Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (IV y final)

Por José Luis Vega Carballo

Para finalizar esta serie de análisis sobre las vicisitudes de la firma del convenio para el financiamiento de nuestras universidades públicas (el FEES,) vamos a recalcar y explicar un poco mejor nuestros argumentos acerca de por qué ese convenio es débil en sus fundamentos y proyecciones, así como insuficiente para satisfacer las justas demandas y aspiraciones de las comunidades universitarias; hoy frustradas por sus rectorías y empujadas a un sombrío invierno presupuestario de corte neoliberal, que tendrá la comprometedora característica de elevar los objetivos y compromisos de gestión de las instituciones para el período 2011-15, al mismo tiempo que paradójicamente se les recortan los medios para alcanzarlos, a pesar de todas las promesas y dichos en contra para tapar tan deprimente y dura realidad.

En efecto, en un arrebato de entrega ante la discutible tesis del gobierno acerca cómo superar la actual crisis económica, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aceptó en el considerando 8 del acuerdo que las universidades "tendrán que adoptar políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos." Es decir, medidas de restricción de una inversión (como es la educación), la cual más bien debía reforzarse ante una recesión que se torna ya en terrible depresión del capitalismo global.

Una vez concedido lo anterior, las autoridades universitarias tuvieron que avenirse a una reducción del nivel de las justas demandas que se habían comprometido a mantener ante sus comunidades. Ese nivel lo habían bajado de un 24% de aporte gubernamental anual al FEES para el período 2011-15 a un 16%, luego a un 13% (moderado promedio del quinquenio anterior) para terminar trazando la línea en un 11%, de la cual descendieron aún más, hasta postrarse al pactar un raquítico 5,5% de crecimiento real promedio para el quinquenio, ¡sólo un 1% por encima de lo ofrecido inicialmente por el gobierno y considerado por el CONARE como un verdadero desastre para las instituciones!

Pero, además, agacharon la cabeza con el inconveniente para las universidades de que, por una parte, tendrán que consentir en que se le recorte a la educación primaria y secundaria la suma de ₵5.500 equivalente a un 2% del total de 7% que se acordó asignar al FEES para los años 2011 y 2012, luego de los cuales se reculará los tres siguientes hasta llegar a un escuálido aporte de solo 4,5% por encima de la inflación. Por otra parte, las autoridades asintieron contratar un empréstito extranjero por US$200 millones para cubrir inversiones en equipo e infraestructura; lo cual implicará que, para los años siguientes al 2012, el crecimiento real indicado de un 4,5% solo se logrará, como lo ha señalado el SINDEU (sindicato de la UCR), deduciendo este préstamo (que las universidades deben devolver) del propio FEES, cuyo nivel se reducirá en esa proporción en beneficio del gobierno y detrimento de los presupuestos universitarios; y si a ello sumamos, como lo ha dicho Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario de esa institución, que se "jinetearán" Fondos del Sistema (FS) del CONARE trasladándolos de renglones propios del presupuesto regular de las universidades al FEES, en realidad lo que el gobierno girará a las universidades no será un 4,5%, sino mucho menos. Sólo les cabe esperar a las pusilánimes rectorías que el gobierno tramite una reforma tributaria para cerrar las enormes brechas financieras en ciernes. Pues se depositó en tal reforma la garantía de que, para el 2015, el gobierno pueda cumplir con trasladar un 1,5%% del producto interno bruto (PIB) al FEES, ¡algo que queda totalmente en la cola de un venado!

Luego de examinar esos detalles del contenido del acuerdo, uno se pregunta cómo es posible que las rectorías sigan prometiendo infundada e irresponsablemente a funcionarios, profesores y estudiantes que no habrá recortes del gasto ni de las inversiones, que se aumentarán las matrículas y cupos de carrera, que se fortalecerán muchas de ellas en las áreas científico-técnicas, que se aumentarán las becas y se mejorarán los servicios estudiantiles, que las operaciones normales de la administración y la academia están garantizadas, que podrá mejorarse la calidad de la enseñanza-aprendizaje aunque aumente la cantidad de estudiantes, que las instituciones entonces crecerán en todo sentido, que, en fin, como lo firmaron en el acápite 7f de los acuerdos se comprometen a que los "regímenes salariales de las instituciones sean siempre atractivos para el ingreso del personal nuevo de alta calificación y para que los sistemas de incentivos respondan primordialmente a consideraciones de calidad y mérito en el desempeño de las funciones", etc., etc.

Y lo más demagógico y falso: que no habrá despidos, sean masivos o selectivos, ni reducciones voluntarias o forzadas de los niveles de la remuneración salarial, al estilo de España y Portugal donde las disminuciones tanto de la planilla vía destituciones como de los sueldos han llegado a un 20% respectivamente (modelo de recorte 20-20), sin que los sindicatos hayan podido detener la terrible tijera del neoliberalismo instalado en las cúpulas que gobiernan los claustros (o lo que va quedando de ellos).

Entonces, no perdamos para nada de vista que esas cúpulas educativas son fieles aliadas aquí también de las gubernamentales y de los partidos de la coalición Arias-Chinchilla. Son las que se hallan bien instaladas en los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Hacienda; las que a su vez dependen de las directrices y recursos de los organismos financieros internacionales (OFI), como el Banco Mundial o el BID, ante los cuales responden como élites serviles, embarcadas ahora en la trágica tarea de enfrentar la crisis mediante medidas pro-cíclicas equivocadas; a saber, aplicando fuertes reducciones (desfinanciamientos y desmantelamientos programados) a los servicios sociales públicos, incluidos los educativos y universitarios, a todos los cuales se les hará "terapia de shock" a pesar de que no constituyen gastos, sino productivas inversiones.

Se cierra así y desde allí, desde esos enclaves superiores de poder, el fatal círculo de un poder global-local dirigido a liquidar nuestras universidades públicas, o bien muy empeñado en convertirlas -si lo anterior no se logra- en acríticos y dóciles apéndices de los sectores productivos y empresariales, controlados por los intereses de las corporaciones y finanzas internacionales.

Para terminar, es conveniente que los estudiantes de las universidades públicas sepan, que si no están matriculados en carreras "acreditadas" por el denominado Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), no hallarán fácilmente a futuro un empleo en el sector público, donde serán discriminados bajo aparentes criterios objetivos y de conveniencia. Esto debido a que las rectorías así lo negociaron para beneficio de la educación superior privada y mercantilizada, donde esa acreditación se realiza bajo condiciones muy expeditas y altamente ventajosas. Así quedó plasmado esto en el acuerdo 8, cundo literalmente CONARE convino en "que se garantice que la contratación de profesionales en instituciones del Estado requerirá que la carrera de la que provienen esté acreditada."

Mediante esa norma, no solo se permitirá a las universidades privadas equipararse y desplazar a las públicas en el mercado de trabajo del sector estatal, sino que también les abrió a sus dueños puertas para reclamar eventualmente fondos estatales del FEES o del MEP, prontos a esgrimir la tesis de que "todas las universidades son públicas", que la "educación superior es una sola", y que todas las entidades deben competir al estilo chileno y banco-mundialista. Un tema sobre el que tendremos de volver más adelante. Pues este escenario bien podría ocurrir en el país, a pesar de que los entes privados son empresas de propiedad exclusiva de unos cuantos ricos, quienes desde hace años hacen clavos de oro a costa de muchas familias de medios y bajos ingresos, cuyos hijos e hijas se ven forzados a caer en sus garras precisamente debido al escaso financiamiento y muy lento aumento de la matrícula en las universidades regidas por el CONARE.

No debe tampoco pasarse por alto que ese tipo de educación superior mercantilizada y privatizada marcará la pauta del futuro si se deja que los altos círculos del progresismo reformista que hoy controlan a las universidades públicas, sigan permitiendo que se debilite el FEES, se impongan las normativas neoliberales del Banco Mundial y demás OFIs, y se les retiren a los estudiantes otras fuentes de financiamiento que no sean las del CONAPE, o las que lleguen a ofrecerles los círculos bancarios y empresariales que desde ya se aprestan a participar más y más agresivamente en el jugoso, aunque poco honroso, negocio de una educación universitaria manejada bajo criterios y condiciones de mercado. No hay duda de que en dichas instancias privatizadoras, en las cámaras patronales y los grandes poderes mediáticos deben estar aplaudiendo con mucho gusto este pacto del CONARE con un gobierno elitista que, debe reconocerse, los representa muy bien en calidad de junta superior administrativa de sus más altos intereses.

Fuente: Diario Digital El País

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I), Jose Luis Vega Carballo.

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (III), José Luis Vega Carballo.

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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (III)

Por José Luis Vega Carballo

Aprovecharemos esta tercera entrega de apreciaciones sobre la “negociación” del fondo especial para la educación superior pública (FEES) para hacer referencia a varios importantes comentarios suscitados a raíz de las opiniones publicadas en esta columna, especialmente los planteados por el estimado economista don Luis Paulino Vargas Solís, a quien le agradezco darme la oportunidad para aclarar mis ideas sobre los alcances del mencionado proceso. Comienzo con decir dos cosas fundamentales, dejando para luego algunos detalles.

Primero, que no hubo a lo largo de casi año y medio de conversaciones entre las rectorías y el gobierno arista-chinchillista un proceso que pueda llamarse con toda propiedad y en buena ciencia de “negociación”. Las partes se encerraron en sus posiciones (incluida la muy defendida por las autoridades universitarias de un mínimo de 13% de financiamiento promedio a lo largo de 2011-15, la cual se comprometieron a sostener antes sus comunidades universitarias como límite mínimo o piso para firmar el acuerdo FEES); y, en el caso gubernamental, además escalaron o maximizaron abusivamente y con dureza sus demandas, mientras que la parte académica cedía y retrocedía (sobre todo en las últimas semanas y días), dejándose acosar y acorralar contra la pared y el reloj, como acostumbran hacerlo los negociadores suaves y demasiado amigables frente a los rudos que se aprovechan de esto, sin misericordia ni tregua, para obtener fáciles concesiones y satisfacer sus voraces y muchas veces ilegítimos intereses. Esto se llama “trinqueteo”, entrar en “tomas y dacas”, dejarse cansar y hasta atemorizar (como cuando los ministros haciéndose los “buenos de la película” asustaban a las rectorías con enviar el caso a la Asamblea Legislativa donde les esperaban los “malos”), ceder ante presiones, amenazas, chantajes y trucos sucios, pero no negociar como se debe: fundándose en principios e intereses. Para mayor ilustración acerca de lo que es y no es negociar de veras, con profesionalismo y altura, dignidad y eficacia, refiero a los lectores a la obra Dr. Roger Fisher de la Escuela de Leyes de Harvard, “Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder” (Colombia, Editorial Norma).

Segundo, el neoliberalismo, en su versión Neo-institucional avalada por el Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales (OFI), no pretende acabar ni privatizar la educación pública como tal, incluida la universitaria, sino, por un lado, “acondicionarla” por dentro para que funcione bajo estilos y normativas gerenciales o “incaístas”; y, por otro, “condicionarla” duro por fuera y desde las altas esferas gubernamentales dominadas por tecnócratas fieles a los OFI, para que esa educación (igual que la privada) sirva a las necesidades empresariales y del mercado laboral y no otras; rebajándola así a recurso o medio para generar ganancias al sector capitalista privado y para hallar empleo, punto. Esto implica definir la educación como un servicio que se presta al sector productivo bajo condiciones de competencia de mercado, o no se brinda; y despojarla entonces de todo contenido como Derecho Humano y Social, como Bien Público, y sobre todo como proceso de formación y capacitación personal y colectiva brindado en función de un proyecto soberano de desarrollo nacional auto-centrado y auto-sustentado, democrático, igualitario y solidario plasmado no para satisfacer intereses egoístas y cortoplacistas de las élites desnacionalizadas, sino de las grandes mayorías sociales y con vistas a los requerimientos de construcción de una ciudadanía sociopolítica, crítica y militante.

Es decir, la educación para el neoliberalismo es un instrumento al servicio de una sola meta globalista o mundial: impulsar parejo y en todas partes el carruaje empresarial hacia más elevados niveles de competitividad, ganancia o rentabilidad, y de explotación del trabajo humano como recurso generador de riqueza para unos pocos y no de bienestar para todos, a saber, como simple mercancía transable o “capital humano”, cuyo fin único es satisfacer el afán de lucro y acumulación de ganancias de un capitalismo desbocado y dispuesto a tragarse los recursos naturales y humanos del Mundo.

En ese sentido, lo que persiguen los OFI a la vanguardia del proyecto, es sujetar la educación pública a las exigencias del gran capital, aprovechando para tal fin la fuerza de la ley (y de monitoreo/control/represión) y el peso ideológico que todavía posee el Estado para controlar el curriculum, mientras se deja al lucrativo sector privado lo más libre, flexible o desregulado posible, para que allí se formen los cuadros de mayor confianza y calidad del sector empresarial, siguiendo ojalá los moldes de algunos “Colleges” gringos o de los institutos de “Business Administration”, como el INCAE, o bien de algunos tecnológicos, como el de Monterrey en México o el ITN peruano; también el modelo pinochetista de los institutos científico-tecnológicos públicos de Chile, que funcionan como corporaciones de derecho privado eximidas de cumplir la ley nacional de presupuestos y contraloría, en las cuales el gobierno es propietario minoritario y actúa como promotor y contralor garante de la reproducción social e ideológica de una sumisa fuerza de trabajo de bajo costo formativo.

Claro está, que si en algunas universidades públicas se logra hacer lo mismo antes señalado y bordear el campo de lo privado/mercantil, especialmente en los niveles de posgrado (maestrías y doctorados), pues magnífico para los OFI. Pero, en general, en la esfera pública lo que más importa a los OFI y compañeros de viaje es implantar carreras financiadas con fondos públicos que trabajen como subsidios al capital, para cuadros medios y bajos de alto rendimiento que cuenten comprobadamente con las llamadas “competencias” requeridas por las empresas (especialmente las transnacionales) y que como estudiantes trabajen para ellas. Eso sí, todo al más bajo costo posible y en condiciones de bajo salario. Esto implica que el interés por privatizar la educación pública halla límites de conveniencia y se detenga antes de llegar a su más radical y plena ejecución, tanto en Costa Rica como en otros países gobernados por los OFI como mansos “protectorados de libre comercio”. Lo que realmente importa es controlar la educación, sea pública o privada, en aras de los designios, cadenas virtuosas e interés del capital. Y en el caso de las universidades públicas que sean buenas vendedoras de servicios y a la vez clientas del sector privado, y también eficientes y dóciles empresas de trabajo precario y temporal para sus funcionarios administrativos y docentes.

Dicho y aclarado lo anterior, resulta que lo pactado con el gobierno por las rectorías en el FEES, a título casi personal y en contra de lo convenido como “piso” con las comunidades universitarias, se ajusta perfectamente a la filosofía y práctica del Neo-institucionalismo bancomundialista en todos sus extremos y vericuetos. Y lo hicieron no en un sentido pasivo y estático o de un puro formulismo, sino con una actitud proactiva y bajo la visión de ejecutar políticas coherentes y definidas en apoyo de las fuerzas del mercado y de los intereses gubernamentales, empresariales y de los OFI.

El acuerdo comienza con un discurso (aceptable en términos neoliberales) en pro de la educación pública. Pero, de inmediato pasa a someter las universidades de lleno, por un lado, a la camisa de fuerza de la “privatización endógena”, una forma de “comercialización en la academia” que no reconoce la autonomía universitaria, ni su esencia académica y humanista, al imponerles que funcionen internamente como si fueran empresas o corporaciones privadas bajo el imperio del gerencialismo de moda o “managerialism” (gestión administrativa y financiera hecha por objetivos y contratos de desempeño y servicio con indicadores de eficacia, eficiencia y productividad, evaluación y rendición de cuentas, acreditación internacional o manía de los “rankings”, compra-venta de servicios de todo tipo, crédito privado local e internacional para inversiones, fondos concursables, etc.). Por otro lado, la “privatización exógena”, una forma de “comercialización de la academia” que la vuelve a ella misma un producto comercial ajustada a las demandas de los clientes privados, los mercados y otros agentes externos; y que se le aplica hacia afuera. Esto se trasluce claramente en el acuerdo que analizamos, donde se doblega a las universidades para que trabajen, se remodelen y rindan cuentas con apego a las necesidades del proyecto de competitividad, de ciencia, tecnología e innovación pactado por el gobierno arista con el Banco Mundial en junio de 2009 (ver publicación oficial BM-GCR “Competitividad en Costa Rica” y otros del Consejo Nacional de Competitividad, CONACOM); lo cual implica de hecho su sometimiento a intereses políticos y privados ajenos a las mismas, aunque conserven la fachada de instituciones públicas de servicio. Así, pues, lo importante es cómo se rediseñen en lo interior y cómo trabajen hacia el exterior entre 2011 y 2015, ciñéndose en ambas esferas a los lineamientos de los OFI y los intereses hegemónicos del bloque transnacional de poder que gobierna el país. De modo muy parecido a cómo se logró la mercantilización y privatización de hecho de la banca nacional y de las telecomunicaciones, ahora se impulsa un sistema gerencial-empresarial y competitivo para las universidades públicas. ¡Adiós, de nuevo, a las mismas, al igual que se lo dijimos a los bancos estatales, al ICE, al INS, etc., si es que van a seguir por ese camino solapadamente abierto ya por las rectorías y el realismo del “progresismo contemporizador”!

A quienes se han conjuntado para impulsar esta contra-reforma universitaria neoliberal en Costa Rica hay que repetirles lo afirmado hace pocos días por el rector José Narro Robles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Pretender someter la actividad educativa a criterios de mercado, constituiría una falla y un desatino”.

Pero habrá más que decir acerca del tema en la cuarta entrega, cuando enfocaremos algunos otros aspectos del tijeretazo y la estrategia de austeridad aplicados al convenio FEES, que exigen clarificación y debate nacional.


Fuente: Diario Digital El País


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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (II)

Por José Luis Vega Carballo

A las anteriores victorias obtenidas en materia de financiamiento y administración presupuestaria por la alianza Arista-Bancomundialista en las negociaciones con las rectorías de las universidades públicas, habrá que agregar otra más y muy decisiva en el balance desfavorable para las instituciones educativas.

En efecto, si nos guiamos por lo pactado en el punto 7 de la sección final del acuerdos y si efectuamos una doble lectura crítica del mismo, lo que se aceptó, más allá de su inocente apariencia, son los lineamientos conceptuales y de aplicación de la estrategia denominada como “Neo-institucionalismo” por el Banco Mundial (BM); la cual transforma órganos del Estado como las universidades en apéndices de las fuerzas del mercado, en mecanismos para dar mayor satisfacción a los intereses y necesidades de las empresas privadas, en especial a las grandes corporaciones transnacionales instaladas en zonas francas y amparadas a los tratados de libre comercio (TLCs).

De ahí que las universidades quedaron comprometidas a: subir tasas de matrícula más allá de lo previsto (efecto de sobresaturación); reformar el sistema de becas (no se indica cómo); mejorar tasas de rendimiento y métodos de evaluación académica para reducir permanencia y aumentar graduaciones de acuerdo a necesidades del mercado laboral y empresarial (tampoco se indica cómo); estrechar vínculos con el sector productivo y con programas gubernamentales de ciencia, tecnología e innovación para bajar de la “torre de marfil” (queda por definir el cómo); procurar tener regímenes salariales uniformes sujetos a incentivos, indicadores calidad y desempeño de funciones (como en las empresas privadas) y no a aumentos automáticos (lo cual huele a régimen de “salario único”); lo mismo que atar esas y otras medidas a programación y fijación de metas en función de las cuales se harán las evaluaciones de logros.

No hace falta un gran esfuerzo para darse cuenta que, con esa sujeción radical de los aparatos universitarios a estilos gerenciales y criterios de gestión empresarial, se hace añicos, no solo la autonomía, sino además la libertad de cátedra universitaria; una meta perversa a la cual se unirá la aplicación de los sistemas internacionalizados de acreditación, sesgados hacia la uniformación, privatización y mercantilización de la enseñanza superior.

Clara quedó, pues, la hoja de ruta neoliberal y mercadológica a la cual deberá sujetarse el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para su Plan 2011-2015. Con ello, las universidades primero fueron enmarcadas tal como lo explicamos en la parte I de este análisis, en el entorno estrujado de la política fiscal y tributaria neoliberal, y a cómo allí se piensa manejar la crisis sistémica a favor de las necesidades e intereses del sector financiero-bancario privado, que es el hegemónico dentro de la estructura de poder trans-nacionalizada. Y segundo, las rectorías fueron domesticadas y forzadas a ejecutar un operativo de reingeniería interna de sus estructuras de gobierno, administración, finanzas y enseñanza-aprendizaje en consonancia con una ideología de corte empresarial y de mercado, para que así las entidades se acoplen a un modelo de “universidad corporativa globalizada” ceñido a las necesidades e intereses del sector financiero y exportador, lo mismo que a los de la banca internacional. De esta manera le cerraron desde arriba y desde afuera el círculo de opciones de gobernanza a CONARE, por dentro y por afuera.

Habrá que esperar a ver cómo se traduce todo lo anterior a fórmulas operativas de aplicación interna, o sea, a compromisos mejor especificados en la firma del convenio entre CONARE y gobierno, del cual este acuerdo es el preámbulo que abre el gran boquete. No seamos ingenuos: esta es la víspera que anuncia el día; y el diablo estará seguramente por perfilarse mejor en los detalles venideros que contendrá el convenio final pronto a firmarse. Pero desde ahora podemos ir diciendo, si el programa anterior se impone, que ha comenzado el desmantelamiento del modelo universitario autónomo y desarrollista, plasmado durante el siglo XX por figuras como Rodrigo Facio y Carlos Monge Alfaro. Si no hay una poderosa reacción en contra de lo pactado, habrá entonces que decir adiós a universidades públicas comprometidas con el país, con su desarrollo, con su modelo social y sus sectores menos pudientes. Adiós también a la autonomía universitaria, a la libertad académica y al pluralismo ideológico y cultural.

Por eso es buena hora para reiniciar la lucha por otro tipo de reforma universitaria, auto-generada y auto-dirigida por las mismas universidades, como han sido las anteriores reformas, y no impuesta por las fuerzas ajenas del gran capital trasnacional y la nueva oligarquía corrupta, que desgobierna el país en función de intereses elitistas y transnacionales. Ya veremos si triunfa la contrarreforma mercadológica en marcha impuesta desde afuera y desde arriba, o una auténtica auto-reforma, democrática y popular, acorde con las necesidades e intereses del desarrollo nacional y de las grandes mayorías sociales, la cual pronto deberá ser planteada y plasmada para detener la privatización y mercantilización total de nuestra educación superior.


Fuente Diario Digital El País

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Cacería de brujas y V Convenio FEES

Por David Morera Herrera *

El 17 de agosto se realizó la marcha más gigantesca de la historia de las luchas universitarias, demostrando así que la ofensiva del gobierno para asfixiar financieramente a la educación superior pública, se topaba con una vigorosa y creciente movilización de las comunidades universitarias y empezaba a gestar un fuerte apoyo de los sectores populares.

Pocos días después, exactamente en la madrugada del 26 de agosto, en la víspera de una marcha que federaciones estudiantiles y sindicatos preparaban frente al Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmó con los ministros de Gobierno un acuerdo para implementar el V Convenio para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo quinquenio 2011-2015, a espaldas de la comunidad universitaria, desoyendo la voz de las organizaciones de estudiantes y trabajadores(as) e incluso sin ninguna consulta previa a los respectivos Consejos Universitarios de las cuatro universidades públicas, colocándonos frente a un hecho consumado de gravísimas consecuencias.

El 21 de septiembre en el diario La Nación reproduce declaraciones de la rectora de la UCR Yamileth González en el sentido de que se realizan investigaciones para valorar sanciones contra estudiantes y trabajadores que participaron en acciones de protesta contra el acuerdo CONARE-Gobierno sobre el FEES. Es sumamente grave que académicos y autoridades universitarias se sumen a una campaña de criminalización de la protesta social a lo interno de la Universidad, en sintonía con los discursos neoliberales de "mano dura". No solamente porque la suspensión de las tomas de los edificios de Rectoría y Ciencias Sociales, convenida el 29 de agosto por activistas estudiantiles y autoridades universitarias, se realizó mediante compromiso categórico de que no se tomarían represalias de ningún tipo, sino porque que la reacción de molestia de estudiantes, trabajadores y trabajadoras por la forma intempestiva en que las y los rectores pactaron el V Convenio FEES, se está transformando en una "cortina de humo" para centrar las baterías contra los supuestos revoltosos y vándalos, y no entrar a discutir a profundidad lo que en verdad pactó CONARE y las graves consecuencias que implica para el futuro de las universidades públicas.

Para entrar en el fondo del asunto y separar la paja del grano, a continuación esbozamos seis aspectos nefastos del pacto CONARE-Gobierno suscrito el 26 de agosto:

1. El acuerdo es bastante restrictivo desde el punto de vista financiero, pues fija el crecimiento real en un 7 % en los años 2011 y 2012, y un crecimiento de 4.5 % en los tres años subsiguientes: 2013, 2014, 2015, lo que en promedio representa un 5.5 % de crecimiento real para el quinquenio, alejándose sustantivamente de la última propuesta definida por CONARE de 11 % y más aún de la del 13 % de crecimiento real que convinieron anteriormente las y los rectores con el movimiento sindical y estudiantil. Este pacto implica un recorte considerable del crecimiento del FEES, con serias consecuencias para estudiantes y trabajadores(as). De hecho este supuesto ya se está confirmando en lo inmediato cuando la administración de la UCR ofrece al SINDEU como ajuste salarial de medio periodo, salvo el 2 % de política salarial que ya había aprobado el Consejo Universitario, apenas un 1 %, lo que revela que ya está operando el recorte en detrimento de las y los trabajadores.

2. Por otra parte el acuerdo incorpora 200 millones de dólares, provenientes de un empréstito externo, lo que implica no contar en este caso con fondos sanos provenientes del presupuesto nacional, sino someterse a la dependencia de los organismos financieros internacionales y sus condicionamientos, endeudar mas al país, factura que a la larga pagaran los sectores populares.

3. Una vez firmado el acuerdo, es aún más grave que al día siguiente, el Ministro de Hacienda Fernando Herrero, manifestó públicamente que el incremento en 2 puntos porcentuales en los años 2011 y 2012, se hará a costa de cercenar el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, lo que afecta sensiblemente al sistema educativo de primaria y secundaria y atenta contra la defensa de conjunto de la educación pública. Jamás debe aceptarse que se deteriore la educación a nivel de primaria y secundaria, para financiar la educación superior pública.

4. Contra las propias declaraciones de las y los rectores el día anterior a la firma del acuerdo, CONARE acepta que se sujete el financiamiento universitario a la recaudación fiscal, lo que las somete por ende a la aprobación del paquete de impuestos que se descargará sobre las espaldas de los sectores populares, lo que no es digno de universidades públicas que se supone deben estar comprometidas con los derechos del pueblo. Lo peor de todo es que de esa forma CONARE da un espaldarazo político al Gobierno, al avalar el paquetazo de impuestos, a cambio del espejismo de que, de ser aprobado dicho paquete por una Asamblea Legislativa tanimpredecible como esta y de producirse un crecimiento sustantivo de la economía (lo que está "en la cola de un venado"), se le aplicaría eventualmente a las universidades públicas un 1.5 % del PIB durante el 2013, 2014 y 2015, o sea, este aval político se da en realidad a cambio de nada, o digamos al menos, a cambio de una posibilidad muy pero muy remota.

5. Las y los rectores pactaron además que solo las carreras acreditadas por SINAES, en sintonía con las disposiciones del Banco Mundial y la UNESCO en la materia, elevarán los cupos. Este mecanismo es siniestro, porque implicara la promoción de determinadas carreras, en detrimento de otras o incluso llevando a algunas de ellas a su extinción. Sabemos a ciencia cierta que, a través de este mecanismo, se presionara para hacer crecer las carreras tecnocráticas y rentables al empresariado, en contra de áreas como ciencias sociales, letras o bellas artes

6. Para rematar el acuerdo suscrito por las y los rectores acepta que el régimen laboral se sujete a criterios de "productividad" en concordancia con el modelo neoliberal, lo que es de prever llevara a aplicar instrumentos punitivos como el manual de evaluación del desempeño que está en curso en la UCR.

En síntesis, más allá de colones más o colones menos, más allá de los meros números, lo cierto es que CONARE con esta pésima negociación ha puesto en entredicho la autonomía universitaria y al ceder al chantaje del Gobierno, ha abierto la puerta al modelo neoliberal de Universidad, y mientras tanto la rectoría anuncia sanciones contra la disidencia. ¿Es esto "lucem aspicio"?


* Sociólogo y directivo del SINDEU



Fuente Diario Digital El País


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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I)

Por José Luis Vega Carballo

Es claro, para cualquier mediano entendedor en materia de estrategias y métodos de negociación, que las rectorías de nuestras universidades públicas argumentaron bien la mayor parte de los aspectos de “contenido” de sus posiciones relativas al monto solicitado para financiar el fondo para la educación superior (FEES) y al explicar por qué esgrimieron excelentes razones que creyeron y aceptaron de buena fe sus comunidades académicas y laborales. Pero fallaron estrepitosa y trágicamente en el manejo de la “forma”, o sea, en todo lo relacionado con el proceso y los procedimientos utilizados en las conversaciones con los ministros. Al punto de que, en lo técnico y operacional, puede hablarse de inexperiencia y de total carencia de prudencia y responsabilidad, profesionalismo y pericia.

Simplemente se dejaron acorralar por los jerarcas de Zapote, vapulear en el trato interpersonal, agredir externamente desde los medios de comunicación, chantajear con el temor a que el asunto fuera enviado a la “cueva de los malos” en cuesta de Moras, presionar hasta lo indecible contra las cuerdas y el reloj, y sin levantarse de la mesa, soportando escaladas de exigencias y condicionamientos fuera de lugar, todo a lo largo de 14 meses que al final fueron infructuosos para satisfacer vitales intereses y necesidades de la educación pública universitaria.

El resultado de lo anterior: muy lindo discurso tejido para la “exportación” por parte de las rectorías agrupadas en Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pero permisibilidad y flojera ante la “importación” a la mesa negociadora por los ministros de trucos y artimañas sucias y bajas; todas ellas muy bien conocidas entre especialistas en métodos de negociación y diplomacia, como las arriba mencionadas. y de las cuales hacen gala los negociadores duros y truculentos, llamados “gladiadores” porque siempre llegan a negociar con posiciones rígidas y verticales, encerrados en sus posiciones transformadas en trincheras, y con los tacos por delante a fin de obtener ventajas en el reparto de cualquier “pastel” frente a negociadores suaves, débiles y condescendientes que ceden buenamente ante estrujes y coacciones.

Nunca debieron aceptar las rectorías que se les introdujeran esas estratagemas y mucho menos que surtieran efecto al punto de hacerles retroceder una y otra vez, desde niveles iniciales de petición de cobertura de fondos del orden casi del 30%, luego puestas cercanas al 20%, para ir aterrizando casi en picada a un 13%, para llegar luego a 11% y finalmente a entre 7 y 4,5%. Y lo peor: dependiendo de una serie de imponderables factores y situaciones en materia de evolución económica, tributaria y fiscal que dejan el acuerdo totalmente flotando en el aire para la parte universitaria (no así para la triunfadora gubernamental); es decir, como algo meramente simbólico, sin firmes asideros en cuanto a sostenibilidad o viabilidad, y altamente perjudicial para el futuro de las universidades en términos de presupuesto y conveniencia institucional. Si estuviéramos en un país normal, hace rato que debieron los y las rectoras haber presentado su renuncia por incompetencia y otras fallas, ante sus respectivas comunidades universitarias. Ahora tendrán que afrontar allí una grave crisis de credibilidad y legitimidad junto con sus coaliciones de poder y todo el progresismo reformista.

En síntesis, puede decirse que dada la gravedad de lo acontecido y los pésimos resultados obtenidos por CONARE, las universidades quedaron a mansalva del gobierno y de su proyecto de educación neoliberal y mercadológico hasta el año 2015 y quizás más allá, si nos atenemos al mal precedente sentado. Se puede decir que las rectorías fueron a una verdadera emboscada, que al final no la evitaron ni la resistieron como debían, que capitularon ante los ministros y la presidenta Chinchilla, y pasma darse cuenta cómo intentan ahora defender lo indefendible, proclamando un triunfo de las universidades, del progresismo y el realismo. Los grandes ganadores ante sus “proezas” negociadoras son y serán otros actores. Veamos.

A la par del gobierno, de la derecha y los grupos empresariales, el más grande ganador ha sido el Banco Mundial con su acólito regional en materia de estrategia social, educación y competitividad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Examinando la letra del acuerdo, que servirá de base para redactar y firmar el V Convenio FEES, se nota que lo único que está realmente en firme son los puntos donde los ministros, como duros negociadores, doblegaron toda resistencia (si es que la hallaron) de las rectorías para imponer sin límites ni condiciones, los elementos centrales de la visión y estrategia educativa mercantilista de esos bancos. O sea, aceptaron los lineamientos de lo que hoy se llama el “Consenso de Washington en Educación”, el cual forma parte de una segunda generación de ajustes o reformas neoliberales, corregidas para extenderlas hacia el siglo XXI, cobijadas bajo el título de “Neo-institucionalismo”. Para muestra solo unos botones.

Primero, aparte de aplicarle a la representación universitaria el mecanismo de la “condicionalidad” (método donde los bancos chantajistas establecen ataduras entre lo que financian o conceden a os deudores, y lo que la otra parte dependiente necesita o cede dejándose extorsionar, según el perjudicial estilo del “toma y daca” o del “no hay pelo sin sangre, ni almuerzo gratis”), la del ejecutivo logró que aquella se dejara apartar del principio de la autonomía universitaria y otros de orden académico, y accediera, en los “considerandos” 6 y 7 del acuerdo, a sujetar el presente y futuro de las instituciones al ámbito de posibilidades de una reforma fiscal y tributaria de dudosa calaña social y ética, porque deberá contar con el apoyo de los grupos financieros y económicos que le dan razón de ser al gobierno de Chinchilla y al pacto Li-Li (PLN- ML); y, además, porque deberá llevarse a cabo según los lineamientos de “políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos”, pactados por el gobierno con los bancos y el FMI, que descargan el costo de salida de la recesión y de una posible depresión capitalista global contra los hombros y bolsillos de los sectores de clase media y trabajadora, mayormente los asalariados. Este pacto es peligroso porque, además de restarle aliados y crearle enemigos a las universidades entre los sectores mayoritarios afectados, incluye el desfinanciar los niveles de secundaria y primaria para darle recursos al FEES (punto 4 de la parte resolutiva del acuerdo), y hacer que allí también pierdan aliados entre el magisterio nacional (APSE, ANDE, SEC, etc.).

Segundo, en el punto 6, el gobierno se compromete presuroso, eso sí, a gestionar créditos hasta por US$200 millones para equipos e infraestructura universitaria, posiblemente ante el BM, el BID o el BCIE, lo cual meterá un verdadero “caballo de Troya” bancomundialista en los campus y prepara a las universidades para que sigan por esa ruta cada vez que el gobierno se niegue a darles recursos, como es su obligación constitucional.

Y tercero, como si lo anterior fuera poco, las altas jerarquías fueron advertidas por el gobierno en el pacto acerca de cómo deben administrar esa masa de recursos financieros, por si no lo sabían, imponiéndoles, con violación de la autonomía de gobierno y administración universitarios, un estilo de mando gerencial muy común en nuestro sector empresarial privado, el cual anuncia toda una contra-reforma universitaria apegada a los dictados del llamado “sector productivo” y los mercados. En efecto, las sumisas rectorías tuvieron que prometerle a los economistas ministros de Hacienda y Educación - y de rebote a los banqueros internacionales que les van a auxiliar con $200 millones-, el hacer la tarea con apego literal a “los principios fundamentales de planificación, transparencia, eficacia, eficiencia, evaluación y rendición de cuentas”. O sea, al estilo de una universidad corporativa, como el INCAE o el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se nos ocurre que harían bien las rectorías incluso en buscar consejo en esas entidades para así portarse mejor de lo que los banqueros internacionales y sus serviles tecnócratas esperan. Pero hay más de fondo en todo lo pactado sigilosamente a espaldas de las comunidades universitarias, como veremos.


Fuente: Diario Digital El País

Imagen: Toma de Ciencias Sociales. La foto es de Stella Chinchilla.


El énfasis es nuestro

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