Sindicatos rechazan presiones contra el ICE para retiro de apelación

• Aseguran que le torcieron el brazo al presidente Ejecutivo, Eduardo Doryan

El Frente Interno de Trabajadores del ICE, denunció presiones desde sectores empresariales y de Casa Presidencial para que la institución retirara una apelación en la justicia contra una decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

"El FIT rechaza tajantemente las presiones a que está siendo sometido el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por parte del Gobierno a través del Ministro de la Presidencia y las cámaras empresariales, con el objetivo que la institución retire el recurso de apelación que presentó ante la SUTEL", indica un comunicado del FIT.

En un recurso de apelación, la entidad se opone y ha cuestionado técnica y jurídicamente la forma en que se le quiere obligar al ICE a permitir que su infraestructura sea utilizada de manera ruinosa para interconectar a la competencia.

"Desde el TLC, cuando se discutía la apertura de las telecomunicaciones, organizaciones laborales habíamos denunciado que esta apertura buscaba destruir al ICE y su modelo solidario de telecomunicaciones", recordaron las organizaciones sindicales.

Además, dijeron que en el 2007 denunciaron que las tarifas por interconexión que le iban imponer al ICE eran ridículas para favorecer a los operadores internacionales.

"El tiempo nos ha dado la razón, los mismos que ayer pugnaron por la apertura, hoy presionan para que la infraestructura que todos los y las costarricenses han pagado a través de los años, se dispongan al servicio de quienes vienen a usufructuar esta inversión que con tanto sacrifico la sociedad ha logrado implementar durante los casi 50 años de existencia del ICE - Telecomunicaciones", sostiene el FIT.

Además, calificaron de "inaceptable" que el Gobierno a través de su Ministro de la Presidencia presione para que una institución autónoma retire un recurso de apelación que fue presentado y fundamentado mediante el derecho que le brinda la Constitución y las leyes de la República.

"Esta es una injerencia inaceptable que violenta la autonomía del ICE y que el movimiento sindical no va permitir. Es otro nefasto precedente a la institucionalidad costarricense que un Ministro de la Presidencia de una "orden" para que una institución pública en sus facultades y obligaciones constitucionales renuncie a que sean los tribunales de justicia los que determinen la razón o no de sus argumentos", resaltan las organizaciones.

Además, sostienen que "tampoco aceptamos el chantaje mediático que el señor ministro y las Cámaras están realizando, en cuanto a que el país se podría ver envuelto en sanciones por la no aplicación de la apertura o que la inversión extranjera se podría retirar".

"Estos argumentos, además de no ser ciertos nunca pueden estar por encima de la legalidad y la soberanía de un país. La culpa está por otro lado, son los bufetes que en vez de asesorar adecuadamente a las empresas extranjeras para que realicen sus inversiones de acuerdo con la ley, lo que ofrecen y cobran son sus influencias políticas ante los gobiernos de turno y ante la SUTEL", acusaron los sindicatos del ICE.

Recordaron también que hace pocos días los tribunales de justicia dictaron sentencia en la actuación que el Gobierno de los Arias realizó con el proyecto Las Crucitas, en donde en el fallo no favoreció al gobierno y hoy están siendo investigados por el Ministerio Público y tendrán que dar cuentas de los costos que esta acción le produjo a la legalidad y los fondos públicos de todos y todas las costarricenses.

"Las organizaciones sindicales del ICE avalamos la posición con que la administración superior está defendiendo el patrimonio del ICE, que es público y de toda la sociedad costarricense", reiteraron los sindicatos.

"Alertamos al país que no vamos a permitir que el Gobierno ni las Cámaras Empresariales sigan presionando al ICE, hasta el momento hemos sido pacientes y tolerantes ante estos ataques, pero nuestra paciencia ya se terminó y a partir de hoy no vamos aceptar más agresiones, mismas que sabremos responder en cualquier terreno y hasta las últimas consecuencias, inclusive estamos dispuestos a convocar a una huelga general de los y las trabajadoras del ICE porque para defender la institución nunca nos temblará el pulso", advierten.

Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil organizada, a las organizaciones sociales y al pueblo costarricense "a prepararse para la defensa de nuestro patrimonio nacional".


Fuente: Diario Digital Nuestro País

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Recursos del ICE contra la SUTEL: En defensa de bienes públicos. Por Gerardo Fumero Paniagua.

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Recursos del ICE contra la SUTEL: En defensa de bienes públicos

Por Gerardo Fumero Paniagua (*)

El ICE presentó el día 23/11/2010 un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, pero además un juicio contencioso administrativo en contra de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), por haber rebajado las tarifas de interconexión para tráfico celular, de ¢26,56 a ¢17,95 por minuto (el promedio latinoamericano ronda los ¢60) y para tráfico fijo de ¢22,48 a ¢3,63 por minuto, el promedio ronda los ¢8.

“La Unión de Cámaras “repudió” las acciones del ICE al estimar que contradicen el mandato del pueblo que en el referendo del 2007 aprobó abrir las telecomunicaciones”, según informó la Nación Digital del 23/11/2010. Declaraciones totalmente irónicas, pues nadie más que las cámaras empresariales habrían hecho otro tanto, si una resolución así los hubiera obligado no solo a renunciar a sus ganancias, sino a ver reducido su patrimonio, dadas las pérdidas que tales tarifas conllevarían. Pero en cambio se rasgan las vestiduras y acusan al ICE de contradecir la voluntad del pueblo, sin importarles que tal resolución sea violatoria de la Constitución (no permite “entregar” bienes del Estado), del TLC (no permite fijar tarifas por debajo de los costos) y de las leyes del sector (no permiten subsidios).

Las tarifas aprobadas por la SUTEL subsidiarían a los operadores privados, entregarían las inversiones que el país ha hecho por 47 años -son bienes públicos-, negaría todos los principios y “buenas intenciones” de la legislación recién aprobada y pondría en riesgo la estabilidad del ICE.

El jerarca de la SUTEL, George Miley, expresó a la Nación Digital que “las decisiones del ICE “son políticas” y que “Nos preocupa que se judicialice una decisión regulatoria, que puede dar al traste con la apertura de las telecomunicaciones”. Estas tarifas son las terceras que fija el órgano regulador en cinco meses, lo cual sugiere que no hay claridad en el tratamiento del tema, que han actuado apresuradamente y que lo hacen al calor de las presiones de unos y otros, lo que comúnmente se conoce como el “regulador capturado”.

El ICE, por su parte, actuó como pocas veces lo hace, con independencia, pues en otras ocasiones la sumisión política de su alta jerarquía no le ha permito defender la institución, tal y como sucedió con la devolución “voluntaria” del espectro radioeléctrico, según acuerdo con el MINAET firmado el 19/12/2009. No fue que “El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sacó ayer la artillería pesada contra la SUTEL el y objetó ante los tribunales de Justicia la resolución del ente regulador, que ordena rebajar las tarifas de interconexión para redes de telefonía”, como opinó la periodista Mercedes Agüero de la Nación Digital el 23/11/2010, fiel a la vocación de los grandes medios de hacerle eco a los intereses de la cámaras empresariales.

Discurso demagógico. Las tarifas así aprobadas resultan no solo ruinosas para el ICE, sino para los privados también, pues les quedaría un margen de ¢12,05 por minuto en el tráfico móvil (si la tarifa final al cliente es de ¢30) y de ¢0,47 por minuto en el tráfico fijo, (si la tarifa final al cliente es de ¢4,10), para retribuir sus costos y utilidades. Para el ICE representarían pérdidas calculadas por la misma institución en ¢30.000 millones al año.

Aunque todavía no lo quiera aceptar la SUTEL, tendrán que “rebalancear” las tarifas, lo cual significa subirlas al usuario final y entonces se cumplirá lo que tanto hemos anunciado, que el discurso de que no subirían con la apertura es falaz y demagógico. Finalmente, si algo se aprobó en el referéndum fue la apertura, no la entrega de los recursos del país, al mejor estilo de Caldera y Crucitas.

*Ingeniero


Fuente: Diario Extra
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Nueve empresas interesadas: Incertidumbre rodea otorgamiento de concesiones de TV satelital

• Decreto firmado por Óscar Arias abre portillo para otorgar aprobaciones sin que medie concurso.

Por María José Núñez

Con la apertura en el sector de telecomunicaciones hay nueve empresas que quieren vender servicios de televisión satelital en el país, las cuales le piden al Estado que se las dé mediante una concesión directa. Pero ese mecanismo que demandan no solo es criticado, sino que ni siquiera está claro para las propias autoridades encargadas.

El miembro del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, RACSA, Filial CNFL y Proyectos (SIICE), Gerardo Fumero, dijo a UNIVERSIDAD que el gobierno de Óscar Arias Sánchez, vino todavía a complicar el asunto cuando emitió un decreto que modificaba el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

“Con esa acción la administración de Arias facilitó el proceso para poder otorgar frecuencias para televisión en forma directa y no por medio de concurso. A la fecha no se ha otorgado ninguna licencia”, comentó Fumero.

Una concesión directa significaría que las empresas que están interesadas darían el servicio con mucha rapidez y al contar con los contratos ya establecidos, tendrán la posibilidad de ofrecer los servicios de telefonía celular o Internet, con la misma premura.

De acuerdo con el ingeniero, lo grave es que la ley establecía que las frecuencias para uso fijo tenían que darse por concurso y lo cambiaron para que puedan asignarse directamente.

“El asunto es que hay una cuestión de legalidad que debe ser respetada, pues todo lo que concierne al espectro de frecuencias debe darse por concurso y sería muy grave que no se respete el ordenamiento jurídico y las dieran por concesión directa”, advirtió Fumero.

Ante esta situación, el diputado del Partido Acción Ciudadana Juan Carlos Mendoza solicitó a la Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega, un informe sobre el proceso que seguirá y la lista de empresas interesadas en dar el servicio.

Precisamente en la respuesta emitida al diputado Mendoza, mediante el oficio DVT-117-2010, Vega confirma que no se ha resuelto ninguno de los nueve casos presentados, pues todos se encuentran en estudio, ya que existe una “posible antinomia jurídica” (contradicción entre dos preceptos legales) sobre el procedimiento para concesionar el rango de frecuencia 11.7-12.2 GHz –correspondiente a las frecuencias satelitales para entregar en concesión.

Por un lado, el documento emitido por la viceministra revela que los rangos de estas frecuencias son, según el artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones y el 34 de su reglamento, de asignación no exclusiva, por lo que se concederán de manera directa.

Pero, por otro, el artículo 134 del reglamento manifiesta que en el caso de frecuencias que se pretende otorgar para servicios de televisión y audio por suscripción, se deberá hacer mediante concurso público.

“En razón de esto se conformó un equipo técnico interinstitucional de la SUTEL y el Viceministerio, que tiene como objetivo definir el respectivo análisis jurídico, así como establecer las recomendaciones técnicas necesarias”, aseguró Vega en la respuesta emitida al diputado del PAC.

Sobre este particular, el legislador afirmó que el reglamento establece claramente que el proceso debe darse por medio de concurso y el portillo para que se someta a concesión directa es sujeto de discusión.

Mendoza indicó no sentirse satisfecho con la respuesta, pues en ella la viceministra no da una explicación clara sobre el procedimiento para seguir, por lo que seguirá insistiendo hasta que se aclare el mecanismo de concesión.

“Yo creo que es un portillo muy peligroso en el tanto la convergencia tecnológica en telecomunicaciones plantea que a través de un mismo canal se pueden dar distintos tipos de servicios. Ahora puede ser televisión, pero dentro de poco podrían incorporar Internet, telefonía o cualquier otra oferta que no estaba contemplada en la primera concesión. La vía correcta debe ser la concursal”, detalló el diputado.

Consultado el exregulador general Leonel Fonseca externó que en el tema del espectro de frecuencias satelitales no se ha definido cuánto deberá la asignación y el cobro que se hará a las empresas.

“Cuando hablamos de televisión satelital, estamos hablando de miles de millones de colones, debe existir una política clara en el manejo del espectro de frecuencias y el proceso de concesión debe ser transparente”, comentó el exregulador.

Otro de los cuestionamientos hechos por Fonseca es que el proceso de concesión debe estar en manos de la presidenta Laura Chinchilla y el ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Teófilo de la Torre, en su papel de rector del área.

“En realidad este proceso de dar concesiones de las frecuencias, no debería estar en manos del Poder Ejecutivo, sino del organismo técnico, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), pero al no ser así, al menos los jerarcas mayores deberían asumir la responsabilidad”, argumentó.


“INTERPRETACIONES LEGALES”

El jerarca del MINAET, Teófilo de la Torre, dijo a UNIVERSIDAD que el proceso de concesión de las frecuencias satelitales sigue su proceso; en estos momentos las solicitudes están en estudio en el viceministerio, luego será enviado a la SUTEL y eventualmente se asignarán a las empresas que cumplan con los requisitos.

Además, confirmó que tanto la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, Claro Costa Rica, como las otras ocho empresas que realizaron la solicitud, lo hicieron por concesión directa y en ninguno de los casos ha visto planteada la opción de licitación.

Frente a la consulta de la legalidad de otorgar estas frecuencias mediante concesión directa, aseguró que lo primero que deberá realizar el MINAET es un análisis legal.

“He leído que hay algunas interpretaciones diferentes sobre la forma en que se puede dar, según como se lean los términos de la ley, entonces es una tarea que llevaremos a cabo antes de dar cualquier frecuencia. Está dentro de nuestras tareas pendientes, pues el mecanismo mediante el cual lo solicitan es concesión directa, pero que se pueda o no se pueda hacer le corresponde a nuestro viceministerio analizarlo y luego proponerlo”, declaró el ministro de la Torre.

Por otra parte, en la respuesta emitida por la viceministra al diputado del PAC, de las nueve empresas que están solicitando frecuencias, solamente se reconoce el nombre de la compañía Claro Costa Rica y el resto son desconocidas.

Sobre este particular, el jerarca del MINAET señaló desconocer la lista de solicitantes y si dentro de los requisitos establecidos se les obliga dar a conocer la estructura de propiedad hasta alcanzar los grupos de interés en cada uno de ellos.


GIGANTE DE TELECOMUNICACIONES

Una de las empresas que está detrás de la concesión de frecuencias satelitales en nuestro país es América Móvil a través de la firma Claro, la cual le pertenece al hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, Carlos Slim.

El magnate de las telecomunicaciones adquirió en los años 90 Telmex, la compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México y que hasta ese momento había sido administrada por el Estado.

Cientos de publicaciones hacen referencia a que la venta fue hecha a través de una subasta pública, realizada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y aunque otros grupos ofrecieron cantidades mayores para comprar Telmex, la empresa de Slim, Carso, cumplía con uno de los requisitos fundamentales: que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas.

De esta forma, el monopolio público de las telecomunicaciones pasó a manos de un empresario y se convirtió en un monopolio privado. Slim comenzó a posicionar su marca en 18 países del continente americano para vender productos de telefonía móvil, Internet y televisión, muchas veces en un solo paquete.

“Cuando Slim compró Telmex, lo hizo a un precio ridículo y él pudo hacer su imperio con las telecomunicaciones, permitiéndole hoy mantener el 90% del mercado en este país y extendiéndolo a muchos otros”, comentó Gerardo Fumero del SIICE.

México se ha convertido en uno de los países con las tarifas telefónicas más caras de Latinoamérica, mediante el monopolio de Telmex y, en consecuencia, muchos otros países de la región, en los cuales se ha instalado la marca Claro como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua han visto incrementados los costos de la telefonía.

Por ejemplo, mientras en Costa Rica la tarifa por mensaje de celular es de ¢1,5, en México y Nicaragua es de ¢29 y en Honduras de ¢52. En el caso del minuto celular el costo en nuestro país es de ¢30, en México la cifra es de ¢81.

Ante esta realidad, Carlos Slim quiere ahora ingresar a nuestro mercado costarricense a través de las frecuencias de televisión satelital, pero con abiertas intenciones de introducirse también al mercado de la telefonía e Internet.

“En un principio la ley establece que la SUTEL designará las tarifas, pero cuando considere que hay suficiente competencia las podría dejar por la libre, pero todos sabemos que el hecho de tener tres o cuatro empresas brindando el servicio no garantiza precios competitivos. Como prueba está El Salvador, donde las compañías se ponen de acuerdo y tienen un verdadero contubernio, se ponen de acuerdo para subir y bajar las tarifas de acuerdo con su conveniencia”, contó Fumero.



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Una mejor ruta, doña Laura

Por Román Macaya*

Un puerto que mueve más del 85% de las exportaciones del país es demasiado estratégico para improvisar su administración. Ya Costa Rica vivió una operación portuaria de Limón administrada por un monopolio privado con la Northern Railway Company. La ineficiencia y el abuso del monopolio privado obligó a don Chico Orlich a crear JAPDEVA en 1963 y a don José Joaquín Trejos a nacionalizar el Muelle Metálico de la Northern en 1969, para desarrollar el comercio internacional del país. Hoy una muy mal concebida concesión portuaria de Limón diseñada por la Administración de Oscar Arias nos puede devolver a la historia ya conocida de la “Northern”.

Desde el principio el cartel de licitación fue diseñado de tal manera que no es de extrañar que hubiese oferente único el martes 17 de agosto. Lo peor es que el cartel se fue mejorando en varias etapas para aumentarle los beneficios al concesionario. Las cifras de crecimiento de volumen de comercio usadas en el modelo para el cartel son totalmente irreales. Proyectan un crecimiento en la exportación de banano que es inexistente y en piña, donde ya estamos prácticamente en tope de producción, para crear urgencia de lo innecesario. La concesión multiplicará las tarifas portuarias por un factor de dos a cuatro, según la carga. Para el banano la tarifa por caja subirá un 400%. Tales tarifas destruyen la competitividad del sector exportador, especialmente agrícola.

Para impulsar la concesión la Administración Arias nos dijo que los costos de Puerto Limón eran demasiado altos. Ahora los quieren multiplicar en un monopolio privado. Nos dijeron que los costos del personal sindicalizado es demasiado alto, pero usan esos mismos costos en el modelo financiero de la concesión. Aun con toda esta inflación de costos, el Estado costarricense le garantiza la rentabilidad al concesionario. ¡Gato encerrado es poco!

Garantizar la competitividad. No faltará quien diga que no habrá monopolio, ya que el ganador de la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) no podrá concursar en la licitación de Puerto Limón-Moín, supuestamente lista para setiembre. Sin embargo, ¿nos pueden garantizar que la sociedad ganadora de esa segunda concesión no esté relacionada al mismo ganador de la actual concesión de la TCM? Solo manteniendo Puerto Limón-Moín bajo la administración estatal es que nos garantizamos la competencia con la TCM.

La alarma contra estas condiciones de concesión suena tanto del sector empresarial como el sindical. Entonces, ¿quién realmente está a favor? En una reunión con don Luis Liberman el 9 de agosto once Cámaras de la cúpula empresarial (UCCAEP, CADEXCO, Industrias, CANAPEP, CANATRAC, NAVE, CACIGRA, Asociación de Usuarios de Transporte Multimodal, AMCHAM, Cámara de Bananeros, Construcción) le presentaron una carta con cuatro solicitudes: 1. Posponer fecha de recepción de ofertas al menos 30 días; 2. Crear comisión público/privada para revisar cartel; 3.Hacer de conocimiento público un estudio del BID muy crítico a las condiciones de la concesión; y 4. Impulsar debidamente el proyecto Limón Ciudad Puerto (el desarrollo de Limón está totalmente ausente en este proyecto). La respuesta de don Luis fue un violento No. Dos días después doña Laura Chinchilla les dijo lo mismo.

Salir del atolladero. Doña Laura, con este monopolio entregaríamos el dominio económico del país, y aún más si se consolida con Puerto Limón-Moin, por donde entra todo el combustible. Es hora de salir del atolladero y trazar una ruta que beneficie al país:

1. Declare desierta la licitación

2. Acepte las peticiones de las 11 Cámaras

3. No concesione Puerto Limón-Moin

4. De los $137 millones que estaban presupuestados para indemnizar el sindicato, use $80 millones para modernizar Puerto Limón-Moin y $57 millones en obras para Limón

5. Nombre una Junta Directiva de JAPDEVA con costarricenses experimentados en administración de puertos y de visión integral del país.

Al sector empresarial, es hora de defendernos con toda claridad de las malas condiciones que nos quieren imponer, y de superar el miedo de compartir una posición con el sector sindical. Estar del mismo lado por Costa Rica no los hace menos empresarios. Lo contrario le permite al Gobierno manipular al sector empresarial.


*Empresario


Fuente: Diario Extra
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Foto: Diario Digital El País


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Se derrumba la inmoral mordida de los 80 mil millones de colones

·Golpistas sindicales fracasaron

·Los hermanos Arias Sánchez sufren gran derrota política

·Ministros de la Presidencia y del MOPT deben renunciar

·MTSS queda en entredicho


Las organizaciones que representamos, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), celebramos, jubilosamente, el histórico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que restituyó en sus puestos a la legítima junta directiva del sindicato de Japdeva, Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear.

Este fallo, que ha emitido el más alto tribunal de la República, la Sala IV, pone en la picota al señor Marco Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, así como a su colega de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes. Ambos, atendiendo instrucciones de los señores Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; urdieron la maniobra política en contra de la dirección legítima de Sintrajap, que constituyó un verdadero Golpe de Estado sindical.

Ambos deben renunciar a sus cargos. Ya no solamente porque quedó en evidencia la brutal ilegalidad de tal acto antisindical, sino porque empiezan ahora a ser visibles los entretelones del turbio proceso de concesión que se quiere imponer para la privatización de los muelles de Limón y de Moín. De ello que hasta en la misma Asamblea Legislativa se decidió la conformación de una comisión investigadora al respecto, incluso con el apoyo, obligado por las circunstancias, de la fracción parlamentaria oficialista.

La reinstalación constitucional en sus puestos de la legítima directiva de Sintrajap tiene efectos cuya envergadura apenas empezamos a procesar.

La renegociación de la actual Convención Colectiva de Trabajo, efectuada con la dirección sindical golpista, queda sin ninguna validez, por su misma naturaleza espuria.

Esto quiere decir que se cae, totalmente, la "oferta" de compra de conciencias de la población trabajadora de Japdeva, que hemos llamado como la mordida más grande de la historia republicana nacional, el soborno, de los 137 millones de dólares, 80 mil millones de colones, algo totalmente imposible de aceptar bajo ninguna circunstancia.

Lastimosamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) queda en entredicho. Es de lamentar esta realidad, especialmente para organizaciones como las que representamos, que creemos en la relevancia de su papel en una sociedad con marcado crecimiento de la desigualdad.

Primero porque contra toda lógica, contra todo principio, contra toda la normativa internacional en materia de Libertad Sindical que, por su misma naturaleza ese ministerio maneja con toda propiedad, procedieron a inscribir a la dirección sindical golpista, dándole legitimidad a un proceso completamente espurio desde su propia gestación.

Aquí es dable esperar, al menos, una autocrítica del jerarca del Departamento de Organizaciones Sociales, Lic. José Joaquín Orozco Salazar, pues nadie mejor documentado que él para saber del ilegal, arbitrario y totalitario proceso de destitución de la hora reconocida constitucionalmente, como la dirección legítima del sindicato Sintrajap. Este funcionario actuó como un verdadero sicario político en la maniobra anti-Sintrajap.

Otros dos notables funcionarios de carrera en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los licenciados Eugenio Solano Calderón y Alfonso Solórzano Rojas, deben explicaciones públicas al respecto y, al menos, hacerse una autocrítica de cara al Movimiento Sindical Costarricense. Nadie mejor que ellos dos, por su ya larga trayectoria institucional sabían, desde un principio, la naturaleza aberrante del golpismo sindical en contra de Sintrajap.

Igualmente y ya en el ámbito penal, también el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Álvaro González Alfaro, debe rendir cuentas de su ilegal proceder porque él permitió la intromisión política de la Casa Presidencial que generó la aberración jurídica que hoy la Sala IV dejó en evidencia.

Jamás debe entregarse la soberanía jurídica de la cartera de Trabajo y Seguridad para poner y quitar dirigencias sindicales; mucho menos para colocar "dirigentes" afines a los gobiernos de turno, queriéndose acabar con la autonomía y la independencia de los sindicatos honestos.

Esperamos que, en este nuevo marco de condiciones, se agilice el proceso de tramitación de la acusación penal que presentamos en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, en torno al ofrecimiento del soborno de los 80 mil millones de colones; acusación contra los señores Oscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, Álvaro González Alfaro, Marco Antonio Vargas Díaz y Francisco Jiménez Reyes.

En tal caso nuestros planteamientos acusatorios están, básicamente, centrados en presuntas violaciones a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El licenciado Giovanny Hernández Mora, dirigente de ASDEICE, elaboró, con gran rigurosidad jurídica, este demanda penal.

Felicitamos, con toda vehemencia, las aportaciones teórica-jurídicas que dieron base a este histórico fallo. En especial, las que estuvieron a cargo del hoy diputado don José María Villalta Florez-Estrada, quien como asesor del ahora legislador don José Merino del Río y actuando a nombre de este despacho, acudió al tribunal constitucional en defensa del Estado de Derecho.

Igualmente, nos sentimos orgullosos del aporte, en igual nivel, que desde la ANEP hicimos para esta causa, en la persona del Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la organización.
Es también gran motivo de satisfacción el papel que tanto la ANEP como la CSJMP jugamos en esta coyuntura, actuando más allá del nivel jurídico, en diversos escenarios sociopolíticos, resaltando la histórica toma pacífica del despacho de la cartera de Trabajo y Seguridad Social.

También es de honrar la voluntad inquebrantable de la legítima dirección sindical de Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear. Jamás se rindieron y demostraron que la defensa de principios en el Movimiento Sindical y a favor del bienestar popular, sigue siendo una causa absoluta e imprescindiblemente válida.

San José, jueves 26 de agosto de 2010.


Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Presidente

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)


Fuente: ANEP


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SUTEL pretende que el ICE subsidie nuevas operadoras

Por Gerardo Fumero

La apertura en telecomunicaciones es un mandato del TLC y finalmente de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

A partir de entonces el proceso es responsabilidad primaria de la SUTEL, que como órgano regulador es responsable entre otras cosas, de fijar las tarifas al cliente y entre operadores.

Apertura debiera significar competencia para el ICE, no su desaparición.

Preservar el ICE es defender las inversiones que los costarricenses hemos hecho por casi medio siglo y que permitieron la construcción de la infraestructura que el país tiene en la actualidad. Mantener, desarrollar y mejorar esa infraestructura exige un ICE estable, que pueda seguir cumpliendo los fines para los cuales fue creado, nunca un ICE débil o disminuido.

El mismo TLC, en su “Preámbulo” garantiza que “El Gobierno de la República de Costa Rica: …reconociendo su compromiso de fortalecer y modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como un participante en un mercado competitivo de telecomunicaciones y asegurando que el uso de su infraestructura será remunerada…” Manifiesta además “Modernización del ICE”, que “Costa Rica promulgará un nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE…”.

De igual forma la Ley de Fortalecimiento de las Entidades del Sector de la Telecomunicaciones, No. 8660, establece que “Artículo 2, Son objetivos de esta Ley: a) Fortalecer, modernizar y dotar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a sus empresas y a sus órganos adscritos,…”.

Sin embargo, las recientes Resoluciones provisionales de la SUTEL, RCS-324-2010 y RCS-325-2010, imponen al ICE tarifas de interconexión que en adelante serían aplicables también a cualquier otro operador -incluidos los móviles-, y ponen en grave peligro su estabilidad financiera y por ende su permanencia.

Según el Reglamento de Acceso e Interconexión, Artículo 32, la metodología para el establecimiento de esas tarifas “…deberá ser establecida en el plazo de un mes a partir de la integración del Consejo de la SUTEL”. Sin embargo, ese Consejo, integrado el 26/01/2009, tomó 14 meses para establecerla, según Resolución RCS-137 del 5/03/2010.

La definió como “Costos Incrementales de Largo Plazo (LRIC), bottom – up scorched node”, violentando además el debido proceso, dado que no convocó a audiencia pública para discutirla, ante lo cual fue impugnada por el ICE el 22/03/2010, pero en la resolución RCS-229-2010 la SUTEL rechazó el recurso y dio por agotada la vía administrativa.

Hacer la reingeniería necesaria en la contabilidad, para poder suministrar los datos que alimenten la metodología definida por la SUTEL requiere varios años. Así las cosas, el ICE está imposibilitado para suministrar la información que la SUTEL exigió tener en semanas. En tales casos, el Reglamento de Precios y Tarifas, Artículo 16, establece que se utilicen precios internacionales de referencia.

De haberse respetado esa normativa, los precios fijados por la SUTEL debieron haber sido sustancialmente mayores, según se desprende de cualquier comparación internacional: $0.11 promedio (¢60) para interconexión fijo-móvil en América Latina, precio que fue ofrecido por el ICE en las negociaciones con las empresas entrantes al mercado, a pesar de lo cual la SUTEL, cuando intervino, terminó fijando ¢15, 4 veces menos.

El asunto tiene sus orígenes en una problemática mucho más profunda y advertida a la ARESEP desde el 2004, pero que se ha negado a resolver: el necesario rebalanceo tarifario. De otra forma el ICE no podría enfrentar la competencia con lo que son “distorsiones” en un mercado abierto: subsidios y tarifas al costo, pero que tuvo sustento en la legislación que por 47 años rigió al ICE –el modelo solidario-.

Sin embargo, al no haberse procedido de esa forma, las tarifas de interconexión fijadas ahora por la SUTEL, sobre la base de tarifas subsidiadas, resultan ruinosas, ante lo cual estaría obligado el ICE –como primera medida- a reducir drásticamente sus inversiones.

Irónicamente, esto incentiva a que las empresas entrantes no inviertan -les sería más barato alquilar una infraestructura subsidiada-, propiciando que la industria se contraiga, se reduzca el empleo y se disminuyan los beneficios para el cliente final, a pesar de que el Regulador está obligado por ley, a estimular la inversión en el sector, según el Artículo 73 de la Ley de ARESEP.

Las actuales tarifas del ICE, además de subsidiadas, están desactualizadas. Fueron fijadas en el 2001, Resolución RRG-1832-2001 de la ARESEP, para telefonía fija en ¢4.10 (tarifa plena) y ¢2.0 (tarifa reducida) y para telefonía móvil en ¢30 (tarifa plena) y ¢23 (tarifa reducida).

Tal situación ha provocado un deterioro de los rendimientos, que pasaron del 5.9% en el 2000 al -2.8% en el 2007, con una caída en los márgenes operativos netos, que han disminuido del 18% en el año 2000 al 4% en el 2009. Y si fuera poco, se ha reducido la tasa de crecimiento de los ingresos, del 20% al 7% en ese mismo período. Todos estos aspectos han sido expuestos en los últimos estudios tarifarios enviados por el ICE a la ARESEP y la SUTEL.

Las tarifas de interconexión aprobadas ahora por la SUTEL, no solo ponen en riesgo financiero al ICE, ante lo cual se vería imposibilitado de realizar nuevas inversiones, sino de cumplir los estándares de calidad, que en contraste la misma SUTEL ha fijado en niveles del 99.97%.

Entre las graves consecuencias de estas tarifas está el hecho de que todos los corresponsales internacionales del ICE estarían exigiendo reducciones en las tasas de terminación del tráfico en Costa Rica, similares a las fijadas para los operadores nacionales, de lo contrario cursarían su tráfico por medio de ellos, lo cual provocaría una enorme pérdida de divisas para el ICE. Además, los ingresos por llamadas internacionales salientes caerían a valores cercanos a cero, porque ese tráfico estaría saliendo vía proveedores de telefonía IP. La pérdida en el mercado de telefonía internacional se estima en más de $25 millones anuales.

Estas tarifas, además de descapitalizar el ICE, estarían por debajo de los costos, lo cual prohíbe la misma ley de la ARESEP. De mantenerse, los otros operadores podrían brindar servicios a los mismos precios que el ICE, pero con mucho menores inversiones y costos, por lo que podrían tener utilidades, mientras que el ICE no solo perdería toda competitividad sino ingresos, producto de unos cargos de interconexión ruinosos y gastos crecientes, debido a las demandas para atender a los nuevos operadores, obligado además a mejorar la calidad, so pena de multas y sanciones por incumplimiento.

Las empresas entrantes, principalmente en el mercado móvil, con enormes economías de escala y muy amplia experiencia, podrían agravar la situación subsidiando los servicios en los primeros meses o años con operaciones en otros países y descremando el mercado, logrando rápidamente desplazar al ICE.

En consecuencia, cuando el ICE no pueda hacer frente a sus inversiones y gastos, otro operador tendría que ser el que suministre interconexión; pero, ¿qué empresa va a asumir dicho rol para terminar perdiendo dinero? ¿O será que el regulador, habiendo reconocido para entonces su error, sí salga a proteger las inversiones de la nueva empresa privada, sobre las cenizas del ICE?


Fuente Semanario Universidad

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Hay que intervenir ARESEP y SUTEL en resguardo del interés público, Por Frente Amplio

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No poner en riesgo el exitoso modelo actual

Por Mayid Halabi Fauaz*

Sobre la apertura del sector eléctrico nacional. La pretensión medular de casi todos los discursos emitidos a favor de una nueva ley de electricidad es abogar por estos objetivos: la generación eléctrica por fuentes limpias (95% o más), excelente calidad y precio, así como el desarrollo de nuevos proyectos que garanticen el abastecimiento nacional por lo menos para los próximos 20 años, para todos los habitantes de Costa Rica (actualmente abastecidos en 99% de la población).

Con documentos en mano, índices y análisis sin duda se puede afirmar que eso ya lo tenemos. No es necesario un cambio en la legislación nacional para lograrlo.

El ICE en 66 años ha podido lograr un éxito rotundo en todos los campos que ahora persiguen los impulsores de esta nueva ley, excepto que, como empresa del Estado, no satisface algunos intereses que no pueden tolerar que un servicio público tan valioso, no esté en manos privadas.

Hemos tenido años en que la generación eléctrica se ha dado cercana a los 95% por fuentes limpias y en los peores casos, por sequías, rondamos el 90%. Tenemos programado en nuestros planes de desarrollo un significativo aporte de otras fuentes limpias, como la biomasa, el viento, la geotermia y el sol. Pero quienes pretenden tener un 100% de generación limpia pervierten el modelo, al hacer creer que un sistema dependiente de las condiciones climáticas (agua, sol, viento) podrá sustentar el faltante eléctrico por otras fuentes, cuando en futuros años secos se tenga que hacer. Siempre es necesario para respaldo un componente térmico, aunque mínimo.

Superior a los demás. El ICE tiene una calidad de electricidad superior a cualquiera del área centroamericana y muy similar a los países desarrollados, sus tarifas residenciales son de las más bajas del área y sin duda somos un ejemplo en el porcentaje de cobertura eléctrica (99,2%).

Deberían ser más sinceros quienes buscan imponer un modelo de mercado abierto (mercado mayorista) y una consecuente participación privada sin límites en la producción eléctrica, distribución y comercialización de los productos, como ha sucedido en América Central y que ha tenido malísimas consecuencias para los clientes, tal y como lo afirma la “Evaluación de diez años de reforma en la industria eléctrica del istmo centroamericano” (www.cepal.org, 2004, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la ONU, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región).

Este estudio, sumamente serio y completo afirma, entre otras cosas, que: “El servicio empeoró, la cobertura no creció y las tarifas aumentaron”; “no se han generado condiciones de competencia en el mercado al mayoreo; las pérdidas de electricidad han crecido a pesar de que reducirlas fue objetivo prioritario de la privatización”; “la dependencia de los hidrocarburos ha aumentado alarmantemente en una región con vocación e historia hidroeléctrica; la emisión de contaminantes por consumo de hidrocarburos en la industria eléctrica es hoy una de las primeras causas de contaminación ambiental”; “Los menos perjudicados son Panamá y Costa Rica, el primero porque el Estado se reservó 50% de la propiedad del sector y el segundo porque mantuvo el control de casi 90% de la producción y la figura de comprador único en manos del Estado, además de impulsar un ambicioso programa de generación hidroeléctrica, eólica y geotérmica con inversión pública”.

Esquema fracasado. Estas conclusiones nos informan que el esquema que se pretende crear en Costa Rica ha fracasado en el resto de América Central, trayendo consecuencias terribles para todos sus habitantes. Recientemente, el Poder Ejecutivo nos cuenta que pretende hacer variantes al modelo de mercado abierto, creando un mercado mayorista privado y dejar solo al ICE.

Sin embargo, en un mercado tan pequeño como el costarricense, el modelo propuesto no será tan beneficioso como pretenden, excepto para los nuevos generadores y comercializadores al mercado mayorista de Centroamérica, que sin duda están de brazos abiertos esperando que la electricidad generada en Costa Rica sea trasegada para una Centroamérica cuyos precios de electricidad son altísimos y cuyas necesidades de abastecimiento son enormes. ¿Es un problema que abastezcamos a Centroamérica con nuestra electricidad? Resulta que no es tan sencillo el problema, porque tiene que haber una discusión de país, para determinar si nuestras fuentes de generación limpia, como nuestros ríos, deberían ser explotados para proveer electricidad desde Panamá hasta México y si eso es lo que queremos.

Para atender algunas de las “necesidades” de los proponentes de este cambio legislativo, sin poner en riesgo el exitoso modelo actual, existen algunas opciones fácilmente realizables y no generarán la polarización que se anticipa de seguirse con el plan propuesto, entre ellas destaco: un ajuste a la actual ley 7200 ampliando los topes a la participación privada y los esquemas de alianzas público-privados (nacionales e internacionales) para desarrollo de proyectos eléctricos por fuentes limpias.

Esperaremos el nuevo texto del proyecto de ley, porque hay elementos del esquema actual que de seguro no abandonarán y podríamos referirnos a futuro sobre ellos.


*Presidente del Sindicato de Ingenieros del ICE
mhf@mhalabi.com


Fuente: Página Abierta


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Genaro Gutiérrez figura en una sociedad anónima: Presidente de la CONAI tendría conflicto de intereses

Por Eduardo Ramírez Flores
erflores@semanario.ucr.ac.cr

La Contraloría General de la República deberá determinar si el Presidente de la CONAI enfrenta un conflicto de intereses.

Genaro Gutiérrez Reyes es al mismo tiempo presidente ejecutivo de la Comisión Nacional Indígena (CONAI) y vicepresidente de “Proyecto Hidroeléctrico Dikís”, una sociedad anónima que pretende desarrollar obras en territorios indígenas de la zona sur del país, y por ese aparente conflicto de intereses fue denunciado ante órganos de fiscalización del Estado.

El pasado 18 de junio la Procuraduría General de la República (PGR) acordó rechazar “por incompetencia” una denuncia que planteó el 19 de mayo el ciudadano limonense Marco Machore Levy y la remitió para que la conociera la Contraloría General de la República (CGR).

Por su parte, el Presidente Ejecutivo de la CONAI al ser consultado por este Semanario, negó que tuviera conflicto de intereses por su doble condición de funcionario de un ente público y de una empresa particular.

Gutiérrez Reyes aparece en el Registro Nacional como vicepresidente de Proyecto Hidroeléctrico Dikís S.A. desde mayo del 2008, aunque la vigencia de su nombramiento se inicia el 28 de setiembre del 2007 y vence en el 2106.

La mencionada empresa tiene como presidente y representante judicial y extrajudicial, al ciudadano noruego Helge Haaversen Samuelsen, y reporta un capital de $150 millones con igual número de acciones. También posee, entre otras sociedades, “Santuario Indígena S.A.”, con propósitos comerciales y constructora de un helipuerto.

De acuerdo con reportajes de marzo pasado del diario La Nación, el empresario noruego de 59 años de edad y cuya pareja es una costarricense, construyó sin permisos un helipuerto en el Valle de La Estrella –provincia de Limón- y tiene intenciones de desarrollar proyectos de minería en territorios indígenas.

Entretanto, los fines de Proyecto Hidroeléctrico Dikís son: “Explotación y administración de proyectos hidroeléctricos, comercio, representaciones, hipotecar, pignorar y rendir fianzas a favor de socios o terceros cuando perciba retribución”.

Justo a esta empresa es que Genaro Gutiérrez Reyes le está dando su respaldo, ya que en su opinión la competencia que surgiría con los planes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de construir una gigantesca represa cercana a la Reserva Indígena Térraba, podría beneficiar a los pueblos indios de la región.

El dirigente de la CONAI cree que con un proyecto que le haga competencia a la hidroeléctrica del ICE, el Estado podría ofrecerles mayores ayudas a los indígenas, a cambio del apoyo de ellos a la institución costarricense.

Se intentó conocer la posición de la CONAI, pero su director ejecutivo –Víctor Mena- no respondió un cuestionario que –a su solicitud- se le envió por correo electrónico el viernes 25. El lunes 28 de junio se le recordó por la mañana y aunque había dicho que no tenía inconvenientes para responder, al cierre de esta edición (6 p.m.) no lo hizo.


LA DENUNCIA

En cuanto a la denuncia interpuesta contra Genaro Gutiérrez por Marco Machore en mayo ante la Procuraduría, cabe indicar que esta fue posterior a otra que a finales del 2009 hizo el denunciante contra Marlon Medina, abogado de la CONAI, también por conflicto de intereses, al prestar asesoría al grupo empresarial del noruego.

Machore Levy recordó en su gestión ante la Procuraduría, que el artículo 14 de la “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública” (No. 8422) prohíbe a funcionarios como los presidentes ejecutivos, “figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, ni tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con ella”.

Vale mencionar que Machore figuró como consultor del grupo empresarial del noruego Haaversen, para el desarrollo de proyectos con indígenas. Sin embargo, por no estar de acuerdo con los planes de la empresa, se separó y posteriormente abogados de esta última lo denunciaron judicialmente por supuesta extorsión.

Machore rechazó ese cargo y atribuyó la acusación a que no estaba de acuerdo con contratos que consideró leoninos, tendientes a impulsar proyectos de exploración minera con asociaciones indígenas.

Su contrato como consultor, se hizo a cambio de 125.000 acciones de $1 de la sociedad anónima Proyecto Hidroeléctrico Dikís, de la cual es vicepresidente Genaro Gutiérrez.

Al justificar su denuncia ante la Procuraduría, Machore comentó que cuando se inició como consultor del proyecto, creyó que se buscaba el mejoramiento de las comunidades indígenas y que al darse cuenta de que esto no era así, con su acusación pretende llamar la atención de las autoridades respectivas sobre esta situación.

Dado que la PGR emitió la resolución No. AEP-RES-047-2010 en que declaraba no tener competencia para resolver, ahora deberá ser la Contraloría la que tome una determinación al respecto.

Mientras tanto, Gutiérrez Reyes –quien hasta hace poco fue también presidente de la Asociación de Desarrollo de Térraba- aseguró que su comunidad podría tener serios problemas si el ICE lleva a cabo sus planes para construir la represa que se denomina “Proyecto Hidroeléctrico Diquís”, cuyo nombre se diferencia del impulsado por el empresario noruego y él mismo, tan solo por una letra (Dikís y Diquís).

A pesar de que el presidente de la CONAI aseveró que sería mejor que el ICE no construyera su proyecto, advirtió que “como personas líderes, tenemos que luchar duro, para que, si se hace, buscar la mejor estrategia para que nos den un porcentaje. Nosotros estamos peleando un 10% de las ganancias, sin importar quién lo haga; lo que nos interesa es que nos den fondos para el desarrollo del cantón”.

Cuando se le preguntó si no podría enfrentar un conflicto de intereses al ser perjudicial para los indígenas alguno de estos dos proyectos hidroeléctricos, Gutiérrez Reyes respondió: “Yo no tengo ningún interés y si en algún caso uno viera que no lo van a hacer bien, simplemente me voy y punto, no me presto para nada, porque lo que me interesa es que mi comunidad, mañana o pasado, no tenga problemas”.

Acerca de si la junta directiva de la CONAI en algún momento ha analizado el posible conflicto de intereses suyo, reveló que ésta “no se ha metido”. Agregó que “ellos lo que han dicho es que van a defender las comunidades para que se les haga justicia”.

Gutiérrez sostiene que desconoce si hay denuncias en su contra en órganos de fiscalización. “A mí me puede denunciar cualquiera, pero que puedan demostrarme conflicto de intereses es otra cosa. Yo no tengo ningún interés ni nada, y así lo he dicho ante la televisión, lo digo en cualquier parte y lo voy a seguir haciendo”, alegó.


Fuente Semanario Universidad


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Para bajar los precios de los medicamentos

Por José María Villalta Florez-Estrada*

Los medicamentos son un bien esencial para la vida, pero el precio es fijado antojadizamente por las compañías farmacéuticas, intermediarios y comercializadores.

El Estado tiene la obligación de proveer los medicamentos a la población a través del servicio que presta la Caja Costarricense del Seguro Social, sin embargo, la última Encuesta Nacional de Hogares revela que las familias gastan cada vez más en la compra de medicamentos en las farmacias.

En nuestro país, los precios de las medicinas se liberaron en 1994, en un contexto de reformas estructurales de carácter neoliberal, que pregonaban la eliminación de cualquier intervención del Estado en la economía.

Quince años después podemos constatar que la mano invisible no rindió los frutos esperados. Es evidente que la decisión política de dejar sin controles ni regulaciones la fijación de los precios de los medicamentos no ha generado beneficios para la población.

La falta de control de precios sobre las medicinas ha permitido que en el país se venda el mismo producto con diferencias abismales de precio. La loratadina, un antialérgico que tenía un costo por caja de ¢16.851 en una farmacia, en otra se comercializaba a ¢29.400 colones, según un estudio elaborado en junio de 2009 por el Ministerio de Economía Industria y Comercio, en 74 farmacias del área metropolitana. El costo del omeprazol, un antiácido que en algunas farmacias costaba ¢226 por unidad en otras quintuplicaba su valor, hasta llegar a los ¢1.006 por unidad.

El estudio reveló diferencias descomunales en los precios de los mismos medicamentos en farmacias distintas, que oscilan hasta en un 243% para medicinas originales y 472% para genéricas.

Ante esta situación, el Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley con el objetivo central de restablecer un mecanismo permanente de control, regulación y fijación de precios de los medicamentos en el mercado nacional, a través de la determinación de márgenes de utilidad, fijación específica de precios y otros mecanismos similares.

Para ello, se propone reformar la legislación vigente, dotando al Estado de las herramientas necesarias para frenar los abusos en la fijación de precios que afectan a la población.

La regulación de los precios de las medicinas es plenamente conforme con nuestro ordenamiento constitucional, que incluye la potestad del Estado de intervenir en la economía para procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (artículo 50 de la Constitución Política).

El control del precio de los medicamentos es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisamente porque las medicinas no se pueden reducir a su condición de bienes de mercado, dado que forman parte de las condiciones indispensables para garantizar el cumplimiento del derecho humano a la salud.

La gran mayoría de países desarrollados en la actualidad establecen algún tipo de regulación de los precios de los medicamentos. Los mecanismos utilizados varían, pero, de una forma u otra lo hacen Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, España y Suecia. Gran Bretaña impone límites a las ganancias. Francia establece un techo al total de gastos en medicamentos. Japón fija precios de reembolso para nuevos medicamentos.

No existe justificación alguna para que un Estado Social de Derecho como Costa Rica no aplique regulaciones básicas sobre los precios de las medicinas, salvo el dogmatismo ideológico o los jugosos negocios de algunos a costa de la salud de las grandes mayorías.

Ante la urgente necesidad de garantizar el acceso a las medicinas para la población costarricense y adoptar medidas efectivas para proteger su derecho humano fundamental a la salud, solicitamos a las y los compatriotas apoyo para este proyecto de ley, que el Frente Amplio ha presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa.


*Diputado del Frente Amplio



Fuente La Prensa Libre

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Sintia está viva. ¡y reproduciéndose! ¿Panacea o caja de Pandora?

Mientras Craig Venter anuncia que logró hacer vida en su laboratorio, el Grupo ETC llama a una moratoria global sobre la biología sintética.

En un documento publicado hoy en la revista Science, el Instituto J. Craig Venter y Synthetic Genomics, Inc anunciaron la creación en laboratorio del primer organismo autoreplicante cuyo genoma completo fue construido desde cero por una máquina. (1) La construcción de este organismo sintético, que el Grupo ETC previó y apodó "Sintia" hace tres años, provocará acalorada controversia sobre la ética de construir vida artificial y las implicaciones del muy desconocido campo de la biología sintética.

¿Panacea? Según la publicación de hoy, Sintia podría significar una enorme ventaja para la producción de agrocombustibles de segunda generación, haciendo posible, en teoría, alimentar a la gente y a los coches simultáneamente. El artículo incluso sugiere que Sintia o la biología sintética, podrían ayudar a limpiar el ambiente, salvarnos del cambio climático, y trabajar en la crisis alimentaria. "Sintia no es una ventanilla única para resolver todas nuestras penurias sociales", protesta Pat Mooney, director del Grupo ETC, una organización internacional de la sociedad civil especializada en monitorear las tecnologías, con sede en Canadá. "Es más probable que surjan muchos nuevos tipos de problemas que los gobiernos y la sociedad no están preparados para enfrentar."

¿Caja de Pandora? "Éste es el momento paradigmático de la caja de Pandora. Como cuando se logró la separación del átomo o la clonación de la oveja Dolly. Tendremos que lidiar con la repercusiones inesperadas de este alarmante experimento", comenta Jim Thomas del Grupo ETC. "La biología sintética es un campo lucrativo de alto riesgo: busca construir organismos de partes de las que se conoce todavía muy poco.(2) Sabemos que las formas de vida creadas en laboratorio pueden escapar, convertirse en armas biológicas y que su utilización amenaza la biodiversidad natural existente.

Aún más preocupante, Craig Venter está entregando su poderosa tecnología a la industria más irresponsable y depredadora del ambiente: se asoció con las petroleras BP y Exxon para apurar la comercialización de formas de vida artificiales."(3)

La biología sintética se refiere a la construcción de nuevas formas de vida utilizando ADN sintético fabricados de compuestos químicos disponibles en el mercado -una forma de "ingeniería genética extrema". El equipo detrás del anuncio de hoy, encabezado por el controvertido científico y magnate Craig Venter, tiene por socios a una empresa privada, Synthetic Genomics Inc, con el respaldo financiero del gobierno de Estados Unidos y los gigantes de la energía BP y Exxon. Synthetic Genomics anunció recientemente una alianza de investigación e inversión por $600 millones de dólares además de la inversión que hiciera en 2007 BP por una cantidad no revelada. Venter, quien encabezó el sector privado del proyecto para secuenciar el genoma humano hace 10 años, ya solicitó patentes relacionadas con la tecnología de Sintia.(4)

Aunque hay promotores de alto perfil de la biología sintética que ocupan ahora puestos clave en la administración de Obama (5), sigue sin existir un monitoreo apropiado, nacional o internacional, de las nuevas tecnologías, de alto riesgo, que pueden tener vastas implicaciones para la humanidad y el mundo natural. En 2006, el Grupo ETC se unió a otras organizaciones para exigir una supervisión formal, abierta e incluyente sobre la biología sintética (6) y desde entonces han llamado a un alto global sobre la investigación y comercialización en ese campo, hasta que se concrete el desarrollo de las regulaciones globales. El Grupo ETC reitera ahora esa demanda en la reunión del organismo científico del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas en Nairobi, al que asisten más de 100 gobiernos. (7)

¿Pandemonium? La falta de reglas globales que gobiernen el campo de la biología sintética también preocupa a muchos gobiernos que se ponen al día en el asunto durante los debates sobre biodiversidad en Nairobi. Mundita Lim de la delegación de Filipinas, expresó las preocupaciones de su país "por los serios impactos potenciales de la biología sintética sobre la biodiversidad. pensamos que no debe haber liberación de vida artificial, células o genomas en el ambiente hasta que se hayan realizado evaluaciones científicas de manera transparente y abierta mediante procesos de participación que involucren a todas las Partes y a las comunidades locales e indígenas que son las potenciales afectadas por estas formas de vida sintética, que pueden tener consecuencias desconocidas sobre la biodiversidad, el ambiente y las formas de vida relacionadas al mantenimiento de la biodiversidad." El anuncio de hoy renueva la urgencia de debatir sobre la biología sintética y presenta un ejemplo dramático de la necesidad de una supervisión pública rigurosa sobre las nuevas tecnologías antes de que se permita su liberación en el ambiente o su comercialización.

El Grupo ETC ha monitoreado los desarrollos en biología sintética durante los últimos cinco años y ha sido pionero en el activismo en torno a ese tema.

En 2006 nos unimos a docenas de otras organizaciones de la sociedad civil para protestar contra los planes de autorregulación de la biología sintética.

En 2007 publicamos la primera introducción crítica al tema: "Ingeniería genética extrema" (disponible en http://www.etcgroup.org/es/node/603). También denunciamos los planes de J. Craig Venter y sus colegas para patentar su organismo sintético, que apodamos "Sintia".

Un archivo completo de los documentos del Grupo ETC, informes y boletines de prensa sobre el tema se encuentra en http://www.etcgroup.org/es/los_problemas/biologia_sintetica y video, audio y recursos gráficos se encuentran en http://www.etcgroup.org/en/materials/video_audio_library Mientras Craig Venter anuncia que logró hacer vida en su laboratorio, el Grupo ETC llama a una moratoria global sobre la biología sintética.

Referencias:

1) Science 20 de mayo de 2010, "Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome," por D. Gibson; J.I. Glass; C. Lartigue; V.N. Noskov; R.-Y. Chuang; M.A. Algire; M.G. Montague; L. Ma; M.M. Moodie; C. Merryman; S. Vashee; R. Krishnakumar; N. Assad-Garcia; C. Andrews-Pfannkoch; E.A. Denisova; L. Young; Z.-Q. Qi; T.H. Segall-Shapiro; C.H. Calvey; P.P. Parmar; J.C. Venter at J. Craig Venter Institute in Rockville, MD; G.A. Benders; C.A. Hutchinson III; H.O. Smith; J.C. Venter en el J. Craig Venter Institute en San Diego, CA. El documento reconoce el "generoso financiamiento" de Synthetic Genomics Inc para este trabajo, indica que tres de los líderes del equipo científico tienen puestos ejecutivos en Synthetic Genomics Inc y que el J Craig Venter Institute mismo cuenta con acciones en Synthetic Genomics Inc.

2) Para un panorama gráfico de los inversionistas detrás de Synthetic Genomics, Inc, ver el cartel del Grupo ETC de 2007: "Los hombres y el dinero detrás de Synhtia" http://www.etcgroup.org/es/node/4802

3) Algunos detalles del trato entre Synthetic Genomics y BP pueden consultarse en http://www.syntheticgenomics.com/media/bpfaq.html y sobre su acuerdo con Exxon Mobil: http://nyti.ms/sf5A6

4) Boletín de prensa del Grupo ETC del 7 de junio de 2007: Adiós Dolly. ¡Hola Sintia! El Instituto J. Craig Venter busca patentar el primer ser vivo artificial creado en un laboratorio http://www.etcgroup.org/es/node/632

5) El secretario de energía de Estados Unidos, Steven Chu, fue apodado por la prensa "el secretario de la biología sintética" al ser asignado para el cargo el año pasado (ver http://bit.ly/9pMDp8), en congruencia con su cargo previo como jefe del Lawrence Berkeley National Lab, donde sancionó una inversión de $600 millones de dólares de BP para los laborartorios de biología sintética de la universidad. En la otra cara del negocio se encuentra el científico en jefe de BP, Steve Koonin, ahora subsecretario de ciencia del Departamento de Energía. Se sabe que Koonin fue punta de lanza en la inversión de BP en Synthetic Genomics Inc.

6) Carta abierta sobre biología sintética por grupos de la sociedad civil, mayo de 2006: http://www.etcgroup.org/en/node/7

7) El Grupo ETC actualmente tiene tres de sus miembros en Nairobi en la reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del Convenio sobre Biodiversidad de Naciones Unidas (OSACTT 14). El tema de la biología sintética se encuentra en discusión bajo un ítem relacionado con los riesgos para la biodiversidad de la próxima generación de agrocombustibles.


Fuente ecoportal.net

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Gobierno de los Arias corona "golpe de Estado" en SINTRAJAP

El Ministerio de Trabajo comunicó esta mañana (22/02/10) al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), Reinaldo Blair que fue reconocida la junta directiva electa en una reunión realizada el pasado 15 de enero.

De esta forma el gobierno declara válido lo actuado en la mencionada reunión, y avala la constitución de una nueva junta directiva del SINTRAJAP, encabezada por Douglas Brenes, dirigente afín al gobierno, que impulsa la privatización de los puertos de JAPDEVA.

En la misma reunión un grupo de poco más de 300 trabajadores, votaron a favor de la privatización de los puertos a cambio de una “indemnizacion” de 137 millones de dólares ofrecida por el gobierno arista.

En un comunicado enviado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), este organización “condena de forma categórica el Golpe de Estado gestado por intervención del Gobierno de Óscar Arias, contra la legítima Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA; SINTRAJAP. Dicho Golpe se materializó en las últimas horas, cuando el Ministerio de Trabajo aceptó la inscripción de una Junta Directiva espuria, electa en una reunión de trabajadores sin carácter de asamblea oficial, y convocada por el Presidente Ejecutivo de JAPDEVA”.

El SEC tambien denuncia que “esta estrategia fue diseñada y ejecutada desde Casa Presidencial, bajo las órdenes y beneplácito de Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia, y con la complicidad de Álvaro González, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. La artimaña cometida tiene como principal objetivo colocar un directorio títere en SINTRAJAP que acepte la concesión portuaria a la que se opone la mayoría de empleados, y de paso, que acepte una renegociación de la convención colectiva que elimine derechos de las y los trabajadores”.

Para el SEC, “es evidente el carácter dictatorial e intervencionista del Gobierno de la República, que ha osado violentar la autonomía del movimiento sindical, llegando a colocar testaferros en todos los sectores de oposición a sus oscuros intereses, para procurar el menor rechazo posible a sus políticas.”

Esta estrategia fue diseñada y ejecutada desde Casa Presidencial, bajo las órdenes y beneplácito de Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia, y con la complicidad de Álvaro González, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. La artimaña cometida tiene como principal objetivo colocar un directorio títere en SINTRAJAP que acepte la concesión portuaria a la que se opone la mayoría de empleados, y de paso, que acepte una renegociación de la convención colectiva que elimine derechos de las y los trabajadores.

Con esta resolución del gobierno estaría “destituyendo” del sindicato a Ronaldo Blear, como secretario general y los catorce miembros restantes.

Fuente Diario Digital Nuestro País

Caricatura Diario Digital Nuestro País


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Ante un negocio multimillonario

•Grave conflicto de intereses en la SUTEL

Por José Merino del Río*

Ante la amenaza de un grave conflicto de intereses que podría suponer para el país enormes pérdidas materiales y éticas en el proceso de concesión del espectro radioeléctrico, presenté junto a varios diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana serias denuncias ante la Contraloría y la Procuraduría de la Ética, con pruebas a mi juicio irrebatibles a la luz de serios y nutridos fundamentos legales, doctrinales y jurisprudenciales. A la espera de lo que resuelvan en definitiva dichas instituciones, adelanto como diputado que el proceso licitatorio debería suspenderse y revisarse radicalmente, para evitar cualquier posibilidad de nuevos actos de corrupción con un bien que pertenece a la nación y a sus habitantes.

En síntesis: la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) contrató a un equipo de abogados para asesorarse en la confección del cartel de licitación, mientras la misma firma jurídica asesora a una poderosa transnacional interesada directamente en el concurso licitatorio, la empresa Digicel. Así, al elaborar el cartel que fija las reglas del juego para Digicel y cualquiera de sus posibles competidoras, la SUTEL se asesoró de los mismos letrados que han venido representando a esa transnacional, con lo que le otorga una ventaja potencial de consecuencias indeseables a uno de los potenciales oferentes.

El inconveniente acceso por parte de los abogados de Digicel a la información manejada por la SUTEL, que debería ser secreta para no otorgar ventajas indebidas a ningún oferente, afecta seriamente la legitimidad de todo el proceso licitatorio y anula cualquier confiabilidad de transparencia y rectitud, en una de las decisiones más trascendentales para el país, por los millones que están en juego y por su complejidad y futuras implicaciones en términos del derecho fundamental a la comunicación de los costarricenses y a la sana administración pública de los bienes demaniales.

El ritmo inusualmente acelerado que ha caracterizado la gestión del Consejo de la SUTEL en torno a la apertura, que de no ser por nuestra denuncias, pretendía realizar todo el proceso licitatorio en el estrechísimo plazo de tres meses, obliga a reparar con especial ahínco en el sustrato denunciatorio que nos ha obligado como representantes populares a solicitar la reivindicación de la transparencia, legalidad y ética públicas.

Haber contratado por jugosas partidas a dos firmas abogadiles, que convenientemente se autocolocaron en una doble condición de juez y parte, resulta a todas luces intolerable para los dueños del bien que se pretende concesionar, es decir, para todos los costarricenses. Y esto es así por cuanto es común a todo conflicto de intereses que la relación de confianza o conveniencia lucrativa de dos sujetos privados (vbgr. abogado-empresa) puede –y basta la posibilidad- influir negativamente en la objetividad que debe imperar en toda decisión pública.

La inconveniencia de semejante incursión de abogados empresariales en la SUTEL ha sido tácitamente reconocida con la “renuncia” de uno de los abogados implicados, quien apenas días después de nuestras denuncias dejó de formar parte de la firma en cuestión, uno de los actuales representantes de Digicel. Sorprende, sin embargo, que ese bufete comercial ensaye una débil defensa que se resume en el eufemismo de que el abogado que ellos tenían destacado en la SUTEL ya no es parte de su staff, lo cual, presumiblemente, no es más que una primera consecuencia de nuestras implicantes denuncias.

Uno de los bufetes mencionados en nuestra denuncia ante la Contraloría y la Procuraduría dice que ha asesorado en otras materias pero no en telecomunicaciones, pese a que su página web afirme aún hoy lo contrario, y que el conflicto de intereses dependa siempre más de una relación subjetiva (entre personas) que objetiva (en relación a la materia). Que ninguno de los abogados privados que viene prestando sus servicios de asesoría a la SUTEL tiene poder decisorio, sino solo recomendatorio, dicen ambos bufetes. En fin, galimatías defensivas que allanan el terreno para que la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública determinen fundadamente la responsabilidad administrativa de la SUTEL al contratar abogados con vínculos notorios con Digicel, revisen seriamente si el cartel ha podido ser amañado en favorecimiento de una empresa, en claro perjuicio del erario y la ética pública.

Las leyes de apertura del ICE fueron un serio golpe al interés público y al fortalecimiento de una institución que tantos frutos le ha dado al país. Evitemos por lo menos que Costa Rica no se sume a la larga lista de países de la región que convirtieron las privatizaciones y ciertas aperturas en asaltos multimillonarios al interés público que acabaron en las cuentas corrientes de políticos y empresarios corruptos.

*Diputado, Partido Frente Amplio.


Fuente Diario Extra
Suplemento Página Abierta

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Alerta transgénica: la FAO intenta legitimar a las trasnacionales

Por Silvia Ribeiro

Del uno al cuatro de marzo 2010 se realizará en Guadalajara, México, una conferencia "técnica" internacional de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre cómo se podría manipular y/o hacer transgénico casi todo lo que esté vivo: desde los cultivos y microorganismos hasta los bosques, peces y ganado, pasando por cómo usar más biotecnología en procesos agroindustriales.

Cínicamente, los objetivos manifiestos de la conferencia afirman que se hace para plantear las "oportunidades y opciones" para los países pobres frente a las crisis alimentaria y climática. Para ello la FAO, con apoyo y dinero del gobierno mexicano, tendrá una conferencia cerrada, sólo para invitados, en un hotel de lujo y rodeada de elementos de "seguridad" (nada alimentaria), limitando enfáticamente la participación real y las propuestas y perspectivas de aquéllos que afirma necesitarían sus supuestas soluciones.

Entre los organizadores de la conferencia se encuentra también el Banco Mundial y el CGIAR, ambas instituciones con largas colas que pisar por su impacto negativo sobre los más desposeídos. El gobierno de Estados Unidos e instituciones vinculadas a las industrias de transgénicos están entre los financiadores. Es lógico, ya que la conferencia es uno de los intentos más burdos de la FAO de promover y legitimar los transgénicos, beneficiando a las trasnacionales que los monopolizan.

Son muchas y graves las agresiones que encarnan esta conferencia. Una de ellas es que la conferencia se realiza al mismo tiempo que se autorizan las siembras de maíz transgénico en México, centro del origen del cultivo, en un claro intento del gobierno por legitimarse y tratar de tapar las críticas internacionales por este crimen de proporciones históricas, arropándose con la "indiferencia" de la FAO frente al tema. Peor aún, espera que la FAO no sólo no lo critique, como es su deber según su propio mandato y tratado, sino que termine afirmando que, contra la voluntad de campesinos, indígenas y la vasta mayoría de la población del país, sería bueno para México sembrar transgénicos. O al menos, que la coexistencia de transgénicos con otros cultivos es posible, falacia inventada por las trasnacionales. En Europa, donde se aceptó la coexistencia, ahora hay una campaña masiva para suspenderla, porque la contaminación transgénica –y todos los impactos ambientales, de salud y económicos que conlleva– son incontenibles.

Aunque el tema de la contaminación transgénica es grave en cualquier parte del mundo, la contaminación del maíz transgénico en México es devastadora, porque al ser el centro de origen, significa dañar el acervo genético y el reservorio de diversidad del maíz para todo el mundo. Frente al caos climático, uno de los elementos fundamentales es justamente que exista diversidad de semillas, lo que permitiría enfrentar los cambios del clima, con semillas adaptadas a diferentes circunstancias, que estén en manos de los campesinos, no contaminadas y no restringidas por patentes y control de mercados. Pero la orientación del evento es la contraria.

A partir de los documentos que se han publicado para la conferencia, queda claro el intento de la FAO por ignorar que se trata de tecnologías –sean transgénicos o biotecnología en general– que están controladas en porcentajes abismales por unas pocas trasnacionales, que monopolizan tanto los mercados como las patentes. Las pocas referencias que se hacen sobre esto, se restringen a buscar "opciones" para poder cumplir con los derechos de propiedad intelectual y acuerdos comerciales –y por tanto favorecer a las trasnacionales– en lugar de cuestionarlos por constituir un robo de las empresas a los bienes comunes, un asalto a las semillas que son "patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad", como lo expresa la Vía Campesina.

Ignorando este contexto fundamental y evitando discutir seriamente los daños ambientales y a la salud, los documentos de la conferencia son altamente útiles a las trasnacionales. Pretenden disimular los transgénicos englobando todo en el término supuestamente neutral de "biotecnología", donde entraría desde el yogur que hacía la abuela hasta los transgénicos de Monsanto. En esto y en otros puntos, como el ocultamiento de que los transgénicos producen menos y usan más químicos, es vergonzosa la repetición prácticamente literal de argumentos y fuentes de la industria de transgénicos en los documentos.

Estas falacias no quedarán sin contestar. Entre muchas otras actividades y manifestaciones de la sociedad civil que se realizarán en esos días en Guadalajara, la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales convocan el 2 y 3 de marzo a una primer audiencia titulada "La contaminación transgénica del maíz: ¿crimen de lesa humanidad?". Habrá testimonios nacionales e internacionales de campesinos, indígenas, activistas, intelectuales y científicos, construyendo un expediente que será presentado en tribunales internacionales. La FAO y esta conferencia constarán en el expediente.

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

Fuente La Jornada

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