Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (IV y final)

Por José Luis Vega Carballo

Para finalizar esta serie de análisis sobre las vicisitudes de la firma del convenio para el financiamiento de nuestras universidades públicas (el FEES,) vamos a recalcar y explicar un poco mejor nuestros argumentos acerca de por qué ese convenio es débil en sus fundamentos y proyecciones, así como insuficiente para satisfacer las justas demandas y aspiraciones de las comunidades universitarias; hoy frustradas por sus rectorías y empujadas a un sombrío invierno presupuestario de corte neoliberal, que tendrá la comprometedora característica de elevar los objetivos y compromisos de gestión de las instituciones para el período 2011-15, al mismo tiempo que paradójicamente se les recortan los medios para alcanzarlos, a pesar de todas las promesas y dichos en contra para tapar tan deprimente y dura realidad.

En efecto, en un arrebato de entrega ante la discutible tesis del gobierno acerca cómo superar la actual crisis económica, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aceptó en el considerando 8 del acuerdo que las universidades "tendrán que adoptar políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos." Es decir, medidas de restricción de una inversión (como es la educación), la cual más bien debía reforzarse ante una recesión que se torna ya en terrible depresión del capitalismo global.

Una vez concedido lo anterior, las autoridades universitarias tuvieron que avenirse a una reducción del nivel de las justas demandas que se habían comprometido a mantener ante sus comunidades. Ese nivel lo habían bajado de un 24% de aporte gubernamental anual al FEES para el período 2011-15 a un 16%, luego a un 13% (moderado promedio del quinquenio anterior) para terminar trazando la línea en un 11%, de la cual descendieron aún más, hasta postrarse al pactar un raquítico 5,5% de crecimiento real promedio para el quinquenio, ¡sólo un 1% por encima de lo ofrecido inicialmente por el gobierno y considerado por el CONARE como un verdadero desastre para las instituciones!

Pero, además, agacharon la cabeza con el inconveniente para las universidades de que, por una parte, tendrán que consentir en que se le recorte a la educación primaria y secundaria la suma de ₵5.500 equivalente a un 2% del total de 7% que se acordó asignar al FEES para los años 2011 y 2012, luego de los cuales se reculará los tres siguientes hasta llegar a un escuálido aporte de solo 4,5% por encima de la inflación. Por otra parte, las autoridades asintieron contratar un empréstito extranjero por US$200 millones para cubrir inversiones en equipo e infraestructura; lo cual implicará que, para los años siguientes al 2012, el crecimiento real indicado de un 4,5% solo se logrará, como lo ha señalado el SINDEU (sindicato de la UCR), deduciendo este préstamo (que las universidades deben devolver) del propio FEES, cuyo nivel se reducirá en esa proporción en beneficio del gobierno y detrimento de los presupuestos universitarios; y si a ello sumamos, como lo ha dicho Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario de esa institución, que se "jinetearán" Fondos del Sistema (FS) del CONARE trasladándolos de renglones propios del presupuesto regular de las universidades al FEES, en realidad lo que el gobierno girará a las universidades no será un 4,5%, sino mucho menos. Sólo les cabe esperar a las pusilánimes rectorías que el gobierno tramite una reforma tributaria para cerrar las enormes brechas financieras en ciernes. Pues se depositó en tal reforma la garantía de que, para el 2015, el gobierno pueda cumplir con trasladar un 1,5%% del producto interno bruto (PIB) al FEES, ¡algo que queda totalmente en la cola de un venado!

Luego de examinar esos detalles del contenido del acuerdo, uno se pregunta cómo es posible que las rectorías sigan prometiendo infundada e irresponsablemente a funcionarios, profesores y estudiantes que no habrá recortes del gasto ni de las inversiones, que se aumentarán las matrículas y cupos de carrera, que se fortalecerán muchas de ellas en las áreas científico-técnicas, que se aumentarán las becas y se mejorarán los servicios estudiantiles, que las operaciones normales de la administración y la academia están garantizadas, que podrá mejorarse la calidad de la enseñanza-aprendizaje aunque aumente la cantidad de estudiantes, que las instituciones entonces crecerán en todo sentido, que, en fin, como lo firmaron en el acápite 7f de los acuerdos se comprometen a que los "regímenes salariales de las instituciones sean siempre atractivos para el ingreso del personal nuevo de alta calificación y para que los sistemas de incentivos respondan primordialmente a consideraciones de calidad y mérito en el desempeño de las funciones", etc., etc.

Y lo más demagógico y falso: que no habrá despidos, sean masivos o selectivos, ni reducciones voluntarias o forzadas de los niveles de la remuneración salarial, al estilo de España y Portugal donde las disminuciones tanto de la planilla vía destituciones como de los sueldos han llegado a un 20% respectivamente (modelo de recorte 20-20), sin que los sindicatos hayan podido detener la terrible tijera del neoliberalismo instalado en las cúpulas que gobiernan los claustros (o lo que va quedando de ellos).

Entonces, no perdamos para nada de vista que esas cúpulas educativas son fieles aliadas aquí también de las gubernamentales y de los partidos de la coalición Arias-Chinchilla. Son las que se hallan bien instaladas en los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Hacienda; las que a su vez dependen de las directrices y recursos de los organismos financieros internacionales (OFI), como el Banco Mundial o el BID, ante los cuales responden como élites serviles, embarcadas ahora en la trágica tarea de enfrentar la crisis mediante medidas pro-cíclicas equivocadas; a saber, aplicando fuertes reducciones (desfinanciamientos y desmantelamientos programados) a los servicios sociales públicos, incluidos los educativos y universitarios, a todos los cuales se les hará "terapia de shock" a pesar de que no constituyen gastos, sino productivas inversiones.

Se cierra así y desde allí, desde esos enclaves superiores de poder, el fatal círculo de un poder global-local dirigido a liquidar nuestras universidades públicas, o bien muy empeñado en convertirlas -si lo anterior no se logra- en acríticos y dóciles apéndices de los sectores productivos y empresariales, controlados por los intereses de las corporaciones y finanzas internacionales.

Para terminar, es conveniente que los estudiantes de las universidades públicas sepan, que si no están matriculados en carreras "acreditadas" por el denominado Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), no hallarán fácilmente a futuro un empleo en el sector público, donde serán discriminados bajo aparentes criterios objetivos y de conveniencia. Esto debido a que las rectorías así lo negociaron para beneficio de la educación superior privada y mercantilizada, donde esa acreditación se realiza bajo condiciones muy expeditas y altamente ventajosas. Así quedó plasmado esto en el acuerdo 8, cundo literalmente CONARE convino en "que se garantice que la contratación de profesionales en instituciones del Estado requerirá que la carrera de la que provienen esté acreditada."

Mediante esa norma, no solo se permitirá a las universidades privadas equipararse y desplazar a las públicas en el mercado de trabajo del sector estatal, sino que también les abrió a sus dueños puertas para reclamar eventualmente fondos estatales del FEES o del MEP, prontos a esgrimir la tesis de que "todas las universidades son públicas", que la "educación superior es una sola", y que todas las entidades deben competir al estilo chileno y banco-mundialista. Un tema sobre el que tendremos de volver más adelante. Pues este escenario bien podría ocurrir en el país, a pesar de que los entes privados son empresas de propiedad exclusiva de unos cuantos ricos, quienes desde hace años hacen clavos de oro a costa de muchas familias de medios y bajos ingresos, cuyos hijos e hijas se ven forzados a caer en sus garras precisamente debido al escaso financiamiento y muy lento aumento de la matrícula en las universidades regidas por el CONARE.

No debe tampoco pasarse por alto que ese tipo de educación superior mercantilizada y privatizada marcará la pauta del futuro si se deja que los altos círculos del progresismo reformista que hoy controlan a las universidades públicas, sigan permitiendo que se debilite el FEES, se impongan las normativas neoliberales del Banco Mundial y demás OFIs, y se les retiren a los estudiantes otras fuentes de financiamiento que no sean las del CONAPE, o las que lleguen a ofrecerles los círculos bancarios y empresariales que desde ya se aprestan a participar más y más agresivamente en el jugoso, aunque poco honroso, negocio de una educación universitaria manejada bajo criterios y condiciones de mercado. No hay duda de que en dichas instancias privatizadoras, en las cámaras patronales y los grandes poderes mediáticos deben estar aplaudiendo con mucho gusto este pacto del CONARE con un gobierno elitista que, debe reconocerse, los representa muy bien en calidad de junta superior administrativa de sus más altos intereses.

Fuente: Diario Digital El País

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I), Jose Luis Vega Carballo.

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (III), José Luis Vega Carballo.

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (III)

Por José Luis Vega Carballo

Aprovecharemos esta tercera entrega de apreciaciones sobre la “negociación” del fondo especial para la educación superior pública (FEES) para hacer referencia a varios importantes comentarios suscitados a raíz de las opiniones publicadas en esta columna, especialmente los planteados por el estimado economista don Luis Paulino Vargas Solís, a quien le agradezco darme la oportunidad para aclarar mis ideas sobre los alcances del mencionado proceso. Comienzo con decir dos cosas fundamentales, dejando para luego algunos detalles.

Primero, que no hubo a lo largo de casi año y medio de conversaciones entre las rectorías y el gobierno arista-chinchillista un proceso que pueda llamarse con toda propiedad y en buena ciencia de “negociación”. Las partes se encerraron en sus posiciones (incluida la muy defendida por las autoridades universitarias de un mínimo de 13% de financiamiento promedio a lo largo de 2011-15, la cual se comprometieron a sostener antes sus comunidades universitarias como límite mínimo o piso para firmar el acuerdo FEES); y, en el caso gubernamental, además escalaron o maximizaron abusivamente y con dureza sus demandas, mientras que la parte académica cedía y retrocedía (sobre todo en las últimas semanas y días), dejándose acosar y acorralar contra la pared y el reloj, como acostumbran hacerlo los negociadores suaves y demasiado amigables frente a los rudos que se aprovechan de esto, sin misericordia ni tregua, para obtener fáciles concesiones y satisfacer sus voraces y muchas veces ilegítimos intereses. Esto se llama “trinqueteo”, entrar en “tomas y dacas”, dejarse cansar y hasta atemorizar (como cuando los ministros haciéndose los “buenos de la película” asustaban a las rectorías con enviar el caso a la Asamblea Legislativa donde les esperaban los “malos”), ceder ante presiones, amenazas, chantajes y trucos sucios, pero no negociar como se debe: fundándose en principios e intereses. Para mayor ilustración acerca de lo que es y no es negociar de veras, con profesionalismo y altura, dignidad y eficacia, refiero a los lectores a la obra Dr. Roger Fisher de la Escuela de Leyes de Harvard, “Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder” (Colombia, Editorial Norma).

Segundo, el neoliberalismo, en su versión Neo-institucional avalada por el Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales (OFI), no pretende acabar ni privatizar la educación pública como tal, incluida la universitaria, sino, por un lado, “acondicionarla” por dentro para que funcione bajo estilos y normativas gerenciales o “incaístas”; y, por otro, “condicionarla” duro por fuera y desde las altas esferas gubernamentales dominadas por tecnócratas fieles a los OFI, para que esa educación (igual que la privada) sirva a las necesidades empresariales y del mercado laboral y no otras; rebajándola así a recurso o medio para generar ganancias al sector capitalista privado y para hallar empleo, punto. Esto implica definir la educación como un servicio que se presta al sector productivo bajo condiciones de competencia de mercado, o no se brinda; y despojarla entonces de todo contenido como Derecho Humano y Social, como Bien Público, y sobre todo como proceso de formación y capacitación personal y colectiva brindado en función de un proyecto soberano de desarrollo nacional auto-centrado y auto-sustentado, democrático, igualitario y solidario plasmado no para satisfacer intereses egoístas y cortoplacistas de las élites desnacionalizadas, sino de las grandes mayorías sociales y con vistas a los requerimientos de construcción de una ciudadanía sociopolítica, crítica y militante.

Es decir, la educación para el neoliberalismo es un instrumento al servicio de una sola meta globalista o mundial: impulsar parejo y en todas partes el carruaje empresarial hacia más elevados niveles de competitividad, ganancia o rentabilidad, y de explotación del trabajo humano como recurso generador de riqueza para unos pocos y no de bienestar para todos, a saber, como simple mercancía transable o “capital humano”, cuyo fin único es satisfacer el afán de lucro y acumulación de ganancias de un capitalismo desbocado y dispuesto a tragarse los recursos naturales y humanos del Mundo.

En ese sentido, lo que persiguen los OFI a la vanguardia del proyecto, es sujetar la educación pública a las exigencias del gran capital, aprovechando para tal fin la fuerza de la ley (y de monitoreo/control/represión) y el peso ideológico que todavía posee el Estado para controlar el curriculum, mientras se deja al lucrativo sector privado lo más libre, flexible o desregulado posible, para que allí se formen los cuadros de mayor confianza y calidad del sector empresarial, siguiendo ojalá los moldes de algunos “Colleges” gringos o de los institutos de “Business Administration”, como el INCAE, o bien de algunos tecnológicos, como el de Monterrey en México o el ITN peruano; también el modelo pinochetista de los institutos científico-tecnológicos públicos de Chile, que funcionan como corporaciones de derecho privado eximidas de cumplir la ley nacional de presupuestos y contraloría, en las cuales el gobierno es propietario minoritario y actúa como promotor y contralor garante de la reproducción social e ideológica de una sumisa fuerza de trabajo de bajo costo formativo.

Claro está, que si en algunas universidades públicas se logra hacer lo mismo antes señalado y bordear el campo de lo privado/mercantil, especialmente en los niveles de posgrado (maestrías y doctorados), pues magnífico para los OFI. Pero, en general, en la esfera pública lo que más importa a los OFI y compañeros de viaje es implantar carreras financiadas con fondos públicos que trabajen como subsidios al capital, para cuadros medios y bajos de alto rendimiento que cuenten comprobadamente con las llamadas “competencias” requeridas por las empresas (especialmente las transnacionales) y que como estudiantes trabajen para ellas. Eso sí, todo al más bajo costo posible y en condiciones de bajo salario. Esto implica que el interés por privatizar la educación pública halla límites de conveniencia y se detenga antes de llegar a su más radical y plena ejecución, tanto en Costa Rica como en otros países gobernados por los OFI como mansos “protectorados de libre comercio”. Lo que realmente importa es controlar la educación, sea pública o privada, en aras de los designios, cadenas virtuosas e interés del capital. Y en el caso de las universidades públicas que sean buenas vendedoras de servicios y a la vez clientas del sector privado, y también eficientes y dóciles empresas de trabajo precario y temporal para sus funcionarios administrativos y docentes.

Dicho y aclarado lo anterior, resulta que lo pactado con el gobierno por las rectorías en el FEES, a título casi personal y en contra de lo convenido como “piso” con las comunidades universitarias, se ajusta perfectamente a la filosofía y práctica del Neo-institucionalismo bancomundialista en todos sus extremos y vericuetos. Y lo hicieron no en un sentido pasivo y estático o de un puro formulismo, sino con una actitud proactiva y bajo la visión de ejecutar políticas coherentes y definidas en apoyo de las fuerzas del mercado y de los intereses gubernamentales, empresariales y de los OFI.

El acuerdo comienza con un discurso (aceptable en términos neoliberales) en pro de la educación pública. Pero, de inmediato pasa a someter las universidades de lleno, por un lado, a la camisa de fuerza de la “privatización endógena”, una forma de “comercialización en la academia” que no reconoce la autonomía universitaria, ni su esencia académica y humanista, al imponerles que funcionen internamente como si fueran empresas o corporaciones privadas bajo el imperio del gerencialismo de moda o “managerialism” (gestión administrativa y financiera hecha por objetivos y contratos de desempeño y servicio con indicadores de eficacia, eficiencia y productividad, evaluación y rendición de cuentas, acreditación internacional o manía de los “rankings”, compra-venta de servicios de todo tipo, crédito privado local e internacional para inversiones, fondos concursables, etc.). Por otro lado, la “privatización exógena”, una forma de “comercialización de la academia” que la vuelve a ella misma un producto comercial ajustada a las demandas de los clientes privados, los mercados y otros agentes externos; y que se le aplica hacia afuera. Esto se trasluce claramente en el acuerdo que analizamos, donde se doblega a las universidades para que trabajen, se remodelen y rindan cuentas con apego a las necesidades del proyecto de competitividad, de ciencia, tecnología e innovación pactado por el gobierno arista con el Banco Mundial en junio de 2009 (ver publicación oficial BM-GCR “Competitividad en Costa Rica” y otros del Consejo Nacional de Competitividad, CONACOM); lo cual implica de hecho su sometimiento a intereses políticos y privados ajenos a las mismas, aunque conserven la fachada de instituciones públicas de servicio. Así, pues, lo importante es cómo se rediseñen en lo interior y cómo trabajen hacia el exterior entre 2011 y 2015, ciñéndose en ambas esferas a los lineamientos de los OFI y los intereses hegemónicos del bloque transnacional de poder que gobierna el país. De modo muy parecido a cómo se logró la mercantilización y privatización de hecho de la banca nacional y de las telecomunicaciones, ahora se impulsa un sistema gerencial-empresarial y competitivo para las universidades públicas. ¡Adiós, de nuevo, a las mismas, al igual que se lo dijimos a los bancos estatales, al ICE, al INS, etc., si es que van a seguir por ese camino solapadamente abierto ya por las rectorías y el realismo del “progresismo contemporizador”!

A quienes se han conjuntado para impulsar esta contra-reforma universitaria neoliberal en Costa Rica hay que repetirles lo afirmado hace pocos días por el rector José Narro Robles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Pretender someter la actividad educativa a criterios de mercado, constituiría una falla y un desatino”.

Pero habrá más que decir acerca del tema en la cuarta entrega, cuando enfocaremos algunos otros aspectos del tijeretazo y la estrategia de austeridad aplicados al convenio FEES, que exigen clarificación y debate nacional.


Fuente: Diario Digital El País


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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (II)

Por José Luis Vega Carballo

A las anteriores victorias obtenidas en materia de financiamiento y administración presupuestaria por la alianza Arista-Bancomundialista en las negociaciones con las rectorías de las universidades públicas, habrá que agregar otra más y muy decisiva en el balance desfavorable para las instituciones educativas.

En efecto, si nos guiamos por lo pactado en el punto 7 de la sección final del acuerdos y si efectuamos una doble lectura crítica del mismo, lo que se aceptó, más allá de su inocente apariencia, son los lineamientos conceptuales y de aplicación de la estrategia denominada como “Neo-institucionalismo” por el Banco Mundial (BM); la cual transforma órganos del Estado como las universidades en apéndices de las fuerzas del mercado, en mecanismos para dar mayor satisfacción a los intereses y necesidades de las empresas privadas, en especial a las grandes corporaciones transnacionales instaladas en zonas francas y amparadas a los tratados de libre comercio (TLCs).

De ahí que las universidades quedaron comprometidas a: subir tasas de matrícula más allá de lo previsto (efecto de sobresaturación); reformar el sistema de becas (no se indica cómo); mejorar tasas de rendimiento y métodos de evaluación académica para reducir permanencia y aumentar graduaciones de acuerdo a necesidades del mercado laboral y empresarial (tampoco se indica cómo); estrechar vínculos con el sector productivo y con programas gubernamentales de ciencia, tecnología e innovación para bajar de la “torre de marfil” (queda por definir el cómo); procurar tener regímenes salariales uniformes sujetos a incentivos, indicadores calidad y desempeño de funciones (como en las empresas privadas) y no a aumentos automáticos (lo cual huele a régimen de “salario único”); lo mismo que atar esas y otras medidas a programación y fijación de metas en función de las cuales se harán las evaluaciones de logros.

No hace falta un gran esfuerzo para darse cuenta que, con esa sujeción radical de los aparatos universitarios a estilos gerenciales y criterios de gestión empresarial, se hace añicos, no solo la autonomía, sino además la libertad de cátedra universitaria; una meta perversa a la cual se unirá la aplicación de los sistemas internacionalizados de acreditación, sesgados hacia la uniformación, privatización y mercantilización de la enseñanza superior.

Clara quedó, pues, la hoja de ruta neoliberal y mercadológica a la cual deberá sujetarse el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para su Plan 2011-2015. Con ello, las universidades primero fueron enmarcadas tal como lo explicamos en la parte I de este análisis, en el entorno estrujado de la política fiscal y tributaria neoliberal, y a cómo allí se piensa manejar la crisis sistémica a favor de las necesidades e intereses del sector financiero-bancario privado, que es el hegemónico dentro de la estructura de poder trans-nacionalizada. Y segundo, las rectorías fueron domesticadas y forzadas a ejecutar un operativo de reingeniería interna de sus estructuras de gobierno, administración, finanzas y enseñanza-aprendizaje en consonancia con una ideología de corte empresarial y de mercado, para que así las entidades se acoplen a un modelo de “universidad corporativa globalizada” ceñido a las necesidades e intereses del sector financiero y exportador, lo mismo que a los de la banca internacional. De esta manera le cerraron desde arriba y desde afuera el círculo de opciones de gobernanza a CONARE, por dentro y por afuera.

Habrá que esperar a ver cómo se traduce todo lo anterior a fórmulas operativas de aplicación interna, o sea, a compromisos mejor especificados en la firma del convenio entre CONARE y gobierno, del cual este acuerdo es el preámbulo que abre el gran boquete. No seamos ingenuos: esta es la víspera que anuncia el día; y el diablo estará seguramente por perfilarse mejor en los detalles venideros que contendrá el convenio final pronto a firmarse. Pero desde ahora podemos ir diciendo, si el programa anterior se impone, que ha comenzado el desmantelamiento del modelo universitario autónomo y desarrollista, plasmado durante el siglo XX por figuras como Rodrigo Facio y Carlos Monge Alfaro. Si no hay una poderosa reacción en contra de lo pactado, habrá entonces que decir adiós a universidades públicas comprometidas con el país, con su desarrollo, con su modelo social y sus sectores menos pudientes. Adiós también a la autonomía universitaria, a la libertad académica y al pluralismo ideológico y cultural.

Por eso es buena hora para reiniciar la lucha por otro tipo de reforma universitaria, auto-generada y auto-dirigida por las mismas universidades, como han sido las anteriores reformas, y no impuesta por las fuerzas ajenas del gran capital trasnacional y la nueva oligarquía corrupta, que desgobierna el país en función de intereses elitistas y transnacionales. Ya veremos si triunfa la contrarreforma mercadológica en marcha impuesta desde afuera y desde arriba, o una auténtica auto-reforma, democrática y popular, acorde con las necesidades e intereses del desarrollo nacional y de las grandes mayorías sociales, la cual pronto deberá ser planteada y plasmada para detener la privatización y mercantilización total de nuestra educación superior.


Fuente Diario Digital El País

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Cacería de brujas y V Convenio FEES

Por David Morera Herrera *

El 17 de agosto se realizó la marcha más gigantesca de la historia de las luchas universitarias, demostrando así que la ofensiva del gobierno para asfixiar financieramente a la educación superior pública, se topaba con una vigorosa y creciente movilización de las comunidades universitarias y empezaba a gestar un fuerte apoyo de los sectores populares.

Pocos días después, exactamente en la madrugada del 26 de agosto, en la víspera de una marcha que federaciones estudiantiles y sindicatos preparaban frente al Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmó con los ministros de Gobierno un acuerdo para implementar el V Convenio para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo quinquenio 2011-2015, a espaldas de la comunidad universitaria, desoyendo la voz de las organizaciones de estudiantes y trabajadores(as) e incluso sin ninguna consulta previa a los respectivos Consejos Universitarios de las cuatro universidades públicas, colocándonos frente a un hecho consumado de gravísimas consecuencias.

El 21 de septiembre en el diario La Nación reproduce declaraciones de la rectora de la UCR Yamileth González en el sentido de que se realizan investigaciones para valorar sanciones contra estudiantes y trabajadores que participaron en acciones de protesta contra el acuerdo CONARE-Gobierno sobre el FEES. Es sumamente grave que académicos y autoridades universitarias se sumen a una campaña de criminalización de la protesta social a lo interno de la Universidad, en sintonía con los discursos neoliberales de "mano dura". No solamente porque la suspensión de las tomas de los edificios de Rectoría y Ciencias Sociales, convenida el 29 de agosto por activistas estudiantiles y autoridades universitarias, se realizó mediante compromiso categórico de que no se tomarían represalias de ningún tipo, sino porque que la reacción de molestia de estudiantes, trabajadores y trabajadoras por la forma intempestiva en que las y los rectores pactaron el V Convenio FEES, se está transformando en una "cortina de humo" para centrar las baterías contra los supuestos revoltosos y vándalos, y no entrar a discutir a profundidad lo que en verdad pactó CONARE y las graves consecuencias que implica para el futuro de las universidades públicas.

Para entrar en el fondo del asunto y separar la paja del grano, a continuación esbozamos seis aspectos nefastos del pacto CONARE-Gobierno suscrito el 26 de agosto:

1. El acuerdo es bastante restrictivo desde el punto de vista financiero, pues fija el crecimiento real en un 7 % en los años 2011 y 2012, y un crecimiento de 4.5 % en los tres años subsiguientes: 2013, 2014, 2015, lo que en promedio representa un 5.5 % de crecimiento real para el quinquenio, alejándose sustantivamente de la última propuesta definida por CONARE de 11 % y más aún de la del 13 % de crecimiento real que convinieron anteriormente las y los rectores con el movimiento sindical y estudiantil. Este pacto implica un recorte considerable del crecimiento del FEES, con serias consecuencias para estudiantes y trabajadores(as). De hecho este supuesto ya se está confirmando en lo inmediato cuando la administración de la UCR ofrece al SINDEU como ajuste salarial de medio periodo, salvo el 2 % de política salarial que ya había aprobado el Consejo Universitario, apenas un 1 %, lo que revela que ya está operando el recorte en detrimento de las y los trabajadores.

2. Por otra parte el acuerdo incorpora 200 millones de dólares, provenientes de un empréstito externo, lo que implica no contar en este caso con fondos sanos provenientes del presupuesto nacional, sino someterse a la dependencia de los organismos financieros internacionales y sus condicionamientos, endeudar mas al país, factura que a la larga pagaran los sectores populares.

3. Una vez firmado el acuerdo, es aún más grave que al día siguiente, el Ministro de Hacienda Fernando Herrero, manifestó públicamente que el incremento en 2 puntos porcentuales en los años 2011 y 2012, se hará a costa de cercenar el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, lo que afecta sensiblemente al sistema educativo de primaria y secundaria y atenta contra la defensa de conjunto de la educación pública. Jamás debe aceptarse que se deteriore la educación a nivel de primaria y secundaria, para financiar la educación superior pública.

4. Contra las propias declaraciones de las y los rectores el día anterior a la firma del acuerdo, CONARE acepta que se sujete el financiamiento universitario a la recaudación fiscal, lo que las somete por ende a la aprobación del paquete de impuestos que se descargará sobre las espaldas de los sectores populares, lo que no es digno de universidades públicas que se supone deben estar comprometidas con los derechos del pueblo. Lo peor de todo es que de esa forma CONARE da un espaldarazo político al Gobierno, al avalar el paquetazo de impuestos, a cambio del espejismo de que, de ser aprobado dicho paquete por una Asamblea Legislativa tanimpredecible como esta y de producirse un crecimiento sustantivo de la economía (lo que está "en la cola de un venado"), se le aplicaría eventualmente a las universidades públicas un 1.5 % del PIB durante el 2013, 2014 y 2015, o sea, este aval político se da en realidad a cambio de nada, o digamos al menos, a cambio de una posibilidad muy pero muy remota.

5. Las y los rectores pactaron además que solo las carreras acreditadas por SINAES, en sintonía con las disposiciones del Banco Mundial y la UNESCO en la materia, elevarán los cupos. Este mecanismo es siniestro, porque implicara la promoción de determinadas carreras, en detrimento de otras o incluso llevando a algunas de ellas a su extinción. Sabemos a ciencia cierta que, a través de este mecanismo, se presionara para hacer crecer las carreras tecnocráticas y rentables al empresariado, en contra de áreas como ciencias sociales, letras o bellas artes

6. Para rematar el acuerdo suscrito por las y los rectores acepta que el régimen laboral se sujete a criterios de "productividad" en concordancia con el modelo neoliberal, lo que es de prever llevara a aplicar instrumentos punitivos como el manual de evaluación del desempeño que está en curso en la UCR.

En síntesis, más allá de colones más o colones menos, más allá de los meros números, lo cierto es que CONARE con esta pésima negociación ha puesto en entredicho la autonomía universitaria y al ceder al chantaje del Gobierno, ha abierto la puerta al modelo neoliberal de Universidad, y mientras tanto la rectoría anuncia sanciones contra la disidencia. ¿Es esto "lucem aspicio"?


* Sociólogo y directivo del SINDEU



Fuente Diario Digital El País


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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I)

Por José Luis Vega Carballo

Es claro, para cualquier mediano entendedor en materia de estrategias y métodos de negociación, que las rectorías de nuestras universidades públicas argumentaron bien la mayor parte de los aspectos de “contenido” de sus posiciones relativas al monto solicitado para financiar el fondo para la educación superior (FEES) y al explicar por qué esgrimieron excelentes razones que creyeron y aceptaron de buena fe sus comunidades académicas y laborales. Pero fallaron estrepitosa y trágicamente en el manejo de la “forma”, o sea, en todo lo relacionado con el proceso y los procedimientos utilizados en las conversaciones con los ministros. Al punto de que, en lo técnico y operacional, puede hablarse de inexperiencia y de total carencia de prudencia y responsabilidad, profesionalismo y pericia.

Simplemente se dejaron acorralar por los jerarcas de Zapote, vapulear en el trato interpersonal, agredir externamente desde los medios de comunicación, chantajear con el temor a que el asunto fuera enviado a la “cueva de los malos” en cuesta de Moras, presionar hasta lo indecible contra las cuerdas y el reloj, y sin levantarse de la mesa, soportando escaladas de exigencias y condicionamientos fuera de lugar, todo a lo largo de 14 meses que al final fueron infructuosos para satisfacer vitales intereses y necesidades de la educación pública universitaria.

El resultado de lo anterior: muy lindo discurso tejido para la “exportación” por parte de las rectorías agrupadas en Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pero permisibilidad y flojera ante la “importación” a la mesa negociadora por los ministros de trucos y artimañas sucias y bajas; todas ellas muy bien conocidas entre especialistas en métodos de negociación y diplomacia, como las arriba mencionadas. y de las cuales hacen gala los negociadores duros y truculentos, llamados “gladiadores” porque siempre llegan a negociar con posiciones rígidas y verticales, encerrados en sus posiciones transformadas en trincheras, y con los tacos por delante a fin de obtener ventajas en el reparto de cualquier “pastel” frente a negociadores suaves, débiles y condescendientes que ceden buenamente ante estrujes y coacciones.

Nunca debieron aceptar las rectorías que se les introdujeran esas estratagemas y mucho menos que surtieran efecto al punto de hacerles retroceder una y otra vez, desde niveles iniciales de petición de cobertura de fondos del orden casi del 30%, luego puestas cercanas al 20%, para ir aterrizando casi en picada a un 13%, para llegar luego a 11% y finalmente a entre 7 y 4,5%. Y lo peor: dependiendo de una serie de imponderables factores y situaciones en materia de evolución económica, tributaria y fiscal que dejan el acuerdo totalmente flotando en el aire para la parte universitaria (no así para la triunfadora gubernamental); es decir, como algo meramente simbólico, sin firmes asideros en cuanto a sostenibilidad o viabilidad, y altamente perjudicial para el futuro de las universidades en términos de presupuesto y conveniencia institucional. Si estuviéramos en un país normal, hace rato que debieron los y las rectoras haber presentado su renuncia por incompetencia y otras fallas, ante sus respectivas comunidades universitarias. Ahora tendrán que afrontar allí una grave crisis de credibilidad y legitimidad junto con sus coaliciones de poder y todo el progresismo reformista.

En síntesis, puede decirse que dada la gravedad de lo acontecido y los pésimos resultados obtenidos por CONARE, las universidades quedaron a mansalva del gobierno y de su proyecto de educación neoliberal y mercadológico hasta el año 2015 y quizás más allá, si nos atenemos al mal precedente sentado. Se puede decir que las rectorías fueron a una verdadera emboscada, que al final no la evitaron ni la resistieron como debían, que capitularon ante los ministros y la presidenta Chinchilla, y pasma darse cuenta cómo intentan ahora defender lo indefendible, proclamando un triunfo de las universidades, del progresismo y el realismo. Los grandes ganadores ante sus “proezas” negociadoras son y serán otros actores. Veamos.

A la par del gobierno, de la derecha y los grupos empresariales, el más grande ganador ha sido el Banco Mundial con su acólito regional en materia de estrategia social, educación y competitividad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Examinando la letra del acuerdo, que servirá de base para redactar y firmar el V Convenio FEES, se nota que lo único que está realmente en firme son los puntos donde los ministros, como duros negociadores, doblegaron toda resistencia (si es que la hallaron) de las rectorías para imponer sin límites ni condiciones, los elementos centrales de la visión y estrategia educativa mercantilista de esos bancos. O sea, aceptaron los lineamientos de lo que hoy se llama el “Consenso de Washington en Educación”, el cual forma parte de una segunda generación de ajustes o reformas neoliberales, corregidas para extenderlas hacia el siglo XXI, cobijadas bajo el título de “Neo-institucionalismo”. Para muestra solo unos botones.

Primero, aparte de aplicarle a la representación universitaria el mecanismo de la “condicionalidad” (método donde los bancos chantajistas establecen ataduras entre lo que financian o conceden a os deudores, y lo que la otra parte dependiente necesita o cede dejándose extorsionar, según el perjudicial estilo del “toma y daca” o del “no hay pelo sin sangre, ni almuerzo gratis”), la del ejecutivo logró que aquella se dejara apartar del principio de la autonomía universitaria y otros de orden académico, y accediera, en los “considerandos” 6 y 7 del acuerdo, a sujetar el presente y futuro de las instituciones al ámbito de posibilidades de una reforma fiscal y tributaria de dudosa calaña social y ética, porque deberá contar con el apoyo de los grupos financieros y económicos que le dan razón de ser al gobierno de Chinchilla y al pacto Li-Li (PLN- ML); y, además, porque deberá llevarse a cabo según los lineamientos de “políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos”, pactados por el gobierno con los bancos y el FMI, que descargan el costo de salida de la recesión y de una posible depresión capitalista global contra los hombros y bolsillos de los sectores de clase media y trabajadora, mayormente los asalariados. Este pacto es peligroso porque, además de restarle aliados y crearle enemigos a las universidades entre los sectores mayoritarios afectados, incluye el desfinanciar los niveles de secundaria y primaria para darle recursos al FEES (punto 4 de la parte resolutiva del acuerdo), y hacer que allí también pierdan aliados entre el magisterio nacional (APSE, ANDE, SEC, etc.).

Segundo, en el punto 6, el gobierno se compromete presuroso, eso sí, a gestionar créditos hasta por US$200 millones para equipos e infraestructura universitaria, posiblemente ante el BM, el BID o el BCIE, lo cual meterá un verdadero “caballo de Troya” bancomundialista en los campus y prepara a las universidades para que sigan por esa ruta cada vez que el gobierno se niegue a darles recursos, como es su obligación constitucional.

Y tercero, como si lo anterior fuera poco, las altas jerarquías fueron advertidas por el gobierno en el pacto acerca de cómo deben administrar esa masa de recursos financieros, por si no lo sabían, imponiéndoles, con violación de la autonomía de gobierno y administración universitarios, un estilo de mando gerencial muy común en nuestro sector empresarial privado, el cual anuncia toda una contra-reforma universitaria apegada a los dictados del llamado “sector productivo” y los mercados. En efecto, las sumisas rectorías tuvieron que prometerle a los economistas ministros de Hacienda y Educación - y de rebote a los banqueros internacionales que les van a auxiliar con $200 millones-, el hacer la tarea con apego literal a “los principios fundamentales de planificación, transparencia, eficacia, eficiencia, evaluación y rendición de cuentas”. O sea, al estilo de una universidad corporativa, como el INCAE o el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se nos ocurre que harían bien las rectorías incluso en buscar consejo en esas entidades para así portarse mejor de lo que los banqueros internacionales y sus serviles tecnócratas esperan. Pero hay más de fondo en todo lo pactado sigilosamente a espaldas de las comunidades universitarias, como veremos.


Fuente: Diario Digital El País

Imagen: Toma de Ciencias Sociales. La foto es de Stella Chinchilla.


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Acuerdo entre Rectores y Gobierno sobre el FEES: ¿Cuál Negociación?

Consecuencias nefastas del acuerdo sobre el FEES

Las Becas y el futuro de Costa Rica

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La UNA y el SITUN que si nos representa

Por Rogelio Cedeño Castro*

El que algunos en su afán de descalificar al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), y a su dirigencia actual, hayan acudido hasta a revivir los viejos fantasmas de la guerra fría que libraron el imperio norteamericano y el soviético entre los años de 1945 y 1989, olvidando la guerra caliente que contra los derechos y las instituciones del pueblo costarricense mantiene el régimen de turno y el aparato mediático a su servicio, encabezado por el diario La Nación y los canales 6 y 7, nos lleva a pensar en que el tono y el contenido de nuestros discursos, en la mañana del jueves 26 de agosto, estaba ajustada al verdadero sentido de la realidad del momento histórico que enfrentamos, sobre todo por la sistemática campaña en contra de la universidad pública que mantuvieron, a través de esos medios, los ministros Herrero y Garnier.

- Es más algunos de los que ahora atacan al SITUN no han hecho otra cosa que asumir el discurso del régimen imperante, al servicio de poderosos intereses económicos, para criminalizar la protesta social, al satanizar los bloqueos y otras medidas de presión mostrando, de esta manera, su afición y apoyo a la cara totalitaria de la derecha en esta parte del mundo, la América Central, donde han sido asesinados ya diez periodistas en el caso de Honduras, en lo que va del año y varios trabajadores bananeros perdieron la vida, en la provincia panameña de Bocas del Toro, como fruto de la cruenta represión policial, cuando protestaban contra una legislación de corte fascista en lo laboral y favorable a los depredadores del medio ambiente.

- Para la dirigencia del SITUN, en especial su comité ejecutivo y su consejo de seccionales, que se han mantenido en actitud vigilante lo mismo que de movilización permanente y de divulgación de la lucha por la defensa de la universidad pública costarricense y los principios que la rigen, a lo largo de las últimas semanas, no era posible festejar o asumir sin una reflexión y una acción críticas los resultados de la negociación del FEES para el próximo quinquenio, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de todo lo que se diga, sólo el tiempo se encargará de decirnos si habrán o no consecuencias negativas para la institucionalidad universitaria. Es por eso que nos hicimos eco del malestar existente entre muchos trabajadores y estudiantes de la UNA, para quienes no deja de ser inquietante la reducción de recursos financieros en el presupuesto universitario, como consecuencia de los alcances de esa negociación, los que será preciso analizar en todos sus detalles e implicaciones, a lo largo de los próximos días.

- Ahora que el coro de voces que no se oyeron durante la lucha y durante los ataques de los medios contra nuestras universidades, se alza buscando la descalificación de nuestro sindicato, no podemos dejar de testimoniar, de manera pública, el hecho de que, bajo ninguna circunstancia, podríamos afirmar que nos alegramos de la difícil coyuntura en que la señora rectora, doña Sandra León, se vio obligada a informar de los resultados del convenio firmado por los cuatro rectores con el poder ejecutivo. Es más, nos angustia pensar en concreto acerca de las duras condiciones de una negociación, llevada a cabo dentro de un escenario manipulado por un gobierno tan autoritario como el actual, dentro cuya gestión no figuran como prioridades ni la salud y ni la educación de los costarricenses no.

Reconocemos que, con gran valentía, la señora rectora le dijo a los estudiantes que protestaban frente a ella que la negociación en verdad y en justicia era por un 13% de incremento anual al FEES, lo que dadas las adversas circunstancias no fue posible materializar en esta oportunidad. Es por ello que la señora rectora no necesita de los defensores gratuitos que ahora salen, de manera cortesana, a expresarle un apoyo (¿no me defiendas compadre?) que necesitaba imperiosamente cuando la lucha por el financiamiento de la universidad pública atravesaba por sus momentos más difíciles. Con nosotros, en el SITUN, a pesar de las discrepancias que podamos mantener con la rectoría sí que puede contar, sobre todo en todo lo referente al fortalecimiento de la UNA como universidad pública y comprometida con las grandes mayorías nacionales.

- Ahora resulta que algunos, cuyas voces hubiéramos querido escuchar durante la fase anterior de la lucha, afirman que no se sienten representados por el SITUN y en eso tienen razón. Este SITUN que mantiene intacto su espíritu de lucha y de compromiso con la democracia y las conquistas sociales de la clase trabajadora puede resultarles extraño a quienes piensan que vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el que triunfan los más poderosos en detrimento de la solidaridad, tal y como sucedió durante la lucha contra el TLC con los Estados Unidos y su agenda de implementación, para saquear algunas de nuestras instituciones más importantes.

Si es así, pues lo sentimos, aunque reconocemos que están en su derecho de discrepar, pues resulta del todo absurdo asumir de manera acrítica el concepto o noción de la representación, la que muchas veces resulta como un cheque en blanco que se le da a quien gana una elección, ya sea universitaria o nacional. Lo que si nos preocupa es el hecho de que, tal vez, algunos compañeros universitarios que asumen esa posición quisieran una directiva sindical, enemiga de los derechos de los trabajadores, tal como la que instaló el gobierno anterior de los Hermanos Arias, en el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), en sustitución de la dirigencia legítima de esa organización hermana, encabezada por Ronald Blear, cuya restitución acaba de ordenar la Sala IV. Es por ello que destacamos el triunfo de los trabajadores de los muelles de Moín y de Limón, implícito en ese fallo de la sala constitucional, al haber detenido la privatización de esas instalaciones portuarias, las que ahora podrán ser modernizadas, pero en beneficio de todo el pueblo costarricense.

Por nuestra parte, a pesar del coro de descalificaciones, reafirmamos la confianza en la actual dirigencia del SITUN y en la labor de equipo que hemos venido realizando, bajo la conducción del compañero Álvaro Madrigal, desde la Secretaría General.


*Secretario de Educación del SITUN


Fuente Diario Digital El País




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Respuesta a la campaña de odio contra la FEUCR. Por Silvia Herrero, Diario Digital El País

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Denuncia de rectores: MEP subejecuta ¢250 mil millones destinados a infraestructura

• MEP gasta 97% de su presupuesto en salario, lo que evita que la subejecución sea peor, afirman rectores.

Por Javier Córdoba Morales

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha subejecutado cerca de ¢250.000 millones de sus presupuestos en los últimos cinco años, en partidas destinadas principalmente para obras de infraestructura.

Esta ha sido una de las recurrentes denuncias que ha realizado el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en respuesta a las afirmaciones del Gobierno en cuanto a que un incremento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) restaría recursos para la educación primaria y secundaria.

Pese a los altos montos subjecutados, según las cifras de la Contraloría General de la República, la ejecución del presupuesto total del MEP en los últimos cinco años ha estado por encima del 95% en promedio (ver recuadro).

La suma de los montos que no se ejecutaron en estos cinco años es de ¢129.468 millones, para un promedio de subejecución de ¢26.000 millones por año.

La rectora de la Universidad de Costa Rica, y presidenta del CONARE, Yamileth González, comentó que la cifra de subejecución del MEP es muy alta, si se tienen en cuenta las grandes necesidades que tiene la educación pública en general.

De acuerdo con González, además de la subejecución mostrada por los presupuestos del MEP, existe un problema con la ejecución de los recursos por parte de las juntas de educación de los centros educativos, que alcanza los ¢120.000 millones.

“Son recursos para obra de ingeniería civil a cargo de las juntas de educación de las escuelas, que a veces por un plano que no está bien hecho y otros detalles técnicos, se les devuelven los documentos, en vez de colaborar para que las obras se puedan ejecutar”, comentó la rectora.

Estos ¢120.000 millones de subejecución se registran como “ejecutados” en los presupuestos del MEP, aunque en realidad pasan a la Caja Única del Estado, donde se mantienen guardados.

En total, los recursos que no se han ejecutado en los últimos cinco años el Ministerio de Educación Pública suman ¢250.000 millones.

“Con tantas necesidades en el ámbito de educación primaria y secundaria, uno realmente se sorprende de esos niveles de no ejecución de los recursos. En momentos en que hay demandas de las universidades, que eso se devuelva a la Caja Única del Estado es una pena, pues muchos de los problemas y diferencias que tenemos se solventarían con esos recursos”, reclamó González.

Aclaró que no es la intensión de las universidades desmantelar la educación primaria y secundaria, sino que por el contrario, que los recursos se ejecuten en donde se encuentran las necesidades.

“Hay más ineficiencia en la gestión de los recursos destinados a los recursos de la educación primaria y secundaria, que lo que nosotros estamos demandando y que ministros de gobierno dicen que le quitaríamos recursos a esos sectores, lo cual no es cierto”, expresó González.


97% EN SALARIOS

De acuerdo con la jerarca de la UCR y del CONARE, la subejecución presupuestaria del MEP no es más grave solo por el hecho de que casi el 97% de los recursos de esa cartera se destina al pago de salarios, tanto de educadores como otros funcionarios.

“Por lo menos eso es lo que nos dice la información en el 2009, lo cual también uno podría devolverle al MEP en sus comentarios; pero, sabemos que eso afecta fundamentalmente a educadores”, agregó.

“Se gasta entonces casi todo el presupuesto en salarios también, y ni siquiera lo hacen como lo hacen las universidades. Nosotros guardamos una relación muy sana, reconocida internacionalmente en instituciones de educación superior, que es una relación 80-20 (80% para salarios, 20% para inversión)”, acotó la Rectora.

Mientras tanto, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Eugenio Trejos, hizo ver que es obligación de todas las instituciones públicas, hacer un uso eficiente de los recursos que se les asignan, por lo que coincidió con González en cuanto a que es “sorprendente” la subejecución en el MEP.

“La educación pública en general tiene grandes necesidades de infraestructura, sobre todo en las zonas rurales, fronterizas, indígenas. Todas estas deficiencias inciden en la formación de los muchachos, y luego somos las universidades las que tenemos que tratar de llenar esos vacíos”, argumentó Trejos.

En su opinión, estos datos dejan claro que la solicitud de los rectores respecto a que los presupuestos universitarios se incrementen un 11% en cinco años, no pone en riesgo los fondos destinados al resto de la educación.


SALARIOS PROMEDIO

Ante la insistencia en las declaraciones de los ministros sobre el tema salarial, tanto Trejos como González recordaron que los salarios de las universidades se ubican entre el percentil 48 y 52 de la administración pública.

“Eso significa que nosotros tenemos salarios promedio en relación al resto del sector público. No ganamos ni la mitad de lo que ganan otros en el sector público en general”, alegó la Rectora.

“Cuando se analiza el tema de salarios, deberían compararnos con nuestros pares de las instituciones públicas autónomas. Las universidades estamos muy por debajo de lo que se paga en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el ICE, INS y RECOPE. Es un comportamiento de salarios promedio, sin abusos”, defendió Trejos.

Añadió que cuando se habla de “crecimiento vegetativo” de las universidades, este contempla tanto el pago de las anualidades como los ascensos que se dan en el régimen académico, que se basa en un sistema de logros y méritos para aspirar a una mejor remuneración.

“Es un régimen de méritos que estimula la calidad y la excelencia que necesitamos en el personal que trabaja en las universidades. Esos elementos se han tratado de invisibilizar; se ha dado la información errónea”, dijo el rector.

González, por su parte, puntualizó que hay una proporción muy alta del personal de las universidades que es interino, por lo que no es la mayoría la que recibe los beneficios que se derivan de estar en régimen.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del ministro de Educación, Leonardo Garnier, sobre estos temas. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta a las consultas que le fueron remitidas vía correo electrónico.



Completo en Semanario Universidad

Imagen: Mecho


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Hay que defender a las universidades públicas

Carta abierta a Leonardo Garnier

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Rodrigo Facio y Herrero

Por Freddy Pacheco, PhD

Escuela de Ciencias Biológicas, UNA

Donde mejor se refleja la mezquindad del ministro de Hacienda, quien gozara de una beca de la UNA para sus estudios de posgrado (que no sabemos si al fin concluyera exitosamente), es en el ataque frontal, malintencionado, mezquino en fin, contra los salarios de los profesores universitarios.

En su afán de manipular a la opinión pública -cual si se tratara del salario del alcalde de San José o del que se habían recetado algunos señores diputados- desinforma a la ciudadanía diciéndole que cualquier ajuste en las finanzas de las universidades del pueblo de Costa Rica se usaría para inflar los jugosos salarios del personal. ¿Qué dirán de ello aquellos compañeros profesores que tienen salarios menores a los de algunos profesores de colegios?

En la de menos lo que HERRERO quiere, fiel al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional -a los que conoce muy bien- es debilitar aún más los recursos humanos de las universidades públicas para con ello debilitarlas hasta el límite de la inanición. Alcanzada esa aspiración, vendrían las propuestas de solución… en el régimen privado.

Este martes 17 de agosto, en que decenas de miles le manifestarán a la señora presidenta Laura Chinchilla el cumplimiento de sus promesas de campaña electoral, hemos de sugerirle la necesidad de que invite a dar un paso a un lado a su ministro HERRERO, para que sean reales las posibilidades de un diálogo fructífero.

Mientras éste siga entre bambalinas manejando a su antojo el argumento de las finanzas, detrás del cual esconde sus verdaderas intenciones, vaticinamos la profundización de una crisis que jamás debió de haberse dado y que de paso nos recuerda la provocada por el exministro Thelmo Vargas durante en la administración Calderón Fournier (solucionada con su invitación a irse para la casa).

Y es que si tan solo se le prestara atención a Rodrigo Facio cuando dijera:

"La conclusión obligada es que los recursos humanos son el factor decisivo para el progreso económico, y que la educación, muy lejos de ser una lujo y ni siquiera un gasto corriente de consumo, es una de las formas más eficaces y reproductivas de inversión o capitalización".

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Discurso de Rectora UCR frente a la Presidencia de la República

Por Yamileth González García

Estamos en pie de lucha por la dignidad de la gestión pública, por el derecho y el deber de trabajar por el bien colectivo, por la opción de contribuir con el desarrollo sostenible de un país que, hasta hoy, ha sabido enfrentar las imposiciones internacionales con inteligencia y ponderación.

Estamos en pie de lucha para que las tendencias neoliberales y privatizadoras no nos impidan trabajar en redes por el bienestar de las mayorías que siempre ha estado y estará unido a la educación, la democracia, a la libertad –en nuestro caso la autonomía universitaria- la paz, la justicia social, la defensa de la institucionalidad, de los derechos humanos y ambientales.

Estamos en pie de lucha porque no queremos permitir que usando estrategias poco claras nos traten de dividir internamente, ni entre universidades, ni entre profesores y estudiantes, ni entre académicos y administrativos. Estamos en pie de lucha como UNA sola institución en su DIVERSIDAD y en sus posibilidades complementarias. No vamos a permitir que traten de dividir para vencer…

Estamos en pie de lucha porque NO queremos que nos privaticen, que obliguen al talento sin condiciones económicas a quedarse sin estudio. Queremos ser universidades públicas que colaboren con todos los sectores inclusive el sector privado, empresarial o de organizaciones de la sociedad civil. Queremos ser parte del sector público y redistribuir el conocimiento, abrir la oportunidad y permitir la movilidad social. Estamos en pie de lucha para que nos dejen trabajar en equipos interdisciplinarios, interuniversitarios, internacionales, intersectoriales en pro de un desarrollo colectivo que nos de seguridad en las calles, que proteja el medio ambiente, que pondere la innovación tecnológica y la educación, que impida abrir una nueva brecha entre los habitantes del país.

Estamos en pie de lucha porque no queremos el irrespeto de quienes nos gobiernan y, en lugar de responder con argumentos y por escrito a nuestras peticiones razonadas -como lo manda la constitución y la negociación entre personas educadas- se van a una guerra en los medios de comunicación, agresiva, descalificante y llena de falacias.

Estamos en pie de lucha porque no podemos tolerar la manipulación de la información, la falsedad y la intolerancia. ¿Si no defendemos las causas justas, si no defendemos la verdad, la oportunidad real de estudio para la gente con talento que no puede pagar, las becas, las residencias y los comedores estudiantiles, quién va a hacerlo?

Hemos entregado a los Ministros toda la información, rendimos cuentas, nos reconoce el sector privado con quien trabajamos, las comunidades, las instituciones mismas del gobierno, la inteligencia internacional situándonos en los niveles más altos de competencia.

Hemos mostrado nuestro quehacer una y otra vez y lo hemos demostrado con acciones. Ofrecemos aumentar la matrícula a 100.000 estudiantes, mejorar las becas y las condiciones de estudio, pero no queremos que nos conviertan en enseñaderos, en Universidades de tiza y pizarra, de computadora y técnicas repetitivas, queremos profesionales que sepan investigar y trabajan en y con la comunidad.

Por eso defendemos lo que debe ser una UNIVERSIDAD con tres actividades sustantivas: la docencia, la investigación y la acción social y una vida estudiantil integral e integradora.

NO es cierto que nuestros salarios sean mayores, ni que queramos dinero para subir los salarios. El crecimiento por anualidades lo tiene toda la administración pública y los otros aumentos son por méritos (publicaciones, innovación, idiomas, estudios), por esfuerzo personal y de equipo, POR TRABAJO y no vegetativo como dicen. La mayor parte de nosotros –sobre todo de los que trabajamos sin descanso, horas y más horas, con placer e imaginación, lo hacemos por VOCACIÓN y no por la paga. ¿Cuántos hemos rechazado mejores salarios?

Queremos el FEES para trabajar con y para el país.

Hoy venimos a entregar a nuestra Presidenta Laura Chinchilla toda la información que ya le entregamos a los Ministros. Venimos a pedirle que asuma su deber histórico como ciudadana, como universitaria y como mujer. A pedirle que se de la oportunidad histórica de defender la educación pública como la base de los derechos de solidaridad, como la base de la democracia y de la libertad.

Venimos a pedirle que, como Presidenta de la República de Costa Rica, que se de la oportunidad de ejercer un liderazgo que le permita pasar a la historia.

Venimos a ofrecerle al pueblo de Costa Rica seguir poniendo a su servicio nuestra imaginación, nuestra capacidad crítica, nuestra ética y nuestra capacidad para trabajar en y con el país.

Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir RESPONSABLEMENTE en democracia y en desarrollo para el bien de todas y todos los habitantes de nuestra querida nación.

(*) Rectora Universidad de Costa Rica y Presidenta de CONARE


Fuente: Diario Digital El País

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Carta abierta a Leonardo Garnier

Por Francisco Robles Rivera


Estimado Leonardo Garnier Rímolo

Ministro de Educación

De joven tenía la costumbre de leer cada jueves sus columnas "Subversiones". Algunas veces compraba La Nación y la mayoría de las veces le pedía a mi mamá que me recortará la "cinta" de su columna, del periódico del trabajo. Algunas de ellas siguen "engrapadas" a mis agendas viejas. Incluso, en el año 2005 junto con otros amigos organizamos un foro sobre participación política en el TEC, teniéndole a usted como conferencista invitado.

Sin embargo, esas columnas suyas parecieran ser sólo parte de esas agendas viejas que aún guardo y nada más. Cuando hoy desde las Universidades Públicas demandamos un "mínimo" de presupuesto para poder trabajar, usted ha apoyado un recorte al presupuesto universitario histórico del 4% anual, so pre-texto de la "crisis" fiscal, los "salariazos", o el "aumento" del "gasto" por estudiante en las Universidades Públicas.

Pero Leonardo, usted mismo nos ha señalado que "Usar como excusa que "el dinero no alcanza", lo único que significa es que el Gobierno que tiene cosas más importantes en las que gastar esa plata, que la educación no está dentro de sus prioridades. Y esa, es una proclama de ignorancia e irresponsabilidad de magnitudes históricas." (LN; 24/10/2002)

Y así, en su cargo de Ministro de Educación, nos podría decir, ¿cuáles son las prioridades de este Gobierno si no es Educación? Pero bueno, también es cierto que el tema del déficit fiscal agobia las arcas del Estado, pues como usted señalaba en 2005 "no hay chocolate sin impuestos" (LN;17/2005). Así, le vuelvo a preguntar ¿Qué ha hecho usted Sr. Ministro en 5 años de Gobierno por impulsar una reforma fiscal progresiva que nos permita tener ese chocolate?

Y con los "salariazos", pues bueno, no sé cuanto sea su salario como catedrático Universitario, pero en mi caso, como en el caso del 80% del personal interino de las Universidades no es más que una pequeña recompensa por creer en la gente y en la educación sin valor mercantil. Dígame usted, si es un salariazo recibir por un curso con 25 estudiantes en el mejor de los casos, menos de cien miles colones por mes, contando en mis espaldas con publicaciones, maestría y conferencias en el extranjero. Si de "salariazo" se tratará estaría cobrando el triple en un call center o empresa transnacional.

Del aumento del "gasto" por estudiante habla usted. Ahí es donde pienso en la ceguera que provoca el poder. Y le recuerdo de nuevo sus palabras "Los propios Ministros de Hacienda de Iberoamérica, en la cumbre del 2000, afirmaron que postergar estas inversiones (en Educación) "ya no es sólo una falta a la ética, sino un error económico que priva a la sociedad de su principal recurso para adaptarse a la veloz incorporación del progreso técnico en los procesos productivos". Pues, sigue diciendo usted: " la educación se paga sola: el costo de financiar tres años más de educación secundaria es entre seis y ocho veces más bajo que los ingresos adicionales que esas personas podrán ganar, con esa educación, en sus primeros diez años de trabajo. Y estos cálculos no incluyen los beneficios que la sociedad en su conjunto recibe de una mayor y mejor educación, que son muchos más. ¿Cuál inversión puede mostrar una mejor tasa de retorno? (LN; 24/10/2002) Y entonces Leonardo, cayó usted en las lógicas de los "técnicos del FMI", al considerar gastos la inversiones que se hagan como país.

Lo cito nuevamente Leonardo ¿Cómo decir que le apostamos al futuro (¿ADELANTE?) y a los jóvenes cuando le regateamos a la educación? Pues, "quien diga que en el país no hay recursos para hacer esa inversión, no sabe nada de economía". Así Leonardo ¿Por qué no practica Ud. la filosofía del conocimiento público, libre y gratuito que tan convincentemente predica en sus documentos?, ésta perdón es otra de sus citas.

Tome el tiempo Leonardo, no para responderme no hace falta, si no para leer de nuevo sus propios escritos.

Solidariamente,

Profesor Interino UCR-UNA

Cédula 304050666



Ver las columnas citas en:

http://www.leonardogarnier.com/index.php?option=com_content&task=view&id=257 Itemid=109

http://www.leonardogarnier.com/index.php?option=com_content&task=view&id=493&Itemid=109

http://leonardogarnier.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=197

Fuente: Diario Digital El País

Imagen: El Roto



Notas relacionadas:

Gobierno, universidades y Constitución Por Henning Jensen Pennington, Diario Extra.

Miles de universitarios marchan en San José y exigen aumento en presupuesto Diario Digital El País

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Hay que defender a las universidades públicas

"¿Cuál inversión puede mostrar una mejor tasa de retorno? ¿Cómo decir que le apostamos al futuro y a los jóvenes cuando le regateamos a la educación? Ayer, la educación era gratuita y obligatoria. Hoy, se rige por la contabilidad y las encuestas. Más que un déficit fiscal, parece que padecemos de un grave déficit de liderazgo".

Leonardo Garnier

Columna Sub/versiones

Octubre de 2002.

• Frente a la campaña de privatización y de mentiras del Gobierno

La política de agresión de la administración Chinchilla contra las universidades públicas no es nueva. Los distintos gobiernos neoliberales que se vienen alternando en el poder han aplicado una política de privatización de la enseñanza pública, mutilando la educación como derecho humano para convertirla en mercancía y en negocio.

Los resultados están a la vista. Empresarios y políticos corruptos se han enriquecido. Escuelas, colegios y universidades que empezaron su andadura en un garaje son hoy florecientes negocios. La receta ha sido sencilla. Estrangular el desarrollo de la educación pública, para obligar a la juventud y a sus familias a pagar por el derecho a la educación.

Para continuar con el negocio los neoliberales han emprendido una mentirosa y sucia campaña contra nuestras universidades públicas. Aquí se juntan intereses financieros y fines políticos. Los sectores neoliberales que han empobrecido el país en su beneficio particular, tampoco soportan que las universidades públicas sean espacios de libertad de cátedra y de pensamiento crítico, de compromiso con la sociedad costarricense.

El Consejo Nacional de Rectores de la UCR, la UNA, el TEC y la UNED, presentaron al gobierno una propuesta de financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) rigurosa y razonable. Un crecimiento financiero real inferior al del quinquenio 2004-2009, pero equilibrado y relativamente suficiente para que nuestras universidades puedan enfrentar los próximos cinco años el desarrollo normal de su labor docente, investigativa y de acción social.

El gobierno respondió con una propuesta que significa reducir en más de un cincuenta por ciento en términos reales, el financiamiento de las universidades en comparación con el quinquenio anterior. Esto supondría la asfixia financiera y una crisis de incalculables consecuencias para la educación superior pública.

El gobierno trata de vender su propuesta con una millonaria y vulgar campaña mediática. Está mintiendo al país, con el infame propósito de indisponer a la gente desinformada contra las universidades públicas. Presentan cifras infladas, sin relación con el crecimiento real de la economía nacional. Dicen los ministros de Chinchilla que no hay dinero, mientras siguen permitiendo la criminal evasión fiscal y tiemblan de miedo para tocar el bolsillo de los grandes ricos.

No debemos dejarnos engañar ni dividir. La opinión pública democrática y el conjunto de fuerzas patrióticas del país debemos enfrentar esta arremetida de los neoliberales. Es una lucha de interés nacional. Invertir en educación superior pública es apostar por el desarrollo, por la construcción de una Costa Rica más próspera y más justa.

Desde el Frente Amplio expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los estudiantes, profesores y trabajadores de las cuatro universidades públicas del país. Instamos a nuestra militancia y al pueblo en general a apoyar las reivindicaciones presentadas por la comunidad universitaria. Exigimos financiamiento justo. Nos sumamos, dentro y fuera de las universidades, a las actividades que democrática y unitariamente se convoquen en defensa del FEES y de la educación superior pública.


Comité Ejecutivo Nacional

Partido Frente Amplio



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Nota relacionada:


Sindicatos luchan por presupuesto para universidades públicas de Costa Rica

“Sobre todo, es un engaño decirle a la sociedad costarricense que no hay dinero para cubrir lo que justamente piden las universidades cuando la misma Contraloría General de la República, le ha llamado reiteradamente la atención al Ministro Garnier por la sub-ejecución presupuestaria de su ministerio que ronda los 130 mil millones de colones, el doble de lo que las Universidades piden como aumento en su presupuesto para el próximo año”, dijeron.


Completo en Diario Digital El País

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Marcha por la autonomía reunió universitarios de todo el país

Elizabeth Rojas Arias. Periodista Oficina de Divulgación e Información

Un numeroso grupo de estudiantes, académicos y autoridades universitarias de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional marcharon hacia el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el centro de la capital, con el fin de defender la autonomía que la constitución política le otorga a estas instituciones.

En una sola voz miles de costarricenses repudiaron la actitud del TSE el cual había emitido un pronunciamiento en el que exigía a las universidades públicas el abstenerse de realizar actividades académicas en las cuales se esgrimieran argumentos que rechazan la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).

Este pronunciamiento del Tribunal fue una respuesta a la consulta realizada por el Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR sobre las potestades de la universidad en ese campo.

Las universidades públicas desde hace dos años han venido realizando foros, debates, programas televisivos y radiofónicos sobre los pro y contra del TLC, basándose en la libertad de cátedra y en el principio universitario de formar una conciencia crítica entre los costarricenses.

El Estatuto Orgánico de la UCR además establece que la libertad de cátedra es un principio de la enseñanza universitaria que “otorga a los miembros del claustro plena libertad para expresar sus convicciones filosóficas, religiosas y políticas”

Durante la marcha en la que los académicos y estudiantes portaron pancartas y corearon consignas a favor de la autonomía y en contra del TLC, Manuel Emilio Soto Aguilar, representante del Comité de estudiantes de la Facultad de Derecho leyó un pronunciamiento en el cual repudia la actitud de sus compañeros de Facultad, que sin propiciar una discusión interna y “por simple curiosidad jurídica pusieron en juego los principios fundamentales de la democracia universitaria”

Un vez en frente del TSE autoridades universitarias y diputados pronunciaron discursos que apoyaban la autonomía universitaria.

La directora del Consejo Universitario Dra. Montserrat Sagot Rodríguez dejó claro que la marcha ratifica el derecho de los universitarios a decir que NO. Añadió que es la primera vez que una institución pública trata de callar a la Universidad y de ignorar las acciones que realizan otras entidades del estados por resguardar los intereses de los grandes empresarios del país.

El Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Dr. Eugenio Trejos Benavides manifestó que las universidades no pueden ser testigos pasivos de la realidad, sino tomar posición frente a ello con compromiso social y humanista. Agregó que la universidad debe defender la autonomía para poder seguir sembrando transformaciones en el espíritu de la juventud. Considera que el TLC como nefasto para los intereses de la patria y que Costa Rica requiere transformaciones con “rostro humano, alma social y cuerpo solidario” .

El Rector Trejos, quien ha liderado el movimiento universitario en contra del TLC, expresó que el TSE se extralimitó al tratar de cuartar la libertad de cátedra, por lo tanto pidió que no solo se retracte sino que elimine la sentencia anterior.

Trejos reiteró la invitación al Presidente de la República Oscar Arias Sánchez para que debatan sobre el Tratado de Libre Comercio y pidió a los costarricenses que “denuncien los actos de corrupción y los negocios que están detrás del Tratado”

Por su parte el rector de la Universidad Nacional Dr. Olman Segura advirtió al TSE para que en el futuro “tenga cuidado de no manchar la autonomía universitaria”

El diputado Oscar López dijo que los universitarios están “sacando la cara por este país” y les pidió que no claudiquen en la lucha. Añadió que al gobierno que ha utilizando recursos del Estado para hacer proselitismo a favor del Tratado, “debería darle vergüenza reprimir manifestaciones de estudiantes universitarios y ponerle mordaza a las universidades”

Finalmente el diputado José Merino del Río denunció la compra de votos y el proselitismo a favor del TLC que está realizando el Presidente Oscar Arias, acto que calificó de corrupto porque está jugando con la pobreza del pueblo.

La Rectora de la UCR Dra. Yamileth González García durante la apertura del Curso Superior de Gestión y Liderazgo Universitario que se realizó hoy mates 21 de agosto en el auditorio Abelardo Bonilla de la Escuela de Estudios Generales, celebró la nueva resolución del TSE donde se manifiesta que es “deseable y necesario que las universidad públicas del país estimulen el debate nacional en las cuestiones objeto de consulta popular” y “reconoció que nuestra autonomía es completa tal y como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política”.

Asimismo manifestó la Rectora González que “con vehemencia hemos luchado por nuestro derecho y nuestra obligación de debatir, polemizar, dialogar, investigar y transmitir nuestros resultados y nuestra ideas”

Por esa razón agregó, es que en este momento los y las universitarias “estamos dando una importante lucha por ser autónomos, por tener libertad de cátedra de pensamiento y de acción” .

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*La negrita es nuestra

Fuente: Noticias UCR

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