Es claro, para cualquier mediano entendedor en materia de estrategias y métodos de negociación, que las rectorías de nuestras universidades públicas argumentaron bien la mayor parte de los aspectos de “contenido” de sus posiciones relativas al monto solicitado para financiar el fondo para la educación superior (FEES) y al explicar por qué esgrimieron excelentes razones que creyeron y aceptaron de buena fe sus comunidades académicas y laborales. Pero fallaron estrepitosa y trágicamente en el manejo de la “forma”, o sea, en todo lo relacionado con el proceso y los procedimientos utilizados en las conversaciones con los ministros. Al punto de que, en lo técnico y operacional, puede hablarse de inexperiencia y de total carencia de prudencia y responsabilidad, profesionalismo y pericia.
Simplemente se dejaron acorralar por los jerarcas de Zapote, vapulear en el trato interpersonal, agredir externamente desde los medios de comunicación, chantajear con el temor a que el asunto fuera enviado a la “cueva de los malos” en cuesta de Moras, presionar hasta lo indecible contra las cuerdas y el reloj, y sin levantarse de la mesa, soportando escaladas de exigencias y condicionamientos fuera de lugar, todo a lo largo de 14 meses que al final fueron infructuosos para satisfacer vitales intereses y necesidades de la educación pública universitaria.
El resultado de lo anterior: muy lindo discurso tejido para la “exportación” por parte de las rectorías agrupadas en Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pero permisibilidad y flojera ante la “importación” a la mesa negociadora por los ministros de trucos y artimañas sucias y bajas; todas ellas muy bien conocidas entre especialistas en métodos de negociación y diplomacia, como las arriba mencionadas. y de las cuales hacen gala los negociadores duros y truculentos, llamados “gladiadores” porque siempre llegan a negociar con posiciones rígidas y verticales, encerrados en sus posiciones transformadas en trincheras, y con los tacos por delante a fin de obtener ventajas en el reparto de cualquier “pastel” frente a negociadores suaves, débiles y condescendientes que ceden buenamente ante estrujes y coacciones.
Nunca debieron aceptar las rectorías que se les introdujeran esas estratagemas y mucho menos que surtieran efecto al punto de hacerles retroceder una y otra vez, desde niveles iniciales de petición de cobertura de fondos del orden casi del 30%, luego puestas cercanas al 20%, para ir aterrizando casi en picada a un 13%, para llegar luego a 11% y finalmente a entre 7 y 4,5%. Y lo peor: dependiendo de una serie de imponderables factores y situaciones en materia de evolución económica, tributaria y fiscal que dejan el acuerdo totalmente flotando en el aire para la parte universitaria (no así para la triunfadora gubernamental); es decir, como algo meramente simbólico, sin firmes asideros en cuanto a sostenibilidad o viabilidad, y altamente perjudicial para el futuro de las universidades en términos de presupuesto y conveniencia institucional. Si estuviéramos en un país normal, hace rato que debieron los y las rectoras haber presentado su renuncia por incompetencia y otras fallas, ante sus respectivas comunidades universitarias. Ahora tendrán que afrontar allí una grave crisis de credibilidad y legitimidad junto con sus coaliciones de poder y todo el progresismo reformista.
En síntesis, puede decirse que dada la gravedad de lo acontecido y los pésimos resultados obtenidos por CONARE, las universidades quedaron a mansalva del gobierno y de su proyecto de educación neoliberal y mercadológico hasta el año 2015 y quizás más allá, si nos atenemos al mal precedente sentado. Se puede decir que las rectorías fueron a una verdadera emboscada, que al final no la evitaron ni la resistieron como debían, que capitularon ante los ministros y la presidenta Chinchilla, y pasma darse cuenta cómo intentan ahora defender lo indefendible, proclamando un triunfo de las universidades, del progresismo y el realismo. Los grandes ganadores ante sus “proezas” negociadoras son y serán otros actores. Veamos.
A la par del gobierno, de la derecha y los grupos empresariales, el más grande ganador ha sido el Banco Mundial con su acólito regional en materia de estrategia social, educación y competitividad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Examinando la letra del acuerdo, que servirá de base para redactar y firmar el V Convenio FEES, se nota que lo único que está realmente en firme son los puntos donde los ministros, como duros negociadores, doblegaron toda resistencia (si es que la hallaron) de las rectorías para imponer sin límites ni condiciones, los elementos centrales de la visión y estrategia educativa mercantilista de esos bancos. O sea, aceptaron los lineamientos de lo que hoy se llama el “Consenso de Washington en Educación”, el cual forma parte de una segunda generación de ajustes o reformas neoliberales, corregidas para extenderlas hacia el siglo XXI, cobijadas bajo el título de “Neo-institucionalismo”. Para muestra solo unos botones.
Primero, aparte de aplicarle a la representación universitaria el mecanismo de la “condicionalidad” (método donde los bancos chantajistas establecen ataduras entre lo que financian o conceden a os deudores, y lo que la otra parte dependiente necesita o cede dejándose extorsionar, según el perjudicial estilo del “toma y daca” o del “no hay pelo sin sangre, ni almuerzo gratis”), la del ejecutivo logró que aquella se dejara apartar del principio de la autonomía universitaria y otros de orden académico, y accediera, en los “considerandos” 6 y 7 del acuerdo, a sujetar el presente y futuro de las instituciones al ámbito de posibilidades de una reforma fiscal y tributaria de dudosa calaña social y ética, porque deberá contar con el apoyo de los grupos financieros y económicos que le dan razón de ser al gobierno de Chinchilla y al pacto Li-Li (PLN- ML); y, además, porque deberá llevarse a cabo según los lineamientos de “políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos”, pactados por el gobierno con los bancos y el FMI, que descargan el costo de salida de la recesión y de una posible depresión capitalista global contra los hombros y bolsillos de los sectores de clase media y trabajadora, mayormente los asalariados. Este pacto es peligroso porque, además de restarle aliados y crearle enemigos a las universidades entre los sectores mayoritarios afectados, incluye el desfinanciar los niveles de secundaria y primaria para darle recursos al FEES (punto 4 de la parte resolutiva del acuerdo), y hacer que allí también pierdan aliados entre el magisterio nacional (APSE, ANDE, SEC, etc.).
Segundo, en el punto 6, el gobierno se compromete presuroso, eso sí, a gestionar créditos hasta por US$200 millones para equipos e infraestructura universitaria, posiblemente ante el BM, el BID o el BCIE, lo cual meterá un verdadero “caballo de Troya” bancomundialista en los campus y prepara a las universidades para que sigan por esa ruta cada vez que el gobierno se niegue a darles recursos, como es su obligación constitucional.
Y tercero, como si lo anterior fuera poco, las altas jerarquías fueron advertidas por el gobierno en el pacto acerca de cómo deben administrar esa masa de recursos financieros, por si no lo sabían, imponiéndoles, con violación de la autonomía de gobierno y administración universitarios, un estilo de mando gerencial muy común en nuestro sector empresarial privado, el cual anuncia toda una contra-reforma universitaria apegada a los dictados del llamado “sector productivo” y los mercados. En efecto, las sumisas rectorías tuvieron que prometerle a los economistas ministros de Hacienda y Educación - y de rebote a los banqueros internacionales que les van a auxiliar con $200 millones-, el hacer la tarea con apego literal a “los principios fundamentales de planificación, transparencia, eficacia, eficiencia, evaluación y rendición de cuentas”. O sea, al estilo de una universidad corporativa, como el INCAE o el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se nos ocurre que harían bien las rectorías incluso en buscar consejo en esas entidades para así portarse mejor de lo que los banqueros internacionales y sus serviles tecnócratas esperan. Pero hay más de fondo en todo lo pactado sigilosamente a espaldas de las comunidades universitarias, como veremos.
Fuente: Diario Digital El País
Imagen: Toma de Ciencias Sociales. La foto es de Stella Chinchilla.
El énfasis es nuestro
Simplemente se dejaron acorralar por los jerarcas de Zapote, vapulear en el trato interpersonal, agredir externamente desde los medios de comunicación, chantajear con el temor a que el asunto fuera enviado a la “cueva de los malos” en cuesta de Moras, presionar hasta lo indecible contra las cuerdas y el reloj, y sin levantarse de la mesa, soportando escaladas de exigencias y condicionamientos fuera de lugar, todo a lo largo de 14 meses que al final fueron infructuosos para satisfacer vitales intereses y necesidades de la educación pública universitaria.
El resultado de lo anterior: muy lindo discurso tejido para la “exportación” por parte de las rectorías agrupadas en Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pero permisibilidad y flojera ante la “importación” a la mesa negociadora por los ministros de trucos y artimañas sucias y bajas; todas ellas muy bien conocidas entre especialistas en métodos de negociación y diplomacia, como las arriba mencionadas. y de las cuales hacen gala los negociadores duros y truculentos, llamados “gladiadores” porque siempre llegan a negociar con posiciones rígidas y verticales, encerrados en sus posiciones transformadas en trincheras, y con los tacos por delante a fin de obtener ventajas en el reparto de cualquier “pastel” frente a negociadores suaves, débiles y condescendientes que ceden buenamente ante estrujes y coacciones.
Nunca debieron aceptar las rectorías que se les introdujeran esas estratagemas y mucho menos que surtieran efecto al punto de hacerles retroceder una y otra vez, desde niveles iniciales de petición de cobertura de fondos del orden casi del 30%, luego puestas cercanas al 20%, para ir aterrizando casi en picada a un 13%, para llegar luego a 11% y finalmente a entre 7 y 4,5%. Y lo peor: dependiendo de una serie de imponderables factores y situaciones en materia de evolución económica, tributaria y fiscal que dejan el acuerdo totalmente flotando en el aire para la parte universitaria (no así para la triunfadora gubernamental); es decir, como algo meramente simbólico, sin firmes asideros en cuanto a sostenibilidad o viabilidad, y altamente perjudicial para el futuro de las universidades en términos de presupuesto y conveniencia institucional. Si estuviéramos en un país normal, hace rato que debieron los y las rectoras haber presentado su renuncia por incompetencia y otras fallas, ante sus respectivas comunidades universitarias. Ahora tendrán que afrontar allí una grave crisis de credibilidad y legitimidad junto con sus coaliciones de poder y todo el progresismo reformista.
En síntesis, puede decirse que dada la gravedad de lo acontecido y los pésimos resultados obtenidos por CONARE, las universidades quedaron a mansalva del gobierno y de su proyecto de educación neoliberal y mercadológico hasta el año 2015 y quizás más allá, si nos atenemos al mal precedente sentado. Se puede decir que las rectorías fueron a una verdadera emboscada, que al final no la evitaron ni la resistieron como debían, que capitularon ante los ministros y la presidenta Chinchilla, y pasma darse cuenta cómo intentan ahora defender lo indefendible, proclamando un triunfo de las universidades, del progresismo y el realismo. Los grandes ganadores ante sus “proezas” negociadoras son y serán otros actores. Veamos.
A la par del gobierno, de la derecha y los grupos empresariales, el más grande ganador ha sido el Banco Mundial con su acólito regional en materia de estrategia social, educación y competitividad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Examinando la letra del acuerdo, que servirá de base para redactar y firmar el V Convenio FEES, se nota que lo único que está realmente en firme son los puntos donde los ministros, como duros negociadores, doblegaron toda resistencia (si es que la hallaron) de las rectorías para imponer sin límites ni condiciones, los elementos centrales de la visión y estrategia educativa mercantilista de esos bancos. O sea, aceptaron los lineamientos de lo que hoy se llama el “Consenso de Washington en Educación”, el cual forma parte de una segunda generación de ajustes o reformas neoliberales, corregidas para extenderlas hacia el siglo XXI, cobijadas bajo el título de “Neo-institucionalismo”. Para muestra solo unos botones.
Primero, aparte de aplicarle a la representación universitaria el mecanismo de la “condicionalidad” (método donde los bancos chantajistas establecen ataduras entre lo que financian o conceden a os deudores, y lo que la otra parte dependiente necesita o cede dejándose extorsionar, según el perjudicial estilo del “toma y daca” o del “no hay pelo sin sangre, ni almuerzo gratis”), la del ejecutivo logró que aquella se dejara apartar del principio de la autonomía universitaria y otros de orden académico, y accediera, en los “considerandos” 6 y 7 del acuerdo, a sujetar el presente y futuro de las instituciones al ámbito de posibilidades de una reforma fiscal y tributaria de dudosa calaña social y ética, porque deberá contar con el apoyo de los grupos financieros y económicos que le dan razón de ser al gobierno de Chinchilla y al pacto Li-Li (PLN- ML); y, además, porque deberá llevarse a cabo según los lineamientos de “políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos”, pactados por el gobierno con los bancos y el FMI, que descargan el costo de salida de la recesión y de una posible depresión capitalista global contra los hombros y bolsillos de los sectores de clase media y trabajadora, mayormente los asalariados. Este pacto es peligroso porque, además de restarle aliados y crearle enemigos a las universidades entre los sectores mayoritarios afectados, incluye el desfinanciar los niveles de secundaria y primaria para darle recursos al FEES (punto 4 de la parte resolutiva del acuerdo), y hacer que allí también pierdan aliados entre el magisterio nacional (APSE, ANDE, SEC, etc.).
Segundo, en el punto 6, el gobierno se compromete presuroso, eso sí, a gestionar créditos hasta por US$200 millones para equipos e infraestructura universitaria, posiblemente ante el BM, el BID o el BCIE, lo cual meterá un verdadero “caballo de Troya” bancomundialista en los campus y prepara a las universidades para que sigan por esa ruta cada vez que el gobierno se niegue a darles recursos, como es su obligación constitucional.
Y tercero, como si lo anterior fuera poco, las altas jerarquías fueron advertidas por el gobierno en el pacto acerca de cómo deben administrar esa masa de recursos financieros, por si no lo sabían, imponiéndoles, con violación de la autonomía de gobierno y administración universitarios, un estilo de mando gerencial muy común en nuestro sector empresarial privado, el cual anuncia toda una contra-reforma universitaria apegada a los dictados del llamado “sector productivo” y los mercados. En efecto, las sumisas rectorías tuvieron que prometerle a los economistas ministros de Hacienda y Educación - y de rebote a los banqueros internacionales que les van a auxiliar con $200 millones-, el hacer la tarea con apego literal a “los principios fundamentales de planificación, transparencia, eficacia, eficiencia, evaluación y rendición de cuentas”. O sea, al estilo de una universidad corporativa, como el INCAE o el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se nos ocurre que harían bien las rectorías incluso en buscar consejo en esas entidades para así portarse mejor de lo que los banqueros internacionales y sus serviles tecnócratas esperan. Pero hay más de fondo en todo lo pactado sigilosamente a espaldas de las comunidades universitarias, como veremos.
Fuente: Diario Digital El País
Imagen: Toma de Ciencias Sociales. La foto es de Stella Chinchilla.
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