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Empresarios califican el CAFTA como fracaso comercial

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Por María José Núñez

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica al parecer no ha generado ningún tipo de beneficio para nuestro país, y muchos empresarios consideran como una burla las promesas que recibieron y las excusas dadas por parte del gobierno de los Arias y el de la actual presidenta, Laura Chinchilla.

Incluso hay quienes señalan que los efectos han sido negativos, sobre todo para los productores y las compañías locales que no han podido ingresar con sus productos al mercado estadounidense, en gran parte debido a la falta de una agenda de competitividad.

Además sostienen que las enormes barreras arancelarias, sobre todo en materias primas para la producción, están en contra del avance económico y social del país, beneficiando únicamente los intereses de ciertos sectores.

Para el empresario de la industria alimentaria, Tomás Pozuelo, lo único que han recibido son falsas promesas, pues los productos costarricenses no tienen la oportunidad de ingresar a ese gran mercado.

La explicación que da el empresario es sencilla:
los efectos del TLC han sido negativos, ya que hacen producto terminado y en Costa Rica el azúcar, la leche, el maíz, la harina y muchas otras materias primas, son más caras que en el resto de países, por lo que es difícil competir.

“El Gobierno está a favor de proteger a ciertos monopolios; los grupos de interés son muy fuertes y tienen protecciones diferentes al resto de los costarricenses. Nosotros somos aperturistas, creemos que podemos competir con cualquiera, siempre y cuando nos den las condiciones justas, pero al parecer quieren volver a tener una nación de puros peones”, señaló Pozuelo.

Ante esta situación, el empresario argumentó que la protección a esos sectores va en contra del avance de toda la industria alimentaria e incluso del consumidor.

Pero otros empresarios también se han sentido engañados, como los exportadores, y así lo confirmó Juan Francisco Montealegre de la cámara de ese sector.

“La ilusión que nos vendieron, de que debíamos imitar a países como El Salvador e Irlanda se esfumó, porque el primero hoy tiene la peor posición de la región y el otro está quebrado. Esto nos demuestra que las tesis económicas que los partidarios del TLC con Estados Unidos tenían, funcionan mal en todo lo referente a desarrollo y progreso humano”, comentó.

Montealegre hizo la comparación del TLC con una gripe, la cual se esparce por el mundo, pero que ha llevado a la sociedad civil a una situación extrema, en la cual se desarrolló una violencia destructiva, una guerra.

Esa ofensiva llegó directamente a la clase media alta, a la media, baja y pobre, las cuales han tenido que luchar con el nuevo enfoque basado en la política de los negocios y el beneficio de ciertas empresas y no de un mercado justo y equitativo.

La ayuda que iba a generar el TLC no era real, e incluso Montealegre arguyó que si se analiza a fondo, este acuerdo comercial fue avalado por una minoría en Costa Rica, pues cerca de un 70% no lo apoyó (incluyendo a los del “no” y a quienes no votaron).

“El engaño fue tanto a lo interno como a lo externo, pues muchos de los inversionistas que pusieron su dinero en la campaña a favor del TLC, se han dado cuenta que Costa Rica no es el paraíso que les prometieron; nuestro país no se parece en nada al resto de Latinoamérica y a la hora de operar en la realidad las cosas se les complican, sobre todo sin una agenda de competitividad”, dijo el empresario.


ARGUMENTO ENGAÑOSO

De acuerdo con el empresario Román Macaya, la excusa que ha tomado el Gobierno, tanto de los Arias como de Chinchilla, ha sido la famosa crisis económica y financiera. Bajo esa sombrilla quienes tenían bicicleta no consiguieron su moto BMW y los que contaban con un Hyundai no lo cambiaron por un Mercedes Benz; tampoco Costa Rica es una nación desarrollada y quienes se opusieron al acuerdo comercial han confirmado sus temores.

“Este TLC ha sido beneficioso para Estados Unidos, pero nosotros hemos visto cómo se ha agravado el déficit comercial; es decir, importamos más de lo que exportamos con ese país y el peor argumento de todos es que la crisis es la culpable; dicen que sin ese maravilloso acuerdo estaríamos peor”, indicó Macaya.

Sin embargo, el empresario considera que muchos otros países pudieron sacarle provecho a la crisis, como es el caso de Panamá, donde hubo un fuerte impulso de la economía.

En su criterio, tanto el gobierno anterior como el actual, lo único que han hecho es escudarse en la crisis como el causante de todos los males que nos acechan, sin aceptar que la incapacidad para resolver los problemas reales es lo que mantiene al país detenido.

Qué mayor prueba –agregó- de la ligereza del discurso y de la toma de decisiones, que una carretera a Caldera en estado deplorable, atrasos en el aeropuerto o el incremento multiplicador que quieren hacer con los costos de los puertos en Limón.

“Continúan enfocando su discurso en el miedo y afortunadamente las personas ya nos dimos cuenta; la realidad está frente a todos y nos hemos cansado. El país está en una situación muy complicada, con un déficit comercial y fiscal, siendo sujetos de especuladores internacionales y el problema es que a futuro veo más de lo mismo”, lamentó.


ACCIONES PALIATIVAS


Según Tomás Pozuelo, la única forma de resolver en parte esta situación, es que el Gobierno comience de una vez a ejecutar, sobre todo en materia de competitividad, ya sea mediante la baja de aranceles de materias primas, la reducción de tramitología o la aprobación de la agenda complementaria.

“El gobierno ya tiene identificadas las acciones que debe seguir, tienen que dejar de hablar y hacer las cosas; con buenas intenciones no se resuelve nada. Si no se resuelven esos elementos, todos los TLC que se sigan aprobando con naciones desarrolladas irán en detrimento de todos los costarricenses, ya que estamos atados de manos”, advirtió el empresario.

Incluso afirmó que lo que necesitan las compañías locales, es que el Gobierno se quite del camino y que permitan el desarrollo justo y equitativo del mercado.

Es necesario fomentar el emprendedurismo, la innovación de productos de alto valor agregado nacional, de manera que se pueda exportar no solo a Estados Unidos, sino al mundo, permitiendo una mayor iniciativa empresarial y de Estado.


LAS PROMESAS SIN CUMPLIR

El movimiento a favor del TLC, junto con el gobierno de los Arias, hizo una serie de promesas que auguraban una Costa Rica desarrollada, con grandes opciones y posibilidades para sus habitantes y que a la fecha están sumamente alejados de la realidad. Entre ellos se pueden recordar:

-Menores costos en los productos importados y aumento de la oferta.

-Mayores exportaciones.

-Una verdadera competencia entre los empresarios nacionales e internacionales.

-Agenda de competitividad que acompañe los proceso de apertura.

-Creación de gran cantidad de empleos y reducción del desempleo.

-Reducción de la pobreza.

-Aseguraron que no subirían los precios de telecomunicaciones y electricidad.



Fuente: Semanario Universidad


Nota relacionada:

Piden a autoridades hacer “un alto” en firma de más tratados comerciales.
Semanario Universidad



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Los 23 mitos del capitalismo

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Por Marcelo Justo, BBC Mundo


  • El estallido financiero de 2008 dejó desnudo un ídolo que parecía indestructible desde la caída del muro de Berlín: el capitalismo.

El economista surcoreano de la Universidad de Cambridge, Han-Joon Chang, autor de dos libros traducidos a decenas de idiomas -el recién publicado las "23 cosas que no le dijeron del Capitalismo" y "Malos Samaritanos, El mito del libre comercio y la historia secreta del capitalismo"- se encuentra entre los más destacados críticos del rumbo neoliberal adoptado desde los '80.

A pesar de esta postura crítica, Chang no es un anticapitalista."El capitalismo es el peor sistema, si uno quita al resto", ironiza.

BBC Mundo entrevistó a Chang durante una visita suya a Londres para promover la publicación de su libro.

¿Qué son entonces estas 23 cosas que no nos dicen del capitalismo?

A uno le puede gustar o no el capitalismo, pero todo el mundo asume que sabe de qué se trata. Lo que intento mostrar es que muchas de las premisas que se usan para el capitalismo son medias verdades o directamente mitos.

La idea del libre mercado, por ejemplo. El mercado libre no existe. Todo mercado tiene reglas y límites que restringen la libertad de elección.

¿Por qué un chofer de autobús de Suecia gana 50 veces más que uno de Nueva Deli? Porque el de Nueva Deli no puede ir a Suecia pues hay límites a los flujos migratorios.

Otro mito es que cuando más libre mercado y menos gobierno, más riqueza. Esto no es así. Se vio claramente en el caso de la desrregulación del sistema financiero que tomó lugar desde la década del '80 que, como se vio en la crisis financiera de 2008, destruyó mucha riqueza.

Por eso digo también que los mercados financieros tienen que ser menos eficientes: una mayor eficiencia intensificaría la especulación y el cortoplacismo de las inversiones.

En el libro que publicó en 2008, "Malos Samaritanos", usted examina otro tipo de mitos: los que hay en torno al desarrollo económico.

El libre comercio es uno de los mitos. Los países desarrollados dicen que los países en desarrollo tienen que permitir el libre flujo de capitales y mercancías para desarrollarse.

Esta posición ignora la política adoptada históricamente por los mismos países desarrollados.

Tomemos el caso del Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial. En el siglo XVII, Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, que era también empresario y espía, publicó una historia sobre el comercio inglés que muestra el proteccionismo aplicado desde el siglo XV.

Esta política sigue hasta el siglo XIX, cuando el Reino Unido se vuelve partidario del librecomercio porque ya ha desarrollado plenamente su industria, de modo que no necesita protegerla.

Lo curioso es que inmediatamente borra su propia historia y pregona lo que no practicó para desarrollarse, es decir, le exige al resto del mundo que adopte el Libre Comercio.

Estados Unidos no siguió el ejemplo que pregonaba el Reino Unido.

En el siglo XIX y en las primeras décadas del XX, EE.UU. fue el país más proteccionista del mundo. Eso sí, una vez que desarrolló plenamente su industria, exigió al resto que se convirtieran al Libre Comercio.

La lista de países que usaron una estrategia similar es muy larga: Francia, Japón, Alemania, Finlandia, Italia, Noruega, Austria, entre otros.

En su libro usted menciona el caso de su propio país, Corea del Sur.

Nací en 1963. En esos años, el ingreso per capita de Corea del Sur era menos de la mitad del de Ghana.

En 1977 el ingreso per capita ya era de US$1.000 y el país se había convertido en un gran exportador de coches, semiconductores y otros productos de alta elaboración manufacturera.

Corea del Sur aplicó todas las recetas que los países desarrollados dicen que no hay que aplicar: subsidios, proteccionismo, planes estatales, intervencionismo.

No digo que esta política sea una varita mágica. Lo que digo es que si uno estudia la realidad de los países en desarrollo de la posguerra, la historia oficial que pregona el neoliberalismo con el FMI y el Banco Mundial a la cabeza, no se condice con la realidad.

El milagro japonés es un ejemplo bien claro, pero también lo es China o Corea del Sur.

Se habla, por ejemplo, de los años '60 y '70 como "la época negra del proteccionismo" en el Tercer Mundo.

El ingreso per capita durante esa "época negra" de México fue del 3,1 %. Entre 1985 y 1995, el período en que empieza la liberalización económica, fue del 0,1% y con el supuesto paraíso de libre comercio del NAFTA, creció un 1,8% entre 1995 y 2002.

¿No cambia esto con transacciones en los mercados financieros que se hacen en microsegundos gracias a la revolución tecnológica?

Uno de los mitos del capitalismo que analizo es precisamente esta idea de que la globalización es inevitable debido a internet.

El telégrafo en el siglo XIX produjo una revolución de las comunicaciones mucho mayor que internet.

Antes del telégrafo se tardaba dos semanas en barco transmitir un mensaje transatlántico. Con el telégrafo, se redujo a siete minutos.

Y si se compara ambas épocas, el mundo del barco a vapor y el telégrafo, estaba mucho más globalizado que el de los años '40, '50 y '60 del siglo XX, a pesar de la enorme diferencia tecnológica.

Es cierto que las transacciones financieras que se hacen en segundos, pero ¿por qué son posibles esas transacciones? Porque los mercados financieros fueron desrregulados.

El recurso a la tecnología es una manera de negar que en realidad se trata de una decisión política.


Fuente: BBC Mundo



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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (IV y final)

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Por José Luis Vega Carballo


Para finalizar esta serie de análisis sobre las vicisitudes de la firma del convenio para el financiamiento de nuestras universidades públicas (el FEES,) vamos a recalcar y explicar un poco mejor nuestros argumentos acerca de por qué ese convenio es débil en sus fundamentos y proyecciones, así como insuficiente para satisfacer las justas demandas y aspiraciones de las comunidades universitarias; hoy frustradas por sus rectorías y empujadas a un sombrío invierno presupuestario de corte neoliberal, que tendrá la comprometedora característica de elevar los objetivos y compromisos de gestión de las instituciones para el período 2011-15, al mismo tiempo que paradójicamente se les recortan los medios para alcanzarlos, a pesar de todas las promesas y dichos en contra para tapar tan deprimente y dura realidad.

En efecto, en un arrebato de entrega ante la discutible tesis del gobierno acerca cómo superar la actual crisis económica, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aceptó en el considerando 8 del acuerdo que las universidades "tendrán que adoptar políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos." Es decir, medidas de restricción de una inversión (como es la educación), la cual más bien debía reforzarse ante una recesión que se torna ya en terrible depresión del capitalismo global.

Una vez concedido lo anterior, las autoridades universitarias tuvieron que avenirse a una reducción del nivel de las justas demandas que se habían comprometido a mantener ante sus comunidades. Ese nivel lo habían bajado de un 24% de aporte gubernamental anual al FEES para el período 2011-15 a un 16%, luego a un 13% (moderado promedio del quinquenio anterior) para terminar trazando la línea en un 11%, de la cual descendieron aún más, hasta postrarse al pactar un raquítico 5,5% de crecimiento real promedio para el quinquenio, ¡sólo un 1% por encima de lo ofrecido inicialmente por el gobierno y considerado por el CONARE como un verdadero desastre para las instituciones!

Pero, además, agacharon la cabeza con el inconveniente para las universidades de que, por una parte, tendrán que consentir en que se le recorte a la educación primaria y secundaria la suma de ₵5.500 equivalente a un 2% del total de 7% que se acordó asignar al FEES para los años 2011 y 2012, luego de los cuales se reculará los tres siguientes hasta llegar a un escuálido aporte de solo 4,5% por encima de la inflación. Por otra parte, las autoridades asintieron contratar un empréstito extranjero por US$200 millones para cubrir inversiones en equipo e infraestructura; lo cual implicará que, para los años siguientes al 2012, el crecimiento real indicado de un 4,5% solo se logrará, como lo ha señalado el SINDEU (sindicato de la UCR), deduciendo este préstamo (que las universidades deben devolver) del propio FEES, cuyo nivel se reducirá en esa proporción en beneficio del gobierno y detrimento de los presupuestos universitarios; y si a ello sumamos, como lo ha dicho Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario de esa institución, que se "jinetearán" Fondos del Sistema (FS) del CONARE trasladándolos de renglones propios del presupuesto regular de las universidades al FEES, en realidad lo que el gobierno girará a las universidades no será un 4,5%, sino mucho menos. Sólo les cabe esperar a las pusilánimes rectorías que el gobierno tramite una reforma tributaria para cerrar las enormes brechas financieras en ciernes. Pues se depositó en tal reforma la garantía de que, para el 2015, el gobierno pueda cumplir con trasladar un 1,5%% del producto interno bruto (PIB) al FEES, ¡algo que queda totalmente en la cola de un venado!

Luego de examinar esos detalles del contenido del acuerdo, uno se pregunta cómo es posible que las rectorías sigan prometiendo infundada e irresponsablemente a funcionarios, profesores y estudiantes que no habrá recortes del gasto ni de las inversiones, que se aumentarán las matrículas y cupos de carrera, que se fortalecerán muchas de ellas en las áreas científico-técnicas, que se aumentarán las becas y se mejorarán los servicios estudiantiles, que las operaciones normales de la administración y la academia están garantizadas, que podrá mejorarse la calidad de la enseñanza-aprendizaje aunque aumente la cantidad de estudiantes, que las instituciones entonces crecerán en todo sentido, que, en fin, como lo firmaron en el acápite 7f de los acuerdos se comprometen a que los "regímenes salariales de las instituciones sean siempre atractivos para el ingreso del personal nuevo de alta calificación y para que los sistemas de incentivos respondan primordialmente a consideraciones de calidad y mérito en el desempeño de las funciones", etc., etc.

Y lo más demagógico y falso: que no habrá despidos, sean masivos o selectivos, ni reducciones voluntarias o forzadas de los niveles de la remuneración salarial, al estilo de España y Portugal donde las disminuciones tanto de la planilla vía destituciones como de los sueldos han llegado a un 20% respectivamente (modelo de recorte 20-20), sin que los sindicatos hayan podido detener la terrible tijera del neoliberalismo instalado en las cúpulas que gobiernan los claustros (o lo que va quedando de ellos).

Entonces, no perdamos para nada de vista que esas cúpulas educativas son fieles aliadas aquí también de las gubernamentales y de los partidos de la coalición Arias-Chinchilla. Son las que se hallan bien instaladas en los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Hacienda; las que a su vez dependen de las directrices y recursos de los organismos financieros internacionales (OFI), como el Banco Mundial o el BID, ante los cuales responden como élites serviles, embarcadas ahora en la trágica tarea de enfrentar la crisis mediante medidas pro-cíclicas equivocadas; a saber, aplicando fuertes reducciones (desfinanciamientos y desmantelamientos programados) a los servicios sociales públicos, incluidos los educativos y universitarios, a todos los cuales se les hará "terapia de shock" a pesar de que no constituyen gastos, sino productivas inversiones.

Se cierra así y desde allí, desde esos enclaves superiores de poder, el fatal círculo de un poder global-local dirigido a liquidar nuestras universidades públicas, o bien muy empeñado en convertirlas -si lo anterior no se logra- en acríticos y dóciles apéndices de los sectores productivos y empresariales, controlados por los intereses de las corporaciones y finanzas internacionales.

Para terminar, es conveniente que los estudiantes de las universidades públicas sepan, que si no están matriculados en carreras "acreditadas" por el denominado Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), no hallarán fácilmente a futuro un empleo en el sector público, donde serán discriminados bajo aparentes criterios objetivos y de conveniencia. Esto debido a que las rectorías así lo negociaron para beneficio de la educación superior privada y mercantilizada, donde esa acreditación se realiza bajo condiciones muy expeditas y altamente ventajosas. Así quedó plasmado esto en el acuerdo 8, cundo literalmente CONARE convino en "que se garantice que la contratación de profesionales en instituciones del Estado requerirá que la carrera de la que provienen esté acreditada."

Mediante esa norma, no solo se permitirá a las universidades privadas equipararse y desplazar a las públicas en el mercado de trabajo del sector estatal, sino que también les abrió a sus dueños puertas para reclamar eventualmente fondos estatales del FEES o del MEP, prontos a esgrimir la tesis de que "todas las universidades son públicas", que la "educación superior es una sola", y que todas las entidades deben competir al estilo chileno y banco-mundialista. Un tema sobre el que tendremos de volver más adelante. Pues este escenario bien podría ocurrir en el país, a pesar de que los entes privados son empresas de propiedad exclusiva de unos cuantos ricos, quienes desde hace años hacen clavos de oro a costa de muchas familias de medios y bajos ingresos, cuyos hijos e hijas se ven forzados a caer en sus garras precisamente debido al escaso financiamiento y muy lento aumento de la matrícula en las universidades regidas por el CONARE.

No debe tampoco pasarse por alto que ese tipo de educación superior mercantilizada y privatizada marcará la pauta del futuro si se deja que los altos círculos del progresismo reformista que hoy controlan a las universidades públicas, sigan permitiendo que se debilite el FEES, se impongan las normativas neoliberales del Banco Mundial y demás OFIs, y se les retiren a los estudiantes otras fuentes de financiamiento que no sean las del CONAPE, o las que lleguen a ofrecerles los círculos bancarios y empresariales que desde ya se aprestan a participar más y más agresivamente en el jugoso, aunque poco honroso, negocio de una educación universitaria manejada bajo criterios y condiciones de mercado. No hay duda de que en dichas instancias privatizadoras, en las cámaras patronales y los grandes poderes mediáticos deben estar aplaudiendo con mucho gusto este pacto del CONARE con un gobierno elitista que, debe reconocerse, los representa muy bien en calidad de junta superior administrativa de sus más altos intereses.


Fuente: Diario Digital El País

El énfasis es nuestro


Más:

Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I), Jose Luis Vega Carballo.

Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (II), José Luis Vega Carballo.

Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (III), José Luis Vega Carballo.



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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (III)

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Por José Luis Vega Carballo

Aprovecharemos esta tercera entrega de apreciaciones sobre la “negociación” del fondo especial para la educación superior pública (FEES) para hacer referencia a varios importantes comentarios suscitados a raíz de las opiniones publicadas en esta columna, especialmente los planteados por el estimado economista don Luis Paulino Vargas Solís, a quien le agradezco darme la oportunidad para aclarar mis ideas sobre los alcances del mencionado proceso. Comienzo con decir dos cosas fundamentales, dejando para luego algunos detalles.

Primero, que no hubo a lo largo de casi año y medio de conversaciones entre las rectorías y el gobierno arista-chinchillista un proceso que pueda llamarse con toda propiedad y en buena ciencia de “negociación”. Las partes se encerraron en sus posiciones (incluida la muy defendida por las autoridades universitarias de un mínimo de 13% de financiamiento promedio a lo largo de 2011-15, la cual se comprometieron a sostener antes sus comunidades universitarias como límite mínimo o piso para firmar el acuerdo FEES); y, en el caso gubernamental, además escalaron o maximizaron abusivamente y con dureza sus demandas, mientras que la parte académica cedía y retrocedía (sobre todo en las últimas semanas y días), dejándose acosar y acorralar contra la pared y el reloj, como acostumbran hacerlo los negociadores suaves y demasiado amigables frente a los rudos que se aprovechan de esto, sin misericordia ni tregua, para obtener fáciles concesiones y satisfacer sus voraces y muchas veces ilegítimos intereses. Esto se llama “trinqueteo”, entrar en “tomas y dacas”, dejarse cansar y hasta atemorizar (como cuando los ministros haciéndose los “buenos de la película” asustaban a las rectorías con enviar el caso a la Asamblea Legislativa donde les esperaban los “malos”), ceder ante presiones, amenazas, chantajes y trucos sucios, pero no negociar como se debe: fundándose en principios e intereses. Para mayor ilustración acerca de lo que es y no es negociar de veras, con profesionalismo y altura, dignidad y eficacia, refiero a los lectores a la obra Dr. Roger Fisher de la Escuela de Leyes de Harvard, “Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder” (Colombia, Editorial Norma).

Segundo, el neoliberalismo, en su versión Neo-institucional avalada por el Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales (OFI), no pretende acabar ni privatizar la educación pública como tal, incluida la universitaria, sino, por un lado, “acondicionarla” por dentro para que funcione bajo estilos y normativas gerenciales o “incaístas”; y, por otro, “condicionarla” duro por fuera y desde las altas esferas gubernamentales dominadas por tecnócratas fieles a los OFI, para que esa educación (igual que la privada) sirva a las necesidades empresariales y del mercado laboral y no otras; rebajándola así a recurso o medio para generar ganancias al sector capitalista privado y para hallar empleo, punto. Esto implica definir la educación como un servicio que se presta al sector productivo bajo condiciones de competencia de mercado, o no se brinda; y despojarla entonces de todo contenido como Derecho Humano y Social, como Bien Público, y sobre todo como proceso de formación y capacitación personal y colectiva brindado en función de un proyecto soberano de desarrollo nacional auto-centrado y auto-sustentado, democrático, igualitario y solidario plasmado no para satisfacer intereses egoístas y cortoplacistas de las élites desnacionalizadas, sino de las grandes mayorías sociales y con vistas a los requerimientos de construcción de una ciudadanía sociopolítica, crítica y militante.

Es decir, la educación para el neoliberalismo es un instrumento al servicio de una sola meta globalista o mundial: impulsar parejo y en todas partes el carruaje empresarial hacia más elevados niveles de competitividad, ganancia o rentabilidad, y de explotación del trabajo humano como recurso generador de riqueza para unos pocos y no de bienestar para todos, a saber, como simple mercancía transable o “capital humano”, cuyo fin único es satisfacer el afán de lucro y acumulación de ganancias de un capitalismo desbocado y dispuesto a tragarse los recursos naturales y humanos del Mundo.

En ese sentido, lo que persiguen los OFI a la vanguardia del proyecto, es sujetar la educación pública a las exigencias del gran capital, aprovechando para tal fin la fuerza de la ley (y de monitoreo/control/represión) y el peso ideológico que todavía posee el Estado para controlar el curriculum, mientras se deja al lucrativo sector privado lo más libre, flexible o desregulado posible, para que allí se formen los cuadros de mayor confianza y calidad del sector empresarial, siguiendo ojalá los moldes de algunos “Colleges” gringos o de los institutos de “Business Administration”, como el INCAE, o bien de algunos tecnológicos, como el de Monterrey en México o el ITN peruano; también el modelo pinochetista de los institutos científico-tecnológicos públicos de Chile, que funcionan como corporaciones de derecho privado eximidas de cumplir la ley nacional de presupuestos y contraloría, en las cuales el gobierno es propietario minoritario y actúa como promotor y contralor garante de la reproducción social e ideológica de una sumisa fuerza de trabajo de bajo costo formativo.

Claro está, que si en algunas universidades públicas se logra hacer lo mismo antes señalado y bordear el campo de lo privado/mercantil, especialmente en los niveles de posgrado (maestrías y doctorados), pues magnífico para los OFI. Pero, en general, en la esfera pública lo que más importa a los OFI y compañeros de viaje es implantar carreras financiadas con fondos públicos que trabajen como subsidios al capital, para cuadros medios y bajos de alto rendimiento que cuenten comprobadamente con las llamadas “competencias” requeridas por las empresas (especialmente las transnacionales) y que como estudiantes trabajen para ellas. Eso sí, todo al más bajo costo posible y en condiciones de bajo salario. Esto implica que el interés por privatizar la educación pública halla límites de conveniencia y se detenga antes de llegar a su más radical y plena ejecución, tanto en Costa Rica como en otros países gobernados por los OFI como mansos “protectorados de libre comercio”. Lo que realmente importa es controlar la educación, sea pública o privada, en aras de los designios, cadenas virtuosas e interés del capital. Y en el caso de las universidades públicas que sean buenas vendedoras de servicios y a la vez clientas del sector privado, y también eficientes y dóciles empresas de trabajo precario y temporal para sus funcionarios administrativos y docentes.

Dicho y aclarado lo anterior, resulta que lo pactado con el gobierno por las rectorías en el FEES, a título casi personal y en contra de lo convenido como “piso” con las comunidades universitarias, se ajusta perfectamente a la filosofía y práctica del Neo-institucionalismo bancomundialista en todos sus extremos y vericuetos. Y lo hicieron no en un sentido pasivo y estático o de un puro formulismo, sino con una actitud proactiva y bajo la visión de ejecutar políticas coherentes y definidas en apoyo de las fuerzas del mercado y de los intereses gubernamentales, empresariales y de los OFI.

El acuerdo comienza con un discurso (aceptable en términos neoliberales) en pro de la educación pública. Pero, de inmediato pasa a someter las universidades de lleno, por un lado, a la camisa de fuerza de la “privatización endógena”, una forma de “comercialización en la academia” que no reconoce la autonomía universitaria, ni su esencia académica y humanista, al imponerles que funcionen internamente como si fueran empresas o corporaciones privadas bajo el imperio del gerencialismo de moda o “managerialism” (gestión administrativa y financiera hecha por objetivos y contratos de desempeño y servicio con indicadores de eficacia, eficiencia y productividad, evaluación y rendición de cuentas, acreditación internacional o manía de los “rankings”, compra-venta de servicios de todo tipo, crédito privado local e internacional para inversiones, fondos concursables, etc.). Por otro lado, la “privatización exógena”, una forma de “comercialización de la academia” que la vuelve a ella misma un producto comercial ajustada a las demandas de los clientes privados, los mercados y otros agentes externos; y que se le aplica hacia afuera. Esto se trasluce claramente en el acuerdo que analizamos, donde se doblega a las universidades para que trabajen, se remodelen y rindan cuentas con apego a las necesidades del proyecto de competitividad, de ciencia, tecnología e innovación pactado por el gobierno arista con el Banco Mundial en junio de 2009 (ver publicación oficial BM-GCR “Competitividad en Costa Rica” y otros del Consejo Nacional de Competitividad, CONACOM); lo cual implica de hecho su sometimiento a intereses políticos y privados ajenos a las mismas, aunque conserven la fachada de instituciones públicas de servicio. Así, pues, lo importante es cómo se rediseñen en lo interior y cómo trabajen hacia el exterior entre 2011 y 2015, ciñéndose en ambas esferas a los lineamientos de los OFI y los intereses hegemónicos del bloque transnacional de poder que gobierna el país. De modo muy parecido a cómo se logró la mercantilización y privatización de hecho de la banca nacional y de las telecomunicaciones, ahora se impulsa un sistema gerencial-empresarial y competitivo para las universidades públicas. ¡Adiós, de nuevo, a las mismas, al igual que se lo dijimos a los bancos estatales, al ICE, al INS, etc., si es que van a seguir por ese camino solapadamente abierto ya por las rectorías y el realismo del “progresismo contemporizador”!

A quienes se han conjuntado para impulsar esta contra-reforma universitaria neoliberal en Costa Rica hay que repetirles lo afirmado hace pocos días por el rector José Narro Robles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Pretender someter la actividad educativa a criterios de mercado, constituiría una falla y un desatino”.

Pero habrá más que decir acerca del tema en la cuarta entrega, cuando enfocaremos algunos otros aspectos del tijeretazo y la estrategia de austeridad aplicados al convenio FEES, que exigen clarificación y debate nacional.


Fuente: Diario Digital El País


El énfasis es nuestro



Más:

Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I), Jose Luis Vega Carballo.

Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (II), José Luis Vega Carballo.



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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (II)

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Por José Luis Vega Carballo

A las anteriores victorias obtenidas en materia de financiamiento y administración presupuestaria por la alianza Arista-Bancomundialista en las negociaciones con las rectorías de las universidades públicas, habrá que agregar otra más y muy decisiva en el balance desfavorable para las instituciones educativas.

En efecto, si nos guiamos por lo pactado en el punto 7 de la sección final del acuerdos y si efectuamos una doble lectura crítica del mismo, lo que se aceptó, más allá de su inocente apariencia, son los lineamientos conceptuales y de aplicación de la estrategia denominada como “Neo-institucionalismo” por el Banco Mundial (BM); la cual transforma órganos del Estado como las universidades en apéndices de las fuerzas del mercado, en mecanismos para dar mayor satisfacción a los intereses y necesidades de las empresas privadas, en especial a las grandes corporaciones transnacionales instaladas en zonas francas y amparadas a los tratados de libre comercio (TLCs).

De ahí que las universidades quedaron comprometidas a: subir tasas de matrícula más allá de lo previsto (efecto de sobresaturación); reformar el sistema de becas (no se indica cómo); mejorar tasas de rendimiento y métodos de evaluación académica para reducir permanencia y aumentar graduaciones de acuerdo a necesidades del mercado laboral y empresarial (tampoco se indica cómo); estrechar vínculos con el sector productivo y con programas gubernamentales de ciencia, tecnología e innovación para bajar de la “torre de marfil” (queda por definir el cómo); procurar tener regímenes salariales uniformes sujetos a incentivos, indicadores calidad y desempeño de funciones (como en las empresas privadas) y no a aumentos automáticos (lo cual huele a régimen de “salario único”); lo mismo que atar esas y otras medidas a programación y fijación de metas en función de las cuales se harán las evaluaciones de logros.

No hace falta un gran esfuerzo para darse cuenta que, con esa sujeción radical de los aparatos universitarios a estilos gerenciales y criterios de gestión empresarial, se hace añicos, no solo la autonomía, sino además la libertad de cátedra universitaria; una meta perversa a la cual se unirá la aplicación de los sistemas internacionalizados de acreditación, sesgados hacia la uniformación, privatización y mercantilización de la enseñanza superior.

Clara quedó, pues, la hoja de ruta neoliberal y mercadológica a la cual deberá sujetarse el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para su Plan 2011-2015. Con ello, las universidades primero fueron enmarcadas tal como lo explicamos en la parte I de este análisis, en el entorno estrujado de la política fiscal y tributaria neoliberal, y a cómo allí se piensa manejar la crisis sistémica a favor de las necesidades e intereses del sector financiero-bancario privado, que es el hegemónico dentro de la estructura de poder trans-nacionalizada. Y segundo, las rectorías fueron domesticadas y forzadas a ejecutar un operativo de reingeniería interna de sus estructuras de gobierno, administración, finanzas y enseñanza-aprendizaje en consonancia con una ideología de corte empresarial y de mercado, para que así las entidades se acoplen a un modelo de “universidad corporativa globalizada” ceñido a las necesidades e intereses del sector financiero y exportador, lo mismo que a los de la banca internacional. De esta manera le cerraron desde arriba y desde afuera el círculo de opciones de gobernanza a CONARE, por dentro y por afuera.

Habrá que esperar a ver cómo se traduce todo lo anterior a fórmulas operativas de aplicación interna
, o sea, a compromisos mejor especificados en la firma del convenio entre CONARE y gobierno, del cual este acuerdo es el preámbulo que abre el gran boquete. No seamos ingenuos: esta es la víspera que anuncia el día; y el diablo estará seguramente por perfilarse mejor en los detalles venideros que contendrá el convenio final pronto a firmarse. Pero desde ahora podemos ir diciendo, si el programa anterior se impone, que ha comenzado el desmantelamiento del modelo universitario autónomo y desarrollista, plasmado durante el siglo XX por figuras como Rodrigo Facio y Carlos Monge Alfaro. Si no hay una poderosa reacción en contra de lo pactado, habrá entonces que decir adiós a universidades públicas comprometidas con el país, con su desarrollo, con su modelo social y sus sectores menos pudientes. Adiós también a la autonomía universitaria, a la libertad académica y al pluralismo ideológico y cultural.

Por eso es buena hora para reiniciar la lucha por otro tipo de reforma universitaria, auto-generada y auto-dirigida por las mismas universidades, como han sido las anteriores reformas, y no impuesta por las fuerzas ajenas del gran capital trasnacional y la nueva oligarquía corrupta, que desgobierna el país en función de intereses elitistas y transnacionales. Ya veremos si triunfa la contrarreforma mercadológica en marcha impuesta desde afuera y desde arriba, o una auténtica auto-reforma, democrática y popular, acorde con las necesidades e intereses del desarrollo nacional y de las grandes mayorías sociales, la cual pronto deberá ser planteada y plasmada para detener la privatización y mercantilización total de nuestra educación superior.


Fuente Diario Digital El País

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Uno de cada siete habitantes de EU vive en la pobreza; la cifra más alta en 50 años

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  • 51 millones de personas, sin seguro de salud, de acuerdo con reporte del censo


Por David Brooks, corresponsal

Nueva York, 16 de septiembre. Uno de cada siete residentes en Estados Unidos vive en la pobreza (y uno de cada cinco menores de edad), la cifra más alta en el medio siglo que el gobierno ha registrado estas estadísticas, anunció hoy la Oficina del Censo de Estados Unidos.

La tasa de pobreza se incrementó de 13.2 por ciento en 2008 a 14.3 por ciento en 2009; un total de 43.6 millones de personas y que marca la tasa más alta en 15 años.

El mismo informe también registra que 51 millones de estadunidenses carecen de seguro de salud. Es la primera vez que se marca una reducción en el número total de personas con seguro médico desde 1987.

Mucho de esto es resultado de la peor crisis económica –desde la Gran Depresión– que estalló hace casi tres años, lo cual agregó 4 millones al total de pobres en 2009. Muchos evitan la pobreza sólo gracias a que ha crecido la asistencia al desempleo y otros programas públicos, así como al hecho de que las familias enfrentan gastos de manera conjunta.

El censo indicó que todas las etnias, con excepción de los asiáticos, padecen mayor pobreza. La tasa para "hispanos" es de 25.3 por ciento; la de afroestadunidenses de 25.8 por ciento, y la de blancos de 9.4 por ciento; para asiáticos se mantuvo en 12.5 por ciento, igual que el año anterior.

Con las perspectivas poco prometedoras para el futuro inmediato, sobre todo en el ámbito del empleo, algunos expertos expresaron gran preocupación hoy por lo que consideran son las peores condiciones que han visto en mucho tiempo, combinadas con un sentido de desesperación entre la gente, algo que todos esperan tendrá un impacto en las elecciones legislativas y estatales de noviembre.



Fuente La Jornada

Imagen Kalvellido


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Negociación del FEES: capitulación y entrega al Banco Mundial (I)

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Por José Luis Vega Carballo

Es claro, para cualquier mediano entendedor en materia de estrategias y métodos de negociación, que las rectorías de nuestras universidades públicas argumentaron bien la mayor parte de los aspectos de “contenido” de sus posiciones relativas al monto solicitado para financiar el fondo para la educación superior (FEES) y al explicar por qué esgrimieron excelentes razones que creyeron y aceptaron de buena fe sus comunidades académicas y laborales. Pero fallaron estrepitosa y trágicamente en el manejo de la “forma”, o sea, en todo lo relacionado con el proceso y los procedimientos utilizados en las conversaciones con los ministros. Al punto de que, en lo técnico y operacional, puede hablarse de inexperiencia y de total carencia de prudencia y responsabilidad, profesionalismo y pericia.

Simplemente se dejaron acorralar por los jerarcas de Zapote, vapulear en el trato interpersonal, agredir externamente desde los medios de comunicación, chantajear con el temor a que el asunto fuera enviado a la “cueva de los malos” en cuesta de Moras, presionar hasta lo indecible contra las cuerdas y el reloj, y sin levantarse de la mesa, soportando escaladas de exigencias y condicionamientos fuera de lugar, todo a lo largo de 14 meses que al final fueron infructuosos para satisfacer vitales intereses y necesidades de la educación pública universitaria.

El resultado de lo anterior: muy lindo discurso tejido para la “exportación” por parte de las rectorías agrupadas en Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pero permisibilidad y flojera ante la “importación” a la mesa negociadora por los ministros de trucos y artimañas sucias y bajas; todas ellas muy bien conocidas entre especialistas en métodos de negociación y diplomacia, como las arriba mencionadas. y de las cuales hacen gala los negociadores duros y truculentos, llamados “gladiadores” porque siempre llegan a negociar con posiciones rígidas y verticales, encerrados en sus posiciones transformadas en trincheras, y con los tacos por delante a fin de obtener ventajas en el reparto de cualquier “pastel” frente a negociadores suaves, débiles y condescendientes que ceden buenamente ante estrujes y coacciones.

Nunca debieron aceptar las rectorías que se les introdujeran esas estratagemas y mucho menos que surtieran efecto al punto de hacerles retroceder una y otra vez,
desde niveles iniciales de petición de cobertura de fondos del orden casi del 30%, luego puestas cercanas al 20%, para ir aterrizando casi en picada a un 13%, para llegar luego a 11% y finalmente a entre 7 y 4,5%. Y lo peor: dependiendo de una serie de imponderables factores y situaciones en materia de evolución económica, tributaria y fiscal que dejan el acuerdo totalmente flotando en el aire para la parte universitaria (no así para la triunfadora gubernamental); es decir, como algo meramente simbólico, sin firmes asideros en cuanto a sostenibilidad o viabilidad, y altamente perjudicial para el futuro de las universidades en términos de presupuesto y conveniencia institucional. Si estuviéramos en un país normal, hace rato que debieron los y las rectoras haber presentado su renuncia por incompetencia y otras fallas, ante sus respectivas comunidades universitarias. Ahora tendrán que afrontar allí una grave crisis de credibilidad y legitimidad junto con sus coaliciones de poder y todo el progresismo reformista.

En síntesis, puede decirse que dada la gravedad de lo acontecido y los pésimos resultados obtenidos por CONARE, las universidades quedaron a mansalva del gobierno y de su proyecto de educación neoliberal y mercadológico hasta el año 2015 y quizás más allá, si nos atenemos al mal precedente sentado. Se puede decir que las rectorías fueron a una verdadera emboscada, que al final no la evitaron ni la resistieron como debían, que capitularon ante los ministros y la presidenta Chinchilla, y pasma darse cuenta cómo intentan ahora defender lo indefendible, proclamando un triunfo de las universidades, del progresismo y el realismo. Los grandes ganadores ante sus “proezas” negociadoras son y serán otros actores. Veamos.

A la par del gobierno, de la derecha y los grupos empresariales,
el más grande ganador ha sido el Banco Mundial con su acólito regional en materia de estrategia social, educación y competitividad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Examinando la letra del acuerdo,
que servirá de base para redactar y firmar el V Convenio FEES, se nota que lo único que está realmente en firme son los puntos donde los ministros, como duros negociadores, doblegaron toda resistencia (si es que la hallaron) de las rectorías para imponer sin límites ni condiciones, los elementos centrales de la visión y estrategia educativa mercantilista de esos bancos. O sea, aceptaron los lineamientos de lo que hoy se llama el “Consenso de Washington en Educación”, el cual forma parte de una segunda generación de ajustes o reformas neoliberales, corregidas para extenderlas hacia el siglo XXI, cobijadas bajo el título de “Neo-institucionalismo”. Para muestra solo unos botones.

Primero, aparte de aplicarle a la representación universitaria el mecanismo de la “condicionalidad” (método donde los bancos chantajistas establecen ataduras entre lo que financian o conceden a os deudores, y lo que la otra parte dependiente necesita o cede dejándose extorsionar, según el perjudicial estilo del “toma y daca” o del “no hay pelo sin sangre, ni almuerzo gratis”), la del ejecutivo logró que aquella se dejara apartar del principio de la autonomía universitaria y otros de orden académico, y accediera, en los “considerandos” 6 y 7 del acuerdo, a sujetar el presente y futuro de las instituciones al ámbito de posibilidades de una reforma fiscal y tributaria de dudosa calaña social y ética, porque deberá contar con el apoyo de los grupos financieros y económicos que le dan razón de ser al gobierno de Chinchilla y al pacto Li-Li (PLN- ML); y, además, porque deberá llevarse a cabo según los lineamientos de “políticas de austeridad acordes con la disponibilidad de recursos”, pactados por el gobierno con los bancos y el FMI, que descargan el costo de salida de la recesión y de una posible depresión capitalista global contra los hombros y bolsillos de los sectores de clase media y trabajadora, mayormente los asalariados. Este pacto es peligroso porque, además de restarle aliados y crearle enemigos a las universidades entre los sectores mayoritarios afectados, incluye el desfinanciar los niveles de secundaria y primaria para darle recursos al FEES (punto 4 de la parte resolutiva del acuerdo), y hacer que allí también pierdan aliados entre el magisterio nacional (APSE, ANDE, SEC, etc.).

Segundo, en el punto 6, el gobierno se compromete presuroso, eso sí, a gestionar créditos hasta por US$200 millones para equipos e infraestructura universitaria, posiblemente ante el BM, el BID o el BCIE, lo cual meterá un verdadero “caballo de Troya” bancomundialista en los campus y prepara a las universidades para que sigan por esa ruta cada vez que el gobierno se niegue a darles recursos, como es su obligación constitucional.

Y tercero, como si lo anterior fuera poco, las altas jerarquías fueron advertidas por el gobierno en el pacto acerca de cómo deben administrar esa masa de recursos financieros, por si no lo sabían, imponiéndoles, con violación de la autonomía de gobierno y administración universitarios, un estilo de mando gerencial muy común en nuestro sector empresarial privado, el cual anuncia toda una contra-reforma universitaria apegada a los dictados del llamado “sector productivo” y los mercados. En efecto, las sumisas rectorías tuvieron que prometerle a los economistas ministros de Hacienda y Educación - y de rebote a los banqueros internacionales que les van a auxiliar con $200 millones-, el hacer la tarea con apego literal a “los principios fundamentales de planificación, transparencia, eficacia, eficiencia, evaluación y rendición de cuentas”. O sea, al estilo de una universidad corporativa, como el INCAE o el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se nos ocurre que harían bien las rectorías incluso en buscar consejo en esas entidades para así portarse mejor de lo que los banqueros internacionales y sus serviles tecnócratas esperan. Pero hay más de fondo en todo lo pactado sigilosamente a espaldas de las comunidades universitarias, como veremos.


Fuente: Diario Digital El País

Imagen: Toma de Ciencias Sociales. La foto es de Stella Chinchilla.


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Muriendo de hambre en un mundo en el que sobran los alimentos

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Por Ricardo Natalichio

Cada 24 horas mueren de hambre en el mundo unas 100 mil personas, entre las cuales 30 mil son niños con menos de 5 años de edad. Cada día, el hambre embiste sin piedad los estómagos y la vida de los pobres mas pobres de este mundo. En los países en los que este flagelo universal no es parte de la vida cotidiana, son pocos los que lloran y se conmueven. ¿Cuáles son las causas de que el mundo se haya convertido en un sitio tan injusto?

Durante el último medio siglo, la producción mundial de alimentos ha aumentado de forma vertiginosa, más aun que la población. Entre 1990 y 1997 la producción per cápita de alimentos creció casi un 25%, sin embargo, el número de personas que actualmente padece hambre en el mundo, 1.200 millones, es el mayor que se haya registrado jamás en la historia de la humanidad.

En el planeta se produce la cantidad necesaria de alimentos para todos y cada uno de los habitantes. El problema del hambre, no se debe a la escasez de alimentos, sino a la forma en los que se distribuyen. Los alimentos están al alcance sólo de quienes cuenten con los medios necesarios para adquirirlos. Increíblemente se elige dejarlos pudrir, almacenarlos indefinidamente o utilizarlos de cualquier otra forma a detener este monstruoso genocidio.

Gran parte de las tierras cultivadas durante incontables años por campesinos y pueblos originarios de los países que ahora pasan hambre, han sido cooptadas por el agronegocio. Las grandes multinacionales se han adueñado de los campos en los que se producían alimentos para los mas pobres del mundo y siembran soja, palma aceitera, maíz, trigo, algodón y tantos otros para alimentar a los automóviles y engordar el ganado y los bolsillos de los países del norte.

Acabar con el hambre es urgente. Junto con brindar acceso al agua potable, son los objetivos mas importantes que deberían plantearse seriamente el G8, la ONU, la FAO y todos los organismos internacionales creados y administrados por los países ricos. El latifundio debería ser declarado un crimen de lesa humanidad, los subsidios agrícolas como los de Estados Unidos prohibidos y declarada la libre circulación de alimentos.

El ser humano ha hecho del mundo un lugar injusto, hostil y deplorable para mas de mil millones de personas y los principales culpables son los que se erigen como los grandes defensores de la justicia y se proclaman a sí mismos como los salvadores de la humanidad. Sin embargo, pese a tener las herramientas al alcance de sus manos, no las utilizan más que para su propio beneficio.

Es difícil aceptar que haya quienes podrían erradicar el hambre en el mundo, salvar a cientos de miles de personas simplemente decidiendo hacerlo y que, sin embargo, no lo hagan. Sin embargo seguramente eso no les impide conciliar el sueño ya que sus bolsillos llenos y cuentas bancarias abultadas han anestesiado sus conciencias. Por eso no van a ser ellos quienes transformen este mundo, sino nosotros, los pueblos, con nuestra lucha, con nuestra protesta, con nuestra unidad en la decisión de cambiar el sistema para cambiar el mundo.

Ricardo Natalichio - Director EcoPortal.net
Editorial Ambiente y Sociedad N°451



Fuente: EcoPortal.net

Imagen: eneko



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Pretenden debilitar y privatizar seguros solidarios

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  • Frente Amplio denuncia engaño de grupo gobernante
  • Proyecto intenta reformar Código de Trabajo y acabar con servicio al costo.

Quienes favorecieron la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, afirmaron que no habría ninguna reforma del Código de Trabajo y que no se afectarían los seguros solidarios, brindados por el Instituto Nacional de Seguros.

Contrario a aquellas palabras, ahora el Presidente Ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley, por la entrada en vigencia de la obligación del TLC de abrir a la competencia los seguros de riesgos de trabajo y obligatorio de automóviles, a partir del 1 de Enero del año 2011.

De acuerdo con el Diputado del Frente Amplio, José María Villalta, “se reforma todo el Capítulo de Riesgos del Trabajo del Código de Trabajo, adaptando las normas de este seguro solidario para que sea "rentable" para las trasnacionales”.

El Diputado Villalta considera que se elimina la prestación del seguro al costo. Hoy el artículo 205 del Código de Trabajo dice claramente que este seguro no es lucrativo, no deja ganancia, cualquier excedente que tenga el INS por su administración tendrá que destinarse a fortalecer la reserva del seguro o reinvertirse en beneficio de las y los trabajadores. El proyecto de ley permite que las empresas operadoras de seguros tengan ganancias de hasta un 15%, rompiendo el principio de solidaridad y servicio al costo”, declaró.

“El Gobierno le mintió al pueblo de Costa Rica cuando dijo que el Código de Trabajo no se iba a tocar con la aprobación del TLC. Mintieron cuando dijeron que el seguro de riesgos del trabajo seguiría rigiéndose bajo los mismo principios de solidaridad y universalidad”, advirtió el diputado Villalta.

“Desde 2004 don Germán Serrano Pinto denunció la probable derogatoria del Artículo 205 del Código de Trabajo, con tal de que fueran apetecibles para el sector privado; salta a la vista la insensibilidad y codicia de la administración de los hermanos Arias, pues sabían de esta situación y no movieron ni un dedo para salvar los seguros solidarios”, comentó finalmente el Diputado del Frente Amplio.


Partido Frente Amplio

Comunicado de Prensa nº 24
23 de Agosto de 2010.



Imagen: Martirena

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El Chernobil indio sale muy barato

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  • Una vida humana le cuesta 46 céntimos de euro a la multinacional estadounidense Union Carbide


Por Zigor Aldama, El Correo Vasco

Veintiséis rupias o, lo que es igual, 46 céntimos de euro. Eso es lo que vale una vida en India según la sentencia publicada el lunes por el tribunal que ha juzgado a los ocho responsables del desastre de Bhopal, el escape de gas tóxico que en 1984 dejó, oficialmente, 3.787 muertos. Si se tienen en cuenta los fallecidos por causas directamente relacionadas con el isocianato de metilo, una de las sustancias más tóxicas del mundo, la cifra de víctimas mortales se establece en 15.000, que diferentes ONG elevan hasta 25.000. Cien mil personas más viven con graves secuelas por las emanaciones.

Así, no es de extrañar que muchas asociaciones de víctimas hayan acusado al tribunal de «dar gratis vidas humanas»: cada uno de los culpables de negligencia criminal tendrá que pagar una multa de 100.000 rupias (1.754 euros), pero no cumplirá ni un solo día de los dos años de cárcel a los que han sido sentenciados porque todos superan ya los setenta.

A la empresa que explotaba la fábrica de Bhopal, la subsidiaria india de la estadounidense Union Carbide, la factura le resultará más abultada, pero no demasiado: 8.900 euros. Y eso que negó la existencia de una fuga hasta varias horas después de haberla controlado. En total, las familias de las víctimas han cobrado unos 800 euros por cada fallecido. «La decisión del tribunal no es sólo una vergüenza, supone una traición a la población de India y envía también un peligroso mensaje a las multinacionales, a las que se les viene a decir que pueden matar cuanta gente quieran», denunciaba al diario "The Hindu" Nitiyanand Jayaraman, activista de la Campaña Internacional para la Justicia en Bhopal. «Estos hombres han sido condenados por un delito equivalente al de un accidente de tráfico. El Gobierno ha demostrado que le importan más las corporaciones que la gente. Pero todavía tenemos esperanza, y mantendremos la presión», añadía Rachna Dingra, miembro del Grupo de Bhopal para la Información y la Acción.

A pesar de haber resultado mucho más letal que el accidente de la central nuclear de Chernobil, la mayor catástrofe industrial de la historia es poco conocida fuera de India, ha sido objeto de un estudio superficial y continúa cobrándose víctimas. Ha pasado un cuarto de siglo desde aquella madrugada del 3 de diciembre de 1984, en la que una fuga de agua inundó el tanque 610 de la fábrica química. El contacto con el isocianato de metilo provocó una reacción exotérmica que hizo aumentar la presión en el contenedor hasta que la válvula de emergencia se abrió, dejando que 42 toneladas de gas extremadamente nocivo escaparan a la atmósfera.


FUEGO EN LOS PULMONES

Los vecinos de Bhopal, sobre todo aquellos que se habían instalado en chabolas alrededor de la fábrica, sintieron enseguida como si sus pulmones hubieran comenzado a arder, y los desastrados hospitales se llenaron de pacientes incapaces de respirar o de ver. Miles murieron en las primeras horas, y más de medio millón de habitantes estuvieron expuestos al gas. Según la investigación llevada a cabo por las autoridades indias, las causas de la tragedia fueron más allá del mero accidente: un diseño inadecuado, mantenimiento defectuoso, y personal poco cualificado permitieron que el agua entrara en contacto con el gas. Como consecuencia, en el lustro que siguió al siniestro se duplicó la tasa de muerte infantil, y se triplicó la de bebés que nacieron sin vida.

El desastre de Bhopal supuso el fin de la fábrica, y la sentencia de esta semana cierra por completo el caso, a la espera de la improbable celebración del juicio que tiene pendiente el responsable estadounidense de la compañía, Warren Anderson, que escapó de India y no tiene ninguna intención de regresar. Pero las consecuencias persisten. Diferentes ONG aseguran que hasta 10.000 toneladas de productos tóxicos abandonados por Union Carbide, adquirida en 1999 por Dow Chemical, siguen filtrándose por el subsuelo y contaminan el agua y la tierra de la que viven varios millones de personas.

El índice de nacimientos con malformaciones o discapacidad psíquica es muy superior a la media nacional, pero no existen datos fiables al respecto. Tanto el Gobierno como la empresa hace tiempo que dieron por cerrado un caso que todavía seguirá cobrándose su trágico precio entre quienes menos tienen para pagarlo.


Fuente Rebelión

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Sectores industriales: TLC con China se condicionó a decisiones desafortunadas del Gobierno

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  • Industriales advierten que provocará informalidad y frenará desarrollo de la industria local.

El cierre la semana pasada de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con la República Popular China originó agrias críticas de la industria local, que al contrario de otros sectores como los exportadores y comerciantes, adversan el tratado por considerarlo un freno al futuro desarrollo industrial del país (ver recuadro “Freno a la industria”).

El TLC es visto como “la cereza del pastel” de una agenda de negocios emprendidas por la Administración de Óscar Arias tras el establecimiento de relaciones exteriores con la potencia asiática en junio del 2007 (ver recuadro “Negocios chinos”).

Su ratificación en la Asamblea Legislativa figura entre los proyectores prioritarios que el Ejecutivo pediría apoyar a la presidenta electa, Laura Chinchilla, quien ganó las elecciones del pasado 7 de febrero con la oferta de dar continuidad a las políticas del actual gobierno.

El gobierno chino manifestó su beneplácito por el triunfo de Chinchilla y aseguró su intención de fortalecer el intercambio comercial y cultural, así como la cooperación internacional con Costa Rica.

“China otorga gran importancia a la cooperación con Costa Rica y seguirá reforzando sus vínculos y comercio con el país centroamericano”,
declaró la semana pasada el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ma Zhauxu, quien recordó que el presidente Hu Hintao ya había felicitado a Chinchilla por su elección.

La culminación de las negociaciones del TLC se da en momentos en que los dos países afinan detalles de un proyecto conjunto para ampliar la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), cuyas instalaciones en Moín, Puerto Limón, se triplicarían para procesar 60.000 barriles diarios de derivados de petróleo. Actualmente la planta solo refina el 30% del combustible que se consume en el país, unos 50.000 barriles.

Este convenio siguió a un acuerdo marco de cooperación para la exploración, refinación y cooperación petrolera firmado en octubre del 2007 entre RECOPE y China National Petroleum Corporation (CNPC), la mayor petrolera china, criticado por los ecologistas por contradecir la política ambiental y por el historial de violaciones ambientales de la petrolera china (ver recuadro “Geopolítica y ambiente” y más detalles en UNIVERSIDAD del 3 de diciembre del 2008).

En el marco del acuerdo, las autoridades mencionaron en su momento la intención de construir luego una megarrefinería con capacidad para 200.000 barriles diarios, y firmaron el acuerdo para modernizarse y ampliar la planta de RECOPE. Actualmente las partes definen los detalles del proyecto, que costaría unos $1.000 millones, y estaría listo para iniciarse en unos 14 ó 18 meses, según informó a una agencia internacional de noticias el presidente de la empresa estatal, José León Desanti.

En marzo pasado, la Contraloría General de la República había denegado el refrendo al acuerdo, al encontrar que era violatorio del monopolio petrolero que la ley reserva a RECOPE, pero en setiembre le dio luz verde a una nueva versión presentada por el Gobierno con un adéndum, luego que el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, criticara públicamente la decisión del órgano contralor y dijera que habría que cerrar RECOPE si el convenio no se aprobaba.

Ahora se plantea constituir una empresa conjunta encargada del estudio de factibilidad, ejecución y operación mediante arrendamiento con opción de compra del proyecto de ampliación y modernización de la refinería en Moín, con lo cual se respetaría el monopolio estatal.

Las petroleras chinas se han estado expandiendo por el continente americano en momentos en que buscan asegurar fuentes de suministro de crudo en todo el mundo para su creciente economía, cuya necesidad de derivados de petróleo aumenta un 50% año con año.

China importa petróleo de Venezuela, Brasil y Canadá y recientemente Petrochina, subsidiaria de CNPC, asumió una terminal de almacenamiento de crudo en las Antillas Holandesas.

En China, hay un vehículo por cada 82 habitantes, y si la flota creciera hasta ser como en EE.UU o Europa, donde hay un vehículo por cada dos habitantes, el consumo de combustible sería de 88 millones de barriles diarios, más que toda la producción mundial actual (80 millones).


INCONGRUENCIA

Tomás Pozuelo, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, afirmó que el sector no ve con buenos ojos el TLC firmado con China, porque es un acuerdo incongruente, no está basado en el historial comercial de estos países y el Gobierno lo ha manejado como un asunto político. “Es muy peligroso cuando eso se mezcla”, dijo.

Si se ven las cifras, resulta que el 90% del intercambio comercial con China es de una sola empresa (la transnacional Intel), la que ya hacía intercambio antes de que se establecieran relaciones diplomáticas, “y si se agarra lo que queda, nosotros no tenemos nada de comercio con China”, apuntó el empresario.

Añadió: “Cuando nosotros planteamos esas inquietudes, nos decían que el TLC iba o iba porque era una cuestión política. Pegamos brincos hasta el cielo y logramos en la parte técnica quedar excluidos en la mayoría de las cosas sensibles, pero seguimos pensando que no era un tratado conveniente para el país, y creemos que se gastó tiempo y energía en un Comex que ha dejado por fuera un montón de otras cosas.”

A su juicio, las autoridades deberían centrarse en la competitividad del país en vez de “ir a coleccionar” nuevos tratados. “Si no mejora la competitividad y eficiencia de la producción fuera de las zonas francas, con tratado o sin tratado lo que se va a tener aquí son cierres de fábricas cada día”, sentenció.

Preguntado sobre a qué atribuye que el Gobierno haya insistido en llevar adelante esta negociación pese a los planteamientos de los productores, su respuesta fue: “Creo que a veces hay agendas políticas internacionales que pesan más en ciertas presidencias que en otras.”

Desde su perspectiva, éste es un tratado incongruente porque se trata de un país de cuatro millones de habitantes que está haciendo un TLC con un país de más de mil millones de habitantes y está al otro lado del mundo, cuando todavía no se está manejando de una buena manera los TLC pasados.

Por otro lado, China es un país comunista, con una ley laboral sumamente diferente.

“Nosotros no podemos tener esas reglas, porque de antemano ya hemos firmado otros acuerdos como el CAFTA (en inglés Tratado de Libre Comercio con EE.UU, Centroamérica y República Dominicana) que nos comprometen a mantener ciertas reglas laborales y ciertas defensas al trabajador. ¿Cómo voy a tener mi empresa la mitad con reglas para competir con EE.UU. y Europa y a la otra mitad le quito las cargas sociales para competir con China?”

“Que alguien me explique esta incongruencia de estar haciendo por un lado tratados de libre comercio que nos reglamentan y nos suben los costos de producción, y por otro hacer un TLC con un país que juega con reglas totalmente diferentes, todo sobre una hipótesis. Porque no olvidemos que esta es una hipótesis de un grupo de gente en el Gobierno. No es como cuando hemos cerrado un TLC con la región. Es natural que un país se integre con su región, o con EE.UU, con el que hemos comerciado más de cien años antes de cerrar un TLC. Con China más del 90% del comercio nace en zona franca y prácticamente todo de una sola empresa. Y estamos aventurándonos a hacer un TLC. Eso es como casarse sin pasar por noviazgo”, comentó.

“No podemos tener un Estado inoperante en el tema de competitividad y un Ministerio de Comercio Exterior buscando gente para coleccionar TLC. Eso para mí es un fórmula exacta para que en Costa Rica los trabajos de valor agregado, donde la gente gana bien, se vayan eliminando porque las compañías no pueden trabajar”, insistió Pozuelo.

Costa Rica exporta anualmente a China, su cuarto socio comercial más importante, productos por $680 millones (principalmente componentes electrónicos) e importa $887 millones, según datos de la Promotora de Comercio Exterior.


Completo en Semanario Universidad


En el Semanario Universidad también pueden leer:

Geopolítica y Ambiente

Freno a la industria local

Negocios chinos



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AdA UE: Los intereses comerciales priman sobre Derechos Humanos

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Comunicado de Prensa


REINICIAN LAS NEGOCIACIONES DEL AdA


  • Los intereses comerciales priman sobre Derechos Humanos

Desde hace varias semanas la Unión Europea anunció que, a partir de este 22 de febrero, reiniciará las negociaciones con los gobiernos de Centroamérica sobre el Acuerdo de Asociación que estarían finalizado en el próximo mes de mayo.

Luego del Golpe de Estado ocurrido el pasado 28 de junio en Honduras, la Unión Europea manifestó que no daría inicio a las negociaciones hasta que la democracia fuera restituida en ese país. Sabemos que los intereses comerciales del empresariado centroamericano se sintieron impactados por esta decisión europea. El gobierno de Costa Rica, cuyo papel fue más que cuestionado durante el Golpe de Estado, ha sido uno de los principales promotores para que las negociaciones reinicien: una y otra vez han dicho que el comercio debe separarse de la política y que no es justo castigar al empresariado centroamericano al no contar con este instrumento comercial. Es necesario sumar que también están los intereses comerciales de muchas empresas europeas que ya están instaladas en América Central o piensan hacerlo.

Hoy en día vemos cómo los intereses comerciales pesan más que la restitución de la democracia: las negociaciones comerciales se reiniciarán después de un proceso de estabilización en Honduras poco claro y con muchos vacíos en materia de derechos humanos y democracia.

Durante estos meses la violación a los Derechos Humanos en la región ha crecido: durante todo el período de dictadura en Honduras se violentaron sistemáticamente los Derechos Humanos y la represión estuvo a la orden del día. En Costa Rica, el gobierno violenta la libertad sindical para privatizar el muelle de Limón y en Guatemala, personas opuestas a compañías mineras y eléctricas europeas son asesinadas. Esto significa que la sombra de la muerte rodea el reinicio de las negociaciones y que estas, se encuentran de nuevo en la agenda para promover el mismo modelo que excluye y mata a los grupos de base en América Central.

Con este panorama, tenemos la certeza de que el libre comercio es el motor principal del llamado Acuerdo de Asociación y que este tiene que imponerse a costa de cualquier cosa.


ASOCIACION COMUNIDADES ECOLOGISTAS LA CEIBA
AMIGOS DE LA TIERRA COSTA RICA

POR LAS COMUNIDADES Y SU AMBIENTE



Para mayor información:
COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica: 2223-3925


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La dolarización es inconveniente

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Por Juan Manuel Villasuso

En columnas anteriores he dicho que la propuesta libertaria de Otto Guevara de dolarizar la economía costarricense es un disparate y resulta inoportuna. Hoy concluyo estos comentarios añadiendo otro calificativo: dolarizar es inconveniente.

He señalado que si creemos en el referente republicano y democrático, la dolarización constituye un despropósito porque significa dejar nuestra política monetaria en manos de funcionarios extranjeros, renunciar a la responsabilidad ciudadana de control sobre las autoridades públicas, y ceder una facultad inherente al Estado cual es la emisión y regulación de la moneda.

También he opinado que es inoportuna porque el dólar se está devaluando, se están produciendo reformas en el sistema financiero de Estados Unidos y de otros países cuyas repercusiones aún no conocemos, y se presagian cambios en la arquitectura monetaria mundial para reemplazar la divisa estadounidense como moneda de reserva.

Todo eso tiene serias consecuencias para los países en los cuales el dólar es el instrumento monetario para el intercambio de bienes, las transacciones financieras y la acumulación de riqueza.

Pero hay al menos cuatro argumentos que evidencian que la dolarización también es inconveniente y perjudicial desde el punto de vista macroeconómico. Primero, la pérdida del señoraje; segundo, la menor capacidad para enfrentar los shock externos; tercero, la desaparición del prestamista de última instancia; y cuarto, el costo social.

Pérdida del señoraje. El señoraje es la ganancia que obtiene un Estado por acuñar dinero con un valor nominal superior al valor intrínseco de la moneda. En otras palabras, es la diferencia entre lo que puede comprar un billete y el costo de impresión del papel. Esa diferencia constituye una ganancia para el Estado que emite el dinero. Al dolarizar Costa Rica trasladaría esa ganancia a Estados Unidos.

Mayor vulnerabilidad frente a los shock externos. La dolarización impide absorber y mitigar, por la vía cambiaria, los shock y desajustes de los mercados internacionales (aumentos del precio del petróleo o crisis financieras), por lo que esos desequilibrios se transmitirían directamente el sector real de la economía nacional, afectando negativamente la producción, el empleo y la inversión.

Prestamista de última instancia. Esta función del Banco Central consiste en la posibilidad de apoyar a un banco comercial en una crisis de liquidez. El Banco Central puede emitir dinero y otorgarle préstamos al banco en apuros para que enfrente la incapacidad temporal de pagar sus pasivos. Con la dolarización no habría en Costa Rica ninguna institución que cumpliera ese papel, por lo que el riesgo para los ahorrantes y cuentacorrentistas aumentaría considerablemente.

Costo social. La dolarización conlleva costo sociales que se expresan no solo en términos de menor capacidad para fomentar la producción y el efecto negativo sobre las personas y empresas asociadas al mercado interno, sino también por las repercusiones sobre los salarios. Recomiendo los trabajos de Larrea: Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador y el de Towers y Borzutzky: The Socioeconomic Implications of Dollarization in El Salvador.

Concluyo indicando que el debate sobre la dolarización trasciende lo que algunos podrían considerar, con visión tecnocrática, como el ámbito de la “teoría económica”. Este es un asunto de “economía política”, y así deberían entenderlo todos los economistas.


Fuente Tribuna Democrática


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