Una mejor ruta, doña Laura

Por Román Macaya*

Un puerto que mueve más del 85% de las exportaciones del país es demasiado estratégico para improvisar su administración. Ya Costa Rica vivió una operación portuaria de Limón administrada por un monopolio privado con la Northern Railway Company. La ineficiencia y el abuso del monopolio privado obligó a don Chico Orlich a crear JAPDEVA en 1963 y a don José Joaquín Trejos a nacionalizar el Muelle Metálico de la Northern en 1969, para desarrollar el comercio internacional del país. Hoy una muy mal concebida concesión portuaria de Limón diseñada por la Administración de Oscar Arias nos puede devolver a la historia ya conocida de la “Northern”.

Desde el principio el cartel de licitación fue diseñado de tal manera que no es de extrañar que hubiese oferente único el martes 17 de agosto. Lo peor es que el cartel se fue mejorando en varias etapas para aumentarle los beneficios al concesionario. Las cifras de crecimiento de volumen de comercio usadas en el modelo para el cartel son totalmente irreales. Proyectan un crecimiento en la exportación de banano que es inexistente y en piña, donde ya estamos prácticamente en tope de producción, para crear urgencia de lo innecesario. La concesión multiplicará las tarifas portuarias por un factor de dos a cuatro, según la carga. Para el banano la tarifa por caja subirá un 400%. Tales tarifas destruyen la competitividad del sector exportador, especialmente agrícola.

Para impulsar la concesión la Administración Arias nos dijo que los costos de Puerto Limón eran demasiado altos. Ahora los quieren multiplicar en un monopolio privado. Nos dijeron que los costos del personal sindicalizado es demasiado alto, pero usan esos mismos costos en el modelo financiero de la concesión. Aun con toda esta inflación de costos, el Estado costarricense le garantiza la rentabilidad al concesionario. ¡Gato encerrado es poco!

Garantizar la competitividad. No faltará quien diga que no habrá monopolio, ya que el ganador de la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) no podrá concursar en la licitación de Puerto Limón-Moín, supuestamente lista para setiembre. Sin embargo, ¿nos pueden garantizar que la sociedad ganadora de esa segunda concesión no esté relacionada al mismo ganador de la actual concesión de la TCM? Solo manteniendo Puerto Limón-Moín bajo la administración estatal es que nos garantizamos la competencia con la TCM.

La alarma contra estas condiciones de concesión suena tanto del sector empresarial como el sindical. Entonces, ¿quién realmente está a favor? En una reunión con don Luis Liberman el 9 de agosto once Cámaras de la cúpula empresarial (UCCAEP, CADEXCO, Industrias, CANAPEP, CANATRAC, NAVE, CACIGRA, Asociación de Usuarios de Transporte Multimodal, AMCHAM, Cámara de Bananeros, Construcción) le presentaron una carta con cuatro solicitudes: 1. Posponer fecha de recepción de ofertas al menos 30 días; 2. Crear comisión público/privada para revisar cartel; 3.Hacer de conocimiento público un estudio del BID muy crítico a las condiciones de la concesión; y 4. Impulsar debidamente el proyecto Limón Ciudad Puerto (el desarrollo de Limón está totalmente ausente en este proyecto). La respuesta de don Luis fue un violento No. Dos días después doña Laura Chinchilla les dijo lo mismo.

Salir del atolladero. Doña Laura, con este monopolio entregaríamos el dominio económico del país, y aún más si se consolida con Puerto Limón-Moin, por donde entra todo el combustible. Es hora de salir del atolladero y trazar una ruta que beneficie al país:

1. Declare desierta la licitación

2. Acepte las peticiones de las 11 Cámaras

3. No concesione Puerto Limón-Moin

4. De los $137 millones que estaban presupuestados para indemnizar el sindicato, use $80 millones para modernizar Puerto Limón-Moin y $57 millones en obras para Limón

5. Nombre una Junta Directiva de JAPDEVA con costarricenses experimentados en administración de puertos y de visión integral del país.

Al sector empresarial, es hora de defendernos con toda claridad de las malas condiciones que nos quieren imponer, y de superar el miedo de compartir una posición con el sector sindical. Estar del mismo lado por Costa Rica no los hace menos empresarios. Lo contrario le permite al Gobierno manipular al sector empresarial.


*Empresario


Fuente: Diario Extra
Suplemento Página Abierta

Foto: Diario Digital El País


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La UNA y el SITUN que si nos representa

Por Rogelio Cedeño Castro*

El que algunos en su afán de descalificar al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), y a su dirigencia actual, hayan acudido hasta a revivir los viejos fantasmas de la guerra fría que libraron el imperio norteamericano y el soviético entre los años de 1945 y 1989, olvidando la guerra caliente que contra los derechos y las instituciones del pueblo costarricense mantiene el régimen de turno y el aparato mediático a su servicio, encabezado por el diario La Nación y los canales 6 y 7, nos lleva a pensar en que el tono y el contenido de nuestros discursos, en la mañana del jueves 26 de agosto, estaba ajustada al verdadero sentido de la realidad del momento histórico que enfrentamos, sobre todo por la sistemática campaña en contra de la universidad pública que mantuvieron, a través de esos medios, los ministros Herrero y Garnier.

- Es más algunos de los que ahora atacan al SITUN no han hecho otra cosa que asumir el discurso del régimen imperante, al servicio de poderosos intereses económicos, para criminalizar la protesta social, al satanizar los bloqueos y otras medidas de presión mostrando, de esta manera, su afición y apoyo a la cara totalitaria de la derecha en esta parte del mundo, la América Central, donde han sido asesinados ya diez periodistas en el caso de Honduras, en lo que va del año y varios trabajadores bananeros perdieron la vida, en la provincia panameña de Bocas del Toro, como fruto de la cruenta represión policial, cuando protestaban contra una legislación de corte fascista en lo laboral y favorable a los depredadores del medio ambiente.

- Para la dirigencia del SITUN, en especial su comité ejecutivo y su consejo de seccionales, que se han mantenido en actitud vigilante lo mismo que de movilización permanente y de divulgación de la lucha por la defensa de la universidad pública costarricense y los principios que la rigen, a lo largo de las últimas semanas, no era posible festejar o asumir sin una reflexión y una acción críticas los resultados de la negociación del FEES para el próximo quinquenio, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de todo lo que se diga, sólo el tiempo se encargará de decirnos si habrán o no consecuencias negativas para la institucionalidad universitaria. Es por eso que nos hicimos eco del malestar existente entre muchos trabajadores y estudiantes de la UNA, para quienes no deja de ser inquietante la reducción de recursos financieros en el presupuesto universitario, como consecuencia de los alcances de esa negociación, los que será preciso analizar en todos sus detalles e implicaciones, a lo largo de los próximos días.

- Ahora que el coro de voces que no se oyeron durante la lucha y durante los ataques de los medios contra nuestras universidades, se alza buscando la descalificación de nuestro sindicato, no podemos dejar de testimoniar, de manera pública, el hecho de que, bajo ninguna circunstancia, podríamos afirmar que nos alegramos de la difícil coyuntura en que la señora rectora, doña Sandra León, se vio obligada a informar de los resultados del convenio firmado por los cuatro rectores con el poder ejecutivo. Es más, nos angustia pensar en concreto acerca de las duras condiciones de una negociación, llevada a cabo dentro de un escenario manipulado por un gobierno tan autoritario como el actual, dentro cuya gestión no figuran como prioridades ni la salud y ni la educación de los costarricenses no.

Reconocemos que, con gran valentía, la señora rectora le dijo a los estudiantes que protestaban frente a ella que la negociación en verdad y en justicia era por un 13% de incremento anual al FEES, lo que dadas las adversas circunstancias no fue posible materializar en esta oportunidad. Es por ello que la señora rectora no necesita de los defensores gratuitos que ahora salen, de manera cortesana, a expresarle un apoyo (¿no me defiendas compadre?) que necesitaba imperiosamente cuando la lucha por el financiamiento de la universidad pública atravesaba por sus momentos más difíciles. Con nosotros, en el SITUN, a pesar de las discrepancias que podamos mantener con la rectoría sí que puede contar, sobre todo en todo lo referente al fortalecimiento de la UNA como universidad pública y comprometida con las grandes mayorías nacionales.

- Ahora resulta que algunos, cuyas voces hubiéramos querido escuchar durante la fase anterior de la lucha, afirman que no se sienten representados por el SITUN y en eso tienen razón. Este SITUN que mantiene intacto su espíritu de lucha y de compromiso con la democracia y las conquistas sociales de la clase trabajadora puede resultarles extraño a quienes piensan que vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el que triunfan los más poderosos en detrimento de la solidaridad, tal y como sucedió durante la lucha contra el TLC con los Estados Unidos y su agenda de implementación, para saquear algunas de nuestras instituciones más importantes.

Si es así, pues lo sentimos, aunque reconocemos que están en su derecho de discrepar, pues resulta del todo absurdo asumir de manera acrítica el concepto o noción de la representación, la que muchas veces resulta como un cheque en blanco que se le da a quien gana una elección, ya sea universitaria o nacional. Lo que si nos preocupa es el hecho de que, tal vez, algunos compañeros universitarios que asumen esa posición quisieran una directiva sindical, enemiga de los derechos de los trabajadores, tal como la que instaló el gobierno anterior de los Hermanos Arias, en el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), en sustitución de la dirigencia legítima de esa organización hermana, encabezada por Ronald Blear, cuya restitución acaba de ordenar la Sala IV. Es por ello que destacamos el triunfo de los trabajadores de los muelles de Moín y de Limón, implícito en ese fallo de la sala constitucional, al haber detenido la privatización de esas instalaciones portuarias, las que ahora podrán ser modernizadas, pero en beneficio de todo el pueblo costarricense.

Por nuestra parte, a pesar del coro de descalificaciones, reafirmamos la confianza en la actual dirigencia del SITUN y en la labor de equipo que hemos venido realizando, bajo la conducción del compañero Álvaro Madrigal, desde la Secretaría General.


*Secretario de Educación del SITUN


Fuente Diario Digital El País




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Respuesta a la campaña de odio contra la FEUCR. Por Silvia Herrero, Diario Digital El País

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ANEP y UNDECA se oponen a que Banco Mundial "administre" nuestras pensiones

·El Gerente de Pensiones, de Miguel Pacheco, debe dejar su cargo, debe renunciar, en virtud de su grave error y, sobre todo, por su incapacidad para llevar adelante las acciones de tan importante dependencia institucional.

SGA-182-2010
San José, 26 de agosto 2010


Señores
Junta Directiva
Caja Costarricense de Seguro Social.

ASUNTO: OPOSICIÓN ROTUNDA A QUE EL BANCO MUNDIAL ADMINISTRE RESERVAS DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Junta Directiva de la institución aseguradora debe destituir a Gerente de Pensiones


Estimados señores:

La reunión que se diera el pasado 24 de agosto de 2010, entre el Comité de Inversiones de la CCSS, encabezado por el Gerente de Pensiones, don Miguel Pacheco, con el señor Sudhir Rajkamur, Director de Fondos de Pensiones de la Tesorería del Banco Mundial, es un atropello a los mecanismos establecidos en la institución y a las regulaciones que en este tipo de asuntos están dispuestas por el poder Ejecutivo desde la cartera de Hacienda y el mismo Banco Central de Costa Rica (BCCR); pero sobre todo un irrespeto del Gerente de Pensiones a la máxima jerarquía institucional, así como a la Junta Directiva de la CCSS, instalada en fecha reciente.

Tales acciones no deben dejarse pasar por alto y el Gerente de Pensiones, de Miguel Pacheco, debe dejar su cargo, debe renunciar, en virtud de su grave error y, sobre todo, por su incapacidad para llevar adelante las acciones de tan importante dependencia institucional.

Las justificaciones a sus actuaciones caen por su propio peso y la Junta Directiva de la CCSS debería destituir al gerente e intervenir esa Gerencia de Pensiones, en salvaguarda de los intereses de la población cotizante del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).

La baja rentabilidad que se expresa en el orden de un 3 % anual, tiene correspondencia con un desacato a los acuerdos a que se llegó en el año 2005, entre las autoridades institucionales de ese entonces y las organizaciones sociales. Destacamos los aportes de las organizaciones sindicales como las nuestras, que aportamos importantes ideas en procura de un manejo sano de los recursos y de la sostenibilidad financiera del régimen de IVM.

Dar parte o la totalidad de nuestras reservas para la jubilación de la clase trabajadora, depositando los dineros que aportan a un organismo internacional, como el Banco Mundial, es algo así como empeñar “las joyas de la abuela”.

Este país aún no se recupera de las inversiones que hace unos años hicieran los “pseudoadministradores” de la cosa pública en bonos en el exterior, con fondos del extinto Banco Anglo Costarricense (BAC), lo que significó ruina y pérdida para tantos costarricense. ¿Acaso no se aprende de tales experiencias?

Consideramos que la actuación del Gerente de Pensiones, producto de su propia iniciativa y/o por encargo de algún alto funcionario, entra en contradicción con la Ley Constitutiva de la CCSS, que prohíbe las inversiones en el exterior. Además, se trata de acciones que le restan seriedad a la gestión del hasta ahora Gerente de Pensiones, quien, desde nuestra perspectiva, no cuenta ya con la confianza necesaria para seguir desempeñando tan importante cargo. La Junta Directiva de la CCSS está ante un problema de competencias y de autoridad.

Por otra parte, es nuestra particular consideración que la inversión en deuda interna debe ser para impulsar el desarrollo nacional (en construcción de carreteras, para citar solo un ejemplo); sobre todo teniendo a la vista la gravedad de los problemas que vienen mostrando las famosas concesiones, impulsadas por la extinta Administración Arias Sánchez.

No puede ni debe permitir la Junta Directiva de la Caja, el más mínimo riesgo en cuanto a la administración de los fondos del sistema de pensiones de IVM se refiere. Como bien sabemos, éste es producto de la previsión visionaria que se ha logrado a lo largo de varias décadas y que es garantía que exhibe nuestro país, en el campo de la Seguridad Social.


Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP


Martha Elena Rodríguez González
Secretaria General Adjunta
UNDECA



Fuente ANEP




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Caminar por la vida

Por Nora Garita

No se trata simplemente de transitar por la vida caminando por ella. Se trata de que a veces hay que hacer algo por defender la vida misma.

La Caminata por la vida inició el pasado 23 de agosto, a las seis de la mañana, y terminó al mediodía del domingo en la capital. Recorrió Boca Arenal, Ciudad Quesada, Zarcero, Grecia, Heredia. A su paso, las comunidades aledañas gritaron “¡Sí a la vida! ¡No a la minería a cielo abierto!” Se le sumaron ambientalistas nicaragüenses pertenecientes a la Fundación Proteccionista del Río San Juan y un grupo de jóvenes panameños. Grupos ambientalistas de las regiones cercanas desde su sitio en Internet www.zonanorteresiste.org manifestaron el repudio popular al proyecto. La Coordinadora Ni una sola mina también se incorporó a la caminata.

A este rechazo por la minería a cielo abierto se ha sumado un comunicado de distinguidos profesionales del país (Surcos: hferlini@racsa.co.cr ).Explican que la concesión otorgada por el gobierno anterior a la empresa Industrias Infinito el 21 de abril del 2008 es nula, puesto que fue emitida mientras estaba vigente la moratoria minera decretada desde junio del 2002 por el entonces Presidente Pacheco. Mientras el Tribunal Contencioso Administrativo estudia la validez o no de la concesión otorgada a la empresa, la Presidenta podría derogar el decreto de “interés público y conveniencia nacional”. Este documento le recuerda al gobierno que, en tanto administrador temporal de los bienes del Estado, “debe proteger para el momento presente y futuro la calidad de vida ambiental de las personas que viven y vivirán en el territorio costarricense”.

El decreto del gobierno anterior, que declaró el proyecto de minería en Crucitas “de interés público y conveniencia nacional”, no fue sustentado en ningún estudio jurídico, ni técnico. Un proyecto de minería que podría utilizar 5 millones de kilogramos de cianuro, ¿qué consecuencias tendrá sobre el suelo, los mantos acuíferos, las aguas superficiales, sobre la salud de las comunidades cercanas y los trabajadores? ¿Qué impacto turístico sobre una zona que quedará devastada? ¿En cuánto se afectará la diversidad biológica? Ya leímos en Página Abierta el llamado de alerta dado por el Parlamento Europeo de que en los últimos diez años más de treinta accidentes graves han ocurrido en minas a base de cianuro (Mora, Jorge, 10 de agosto 2010). Es imposible ignorar los derrames en México, Perú, Ecuador.

Tal vez el repudio nacional a este decreto sea difícil de observar si uno se informa solo a través de los medios de comunicación usuales. Pero Internet ha abierto posibilidades infinitas de alternativas de comunicación, que, si usted busca, le mostrarán una población que se organiza para defender los intereses nacionales y la vida planetaria por encima de las ganancias de una empresa protegida por decretos detestables.



Fuente: Diario Extra
Suplemento Página Abierta

Foto: Jaguar del Platanar


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Finaliza Caminata por la Vida con mucho entusiasmo y buena música Diario Digital El País

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Se derrumba la inmoral mordida de los 80 mil millones de colones

·Golpistas sindicales fracasaron

·Los hermanos Arias Sánchez sufren gran derrota política

·Ministros de la Presidencia y del MOPT deben renunciar

·MTSS queda en entredicho


Las organizaciones que representamos, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), celebramos, jubilosamente, el histórico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que restituyó en sus puestos a la legítima junta directiva del sindicato de Japdeva, Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear.

Este fallo, que ha emitido el más alto tribunal de la República, la Sala IV, pone en la picota al señor Marco Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, así como a su colega de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes. Ambos, atendiendo instrucciones de los señores Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; urdieron la maniobra política en contra de la dirección legítima de Sintrajap, que constituyó un verdadero Golpe de Estado sindical.

Ambos deben renunciar a sus cargos. Ya no solamente porque quedó en evidencia la brutal ilegalidad de tal acto antisindical, sino porque empiezan ahora a ser visibles los entretelones del turbio proceso de concesión que se quiere imponer para la privatización de los muelles de Limón y de Moín. De ello que hasta en la misma Asamblea Legislativa se decidió la conformación de una comisión investigadora al respecto, incluso con el apoyo, obligado por las circunstancias, de la fracción parlamentaria oficialista.

La reinstalación constitucional en sus puestos de la legítima directiva de Sintrajap tiene efectos cuya envergadura apenas empezamos a procesar.

La renegociación de la actual Convención Colectiva de Trabajo, efectuada con la dirección sindical golpista, queda sin ninguna validez, por su misma naturaleza espuria.

Esto quiere decir que se cae, totalmente, la "oferta" de compra de conciencias de la población trabajadora de Japdeva, que hemos llamado como la mordida más grande de la historia republicana nacional, el soborno, de los 137 millones de dólares, 80 mil millones de colones, algo totalmente imposible de aceptar bajo ninguna circunstancia.

Lastimosamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) queda en entredicho. Es de lamentar esta realidad, especialmente para organizaciones como las que representamos, que creemos en la relevancia de su papel en una sociedad con marcado crecimiento de la desigualdad.

Primero porque contra toda lógica, contra todo principio, contra toda la normativa internacional en materia de Libertad Sindical que, por su misma naturaleza ese ministerio maneja con toda propiedad, procedieron a inscribir a la dirección sindical golpista, dándole legitimidad a un proceso completamente espurio desde su propia gestación.

Aquí es dable esperar, al menos, una autocrítica del jerarca del Departamento de Organizaciones Sociales, Lic. José Joaquín Orozco Salazar, pues nadie mejor documentado que él para saber del ilegal, arbitrario y totalitario proceso de destitución de la hora reconocida constitucionalmente, como la dirección legítima del sindicato Sintrajap. Este funcionario actuó como un verdadero sicario político en la maniobra anti-Sintrajap.

Otros dos notables funcionarios de carrera en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los licenciados Eugenio Solano Calderón y Alfonso Solórzano Rojas, deben explicaciones públicas al respecto y, al menos, hacerse una autocrítica de cara al Movimiento Sindical Costarricense. Nadie mejor que ellos dos, por su ya larga trayectoria institucional sabían, desde un principio, la naturaleza aberrante del golpismo sindical en contra de Sintrajap.

Igualmente y ya en el ámbito penal, también el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Álvaro González Alfaro, debe rendir cuentas de su ilegal proceder porque él permitió la intromisión política de la Casa Presidencial que generó la aberración jurídica que hoy la Sala IV dejó en evidencia.

Jamás debe entregarse la soberanía jurídica de la cartera de Trabajo y Seguridad para poner y quitar dirigencias sindicales; mucho menos para colocar "dirigentes" afines a los gobiernos de turno, queriéndose acabar con la autonomía y la independencia de los sindicatos honestos.

Esperamos que, en este nuevo marco de condiciones, se agilice el proceso de tramitación de la acusación penal que presentamos en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, en torno al ofrecimiento del soborno de los 80 mil millones de colones; acusación contra los señores Oscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, Álvaro González Alfaro, Marco Antonio Vargas Díaz y Francisco Jiménez Reyes.

En tal caso nuestros planteamientos acusatorios están, básicamente, centrados en presuntas violaciones a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El licenciado Giovanny Hernández Mora, dirigente de ASDEICE, elaboró, con gran rigurosidad jurídica, este demanda penal.

Felicitamos, con toda vehemencia, las aportaciones teórica-jurídicas que dieron base a este histórico fallo. En especial, las que estuvieron a cargo del hoy diputado don José María Villalta Florez-Estrada, quien como asesor del ahora legislador don José Merino del Río y actuando a nombre de este despacho, acudió al tribunal constitucional en defensa del Estado de Derecho.

Igualmente, nos sentimos orgullosos del aporte, en igual nivel, que desde la ANEP hicimos para esta causa, en la persona del Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la organización.
Es también gran motivo de satisfacción el papel que tanto la ANEP como la CSJMP jugamos en esta coyuntura, actuando más allá del nivel jurídico, en diversos escenarios sociopolíticos, resaltando la histórica toma pacífica del despacho de la cartera de Trabajo y Seguridad Social.

También es de honrar la voluntad inquebrantable de la legítima dirección sindical de Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear. Jamás se rindieron y demostraron que la defensa de principios en el Movimiento Sindical y a favor del bienestar popular, sigue siendo una causa absoluta e imprescindiblemente válida.

San José, jueves 26 de agosto de 2010.


Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Presidente

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)


Fuente: ANEP


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Directiva legal de SINTRAJAP celebra reinstalación de Sala Constitucional Diario Digital El País

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PLN se echó atrás y apoyó investigar concesiones

Oficialismo prefirió no levantar sospechas

Por Gerardo Ruiz Ramón

La Asamblea Legislativa acordó crear una comisión para que investigue presuntas irregularidades en la concesión de obra pública.

Los jefes de fracción se reunieron con el Directorio Legislativo durante toda la mañana de ayer, sin lograr un acuerdo sobre la creación del foro al final de la cita.

No obstante, al final de la tarde la luz verde a la comisión la dieron hasta los diputados de Liberación Nacional (PLN).


CUESTIÓN DE TRANSPARENCIA

Viviana Martín, jefa de esa bancada, en principio insistió en que no era necesario crear un nuevo panel de diputados ante el recargo del trabajo en comisión que sufren los diputados, tesis que también defendió Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Asamblea Legislativa.

No obstante, la líder reconoció anoche que la posición cambió tras exponer los argumentos en una reunión de fracción.

“Finalmente valoramos que, por ninguna razón, queríamos que se interpretara esa negativa como un obstáculo para que el tema se indague hasta el final. Aquí primó la urgencia de que el asunto se trate con toda la transparencia del caso, como siempre lo ha hecho el gobierno”, comentó.


OPOSICIÓN: PULSO GANADO

En tanto, las bancadas de oposición celebraron que las presiones ejercidas el martes surtieran efecto.

En un comunicado conjunto, los grupos opositores subrayaron que fue la oposición quien promovió y logró la aprobación de la integración de la plana que indagará todos los últimos procesos de concesión de obra pública que ha realizado el Estado, desde la operación del Aeropuerto Juan Santamaría y la carretera a Caldera hasta la concesión de Puerto Moín. “El acuerdo entre las fracciones de oposición para investigar el tema, así como indagar los negocios en los que se habría beneficiado a intereses específicos, además de conocer el impacto de estos procesos y su éxito o fracaso en cuanto a la promoción de infraestructura y competitividad del país”, se lee en la comunicación.


Fuente: Diario Extra

Foto: costaricafrog.com



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Piden intervenir la Contraloría por descontrol en concesiones Semanario Universidad

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Pretenden debilitar y privatizar seguros solidarios

• Frente Amplio denuncia engaño de grupo gobernante

• Proyecto intenta reformar Código de Trabajo y acabar con servicio al costo.

Quienes favorecieron la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, afirmaron que no habría ninguna reforma del Código de Trabajo y que no se afectarían los seguros solidarios, brindados por el Instituto Nacional de Seguros.

Contrario a aquellas palabras, ahora el Presidente Ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley, por la entrada en vigencia de la obligación del TLC de abrir a la competencia los seguros de riesgos de trabajo y obligatorio de automóviles, a partir del 1 de Enero del año 2011.

De acuerdo con el Diputado del Frente Amplio, José María Villalta, “se reforma todo el Capítulo de Riesgos del Trabajo del Código de Trabajo, adaptando las normas de este seguro solidario para que sea "rentable" para las trasnacionales”.

El Diputado Villalta considera que se elimina la prestación del seguro al costo. “Hoy el artículo 205 del Código de Trabajo dice claramente que este seguro no es lucrativo, no deja ganancia, cualquier excedente que tenga el INS por su administración tendrá que destinarse a fortalecer la reserva del seguro o reinvertirse en beneficio de las y los trabajadores. El proyecto de ley permite que las empresas operadoras de seguros tengan ganancias de hasta un 15%, rompiendo el principio de solidaridad y servicio al costo”, declaró.

“El Gobierno le mintió al pueblo de Costa Rica cuando dijo que el Código de Trabajo no se iba a tocar con la aprobación del TLC. Mintieron cuando dijeron que el seguro de riesgos del trabajo seguiría rigiéndose bajo los mismo principios de solidaridad y universalidad”, advirtió el diputado Villalta.

“Desde 2004 don Germán Serrano Pinto denunció la probable derogatoria del Artículo 205 del Código de Trabajo, con tal de que fueran apetecibles para el sector privado; salta a la vista la insensibilidad y codicia de la administración de los hermanos Arias, pues sabían de esta situación y no movieron ni un dedo para salvar los seguros solidarios”, comentó finalmente el Diputado del Frente Amplio.


Partido Frente Amplio
Comunicado de Prensa nº 24
23 de Agosto de 2010.



Imagen: Martirena

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Acompañemos a l@s caminantes a su entrada a San José

Tod@s cordialmente invitad@s a recibir a

l@s valientes vecin@s de San Carlos

que dicen no a la minería con cianuro.



Domingo 29 de agosto - 10 am.

Monumento a León Cortés, La Sabana.

Espere a l@s caminantes y camine con ell@s

a la Plaza de las Garantías Sociales.



Concierto Internacional.



Luego a la Casa Presidencial,

vigilia hasta el lunes 30 de agosto.

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Las necesarias fuerzas de paz

Por Víctor Corcoba Herrero

No hay camino para la paz, la paz es el camino. Es una célebre frase de Gandhi que deberíamos llevarla perennemente en la memoria. Si en verdad queremos cambiar el mundo, hacerlo más habitable, lo que interesa es aumentar las fuerzas humanitarias, el voluntariado de las acciones solidarias, desarmarse y armarse de comprensión. La senda de la paz no es excluyente, uno debe primero querer hacer el camino, luego creer en el camino, y a continuación trabajar hasta desgastarse por el camino. Conseguir la paz es cuestión de nervio, cada cual consigo mismo, no de armas, de tesón humano. Se trata de cuidar y proteger la arboleda de la justicia por todas las plazas en las que vivan personas.

Ciertamente, en los últimos tiempos se habla mucho de obras de paz, que no pasan del mero título, porque para llevar a buen término esta misión, tampoco hacen falta grandes hazañas, únicamente hay que ser un ciudadano de bien. Sólo así producirá sus efectos. Si cada uno de nosotros, desde el lugar en el que mora, rechaza el camino de la violencia y acoge los pasos del respeto y de la estima por los demás, se habrá convertido en una fuerza viva de paz y todos ganaremos, cuando menos en convivencia. No en vano, convivir es cuestión de armonizar modos y maneras de vida. Y un grano, sí que hace granero.

Bravo, pues, por esas fuerzas de paz que no combaten cuerpo a cuerpo, que jamás entran en el juego de la lucha, que no se dejan envenenar ni por el miedo. Realmente ellos, en muchas ocasiones, son la última esperanza de vida para tantos pueblos oprimidos. La justicia requiere paciencia y razón. Ellos lo saben y lo practican. Ninguna contienda devuelve la rectitud total a los caminos del ser humano. Justamente las fibras humanas, dispuestas a abrazarse, son las que pueden poner orden. A veces, una sonrisa es suficiente. Otras requerirán tender la mano, mostrar que la paz es confianza, para poder caminar todos unidos.

Por ello, el camino de las fuerzas de paz hay que asegurarlo. Siempre. Los gobiernos de todo el mundo han de tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso de la asistencia a la población, por parte de estas gentes de luz. Los espacios para las tareas humanitarias deben permanecer abiertos y protegidos, y, en todo caso, las armas son las que sobran. El peor invento del planeta ha sido la guerra. Qué gran negocio para algunos y qué crueldad más grande para otros.


*Escritor español


Fuente: Diario Digital El País

Imagen: Picasso



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Denuncia de rectores: MEP subejecuta ¢250 mil millones destinados a infraestructura

• MEP gasta 97% de su presupuesto en salario, lo que evita que la subejecución sea peor, afirman rectores.

Por Javier Córdoba Morales

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha subejecutado cerca de ¢250.000 millones de sus presupuestos en los últimos cinco años, en partidas destinadas principalmente para obras de infraestructura.

Esta ha sido una de las recurrentes denuncias que ha realizado el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en respuesta a las afirmaciones del Gobierno en cuanto a que un incremento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) restaría recursos para la educación primaria y secundaria.

Pese a los altos montos subjecutados, según las cifras de la Contraloría General de la República, la ejecución del presupuesto total del MEP en los últimos cinco años ha estado por encima del 95% en promedio (ver recuadro).

La suma de los montos que no se ejecutaron en estos cinco años es de ¢129.468 millones, para un promedio de subejecución de ¢26.000 millones por año.

La rectora de la Universidad de Costa Rica, y presidenta del CONARE, Yamileth González, comentó que la cifra de subejecución del MEP es muy alta, si se tienen en cuenta las grandes necesidades que tiene la educación pública en general.

De acuerdo con González, además de la subejecución mostrada por los presupuestos del MEP, existe un problema con la ejecución de los recursos por parte de las juntas de educación de los centros educativos, que alcanza los ¢120.000 millones.

“Son recursos para obra de ingeniería civil a cargo de las juntas de educación de las escuelas, que a veces por un plano que no está bien hecho y otros detalles técnicos, se les devuelven los documentos, en vez de colaborar para que las obras se puedan ejecutar”, comentó la rectora.

Estos ¢120.000 millones de subejecución se registran como “ejecutados” en los presupuestos del MEP, aunque en realidad pasan a la Caja Única del Estado, donde se mantienen guardados.

En total, los recursos que no se han ejecutado en los últimos cinco años el Ministerio de Educación Pública suman ¢250.000 millones.

“Con tantas necesidades en el ámbito de educación primaria y secundaria, uno realmente se sorprende de esos niveles de no ejecución de los recursos. En momentos en que hay demandas de las universidades, que eso se devuelva a la Caja Única del Estado es una pena, pues muchos de los problemas y diferencias que tenemos se solventarían con esos recursos”, reclamó González.

Aclaró que no es la intensión de las universidades desmantelar la educación primaria y secundaria, sino que por el contrario, que los recursos se ejecuten en donde se encuentran las necesidades.

“Hay más ineficiencia en la gestión de los recursos destinados a los recursos de la educación primaria y secundaria, que lo que nosotros estamos demandando y que ministros de gobierno dicen que le quitaríamos recursos a esos sectores, lo cual no es cierto”, expresó González.


97% EN SALARIOS

De acuerdo con la jerarca de la UCR y del CONARE, la subejecución presupuestaria del MEP no es más grave solo por el hecho de que casi el 97% de los recursos de esa cartera se destina al pago de salarios, tanto de educadores como otros funcionarios.

“Por lo menos eso es lo que nos dice la información en el 2009, lo cual también uno podría devolverle al MEP en sus comentarios; pero, sabemos que eso afecta fundamentalmente a educadores”, agregó.

“Se gasta entonces casi todo el presupuesto en salarios también, y ni siquiera lo hacen como lo hacen las universidades. Nosotros guardamos una relación muy sana, reconocida internacionalmente en instituciones de educación superior, que es una relación 80-20 (80% para salarios, 20% para inversión)”, acotó la Rectora.

Mientras tanto, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Eugenio Trejos, hizo ver que es obligación de todas las instituciones públicas, hacer un uso eficiente de los recursos que se les asignan, por lo que coincidió con González en cuanto a que es “sorprendente” la subejecución en el MEP.

“La educación pública en general tiene grandes necesidades de infraestructura, sobre todo en las zonas rurales, fronterizas, indígenas. Todas estas deficiencias inciden en la formación de los muchachos, y luego somos las universidades las que tenemos que tratar de llenar esos vacíos”, argumentó Trejos.

En su opinión, estos datos dejan claro que la solicitud de los rectores respecto a que los presupuestos universitarios se incrementen un 11% en cinco años, no pone en riesgo los fondos destinados al resto de la educación.


SALARIOS PROMEDIO

Ante la insistencia en las declaraciones de los ministros sobre el tema salarial, tanto Trejos como González recordaron que los salarios de las universidades se ubican entre el percentil 48 y 52 de la administración pública.

“Eso significa que nosotros tenemos salarios promedio en relación al resto del sector público. No ganamos ni la mitad de lo que ganan otros en el sector público en general”, alegó la Rectora.

“Cuando se analiza el tema de salarios, deberían compararnos con nuestros pares de las instituciones públicas autónomas. Las universidades estamos muy por debajo de lo que se paga en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el ICE, INS y RECOPE. Es un comportamiento de salarios promedio, sin abusos”, defendió Trejos.

Añadió que cuando se habla de “crecimiento vegetativo” de las universidades, este contempla tanto el pago de las anualidades como los ascensos que se dan en el régimen académico, que se basa en un sistema de logros y méritos para aspirar a una mejor remuneración.

“Es un régimen de méritos que estimula la calidad y la excelencia que necesitamos en el personal que trabaja en las universidades. Esos elementos se han tratado de invisibilizar; se ha dado la información errónea”, dijo el rector.

González, por su parte, puntualizó que hay una proporción muy alta del personal de las universidades que es interino, por lo que no es la mayoría la que recibe los beneficios que se derivan de estar en régimen.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del ministro de Educación, Leonardo Garnier, sobre estos temas. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido una respuesta a las consultas que le fueron remitidas vía correo electrónico.



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Imagen: Mecho


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Hoy inicia en Crucitas marcha de agricultores contra minería de oro a cielo abierto

• Caminata por la vida y contra minería se podrá seguir en directo por Internet

Un grupo de 40 caminantes, agricultores y vecinos al proyecto minero Crucitas, en la Región Huetar Norte, inician esta mañana una marcha de 200 kilómetros, que concluirá el domingo con una gran concentración en la capital costarricense.

La nueva edición de la "Caminata por la Vida y Contra la Minería", contará con un equipo de comunicadores de tres organizaciones y de diario digital www.elpais.cr, que estarán llevando detalles de la actividad, encabezada fundamentalmente por agricultores.

En el esfuerzo conjunto participan además las organizaciones ARCA, FANCA y APREFLOFAS y las informaciones en directo podrán ser seguidas en las páginas www.arca.co.cr, www.fanca.co.nr, www.nomineria.com y en FACEBOOK en: http://www.facebook.com/profile.php?id=783102147&v=app_55841807003, así como en www.elpais.cr.

Las transmisiones de vídeos serán entregadas este lunes 21 de agosto a las 12 del día, 4 de la tarde y 8 de la noche. Entre tanto, de martes 24 a sábado 28 de agosto serán a las 8 de la mañana, al mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche.

En Crucitas de San Carlos, a unos tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua, la transnacional canadiense Infinito Gold pretende construir una mina de oro a cielo abierto, pero sus intenciones están paralizadas en los tribunales de Justicia.


Historia de la lucha de Crucitas

En 2004 la Sala IV había anulado una concesión minera otorgada en 2001 en San Carlos, precisamente en Crucitas.

El 21 de marzo del 2008, aun estando vigente la moratoria minera decretada desde el 2002 por la administración anterior, el Poder ejecutivo otorga una nueva concesión minera al Proyecto Crucitas

El 13 octubre del 2008 un decreto ejecutivo, firmado por el Presidente Oscar Arias, declaró el proyecto minero Crucitas de interés público y conveniencia nacional. Es decir, este gobierno, dio el apoyo a un tema que había quedado resuelto en 2004.

En cuestión de horas el día 17 de octubre (viernes) antes de su publicación en la Gaceta Oficial, desde la madrugada del mismo día y sin (o con?) autorizaciones de tala en mano, otorgada en condiciones no esclarecidas por el Área de Conservación Norte del MINAET, se iniciaron operaciones.

En el fin de semana, que siguió a la firma del decreto, se talaron cientos de árboles en unas 50 hectáreas, hasta la presentación del recurso interpuesto el domingo 19 de octubre por la noche por el abogado y ambientalista Edgardo Araya. El tema causó un fuerte impacto en la opinión pública, dado que varios medios de prensa filmaron una zona devastada.

Una acción de inconstitucionalidad ordenó la suspensión de las obras.

En diciembre del 2007 la empresa Infinito S.A, cambió el diseño del proyecto pasando de 10 metros de profundidad a 67 metros, "reduciendo" de 192 hectáreas a solo 50, pero DUPLICANDO el volumen extraído.

En febrero del 2008, la empresa obtuvo el permiso del MINAE para retomar las obras aunque, mediando la acción de inconstitucionalidad, las obras continuaron paradas.

El 11 de septiembre de 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada y Luis Paulino Mora, realizaron una inspección de la mina para determinar si se debe o no seguir adelante con el proyecto de extracción de oro a cielo abierto en esa área. Fue una visita muy controvertida porque organizaciones opuestas al proyecto minero (y quienes habían interpuesto la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional) denunciaron un sesgo en las condiciones de la inspección. Por ejemplo, la organización ambiental Unión Norte por la Vida (Uno Vida) solicitó la nulidad de la visita argumentando la desigualdad "procesal", en perjuicio de UNOVIDA.

En noviembre del 2009, se realizo la vista en la Sala IV donde 18 recurrentes fueron apoyados por expertos y universitarios sobre los temas técnicos más cuestionables.

Durante esta Vista, fue muy clara la colusión Empresa/Gobierno, ya que la estrategia a seguir era decidida por la empresa, los funcionarios de Gobierno, asesor legal de Casa Presidencial incluido, siguiendo las "instrucciones". Igualmente ocurrió con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Extrañamente, la Sala IV no transcribió estos tres días de intensos debates, por lo que no hay ningún registro escrito de estos tres días de audiencias.

Posteriormente, en enero de 2010 la iglesia Católica, siempre muy parca en cuestiones ecológicas pidió "la derogación del decreto número 34801-MINAET, mediante el cual se da la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, además de descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera metálica en todo el territorio nacional. También, que se declare una moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional...".

El presidente Arias respondió diciendo que los obispos "saben de teología, no sabía que conocían de geología ni de minería. Pienso que de minería deben saber tanto como yo de astronomía", y que el tema estaba en la Sala y que allí se definiría.

Precisamente, el pasado 16 de abril de 2010, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada en 2009.

Fueron 3 horas de legalidad, ya que a las 18:00 horas del mismo día, el Tribunal Contencioso Administrativo aceptaba ordenar medidas cautelares prohibiendo así a la empresa operar. Estas medidas son para que, de fallar el juicio a favor de los demandantes no se haya producido un daño irreparable. (Solo la tala de centenares de hectáreas de bosque primario, por ejemplo, habría sido irreparable).

En el mes de mayo y junio la empresa multiplicó sus pautas publicitarias en distintos medios de prensa, y ello se fue intensificando antes del 15 de junio, día en que el Tribunal decidió mantener dichas medidas cautelares.


Fuente: Diario Digital El País

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SUTEL pretende que el ICE subsidie nuevas operadoras

Por Gerardo Fumero

La apertura en telecomunicaciones es un mandato del TLC y finalmente de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

A partir de entonces el proceso es responsabilidad primaria de la SUTEL, que como órgano regulador es responsable entre otras cosas, de fijar las tarifas al cliente y entre operadores.

Apertura debiera significar competencia para el ICE, no su desaparición.

Preservar el ICE es defender las inversiones que los costarricenses hemos hecho por casi medio siglo y que permitieron la construcción de la infraestructura que el país tiene en la actualidad. Mantener, desarrollar y mejorar esa infraestructura exige un ICE estable, que pueda seguir cumpliendo los fines para los cuales fue creado, nunca un ICE débil o disminuido.

El mismo TLC, en su “Preámbulo” garantiza que “El Gobierno de la República de Costa Rica: …reconociendo su compromiso de fortalecer y modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como un participante en un mercado competitivo de telecomunicaciones y asegurando que el uso de su infraestructura será remunerada…” Manifiesta además “Modernización del ICE”, que “Costa Rica promulgará un nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE…”.

De igual forma la Ley de Fortalecimiento de las Entidades del Sector de la Telecomunicaciones, No. 8660, establece que “Artículo 2, Son objetivos de esta Ley: a) Fortalecer, modernizar y dotar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a sus empresas y a sus órganos adscritos,…”.

Sin embargo, las recientes Resoluciones provisionales de la SUTEL, RCS-324-2010 y RCS-325-2010, imponen al ICE tarifas de interconexión que en adelante serían aplicables también a cualquier otro operador -incluidos los móviles-, y ponen en grave peligro su estabilidad financiera y por ende su permanencia.

Según el Reglamento de Acceso e Interconexión, Artículo 32, la metodología para el establecimiento de esas tarifas “…deberá ser establecida en el plazo de un mes a partir de la integración del Consejo de la SUTEL”. Sin embargo, ese Consejo, integrado el 26/01/2009, tomó 14 meses para establecerla, según Resolución RCS-137 del 5/03/2010.

La definió como “Costos Incrementales de Largo Plazo (LRIC), bottom – up scorched node”, violentando además el debido proceso, dado que no convocó a audiencia pública para discutirla, ante lo cual fue impugnada por el ICE el 22/03/2010, pero en la resolución RCS-229-2010 la SUTEL rechazó el recurso y dio por agotada la vía administrativa.

Hacer la reingeniería necesaria en la contabilidad, para poder suministrar los datos que alimenten la metodología definida por la SUTEL requiere varios años. Así las cosas, el ICE está imposibilitado para suministrar la información que la SUTEL exigió tener en semanas. En tales casos, el Reglamento de Precios y Tarifas, Artículo 16, establece que se utilicen precios internacionales de referencia.

De haberse respetado esa normativa, los precios fijados por la SUTEL debieron haber sido sustancialmente mayores, según se desprende de cualquier comparación internacional: $0.11 promedio (¢60) para interconexión fijo-móvil en América Latina, precio que fue ofrecido por el ICE en las negociaciones con las empresas entrantes al mercado, a pesar de lo cual la SUTEL, cuando intervino, terminó fijando ¢15, 4 veces menos.

El asunto tiene sus orígenes en una problemática mucho más profunda y advertida a la ARESEP desde el 2004, pero que se ha negado a resolver: el necesario rebalanceo tarifario. De otra forma el ICE no podría enfrentar la competencia con lo que son “distorsiones” en un mercado abierto: subsidios y tarifas al costo, pero que tuvo sustento en la legislación que por 47 años rigió al ICE –el modelo solidario-.

Sin embargo, al no haberse procedido de esa forma, las tarifas de interconexión fijadas ahora por la SUTEL, sobre la base de tarifas subsidiadas, resultan ruinosas, ante lo cual estaría obligado el ICE –como primera medida- a reducir drásticamente sus inversiones.

Irónicamente, esto incentiva a que las empresas entrantes no inviertan -les sería más barato alquilar una infraestructura subsidiada-, propiciando que la industria se contraiga, se reduzca el empleo y se disminuyan los beneficios para el cliente final, a pesar de que el Regulador está obligado por ley, a estimular la inversión en el sector, según el Artículo 73 de la Ley de ARESEP.

Las actuales tarifas del ICE, además de subsidiadas, están desactualizadas. Fueron fijadas en el 2001, Resolución RRG-1832-2001 de la ARESEP, para telefonía fija en ¢4.10 (tarifa plena) y ¢2.0 (tarifa reducida) y para telefonía móvil en ¢30 (tarifa plena) y ¢23 (tarifa reducida).

Tal situación ha provocado un deterioro de los rendimientos, que pasaron del 5.9% en el 2000 al -2.8% en el 2007, con una caída en los márgenes operativos netos, que han disminuido del 18% en el año 2000 al 4% en el 2009. Y si fuera poco, se ha reducido la tasa de crecimiento de los ingresos, del 20% al 7% en ese mismo período. Todos estos aspectos han sido expuestos en los últimos estudios tarifarios enviados por el ICE a la ARESEP y la SUTEL.

Las tarifas de interconexión aprobadas ahora por la SUTEL, no solo ponen en riesgo financiero al ICE, ante lo cual se vería imposibilitado de realizar nuevas inversiones, sino de cumplir los estándares de calidad, que en contraste la misma SUTEL ha fijado en niveles del 99.97%.

Entre las graves consecuencias de estas tarifas está el hecho de que todos los corresponsales internacionales del ICE estarían exigiendo reducciones en las tasas de terminación del tráfico en Costa Rica, similares a las fijadas para los operadores nacionales, de lo contrario cursarían su tráfico por medio de ellos, lo cual provocaría una enorme pérdida de divisas para el ICE. Además, los ingresos por llamadas internacionales salientes caerían a valores cercanos a cero, porque ese tráfico estaría saliendo vía proveedores de telefonía IP. La pérdida en el mercado de telefonía internacional se estima en más de $25 millones anuales.

Estas tarifas, además de descapitalizar el ICE, estarían por debajo de los costos, lo cual prohíbe la misma ley de la ARESEP. De mantenerse, los otros operadores podrían brindar servicios a los mismos precios que el ICE, pero con mucho menores inversiones y costos, por lo que podrían tener utilidades, mientras que el ICE no solo perdería toda competitividad sino ingresos, producto de unos cargos de interconexión ruinosos y gastos crecientes, debido a las demandas para atender a los nuevos operadores, obligado además a mejorar la calidad, so pena de multas y sanciones por incumplimiento.

Las empresas entrantes, principalmente en el mercado móvil, con enormes economías de escala y muy amplia experiencia, podrían agravar la situación subsidiando los servicios en los primeros meses o años con operaciones en otros países y descremando el mercado, logrando rápidamente desplazar al ICE.

En consecuencia, cuando el ICE no pueda hacer frente a sus inversiones y gastos, otro operador tendría que ser el que suministre interconexión; pero, ¿qué empresa va a asumir dicho rol para terminar perdiendo dinero? ¿O será que el regulador, habiendo reconocido para entonces su error, sí salga a proteger las inversiones de la nueva empresa privada, sobre las cenizas del ICE?


Fuente Semanario Universidad

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Denuncia de UNDECA: Caja gasta ¢178 mil millones al año en compra de servicios privados

*Sindicato asegura que con lo que se gasta en servicios de radioterapia, la CCSS podría comprar tres equipos para dar el servicio por su cuenta.

Por Javier Córdoba Morales

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) gasta más de ¢178 mil millones al año en compras y pagos de servicios a proveedores privados, cuyos montos podrían ser invertidos por la institución para dar los mismos servicios a un menor costo.

Así lo denunció el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA), Luis Chavarría, con datos recopilados por este sindicato a lo interno de la institución.

Pero la denuncia del secretario de UNDECA no se quedó allí. Con documentos en mano, Chavarría dijo a este semanario que las deudas que tiene el Estado y el sector privado con la CCSS suman los ¢701 mil millones, más del doble que la cifra reportada por autoridades de esa institución a UNIVERSIDAD en la edición anterior.

En su opinión, en las compras de servicios que realiza la CCSS hay un “detestable despilfarro” de los recursos institucionales, que podrían invertirse en la compra de los equipos necesarios para brindar el servicio.

“Hemos detectado que la Caja paga más de ¢70 mil millones en compra de servicios de laboratorios privados, farmacia, mantenimiento, reparaciones de equipos y otras labores para las cuales cuenta muchas veces con el personal en la institución”, criticó Chavarría.

De acuerdo con el sindicalista, actualmente UNDECA investiga algunos casos de estas compras, en los que se supone habría sospechas de corrupción al favorecer a familiares y amigos de altos jerarcas, así como a empleados de la propia CCSS que han establecido sus empresas de servicios.

Uno de los casos sería el de un enfermero profesional, que en asocio con otros funcionarios, habría establecido una empresa de ambulancias y ahora cobra los servicios de transporte al hospital de Pérez Zeledón.

“Detectamos que la Caja ya no está comprando ambulancias, sino que gasta ¢7.000 millones al año en traslados de pacientes, que se le pagan tanto a la Cruz Roja como a las ambulancias privadas, lo cual nos parece condenable”, comentó Chavarría.

“Con ¢7.000 millones cada año, bien se podría comprar una buena flotilla, tanto de ambulancias como de vehículos para el transporte de personal y de pacientes”, acotó Chavarría.

En el caso de las radioterapias, Chavarría recordó que en el 2007 UNDECA denunció gastos por más de $3 millones (¢1.539 millones al tipo de cambio actual) en la contratación de este servicio.

“Determinamos que comprar un acelerador lineal para brindar esta terapia cuesta $1,1 millones; por lo que la CCSS pudo haber comprado tres aceleradores y ponerlos en distintos lugares del país”, recordó Chavarría.

El sindicalista indicó que a diciembre del 2009, el informe de la junta directiva de la CCSS mostró compras por servicios de radioterapia por ¢1.600 millones; lo que nuevamente alcanzaría para tres aceleradores lineales más.

“Si se hubiesen realizado las inversiones, ya la Caja tuviese seis aceleradores lineales dándole servicio a la gran cantidad de pacientes que lo necesitan; y hasta podrían ponerles los equipos más cerca de sus casas”, manifestó Chavarría.


¢80.000 POR FALTA DE PLAZAS

El principal rubro de gasto innecesario, según UNDECA, es el pago de disponibilidades médicas, guardias y jornadas extraordinarias a unos cuantos profesionales, ante la falta de plazas y la inopia de personal.

“La CCSS está gastando más de ¢100.000 millones al año, por el pago de tiempo extraordinario, en razón de la inopia de algún personal calificado. No hay plazas de personal, pero eso no se viene resolviendo, sino que la suma cada año se incrementa como un 10% y esto se da a falta de políticas en la capacitación de personal”, comentó Chavarría.

El sindicalista explicó que de esos ¢100.000 millones, el 80% se reparte entre al menos 2.000 de los 35.000 funcionarios que tiene la CCSS, especialmente médicos, quienes se estarían beneficiando de estos pagos extraordinarios.

A la lista de gastos, Chavarría también añadió que hay un gran monto, aún por determinar, que invierte la Caja en alquiler de edificios; sobre todo en áreas rurales.


¢701 MIL MILLONES DE DEUDA

Chavarría llamó la atención respecto del dato publicado la semana anterior en UNIVERSIDAD, donde la suma de las deudas, tanto del sector privado como del Estado con la CCSS, suministradas por autoridades de la institución, alcanzó los ¢300 mil millones.

Chavarría y UNDECA manejan un dato que duplica el monto oficial, pues afirman que a diciembre del 2009, el total adeudado a la CCSS es de ¢701 mil millones.

De este monto, ¢300 mil millones corresponden a los dineros que empresas del Estado como el ICE, RECOPE y la banca estatal no han pagado a la CCSS por concepto del 15% de sus utilidades, como lo establece la Ley de Protección al Trabajador.

Este pago aún no se ha hecho efectivo por la falta de un reglamento que debe emitir el Ministerio de Trabajo, para que las instituciones citadas realicen el desembolso correspondiente.

El Estado además adeuda ¢171 mil millones por concepto de los llamados “asegurados por el Estado” y las cuotas al Régimen No Contributivo; mientras que ¢150 mil millones están pendientes por el costo del traspaso de funcionarios del Ministerio de Salud a la CCSS, realizado hace varios años.

Los patronos privados, según UNDECA, acumulan una deuda de ¢70 mil millones, mientras que otros ¢9 mil millones son adeudados por el Instituto Nacional de Seguros (INS) por la atención de accidentes.

UNDECA contabiliza además la deuda que tiene la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que a diciembre del 2009 era de ¢834 millones; y que según el último dato suministrado por la CCSS, ahora es de ¢893 millones.


SE DEBE INVESTIGAR

UNIVERSIDAD consultó al representante del sector sindical ante la junta directiva de la CCSS, Agustín Páez, sobre estas denuncias y aseguró que investigaría del detalle de estas.

Páez reconoció que desconoce el tema de la contracción de ambulancias, pero en el caso de los servicios de radioterapia, manifestó que no es tan sencillo como comprar más aceleradores lineales.

“La demanda es grande y el personal es poco, hay problemas para suplir la situación, eso se está tratando de resolver con el aumento de horas de uso del equipo; pero se requieren acciones más a fondo”, manifestó Páez.

Respecto de la deuda acumulada con la CCSS, Páez indicó que el Estado no ha sido “buen pagador” con la seguridad social; pero reconoció que la CCSS tampoco ha sido “buen cobrador” para hacer que los diferentes sectores paguen sus obligaciones con la institución.

UNIVERSIDAD solicitó respuesta de las autoridades de la CCSS sobre este tema, pero al cierre de esta edición se indicó que la solicitud de entrevista “aún está pendiente” y que sería respondida por el gerente financiero de la institución.


DEUDAS CON LA CAJA


15% de utilidades de las instituciones públicas: ¢300.000 millones

Seguro por el Estado y Régimen No Contributivo: ¢171.000 millones

Traspaso de funcionarios del Ministerio de Salud: ¢150.000 millones

Patronos privados: ¢70.000 millones

Atención de accidentes (INS): ¢9.000 millones

Embajada de Estados Unidos: ¢893 millones

Total: ¢700.893 millones


Fuente: UNDECA



Fuente: Semanario Universidad

Imagen TOMY


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Rodrigo Facio y Herrero

Por Freddy Pacheco, PhD

Escuela de Ciencias Biológicas, UNA

Donde mejor se refleja la mezquindad del ministro de Hacienda, quien gozara de una beca de la UNA para sus estudios de posgrado (que no sabemos si al fin concluyera exitosamente), es en el ataque frontal, malintencionado, mezquino en fin, contra los salarios de los profesores universitarios.

En su afán de manipular a la opinión pública -cual si se tratara del salario del alcalde de San José o del que se habían recetado algunos señores diputados- desinforma a la ciudadanía diciéndole que cualquier ajuste en las finanzas de las universidades del pueblo de Costa Rica se usaría para inflar los jugosos salarios del personal. ¿Qué dirán de ello aquellos compañeros profesores que tienen salarios menores a los de algunos profesores de colegios?

En la de menos lo que HERRERO quiere, fiel al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional -a los que conoce muy bien- es debilitar aún más los recursos humanos de las universidades públicas para con ello debilitarlas hasta el límite de la inanición. Alcanzada esa aspiración, vendrían las propuestas de solución… en el régimen privado.

Este martes 17 de agosto, en que decenas de miles le manifestarán a la señora presidenta Laura Chinchilla el cumplimiento de sus promesas de campaña electoral, hemos de sugerirle la necesidad de que invite a dar un paso a un lado a su ministro HERRERO, para que sean reales las posibilidades de un diálogo fructífero.

Mientras éste siga entre bambalinas manejando a su antojo el argumento de las finanzas, detrás del cual esconde sus verdaderas intenciones, vaticinamos la profundización de una crisis que jamás debió de haberse dado y que de paso nos recuerda la provocada por el exministro Thelmo Vargas durante en la administración Calderón Fournier (solucionada con su invitación a irse para la casa).

Y es que si tan solo se le prestara atención a Rodrigo Facio cuando dijera:

"La conclusión obligada es que los recursos humanos son el factor decisivo para el progreso económico, y que la educación, muy lejos de ser una lujo y ni siquiera un gasto corriente de consumo, es una de las formas más eficaces y reproductivas de inversión o capitalización".

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EU: Mendacidad de Estado

Por John Saxe-Fernández

La colisión entre la retórica del gobierno de Estados Unidos para encubrir sus diseños de intervención y ocupación en América Latina (guerra al terrorismo, al crimen organizado o al narco) y los eventos que se observan día a día, es tan incontrovertible y pública que sólo la noción de "esquizofrenia" permite analizar lo que a todas luces es una criminal mendacidad de Estado.

Con la intensidad de la crisis estructural y hegemónica aumentan las contradicciones entre las proclamas oficiales por fortalecer el estado de derecho frente a la criminalidad y los hechos derivados de la codicia empresarial, del masivo desvío de fondos públicos al complejo bélico-industrial, a los órganos de espionaje y a la oligarquía financiera, mientras se recorta el gasto federal, estatal y de condados, con incontable pérdida de plazas y de partidas para obra pública, salud, servicios sociales, etc.

Esto ocurre junto a una inusitada y costosa militarización, paramilitarización y mercenarización de la política exterior, mientras se agudiza en lo interno el dilema entre "cañones y mantequilla", y en lo externo la esquizofrenia imperial, con fuerte inclinación genocida (Irak, Afganistán, etc). Estados Unidos es el mayor exportador de armas –domina el comercio mundial–, por lo que no es difícil percibir el fondo del choque entre la guerra antiterrorista y antinarco y la reticencia del presidente Barack Obama por controlar el monumental flujo de armas de bajo y alto calibre a los cárteles al sur del Bravo.

Ante ese negocio y el fabuloso manejo bancario/financiero de la droga, los 28 mil mexicanos muertos en la guerra antinarco no son relevantes para Estados Unidos. Menos para una Casa Blanca que, al contrario, promueve la flexibilización de normas para agilizar las exportaciones armamentistas, según Obama, "con miras a duplicar las ventas en 2015". Así, dice el diputado D. Manzullo (R) de Illinois, "podremos salir de esta recesión".

La siniestra mendacidad es palpable en el informe anual de la Oficina para el Contraterrorismo del Departamento de Estado (DE) conocido la semana pasada. Ahí se señala que “la cooperación de Venezuela con Estados Unidos en materia de terrorismo "ha sido reducida a un mínimo absoluto", y se censura que Caracas realice sus esquemas de seguridad sin guía de Estados Unidos –como corresponde a una nación soberana–, por lo que no es "un socio fiable" en el antiterrorismo y, en anacrónico arranque monroista, el DE se queja, como hizo Clinton en persona, de que Caracas, Brasilia y otras naciones del sur ¡mantengan relaciones con Irán! A esta arrogancia se agrega la hipocresía de un Estados Unidos practicante, como pocos, del terrorismo de Estado: en abril pasado se difundió un video suprimido, clasificado como "secreto" del Departamento de Defensa (DdD), en el que desde sus helicópteros Apache se matan civiles y dos camarógrafos de Reuters en Bagdad. Son "asesinatos colaterales" que el lector puede presenciar en Wikileaks.

A la hipocresía se agrega la infamia, evidente en la devastadora masa de más de 90 mil archivos top secret de la guerra en Afganistán (la mayor fuga de seguridad en la historia militar), obtenidos y diseminados por Wikileaks, que muestran, entre otros horrores, cómo el DdD, la OTAN, sus aliados británicos y decenas de miles de contratistas y "fuerzas especiales" han eliminado cientos de civiles en acciones no reportadas. En un programa de asesinatos del gobierno Bush/Cheney se documentan múltiples "ejecuciones extrajudiciales" del liderato talibán, realizadas por "unidades secretas" bajo la instrucción de "matar o capturar". Toda la documentación, que The Guardian publica en su edición electrónica, muestra cómo las fuerzas de la coalición usan, "con mayor frecuencia, aviones no tripulados Reaper para cazar y matar a los talibanes, a control remoto desde una base en Nevada", actividad que según la prensa persiste y se acentúa con Obama/Clinton, con cientos de bajas, en quebranto abierto y cotidiano al Derecho Penal Internacional.



Fuente: La Jornada

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PLN reparte 1600 hectáreas entre partidarios

• Intentan donar 18 hectáreas a exdiputado y candidato a alcalde por medio de proyecto de ley

• Exejecutivo municipal condenado por peculado quedaría impune

Mediante el proyecto de “Ley de Autorización a la Municipalidad de Aserrí a donar terreno de su propiedad”, expediente n.º 17190 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa, se planea donar 1600 hectáreas entre dirigentes liberacionistas, sus familiares y personas con varias propiedades.

El Diputado José María Villalta Flórez-Estrada, del Partido Frente Amplio, denunció que “a este proyecto lo intentaron votar apresuradamente en el Plenario, pero al revisar la lista de beneficiarios se pueden constatar múltiples irregularidades, números de cédula repetidos, números que no coinciden, la mayoría de los beneficiarios tienen varias propiedades, una sola familia recibiría casi 600 hectáreas, y uno de los beneficiados es un exdiputado y actual candidato a alcalde del PLN”.

El proyecto 17190, fue presentado por el exdiputado liberacionista y actual Presidente Ejecutivo del AyA Óscar Núñez y en su expediente no existe ninguna autorización por parte de la Municipalidad de Aserrí, dueña del terreno, para donar de esta manera el inmueble, lo que existe es un acuerdo de 2006 en el sentido de “autorizar la donación de 6 hectáreas a personas en riesgo social acompañado de un estudio social verificando su necesidad”.

El Diputado Villalta manifestó que “además hay un exejecutivo municipal, también liberacionista, quién fue condenado en días recientes por el delito de peculado relacionado con esta misma finca, por lo que vemos también un interés por apresurar el trámite con el fin de que este individuo quede impune.” Oldemár García, exejecutivo municipal de Aserrí de 1994 a 1998 fue condenado el pasado 11 de junio a 3 años de prisión por malos manejos en relación con esta finca cuando ejerció el cargo municipal.


Partido Frente Amplio
Comunicado de Prensa nº 23
17 de agosto de 2010.



Imagen: eneko

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Discurso de Rectora UCR frente a la Presidencia de la República

Por Yamileth González García

Estamos en pie de lucha por la dignidad de la gestión pública, por el derecho y el deber de trabajar por el bien colectivo, por la opción de contribuir con el desarrollo sostenible de un país que, hasta hoy, ha sabido enfrentar las imposiciones internacionales con inteligencia y ponderación.

Estamos en pie de lucha para que las tendencias neoliberales y privatizadoras no nos impidan trabajar en redes por el bienestar de las mayorías que siempre ha estado y estará unido a la educación, la democracia, a la libertad –en nuestro caso la autonomía universitaria- la paz, la justicia social, la defensa de la institucionalidad, de los derechos humanos y ambientales.

Estamos en pie de lucha porque no queremos permitir que usando estrategias poco claras nos traten de dividir internamente, ni entre universidades, ni entre profesores y estudiantes, ni entre académicos y administrativos. Estamos en pie de lucha como UNA sola institución en su DIVERSIDAD y en sus posibilidades complementarias. No vamos a permitir que traten de dividir para vencer…

Estamos en pie de lucha porque NO queremos que nos privaticen, que obliguen al talento sin condiciones económicas a quedarse sin estudio. Queremos ser universidades públicas que colaboren con todos los sectores inclusive el sector privado, empresarial o de organizaciones de la sociedad civil. Queremos ser parte del sector público y redistribuir el conocimiento, abrir la oportunidad y permitir la movilidad social. Estamos en pie de lucha para que nos dejen trabajar en equipos interdisciplinarios, interuniversitarios, internacionales, intersectoriales en pro de un desarrollo colectivo que nos de seguridad en las calles, que proteja el medio ambiente, que pondere la innovación tecnológica y la educación, que impida abrir una nueva brecha entre los habitantes del país.

Estamos en pie de lucha porque no queremos el irrespeto de quienes nos gobiernan y, en lugar de responder con argumentos y por escrito a nuestras peticiones razonadas -como lo manda la constitución y la negociación entre personas educadas- se van a una guerra en los medios de comunicación, agresiva, descalificante y llena de falacias.

Estamos en pie de lucha porque no podemos tolerar la manipulación de la información, la falsedad y la intolerancia. ¿Si no defendemos las causas justas, si no defendemos la verdad, la oportunidad real de estudio para la gente con talento que no puede pagar, las becas, las residencias y los comedores estudiantiles, quién va a hacerlo?

Hemos entregado a los Ministros toda la información, rendimos cuentas, nos reconoce el sector privado con quien trabajamos, las comunidades, las instituciones mismas del gobierno, la inteligencia internacional situándonos en los niveles más altos de competencia.

Hemos mostrado nuestro quehacer una y otra vez y lo hemos demostrado con acciones. Ofrecemos aumentar la matrícula a 100.000 estudiantes, mejorar las becas y las condiciones de estudio, pero no queremos que nos conviertan en enseñaderos, en Universidades de tiza y pizarra, de computadora y técnicas repetitivas, queremos profesionales que sepan investigar y trabajan en y con la comunidad.

Por eso defendemos lo que debe ser una UNIVERSIDAD con tres actividades sustantivas: la docencia, la investigación y la acción social y una vida estudiantil integral e integradora.

NO es cierto que nuestros salarios sean mayores, ni que queramos dinero para subir los salarios. El crecimiento por anualidades lo tiene toda la administración pública y los otros aumentos son por méritos (publicaciones, innovación, idiomas, estudios), por esfuerzo personal y de equipo, POR TRABAJO y no vegetativo como dicen. La mayor parte de nosotros –sobre todo de los que trabajamos sin descanso, horas y más horas, con placer e imaginación, lo hacemos por VOCACIÓN y no por la paga. ¿Cuántos hemos rechazado mejores salarios?

Queremos el FEES para trabajar con y para el país.

Hoy venimos a entregar a nuestra Presidenta Laura Chinchilla toda la información que ya le entregamos a los Ministros. Venimos a pedirle que asuma su deber histórico como ciudadana, como universitaria y como mujer. A pedirle que se de la oportunidad histórica de defender la educación pública como la base de los derechos de solidaridad, como la base de la democracia y de la libertad.

Venimos a pedirle que, como Presidenta de la República de Costa Rica, que se de la oportunidad de ejercer un liderazgo que le permita pasar a la historia.

Venimos a ofrecerle al pueblo de Costa Rica seguir poniendo a su servicio nuestra imaginación, nuestra capacidad crítica, nuestra ética y nuestra capacidad para trabajar en y con el país.

Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir RESPONSABLEMENTE en democracia y en desarrollo para el bien de todas y todos los habitantes de nuestra querida nación.

(*) Rectora Universidad de Costa Rica y Presidenta de CONARE


Fuente: Diario Digital El País

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