los 57 años. Este es solo para quienes tienen otros ingresos adicionales, como renta, pues la pensión queda totalmente disminuida y cobran una penalización”, acusó Ramírez.

Para Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) otro tema que se une a estas denuncias y que son sumamente preocupantes es el proyecto de ley 17.597, cuyo propósito es prohibir el retiro cada cinco años de los dineros acumulados en ese fondo, trasladándolos al Fondo de Pensión Complementaria, de forma inmediata.

“Las operadoras pretenden acumular ganancias, administrando por más tiempo el dinero que debería recibir el trabajador, en este sentido en caso de despido el trabajador recibiría únicamente el 5,33% y no el 8,33% que se entrega actualmente y no podría hacer el retiro cada cinco años. Son todos estos manejos, los que nos hacen sospechar aún más de las intenciones de los políticos”, detalló Chavarría.


A COMPARECER

A pesar de que en la primera solicitud de comparencia que se hizo al gerente Miguel Pacheco, la Comisión de Ingreso y Gasto Público le indicó que su justificación no era válida y que tendría que presentarse a la próxima sesión a responder por los cuestionamientos.

De acuerdo con la presidenta de la comisión, Marielos Alfaro, diputada del Movimiento Libertario: “el señor Pacheco aseguró en una nota enviada a mi despacho, luego de solicitarle su justificación por escrito, que tiene una serie de investigaciones preliminares, pero eso no lo inhibe de venir a comparecer. Queremos saber el detalle del régimen, conocer sobre los estudios que indican que el sistema está colapsando”.

Para la diputada libertaria, la investigación tendrá que incluir todo lo concerniente al régimen, como las denuncias por las tasas de interés, la inversión de los recursos, así como las razones por las que declaró confidenciales las actas de la Comisión de Inversiones.

“El tema se verá de forma integral, completa, incluso daremos audiencia a los representantes de los sindicatos para que comparezcan ante la comisión legislativa y nos traigan todas las pruebas y argumentos que tengan, también pediremos las actas de la comisión de inversiones”, concluyó.


DIFERENCIA DE CRITERIOS

Otra de las denuncias que han realizado los sectores sindicales ha sido el franco deterioro en la relación que ha tenido la gerencia de Pensiones con la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), por lo que UNIVERSIDAD realizó una entrevista a la Intendente a.i. Marjorie Jiménez, para conocer a fondo la génesis de esas diferencias.

¿A qué se deben las controversias entre la SUPEN y la gerencia de Pensiones de la CCSS?

Más que controversias lo que ha tenido la SUPEN con la Caja son diferencias de criterio y de visión sobre la gestión propiamente del IVM. Lo primero que es importante tener claro es que el IVM es supervisado por la SUPEN más no es regulado, es decir, la normativa que dicta el órgano no necesariamente debe ser acatada por parte del IVM.

En ese sentido, la actividad de la SUPEN debe ser complementaria a la del mismo gestor del fondo, o sea, la CCSS representada por la Gerencia de Pensiones.

Esta particularidad ha hecho que se presenten inconvenientes y limitaciones en el ejercicio de la supervisión, entre otros, con temas como cumplimientos de entrega de información básica para ejercer la supervisión y plazos.

¿Cómo debería ser la relación entre SUPEN y Pensiones de la Caja?

Debería ser una relación como la que la SUPEN tiene con cualquiera de los otros supervisados y regulados y eso es lo que la Superintendencia pretende. El fin de la supervisión es mejorar la gestión administrativa del IVM, lo cual implica en muchos casos corregir debilidades de control, para lo que esperaríamos apertura de la administración.

¿Cuáles fueron los problemas que se dieron por los estudios actuariales de ambas partes?

Ha habido dos estudios actuariales: uno que contrató SUPEN, realizado por una firma de actuarios mexicanos y, otro, que la CCSS realizó y que fue validado por la OIT.

En el primer estudio actuarial la mayor discrepancia estuvo en el crecimiento de la masa salarial, se utilizó un horizonte de 100 años, porque es el plazo recomendado para fondos de pensiones de esa naturaleza.

Por su parte, la Caja utilizó la metodología de su sistema PRODEFI y la OIT validó que dicho sistema funcionaba; se hizo con visión a 50 años -después la CCSS lo amplió a 100 años-, lo cual hace que los resultados sean diferentes y por tanto de impacto mucho menos dramático.

El tema es que según la CCSS el IVM es solvente hasta el año 2037 y que se puede esperar 15 años antes de hacer nuevos ajustes, la SUPEN basada en su estudio estima que ese plazo es al 2015. Las medidas deberían irse tomando desde ahora y no esperar, pues son decisiones que afectan a trabajadores, patronos y gobierno.

¿Cuáles son las mayores deficiencias del sistema de Pensiones de la Caja?

El sistema de pensiones que administra la Caja requiere que se mejore el proceso de recaudación y registro de los aportes, revisar los procesos de cobro y registro de la morosidad patronal. Mejorar la estrategia de inversiones, para una mayor diversificación que disminuya el riesgo de la cartera, y con rendimientos reales que aumenten las reservas del régimen.

Vemos oportunidades de mejora en el nivel de la cultura de control interno y de gestión de riesgos, en particular del riesgo operacional.


Fuente: Semanario Universidad

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (II)

Por José Luis Vega Carballo

A las anteriores victorias obtenidas en materia de financiamiento y administración presupuestaria por la alianza Arista-Bancomundialista en las negociaciones con las rectorías de las universidades públicas, habrá que agregar otra más y muy decisiva en el balance desfavorable para las instituciones educativas.

En efecto, si nos guiamos por lo pactado en el punto 7 de la sección final del acuerdos y si efectuamos una doble lectura crítica del mismo, lo que se aceptó, más allá de su inocente apariencia, son los lineamientos conceptuales y de aplicación de la estrategia denominada como “Neo-institucionalismo” por el Banco Mundial (BM); la cual transforma órganos del Estado como las universidades en apéndices de las fuerzas del mercado, en mecanismos para dar mayor satisfacción a los intereses y necesidades de las empresas privadas, en especial a las grandes corporaciones transnacionales instaladas en zonas francas y amparadas a los tratados de libre comercio (TLCs).

De ahí que las universidades quedaron comprometidas a: subir tasas de matrícula más allá de lo previsto (efecto de sobresaturación); reformar el sistema de becas (no se indica cómo); mejorar tasas de rendimiento y métodos de evaluación académica para reducir permanencia y aumentar graduaciones de acuerdo a necesidades del mercado laboral y empresarial (tampoco se indica cómo); estrechar vínculos con el sector productivo y con programas gubernamentales de ciencia, tecnología e innovación para bajar de la “torre de marfil” (queda por definir el cómo); procurar tener regímenes salariales uniformes sujetos a incentivos, indicadores calidad y desempeño de funciones (como en las empresas privadas) y no a aumentos automáticos (lo cual huele a régimen de “salario único”); lo mismo que atar esas y otras medidas a programación y fijación de metas en función de las cuales se harán las evaluaciones de logros.

No hace falta un gran esfuerzo para darse cuenta que, con esa sujeción radical de los aparatos universitarios a estilos gerenciales y criterios de gestión empresarial, se hace añicos, no solo la autonomía, sino además la libertad de cátedra universitaria; una meta perversa a la cual se unirá la aplicación de los sistemas internacionalizados de acreditación, sesgados hacia la uniformación, privatización y mercantilización de la enseñanza superior.

Clara quedó, pues, la hoja de ruta neoliberal y mercadológica a la cual deberá sujetarse el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para su Plan 2011-2015. Con ello, las universidades primero fueron enmarcadas tal como lo explicamos en la parte I de este análisis, en el entorno estrujado de la política fiscal y tributaria neoliberal, y a cómo allí se piensa manejar la crisis sistémica a favor de las necesidades e intereses del sector financiero-bancario privado, que es el hegemónico dentro de la estructura de poder trans-nacionalizada. Y segundo, las rectorías fueron domesticadas y forzadas a ejecutar un operativo de reingeniería interna de sus estructuras de gobierno, administración, finanzas y enseñanza-aprendizaje en consonancia con una ideología de corte empresarial y de mercado, para que así las entidades se acoplen a un modelo de “universidad corporativa globalizada” ceñido a las necesidades e intereses del sector financiero y exportador, lo mismo que a los de la banca internacional. De esta manera le cerraron desde arriba y desde afuera el círculo de opciones de gobernanza a CONARE, por dentro y por afuera.

Habrá que esperar a ver cómo se traduce todo lo anterior a fórmulas operativas de aplicación interna, o sea, a compromisos mejor especificados en la firma del convenio entre CONARE y gobierno, del cual este acuerdo es el preámbulo que abre el gran boquete. No seamos ingenuos: esta es la víspera que anuncia el día; y el diablo estará seguramente por perfilarse mejor en los detalles venideros que contendrá el convenio final pronto a firmarse. Pero desde ahora podemos ir diciendo, si el programa anterior se impone, que ha comenzado el desmantelamiento del modelo universitario autónomo y desarrollista, plasmado durante el siglo XX por figuras como Rodrigo Facio y Carlos Monge Alfaro. Si no hay una poderosa reacción en contra de lo pactado, habrá entonces que decir adiós a universidades públicas comprometidas con el país, con su desarrollo, con su modelo social y sus sectores menos pudientes. Adiós también a la autonomía universitaria, a la libertad académica y al pluralismo ideológico y cultural.

Por eso es buena hora para reiniciar la lucha por otro tipo de reforma universitaria, auto-generada y auto-dirigida por las mismas universidades, como han sido las anteriores reformas, y no impuesta por las fuerzas ajenas del gran capital trasnacional y la nueva oligarquía corrupta, que desgobierna el país en función de intereses elitistas y transnacionales. Ya veremos si triunfa la contrarreforma mercadológica en marcha impuesta desde afuera y desde arriba, o una auténtica auto-reforma, democrática y popular, acorde con las necesidades e intereses del desarrollo nacional y de las grandes mayorías sociales, la cual pronto deberá ser planteada y plasmada para detener la privatización y mercantilización total de nuestra educación superior.


Fuente Diario Digital El País

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I)

Por José Luis Vega Carballo

Es claro, para cualquier mediano entendedor en materia de estrategias y métodos de negociación, que las rectorías de nuestras universidades públicas argumentaron bien la mayor parte de los aspectos de “contenido” de sus posiciones relativas al monto solicitado para financiar el fondo para la educación superior (FEES) y al explicar por qué esgrimieron excelentes razones que creyeron y aceptaron de buena fe sus comunidades académicas y laborales. Pero fallaron estrepitosa y trágicamente en el manejo de la “forma”, o sea, en todo lo relacionado con el proceso y los procedimientos utilizados en las conversaciones con los ministros. Al punto de que, en lo técnico y operacional, puede hablarse de inexperiencia y de total carencia de prudencia y responsabilidad, profesionalismo y pericia.

Simplemente se dejaron acorralar por los jerarcas de Zapote, vapulear en el trato interpersonal, agredir externamente desde los medios de comunicación, chantajear con el temor a que el asunto fuera enviado a la “cueva de los malos” en cuesta de Moras, presionar hasta lo indecible contra las cuerdas y el reloj, y sin levantarse de la mesa, soportando escaladas de exigencias y condicionamientos fuera de lugar, todo a lo largo de 14 meses que al final fueron infructuosos para satisfacer vitales intereses y necesidades de la educación pública universitaria.

El resultado de lo anterior: muy lindo discurso tejido para la “exportación” por parte de las rectorías agrupadas en Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pero permisibilidad y flojera ante la “importación” a la mesa negociadora por los ministros de trucos y artimañas sucias y bajas; todas ellas muy bien conocidas entre especialistas en métodos de negociación y diplomacia, como las arriba mencionadas. y de las cuales hacen gala los negociadores duros y truculentos, llamados “gladiadores” porque siempre llegan a negociar con posiciones rígidas y verticales, encerrados en sus posiciones transformadas en trincheras, y con los tacos por delante a fin de obtener ventajas en el reparto de cualquier “pastel” frente a negociadores suaves, débiles y condescendientes que ceden buenamente ante estrujes y coacciones.

Nunca debieron aceptar las rectorías que se les introdujeran esas estratagemas y mucho menos que surtieran efecto al punto de hacerles retroceder una y otra vez, desde niveles iniciales de petición de cobertura de fondos del orden casi del 30%, luego puestas cercanas al 20%, para ir aterrizando casi en picada a un 13%, para llegar luego a 11% y finalmente a entre 7 y 4,5%. Y lo peor: dependiendo de una serie de imponderables factores y situaciones en materia de evolución económica, tributaria y fiscal que dejan el acuerdo totalmente flotando en el aire para la parte universitaria (no así para la triunfadora gubernamental); es decir, como algo meramente simbólico, sin firmes asideros en cuanto a sostenibilidad o viabilidad, y altamente perjudicial para el futuro de las universidades en términos de presupuesto y conveniencia institucional. Si estuviéramos en un país normal, hace rato que debieron los y las rectoras haber presentado su renuncia por incompetencia y otras fallas, ante sus respectivas comunidades universitarias. Ahora tendrán que afrontar allí una grave crisis de credibilidad y legitimidad junto con sus coaliciones de poder y todo el progresismo reformista.

En síntesis, puede decirse que dada la gravedad de lo acontecido y los pésimos resultados obtenidos por CONARE, las universidades quedaron a mansalva del gobierno y de su proyecto de educación neoliberal y mercadológico hasta el año 2015 y quizás más allá, si nos atenemos al mal precedente sentado. Se puede decir que las rectorías fueron a una verdadera emboscada, que al final no la evitaron ni la resistieron como debían, que capitularon ante los ministros y la presidenta Chinchilla, y pasma darse cuenta cómo intentan ahora defender lo indefendible, proclamando un triunfo de las universidades, del progresismo y el realismo. Los grandes ganadores ante sus “proezas” negociadoras son y serán otros actores. Veamos.

A la par del gobierno, de la derecha y los grupos empresariales, el más grande ganador ha sido el Banco Mundial con su acólito regional en materia de estrategia social, educación y competitividad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Examinando la letra del acuerdo, que servirá de base para redactar y firmar el V Convenio FEES, se nota que lo único que está realmente en firme son los puntos donde los ministros, como duros negociadores, doblegaron toda resistencia (si es que la hallaron) de las rectorías para imponer sin límites ni condiciones, los elementos centrales de la visión y estrategia educativa mercantilista de esos bancos. O sea, aceptaron los lineamientos de lo que hoy se llama el “Consenso de Washington en Educación”, el cual forma parte de una segunda generación de ajustes o reformas neoliberales, corregidas para extenderlas hacia el siglo XXI, cobijadas bajo el título de “Neo-institucionalismo”. Para muestra solo unos botones.

Primero, aparte de aplicarle a la representación universitaria el mecanismo de la “condicionalidad” (método donde los bancos chantajistas establecen ataduras entre lo que financian o conceden a os deudores, y lo que la otra parte dependiente necesita o cede dejándose extorsionar, según el perjudicial estilo del “toma y daca” o del “no hay pelo sin sangre, ni almuerzo gratis”), la del ejecutivo logró que aquella se dejara apartar del principio de la autonomía universitaria y otros de orden académico, y accediera, en los “considerandos” 6 y 7 del acuerdo, a sujetar el presente y futuro de las instituciones al ámbito de posibilidades de una reforma fiscal y tributaria de dudosa calaña social y ética, porque deberá contar con el apoyo de los grupos financieros y económicos que le dan razón de ser al gobierno de Chinchilla y al pacto Li-Li (PLN- ML); y, además, porque deberá llevarse a cabo según los lineamientos de “políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos”, pactados por el gobierno con los bancos y el FMI, que descargan el costo de salida de la recesión y de una posible depresión capitalista global contra los hombros y bolsillos de los sectores de clase media y trabajadora, mayormente los asalariados. Este pacto es peligroso porque, además de restarle aliados y crearle enemigos a las universidades entre los sectores mayoritarios afectados, incluye el desfinanciar los niveles de secundaria y primaria para darle recursos al FEES (punto 4 de la parte resolutiva del acuerdo), y hacer que allí también pierdan aliados entre el magisterio nacional (APSE, ANDE, SEC, etc.).

Segundo, en el punto 6, el gobierno se compromete presuroso, eso sí, a gestionar créditos hasta por US$200 millones para equipos e infraestructura universitaria, posiblemente ante el BM, el BID o el BCIE, lo cual meterá un verdadero “caballo de Troya” bancomundialista en los campus y prepara a las universidades para que sigan por esa ruta cada vez que el gobierno se niegue a darles recursos, como es su obligación constitucional.

Y tercero, como si lo anterior fuera poco, las altas jerarquías fueron advertidas por el gobierno en el pacto acerca de cómo deben administrar esa masa de recursos financieros, por si no lo sabían, imponiéndoles, con violación de la autonomía de gobierno y administración universitarios, un estilo de mando gerencial muy común en nuestro sector empresarial privado, el cual anuncia toda una contra-reforma universitaria apegada a los dictados del llamado “sector productivo” y los mercados. En efecto, las sumisas rectorías tuvieron que prometerle a los economistas ministros de Hacienda y Educación - y de rebote a los banqueros internacionales que les van a auxiliar con $200 millones-, el hacer la tarea con apego literal a “los principios fundamentales de planificación, transparencia, eficacia, eficiencia, evaluación y rendición de cuentas”. O sea, al estilo de una universidad corporativa, como el INCAE o el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se nos ocurre que harían bien las rectorías incluso en buscar consejo en esas entidades para así portarse mejor de lo que los banqueros internacionales y sus serviles tecnócratas esperan. Pero hay más de fondo en todo lo pactado sigilosamente a espaldas de las comunidades universitarias, como veremos.


Fuente: Diario Digital El País

Imagen: Toma de Ciencias Sociales. La foto es de Stella Chinchilla.


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Más sobre el tema en los siguientes videos:

Acuerdo entre Rectores y Gobierno sobre el FEES: ¿Cuál Negociación?

Consecuencias nefastas del acuerdo sobre el FEES

Las Becas y el futuro de Costa Rica

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La geopolítica del Banco Mundial para Costa Rica

Por José Luis Vega Carballo*

Estamos en un medio de un proceso de destrucción de algo que podríamos llamar el “modelo social costarricense”, basado en derechos y servicios públicos universales por parte de un super-poderosa agente externo: el Banco Mundial (BM), sus agencias y acólitos neoliberales internos incrustados desde los años de 1980 en las estructuras neo-oligárquicas de poder del bipartidismo (PLUSC) y ahora apuntaladas recientemente por los libertarios.

El ataque banco-mundialista se concentra en desbaratar las conquistas y avances logrados por una alianza histórica de clases medias y populares con sectores progresistas y nacionalistas de la clase dominante. Esa alianza fue forjada en la segunda mitad del siglo XX y materializada en su principal producto: la construcción progresiva de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos y laborales. Y este es el blanco principal contra el cual han apuntado el BM y sus aliados internos, o sea, los tecno-burócratas neoliberales instalados en el gabinete, en las instituciones autónomas y semi-autónomas, en el poder judicial, en la contraloría y el Banco Central, a los cuales hay que sumar ahora toda una franja tecno-burocrática de entes reguladores de nueva generación (las “superintendencias”), los que en la jerga del BM son medulares para que opere su proyecto denominado el “Neo-institucionalismo” y al cual en esta columna nos hemos referido en múltiples ocasiones.

Toca ahora desnudar y desmenuzar aquí en varias entregas en qué consiste el guión o recetario que viene impulsando el BM y sus agencias en esa arremetida contra el modelo social, para la cual han logrado el apoyo de los PLUSC-gobiernos. El gran objetivo es convertir el Estado Social y la sociedad del bienestar en su opuesto: el primero, en una maquinaria al servicio de los grandes negocios transnacionales privados y la segunda en una sociedad informatizada y globalizada del conocimiento, a la que buscan controlar mediante estrategias y mecanismos mercadológicos, de lo cual deriva la importancia asignada a la transformación del sistema educativo (especialmente de la educación superior)en un puntal de la competitividad y en un apéndice del sector productivo globalizado, en especial de las firmas transnacionales y los complejos empresariales (o “cluster”) tipo maquila de zona franca cuyo buque insignia es INTEL, y que han prosperado de acuerdo a los lineamientos de las políticas de apertura comercial y desregulación que el BM impuso a estos países periféricos a raíz de la crisis de la deuda de años 1980-90.

Recordemos, de paso y para no dejar de tenerlo en mente, algo que es decisivo y a veces no se advierte. Que el BM siempre desarrolla tales políticas en alianza con fuerzas tan poderosas como las siguiente: el Fondo Monetario Internacional(FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Foro Económico Mundial de Davos, y una triada imperial compuesta por los gobiernos de EEUU, la Unión Europea y Japón que dirige el binomio G-8/G-20, bajo la protección global militar-policial de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Se les menciona a todos claramente, con sus nombres y siglas, para que vayamos ubicando bien las raíces y palancas externas con que cuenta el recetario que se nos ha venido aplicando consistentemente y sin interrupción desde la primera administración de los Arias, entre 1986 y 1990, en un proceso que culminó con la aprobación fraudulenta del TLC con EEUU y, para colmo, que ha sido coronado por la ocupación militar-policial del país, transformado en una base inter-oceánica apuntalada por el Pentágono y el Comando Sur con la aprobación explícita del gobierno “nacional” por una flota de 46 barcos militares y más de 7.000 efectivos militares. Pero esto no es casual.

Una muestra de esa absorción geopolítica del país por EEUU –gran potencia hegemónica que comanda esa constelación de organismos internacionales--, la comenzamos a ver la semana pasada en la zona del Caribe con el atraque del barco anfibio USS Iwo Jima-LHD7 (costo actual: US$1.400 millones) cargado de infantes de marina, misiles Sea Sparrow, helicópteros de varios tipos y aviones de combate Harrier AV-8B, que se integran a la 26th Expeditionary Force (26 MEU) compuesta por los marinos a bordo. Es un buque de guerra anfibio de asalto del tipo WASP, diseñado con tecnologías avanzadas para combates y otras operaciones militares en tiempo real.

Según informa la Armada Nacional de Colombia, el USS Iwo Jima zarpó de Norfolk, Virginia, el 12 de julio comandada por el comodoro Thoman Negus y visitará ocho países de la región (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá y Surinam). Luego de estar en Haití, llegó a Colombia en su cuarta visita el pasado 8 de agosto encabezando misión "Promesa Continua 2010".

Mencionamos lo anterior para que no perdamos de vista que, contrario a lo que se ha hecho creer a la población, el USS Iwo Jima no es un pacífico barquito u hospital flotante. Puede actuar ofensivamente y disfrazarse como barco-hospital de apoyo a supuestas misiones humanitarias, entiéndanse operaciones camufladas en teatros de guerra. Aún más, para que se entienda su misión, este super-anfibio ha participado en maniobras y misiones militares en el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y Djibuti, la guerra de Iraq y la guerra civil en Liberia (África) desde que fue lanzado al mar en febrero del 2000, siendo desde 2003 incorporado a una operación militar de larga duración denominada Operación Enduring Freedom (OEF) de la que es parte esta nueva misión que cumple en nuestras costas del Caribe, la “Promesa Continua 2010”, la cual encabeza y donde no actúa solo sino formando una triada compuesta por otros dos barcos anfibios ultramodernos de asalto, pacotilla naval de asalto conocida como Iwo Jima Amphibious Ready Group.

Cabe anotar que, curiosamente, la guerra de EEUU en Afganistán lleva el mismo nombre oficial de Enduring Freedom, luego de ser bautizada inicialmente por Bush como Operación Infinite Justice. Ambas han sido parte de la operación sombrilla anti-terrorista y contra-insurgente, designada como Global War on Terror (GWOT), quel incluyó hasta el 10 de agosto pasado a la Operación Iraqui Freedom que dejó a Iraq despedazado. A su vez, la Operación Enduring Freedom (OEF) comprende varias sub-operaciones, además de la de Afganistán (OEF-A), a saber: Filipinas (OEF-P), Cuerno de África (OEF-HOA) y Trans-Sahara (OEF-TS).

Asimismo, el país debe saber que la Enduring Freedom se ha extendido a la zona del Caribe a cargo de la IV Flota en apoyo al Plan Colombia (ahora coordinado con el Plan México o Mérida, que incluye a Centroamérica), nada más que disimulada como misión humanitaria “Promesa Continua 2010”; y es apoyada por la flota anunciada que vendrá a posicionarse en Costa Rica y de la cual el Iwo Jima es solo su avanzadilla. Esta operación está dirigida por el U.S. Southern Command (USSOUTHCOM) y es ejecutada por la U.S. Naval Forces Southern Command (USNAVSO)/ U.S. 4th Fleet.

Todo lo cual la US Embassy en San José se ha encargado de encubrir cuidadosa y hábilmente, junto al gobierno, con una campaña mediática calculada para engañar a la opinión pública nacional y mundial, cuando se sabe que en realidad todo el montaje es parte de un mismo engranaje guerrista y un amenazante operativo imperial, con lo cual además se confirma lo que pregona el chiste de mal gusto que, a raíz de la llegada del USS Iwo Jima y la instauración de la base yanqui, hacen en la Casa Blanca de que “Costa Rica no tiene un ejército porque, con los amigos que tiene en Washington, no lo necesita”.

Pues bien, al hacer de Costa Rica una neo-colonia, bajo los auspicios del BM y con la aprobación del TLC, la administración Arias-Chinchilla nos ha integrado ahora a la maquinaria militar imperial y ubicado en el centro de este tipo de peligrosas estrategias y horrendos escenarios militares, despedazando así la Proclama de Neutralidad y la tradición de paz que hasta la Sala IV había consagrado como supremo valor de la nacionalidad y la institucionalidad.

Que lo aquí expuesto hasta este punto solo como un preámbulo a la exposición y análisis del recetario del BM que haremos, comenzando con un tema de enorme actualidad y trascendencia pública. El de los puertos de Limón, donde precisamente está atracado el USS Iwo Jima y donde, como por casualidad, el BM ha propiciado que se privaticen esas infraestructuras nacionales, por razones no sólo económicas sino también de seguridad, como ingrediente de su Proyecto Mesoamérica (antes llamado Puebla-Panamá). Una receta oficial del BM que fue adoptada y aplicada manu militari por el gobierno de los Arias mediante un violento e ilegal atropello al gremio de muelleros Sintrajap, el cual fue descalificado la semana pasada por resolución de la Sala IV. Ya veremos, entonces, lo que en materia de muelles establece el BM porque ilustra bien los alcances geopolíticos de sus estrategias para nuestro país y revelan lo que en esencia constituye el gobierno continuista de Chinchilla.

*Catedrático exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales, UCR


Fuente: Diario Digital El País

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ANEP y UNDECA se oponen a que Banco Mundial "administre" nuestras pensiones

·El Gerente de Pensiones, de Miguel Pacheco, debe dejar su cargo, debe renunciar, en virtud de su grave error y, sobre todo, por su incapacidad para llevar adelante las acciones de tan importante dependencia institucional.

SGA-182-2010
San José, 26 de agosto 2010


Señores
Junta Directiva
Caja Costarricense de Seguro Social.

ASUNTO: OPOSICIÓN ROTUNDA A QUE EL BANCO MUNDIAL ADMINISTRE RESERVAS DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Junta Directiva de la institución aseguradora debe destituir a Gerente de Pensiones


Estimados señores:

La reunión que se diera el pasado 24 de agosto de 2010, entre el Comité de Inversiones de la CCSS, encabezado por el Gerente de Pensiones, don Miguel Pacheco, con el señor Sudhir Rajkamur, Director de Fondos de Pensiones de la Tesorería del Banco Mundial, es un atropello a los mecanismos establecidos en la institución y a las regulaciones que en este tipo de asuntos están dispuestas por el poder Ejecutivo desde la cartera de Hacienda y el mismo Banco Central de Costa Rica (BCCR); pero sobre todo un irrespeto del Gerente de Pensiones a la máxima jerarquía institucional, así como a la Junta Directiva de la CCSS, instalada en fecha reciente.

Tales acciones no deben dejarse pasar por alto y el Gerente de Pensiones, de Miguel Pacheco, debe dejar su cargo, debe renunciar, en virtud de su grave error y, sobre todo, por su incapacidad para llevar adelante las acciones de tan importante dependencia institucional.

Las justificaciones a sus actuaciones caen por su propio peso y la Junta Directiva de la CCSS debería destituir al gerente e intervenir esa Gerencia de Pensiones, en salvaguarda de los intereses de la población cotizante del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).

La baja rentabilidad que se expresa en el orden de un 3 % anual, tiene correspondencia con un desacato a los acuerdos a que se llegó en el año 2005, entre las autoridades institucionales de ese entonces y las organizaciones sociales. Destacamos los aportes de las organizaciones sindicales como las nuestras, que aportamos importantes ideas en procura de un manejo sano de los recursos y de la sostenibilidad financiera del régimen de IVM.

Dar parte o la totalidad de nuestras reservas para la jubilación de la clase trabajadora, depositando los dineros que aportan a un organismo internacional, como el Banco Mundial, es algo así como empeñar “las joyas de la abuela”.

Este país aún no se recupera de las inversiones que hace unos años hicieran los “pseudoadministradores” de la cosa pública en bonos en el exterior, con fondos del extinto Banco Anglo Costarricense (BAC), lo que significó ruina y pérdida para tantos costarricense. ¿Acaso no se aprende de tales experiencias?

Consideramos que la actuación del Gerente de Pensiones, producto de su propia iniciativa y/o por encargo de algún alto funcionario, entra en contradicción con la Ley Constitutiva de la CCSS, que prohíbe las inversiones en el exterior. Además, se trata de acciones que le restan seriedad a la gestión del hasta ahora Gerente de Pensiones, quien, desde nuestra perspectiva, no cuenta ya con la confianza necesaria para seguir desempeñando tan importante cargo. La Junta Directiva de la CCSS está ante un problema de competencias y de autoridad.

Por otra parte, es nuestra particular consideración que la inversión en deuda interna debe ser para impulsar el desarrollo nacional (en construcción de carreteras, para citar solo un ejemplo); sobre todo teniendo a la vista la gravedad de los problemas que vienen mostrando las famosas concesiones, impulsadas por la extinta Administración Arias Sánchez.

No puede ni debe permitir la Junta Directiva de la Caja, el más mínimo riesgo en cuanto a la administración de los fondos del sistema de pensiones de IVM se refiere. Como bien sabemos, éste es producto de la previsión visionaria que se ha logrado a lo largo de varias décadas y que es garantía que exhibe nuestro país, en el campo de la Seguridad Social.


Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP


Martha Elena Rodríguez González
Secretaria General Adjunta
UNDECA



Fuente ANEP




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Fin del foro privatizador

Por Freddy Pacheco León
frepaleon@gmail.com

Como era predecible, no hubo sorpresas agradables en el Foro Mundial del Agua recién concluido en Estambul, Turquía.

Nuevamente se impuso el criterio de las transnacionales que están detrás de su convocatoria y organización

Al no acoger la propuesta de declarar el acceso al agua potable, en cantidad y calidad adecuadas, como DERECHO HUMANO, en la de menos estamos siendo testigos del último foro, pues a partir de ahora corresponde luchar porque reuniones semejantes (aunque con menos participantes para hacerlas más operativas) sean convocadas por organismos vinculados a las Naciones Unidas. No se debe seguir jugando el papel de incautos o cómplices que caen muy bien a los que negocian con el agua… mientras muere un niño a falta de agua potable cada ocho segundos.

¡Lástima el tiempo y los recursos gastados en un foro dominado por el Banco Mundial, la GWP, y empresas transnacionales que lucran con la sed de los pueblos más pobres del planeta!


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Más:

• Entrevista con Franciso Durán y Santiago Arconada, representantes de Venezuela en el V Foro Mundial del Agua (Estambul 2009)

“Reivindicamos el agua como derecho humano, no como mercancía, y pedimos que se debata sobre ella en el marco de la ONU", Rebelión

El acceso al agua potable seguirá sin ser un derecho, GARA

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Crucitas: ¿Viabilidad ambiental o chantaje empresarial?

Por José María Villalta Floréz-Estrada

La mina de oro a cielo abierto con cianuro Las Crucitas cuenta con estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado y viabilidad ambiental otorgada por la SETENA. Esta ha sido la principal excusa usada por el Ministro Roberto Dobles, para tratar de justificar el nefasto “decreto de conveniencia” que permite la destrucción total (tala rasa) de más de 200 hectáreas de bosque (fuentes de agua, flora y fauna en peligro de extinción incluidas) Pero de lo que el MINaET no habla y muy pocas personas conocen es el contexto en el que esta viabilidad ambiental fue obtenida.

Que el pueblo de Costa Rica conozca este contexto también es una oportunidad de oro para entender como los TLCs son utilizados por trasnacionales depredadoras del ambiente para burlar nuestra legislación y torcerle el brazo a las autoridades nacionales a fin de que resuelvan a su favor. En fin, un ejemplo contundente de lo que nos espera con la aplicación del capítulo 10 del TLC con Estados Unidos, último modelo de estos sofisticados mecanismos de chantaje corporativo.

“Acudiremos a un arbitraje internacional que, de por sí, le costará mucho dinero a Costa Rica.” La historia se remonta a 2003. En marzo de ese año, la SETENA rechazó el EIA sobre el proyecto minero Crucitas. Este rechazo se produjo porque, según la SETENA, el estudio presentaba una serie de carencias y deficiencias que incumplían con la legislación nacional e imposibilitaban su trámite.

La reacción de la compañía canadiense Vanessa Ventures, -dueña del proyecto- no se hizo esperar. El 4 de abril de ese año presentó una solicitud de arbitraje internacional contra Costa Rica ante el centro de arbitrajes del Banco Mundial (CIADI)

Este reclamo se basó en las reglas del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito entre Costa Rica y Canadá (Ley 7870, 1999) y que fue incorporado al TLC firmado con ese país dos años después (Ley 8300, 2002). Según dichos tratados, el Estado costarricense queda obligado a someterse a este tipo de arbitrajes cada vez que los inversionistas canadienses consideren que las decisiones de las autoridades nacionales afectan sus negocios en el país.

¿Y por qué esta demanda? De acuerdo con la minera canadiense, la decisión de la SETENA de no aprobar el EIA de la mina Crucitas, era un acto con “un efecto equivalente” a una “nacionalización o expropiación”. 1 ¿Cómo? Que una autoridad ambiental rechace un proyecto minero porque no cumplió con presentar un estudio bien fundamentado sobre sus impactos ambientales ¿¿¿una expropiación???

Parecería un reclamo descabellado, si no fuera porque sus objetivos eran otros. De hecho nos encontramos ante un ejemplo emblemático de cómo los inversionistas utilizan los privilegios que les dan estos tratados para presionar a los gobiernos, a fin de modifiquen decisiones en las que están en juego intereses de la colectividad sobre asuntos de interés público, como son las políticas para la protección del ambiente y la salud pública.

En el caso de la mina Crucitas esas presiones y amenazas fueron directas. El 4 de junio de 2003, en un comunicado de prensa titulado “El Gobierno agota plazo para evitar un costoso arbitraje internacional contra el país”, el presidente de la minera canadiense manifestó públicamente lo siguiente, refiriéndose a su solicitud de arbitraje contra Costa Rica:

“(S)i el Gobierno no inicia el diálogo, entonces acudiremos a un arbitraje internacional, que de por sí, le costará mucho dinero a Costa Rica, 'sin considerar la inminente indemnización que tendrían que pagar'." 2

Dejando de lado el tono irrespetuoso de conquistador imperial, esta manifestación pública resulta realmente esclarecedora sobre el trámite que recibió la viabilidad ambiental de la mina Crucitas. Y realmente es una lástima que haya sido olímpicamente ignorada por la gran mayoría de la prensa nacional.

La empresa minera amenaza al Gobierno de Costa Rica con acudir a un “costoso arbitraje internacional” si no inicia “el diálogo”. Nos preguntamos ¿cuál diálogo? ¿Qué diálogo o negociación es posible si lo que está en discusión es una decisión técnica sobre la viabilidad ambiental de un proyecto que afectará el ambiente?

Se supone que la SETENA es un órgano técnico que tiene la obligación de dictar sus resoluciones basándose en criterios científicos y aplicando estrictamente la legislación ambiental del país. Entonces, ¿qué diálogo puede haber? Si la empresa incumplió con sus obligaciones y no demostró adecuadamente la viabilidad ambiental de su proyecto, eso no es asunto que las autoridades nacionales puedan “negociar” en una mesa de diálogo.

Pero hay más. Nótese el carácter directo de la amenaza. Según la minera canadiense, su demanda, “de por sí” le costará mucho dinero a Costa Rica además de la indemnización que tendría que pagar si pierde el juicio. Es decir, no importa si nuestro país gana o pierde el juicio, no importa si Costa Rica es condenada a pagar una indemnización o no, de cualquier manera la sola presentación de esta demanda le hará perder mucho dinero al empobrecido Estado costarricense.

En efecto, los inversionistas canadienses saben muy bien que los arbitrajes ante el Banco Mundial son costosos. Los países demandados se ven obligados a gastar cuantiosos recursos en contratación de abogados internacionales, pago de honorarios a los jueces privados nombrados para resolver los casos o el constante traslado y hospedaje de sus funcionarios y testigos a Washington D.C. (sede del CIADI) u otro país, ya que usualmente estos arbitrajes se realizan fuera de su territorio.

Así las cosas, no cabe duda que nos encontramos ante un sofisticado instrumento de extorsión, especialmente eficaz cuando se trata de amenazar a países en vías de desarrollo. Su modus operandi lo describía muy bien Martin Wagner (Earthjustice) al referirse a una absurda demanda planteada por otra compañía canadiense -con base en el TLC de América del Norte- contra regulaciones ambientales del Estado de California que prohibieron un aditivo tóxico en la gasolina (Methanex Co. contra EEUU) Según sus palabras, este tipo de demandas “van a tener el efecto de desalentar regulaciones ambientales y de salud, ganen o pierdan los Estados Unidos.

Si, como se espera, Estados Unidos gana, va a haber gastado cerca de 3 millones de dólares de los contribuyentes, solo para tener desestimada una demanda obviamente frívola; la decisión no va a hacer nada para prevenir a los productores extranjeros de sustancias dañinas de insistir en indemnizaciones antes de que sus productos puedan ser prohibidos. Si los Estados Unidos pierde, tal extorsión va a ser codificada como la ley alrededor de toda América del Norte.” 3

Obviamente, el gobierno de Estados Unidos puede darse el lujo de gastar millones de dólares defendiéndose de tales ataques de las corporaciones. Pero, ¿y los países pobres como Costa Rica? Esta realidad es bien conocida por la minera de Crucitas, de ahí que no dudó en mandar el siguiente mensaje a las autoridades ambientales del país: si no negocian -o sea si no resuelven a nuestro favor el EIA de la mina- usaremos el TLC para demandarlos ante el Banco Mundial, con lo cual –ganemos o perdamos- Costa Rica perderá mucho dinero. Si esto no es un vulgar chantaje ¿qué es?

Finalmente las amenazas surtieron efecto. La minera no necesitó formalizar el arbitraje, porque el 20 de octubre de 2003 –justo cuando se vencía el plazo previsto en el TLC para el “diálogo” con la empresa- el Ministro de Ambiente y Energía revocó la resolución de la SETENA que rechazó el EIA de la mina Crucitas, alegando “errores en el procedimiento” en lo actuado por ese órgano. Muchas comunidades siguen esperando tanta diligencia y eficacia del MINaET, cuando se trata de atender sus denuncias por violación a leyes ambientales.

Negociaciones ocultas. Pero la historia no terminó ahí. El 3 de junio de 2005 la trasnacional Vanessa Ventures volvió a presentar ante el CIADI una solicitud de arbitraje contra Costa Rica con base en el TLC con Canadá.

En esta ocasión la empresa exigió que el Estado costarricense le pagara 276 millones de dólares más intereses porque, en su opinión, la SETENA había incurrido en un “atraso injustificado” en el trámite del “anexo” al EIA del proyecto minero Crucitas y no se había pronunciado sobre la viabilidad ambiental en los plazos establecidos.

Según la minera este supuesto “atraso” constituía una violación por parte de Costa Rica de la obligación de “promoción y protección” de las inversiones establecida en el TLC. Además sería un acto “equivalente” a expropiación (¿?) e incumplía la obligación del Estado de dar a los inversionistas canadienses un trato “no menos favorable” que el trato que otorga a los inversionistas de otros países. Esto último, porque la SETENA había aprobado en un plazo más corto los EIAs presentados para otros proyectos de naturaleza distinta.4

Este reclamo fue notificado al Ministerio de Comercio Exterior, sin embargo, dicho ministerio le ocultó al pueblo costarricense su existencia hasta que a finales de julio de 2005 el exdiputado Gerardo Vargas Leiva la hizo pública. Evidentemente, en medio de la discusión nacional sobre el TLC con Estados Unidos, a sus promotores no les convenía que este caso se divulgara. Mucho menos que la millonaria demanda contra el país continuara su trámite. Tales hechos habrían desnudado las mentiras oficiales sobre la supuesta inocuidad del TLC para el ambiente.

No cabe duda de que el reclamo de la trasnacional minera desconoce la complejidad del proceso de evaluación de un proyecto con impactos ambientales tan significativas como la mina Crucitas. La realidad, el grave conflicto que existe hoy en día sobre este asunto, nos demuestra que un proyecto de tal magnitud y con consecuencias tan profundas sobre el ambiente, no puede ser tramitado de la noche a la mañana y a golpe de tambor por las autoridades ambientales del país.

Este tipo de asuntos exigen un análisis serio y reposado, libre de presiones y amenazas, aún cuando dicho análisis exceda los plazos de resolución previstos en la ley. Así lo ha señalado la Sala IV al concluir que “no puede entenderse que el silencio positivo opere simplemente por el transcurso del plazo dentro del cual la Administración debió pronunciarse sobre el permiso de explotación forestal, sin que lo hiciera, pues ello implicaría poner en inminente peligro el patrimonio forestal del país al permitirse, por esa vía, su explotación irracional e indiscriminada” (Voto Nº 6836-93)

Pero en esta materia lo último que importa son las razones. La millonaria demanda arbitral de la minera perseguía un claro objetivo: presionar al Estado costarricense para que resolviera a su favor el EIA de la cuestionada mina Crucitas, a como diera lugar. Y como veremos, lo logró.

El 3 de octubre de 2005, el representante legal de Vannessa Ventures remitió una nota a la Secretaría del CAIDI en la que solicitaba a dicho organismo suspender el acto de registro de su solicitud de arbitraje contra Costa Rica porque dicha empresa se encontraba en “negociaciones” con el gobierno y era “razonablemente optimista” sobre el resultado de esas “negociaciones”. Esta desconcertante carta de la empresa minera, textualmente dice:

“Vannessa Ventures y su inversión en Costa Rica Industrias Infinito continúan en negociaciones con el Gobierno de Costa Rica en relación con los asuntos en cuestión en su Solicitud de Arbitraje contra Costa Rica. Vannessa es razonablemente optimista en que estas negociaciones van a resolver las cuestiones entre las partes. Por lo tanto (...)solicita que (...) aplace (...) el registro de la Solicitud de Arbitraje.” 5

No podemos dejar de preguntarnos ¿Cuáles negociaciones? ¿Quiénes participaron en estas negociaciones? ¿Dónde se dieron? ¿Para negociar qué? ¿Por qué el gobierno le ocultó al pueblo de Costa Rica estas negociaciones? ¿O acaso miente la empresa minera? Lamentablemente las autoridades nacionales siguen sin dar respuestas satisfactorias.

Negociaciones ocultas a espaldas del pueblo que huelen a podrido. No es posible negociar con un cuchillo en el cuello. Pero además ¿Qué puede haber negociado el gobierno si lo que está en juego es el análisis técnico de un estudio de impacto ambiental?

Se trata de un proceso de evaluación científica de los efectos sobre el ambiente de un proyecto minero, a cargo de las autoridades técnicas del Estado costarricense, y -al menos en Costa Rica- este tipo de decisiones no son “negociables”. La SETENA debe resolver aplicando la ley y con base en criterios técnicos. Sus funcionarios nada tienen que negociar con la empresa. Si el proyecto no es viable ambientalmente debe rechazarse y punto.

Pero si algo deja claro la carta de la empresa minera es que funcionarios del gobierno de Costa Rica intervinieron en el trámite del EIA por parte de la SETENA. De lo contrario no se explica como el gobierno podría haber “negociado” con la empresa. Y esto es sumamente grave. Ningún jerarca o funcionario político tiene por qué interferir en decisiones de órganos técnicos especializados como la SETENA.

Peor aún, en octubre de 2005 la empresa minera era “optimista” sobre el éxito de las “negociaciones”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso ya sabía la empresa como se iba resolver el trámite del EIA de la mina Crucitas antes que la SETENA se pronunciara? ¿O es que intervino alguna “autoridad superior” para garantizarle de previo el resultado de sus gestiones? ¿Qué tipo de presiones recibieron los funcionarios de SETENA de parte de jerarcas del gobierno –incluido el COMEX- para que tramitaran “a la carrera” el EIA de Crucitas y lo resolvieran a favor de la empresa minera? Muchas interrogantes sin respuesta.

Las amenazas rinden sus frutos. Lo que si está claro es el desenlace de esta historia. El 12 de diciembre de 2005 la SETENA aprobó el EIA de la mina Crucitas y otorgó viabilidad ambiental al proyecto, confirmando el “optimismo” de la minera canadiense y el éxito de sus “negociaciones” con el gobierno de Costa Rica.

Ante tantas amenazas, bajo la sombra de las demandas millonarias, -injustas, pero que “de por sí” le costarán mucho dinero a Costa Rica- en medio de las presiones de jerarcas del gobierno “negociando” con la empresa ¿Podía la SETENA haber hecho otra cosa? ¿Tenía realmente la opción de rechazar el EIA de la mina y oponerse al proyecto? Sinceramente creemos que no. Los hechos indican que ya la decisión estaba tomada.

Y lo que es más grave, en medio de tanto chantaje ¿Podía realmente la SETENA analizar a fondo y con detenimiento los efectos negativos de la mina para el ambiente y las comunidades?

Una vez más, la realidad nos da la respuesta. Hoy la viabilidad ambiental de la mina Crucitas enfrenta serios cuestionamientos de parte de expertos, científicos y universidades públicas que, con argumentos técnicos, señalan graves errores y omisiones a la hora de analizar los impactos que el proyecto tendrá sobre el ambiente. Estos cuestionamientos evidencian un trámite apresurado en el que no se estudiaron a profundidad muchos de estos impactos.

En conclusión. Una viabilidad ambiental espuria. La historia de la viabilidad ambiental de la mina Crucitas es una historia de amenazas y presiones indebidas contra las autoridades técnicas del Estado costarricense encargadas de proteger el ambiente. Es una historia de injerencias externas y negociaciones ocultas e ilegítimas que nos llena de dudas sobre la transparencia y credibilidad del proceso seguido para otorgar dicha viabilidad ambiental.

Una viabilidad ambiental otorgada en estas condiciones no puede ofrecernos ningún tipo de garantía de que se está anteponiendo la protección del ambiente a los intereses de grupos económicos poderosos. Todo lo contrario. Con viabilidades así el ambiente está totalmente desprotegido. Por eso es que la población costarricense y las instituciones encargadas de analizar el caso de la mina Crucitas están plenamente legitimados para desconocer y rechazar una decisión adoptada en medio del chantaje.

Esta historia también nos muestra con toda crudeza como los arbitrajes internacionales de las reglas sobre inversiones de los TLCs son utilizados para socavar la correcta aplicación de nuestras leyes ambientales y poner una espada de Damocles sobre la cabeza de nuestras autoridades ambientales para que resuelvan como las corporaciones quieren. La historia de las “negociaciones” del EIA de la mina Crucitas es también la historia de la negociación del TLC con Estados Unidos. Está en nuestras manos impedir que esta historia se repita.


San José, 7 de noviembre de 2008.

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1 Industrias Infinito S.A. “Empresa minera invoca tratado de protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá”, Comunicado de Prensa, No. CP-014-2003 de 7 de abril de 2003. En: http://www.infinito.co.cr/boletprensa.cfm.

2 Industrias Infinito S.A. “Gobierno agota plazo para evitar un costoso arbitraje internacional”, Comunicado de Prensa, No. CP-020-2003 de 4 de junio de 2003.

3 Public Citizen, “NAFTA Chapter 11 Investor-State Cases Lessons for the Central America Free Trade Agreement”, 2005, En: http://www.tradewatch.org/ftaa. P. 31.

4 Ministerio de Comercio Exterior, Oficio No. DM-0709-5 de 6 de julio de 2005.

5 Carta remitida por abogado de Vannessa Ventures al CIADI el 5 de octubre de 2005. Traducción libre.



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