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Critican en México el fallo sobre patentes de medicamentos

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La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de extender la vigencia de patentes causará un grave perjuicio a los más de 40 millones de mexicanos que no tienen cobertura de salud, dañará al erario público y frenará la creación de empleos.

Aunado, alertó, a los efectos que tendrá sobre el crecimiento de la industria farmacéutica nacional al impedirle fabricar genéricos de medicamentos cuyas patentes vencen a partir de este año y que por ley deberían de pasar al dominio público.

El daño incluirá a las instituciones del sector salud (IMSS, ISSSTE, SEDENA y Salud de los Estados), y al gobierno federal en su conjunto, cuyas acciones para optimizar el presupuesto de salud se verán frenadas con esta decisión, “ya que bloquearán sus posibilidades de adquirir un mayor número de medicamentos más baratos, como son los genéricos”, afirmó la AMELAF.

Recordó que la resolución adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte sólo beneficia a las empresas trasnacionales, al extenderles la vigencia de patentes caducadas cuando sus principios activos sean utilizados en nuevas fórmulas de composición o de reformulación.

Ello, explicó, significa un impedimento para que la industria nacional produzca genéricos de esas licencias que pasarían al dominio público, como lo ha venido haciendo desde hace décadas, en beneficio de la población de menores ingresos.

En la práctica, sostuvo la agrupación de farmacéuticos nacionales, la Corte autorizó a las trasnacionales a seguir usufructuando sus patentes más allá de los 20 años de plazo que les da la ley y que es el límite que estableció el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En un comunicado, esta asociación dijo que solicitará la intervención del Congreso de la Unión para corregir este problema, y advirtió que se reserva todos sus derechos para combatir e impugnar dicha resolución, debido a las circunstancias irregulares que rodearon ese procedimiento judicial.

Por ejemplo, indicó, los laboratorios farmacéuticos nacionales asociados a AMELAF, nunca fueron notificados de este importante litigio suscitado entre una empresa trasnacional farmacéutica contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

También, la AMELAF dejó entrever que la decisión ministerial quedó envuelta en las sospechas por las ligas familiares entre uno de los miembros de la Segunda Sala con uno de los litigantes que más ha defendido los intereses de las farmacéuticas trasnacionales.


Fuente Rebelión



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Sala puso punto final a la agenda del TLC

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  • Declaró sin errores trámite de ley de propiedad intelectual

Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La Sala Constitucional resolvió -en tiempo récord, diez días- la consulta de constitucionalidad donde las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio cuestionaron tanto el fondo como el trámite que recibió el proyecto que agrega y modifica varias normas en materia de propiedad intelectual, último de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos que está pendiente de votación en la Asamblea Legislativa.

El 11 de setiembre, los Magistrados determinaron que el proyecto de propiedad intelectual tenía que consultarse a los pueblos indígenas y publicarse de nuevo en La Gaceta antes de ser sometido nuevamente a votación en primer debate.

Al conocer el criterio de la Sala, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad del Congreso decidió eliminar del proyecto aquellos contenidos que obligaban su consulta a los pueblos indígenas.

“Nos sorprende la premura con que la Sala resolvió nuestra consulta. Normalmente se toman 30 días, pero en esta ocasión solo ocuparon diez para resolver en contra de nuestros argumentos, que eran bastante sólidos. Nos llama la atención que hayan resuelto tan rápido, aquí parece que hubo presiones para que los magistrados imprimieran velocidad a su labor, dijo Francisco Molina, jefe de fracción del PAC.

Luis Antonio Barrantes, jefe de fracción del Movimiento Libertario, aseguro que pese al respaldo que su grupo le da al TLC, no comparten el mecanismo usado para arreglar el proyecto avalado por la Sala.

“No comparto el fallo de los magistrados. Aquí se cometió un error de procedimiento que abrió un portillo. Se ha sentado un precedente muy peligroso, nefasto, al darle el visto bueno a la recomendación de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. En esa comisión se corrigió el proyecto, cuando esa era competencia exclusiva del Plenario, dijo.

José Merino, de Frente Amplio, se confesó boquiabierto ante la resolución de la Sala Constitucional.

El opositor sospecha que el órgano judicial incluso modificó su integración de magistrados para cambiar su criterio previo sobre el proyecto.

“La rapidez y los cambios en la integración de la Sala son para sospechar. Estamos ante una Sala que se contradice, que primero ordena que se haga la consulta a los indígenas y que después, ante más cuestionamientos, avala que esa consulta no se realice. Seguramente recibieron muchas presiones los magistrados”, enfatizó


Completo en Diario Extra

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EE.UU. condicionó TLC a cambio en Ley de Biodiversidad

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  • Jefe de fracción del PLN reconoce molestia del presidente Arias
  • Voto de Sala IV mantendrá protección a invenciones derivadas del conocimiento tradicional



Lorna Chacón, redactora

Estados Unidos condicionó la entrada en vigencia para Costa Rica del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica y República Dominicana al hecho de que el país modificara su Ley de Biodiversidad con el fin de eliminar una excepción que impide aplicar la propiedad intelectual a las invenciones derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales.

Lo anterior fue confirmado por el Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, así como por el jefe de fracción del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Núñez, quien dijo a UNIVERSIDAD que los representantes comerciales estadounidenses fueron enfáticos al asegurar a su contraparte costarricense que si no se eliminaba esa excepción "no habría TLC".

Como parte del proceso de certificación, Estados Unidos exigió incorporar modificaciones al artículo 78 (inciso 6) y 81 de la Ley de Biodiversidad (Ver recuadro "¿Qué fue lo que se cambió?"), lo cual se hizo en el último proyecto de ley de la agenda de implementación (Expediente 16.995).

Con este cambio, las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y campesinos costarricenses -que actualmente son una excepción a la que no pueden aplicarse las leyes internacionales sobre propiedad intelectual- perderían dicha protección.

¿Cómo la perderían? Porque se abre la posibilidad para que estas invenciones ya no estén exceptuadas de la aplicación de diversas formas de propiedad intelectual, como por ejemplo los derechos de obtentor, sino que únicamente estarán exceptuadas de la aplicación de patentes.

De acuerdo con el diputado Núñez, la exigencia por parte de Estados Unidos obligó a tener una acalorada negociación, en la que participó el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, e incluso, el propio Presidente de la República, Óscar Arias, quien externó su molestia por el condicionamiento estadounidense.

Sin embargo, el deseo de dicha nación no se va a poder cumplir porque la Sala Constitucional determinó en su voto N° 2008-13832 que la Asamblea Legislativa había incurrido en un vicio esencial del procedimiento parlamentario, por no consultar a los pueblos indígenas las reformas introducidas al artículo 78 y 81 de la Ley de Biodiversidad.

Ante ello, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad aprobó una moción para eliminar la reforma al inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad con el fin de no tener que consultar este cambio a los pueblos indígenas.

Esta propuesta fue aprobada en primer debate el pasado 16 de octubre con 28 votos a favor y 15 en contra. Sin embargo, el lunes 20 de octubre los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión (PASE) presentaron una nueva consulta de constitucionalidad, por lo cual se debe esperar un nuevo voto de la Sala.


"SI NO SE CAMBIA, NO HAY TLC"

El diputado Óscar Núñez reconoció que en junio pasado él participó en una reunión con miembros del ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, así como del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, United States Trade Representative), encabezada por el Secretario Adjunto de Comercio, Everett Eissenstat, en la cual se hizo la solicitud expresa de modificar la Ley de Biodiversidad como parte del proceso de certificación que realiza Estados Unidos.

"Nosotros hicimos nuestras observaciones alrededor de ese tema y se nos dijo que (…) si eso no va, no hay Tratado de Libre Comercio; así de sencillo, o sea, no se certifica el TLC", relató Núñez.

"Eso generó una discusión calurosa por supuesto. Participó el Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, incluso en algún momento se trajo a la mesa al Presidente de la República Óscar Arias, quien dijo que era una barbaridad que una democracia como Costa Rica tuviera que verse limitada", detalló el legislador.

Según Núñez, el mandatario se molestó por el hecho de que "dependiera de tres mociones el hecho de que se nos acreditara o no, frente a lo que ha sido históricamente un país amigo de los Estados Unidos", por lo cual "se retiró un poco molesto por todo lo que estaba sucediendo".

"Después de esto nos dijeron: - Ustedes tienen la determinación (…) si estos elementos no están en la legislación simple y sencillamente no certificamos y no hay TLC y se acabó el tema", precisó el diputado.

Fue en este contexto cuando se modificó el artículo 78 (inciso 6) y 81 de la Ley de Biodiversidad en el último proyecto de ley de la agenda de implementación del TLC.

"Nosotros les hicimos ver nuestras preocupaciones sobre el tema. Yo particularmente les dije que en Costa Rica tocar la biodiversidad es como tocar la Biblia y estamos absolutamente claros que no involucraríamos en nuestra legislación nada más allá que pueda haber sido negociado en el TLC", dijo Núñez, para quien éste "es un tema que debió haber sido analizado desde hace bastante tiempo y no bajo estas circunstancias".

El diputado dijo que luego del fallo de la Sala IV vino otra misión de Estados Unidos, pero esta vez analizó que "ya no era una decisión subjetiva de los diputados quitar el inciso 6 del artículo 78, sino que era una decisión objetiva porque la Sala Constitucional dijo 'no se puede' y, en efecto, los estadounidenses) lo aceptaron".

Por su parte, el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Luis Barrantes, envió una carta al Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, en la que le solicitó el pasado 8 de octubre documentos en los que se haga constar las razones por las cuales Estados Unidos solicitó al Gobierno de Costa Rica "reformar los artículos 78 y 81 de la Ley de Biodiversidad".

Como respuesta, Ruiz le informó por escrito a Barrantes el 9 de octubre que "el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido ese tipo de certificaciones ni tampoco existen minutas de las reuniones y comunicaciones que hemos mantenido con los socios comerciales, en particular, Estados Unidos, sobre esta materia".

Consultado sobre si la modificación al inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad fue efectivamente una petición expresa del Gobierno de Estados Unidos, el ministro Ruiz declaró a UNIVERSIDAD que "sí lo fue".

"Las reformas a los artículos 78 y 81 de la Ley de Biodiversidad constituyen un requisito para la puesta en vigor del TLC, en la medida en que presentan contradicciones o inconsistencias con las disposiciones del acuerdo en materia de propiedad intelectual de la OMC y del TLC", manifestó Ruiz.

Según el funcionario, "este análisis comparativo formó parte de un proceso amplio de verificación con los socios comerciales del cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos que el país debía implementar y no existe duda sobre la necesidad de realizarlas. Así quedó claro durante la visita del Secretario Adjunto de Comercio de los Estados Unidos, Everett Eissenstat, durante el mes de junio pasado".

UNIVERSIDAD trató de obtener una versión de la Embajada de los Estados Unidos en San José, pero la periodista de esa delegación diplomática, Evelyn Ardón, dijo que sería imposible que alguien se refiriera al tema antes de cierre de edición (lunes 20).



Fuente Semanario Universidad

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Diputada consultó a vicepresidenta sobre informe contrario a ley del TLC

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  • Oposición cree que Laura Chinchilla presionó para que Registro Nacional cambiara de criterio

Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La diputada independiente Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, dijo en una entrevista trasmitida ayer en el programa Enfoques, de Radio Eco, que contactó a la vicepresidenta y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, cuando el comité que dirige conoció el informe en contra de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que redactó Vanesa Cohen, directora del Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos, adscrito al Registro Nacional.

La legisladora
adujo que llamó a Laura Chinchilla para solicitarle la perspectiva oficial del Registro Nacional, pese a que la Comisión de Asuntos Jurídicos ya tenía el criterio del Registro de Derechos de Autor sobre el plan de propiedad intelectual. Ese despacho es el órgano especializado en materia de inscripción de marcas y depósito de obras intelectuales del Registro Nacional.

“Le dije a doña Laura que a mi me gustaría recibir en audiencia a don Dagoberto Sibaja, director del Registro Nacional, para que él se refiriera al proyecto, porque desde el punto de vista de la comisión, había contraposiciones en los argumentos de algunos de los personeros del registro”, explicó Morales.


MINISTERIO DE JUSTICIA LLEVÓ TEMA A JUNTA DEL REGISTRO

El director del Registro Nacional, Dagoberto Sibaja, dijo que se enteró sobre los argumentos en contra de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, procedentes del Registro de Derecho de Autor, cuando la jerarquía del Ministerio de Justicia llevó el tema a discusión en una sesión de la Junta Administrativa del Registro.

“No recuerdo si fue doña Laura Chinchilla o el viceministro de Justicia, Fernando Ferraro, quienes presentaron el asunto a la Junta Administrativa cuando se dan cuenta de los contenidos del informe de doña Vanesa Cohen. Inmediatamente yo le pedí una copia del informe a doña Vanesa”, comentó Sibaja.

El jerarca del Registro Nacional subrayó que no recibió presiones externas para que la institución cambiara el criterio sobre la reforma en propiedad intelectual. Agregó que la desestimación del informe de la Directora del Registro de Derecho de Autor se debió a que irrespetó un acuerdo tomado por la entidad sobre el depósito de obras intelectuales.

“Aprovechamos la reforma a las leyes de propiedad intelectual, al margen del TLC, para pedir que se varíe la forma en que se depositan las obras de derecho de autor, para que se puedan almacenar en archivos privados por un interés institucional y de servicio público. Doña Vanesa está opuesta a eso, lo que es muy respetable, pero desacató una decisión institucional”
, enfatizó.

Sibaja culminó manifestando que nunca recibió órdenes de parte de la ministra de Justicia, Laura Chinchilla, para que contrarrestara el informe de la Directora del Registro de Derecho de Autor. Enfatizó además en que fue un error de trámite de la Comisión de Asuntos Jurídicos no haberle consultado a él desde el principio el criterio del Registro Nacional sobre los cambios en materia de propiedad intelectual.


OPOSICIÓN DUDA


No obstante las explicaciones de Sibaja, las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario creen que la ministra de Justicia, Laura Chinchilla, presionó para que el Registro Nacional cambiara de criterio sobre la ley que regula la propiedad intelectual en el país, último proyecto paralelo al TLC con Estados Unidos que está pendiente de votación.

El diputado Alberto Salom del PAC consideró que la llamada de Andrea Morales a Laura Chinchilla cierra el círculo de un eventual tráfico de influencias para detener el descalabro hacia el que se dirigía la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual.

“Es evidente que doña Laura Chinchilla presionó a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que obligaran al Director General a cambiar el criterio sobre el proyecto relacionado con el TLC, metiendo así a la junta, que es un órgano administrativo, en el campo técnico lo cual tiene vedado por ley. Estamos en presencia de una presión más de la poderosa industria farmacéutica que tiene metido en el Registro Nacional al abogado Luis Pal como máximo defensor de sus intereses”
, recalcó Salom.

DIARIO EXTRA reveló el martes los contactos vía correo electrónico entre la diputada Andrea Morales y el abogado Luis Pal, esposo de la legisladora de Liberación Nacional, Mayi Antillón. Pal es representante en el país de más de 26 empresas farmacéuticas y es miembro propietario de la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Según Alberto Salom su partido valora presentar una denuncia en contra de Luis Pal ante la Procuraduría de la Ética por presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias: El año pasado la Procuraduría eximió a Pal y a su esposa de conflicto de intereses argumentando que tal figura no existía pues don Luis desempeña funciones estrictamente administrativas en el Registro Nacional. Pero con el correo enviado a Andrea Morales y la orden de la Junta Administrativa que conforma para que el Director del Registro Nacional cambiara de criterio. Pal traspasó la línea administrativa y entró en campo técnico, el cual tiene vedado por ser parte interesada en que se apruebe la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Aquí hay nuevos elementos que ameritan una investigación más de parte de la Procuraduría de la Ética, enfatizó.

El diputado Mario Quirós, del Movimiento Libertario, respaldó los argumentos de Alberto Salom: Luis Pal es jefe inmediato del Director General del Registro Público, como integrante de la Junta Administrativa. Tomando en cuenta que ese órgano pidió a Dagoberto Sibaja desechar el criterio del Registro de Derecho de Autor, don Luis pudo haber incurrido en conflicto de intereses al poner los pies en territorio técnico saliéndose de su ámbito administrativo”, consideró Quirós.

El libertario consideró como una prueba de tráfico de influencias la llamada hecha por la diputada Andrea Morales a la vicepresidenta Laura Chinchilla, solicitándole un nuevo pronunciamiento del Registro Nacional.

Según el congresista José Merino, de Frente Amplio, la intervención del abogado Luis Pal en el trámite del proyecto de reforma a varias normas de propiedad intelectual no tiene justificación: “Si hay un señor, llámese como se llame, cuyo oficio es tratar de registrar patentes y esa persona trata de intervenir en una decisión del Parlamento, esa es una relación éticamente inaceptable cuando en este país estamos viendo la fusión de la política y los negocios. Este es un debate de interés nacional”, enfatizó.

Luis Antonio Barrantes, jefe de fracción del Movimiento Libertario, concordó con Merino: “Doña Mayi dice que le da asco estar en esta Asamblea. Yo creo que asco dan otras cosas, como hacerse rico a costa del pueblo defendiendo negocios personales desde la función pública, afirmó.


Fuente Diario Extra

Foto La Prensa Libre


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Contactos entre diputada y abogado agitan oposición

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  • Bancadas a la espera de destitución de Luis Pal del Registro Nacional
  • PAC exige explicaciones a vicepresidenta Laura Chinchilla sobre influencias externas en trámite de último proyecto del TLC


Gerardo Ruiz Ramón

gruiz@diarioextra.com

La oposición exigió a la diputada Andrea Morales que renuncie a su curul tras reconocer que solicitó asesoría al abogado Luis Pal Hegedüs, experto en inscripción de marcas, durante el trámite del proyecto que agrega varias normas en materia de propiedad intelectual.

Ese plan paralelo al TLC con Estados Unidos lo tramitó la Comisión de Asuntos Jurídicos presidida por Andrea Morales.

Luis Pal Hegedüs es el esposo de la diputada Mayi Antillón de Liberación Nacional. Además de representar en el país a más de 26 empresas farmacéuticas, el jurista es parte de la Junta Administrativa del Registro Nacional.


DIARIO EXTRA informó en su edición de ayer que Luis Pal y la diputada Morales mantuvieron contactos mediante correo electrónico durante el trámite del proyecto que reforma la Ley de Propiedad Intelectual. El país recibió el martes una prórroga de tres meses para aprobar esa iniciativa y lograr que el TLC con Estados Unidos entre en vigencia.

Para las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario el ligamen probado entre Pal y Morales es reprochable, pues el abogado podría resultar beneficiado con la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual al ser parte de un bufete que se dedica a inscribir en el país marcas de empresas extranjeras.


CUESTIONAN INTENCIONES

El diputado Marvin Rojas del PAC aseguró que el contacto entre Pal y Morales tuvo como único fin desacreditar el informe en contra de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que suscribió Vanesa Cohen Jiménez, Directora del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Registro Nacional. Los argumentos de Cohen fueron rechazados semanas después por Dagoberto Sibaja, Director General del Registro Nacional.

Para Marvin Rojas el cambio de criterio dado a conocer por Sibaja se debió a presiones de sectores interesados en que el último plan relacionado con el TLC sea aprobado.

“Esta maraña de correos que se cruzan entre Andrea Morales y Luis Pal nos viene a dar cuenta de cómo es que se tramitó este proyecto del TLC. La diputada Morales sabía que la Ley de Propiedad Intelectual podía caerse con los argumentos de Vanesa Cohen y entonces pidió consejo a Mayi Antillón, y ella la puso en contacto con su marido que es interesado directo en que ese descalabro no se diera. Por eso Andrea Morales debe renunciar a su curul y el gobierno debe destituir de inmediato a Luis Pal de la Junta Administrativa del Registro Nacional”, subrayó Rojas.


PREGUNTAS A VICEPRESIDENTA

En una carta enviada ayer a Laura Chinchilla, vicepresidenta y ministra de Justicia, Alberto Salom, miembro de la bancada del PAC, calificó como intolerable la injerencia del abogado Luis Pal en el trabajo que realizó la Comisión de Asuntos Jurídicos.

“Es una barbaridad que la futura precandidata de Liberación Nacional haya nombrado a Luis Pal en la Junta del Registro Nacional donde se tramitan las patentes, siendo él mismo representante de las empresas interesadas en inscribirlas. ¿Cómo no nos va a preocupar que se revele una conexión e influencia entre Luis Pal y la diputada Andrea Morales. Este es un asunto muy serio. Se trata de un tráfico de influencias abominable”, aseguró.

Salom pidió a Laura Chinchilla aclarar si conocía sobre la asesoría brindada por el jurista a la diputada Morales durante el trámite de la Ley de Propiedad Intelectual. Además, le solicitó explicar si como ministra de Justicia a cargo del Registro Nacional sabía que Luis Pal posee más de 30 poderes para inscribir patentes de empresas farmacéuticas internacionales.


CASO AL MINISTERIO PÚBLICO

El diputado Óscar López del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) anunció que presentará ante el Ministerio Público una denuncia por tráfico de influencias y conflicto de intereses contra la diputada Mayi Antillón y su cónyuge Luis Pal. López aseguró que trasladará el caso a la Fiscalía para que ésta determine si la asesoría prestada por Pal a la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos constituye un hecho delictivo.

“Irrita que la presidenta de esa comisión establezca que necesitaba asesoría y recurriera al directivo que tienen las farmacéuticas metido en el Registro Nacional bajo la protección de Laura Chinchilla. Seguramente doña Andrea Morales no conocía a ningún otro experto y por eso recurrió al esposo de su buena amiga, doña Mayi Antillón. Eso está rarísimo”, enfatizó.

Por su parte el legislador Mario Quirós del Movimiento Libertario afirmó que los intereses externos en materia de propiedad intelectual impiden que avance en su trámite el proyecto para abrir la inscripción de agroquímicos genéricos. El rojiblanco aseguró que la legisladora Mayi Antillón protege a las empresas que fabrican funguicidas de marca.

“Doña Mayi ha sido consistente en no apoyar ningún proyecto que tenga que ver con la defensa de los productos genéricos. La felicito por su consistencia, pero los demás diputados no pueden aceptar la dobladura de brazo como la que están sintiendo los agricultores al no aprobarse la inscripción de más agroquímicos genéricos”, dijo desde su curul.


Fuente Diario Extra

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Morales: "Que esperen sentados mi renuncia"

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Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La diputada Andrea Morales mandó a los diputados del PAC a esperar sentados su renuncia a la curul.

Pese a que reconoció su solicitud de asesoría al abogado Luis Pal como presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos la congresista dijo que el caso dado a conocer ayer por este diario no fue investigado con acuciosidad y “se cae ante la pregunta más minúscula”.

Morales -quien renunció al PAC a principios de junio pasado- acusó a militantes de ese partido de robar su correspondencia electrónica de correo privado. Acto seguido recordó a sus ex compañeros que la Procuraduría de la Ética rechazó el año pasado una denuncia que interpusieron en compañía del diputado José Merino de Frente Amplio por conflicto de intereses contra la diputada Mayi Antillón y su esposo Luis Pal.

Andrea Morales defendió al abogado experto en propiedad intelectual ante el pleno de la cámara de diputados: “La Directora del Registro Nacional de Derechos de Autor dio una posición que contradecía la del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces consideré que hacía falta una tercera opinión de un experto en el tema para que la comisión tuviera mejores insumos para resolver. El señor Luis Pal nunca opinó sobre el proyecto, porque nunca recibió mi correo electrónico de respuesta”, explicó.

Andrea Morales calificó la denuncia en su contra como una charlatanería, una estupidez y una vergüenza nacional.


Fuente Diario Extra


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Antillón: "¡En esta asamblea legislativa da asco estar!"

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Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

Usando una resolución previa de la Procuraduría de la Ética a su favor, la diputada Mayi Antillón de Liberación Nacional calificó como un refrito los nuevos cuestionamientos que surgen por la relación de su esposo con el Registro Nacional y la asesoría brindada a la comisión que discutió el proyecto de propiedad intelectual del TLC con Estados Unidos.

Antillón reaccionó con enfado ante las acusaciones hechas por el PAC contra su cónyuge y dirigió sus baterías contra el congresistas Alberto Salom: “Léase lo que dijo la procuraduría de la ética sobre la representación de Luis Pal en la Junta Administrativa del Registro Público. Es administrativa; por ahí no pasa ni una sola patente. Ustedes ya trataron de manchar mi nombre y el de mi familia y salí exonerada y vuélvanlo a hacer, porque dos correos en los cuales se pide información sobre el trámite de un proyecto de ley no se llama tráfico de influencias, sino derecho de información que tiene cualquier persona”, aseguró.

Antillón trató de mentiroso al diputado Mario Quirós del Movimiento Libertario por haberla acusado de no respaldar la iniciativa para inscribir más agroquímicos genéricos.

La verdiblanca también disparó contra el diputado del PASE, Óscar López, a quien advirtió que haría el ridículo presentando una denuncia en su contra basada en los dos correos intercambiados entre Luis Pal y Andrea Morales.

Mayi Antillón atribuyó los cuestionamientos hechos por el PAC a un coletazo de los primeros vientos de la campaña electoral: “Esto es un refrito. Lo que quieren es empezar a golpear otra vez con la más baja, burda y barata manera de hacer política y eso que el PAC decía que no hacía política tradicional ¡Qué asco! Verdaderamente en esta Asamblea Legislativa da asco estar, por esa capacidad de algunos diputados mentes podridas de crear historias donde no las hay. Ojalá que no los tribunales, sino también El de Arriba, se encargue de juzgar a estas honorables personas”, puntualizó.


ARIAS NO PIENSA DESTITUIR A NADIE

El presidente Óscar Arias declaró anoche que no pretende escuchar a la oposición que solicita la destitución del abogado Luis Pal de la Junta Administrativa del Registro Público.

En una escueta declaración el mandatario dijo que la denuncia publicada ayer por este medio sobre los contactos entre Pal y la diputada que dirigió la discusión de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, “es otra majadería más del PAC”.


Fuente Diario Extra

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Esposo de congresista intervino en discusión de ley que lo favorecía

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  • Reforma a Ley de Propiedad Intelectual que retrasa TLC con EE.UU

Gerardo Ruiz Ramón

gruiz@diarioextra.com

La diputada independiente Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, aceptó haber solicitado asesoría al abogado Luis Pal Hegedüs, experto en inscripción y representación de marcas, durante el trámite del proyecto que agrega y modifica varias normas en materia de propiedad intelectual.

Esa última iniciativa de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos está pendiente de cambios al haber sido cuestionado su trámite por la Sala Constitucional.

Luis Pal Hegedüs es el esposo de la diputada Mayi Antillón Guerrero, ex jefa de fracción de Liberación Nacional y actual presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior.

Los juristas Luis Diego Castro y Luis Pal, que conforman el bufete Castro & Pal Asociados, tienen poderes especiales para el trámite de inscripción de patentes de invención de diversas empresas transnacionales, entre ellas varias vinculadas al sector farmacéutico, materia que pretende regularse con la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual.

Entre los clientes del bufete Castro & Pal figuran Pfizer Inc, Quill Medical Inc, Wyeth y Warner-Lambert Company LLC de Estados Unidos, entre otras compañías farmacéuticas.

Esa información consta en la página electrónica del consorcio jurídico, www.castropal.com. Luis Pal además es miembro de la Junta Administrativa del Registro Nacional.


CONTACTO ELECTRÓNICO

El contacto entre la diputada Andrea Morales y Luis Pal quedó en evidencia en un correo electrónico que ambos intercambiaron. Una copia impresa de esa comunicación fue entregada en la redacción de DIARIO EXTRA ayer, en un sobre cerrado, sin determinar quién la remitía.

El correo con fecha del 19 de junio de 2008 fue enviado por el abogado a la presidenta de Asuntos Jurídicos. En él Luis Pal le solicita a Andrea Morales que le envíe el cuadro matriz comparativo preparado por el Ministerio de Comercio Exterior sobre los puntos de la carta enviada a la comisión por Vanesa Cohen, Directora del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Cohen hizo observaciones en contra de varios aspectos del proyecto que agrega y modifica varias normas de propiedad intelectual en un documento que solicitó la Comisión de Asuntos Jurídicos cuando discutía el plan para adecuar la normativa de propiedad intelectual a lo exigido en el TLC con Estados Unidos.

Los argumentos de la Directora fueron refutados casi un mes después por Dagoberto Sibaja Morales, Director General del Registro Nacional, quien pidió al panel del diputados “hacer caso omiso a las observaciones de forma” hechas por Cohen.

El 23 de junio del año en curso, según consta en otro correo enviado a este diario vía impresa, Andrea Morales solicitó a su asistente enviar a Luis Pal la información que le pidió.

Ayer Morales reconoció la veracidad de ambos correos electrónicos. La legisladora independiente asintió cuando se le preguntó si se podían considerar esos contactos como una asesoría del Licenciado Luis Pal a la presidencia de Asuntos Jurídicos. La congresista indicó que fue ella quien solicitó el criterio del abogado.


OTRO MINUTO, OTRA DECLARACIÓN

No obstante, más tarde Morales cambió su versión: “Yo no le pedí una asesoría a don Luis Pal. Él quería participar con su opinión para rebatir algunos de los criterios que Vanesa Cohen había emitido sobre el proyecto y a mí me pareció correcto que hubiera un balance entre las dos opiniones divergentes. Eso que quede claro. Yo no le pedí una asesoría”, se desdijo.

Andrea Morales también contradijo su explicación de cómo empezó el contacto con el experto en propiedad intelectual: “Yo conversé con doña Mayi de que me parecía incorrecta la posición expresada por la Dirección de Propiedad Intelectual. Le dije que me parecía importante que hubiese un criterio que contrarrestara esa posición para poder tomar la mejor decisión. Ella me dijo que le pidiera opinión a gente conocedora del tema y resulta que el esposo de doña Mayi es experto en esa materia. Así se dio, afirmó.

La presidenta de Asuntos Jurídicos dijo que nunca pudo enviar la tabla preparada por Comercio Exterior y solicitada por Luis Pal por problemas técnicos.

Morales concluyó que no cometió ningún error al pedir el criterio del Licenciado Pal pese a que el tema en discusión podría acarrearle un conflicto de intereses, al ser representante de firmas farmacéuticas interesadas en inscribir patentes en el país.

“Aquí no hay ningún conflicto de intereses. Lo único que pretendía era involucrar a los sectores que se verían afectados o beneficiados con una ley. Me parece ridículo que yo no pueda preguntarle a los sectores qué opinión tienen sobre un proyecto. Eso es absurdo”, manifestó.

Andrea Morales culminó señalando que iniciará una investigación para determinar quién robó la correspondencia de su correo electrónico y no descartó tomar acciones legales una vez encuentre al responsable de hacer circular sus contactos personales.



Fuente Diario Extra

Foto Diario Extra


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Más: Mayi Antillón NO debe votar el TLC por conflicto de intereses





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Diputada Mayi Antillón: "Mi esposo jamás asesoró a Andrea Morales"

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Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La diputada Mayi Antillón de Liberación Nacional, llamó a “no satanizar” los contactos entre su esposo, el abogado Luis Pal, experto en propiedad intelectual y la legisladora Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos que discutió el último proyecto de la agenda del TLC con Estados Unidos, relacionado con protección de propiedad intelectual e inscripción de patentes.


Antillón aseguró que los contactos entre su cónyuge y Morales no se diferencian en nada de los que pueda establecer cualquier ciudadano con un diputado.

“En este caso mi esposo ha estado totalmente ajeno a la promulgación de estas leyes, porque yo no he estado en las comisiones que han discutido los temas de propiedad intelectual”, subrayó.

La ex jefa de fracción liberacionista aseguró que la relación entre Luis Pal y la presidenta de Asuntos Jurídicos se dio después de que ese comité había concluido la discusión del proyecto que agrega y reforma varias normas en materia de propiedad intelectual.

“Él conoce a Andrea y a varios diputados y me imagino que a ella no fue a la única que contactó para ver cómo había quedado el proyecto. No sé cuán relevante es el criterio de mi esposo para Andrea, pero me parece que han hablado de esta temática sin ningún tipo de limitaciones. En este caso el contacto que hubo fue lo más usual”, aseveró Antillón.

La verdiblanca se adelantó a las opiniones de las bancadas de oposición sobre el contacto que existió entre su esposo y Morales: “Que demuestren que aquí hubo conflicto de intereses. Cualquier ciudadano tiene derecho de conocer cómo quedó una legislación. Por lo demás que prueben que hubo conflicto de intereses, porque preguntar a alguien cómo quedó un proyecto de ley no implica absolutamente nada irracional”, manifestó.

Antillón calificó como trillado que quiera inculpársele a ella y a su esposo por presunto conflicto de intereses. Ya la Procuraduría de la Ética había rechazado—el año anterior— una denuncia en contra de la diputada por ese mismo motivo, durante la discusión del TLC con Estados Unidos.

La legisladora dijo estar sorprendida por la notoriedad que se le dio al correo electrónico donde su esposo pidió una tabla comparativa sobre el proyecto de propiedad intelectual a Andrea Morales. Agregó que, de ninguna manera, el contacto se puede tomar como una asesoría departe de Luis Pal a la presidencia de Asuntos Jurídicos.



CONGRESISTAS OPINAN



Mario Quirós, Movimiento Libertario

“Este caso se presta para una investigación a fondo, porque Luis Pal, además de tener intereses económicos en la inscripción de patentes, integra la junta administrativa del Registro Nacional. Su esposa, doña Mayi Antillón, es una influyente diputada muy allegada a la Ministra de Justicia, doña Laura Chinchilla, que tiene bajo su mando el Registro. Al conocer sobre el contacto con Andrea Morales uno se interroga cuánto habrán usado a este señor para trasegar información”.


Lorena Vásquez, Unidad Social Cristiana

“Aquí media un tema de privacidad, pues hay que indagar cómo salieron esos correos del poder de su dueña. Es extraño un correo en manos de todo el mundo. Es lo más natural que a uno como diputado le pidan audiencias, le manden cartas y lo llamen para enterarse sobre el trámite de un proyecto de ley. Es natural que un abogado, un empresario o un sindicalista trate de informarse o hacer sus recomendaciones en el transcurso del debate. Creo en la honestidad de la gente y pienso que doña Andrea Morales es una mujer que no se dejó manipular ni por el PAC, mucho menos se dejará manejar por doña Mayi Antillón o su marido”.


Alberto Salom, Partido Acción Ciudadana

“Hay que separar lo que es el contacto natural entre los diputados y los representantes de diversos sectores y el tráfico de influencias. El señor Luis Pal es el esposo de una diputada y al mismo tiempo que representa a 26 empresas farmacéuticas, es parte del Registro Nacional. Don Luis está utilizando un doble sombrero para influir sobre las decisiones de la presidenta de una comisión que discutió un tema de su interés. Esto no puede ser visto como un contacto normal, por el contrario, es un hecho de suma gravedad que amerita acciones drásticas”.


José Merino, Frente Amplio

“Este asunto es sumamente grave y la diputada Andrea Morales debería darle una explicación al país. Evidentemente estamos ante un serio conflicto de intereses, pues el señor Luis Pal representa a casas comerciales interesadas en registrar patentes y se comunicó, por la razón que fuera, con la presidenta de una comisión que discute un proyecto que podría traerle beneficios económicos”.


Fuente Diario Extra

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Firmes ante un momento histórico

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Por: Guillermo Quirós Alvarez


Dos noticias se conjugan hoy en el escenario informativo, por un lado el siempre brillante dictamen que realiza el Frente Amplio y que difunde el Despacho del Diputado Merino del Río, en el cual se concluye que: “En síntesis. No se corrige el vicio detectado por la Sala, porque el texto modificado mediante esta moción sigue afectando directamente a los pueblos indígenas sin que se haya realizado la consulta exigida por el Convenio 169.

Les sigue afectando porque mientras la ley actual exime su conocimiento tradicional de la aplicación de cualquier tipo de propiedad intelectual, la reforma introducida solo protege tal conocimiento de la aplicación de patentes, pero permite que se le apliquen otras formas de propiedad intelectual como los derechos de obtentor. Algo que hoy no es posible”. –interpreto: algo que hoy no debería darse, pues lesiona los intereses legítimos de nuestros grupos étnicos indígenas- G.Q.


Por otro lado un reportaje del Periódico La Extra de hoy jueves 25 de septiembre del 2008, el cual reproduce manifestaciones de Arias: “Hablamos de la posibilidad de que Costa Rica haga un esfuerzo para que esté todo aprobado antes de las elecciones en Estados Unidos, que son el 6 de noviembre”, reconoció. “Si se quiere, se puede ver como un primer plazo de prórroga”, agregó.

Según Arias, si ningún diputado envía a la Sala Cuarta el proyecto en el que se eliminó la consulta a los indígenas, la agenda estaría concluida antes de la fecha antes indicada. “No hay oposición de Estados Unidos ni de Centroamérica, ellos saben que Costa Rica es un socio muy importante y que después de las elecciones va a ser más complicado. No nos van a dejar por fuera”, declaró Arias a DIARIO EXTRA.

El Presidente reiteró el llamado al Partido Acción Ciudadana para que no retrase el proceso de votación en primer y segundo debate en la Asamblea Legislativa, para lo cual aseguró que ya tiene a su gente (ministros y diputados) trabajando.”

Así la fecha límite fijada para depositar el Tratado es la elección del presidente de los EEUU, pues Obama es el candidato fuerte y ha prometido cambiar los TLC`s.

Entonces ¿para qué tanto desgaste y carrera? Es sin duda el compromiso con los grupos financieros y políticos que le llevaron al poder, el mismo compromiso que les hizo violar la tregua antes del referéndum con el beneplácito del TSE, el mismo que le torció el brazo a la Justicia para amparar los atropellos a la institucionalidad Patria, el mismo que...

POR ELLO LA OPOSICIÓN TIENE EL DEBER CON LAS MINORÍAS ÉTNICAS DE ESTE PAÍS, CON EL 48% DEL PUEBLO DE COSTA RICA, CON TODOS LOS QUE FUERON INDUCIDOS AL ERROR MEDIÁTICO EL 7 DE OCTUBRE, A ROMPER EL QUÓRUM LEGISLATIVO DURANTE EL PRÓXIMO MES Y A UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA QUE EL TLC NO SE DEPOSITE EN LA OEA.

Compañeros: como minoría y ciudadano exijo a Ustedes, las señoras y los señores diputados que me representan en la Asamblea Legislativa, con el mayor respeto pero con firmeza; y a nombre también de los que nos partimos el alma recorriendo los trillos de esta Patria, procurando que no se entregara a las fauces del neoliberalismo salvaje, que rompan el quórum.

No tengamos miedo a los grandes medios de comunicación colectiva, que de seguro nos despellejarán vivos. Ellos son parte de la maquinaria que traicionó la Patria y sirven a los intereses ajenos.

Y en los momentos más difíciles de la crítica y la agresión, recuerden que su compromiso es con nosotros y con los más nobles valores y tradiciones de esta Patria. Que nuestro corazón está de su lado. Que por ese Parlamento han transitado valiosos próceres que nos han heredado un país diferente y un sistema democrático y de justicia social que nos intenta arrebatar el tirano. Ellos en su momento han enfrentado y resistido igual que ustedes la crítica mordaz y la agresión de los poderosos. Pero han salido bien librados pues la verdad, la honestidad y Dios han estado de su lado.


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Frente Amplio advierte sobre anomalías en trámite de proyecto"escoba" del TLC

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Por José Merino del Río, Diputado del Frente Amplio

El Partido Frente Amplio seguirá defendiendo que la única forma de cumplir, de manera correcta y legal, con la sentencia de la Sala Constitucional sobre el Expediente 16.955, es realizar la consulta a los pueblos indígenas en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

El procedimiento aprobado en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, constituye una nueva afrenta a los derechos de las comunidades originarias de Costa Rica.

Al mismo tiempo advertimos que nuevamente se incurren en errores de bulto en la tramitación de este expediente, ya que la propuesta parcial en discusión es arbitraria y contraria a la resolución de la Sala Constitucional, por lo que se justifica plenamente otra consulta de constitucionalidad.

Denunciamos, como se podrá advertir a continuación, que estamos frente a otra agresión a las comunidades indígenas y una burla a la institucionalidad costarricense.

LA MOCIÓN APROBADA EN LA COMISIÓN DE CONSULTAS NO EXIME A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE SU OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EL EXPEDIENTE 16.955 A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.


Esta moción no corrige el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional sobre la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por las siguientes razones:

El texto vigente del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788) establece una lista de bienes e invenciones que "se exceptúan" de la aplicación de diversas formas de propiedad intelectual.

Dentro de estas invenciones exceptuadas de diversas formas de propiedad intelectual se encuentran "las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público", es decir invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país (inciso 6) .

Es importante reiterar que EN LA ACTUALIDAD esta excepción aplica para DIVERSAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Aplica para las patentes, pero no solo para las patentes. También aplica para otras formas de propiedad intelectual como los derechos de autor o los derechos del fitomejorador (derechos de obtentor).

En este sentido, la reforma al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad introducida en el expediente 16.955 realizó dos cambios fundamentales a ese inciso, que afectan directamente a el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas:

1) Reformó el inciso 6) abriendo la posibilidad de que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sean patentadas con base en la Ley de Patentes.


Pero también:

2) Reformó el encabezado del segundo párrafo del citado artículo 78 para establecer que las excepciones allí contenidas solo se aplicarán a las patentes PERO NO A OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


En efecto, donde la Ley hoy en día dice: "se exceptúan" pusieron "se exceptúan de la protección mediante patentes". Evidentemente este cambio afecta todos los incisos del artículo 78, incluyendo el inciso 6) y sus efectos son claros: las invenciones mencionadas en esos incisos ya no estarán exceptuadas de la aplicación de diversas formas de propiedad intelectual como los derechos de obtentor y otras allí indicadas, sino que únicamente estarán exceptuadas de la aplicación de patentes.

En consecuencia, de aprobarse esta reforma, SÍ serán aplicables otras formas de propiedad intelectual distintas a las patentes a las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas.

En el Voto Nº 2008-13832 la Sala Constitucional determinó que la Asamblea Legislativa había incurrido en un vicio esencial del procedimiento parlamentario por no consultar a los pueblos indígenas las reformas introducidas al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad mediante el expediente 16.955.

Ante esta situación, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad aprobó una moción que supuestamente pretende corregir el vicio de procedimiento señalado por la Sala. El camino escogido por los proponentes de esta moción fue la eliminación de la reforma al inciso 6) del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad para no tener que consultar este cambio a los pueblos indígenas tal y como lo ordenó la Sala.

Sin duda se trata de un camino sumamente discutible por varias razones que ya expusimos. Sin embargo, desde ya queremos advertir que esta moción ni siquiera estaría eximiendo a la Asamblea Legislativa de su obligación de consultar el expediente 16.955 a los pueblos indígenas.

Aún cuando esta moción se apruebe, la Asamblea seguiría estando obligada a realizar dicha consulta.


Esta obligación persistiría porque la moción aprobada NO ELIMINÓ EL CAMBIO INTRODUCIDO AL ENCABEZADO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, QUE TAMBIÉN AFECTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

La moción aprobada solo eliminó la reforma al inciso 6), pero NO ELIMINÓ este otro cambio que también afecta a los pueblos indígenas porque abre las puertas para que a las invenciones derivadas del conocimiento tradicional se les apliquen otras formas de propiedad intelectual distintas a las patentes.

Lo más grave es que el impacto de esta otra reforma fue advertida por la misma Sala Constitucional en el Voto Nº 2008-13832. Según este tribunal, uno de los cambios sustanciales que el expediente 16.955 introdujo al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad se dio en "el encabezado que agrega la frase "de la protección mediante patentes", con lo cual la exclusión deja de funcionar para otro tipo de mecanismos de reconocimiento de derechos intelectuales, como serían todos los demás que se mencionan allí mismo" (páginas 18 y 19)

En síntesis. No se corrige el vicio detectado por la Sala, porque el texto modificado mediante esta moción sigue afectando directamente a los pueblos indígenas sin que se haya realizado la consulta exigida por el Convenio 169.

Les sigue afectando porque mientras la ley actual exime su conocimiento tradicional de la aplicación de cualquier tipo de propiedad intelectual, la reforma introducida solo protege tal conocimiento de la aplicación de patentes, pero permite que se le apliquen otras formas de propiedad intelectual como los derechos de obtentor. Algo que hoy no es posible.


Foto Angela Martin


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¿Más mentiras del COMEX?

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  • ¿Es o no es requisito para el TLC, abrir la puerta al patentamiento y privatización del conocimiento tradicional?
  • Los temas que impactan la vida de los pueblos indígenas siempre deben ser consultados a los mismos.
  • Si se acepta la solución, sugerida por Comex, de eliminar la enmienda al artículo 78 se demostrará que esta no era imprescindible para el TLC, lo cual ya había sido defendido por la Red de Coordinación en Biodiversidad.

Si los diputados del G39, que apoya toda iniciativa del gobierno, sigue la posición del Comex de eliminar la enmienda al artículo 78 para evitar realizar la consulta a los pueblos indígenas se demostrará que abrir la puerta al patentamiento y privatización del conocimiento tradicional no era necesario para que el TLC entrara en vigencia.

¿Qué otras reformas pasadas a la carrera se habrán insertado en la legislación nacional sin mediar consulta alguna y actuando bajo las sombra y la falsedad? Se cuestionó la Red de Biodiversidad, una agrupación de organizaciones y personas vinculadas a la defensa ambiental y de la biodiversidad en Costa Rica.

Red de Coordinación en Biodiversidad ya había advertido sobre toda esta situación en su comunicado del 14 de agosto. Así mostró complacencia con el voto de la Sala IV y subraya la importancia de realizar la consulta a los pueblos indígenas del país en todo acto que les afecta tal y como lo ordena la legislación nacional y los convenios internacionales.

Isaac Rojas, portavoz de la Red dijo que “las declaraciones del titular del Comex, Marco Vinicio Ruíz, pasarán a la historia como unas de las más tristes. No solo se contradice quitando de las leyes complemetarias una supuesta obligación de Costa Rica, sino que, además, ahora que no está el ex magistrado Sosto como miembro, deja de alabar a la Sala IV y pasa a cuestionarla” indicó.

Si la introducción de dicha reforma no fue solo una ocurrencia del Comex, sino una exigencia de compatibilidad con el TLC, ¿no será que una vez pasada la premura de la certificación, el Comex volverá a presionar para cambiar éste y otros artículos de la Ley de Biodiversidad igualmente contradictorios con el TLC? Se preguntó Silvia Rodríguez, integrante de la Red de Biodiversidad. “Estaremos muy al pendiente de sus actuaciones” alertó.

Silvia Rodríguez previno también sobre la doble moral del Comex, debido a que este ministerio tiene una representación en la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodivesidad (Conagebio) donde debió alertar acerca de los cambios mencionados”. En esa comisión además del Comex se reúnen, entre otros actores, ecologistas, campesinos e indígenas y la Red de Biodiversidad considera que, de manera especial, debieron informar a los sectores afectados. “Nada de esto hicieron los funcionarios del Comex” aclaró la especialista.

La Red de Coordinación en Biodiversidad hizo un enérgico llamado para realizar la consulta a los pueblos indígenas, exigir transparencia en la actuación pública y llamar fuertemente la atención al Comex que pretende irrespetar la legislación nacional y la volutnad popular cuando le conviene. Dijeron las organizaciones nucleadas en la Red de Biodiversidad.

Pero esta semana, las organizaciones que integran la RED advirtieron que esa consulta debe realizarse no solo sobre el artículo 78 en cuestión, sino que “también debe realizarse sobre el Convenio UPOV, la Ley de Obtenciones Vegetales y el Tratado de Budapest, entre otros, debido a los claros impactos que estos conllevan sobre la vida de todos los Pueblos Indígenas” según Rojas.

“El COMEX hasta el momento no ha tenido transparencia” indicó la Red en un comunicado. “Esta semana nos enteramos de que esta reforma fue sugerida por personeros del COMEX y por consultores pagados con fondos del BCIE. ¿Quiénes son y cuánto dinero ganaron estas personas por estas sugerencias tan erráticas?”

La Red de Biodiversidad manifestó su apoyo a la actuación de los partidos Frente Amplio y PASE para que “sigan exigiendo la realización de la consulta a pueblos indígenas y a las comunidades locales según lo demanda el Convenio 169 de la OIT, el Convenio de Diversidad Biológica y la Ley de Biodiversidad”.

19 de septiembre de 2008.


Más información: RED DE COORDINACION EN BIODIVERSIDAD rcbcostarica@gmail.com


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Por
Cristina Zeledón

No hay duda que Costa Rica está bajo la protección de la Virgen de los Angeles y que el Espíritu Santo sopló fuerte en la Sala Constitucional. Sin embargo sería fantástico que diera un saltito hasta la Asamblea Legislativa, total no son más de tres cuadras.

Cuando ya estábamos al borde... borde... una resolución sabia y justa advierte que los pueblos originarios, tienen derecho a ser consultados y escuchados.

Pero para evitar semejante “aberración” el Ministro de Comercio Exterior, propone que “mejor quitar el párrafo que les confiere ese reconocimiento a los verdaderos fundadores de esta patria”. Vergüenza ajena y rabia ancestral es la que siento en estos momentos.

¿Cómo reaccionarán los señores y señoras diputados? ¿Se plegarán a este recurso legalista o tendrán la decencia de reconocer que ha sido un error legislar solo teniendo en mente a los grandes empresarios y no al pueblo completo de este país?

Pero aparte del decoro y señorío que supone aceptar con humildad la falta cometida y proceder como manda nuestra Constitución Política, sería estupendo que de pronto el grupo de los G 38-9 se informen un poquito sobre lo que está ocurriendo con la economía de nuestro potencial socio en el TLC.

La recesión ya anunciada y en marcha de los Estados Unidos, advierte al mundo que ya los gringos no podrán comprar todas las cosas que antes compraban. O sea, el mercado se va a contraer a límites no imaginados.

De tal manera que quienes se estaban preparando para exportar a granel, se van a quedar con sus bodegas repletas y en cambio, la avalancha de los productos que no tengan salida en ese país van a inundar nuestros supermercados, liquidando literalmente a nuestros pequeños productores.

Parodiando al gran maestro García Monge “que ellos nos consideren su patio trasero es una gran soberbia, pero que nosotros hagamos todo lo posible por serlo, es una verdadera ignominia”.

Ese fiasco comercial y la obligada entrega de nuestras preciadas instituciones y, si no nos ponemos vivos, también de nuestros mares y costas, será el saldo final de un TLC, que además de dividir al país, ha costado quién sabe cuantos millones, primero en propaganda y luego en los costos de diputados (me refiero a las dietas no a otro tipo de costos), jueces y funcionarios públicos dedicados por entero durante 28 meses al trámite de ese Tratado.

¿Será mucho esperar que nuestros legisladores entiendan que ya cumplieron con su compromiso con el Presidente y que ahora ese compromiso debe ser con 40.000 ciudadanos y con sus comunidades que por ningún motivo deben ser tratadas como “el patio trasero de Costa Rica”?

Cerrando este costosísimo capítulo, queda abierta la posibilidad de negociar un nuevo Tratado bi-lateral en que la experiencia acumulada permita que futuros negociadores lo hagan mucho mejor. Esta es la oportunidad de oro que “los padres y las madres de la Patria” no deberían desaprovechar.


Caricatura Mecho

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Colaboración de Graciela Blanco Martén



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