Aprovecharemos esta tercera entrega de apreciaciones sobre la “negociación” del fondo especial para la educación superior pública (FEES) para hacer referencia a varios importantes comentarios suscitados a raíz de las opiniones publicadas en esta columna, especialmente los planteados por el estimado economista don Luis Paulino Vargas Solís, a quien le agradezco darme la oportunidad para aclarar mis ideas sobre los alcances del mencionado proceso. Comienzo con decir dos cosas fundamentales, dejando para luego algunos detalles.
Primero, que no hubo a lo largo de casi año y medio de conversaciones entre las rectorías y el gobierno arista-chinchillista un proceso que pueda llamarse con toda propiedad y en buena ciencia de “negociación”. Las partes se encerraron en sus posiciones (incluida la muy defendida por las autoridades universitarias de un mínimo de 13% de financiamiento promedio a lo largo de 2011-15, la cual se comprometieron a sostener antes sus comunidades universitarias como límite mínimo o piso para firmar el acuerdo FEES); y, en el caso gubernamental, además escalaron o maximizaron abusivamente y con dureza sus demandas, mientras que la parte académica cedía y retrocedía (sobre todo en las últimas semanas y días), dejándose acosar y acorralar contra la pared y el reloj, como acostumbran hacerlo los negociadores suaves y demasiado amigables frente a los rudos que se aprovechan de esto, sin misericordia ni tregua, para obtener fáciles concesiones y satisfacer sus voraces y muchas veces ilegítimos intereses. Esto se llama “trinqueteo”, entrar en “tomas y dacas”, dejarse cansar y hasta atemorizar (como cuando los ministros haciéndose los “buenos de la película” asustaban a las rectorías con enviar el caso a la Asamblea Legislativa donde les esperaban los “malos”), ceder ante presiones, amenazas, chantajes y trucos sucios, pero no negociar como se debe: fundándose en principios e intereses. Para mayor ilustración acerca de lo que es y no es negociar de veras, con profesionalismo y altura, dignidad y eficacia, refiero a los lectores a la obra Dr. Roger Fisher de la Escuela de Leyes de Harvard, “Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder” (Colombia, Editorial Norma).
Segundo, el neoliberalismo, en su versión Neo-institucional avalada por el Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales (OFI), no pretende acabar ni privatizar la educación pública como tal, incluida la universitaria, sino, por un lado, “acondicionarla” por dentro para que funcione bajo estilos y normativas gerenciales o “incaístas”; y, por otro, “condicionarla” duro por fuera y desde las altas esferas gubernamentales dominadas por tecnócratas fieles a los OFI, para que esa educación (igual que la privada) sirva a las necesidades empresariales y del mercado laboral y no otras; rebajándola así a recurso o medio para generar ganancias al sector capitalista privado y para hallar empleo, punto. Esto implica definir la educación como un servicio que se presta al sector productivo bajo condiciones de competencia de mercado, o no se brinda; y despojarla entonces de todo contenido como Derecho Humano y Social, como Bien Público, y sobre todo como proceso de formación y capacitación personal y colectiva brindado en función de un proyecto soberano de desarrollo nacional auto-centrado y auto-sustentado, democrático, igualitario y solidario plasmado no para satisfacer intereses egoístas y cortoplacistas de las élites desnacionalizadas, sino de las grandes mayorías sociales y con vistas a los requerimientos de construcción de una ciudadanía sociopolítica, crítica y militante.
Es decir, la educación para el neoliberalismo es un instrumento al servicio de una sola meta globalista o mundial: impulsar parejo y en todas partes el carruaje empresarial hacia más elevados niveles de competitividad, ganancia o rentabilidad, y de explotación del trabajo humano como recurso generador de riqueza para unos pocos y no de bienestar para todos, a saber, como simple mercancía transable o “capital humano”, cuyo fin único es satisfacer el afán de lucro y acumulación de ganancias de un capitalismo desbocado y dispuesto a tragarse los recursos naturales y humanos del Mundo.
En ese sentido, lo que persiguen los OFI a la vanguardia del proyecto, es sujetar la educación pública a las exigencias del gran capital, aprovechando para tal fin la fuerza de la ley (y de monitoreo/control/represión) y el peso ideológico que todavía posee el Estado para controlar el curriculum, mientras se deja al lucrativo sector privado lo más libre, flexible o desregulado posible, para que allí se formen los cuadros de mayor confianza y calidad del sector empresarial, siguiendo ojalá los moldes de algunos “Colleges” gringos o de los institutos de “Business Administration”, como el INCAE, o bien de algunos tecnológicos, como el de Monterrey en México o el ITN peruano; también el modelo pinochetista de los institutos científico-tecnológicos públicos de Chile, que funcionan como corporaciones de derecho privado eximidas de cumplir la ley nacional de presupuestos y contraloría, en las cuales el gobierno es propietario minoritario y actúa como promotor y contralor garante de la reproducción social e ideológica de una sumisa fuerza de trabajo de bajo costo formativo.
Claro está, que si en algunas universidades públicas se logra hacer lo mismo antes señalado y bordear el campo de lo privado/mercantil, especialmente en los niveles de posgrado (maestrías y doctorados), pues magnífico para los OFI. Pero, en general, en la esfera pública lo que más importa a los OFI y compañeros de viaje es implantar carreras financiadas con fondos públicos que trabajen como subsidios al capital, para cuadros medios y bajos de alto rendimiento que cuenten comprobadamente con las llamadas “competencias” requeridas por las empresas (especialmente las transnacionales) y que como estudiantes trabajen para ellas. Eso sí, todo al más bajo costo posible y en condiciones de bajo salario. Esto implica que el interés por privatizar la educación pública halla límites de conveniencia y se detenga antes de llegar a su más radical y plena ejecución, tanto en Costa Rica como en otros países gobernados por los OFI como mansos “protectorados de libre comercio”. Lo que realmente importa es controlar la educación, sea pública o privada, en aras de los designios, cadenas virtuosas e interés del capital. Y en el caso de las universidades públicas que sean buenas vendedoras de servicios y a la vez clientas del sector privado, y también eficientes y dóciles empresas de trabajo precario y temporal para sus funcionarios administrativos y docentes.
Dicho y aclarado lo anterior, resulta que lo pactado con el gobierno por las rectorías en el FEES, a título casi personal y en contra de lo convenido como “piso” con las comunidades universitarias, se ajusta perfectamente a la filosofía y práctica del Neo-institucionalismo bancomundialista en todos sus extremos y vericuetos. Y lo hicieron no en un sentido pasivo y estático o de un puro formulismo, sino con una actitud proactiva y bajo la visión de ejecutar políticas coherentes y definidas en apoyo de las fuerzas del mercado y de los intereses gubernamentales, empresariales y de los OFI.
El acuerdo comienza con un discurso (aceptable en términos neoliberales) en pro de la educación pública. Pero, de inmediato pasa a someter las universidades de lleno, por un lado, a la camisa de fuerza de la “privatización endógena”, una forma de “comercialización en la academia” que no reconoce la autonomía universitaria, ni su esencia académica y humanista, al imponerles que funcionen internamente como si fueran empresas o corporaciones privadas bajo el imperio del gerencialismo de moda o “managerialism” (gestión administrativa y financiera hecha por objetivos y contratos de desempeño y servicio con indicadores de eficacia, eficiencia y productividad, evaluación y rendición de cuentas, acreditación internacional o manía de los “rankings”, compra-venta de servicios de todo tipo, crédito privado local e internacional para inversiones, fondos concursables, etc.). Por otro lado, la “privatización exógena”, una forma de “comercialización de la academia” que la vuelve a ella misma un producto comercial ajustada a las demandas de los clientes privados, los mercados y otros agentes externos; y que se le aplica hacia afuera. Esto se trasluce claramente en el acuerdo que analizamos, donde se doblega a las universidades para que trabajen, se remodelen y rindan cuentas con apego a las necesidades del proyecto de competitividad, de ciencia, tecnología e innovación pactado por el gobierno arista con el Banco Mundial en junio de 2009 (ver publicación oficial BM-GCR “Competitividad en Costa Rica” y otros del Consejo Nacional de Competitividad, CONACOM); lo cual implica de hecho su sometimiento a intereses políticos y privados ajenos a las mismas, aunque conserven la fachada de instituciones públicas de servicio. Así, pues, lo importante es cómo se rediseñen en lo interior y cómo trabajen hacia el exterior entre 2011 y 2015, ciñéndose en ambas esferas a los lineamientos de los OFI y los intereses hegemónicos del bloque transnacional de poder que gobierna el país. De modo muy parecido a cómo se logró la mercantilización y privatización de hecho de la banca nacional y de las telecomunicaciones, ahora se impulsa un sistema gerencial-empresarial y competitivo para las universidades públicas. ¡Adiós, de nuevo, a las mismas, al igual que se lo dijimos a los bancos estatales, al ICE, al INS, etc., si es que van a seguir por ese camino solapadamente abierto ya por las rectorías y el realismo del “progresismo contemporizador”!
A quienes se han conjuntado para impulsar esta contra-reforma universitaria neoliberal en Costa Rica hay que repetirles lo afirmado hace pocos días por el rector José Narro Robles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Pretender someter la actividad educativa a criterios de mercado, constituiría una falla y un desatino”.
Pero habrá más que decir acerca del tema en la cuarta entrega, cuando enfocaremos algunos otros aspectos del tijeretazo y la estrategia de austeridad aplicados al convenio FEES, que exigen clarificación y debate nacional.
Fuente: Diario Digital El País
El énfasis es nuestro
Más:
Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I), Jose Luis Vega Carballo.
Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (II), José Luis Vega Carballo.
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