Autopistas del Sol morosa con la CCSS

• Frente Amplio pide a MOPT suspender contratos
  

• La subcontratista de la Carretera San José-Caldera, Constructora Sánchez Carvajal también debe casi ¢69 millones a la CCSS

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció hoy que Consorcio Autopistas del Sol, concesionario tanto de la Carretera San José-Caldera como del Corredor San José-San Ramón, se encuentra moroso de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo cual solicitó al ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, abrir un procedimiento administrativo para suspender los contratos y para sentar las responsabilidades que competan al interior del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

Villalta basa su solicitud en los artículos 74 y 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS. El primero establece la obligatoriedad de que toda persona o patrono que participe en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública debe estar al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, y el segundo establece que “las personas jurídicas, las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el ejercicio de sus funciones.”

El Consorcio Autopistas del Sol está constituido por las empresas PI Promotora de Infraestructura S. A., Itinere CR Valle del Sol S.A., Infraestructuras SDC Costa Rica S.A. y M & S Desarrollos Internacionales S.A.

De acuerdo con la investigación realizada por el despacho del Frente Amplio, explica el diputado en su carta al Ministro del MOPT:

-La empresa M & S Desarrollos Internacionales S.A., con Personería Jurídica 3-101-399819, fue inscrita en el Registro Nacional el 27 de abril del 2005, y está a su vez conformada por las compañías Corporación M & S Internacional C. A., S. A y M & S Compañía Constructora de San José (MECO-Santa Fe). S. A., esta última representada por su presidente Marco Antonio Solís Vargas, quien a su vez representa a Constructora Santa Fe Limitada, con cédula jurídica 3-102-023866.

-La empresa Constructora Santa Fe Limitada adeuda a la CCSS el monto de ¢17´887.401. 00 por concepto de cargas sociales no abonadas a esta institución y los pagos correspondientes a la Ley de Protección al Trabajador, y no incluye las deudas de esta empresa al INA, IMAS, ASFA y Banco Popular.

“Por consiguiente, tanto la empresa M & S Desarrollos internacionales S.A. como el Consorcio Autopistas del Sol comparten la responsabilidad por esta morosidad”, expresó.

El diputado Villalta agregó que también la empresa Constructora Sánchez Carvajal S. A., con Personería Jurídica 3-101-007418, que es subcontratista del Consorcio Autopistas del Sol, adeuda ¢68´968.774.00 a la CCSS por concepto de cargas sociales no abonadas a esta institución y los pagos correspondientes a la Ley de Protección al Trabajador. Esta deuda tampoco incluye las moras de esta empresa con el INA, IMAS, ASFA y Banco Popular.

El diputado del Frente Amplio recordó que, a demás de la Ley de la CCSS, el Cartel de Licitación del Proyecto San José-Caldera establece, en su punto “2.6.15.3 Subcontrataciones” que “en caso de que se subcontrate la obra o la explotación de la concesión total o parcialmente, la Concesionaria deberá presentar para la aprobación del CNC la lista de los subcontratistas con sus correspondientes atestados, los cuales no podrán tener impedimento para contratar con la Administración. Copia del contrato entre la Concesionaria y los subcontratistas, deberá ser entregada a la Administración, quien se podrá oponer a la subcontratación solicitada, si por razones fundadas considera que la empresa a subcontratar no reúne las condiciones mínimas exigidas normalmente para el objeto del subcontrato que se trate. Independientemente de las subcontrataciones que realice, el concesionario será siempre el responsable ante la Administración concedente por la correcta ejecución del contrato.”

“Es por todo lo anterior, que le solicito, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), abrir un procedimiento administrativo para suspender los contratos con este Concesionario, y para sentar las responsabilidades que competan al interior del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) por no ejercer la debida vigilancia”, agrega Villalta en su carta al Ministro.

“No omito manifestarle que la Asamblea Legislativa ha acordado crear una Comisión con el propósito de estudiar los distintos procesos y proyectos de Concesión, y que, esta solicitud se enmarca en ese proceso de contribuir a resguardar el interés público en los proyectos concesionados en los que participan estas empresas”, concluye.

Comunicado de Prensa nº37
21 de octubre de 2010
Partido Frente Amplio


Fuente: Frente Amplio

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Diputado José María Villalta: “Hay motivos suficientes para que la Caja sustituya al gerente de Pensiones”

Por María José Nuñez

La gran cantidad de denuncias que han sido presentadas contra el actual gerente de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Miguel Pacheco, han despertado las sospechas en la Asamblea Legislativa, y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta asegura que hay suficientes motivos para que el jerarca sea destituido.

Luego de que la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso llamara a Pacheco para comparecer sobre el tema del régimen de Pensiones, el pasado jueves 23 de setiembre, y de que él no se presentara, el legislador confirmó que ya están recopilando documentos, informes y criterios que destapan cosas muy graves, pues están comprometiendo los recursos del fondo de pensiones de todos los costarricenses.

“El señor Pacheco no ha querido venir a dar la cara ante la comisión, hay serias denuncias de situaciones que aunque no han significado pérdidas gigantes, muestran un mal manejo de los recursos para favorecer a ciertos sectores económicos y no a los trabajadores que dependen de esos dineros para sus pensiones”, comentó Villalta.

El diputado cuestionó dos denuncias específicas: una que tiene que ver con la reducción de dos puntos porcentuales en los préstamos hipotecarios de la Caja, siguiendo una directriz directamente de Casa Presidencial, a pesar de que la ley orgánica de la institución indica claramente que no está sujeta a ese tipo de directrices.

La directriz que fue emitida se refería a la reducción de las tasas de interés para los bancos del Estado, no para la Caja, ya que son recursos del fondo de la reserva de pensiones. Además, la directriz se refería a bajar las tasas variables, sin embargo la Gerencia de Pensiones redujo también las fijas.

“En el informe que presentó en su momento a la junta directiva se afirmaba que existía un acuerdo entre la gerencia de Pensiones y la dirección de Inversiones, sin embargo esta última aseguró que nunca avaló esta propuesta”, dijo.

De acuerdo con Villalta, la propuesta a la Junta Directiva afirmaba que únicamente se tendrían pérdidas de ¢500 millones, pero confirmó que la auditoría interna detalló que habían rondado los ¢1.600 millones.

La otra denuncia, y que el diputado considera aún más preocupante, es que Pacheco llevó una propuesta a la junta directiva para vender miles de millones que tenían en bonos en bancos privados, como el Citibank, pues con la crisis estos iban a quebrar, y se estableció un parámetro para ponerlos en el mercado a un precio menor. Esas pérdidas se estimaron en su momento de hasta un 4,76%.

“El gerente aseguró que se iba a perder un montón de plata, por lo que se sacaron los bonos a la venta y el primero en comprar fue el Grupo Sama, empresa donde el gerente laboró durante varios años. Esto se frenó a tiempo, pero solamente esa tentativa me genera una gran desconfianza”, detalló Villalta.

Consultadas las actas del Comité de Inversiones, UNIVERSIDAD constató que, en efecto, esa propuesta de vender con pérdidas los bonos se puso en marcha, basada en la situación de crisis económica internacional y al poco tiempo se canceló la decisión argumentando que el riesgo había disminuido.

El funcionamiento de la venta de los bonos de la reserva del IVM permite que la Caja los saque al mercado y quien los compre puede cobrarlos en el futuro con intereses.

“Estamos pidiendo todos los informes, y aunque no hubieran comprado los bonos, hay una clara maniobra para favorecer a grupos económicos que en ese momento necesitaban financiarse ante la crisis económica y para mí eso es causal para destituirlo de su puesto”, argumentó.

Por su parte, el representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Geovanni Ramírez, señaló que “el hecho de que se vendieran esos bonos al Grupo Sama, donde el gerente laboró unos 15 años, resulta absolutamente sospechoso”.

El dirigente señaló que aunque se está realizando una investigación preliminar a lo interno de la Caja sobre estos y otros temas, conforme al reglamento se debería separar del cargo al gerente para garantizar la transparencia, y, en su criterio, esto es únicamente una distracción de temas mucho mayores.

“Es muy curioso que al mismo tiempo que sucede esto, avanza en la Asamblea Legislativa un proyecto que propone la pensión a los 57 años. Este es solo para quienes tienen otros ingresos adicionales, como renta, pues la pensión queda totalmente disminuida y cobran una penalización”, acusó Ramírez.

Para Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) otro tema que se une a estas denuncias y que son sumamente preocupantes es el proyecto de ley 17.597, cuyo propósito es prohibir el retiro cada cinco años de los dineros acumulados en ese fondo, trasladándolos al Fondo de Pensión Complementaria, de forma inmediata.

“Las operadoras pretenden acumular ganancias, administrando por más tiempo el dinero que debería recibir el trabajador, en este sentido en caso de despido el trabajador recibiría únicamente el 5,33% y no el 8,33% que se entrega actualmente y no podría hacer el retiro cada cinco años. Son todos estos manejos, los que nos hacen sospechar aún más de las intenciones de los políticos”, detalló Chavarría.


A COMPARECER

A pesar de que en la primera solicitud de comparencia que se hizo al gerente Miguel Pacheco, la Comisión de Ingreso y Gasto Público le indicó que su justificación no era válida y que tendría que presentarse a la próxima sesión a responder por los cuestionamientos.

De acuerdo con la presidenta de la comisión, Marielos Alfaro, diputada del Movimiento Libertario: “el señor Pacheco aseguró en una nota enviada a mi despacho, luego de solicitarle su justificación por escrito, que tiene una serie de investigaciones preliminares, pero eso no lo inhibe de venir a comparecer. Queremos saber el detalle del régimen, conocer sobre los estudios que indican que el sistema está colapsando”.

Para la diputada libertaria, la investigación tendrá que incluir todo lo concerniente al régimen, como las denuncias por las tasas de interés, la inversión de los recursos, así como las razones por las que declaró confidenciales las actas de la Comisión de Inversiones.

“El tema se verá de forma integral, completa, incluso daremos audiencia a los representantes de los sindicatos para que comparezcan ante la comisión legislativa y nos traigan todas las pruebas y argumentos que tengan, también pediremos las actas de la comisión de inversiones”, concluyó.


DIFERENCIA DE CRITERIOS

Otra de las denuncias que han realizado los sectores sindicales ha sido el franco deterioro en la relación que ha tenido la gerencia de Pensiones con la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), por lo que UNIVERSIDAD realizó una entrevista a la Intendente a.i. Marjorie Jiménez, para conocer a fondo la génesis de esas diferencias.

¿A qué se deben las controversias entre la SUPEN y la gerencia de Pensiones de la CCSS?

Más que controversias lo que ha tenido la SUPEN con la Caja son diferencias de criterio y de visión sobre la gestión propiamente del IVM. Lo primero que es importante tener claro es que el IVM es supervisado por la SUPEN más no es regulado, es decir, la normativa que dicta el órgano no necesariamente debe ser acatada por parte del IVM.

En ese sentido, la actividad de la SUPEN debe ser complementaria a la del mismo gestor del fondo, o sea, la CCSS representada por la Gerencia de Pensiones.

Esta particularidad ha hecho que se presenten inconvenientes y limitaciones en el ejercicio de la supervisión, entre otros, con temas como cumplimientos de entrega de información básica para ejercer la supervisión y plazos.

¿Cómo debería ser la relación entre SUPEN y Pensiones de la Caja?

Debería ser una relación como la que la SUPEN tiene con cualquiera de los otros supervisados y regulados y eso es lo que la Superintendencia pretende. El fin de la supervisión es mejorar la gestión administrativa del IVM, lo cual implica en muchos casos corregir debilidades de control, para lo que esperaríamos apertura de la administración.

¿Cuáles fueron los problemas que se dieron por los estudios actuariales de ambas partes?

Ha habido dos estudios actuariales: uno que contrató SUPEN, realizado por una firma de actuarios mexicanos y, otro, que la CCSS realizó y que fue validado por la OIT.

En el primer estudio actuarial la mayor discrepancia estuvo en el crecimiento de la masa salarial, se utilizó un horizonte de 100 años, porque es el plazo recomendado para fondos de pensiones de esa naturaleza.

Por su parte, la Caja utilizó la metodología de su sistema PRODEFI y la OIT validó que dicho sistema funcionaba; se hizo con visión a 50 años -después la CCSS lo amplió a 100 años-, lo cual hace que los resultados sean diferentes y por tanto de impacto mucho menos dramático.

El tema es que según la CCSS el IVM es solvente hasta el año 2037 y que se puede esperar 15 años antes de hacer nuevos ajustes, la SUPEN basada en su estudio estima que ese plazo es al 2015. Las medidas deberían irse tomando desde ahora y no esperar, pues son decisiones que afectan a trabajadores, patronos y gobierno.

¿Cuáles son las mayores deficiencias del sistema de Pensiones de la Caja?

El sistema de pensiones que administra la Caja requiere que se mejore el proceso de recaudación y registro de los aportes, revisar los procesos de cobro y registro de la morosidad patronal. Mejorar la estrategia de inversiones, para una mayor diversificación que disminuya el riesgo de la cartera, y con rendimientos reales que aumenten las reservas del régimen.

Vemos oportunidades de mejora en el nivel de la cultura de control interno y de gestión de riesgos, en particular del riesgo operacional.


Fuente: Semanario Universidad

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·El Gerente de Pensiones, de Miguel Pacheco, debe dejar su cargo, debe renunciar, en virtud de su grave error y, sobre todo, por su incapacidad para llevar adelante las acciones de tan importante dependencia institucional.

SGA-182-2010
San José, 26 de agosto 2010


Señores
Junta Directiva
Caja Costarricense de Seguro Social.

ASUNTO: OPOSICIÓN ROTUNDA A QUE EL BANCO MUNDIAL ADMINISTRE RESERVAS DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Junta Directiva de la institución aseguradora debe destituir a Gerente de Pensiones


Estimados señores:

La reunión que se diera el pasado 24 de agosto de 2010, entre el Comité de Inversiones de la CCSS, encabezado por el Gerente de Pensiones, don Miguel Pacheco, con el señor Sudhir Rajkamur, Director de Fondos de Pensiones de la Tesorería del Banco Mundial, es un atropello a los mecanismos establecidos en la institución y a las regulaciones que en este tipo de asuntos están dispuestas por el poder Ejecutivo desde la cartera de Hacienda y el mismo Banco Central de Costa Rica (BCCR); pero sobre todo un irrespeto del Gerente de Pensiones a la máxima jerarquía institucional, así como a la Junta Directiva de la CCSS, instalada en fecha reciente.

Tales acciones no deben dejarse pasar por alto y el Gerente de Pensiones, de Miguel Pacheco, debe dejar su cargo, debe renunciar, en virtud de su grave error y, sobre todo, por su incapacidad para llevar adelante las acciones de tan importante dependencia institucional.

Las justificaciones a sus actuaciones caen por su propio peso y la Junta Directiva de la CCSS debería destituir al gerente e intervenir esa Gerencia de Pensiones, en salvaguarda de los intereses de la población cotizante del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).

La baja rentabilidad que se expresa en el orden de un 3 % anual, tiene correspondencia con un desacato a los acuerdos a que se llegó en el año 2005, entre las autoridades institucionales de ese entonces y las organizaciones sociales. Destacamos los aportes de las organizaciones sindicales como las nuestras, que aportamos importantes ideas en procura de un manejo sano de los recursos y de la sostenibilidad financiera del régimen de IVM.

Dar parte o la totalidad de nuestras reservas para la jubilación de la clase trabajadora, depositando los dineros que aportan a un organismo internacional, como el Banco Mundial, es algo así como empeñar “las joyas de la abuela”.

Este país aún no se recupera de las inversiones que hace unos años hicieran los “pseudoadministradores” de la cosa pública en bonos en el exterior, con fondos del extinto Banco Anglo Costarricense (BAC), lo que significó ruina y pérdida para tantos costarricense. ¿Acaso no se aprende de tales experiencias?

Consideramos que la actuación del Gerente de Pensiones, producto de su propia iniciativa y/o por encargo de algún alto funcionario, entra en contradicción con la Ley Constitutiva de la CCSS, que prohíbe las inversiones en el exterior. Además, se trata de acciones que le restan seriedad a la gestión del hasta ahora Gerente de Pensiones, quien, desde nuestra perspectiva, no cuenta ya con la confianza necesaria para seguir desempeñando tan importante cargo. La Junta Directiva de la CCSS está ante un problema de competencias y de autoridad.

Por otra parte, es nuestra particular consideración que la inversión en deuda interna debe ser para impulsar el desarrollo nacional (en construcción de carreteras, para citar solo un ejemplo); sobre todo teniendo a la vista la gravedad de los problemas que vienen mostrando las famosas concesiones, impulsadas por la extinta Administración Arias Sánchez.

No puede ni debe permitir la Junta Directiva de la Caja, el más mínimo riesgo en cuanto a la administración de los fondos del sistema de pensiones de IVM se refiere. Como bien sabemos, éste es producto de la previsión visionaria que se ha logrado a lo largo de varias décadas y que es garantía que exhibe nuestro país, en el campo de la Seguridad Social.


Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP


Martha Elena Rodríguez González
Secretaria General Adjunta
UNDECA



Fuente ANEP




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Denuncia de UNDECA: Caja gasta ¢178 mil millones al año en compra de servicios privados

*Sindicato asegura que con lo que se gasta en servicios de radioterapia, la CCSS podría comprar tres equipos para dar el servicio por su cuenta.

Por Javier Córdoba Morales

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) gasta más de ¢178 mil millones al año en compras y pagos de servicios a proveedores privados, cuyos montos podrían ser invertidos por la institución para dar los mismos servicios a un menor costo.

Así lo denunció el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA), Luis Chavarría, con datos recopilados por este sindicato a lo interno de la institución.

Pero la denuncia del secretario de UNDECA no se quedó allí. Con documentos en mano, Chavarría dijo a este semanario que las deudas que tiene el Estado y el sector privado con la CCSS suman los ¢701 mil millones, más del doble que la cifra reportada por autoridades de esa institución a UNIVERSIDAD en la edición anterior.

En su opinión, en las compras de servicios que realiza la CCSS hay un “detestable despilfarro” de los recursos institucionales, que podrían invertirse en la compra de los equipos necesarios para brindar el servicio.

“Hemos detectado que la Caja paga más de ¢70 mil millones en compra de servicios de laboratorios privados, farmacia, mantenimiento, reparaciones de equipos y otras labores para las cuales cuenta muchas veces con el personal en la institución”, criticó Chavarría.

De acuerdo con el sindicalista, actualmente UNDECA investiga algunos casos de estas compras, en los que se supone habría sospechas de corrupción al favorecer a familiares y amigos de altos jerarcas, así como a empleados de la propia CCSS que han establecido sus empresas de servicios.

Uno de los casos sería el de un enfermero profesional, que en asocio con otros funcionarios, habría establecido una empresa de ambulancias y ahora cobra los servicios de transporte al hospital de Pérez Zeledón.

“Detectamos que la Caja ya no está comprando ambulancias, sino que gasta ¢7.000 millones al año en traslados de pacientes, que se le pagan tanto a la Cruz Roja como a las ambulancias privadas, lo cual nos parece condenable”, comentó Chavarría.

“Con ¢7.000 millones cada año, bien se podría comprar una buena flotilla, tanto de ambulancias como de vehículos para el transporte de personal y de pacientes”, acotó Chavarría.

En el caso de las radioterapias, Chavarría recordó que en el 2007 UNDECA denunció gastos por más de $3 millones (¢1.539 millones al tipo de cambio actual) en la contratación de este servicio.

“Determinamos que comprar un acelerador lineal para brindar esta terapia cuesta $1,1 millones; por lo que la CCSS pudo haber comprado tres aceleradores y ponerlos en distintos lugares del país”, recordó Chavarría.

El sindicalista indicó que a diciembre del 2009, el informe de la junta directiva de la CCSS mostró compras por servicios de radioterapia por ¢1.600 millones; lo que nuevamente alcanzaría para tres aceleradores lineales más.

“Si se hubiesen realizado las inversiones, ya la Caja tuviese seis aceleradores lineales dándole servicio a la gran cantidad de pacientes que lo necesitan; y hasta podrían ponerles los equipos más cerca de sus casas”, manifestó Chavarría.


¢80.000 POR FALTA DE PLAZAS

El principal rubro de gasto innecesario, según UNDECA, es el pago de disponibilidades médicas, guardias y jornadas extraordinarias a unos cuantos profesionales, ante la falta de plazas y la inopia de personal.

“La CCSS está gastando más de ¢100.000 millones al año, por el pago de tiempo extraordinario, en razón de la inopia de algún personal calificado. No hay plazas de personal, pero eso no se viene resolviendo, sino que la suma cada año se incrementa como un 10% y esto se da a falta de políticas en la capacitación de personal”, comentó Chavarría.

El sindicalista explicó que de esos ¢100.000 millones, el 80% se reparte entre al menos 2.000 de los 35.000 funcionarios que tiene la CCSS, especialmente médicos, quienes se estarían beneficiando de estos pagos extraordinarios.

A la lista de gastos, Chavarría también añadió que hay un gran monto, aún por determinar, que invierte la Caja en alquiler de edificios; sobre todo en áreas rurales.


¢701 MIL MILLONES DE DEUDA

Chavarría llamó la atención respecto del dato publicado la semana anterior en UNIVERSIDAD, donde la suma de las deudas, tanto del sector privado como del Estado con la CCSS, suministradas por autoridades de la institución, alcanzó los ¢300 mil millones.

Chavarría y UNDECA manejan un dato que duplica el monto oficial, pues afirman que a diciembre del 2009, el total adeudado a la CCSS es de ¢701 mil millones.

De este monto, ¢300 mil millones corresponden a los dineros que empresas del Estado como el ICE, RECOPE y la banca estatal no han pagado a la CCSS por concepto del 15% de sus utilidades, como lo establece la Ley de Protección al Trabajador.

Este pago aún no se ha hecho efectivo por la falta de un reglamento que debe emitir el Ministerio de Trabajo, para que las instituciones citadas realicen el desembolso correspondiente.

El Estado además adeuda ¢171 mil millones por concepto de los llamados “asegurados por el Estado” y las cuotas al Régimen No Contributivo; mientras que ¢150 mil millones están pendientes por el costo del traspaso de funcionarios del Ministerio de Salud a la CCSS, realizado hace varios años.

Los patronos privados, según UNDECA, acumulan una deuda de ¢70 mil millones, mientras que otros ¢9 mil millones son adeudados por el Instituto Nacional de Seguros (INS) por la atención de accidentes.

UNDECA contabiliza además la deuda que tiene la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que a diciembre del 2009 era de ¢834 millones; y que según el último dato suministrado por la CCSS, ahora es de ¢893 millones.


SE DEBE INVESTIGAR

UNIVERSIDAD consultó al representante del sector sindical ante la junta directiva de la CCSS, Agustín Páez, sobre estas denuncias y aseguró que investigaría del detalle de estas.

Páez reconoció que desconoce el tema de la contracción de ambulancias, pero en el caso de los servicios de radioterapia, manifestó que no es tan sencillo como comprar más aceleradores lineales.

“La demanda es grande y el personal es poco, hay problemas para suplir la situación, eso se está tratando de resolver con el aumento de horas de uso del equipo; pero se requieren acciones más a fondo”, manifestó Páez.

Respecto de la deuda acumulada con la CCSS, Páez indicó que el Estado no ha sido “buen pagador” con la seguridad social; pero reconoció que la CCSS tampoco ha sido “buen cobrador” para hacer que los diferentes sectores paguen sus obligaciones con la institución.

UNIVERSIDAD solicitó respuesta de las autoridades de la CCSS sobre este tema, pero al cierre de esta edición se indicó que la solicitud de entrevista “aún está pendiente” y que sería respondida por el gerente financiero de la institución.


DEUDAS CON LA CAJA


15% de utilidades de las instituciones públicas: ¢300.000 millones

Seguro por el Estado y Régimen No Contributivo: ¢171.000 millones

Traspaso de funcionarios del Ministerio de Salud: ¢150.000 millones

Patronos privados: ¢70.000 millones

Atención de accidentes (INS): ¢9.000 millones

Embajada de Estados Unidos: ¢893 millones

Total: ¢700.893 millones


Fuente: UNDECA



Fuente: Semanario Universidad

Imagen TOMY


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Para bajar los precios de los medicamentos

Por José María Villalta Florez-Estrada*

Los medicamentos son un bien esencial para la vida, pero el precio es fijado antojadizamente por las compañías farmacéuticas, intermediarios y comercializadores.

El Estado tiene la obligación de proveer los medicamentos a la población a través del servicio que presta la Caja Costarricense del Seguro Social, sin embargo, la última Encuesta Nacional de Hogares revela que las familias gastan cada vez más en la compra de medicamentos en las farmacias.

En nuestro país, los precios de las medicinas se liberaron en 1994, en un contexto de reformas estructurales de carácter neoliberal, que pregonaban la eliminación de cualquier intervención del Estado en la economía.

Quince años después podemos constatar que la mano invisible no rindió los frutos esperados. Es evidente que la decisión política de dejar sin controles ni regulaciones la fijación de los precios de los medicamentos no ha generado beneficios para la población.

La falta de control de precios sobre las medicinas ha permitido que en el país se venda el mismo producto con diferencias abismales de precio. La loratadina, un antialérgico que tenía un costo por caja de ¢16.851 en una farmacia, en otra se comercializaba a ¢29.400 colones, según un estudio elaborado en junio de 2009 por el Ministerio de Economía Industria y Comercio, en 74 farmacias del área metropolitana. El costo del omeprazol, un antiácido que en algunas farmacias costaba ¢226 por unidad en otras quintuplicaba su valor, hasta llegar a los ¢1.006 por unidad.

El estudio reveló diferencias descomunales en los precios de los mismos medicamentos en farmacias distintas, que oscilan hasta en un 243% para medicinas originales y 472% para genéricas.

Ante esta situación, el Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley con el objetivo central de restablecer un mecanismo permanente de control, regulación y fijación de precios de los medicamentos en el mercado nacional, a través de la determinación de márgenes de utilidad, fijación específica de precios y otros mecanismos similares.

Para ello, se propone reformar la legislación vigente, dotando al Estado de las herramientas necesarias para frenar los abusos en la fijación de precios que afectan a la población.

La regulación de los precios de las medicinas es plenamente conforme con nuestro ordenamiento constitucional, que incluye la potestad del Estado de intervenir en la economía para procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (artículo 50 de la Constitución Política).

El control del precio de los medicamentos es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisamente porque las medicinas no se pueden reducir a su condición de bienes de mercado, dado que forman parte de las condiciones indispensables para garantizar el cumplimiento del derecho humano a la salud.

La gran mayoría de países desarrollados en la actualidad establecen algún tipo de regulación de los precios de los medicamentos. Los mecanismos utilizados varían, pero, de una forma u otra lo hacen Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, España y Suecia. Gran Bretaña impone límites a las ganancias. Francia establece un techo al total de gastos en medicamentos. Japón fija precios de reembolso para nuevos medicamentos.

No existe justificación alguna para que un Estado Social de Derecho como Costa Rica no aplique regulaciones básicas sobre los precios de las medicinas, salvo el dogmatismo ideológico o los jugosos negocios de algunos a costa de la salud de las grandes mayorías.

Ante la urgente necesidad de garantizar el acceso a las medicinas para la población costarricense y adoptar medidas efectivas para proteger su derecho humano fundamental a la salud, solicitamos a las y los compatriotas apoyo para este proyecto de ley, que el Frente Amplio ha presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa.


*Diputado del Frente Amplio



Fuente La Prensa Libre

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Carta a Eduardo Doryan

Estimado Eduardo: guardo una hermosa imagen de nuestra amistad a principios de los años setenta. Era usted un joven brillante con un norte: lograr que los pobres, los desposeídos, tuvieran una vida digna de seres humanos.

Nos recuerdo caminando juntos por las montañas de Heredia. Usted no veía el paisaje, no; usted sólo veía la miseria, el sufrimiento de la gente. Y me hablaba de las formas de remediarlo.

Cuando yo vivía en Londres, otra vez nos encontramos. Su norte no había cambiado, sus planes para alcanzar la justicia seguían vigentes. Fuimos a un cine cerca de Earl’s Court, ¿recuerda? Debió ser en 1974.

Hoy le escribo con urgencia porque en la institución que usted dirige: la Caja Costarricense del Seguro Social, hay un reglamento que dispone que si una mujer tiene cáncer en la mama izquierda se la irradia con un moderno y competente acelerador lineal, lo que no produce muchos daños, pero si su cáncer es en la mama derecha, se la irradia con cobalto. ¡Con cobalto! Usted sabe bien, Eduardo, que el tratamiento con cobalto ya casi no se usa. Produce daños terribles en los pulmones y quemaduras irreversibles en la piel.

Además, esas máquinas de cobalto que todavía usa la institución que usted dirige para “tratar” a las mujeres con cáncer en la mama derecha, SON LAS MISMAS QUE YA HAN PRODUCIDO LA MUERTE DE CIEN PERSONAS por estar mal calibradas. Usted debe conocer el caso de los sobreirradiados. Pues resulta que además de ser un tratamiento agresivo y obsoleto, parece ser que esas máquinas viejas son casi imposibles de calibrar. Los técnicos cubanos lograron maravillas pero una vez que éstos partieron no hay total seguridad.

Por lo tanto, la institución que usted dirige obliga a las mujeres con cáncer en la mama derecha a sufrir horribles quemaduras que podrían incluso ser letales.

Usted sabe, Eduardo, como todos en la CCSS, que NO HAY NINGUNA RAZÓN TÉCNICA NI MÉDICA para tratar con acelerador lineal el cáncer de la mama izquierda, y con cobalto el de la derecha. NINGUNA RAZÓN. La CCSS, que usted dirige, hace esa diferencia para ahorrar. ¡PARA AHORRAR, EDUARDO! ¡Se quema a las mujeres para ahorrar!

Además, en lo que va del año la Caja ha tenido que pagar en tratamientos privados, a las pacientes que han ganado justos recursos de amparo por esa discriminación, casi lo que cuesta un acelerador lineal nuevo. ¿En dónde está el ahorro?

Lo que hace con las pacientes de cáncer de mama la Institución que usted dirige, Eduardo, ni siquiera es injusticia. Yo quiero llamarlo lisa y llanamente crimen.

Los lectores juzgarán.

Eduardo, espero que responda a mi carta. Espero que se derogue ese reglamento irracional. Espero que se compren aceleradores lineales nuevos. Y no se vale decir que no hay con qué, pues se pagan millones de dólares, el precio de un moderno equipo, a clínicas privadas.

Atentamente, Anacristina Rossi.


Fuente Diario Extra
Suplemento Página Abierta


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Luis Alberto Monge: la propina sí es parte del salario

• Carta de Luis Alberto Monge, Presidente Constitucional de la República 1982-1986, al diputado Jorge Eduardo Sánchez

Acabo de leer con gran interés la intervención legislativa que tuvo la oportunidad de hacer en el Plenario el día del lunes. Permítame expresarle mis felicitaciones a usted y a sus compañeros y compañeras de lucha y formular algunas aclaraciones y precisiones sobre tan importante tema.

Comprenderá que para un “chiquillo de mi edad” [85 años], es muy difícil recordar con exactitud los debates de hace varias décadas, cuando libraba recia batalla para conseguir aprobación de mi proyecto sobre la propina para los trabajadores gastronómicos.

Es humanamente comprensible que la mayoría de los propietarios de restaurante, se opusieron al citado proyecto, temiendo -según me expresaron- que ese recargo en la factura pudiera disminuir la clientela. Varias décadas de aplicación de la ley demostraron que esos temores eran infundados.

Sin embargo, justo es recordar que algunos restauranteros fueron enaltecedora excepción. Don Guillermo Pérez (q.e.p.d) de la “Cascada” y don Antonio Caseros (q.e.p.d) de “El Escorial”, me apoyaron, a veces hasta con su presencia, y la de varios de sus trabajadores, en las barras del Congreso.

Me informaron, que distinguidos diputados han citado como frase mía en los debates de aquella lejana época: “la propina no forma parte del salario”. Debo suponer que ellos se basan en los textos de las actas respectivas a los que no tengo acceso en el momento de escribir estas líneas. Respeto entonces como correcta su afirmación. Todo parlamentario sabe que cuando libramos una lucha por un proyecto, parte de la inevitable estrategia, es hacer concesiones y atenuar los temores de los opositores sobre las consecuencias negativas que pudiera producir la conversión del proyecto en ley.

Solo como una estrategia podría entenderse esa frase. Porque, precisamente, el proyecto se gesta para corregir un poco dos injusticias: a) los bajos salarios que se pagaban y que, al parecer, se siguen pagando a los trabajadores gastronómicos, y b) la insensibilidad de clientes que dejaban una limosna ofensiva o no dejaban propina. Agregamos que si al trabajador, al llegar la invalidez o vejez, se fija la pensión en base a salarios bajos, su monto, por lo reducido, pasa a ser un ingrato castigo para los años finales de su vida.

Usted, como abogado que es, sabe perfectamente que las leyes deben ser interpretadas no solo teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos sino también la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.

Los tiempos que vivimos son difíciles, particularmente para la clase trabajadora. Por tal razón me parece injusto que se trate, mediante interpretación auténtica, establecer que la propina no forma parte del salario de los saloneros.

Agrego, finalmente, cosa de todos conocida, la reiterada jurisprudencia de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional, manteniendo reiteradamente el criterio de que la propina sí forma parte del salario de los referidos trabajadores.


Fuente Tribuna Democrática

Foto UCR


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¡Archivado!

Archivado proyecto que pretendía trasladar a la CCSS la responsabilidad patronal por maternidad

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¡Una Aberración Laboral!

Por Omar Salazar Alvarado
Director Ejecutivo, ASEPROLA

La manera más fácil de eliminar una violación a la ley es, según algunos,quitar la ley… Esta parece ser la lógica de la Costa Rica actual, y en materia de derechos, nunca antes fue tan fácilmente comprobable.

Si desean que no se viole el derecho al pago de horas extraordinarias, eliminan el derecho a las horas extra. Si desean reprimir la violación del derecho a un trabajo estable, eliminan los contratos de tiempo indefinido y alientan la subcontratación. Si desean que no existan más denuncias por el uso indiscriminado de los recursos naturales, eliminan las leyes ambientales. Si desean que se elimine la corrupción, suprimen las leyes civiles y administrativas que la castigan.

Esa es la nueva forma de ver la realidad, especialmente para el empresario, ahora convertido en político, que busca la manera de hacer al lado toda restricción que le impida hacer lo que "le venga en gana".

Resulta aberrante afirmar que suprimiendo la obligación de los patronos de pagar el 50% de las licencias de maternidad, se resolverá el problema de la discriminación en el empleo. De nuevo, legalizamos la violación de un derecho contemplado en la Constitución Política de Costa Rica y una base del modelo solidario de seguridad social.

El trabajo y los derechos están hechos para su cumplimiento, sin distingo de género, de edad, de creencia religiosa, de etnia o de capacidades especiales de las personas.

Si se desea luchar contra la discriminación hay un camino, y no es la vía fácil que propone el Expediente 16.733; es precisamente hacer que se cumpla la ley y que se castigue fuertemente su violación.

El proyecto no eliminaría las causas de la discriminación sino que crearía las condiciones para que los empresarios no deban asumir sus responsabilidades. Se reconoce que los empresarios están discriminando, pero el lugar de aplicar el castigo correspondiente por las ilegalidades en las que están incurriendo, se les premia. Es altamente preocupante que esta lógica perversa refuerza la idea de que los derechos de las y los trabajadores son una carga para las empresas.

El estado de embarazo es una decisión exclusiva de la mujer y un derecho fundamental como ser humano, y esto no debe implicar que su decisión sea vista como un "problema patronal". Tampoco que durante tal período, el patrono se desligue de su responsabilidad inherente al contrato.

Evidentemente el proyecto de ley en cuestión, y que fue convocado por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias que recién inicia, no busca eliminar la discriminación hacia la mujer, sino, reducir "costos" que a criterio de los patronos les impide mantener las tasas de ganancia que desean y que les son exigidas por sus inversionistas.

El proyecto de ley, que con cinismo titulan "ley para disminuir la discriminación contra el trabajo femenino", es una de las más claras afrentas a los derechos laborales que han conocido las y los diputados, y ellos lo saben.

De aprobarse, podemos dar por concluido el capítulo de la solidaridad social, podemos olvidar el espíritu tripartito que durante más de medio siglo sostuvo a flote las garantías sociales, podemos sentenciar a la Caja del Seguro Social a una muerte segura a causa de su desfinanciamiento.

La solidaridad de los tres sectores: patronal, Estado y trabajadores/as, es un pilar de la seguridad social, y de nuevo, no podemos permitir que uno de ellos quiera desligarse de esta responsabilidad.

¿Qué pretenden? Según su lógica, si no liberamos a las empresas de su responsabilidad social, estamos obligados a aceptar violaciones constantes a los derechos de las personas, estamos obligados a aceptar que se despida indiscriminadamente a las mujeres embarazadas. Que los proponentes hablen claro, y dejen de engañar a las y los costarricenses con nombres de leyes que esconden oscuras intenciones.


Imagen: "Madre e hijo" Gustav Klimt


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En defensa de las licencias de maternidad

• Pronunciamiento de CEFEMINA, organización de la Campaña Costa Rica, sobre un proyecto de ley que debilita y tiende a suprimir el derecho a las licencias de maternidad.

El Centro Feminista de Información y Acción-CEFEMINA, denuncia ante instancias nacionales e internacionales el ataque a los derechos de las mujeres que se esconde tras las propuestas que se están impulsando desde varios sectores políticos costarricenses para modificar el artículo 95 del Código de Trabajo.

El gobierno de Oscar Arias, que se jacta de ser abanderado en la defensa de los derechos de las mujeres, acaba de convocar en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el expediente 16733.

Se trata de una propuesta del Movimiento Libertario que pretende reformar la financiación de los cuatro meses de licencia de maternidad y que es el más perjudicial de los proyectos que existen en este sentido.

Este proyecto de reforma pretende trasladar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la responsabilidad actual del sector patronal de asumir el 50% de los costos de las licencias por maternidad y de los costos de las cuotas a la seguridad social durante el periodo de las licencias.

Esto constituye un grave ataque a los derechos de las mujeres ya que debilita la CCSS, que es una institución fundamental para las mujeres y para la sociedad, y pone en riesgo el financiamiento de las licencias en el mediano y largo plazo.

El proyecto argumenta que la CCSS tiene un excedente en el fondo de maternidad con el que asumir los costos adicionales. Pretenden regalar a los empresarios estos recursos de las mujeres, que deberían emplearse en ampliar la cobertura del servicio a más trabajadoras (según indica el convenio 183 de OIT) y en mejorar los servicios y equipos de gineco-obstetricia.

El estado costarricense tiene el compromiso, a partir de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1986), de velar por la no discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y el deber de castigar a quienes cometan este tipo de discriminaciones.

El proyecto reconoce que patronas y patrones discriminan a las mujeres tanto en la contratación como cuando quedan embarazadas y que este proyecto de ley podría acabar con la discriminación.

Lejos de avanzar hacia este objetivo, el proyecto no eliminaría las causas de la discriminación sino que crearía las condiciones para que los empresarios no deban asumir sus responsabilidades.

Se reconoce que los empresarios están discriminando, pero en lugar de aplicar el castigo correspondiente por las ilegalidades en las que están incurriendo, se les premia. Es altamente preocupante que esta lógica perversa refuerza la idea de que los derechos de las y los trabajadores son una carga para las empresas.

Además, se están desoyendo otras propuestas pertinentes que abogan por hacer a todas las empleadoras y los empleadores partícipes de esta responsabilidad de manera que el costo se distribuya entre todos, para que no deban ser asumidos individualmente por quienes tienen una trabajadora embarazada en su empresa.

La Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), que aprobó este mismo ejecutivo en 2007, acoge esta propuesta en las estrategias para su objetivo 2, relativo al trabajo remunerado de calidad y la generación de ingresos, y se compromete a redistribuir “el costo del financiamiento de la maternidad en las cuotas patronales a la CCSS, de tal manera que ese costo deje de ser asumido individualmente”.

La casa presidencial, al enviar en extraordinarias este proyecto de ley, muestra una contradicción con los compromisos asumidos ya en el PIEG y un desprecio imposible de ocultar hacia los derechos de las mujeres. Máxime que las organizaciones de mujeres hemos hecho manifestaciones públicas al respecto desde que conocimos las diversas propuestas, rechazando los proyectos de ley presentando y respaldando la propuesta del PIEG.

A fin de garantizar los derechos de las trabajadoras y en nombre igualmente de la defensa del sistema de seguridad social costarricense, instamos al Gobierno y a las diputadas y diputados a desechar de inmediato este proyecto y otros de la misma índole.


Fuente Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral

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Alerta Mujeres: El pago por maternidad reducirá su aguinaldo

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Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral: Ley de propinas es regresiva

La Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, una iniciativa que reúne a más de 70 organizaciones sociales en Centroamérica, 20 de ellas costarricenses, reitera su rechazo al Proyecto de Ley Expediente 14.677, "Para dar interpretación auténtica al artículo 4 de la Ley No.4946, de 3 de febrero de 1972".

Las organizaciones participantes en la Campaña se han pronunciado desde el año 2006 en contra de la iniciativa del Movimiento Libertario, que pretende separar las propinas que reciben las y los saloneros de su salario, misma que se encuentra en los primeros lugares de la agenda del plenario legislativo.

Este proyecto tiene un espíritu regresivo en cuanto a los Derechos Laborales, pues cuestiona y propone eliminar derechos adquiridos de las y los trabajadores saloneros y gastronómicos, los cuales se disfrutan desde 1995.

Dejar de interpretar el 10% que reciben estas trabajadoras y trabajadores como salario, significa en concreto una reducción de sus ingresos, ya que ese monto no se incluiría a la hora de calcular el pago de las vacaciones, el aguinaldo y el preaviso o la cesantía en caso de despido. También esa reducción se vería reflejada en el monto de su pensión.

El proyecto además tiene un efecto en la Seguridad Social del país, reduciendo en ese mismo 10% el monto que las empresas de este sector cotizan a la CCSS y el monto de la cuota que cancelan al seguro de Riesgos de Trabajo.

Al tratarse de una interpretación esta tiene carácter retroactivo, así la Caja del Seguro Social tendría que reintegrar a los patronos el monto cotizado a la fecha correspondiente a este 10%.

El proyecto de Ley abre un portillo a la evasión del pago del 10% de la propina. Si bien no cuestiona el pago obligatorio del 10% de la propina a las y los trabajadores, el hecho de que no se declare en la colilla de la CCSS, elimina el único instrumento de comprobación que tienen las y los trabajadores de que han recibido este pago. Tampoco el Estado contaría con un mecanismo de fiscalización del cumplimiento de esta ley.

Esta Campaña conoce de otra iniciativa, promovida por la fracción socialcristiana, el Frente Amplio y el PASE, que al contrario de la anterior, permitiría garantizar por ley ese derecho adquirido por las personas trabajadoras de este sector.

Esta Campaña apoya el proyecto de Ley Expediente Nº 16.485, De los Derechos de los Trabajadores Gastronómicos, y se compromete a respaldar las gestiones de las y los diputados que lo impulsan.

Asimismo, quiere hacer un llamado a todas las fracciones legislativas, para que estudien y reflexionen sobre ambas leyes, y tomen la decisión de su voto priorizando su responsabilidad de hacer respetar los derechos de las personas trabajadoras y resguardar el modelo de seguridad social costarricense.

Enrique Sánchez Carballo
Comunicación ASEPROLA
(506) 2285-1344 Ext.13

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Rechazan proyecto para liberar a patronos de pago por maternidad

• Dos proyectos de reforma a la ley que pretenden cambiar la estructura y modalidad de pago tripartito de la licencia por maternidad a las trabajadoras asalariadas, quitándole dicha responsabilidad a los patronos, generan un fuerte rechazo de personalidades e instituciones relacionadas con el tema de la mujer.

• Es un castigo para empresas, dice diputado proponente

Por María José Núñez

El proyecto inicial presentado por el diputado libertario Mario Quirós, pretende eliminar la responsabilidad de los patrones de aportar al pago de la licencia por maternidad, dejando esa responsabilidad exclusivamente en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Quirós cuestiona el origen del pago y asegura que éste representa una limitante para la contratación de mujeres en las empresas nacionales y extranjeras instaladas en el país. "Es un enorme castigo" para los patronos, asegura el diputado.

Mientras tanto, el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Eduardo Doryan, presentó otra propuesta, que en el fondo busca el mismo objetivo del anterior.

La iniciativa de Doryan se basa en un estudio actuarial preliminar, en el cual se establece que la institución asumiría el costo paulatinamente de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Actualmente, el pago de un mes pre-parto y tres meses después del parto para las mujeres aseguradas tiene tres fuentes de financiamiento: la CCSS, el patrono y los aportes de las mismas asalariadas.

Por sus características de solidaridad, la licencia por maternidad dejó de ser un subsidio desde 1996, para convertirse en una modalidad de salario, el cual cuenta para el cálculo de vacaciones, aguinaldo, cuota de pensiones y demás derechos laborales.

La solidaridad no es castigo

Ambos proyectos fueron tema de discusión en un taller organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el cual especialistas de diversas instituciones y organizaciones presentaron su posición el respecto.

De acuerdo con la diputada socialcristiana Ana Helena Chacón, Presidenta de la Comisión Especial Permanente de Asuntos de la Mujer en la Asamblea Legislativa, esta es una propuesta que en lo personal no comparte.

"Jamás podría compartir una iniciativa que plantea la solidaridad como un castigo y eso es exactamente lo que hace el proyecto de Quirós, ya que el Código de Trabajo estipula desde hace mucho tiempo el derecho a la licencia por maternidad y es visto como una responsabilidad social, ya que la reproducción es un tema de interés social, explicó Chacón.

"No queremos nada preliminar- agregó- debe ser un estudio completo, no vaya a ser que después nos salgan con que no pueden asumir el pago y se deban tomar acciones de emergencia. Además, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se diga que la licencia por maternidad es una carga para los patronos, porque no nos están haciendo ningún favor a las mujeres".

El estudio presentado por la Caja se basa en supuestos de que la baja del crecimiento demográfico hará sostenible en el tiempo la propuesta, sin embargo, este proyecto ni siquiera se ha empezado a discutir en el Congreso.

"Para el 2006 la tasa de natalidad fue de 2,37% y las proyecciones de los expertos dicen que para el 2030 habrá una reducción cercana a la mitad. Esto refleja claramente el impacto de la mujer en el mercado laboral", explicó Lilliana Arrieta, asesora jurídica de la Junta Directiva de la Caja.

Según la asesora Arrieta, la iniciativa permitirá disminuir las brechas económicas, así como la discriminación por género y aseguró que garantiza la naturaleza salarial de la licencia por maternidad.

En días pasados, Doryan defendió su propuesta ante la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Legislativa e hizo énfasis en que la propuesta se sostiene gracias a tres factores.

Uno de ellos es que hubo un aumento de afiliación al Seguro Social, con un total de 110.000 nuevos asegurados, los cuales son en mayor proporción mujeres. Con esto, aseguró Doryan, se ha podido ampliar la cobertura y se da flexibilidad y robustez a las finanzas de la entidad.

Otro aspecto que sostiene el proyecto, es que se ha reducido el porcentaje de morosidad de un 25% a un número de 1 dígito -sin embargo en la comparecencia no precisó la cifra-. Esto supone el pago de dos grandes entidades, una pública (Hacienda y por ende todos los ministerios) que por razones históricas no se habían podido poner de acuerdo con la Caja y otros deudores relacionados con el mundo deportivo.

El tercer factor es la Reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que ha venido aumentado las cuotas de forma escalonada.

Rechazos

No obstante, quienes se oponen a ambas iniciativas, la del diputado Quirós y la de Doryan, señalan que ya de por sí la Caja presenta un debilitamiento de sus finanzas y es difícil acceder a ciertos servicios por la falta de recursos e inversión.

"Nos preocupa y asombra que el mismo Presidente de la Caja apoye una iniciativa para reducir los costos a las empresas privadas, porque si tienen más recursos lo que deberían hacer es ampliar la cobertura a todas las mujeres empleadas, aunque no sean asalariadas", señaló Laura Guzmán, Representante de las Organizaciones Sociales de la Junta Directiva del INAMU.

Esta posición es respaldada por Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), quien llamó al análisis sobre esta iniciativa.

"No nos oponemos en absoluto a un proyecto que pueda garantizarle a las mujeres mejores condiciones y oportunidades de salud, vida y trabajo, pero no es nuevo escuchar denuncias sobre los déficit presupuestarios en partidas como compra de medicamentos, falta de equipo, largas filas de espera para cirugías, escasez de especialistas, atrasos de hasta un año en biopsias cancerígenas, mal estado de hospitales, clínicas y EBAIS, así como un 86% de equipo obsoleto.

Según Doryan esta iniciativa tendría un costo de 6.000 millones de colones anuales, ¿podrá la Institución con esto?", se preguntó Chavarría.

Para Jeannette Carrillo, Presidenta Ejecutiva del INAMU, es preocupante ver las cifras, ya que al parecer las mujeres están postergando la maternidad para competir en un sector laboral que exige una visión masculina, es decir, con horarios indefinidos, horas extras, disposición total.

Lo extraño del caso es que la Caja reportó para el año pasado 12.000 casos de mujeres que se acogieron a la licencia por maternidad, alrededor de 3.000 menos que el año anterior, mientras que los datos demuestran que el país tuvo 70.000 nacimientos en un año.

Esto es prueba de que la disminución de fecundidad se encuentra en las profesionales, pero las mujeres pobres, trabajadoras del sector informal e inmigrantes tienen más hijos.

"Eso puede tener fundamento en algunos datos, como que en todas las actividades laborales el hombre tiene un salario mayor que el de las mujeres, incluso la diferencia puede ser de hasta un 30%, además, por cada dos hombres asegurados hay una mujer asegurada. Es probable que ellas posterguen la maternidad para poder competir en este mercado tan desigual", explicó Manuel Ugarte, Gerente de la División Financiera de la Caja.

Participación femenina

La fuerza laboral femenina se encuentra distribuida de la siguiente forma: en las microempresas (1 a 5 personas) hay un total de 20.089 mujeres, en las pequeñas (5 a 30) 38.243, en las medianas (31 a 100), suman 27.447 y en las grandes se ubican 70.436 mujeres.

"Se ha dado un incremento acelerado de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, de hecho, la Encuesta de Hogares lanzó una cifra del 41%, lo que indica que a las mujeres sí se les está contratando, lo que es un problema s la contradicción entre cifras de contratación y aseguramiento", dijo Ligia Martín de la Defensoría de los Habitantes.

En su criterio, el problema de fondo no es la licencia por maternidad, sino que la maternidad no es vista como un asunto social, sino solamente de las mujeres.

"En lugar de quitar responsabilidades a los empresarios, lo que deberíamos hacer es garantizar una mayor cobertura -que incluya al 98% de las trabajadoras que no se acogieron a su licencia por maternidad en 2006- e integración de todos los actores de la sociedad en la función reproductiva y de educación de nuestros niños", concluyó Martín.

Fuente Informa-tico

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Alerta Mujeres: El pago por maternidad reducirá su aguinaldo

Por Silvia Troyo

• Este proyecto forma parte del TLC, las empresas "necesitan" eliminar obstáculos a su competitividad. Vienen por todos nuestros derechos.
  

El Gobierno de la República enviará para estas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa un anteproyecto que pretende que la CCSS pague el 100% por maternidad.

Si la CCSS paga las cuatro cuotas mediante subsidios, se reducirá el aguinaldo de las mujeres en un 33% ya que los patronos pagarían sólo el equivalente a ocho salarios. Pero aún hay más, por cada hijo o hija, las mujeres perderían cuatro cuotas para su pensión. En ambos casos esto constituye una clara discriminación laboral.

Este proyecto obedece al interés que tiene el gobierno para beneficiar a los patronos y "supuestamente hacer el país más competitivo" una vez que se apruebe el TLC. Implica una modificación al artículo 95 del Código de Trabajo.

Si esto es sin haberse aprobado el TLC qué pasará una vez aprobado ¿se seguirán burlando los derechos de las y los trabajadores? ¿Se seguirá debilitando el estado solidario? Se seguirá ampliando la brecha entre ricos y pobres, haciendo cada vez más ricos a los patronos a costa del estado costarricense y de las y los costarricenses?

Me parece que hay que darle seguimiento a este anteproyecto porque se votaría en estos días.

Comunicado de CEFEMINA
Rechazamos que garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras requiera debilitar la CCSS

El reconocimiento de una licencia de maternidad de cuatro meses es un derecho conquistado por las mujeres de la que nuestro país se enorgullece en foros internacionales.

En contraste, es un secreto a voces que muchas empresas despiden a trabajadoras embarazadas a pesar de que esto esté expresamente prohibido por el Código Laboral vigente.

En las últimas semanas se ha informando en los medios de comunicación sobre una propuesta de modificación del artículo 95 del Código de Trabajo para que sea la Caja Costarricense del Seguro Social quién asuma el 100% de los costos de las licencias por maternidad, cuando en la actualidad se comparten por igual entre esta institución y la empresa donde labora la mujer.

Se argumenta que así no habrá riesgos para las empresas que contraten mujeres, lo que promoverá su contratación y se desalentarán los despidos ilegales por embarazo.

Si bien la eliminación del aporte empresarial al pago de la licencia de maternidad podría facilitar una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, supondría al mismo tiempo una importante e injustificable descapitalización de la Caja del Seguro.

Esta institución es fundamental para las mujeres, y en general para toda la población, y su debilitamiento solo puede repercutir negativamente sobre el derecho a la salud y el derecho a gozar de una jubilación digna.

Un mayor debilitamiento de la CCSS solo puede profundizar la tendencia a trasladar a las familias, en realidad a las mujeres, muchas tareas de cuido de personas enfermas que debiera asumir el sistema de salud.

CEFEMINA repudia la idea de que avanzar en el campo de los derechos laborales de las mujeres implique retroceder en otros derechos ya conquistados para mujeres y hombres.

Sorprende que voluntariamente el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Ingeniero Eduardo Doryan, promueva esta propuesta, cuando en sus manos tiene un estudio que demuestra que es factible aliviar el riesgo económico para las empresas sin descapitalizar a la Caja.

En efecto, si el costo correspondiente a la parte patronal de la licencia de maternidad (medio salario) no fuera financiado en cada caso particular por la empresa donde labora la mujer embarazada, sino que todas las empresas y durante todo el tiempo aportaran un monto para las licencias de maternidad, todas y todos saldríamos ganando.

Ganaríamos las mujeres que, en efecto, seríamos menos frecuentemente blanco de discriminación y despidos ilegales. Ganaría la CCSS que no se desfinanciaría ya que no tendría que incurrir en mayores costos. Ganarían las empresas, ya que no tendrían que aumentar considerablemente sus gastos cuando una trabajadora gozara de la licencia de maternidad.

En este sentido se beneficiarían particularmente las pequeñas empresas, para las que un medio salario durante cuatro meses consecutivos puede representar un aumento considerable de su planilla.

¿Cuánto tendría que aumentar la cuota patronal mensual en este caso? Para una planilla de un millón de colones el aumento se estima que sería de únicamente 3000 colones [1]. Con esto cualquier empresa se garantiza que el embarazo de un número cualquiera de sus trabajadoras no afectará sus costos.

CEFEMINA rechaza que con la disculpa de proteger los derechos de las mujeres se quiera debilitar la CCSS.

Denunciamos que el Presidente de la CCSS en lugar de defender la institución se apresure a proteger los intereses de las empresas.

Exigimos que se modifique la ley para distribuir el aporte patronal a las licencias de maternidad entre todas las empresas.


Centro Feminista de Información y Acción CEFEMINA

17 de Julio de 2007

[1] Estimación realizada a partir dato en Martínez, Juliana y Castro, Mauricio "El financiamiento de la maternidad en el trabajo. ¿Cómo eliminar el efecto boomerang y expandir los logros alcanzados? Documento elaborado para el foro sobre Financiamiento de la Maternidad en el Trabajo, San José, 2001.

Fuente ANEP

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