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Polémica por fotocopias sigue

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Poder Estudiantil Popular Informa

La polémica sobre la viabilidad legal de continuar con la práctica del fotocopiado, aún prosigue, esto por cuanto la resolución de la comisión interinstitucional no dejó satisfechos a sectores claves en la discusión, como por ejemplo, la Cámara Costarricense del Libro y el movimiento estudiantil de la UNA. De esta manera, la discusión acerca del tópico en cuestión, continua vigente y abierta para la participación, tanto de actores políticos como grupos académicos y estudiantiles interesados en esto.

PODER ESTUDIANTIL POPULAR, continua con la difusión de un tema tan importante como es la propiedad intelectual y la defensa a la Educación Popular.

Transmitimos a ustedes la dirección electrónica de un reportaje realizado al PEP, para que compartan con nosotros y nosotras la información, con el fin de continuar con la divulgación sobre el tema y que en conjunto luchemos por la defensa al derecho a la gratuitidad de la Educación Popular.

El reportaje de Telenoticias, ya lo pueden ver desde http://www.youtube.com/poderestudiantil o directamente en http://www.youtube.com/watch?v=Z-_W0unki6M&feature=channel_page


Hasta la victoria siempre!

PD. Para cualquier consulta, mayor información o debates o foros nos pueden escribir a movimientoestudiantilpep@gmail.com

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PODER ESTUDIANTIL POPULAR- UNIVERSIDAD NACIONAL- COSTA RICA

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN POPULAR

Sacamos copias, quemamos discos y que...?


Foto missha




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Fotocopiar libros sí lo llevaría a la cárcel

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  • Aseguran representantes de Cámara del Libro
  • “Esas reformas fueron parte de los compromisos que obtuvimos a través del TLC”


Por
Betania Artavia
bartavia@diarioextra.com

Los representantes de la Cámara del Libro se oponen a la interpretación hecha por la comisión gubernamental que aseguró que con fines educativos se puede hacer fotocopias de libros.

Su presidenta Dunia Solano aseguró que no se justifica que se pase por encima de los derechos intelectuales amparándose en los fines educativos porque en el país existen bibliotecas donde quienes no pueden comprar los libros los consulten, pues sería como pedirles a los profesores que en aras de la educación den clases gratis.

La comisión gubernamental dio luz verde a las fotocopias con fines educativos, pero la abogada Gloria Navas, representante de la Cámara del Libro, afirma que no es la autorizada para interpretar la ley porque eso les corresponde a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial.

En este momento tanto estudiantes como encargados de fotocopiadoras están en medio de dos aguas, primero el gobierno asegura que no es delito hacer las fotocopias de textos con fines educativos, pero los comerciantes de libros dicen lo contrario y amenazan con llevar a los tribunales a quienes lo hagan.

Por eso muchas personas dedicadas a las fotocopiadoras tienen serias dudas o simplemente no se animan fotocopiar libros, lo cual tiene en problemas a los estudiantes de escasos recursos económicos que no cuentan con dinero suficiente para comprar libros.

Solano explicó que el hacer fotocopias contribuye a aumentar el costo de los libros porque entonces las empresas traen menos y eso los vuelve más caros.

Con la reforma a la Ley de Derechos de Autor y a la de Procedimientos y Observancias de Propiedad Intelectual quienes realicen fotocopias de libros podrían ir a la cárcel de dos a cinco años, según confirmó la abogada Gloria Navas, al tiempo que advirtió que llevarán a los tribunales a quienes lo hagan.

“Esas reformas fueron parte de los compromisos que obtuvimos a través del TLC... lo que traen son reformas internas a la ley de observancia, donde en unos casos se aumentan las sanciones pero en otros casos hay sanciones muy suaves porque se pueden convertir en multa”, explicó Navas.

Según datos de la Cámara del Libro, los mayores problemas de reproducciones no autorizadas de libros se da con los textos educativos y aumenta en los textos universitarios, no tanto en los de escuela y colegio.

A nivel de universidades son los estudiantes de ciencias sociales y ciencias económicas los que más utilizan fotocopias. Estiman que dejan de percibir entre un 35% y un 80% de las utilidades debido a las fotocopias.

Esto podría significar entonces que al no poder fotocopiar los textos, el costo de la educación experimentaría un aumento en esa misma medida, de entre un 35% y un 80%, siendo la educación universitaria la más afectada porque los estudiantes deberán hacer un esfuerzo mayor para comprar libros originales y dejar de fotocopiarlos.


¿Y LOS CELULARES?

Ronald Villalobos, representante de Asofac, explicó que también los celulares son blanco de falsificaciones y las personas terminan comprando teléfonos usados, refaccionados o sin las condiciones óptimas para operar, incluso con software pirata.

A diferencia de los libros, en este caso se afecta directamente al usuario y no solo al distribuidor porque los teléfonos que se venden como nuevos pero sus piezas internas son usadas en poco tiempo le pasan la factura al comprador, pues se dañan.

El sello de garantía Asofac identifica a aquellos teléfonos de calidad, siendo una guía para el consumidor, lo que ha permitido reducir a la mitad la circulación de aparatos ilegales o “piratas”.

“En la actualidad la lucha de Asofac contra el mercado gris y negro de celulares no cesa. Como parte de nuestra iniciativa por erradicar las prácticas del pirateo o falsificación de versiones de software, la copia indiscriminada de manuales y el uso no autorizado de logotipos e imágenes nos hemos unido a aquellas instituciones como la Cámara del Libro y la Cámara de Tecnologías de Información para hacer frente a este problema, generalizado en muchos sectores empresariales”, indicó Villalobos.


Fuente Diario Extra

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Acceso a fotocopias para estudiar sí está amenazado

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  • Respuesta del Diputado Merino a COMEX

Por José Merino del Río
Diputado, Frente Amplio

Uno de los aspectos más perjudiciales del TLC y sus leyes de implementación es la imposición de una sobreprotección irracional de la propiedad intelectual al punto de sacrificar derechos humanos y valores esenciales como la libre difusión del conocimiento y el acceso universal a la educación y la cultura.

Lamentablemente, no han tenido que pasar ni dos meses desde la entrada en vigencia del tratado para que ya el pueblo costarricense empiece a enfrentar los primeros estragos ocasionados por estas leyes abusivas hechas para defender las ganancias de las trasnacionales que lucran con la cultura, a costa de los derechos básicos de las grandes mayorías.

Varios profesores de la Universidad de Costa Rica han denunciado que los negocios que prestan servicios de fotocopiado en los alrededores de esa casa de estudios se han negado a sacar copias de los libros de texto que se utilizarán en sus cursos, aduciendo que las leyes del TLC los castigan con multas millonarias y hasta con cárcel si lo hacen. La imposibilidad de sacar fotocopias afectaría gravemente a miles de estudiantes pobres que no pueden darse el lujo de comprar libros carísimos indispensables para continuar sus estudios y también a los centros educativos públicos que tampoco cuentan con recursos para ello.

Así las cosas, no han tardado en difundirse en las universidades públicas la lógica preocupación y la indignación más que justificada ante este nuevo atropello contra la educación pública.

Y tampoco han demorado en aparecer las voces confusas de los verdaderos responsables de esta situación. Ya salieron los jerarcas del Ministerio de Comercio Exterior diciendo, una vez más, que "no hay de que preocuparse". Según ellos, las fotocopias con fines educativos no están penadas por lo que el dueño de una fotocopiadora no incurre en delito "si se le saca a un libro a petición de un alumno" y "se sabe que lo utilizará con fines personales".

Pero, nuevamente, no le están diciendo toda la verdad a la gente. El acceso a las fotocopias para estudiar sí está amenazado. El artículo 54 de la Ley 8039 sanciona con penas brutales (hasta cinco años de cárcel y quinientos salarios de multa) a quién "fije y reproduzca obras literarias o artísticas o fonogramas protegidos". Obviamente, esto incluye a quién fotocopie libros.

Es cierto que al final de este artículo se agregó una excepción que excluye la reproducción "sin fines de lucro" para "fines ilustrativos de la enseñanza". Pero, al contrario de lo que dice COMEX, esta excepción no salva a las fotocopiadoras que copien libros a solicitud de los estudiantes. ¿Por qué? Sencillamente, porque las fotocopiadoras son negocios, pequeños, pero negocios al fin. No operan sin fines de lucro. Todo lo contrario. Venden un servicio, para obtener una ganancia. Es cierto que en la mayoría de los casos se trata de micro empresas y hasta negocios familiares. Pero la ley no diferencia entre empresas grandes y pequeñas.

Por lo tanto, aunque el estudiante pida las copias para fines personales o educativos, el requisito de no tener fines de lucro también rige para quienes realizan la conducta castigada por la ley, es decir para quienes sacan las fotocopias.

De manera que las pequeñas empresas de servicios de fotocopiado tienen mucha razón de estar preocupadas. Diga lo que diga el COMEX, nada impide que las grandes casas editoriales y las trasnacionales que controlan el comercio de los libros empiecen a presentar demandas contra ellas, amparándose en una ley que, además, les otorga poderes desmedidos para intimidarlas. Frente a tales demandas, no vemos a los negociadores de COMEX -expertos en regalar lo que no les pertenece- defendiendo a las fotocopiadoras. Y después decían que el TLC era bueno para las PYMES...

Ante este panorama, el impacto inmediato de las leyes aprobadas es que, como mínimo, cientos de pequeños negocios de servicios de fotocopiado se encuentran en grave peligro de desaparecer, tal y como ya pasó en México y otros países con TLC. Si esto ocurre ¿como harán los estudiantes de los centros educativos públicos para tener acceso a las fotocopias? ¿tendrá cada uno que comprar su propia máquina de fotocopiado?

Pero esta no es la única amenaza para la educación pública. Los artículos 51 y 52 de la Ley 8039 castigan con penas igualmente duras a quién "represente o comunique al público" obras literarias o artísticas, fonogramas o ejecuciones, o quién los "ponga a disposición del público" por cualquier medio, incluyendo internet.

Esto quiere decir que quién lee un libro en público o representa una obra de teatro puede ser castigado. También pueden serlo quienes publiquen libros en línea o utilicen programas que permiten compartir documentos en la red, acciones que, que, por cierto, han sido propuestas en las universidades públicas como alternativas a la prohibición de fotocopiar. En estos casos, los expertos de COMEX, ni siquiera se acordaron de incluir la excepción limitada del artículo 54, para eximir a quienes realicen tales actos sin ánimo de lucro y para fines educativos. A pesar de que este diputado planteó mociones para corregir el error, estas fueron rechazadas sin discusión alguna.

Esta ley sanciona con prisión todas estas acciones sin considerar su relación directa con el acceso a la educación y la cultura, y a pesar de que ni el mismo TLC así lo exige. El tratado permite que los países escojan si aplican penas de multa, de cárcel o una combinación de ambas. Pero en Costa Rica los diputados del G-38, más papistas que el Papa, no dudaron en acoger la opción que más favorece a las trasnacionales y más perjudica a la gente.

En síntesis, estamos ante una legislación draconiana y desproporcionada, incompatible con las necesidades educativas de nuestro pueblo. Una legislación que ninguno de los países que hoy son desarrollados tuvo que aplicar durante su proceso de desarrollo y que, además de dañar la educación pública, ocasionará gastos excepcionales para el Estado, obligándolo a desviar recursos destinados a atender otras necesidades apremiantes de la población.

Ningún pueblo está obligado a soportar semejantes abusos. Ante las leyes injustas y el autismo del Gobierno nos queda el legítimo derecho a la resistencia y la desobediencia civil. Ejerzamos este derecho.


Foto missha

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Nuevo decretazo de Arias

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  • Permitiría patentar conocimiento tradicional de indígenas
  • Una burla más a comunidades indígenas, al Convenio 169 de la OIT y a la Sala Constitucional.
  • Continúan las imposiciones del Gobierno de Estados Unidos para la certificación del TLC.

El 26 de noviembre de 2008 los ministros de Comercio Exterior, Justicia y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones enviaron a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) un borrador de "reglamento" al artículo 78.6 de la Ley de Biodiversidad, para que esta entidad remita una copia a las asociaciones de desarrollo indígenas del país.

Según advirtió el diputado José Merino del Río del Partido Frente Amplio,
este reglamento pretende que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sobre los usos de la biodiversidad puedan ser patentados con base en la Ley de Patentes.

Es decir,
se trata del mismo cambio a la Ley de Biodiversidad que intentaron introducir a través del proyecto de "Ley Escoba" de la agenda de implementación del TLC y que tuvieron que sacar de ese proyecto, porque la Sala IV determinó que afectaba los derechos de los pueblos indígenas y debía ser consultado con base en el Convenio 169 de la OIT.

"Como no pudieron imponer esta reforma a través del debate democrático en el Parlamento, ahora tratan de "pasarla por la cocina" mediante un decretazo del Poder Ejecutivo, que pretende distorsionar y dejar sin efecto la protección legal para los pueblos indígenas "
, denunció el diputado Merino.

Para el diputado Merino se trata de un reglamento ilegal e inconstitucional que violenta las obligaciones asumidas por Costa Rica en el Convenio de Diversidad Biológica sobre la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Sin embargo, la maniobra del Gobierno es clara: pretenden aprobar este reglamento ilegal en diciembre para incluirlo en la certificación del TLC, a sabiendas de que los tribunales de justicia podrían tardar varios años en anularlo.

Lo más grave es que esta maniobra se quiere hacer burlando el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169. "El envío por un plazo corto de una carta a las asociaciones de desarrollo a través de la CONAI, no puede ser tenido como una consulta adecuada hecha de buena fe como lo exige el Convenio. Tiene que haber información previa, tiempo para deliberar y participación directa de las comunidades. Es una arbitrariedad más del Gobierno", señaló Merino del Río.

Por último, indicó el representante del Frente Amplio en el parlamento que "esto es una prueba de que la agenda de implementación del TLC no ha terminado como lo anunció con bombos y platillos el Ministro de Comercio Exterior. Por el contrario, siguen apareciendo nuevas imposiciones para modificar ilegítimamente la legislación nacional en perjuicio de nuestra biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas".



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¡Prohibido pensar!

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En el PLN no se puede pensar y mucho menos disentir. Pensás y actuás como ell@s quieren o te llevan al tribunal de ¿ética? del partido.


PLN no descarta enviar caso de diputado a Comité de Ética


La bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) no descarta elevar a conocimiento del Tribunal de Ética de las actuaciones del diputado Alexander Mora Mora, quien se apartó del criterio de su grupo en el proyecto para facilitar la inscripción de agroquímicos genéricos ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Mora promueve un texto sustitutivo negociado con los representantes de los agricultores.

Esa situación enfrenta al diputado Mora con el resto del ala legislativa del gobierno.


Completo en Diario Extra





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TLC o la consumación del liberticidio

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Por Rogelio Cedeño Castro

Los mediocres personajes y personajillos, que desde la escena legislativa, nos han condenado a entregarle a las generaciones que vendrán, un país en peores condiciones que el que nosotros recibimos de nuestros mayores, s
e han apresurado a decir, con el mayor cinismo del caso, que ha llegado el momento de pasar la página.

Que fácil les resulta a algunos repetir semejante disparate luego de dos años de obsecuencia servil al neoliberalismo y sus epígonos imperiales, de entrega de la soberanía nacional y de burla a la institucionalidad democrática del país. En esto, como con en casi todo, s
e equivocan de toda equivocación los señores liberticidas o enemigos de las libertades e instituciones más queridas por el pueblo costarricense.

Va a sobrar quien les cobre la autoría y ejecución de este siniestro guión, de ello no les quepa la menor duda, pues no se puede trastrocar toda la institucionalidad del país, a espaldas de las grandes mayorías nacionales, sin que estas terminen no sólo por darse cuenta de lo que ocurrió en verdad, sino también de actuar en consecuencia.

Esa página, una de las más sombrías de nuestra historia republicana no sólo será muy difícil de olvidar, sino que por representar la destrucción y el saqueo más elaborado de nuestra institucionalidad, se la estaremos recordando, durante las próximas décadas, al grupo de los 38 liberticidas, quienes acabaron por votar el último proyecto de la agenda de implementaciónal TLC, un compendio de las más vulgares imposiciones de la secretaría decomercio de los Estados Unidos.

Después de irrespetar, una vez más, los derechos de los pueblos originarios negándose a realizar la consulta plebiscitaria entre los bribris, cabécares, terebés, malekus, ngöbes y otros pueblos-nación en materia de propiedad intelectual y de acatar los mandatos liberticidas de los funcionarios del imperio del norte pretenden que las futuras víctimas, en este caso la mayoría del pueblo costarricense, olviden con facilidad semejante agravio. Lo que sucede es que no se han dado cuenta del grotesco papelón que han venido representando, desde hace ya muchos meses.

La ciega insistencia del grupo de los 38 liberticidas de la Asamblea Legislativa, convertidos en borregos de la Casa Presidencial de El Zapote (pedimos excusas por la comparación a esas gentiles criaturas del reino animal) en seguir por una vía que nos conducirá a una catástrofe segura, no sólo revela su falta de escrúpulos morales y su carencia de un mínimo sentido ético, sino también evidencia una limitada percepción de la realidad, caracterizada por la mediocridad y el aldeanismo más acendrado. Quien hubiera dicho que la candidata republicana a la vicepresidencia de los Estados Unidos, la señora Sara Palin, iba a encontrar tan dignos émulos en el paralelo 10 del Hemisferio Norte.

Señores y señoras diputadas, señores y señoras magistrados de la Sala Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, olvidan ustedes según conveniencia momentánea, que esta
historia no termina aquí, sino que recién comienza otro capítulo mucho más inquietante: El momento de conocer en detalle los contornos y consecuencias de la gigantesca mentira, de la que ustedes han sido los mejores cómplices y ejecutores.

La burla a la constitución política y a los convenios internacionales para quedarse con el botín que representan algunas de las actividades más rentables de las instituciones más importantes del país, tales como el ICE y el INS, las que sin duda se debilitarán en gran medida, al igual que los nefastos conveniosde Budapest y el denominado UPOV sobre obtenciones vegetales, son hechos que al igual que la nueva ley de propiedad intelectual empezarán a repercutir, de una manera u otra, sobre la población costarricense en momentos en que se desata, de manera acelerada, una nueva crisis de la economía mundial, cuyas repercusiones serán de mediano y largo plazo.

Cualquier intento de renegociar el TLC con los Estados Unidos, tal y como lo plantean algunas organizaciones sociales y políticas de nuestro país, tiene que contemplar la derogatoria del mayor acto liberticida de la historia reciente: la agenda de implementación que le permite al régimen de la dictadura en democracia y a la oligarquía, presuntamente nacional, realizar sus viejos sueños de saquear el patrimonio de todo un pueblo. La lucha recién empieza, no es posible darle vuelta a esta página tan nefasta.


Columna LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (176)
14 de noviembre de 2008.


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Sala puso punto final a la agenda del TLC

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  • Declaró sin errores trámite de ley de propiedad intelectual

Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La Sala Constitucional resolvió -en tiempo récord, diez días- la consulta de constitucionalidad donde las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio cuestionaron tanto el fondo como el trámite que recibió el proyecto que agrega y modifica varias normas en materia de propiedad intelectual, último de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos que está pendiente de votación en la Asamblea Legislativa.

El 11 de setiembre, los Magistrados determinaron que el proyecto de propiedad intelectual tenía que consultarse a los pueblos indígenas y publicarse de nuevo en La Gaceta antes de ser sometido nuevamente a votación en primer debate.

Al conocer el criterio de la Sala, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad del Congreso decidió eliminar del proyecto aquellos contenidos que obligaban su consulta a los pueblos indígenas.

“Nos sorprende la premura con que la Sala resolvió nuestra consulta. Normalmente se toman 30 días, pero en esta ocasión solo ocuparon diez para resolver en contra de nuestros argumentos, que eran bastante sólidos. Nos llama la atención que hayan resuelto tan rápido, aquí parece que hubo presiones para que los magistrados imprimieran velocidad a su labor, dijo Francisco Molina, jefe de fracción del PAC.

Luis Antonio Barrantes, jefe de fracción del Movimiento Libertario, aseguro que pese al respaldo que su grupo le da al TLC, no comparten el mecanismo usado para arreglar el proyecto avalado por la Sala.

“No comparto el fallo de los magistrados. Aquí se cometió un error de procedimiento que abrió un portillo. Se ha sentado un precedente muy peligroso, nefasto, al darle el visto bueno a la recomendación de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. En esa comisión se corrigió el proyecto, cuando esa era competencia exclusiva del Plenario, dijo.

José Merino, de Frente Amplio, se confesó boquiabierto ante la resolución de la Sala Constitucional.

El opositor sospecha que el órgano judicial incluso modificó su integración de magistrados para cambiar su criterio previo sobre el proyecto.

“La rapidez y los cambios en la integración de la Sala son para sospechar. Estamos ante una Sala que se contradice, que primero ordena que se haga la consulta a los indígenas y que después, ante más cuestionamientos, avala que esa consulta no se realice. Seguramente recibieron muchas presiones los magistrados”, enfatizó


Completo en Diario Extra

Caricatura eneko


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EE.UU. condicionó TLC a cambio en Ley de Biodiversidad

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  • Jefe de fracción del PLN reconoce molestia del presidente Arias
  • Voto de Sala IV mantendrá protección a invenciones derivadas del conocimiento tradicional



Lorna Chacón, redactora

Estados Unidos condicionó la entrada en vigencia para Costa Rica del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica y República Dominicana al hecho de que el país modificara su Ley de Biodiversidad con el fin de eliminar una excepción que impide aplicar la propiedad intelectual a las invenciones derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales.

Lo anterior fue confirmado por el Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, así como por el jefe de fracción del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Núñez, quien dijo a UNIVERSIDAD que los representantes comerciales estadounidenses fueron enfáticos al asegurar a su contraparte costarricense que si no se eliminaba esa excepción "no habría TLC".

Como parte del proceso de certificación, Estados Unidos exigió incorporar modificaciones al artículo 78 (inciso 6) y 81 de la Ley de Biodiversidad (Ver recuadro "¿Qué fue lo que se cambió?"), lo cual se hizo en el último proyecto de ley de la agenda de implementación (Expediente 16.995).

Con este cambio, las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y campesinos costarricenses -que actualmente son una excepción a la que no pueden aplicarse las leyes internacionales sobre propiedad intelectual- perderían dicha protección.

¿Cómo la perderían? Porque se abre la posibilidad para que estas invenciones ya no estén exceptuadas de la aplicación de diversas formas de propiedad intelectual, como por ejemplo los derechos de obtentor, sino que únicamente estarán exceptuadas de la aplicación de patentes.

De acuerdo con el diputado Núñez, la exigencia por parte de Estados Unidos obligó a tener una acalorada negociación, en la que participó el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, e incluso, el propio Presidente de la República, Óscar Arias, quien externó su molestia por el condicionamiento estadounidense.

Sin embargo, el deseo de dicha nación no se va a poder cumplir porque la Sala Constitucional determinó en su voto N° 2008-13832 que la Asamblea Legislativa había incurrido en un vicio esencial del procedimiento parlamentario, por no consultar a los pueblos indígenas las reformas introducidas al artículo 78 y 81 de la Ley de Biodiversidad.

Ante ello, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad aprobó una moción para eliminar la reforma al inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad con el fin de no tener que consultar este cambio a los pueblos indígenas.

Esta propuesta fue aprobada en primer debate el pasado 16 de octubre con 28 votos a favor y 15 en contra. Sin embargo, el lunes 20 de octubre los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión (PASE) presentaron una nueva consulta de constitucionalidad, por lo cual se debe esperar un nuevo voto de la Sala.


"SI NO SE CAMBIA, NO HAY TLC"

El diputado Óscar Núñez reconoció que en junio pasado él participó en una reunión con miembros del ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, así como del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, United States Trade Representative), encabezada por el Secretario Adjunto de Comercio, Everett Eissenstat, en la cual se hizo la solicitud expresa de modificar la Ley de Biodiversidad como parte del proceso de certificación que realiza Estados Unidos.

"Nosotros hicimos nuestras observaciones alrededor de ese tema y se nos dijo que (…) si eso no va, no hay Tratado de Libre Comercio; así de sencillo, o sea, no se certifica el TLC", relató Núñez.

"Eso generó una discusión calurosa por supuesto. Participó el Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, incluso en algún momento se trajo a la mesa al Presidente de la República Óscar Arias, quien dijo que era una barbaridad que una democracia como Costa Rica tuviera que verse limitada", detalló el legislador.

Según Núñez, el mandatario se molestó por el hecho de que "dependiera de tres mociones el hecho de que se nos acreditara o no, frente a lo que ha sido históricamente un país amigo de los Estados Unidos", por lo cual "se retiró un poco molesto por todo lo que estaba sucediendo".

"Después de esto nos dijeron: - Ustedes tienen la determinación (…) si estos elementos no están en la legislación simple y sencillamente no certificamos y no hay TLC y se acabó el tema", precisó el diputado.

Fue en este contexto cuando se modificó el artículo 78 (inciso 6) y 81 de la Ley de Biodiversidad en el último proyecto de ley de la agenda de implementación del TLC.

"Nosotros les hicimos ver nuestras preocupaciones sobre el tema. Yo particularmente les dije que en Costa Rica tocar la biodiversidad es como tocar la Biblia y estamos absolutamente claros que no involucraríamos en nuestra legislación nada más allá que pueda haber sido negociado en el TLC", dijo Núñez, para quien éste "es un tema que debió haber sido analizado desde hace bastante tiempo y no bajo estas circunstancias".

El diputado dijo que luego del fallo de la Sala IV vino otra misión de Estados Unidos, pero esta vez analizó que "ya no era una decisión subjetiva de los diputados quitar el inciso 6 del artículo 78, sino que era una decisión objetiva porque la Sala Constitucional dijo 'no se puede' y, en efecto, los estadounidenses) lo aceptaron".

Por su parte, el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Luis Barrantes, envió una carta al Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, en la que le solicitó el pasado 8 de octubre documentos en los que se haga constar las razones por las cuales Estados Unidos solicitó al Gobierno de Costa Rica "reformar los artículos 78 y 81 de la Ley de Biodiversidad".

Como respuesta, Ruiz le informó por escrito a Barrantes el 9 de octubre que "el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido ese tipo de certificaciones ni tampoco existen minutas de las reuniones y comunicaciones que hemos mantenido con los socios comerciales, en particular, Estados Unidos, sobre esta materia".

Consultado sobre si la modificación al inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad fue efectivamente una petición expresa del Gobierno de Estados Unidos, el ministro Ruiz declaró a UNIVERSIDAD que "sí lo fue".

"Las reformas a los artículos 78 y 81 de la Ley de Biodiversidad constituyen un requisito para la puesta en vigor del TLC, en la medida en que presentan contradicciones o inconsistencias con las disposiciones del acuerdo en materia de propiedad intelectual de la OMC y del TLC", manifestó Ruiz.

Según el funcionario, "este análisis comparativo formó parte de un proceso amplio de verificación con los socios comerciales del cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos que el país debía implementar y no existe duda sobre la necesidad de realizarlas. Así quedó claro durante la visita del Secretario Adjunto de Comercio de los Estados Unidos, Everett Eissenstat, durante el mes de junio pasado".

UNIVERSIDAD trató de obtener una versión de la Embajada de los Estados Unidos en San José, pero la periodista de esa delegación diplomática, Evelyn Ardón, dijo que sería imposible que alguien se refiriera al tema antes de cierre de edición (lunes 20).



Fuente Semanario Universidad

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Escobazo a los indígenas

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Escuche intervención del Diputado José Merino del Río en el plenario legislativo, el día lunes 6 de octubre de 2008, fundamentando la oposición del Frente Amplio, al dictamen de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad sobre el llamado proyecto "escoba" del TLC, que resultó un escobazo a los pueblos originarios.

"Se está burlando de nuevo el derecho de las comunidades indígenas de ser consultadas sobre los proyectos de ley que les afectan" dijo el Diputado Merino, señalando que con ello se violenta la Constitución de la República y el Reglamento Legislativo, pasando igual por encima de instrumentos internacionales de derechos humanos. Advirtió que el informe está plagado de errores y arbitrariedades.


Fuente De pie, Costa Rica de pie!!!

Imagen: Olman Bolaños


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Diputada consultó a vicepresidenta sobre informe contrario a ley del TLC

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  • Oposición cree que Laura Chinchilla presionó para que Registro Nacional cambiara de criterio

Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La diputada independiente Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, dijo en una entrevista trasmitida ayer en el programa Enfoques, de Radio Eco, que contactó a la vicepresidenta y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, cuando el comité que dirige conoció el informe en contra de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que redactó Vanesa Cohen, directora del Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos, adscrito al Registro Nacional.

La legisladora
adujo que llamó a Laura Chinchilla para solicitarle la perspectiva oficial del Registro Nacional, pese a que la Comisión de Asuntos Jurídicos ya tenía el criterio del Registro de Derechos de Autor sobre el plan de propiedad intelectual. Ese despacho es el órgano especializado en materia de inscripción de marcas y depósito de obras intelectuales del Registro Nacional.

“Le dije a doña Laura que a mi me gustaría recibir en audiencia a don Dagoberto Sibaja, director del Registro Nacional, para que él se refiriera al proyecto, porque desde el punto de vista de la comisión, había contraposiciones en los argumentos de algunos de los personeros del registro”, explicó Morales.


MINISTERIO DE JUSTICIA LLEVÓ TEMA A JUNTA DEL REGISTRO

El director del Registro Nacional, Dagoberto Sibaja, dijo que se enteró sobre los argumentos en contra de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, procedentes del Registro de Derecho de Autor, cuando la jerarquía del Ministerio de Justicia llevó el tema a discusión en una sesión de la Junta Administrativa del Registro.

“No recuerdo si fue doña Laura Chinchilla o el viceministro de Justicia, Fernando Ferraro, quienes presentaron el asunto a la Junta Administrativa cuando se dan cuenta de los contenidos del informe de doña Vanesa Cohen. Inmediatamente yo le pedí una copia del informe a doña Vanesa”, comentó Sibaja.

El jerarca del Registro Nacional subrayó que no recibió presiones externas para que la institución cambiara el criterio sobre la reforma en propiedad intelectual. Agregó que la desestimación del informe de la Directora del Registro de Derecho de Autor se debió a que irrespetó un acuerdo tomado por la entidad sobre el depósito de obras intelectuales.

“Aprovechamos la reforma a las leyes de propiedad intelectual, al margen del TLC, para pedir que se varíe la forma en que se depositan las obras de derecho de autor, para que se puedan almacenar en archivos privados por un interés institucional y de servicio público. Doña Vanesa está opuesta a eso, lo que es muy respetable, pero desacató una decisión institucional”
, enfatizó.

Sibaja culminó manifestando que nunca recibió órdenes de parte de la ministra de Justicia, Laura Chinchilla, para que contrarrestara el informe de la Directora del Registro de Derecho de Autor. Enfatizó además en que fue un error de trámite de la Comisión de Asuntos Jurídicos no haberle consultado a él desde el principio el criterio del Registro Nacional sobre los cambios en materia de propiedad intelectual.


OPOSICIÓN DUDA


No obstante las explicaciones de Sibaja, las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario creen que la ministra de Justicia, Laura Chinchilla, presionó para que el Registro Nacional cambiara de criterio sobre la ley que regula la propiedad intelectual en el país, último proyecto paralelo al TLC con Estados Unidos que está pendiente de votación.

El diputado Alberto Salom del PAC consideró que la llamada de Andrea Morales a Laura Chinchilla cierra el círculo de un eventual tráfico de influencias para detener el descalabro hacia el que se dirigía la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual.

“Es evidente que doña Laura Chinchilla presionó a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que obligaran al Director General a cambiar el criterio sobre el proyecto relacionado con el TLC, metiendo así a la junta, que es un órgano administrativo, en el campo técnico lo cual tiene vedado por ley. Estamos en presencia de una presión más de la poderosa industria farmacéutica que tiene metido en el Registro Nacional al abogado Luis Pal como máximo defensor de sus intereses”
, recalcó Salom.

DIARIO EXTRA reveló el martes los contactos vía correo electrónico entre la diputada Andrea Morales y el abogado Luis Pal, esposo de la legisladora de Liberación Nacional, Mayi Antillón. Pal es representante en el país de más de 26 empresas farmacéuticas y es miembro propietario de la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Según Alberto Salom su partido valora presentar una denuncia en contra de Luis Pal ante la Procuraduría de la Ética por presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias: El año pasado la Procuraduría eximió a Pal y a su esposa de conflicto de intereses argumentando que tal figura no existía pues don Luis desempeña funciones estrictamente administrativas en el Registro Nacional. Pero con el correo enviado a Andrea Morales y la orden de la Junta Administrativa que conforma para que el Director del Registro Nacional cambiara de criterio. Pal traspasó la línea administrativa y entró en campo técnico, el cual tiene vedado por ser parte interesada en que se apruebe la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Aquí hay nuevos elementos que ameritan una investigación más de parte de la Procuraduría de la Ética, enfatizó.

El diputado Mario Quirós, del Movimiento Libertario, respaldó los argumentos de Alberto Salom: Luis Pal es jefe inmediato del Director General del Registro Público, como integrante de la Junta Administrativa. Tomando en cuenta que ese órgano pidió a Dagoberto Sibaja desechar el criterio del Registro de Derecho de Autor, don Luis pudo haber incurrido en conflicto de intereses al poner los pies en territorio técnico saliéndose de su ámbito administrativo”, consideró Quirós.

El libertario consideró como una prueba de tráfico de influencias la llamada hecha por la diputada Andrea Morales a la vicepresidenta Laura Chinchilla, solicitándole un nuevo pronunciamiento del Registro Nacional.

Según el congresista José Merino, de Frente Amplio, la intervención del abogado Luis Pal en el trámite del proyecto de reforma a varias normas de propiedad intelectual no tiene justificación: “Si hay un señor, llámese como se llame, cuyo oficio es tratar de registrar patentes y esa persona trata de intervenir en una decisión del Parlamento, esa es una relación éticamente inaceptable cuando en este país estamos viendo la fusión de la política y los negocios. Este es un debate de interés nacional”, enfatizó.

Luis Antonio Barrantes, jefe de fracción del Movimiento Libertario, concordó con Merino: “Doña Mayi dice que le da asco estar en esta Asamblea. Yo creo que asco dan otras cosas, como hacerse rico a costa del pueblo defendiendo negocios personales desde la función pública, afirmó.


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Contactos entre diputada y abogado agitan oposición

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  • Bancadas a la espera de destitución de Luis Pal del Registro Nacional
  • PAC exige explicaciones a vicepresidenta Laura Chinchilla sobre influencias externas en trámite de último proyecto del TLC


Gerardo Ruiz Ramón

gruiz@diarioextra.com

La oposición exigió a la diputada Andrea Morales que renuncie a su curul tras reconocer que solicitó asesoría al abogado Luis Pal Hegedüs, experto en inscripción de marcas, durante el trámite del proyecto que agrega varias normas en materia de propiedad intelectual.

Ese plan paralelo al TLC con Estados Unidos lo tramitó la Comisión de Asuntos Jurídicos presidida por Andrea Morales.

Luis Pal Hegedüs es el esposo de la diputada Mayi Antillón de Liberación Nacional. Además de representar en el país a más de 26 empresas farmacéuticas, el jurista es parte de la Junta Administrativa del Registro Nacional.


DIARIO EXTRA informó en su edición de ayer que Luis Pal y la diputada Morales mantuvieron contactos mediante correo electrónico durante el trámite del proyecto que reforma la Ley de Propiedad Intelectual. El país recibió el martes una prórroga de tres meses para aprobar esa iniciativa y lograr que el TLC con Estados Unidos entre en vigencia.

Para las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario el ligamen probado entre Pal y Morales es reprochable, pues el abogado podría resultar beneficiado con la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual al ser parte de un bufete que se dedica a inscribir en el país marcas de empresas extranjeras.


CUESTIONAN INTENCIONES

El diputado Marvin Rojas del PAC aseguró que el contacto entre Pal y Morales tuvo como único fin desacreditar el informe en contra de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que suscribió Vanesa Cohen Jiménez, Directora del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Registro Nacional. Los argumentos de Cohen fueron rechazados semanas después por Dagoberto Sibaja, Director General del Registro Nacional.

Para Marvin Rojas el cambio de criterio dado a conocer por Sibaja se debió a presiones de sectores interesados en que el último plan relacionado con el TLC sea aprobado.

“Esta maraña de correos que se cruzan entre Andrea Morales y Luis Pal nos viene a dar cuenta de cómo es que se tramitó este proyecto del TLC. La diputada Morales sabía que la Ley de Propiedad Intelectual podía caerse con los argumentos de Vanesa Cohen y entonces pidió consejo a Mayi Antillón, y ella la puso en contacto con su marido que es interesado directo en que ese descalabro no se diera. Por eso Andrea Morales debe renunciar a su curul y el gobierno debe destituir de inmediato a Luis Pal de la Junta Administrativa del Registro Nacional”, subrayó Rojas.


PREGUNTAS A VICEPRESIDENTA

En una carta enviada ayer a Laura Chinchilla, vicepresidenta y ministra de Justicia, Alberto Salom, miembro de la bancada del PAC, calificó como intolerable la injerencia del abogado Luis Pal en el trabajo que realizó la Comisión de Asuntos Jurídicos.

“Es una barbaridad que la futura precandidata de Liberación Nacional haya nombrado a Luis Pal en la Junta del Registro Nacional donde se tramitan las patentes, siendo él mismo representante de las empresas interesadas en inscribirlas. ¿Cómo no nos va a preocupar que se revele una conexión e influencia entre Luis Pal y la diputada Andrea Morales. Este es un asunto muy serio. Se trata de un tráfico de influencias abominable”, aseguró.

Salom pidió a Laura Chinchilla aclarar si conocía sobre la asesoría brindada por el jurista a la diputada Morales durante el trámite de la Ley de Propiedad Intelectual. Además, le solicitó explicar si como ministra de Justicia a cargo del Registro Nacional sabía que Luis Pal posee más de 30 poderes para inscribir patentes de empresas farmacéuticas internacionales.


CASO AL MINISTERIO PÚBLICO

El diputado Óscar López del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) anunció que presentará ante el Ministerio Público una denuncia por tráfico de influencias y conflicto de intereses contra la diputada Mayi Antillón y su cónyuge Luis Pal. López aseguró que trasladará el caso a la Fiscalía para que ésta determine si la asesoría prestada por Pal a la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos constituye un hecho delictivo.

“Irrita que la presidenta de esa comisión establezca que necesitaba asesoría y recurriera al directivo que tienen las farmacéuticas metido en el Registro Nacional bajo la protección de Laura Chinchilla. Seguramente doña Andrea Morales no conocía a ningún otro experto y por eso recurrió al esposo de su buena amiga, doña Mayi Antillón. Eso está rarísimo”, enfatizó.

Por su parte el legislador Mario Quirós del Movimiento Libertario afirmó que los intereses externos en materia de propiedad intelectual impiden que avance en su trámite el proyecto para abrir la inscripción de agroquímicos genéricos. El rojiblanco aseguró que la legisladora Mayi Antillón protege a las empresas que fabrican funguicidas de marca.

“Doña Mayi ha sido consistente en no apoyar ningún proyecto que tenga que ver con la defensa de los productos genéricos. La felicito por su consistencia, pero los demás diputados no pueden aceptar la dobladura de brazo como la que están sintiendo los agricultores al no aprobarse la inscripción de más agroquímicos genéricos”, dijo desde su curul.


Fuente Diario Extra

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Morales: "Que esperen sentados mi renuncia"

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Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La diputada Andrea Morales mandó a los diputados del PAC a esperar sentados su renuncia a la curul.

Pese a que reconoció su solicitud de asesoría al abogado Luis Pal como presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos la congresista dijo que el caso dado a conocer ayer por este diario no fue investigado con acuciosidad y “se cae ante la pregunta más minúscula”.

Morales -quien renunció al PAC a principios de junio pasado- acusó a militantes de ese partido de robar su correspondencia electrónica de correo privado. Acto seguido recordó a sus ex compañeros que la Procuraduría de la Ética rechazó el año pasado una denuncia que interpusieron en compañía del diputado José Merino de Frente Amplio por conflicto de intereses contra la diputada Mayi Antillón y su esposo Luis Pal.

Andrea Morales defendió al abogado experto en propiedad intelectual ante el pleno de la cámara de diputados: “La Directora del Registro Nacional de Derechos de Autor dio una posición que contradecía la del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces consideré que hacía falta una tercera opinión de un experto en el tema para que la comisión tuviera mejores insumos para resolver. El señor Luis Pal nunca opinó sobre el proyecto, porque nunca recibió mi correo electrónico de respuesta”, explicó.

Andrea Morales calificó la denuncia en su contra como una charlatanería, una estupidez y una vergüenza nacional.


Fuente Diario Extra


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Antillón: "¡En esta asamblea legislativa da asco estar!"

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Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

Usando una resolución previa de la Procuraduría de la Ética a su favor, la diputada Mayi Antillón de Liberación Nacional calificó como un refrito los nuevos cuestionamientos que surgen por la relación de su esposo con el Registro Nacional y la asesoría brindada a la comisión que discutió el proyecto de propiedad intelectual del TLC con Estados Unidos.

Antillón reaccionó con enfado ante las acusaciones hechas por el PAC contra su cónyuge y dirigió sus baterías contra el congresistas Alberto Salom: “Léase lo que dijo la procuraduría de la ética sobre la representación de Luis Pal en la Junta Administrativa del Registro Público. Es administrativa; por ahí no pasa ni una sola patente. Ustedes ya trataron de manchar mi nombre y el de mi familia y salí exonerada y vuélvanlo a hacer, porque dos correos en los cuales se pide información sobre el trámite de un proyecto de ley no se llama tráfico de influencias, sino derecho de información que tiene cualquier persona”, aseguró.

Antillón trató de mentiroso al diputado Mario Quirós del Movimiento Libertario por haberla acusado de no respaldar la iniciativa para inscribir más agroquímicos genéricos.

La verdiblanca también disparó contra el diputado del PASE, Óscar López, a quien advirtió que haría el ridículo presentando una denuncia en su contra basada en los dos correos intercambiados entre Luis Pal y Andrea Morales.

Mayi Antillón atribuyó los cuestionamientos hechos por el PAC a un coletazo de los primeros vientos de la campaña electoral: “Esto es un refrito. Lo que quieren es empezar a golpear otra vez con la más baja, burda y barata manera de hacer política y eso que el PAC decía que no hacía política tradicional ¡Qué asco! Verdaderamente en esta Asamblea Legislativa da asco estar, por esa capacidad de algunos diputados mentes podridas de crear historias donde no las hay. Ojalá que no los tribunales, sino también El de Arriba, se encargue de juzgar a estas honorables personas”, puntualizó.


ARIAS NO PIENSA DESTITUIR A NADIE

El presidente Óscar Arias declaró anoche que no pretende escuchar a la oposición que solicita la destitución del abogado Luis Pal de la Junta Administrativa del Registro Público.

En una escueta declaración el mandatario dijo que la denuncia publicada ayer por este medio sobre los contactos entre Pal y la diputada que dirigió la discusión de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, “es otra majadería más del PAC”.


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Esposo de congresista intervino en discusión de ley que lo favorecía

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  • Reforma a Ley de Propiedad Intelectual que retrasa TLC con EE.UU

Gerardo Ruiz Ramón

gruiz@diarioextra.com

La diputada independiente Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, aceptó haber solicitado asesoría al abogado Luis Pal Hegedüs, experto en inscripción y representación de marcas, durante el trámite del proyecto que agrega y modifica varias normas en materia de propiedad intelectual.

Esa última iniciativa de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos está pendiente de cambios al haber sido cuestionado su trámite por la Sala Constitucional.

Luis Pal Hegedüs es el esposo de la diputada Mayi Antillón Guerrero, ex jefa de fracción de Liberación Nacional y actual presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior.

Los juristas Luis Diego Castro y Luis Pal, que conforman el bufete Castro & Pal Asociados, tienen poderes especiales para el trámite de inscripción de patentes de invención de diversas empresas transnacionales, entre ellas varias vinculadas al sector farmacéutico, materia que pretende regularse con la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual.

Entre los clientes del bufete Castro & Pal figuran Pfizer Inc, Quill Medical Inc, Wyeth y Warner-Lambert Company LLC de Estados Unidos, entre otras compañías farmacéuticas.

Esa información consta en la página electrónica del consorcio jurídico, www.castropal.com. Luis Pal además es miembro de la Junta Administrativa del Registro Nacional.


CONTACTO ELECTRÓNICO

El contacto entre la diputada Andrea Morales y Luis Pal quedó en evidencia en un correo electrónico que ambos intercambiaron. Una copia impresa de esa comunicación fue entregada en la redacción de DIARIO EXTRA ayer, en un sobre cerrado, sin determinar quién la remitía.

El correo con fecha del 19 de junio de 2008 fue enviado por el abogado a la presidenta de Asuntos Jurídicos. En él Luis Pal le solicita a Andrea Morales que le envíe el cuadro matriz comparativo preparado por el Ministerio de Comercio Exterior sobre los puntos de la carta enviada a la comisión por Vanesa Cohen, Directora del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Cohen hizo observaciones en contra de varios aspectos del proyecto que agrega y modifica varias normas de propiedad intelectual en un documento que solicitó la Comisión de Asuntos Jurídicos cuando discutía el plan para adecuar la normativa de propiedad intelectual a lo exigido en el TLC con Estados Unidos.

Los argumentos de la Directora fueron refutados casi un mes después por Dagoberto Sibaja Morales, Director General del Registro Nacional, quien pidió al panel del diputados “hacer caso omiso a las observaciones de forma” hechas por Cohen.

El 23 de junio del año en curso, según consta en otro correo enviado a este diario vía impresa, Andrea Morales solicitó a su asistente enviar a Luis Pal la información que le pidió.

Ayer Morales reconoció la veracidad de ambos correos electrónicos. La legisladora independiente asintió cuando se le preguntó si se podían considerar esos contactos como una asesoría del Licenciado Luis Pal a la presidencia de Asuntos Jurídicos. La congresista indicó que fue ella quien solicitó el criterio del abogado.


OTRO MINUTO, OTRA DECLARACIÓN

No obstante, más tarde Morales cambió su versión: “Yo no le pedí una asesoría a don Luis Pal. Él quería participar con su opinión para rebatir algunos de los criterios que Vanesa Cohen había emitido sobre el proyecto y a mí me pareció correcto que hubiera un balance entre las dos opiniones divergentes. Eso que quede claro. Yo no le pedí una asesoría”, se desdijo.

Andrea Morales también contradijo su explicación de cómo empezó el contacto con el experto en propiedad intelectual: “Yo conversé con doña Mayi de que me parecía incorrecta la posición expresada por la Dirección de Propiedad Intelectual. Le dije que me parecía importante que hubiese un criterio que contrarrestara esa posición para poder tomar la mejor decisión. Ella me dijo que le pidiera opinión a gente conocedora del tema y resulta que el esposo de doña Mayi es experto en esa materia. Así se dio, afirmó.

La presidenta de Asuntos Jurídicos dijo que nunca pudo enviar la tabla preparada por Comercio Exterior y solicitada por Luis Pal por problemas técnicos.

Morales concluyó que no cometió ningún error al pedir el criterio del Licenciado Pal pese a que el tema en discusión podría acarrearle un conflicto de intereses, al ser representante de firmas farmacéuticas interesadas en inscribir patentes en el país.

“Aquí no hay ningún conflicto de intereses. Lo único que pretendía era involucrar a los sectores que se verían afectados o beneficiados con una ley. Me parece ridículo que yo no pueda preguntarle a los sectores qué opinión tienen sobre un proyecto. Eso es absurdo”, manifestó.

Andrea Morales culminó señalando que iniciará una investigación para determinar quién robó la correspondencia de su correo electrónico y no descartó tomar acciones legales una vez encuentre al responsable de hacer circular sus contactos personales.



Fuente Diario Extra

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Más: Mayi Antillón NO debe votar el TLC por conflicto de intereses





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Diputada Mayi Antillón: "Mi esposo jamás asesoró a Andrea Morales"

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Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La diputada Mayi Antillón de Liberación Nacional, llamó a “no satanizar” los contactos entre su esposo, el abogado Luis Pal, experto en propiedad intelectual y la legisladora Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos que discutió el último proyecto de la agenda del TLC con Estados Unidos, relacionado con protección de propiedad intelectual e inscripción de patentes.


Antillón aseguró que los contactos entre su cónyuge y Morales no se diferencian en nada de los que pueda establecer cualquier ciudadano con un diputado.

“En este caso mi esposo ha estado totalmente ajeno a la promulgación de estas leyes, porque yo no he estado en las comisiones que han discutido los temas de propiedad intelectual”, subrayó.

La ex jefa de fracción liberacionista aseguró que la relación entre Luis Pal y la presidenta de Asuntos Jurídicos se dio después de que ese comité había concluido la discusión del proyecto que agrega y reforma varias normas en materia de propiedad intelectual.

“Él conoce a Andrea y a varios diputados y me imagino que a ella no fue a la única que contactó para ver cómo había quedado el proyecto. No sé cuán relevante es el criterio de mi esposo para Andrea, pero me parece que han hablado de esta temática sin ningún tipo de limitaciones. En este caso el contacto que hubo fue lo más usual”, aseveró Antillón.

La verdiblanca se adelantó a las opiniones de las bancadas de oposición sobre el contacto que existió entre su esposo y Morales: “Que demuestren que aquí hubo conflicto de intereses. Cualquier ciudadano tiene derecho de conocer cómo quedó una legislación. Por lo demás que prueben que hubo conflicto de intereses, porque preguntar a alguien cómo quedó un proyecto de ley no implica absolutamente nada irracional”, manifestó.

Antillón calificó como trillado que quiera inculpársele a ella y a su esposo por presunto conflicto de intereses. Ya la Procuraduría de la Ética había rechazado—el año anterior— una denuncia en contra de la diputada por ese mismo motivo, durante la discusión del TLC con Estados Unidos.

La legisladora dijo estar sorprendida por la notoriedad que se le dio al correo electrónico donde su esposo pidió una tabla comparativa sobre el proyecto de propiedad intelectual a Andrea Morales. Agregó que, de ninguna manera, el contacto se puede tomar como una asesoría departe de Luis Pal a la presidencia de Asuntos Jurídicos.



CONGRESISTAS OPINAN



Mario Quirós, Movimiento Libertario

“Este caso se presta para una investigación a fondo, porque Luis Pal, además de tener intereses económicos en la inscripción de patentes, integra la junta administrativa del Registro Nacional. Su esposa, doña Mayi Antillón, es una influyente diputada muy allegada a la Ministra de Justicia, doña Laura Chinchilla, que tiene bajo su mando el Registro. Al conocer sobre el contacto con Andrea Morales uno se interroga cuánto habrán usado a este señor para trasegar información”.


Lorena Vásquez, Unidad Social Cristiana

“Aquí media un tema de privacidad, pues hay que indagar cómo salieron esos correos del poder de su dueña. Es extraño un correo en manos de todo el mundo. Es lo más natural que a uno como diputado le pidan audiencias, le manden cartas y lo llamen para enterarse sobre el trámite de un proyecto de ley. Es natural que un abogado, un empresario o un sindicalista trate de informarse o hacer sus recomendaciones en el transcurso del debate. Creo en la honestidad de la gente y pienso que doña Andrea Morales es una mujer que no se dejó manipular ni por el PAC, mucho menos se dejará manejar por doña Mayi Antillón o su marido”.


Alberto Salom, Partido Acción Ciudadana

“Hay que separar lo que es el contacto natural entre los diputados y los representantes de diversos sectores y el tráfico de influencias. El señor Luis Pal es el esposo de una diputada y al mismo tiempo que representa a 26 empresas farmacéuticas, es parte del Registro Nacional. Don Luis está utilizando un doble sombrero para influir sobre las decisiones de la presidenta de una comisión que discutió un tema de su interés. Esto no puede ser visto como un contacto normal, por el contrario, es un hecho de suma gravedad que amerita acciones drásticas”.


José Merino, Frente Amplio

“Este asunto es sumamente grave y la diputada Andrea Morales debería darle una explicación al país. Evidentemente estamos ante un serio conflicto de intereses, pues el señor Luis Pal representa a casas comerciales interesadas en registrar patentes y se comunicó, por la razón que fuera, con la presidenta de una comisión que discute un proyecto que podría traerle beneficios económicos”.


Fuente Diario Extra

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