Hoy inicia en Crucitas marcha de agricultores contra minería de oro a cielo abierto

• Caminata por la vida y contra minería se podrá seguir en directo por Internet

Un grupo de 40 caminantes, agricultores y vecinos al proyecto minero Crucitas, en la Región Huetar Norte, inician esta mañana una marcha de 200 kilómetros, que concluirá el domingo con una gran concentración en la capital costarricense.

La nueva edición de la "Caminata por la Vida y Contra la Minería", contará con un equipo de comunicadores de tres organizaciones y de diario digital www.elpais.cr, que estarán llevando detalles de la actividad, encabezada fundamentalmente por agricultores.

En el esfuerzo conjunto participan además las organizaciones ARCA, FANCA y APREFLOFAS y las informaciones en directo podrán ser seguidas en las páginas www.arca.co.cr, www.fanca.co.nr, www.nomineria.com y en FACEBOOK en: http://www.facebook.com/profile.php?id=783102147&v=app_55841807003, así como en www.elpais.cr.

Las transmisiones de vídeos serán entregadas este lunes 21 de agosto a las 12 del día, 4 de la tarde y 8 de la noche. Entre tanto, de martes 24 a sábado 28 de agosto serán a las 8 de la mañana, al mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche.

En Crucitas de San Carlos, a unos tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua, la transnacional canadiense Infinito Gold pretende construir una mina de oro a cielo abierto, pero sus intenciones están paralizadas en los tribunales de Justicia.


Historia de la lucha de Crucitas

En 2004 la Sala IV había anulado una concesión minera otorgada en 2001 en San Carlos, precisamente en Crucitas.

El 21 de marzo del 2008, aun estando vigente la moratoria minera decretada desde el 2002 por la administración anterior, el Poder ejecutivo otorga una nueva concesión minera al Proyecto Crucitas

El 13 octubre del 2008 un decreto ejecutivo, firmado por el Presidente Oscar Arias, declaró el proyecto minero Crucitas de interés público y conveniencia nacional. Es decir, este gobierno, dio el apoyo a un tema que había quedado resuelto en 2004.

En cuestión de horas el día 17 de octubre (viernes) antes de su publicación en la Gaceta Oficial, desde la madrugada del mismo día y sin (o con?) autorizaciones de tala en mano, otorgada en condiciones no esclarecidas por el Área de Conservación Norte del MINAET, se iniciaron operaciones.

En el fin de semana, que siguió a la firma del decreto, se talaron cientos de árboles en unas 50 hectáreas, hasta la presentación del recurso interpuesto el domingo 19 de octubre por la noche por el abogado y ambientalista Edgardo Araya. El tema causó un fuerte impacto en la opinión pública, dado que varios medios de prensa filmaron una zona devastada.

Una acción de inconstitucionalidad ordenó la suspensión de las obras.

En diciembre del 2007 la empresa Infinito S.A, cambió el diseño del proyecto pasando de 10 metros de profundidad a 67 metros, "reduciendo" de 192 hectáreas a solo 50, pero DUPLICANDO el volumen extraído.

En febrero del 2008, la empresa obtuvo el permiso del MINAE para retomar las obras aunque, mediando la acción de inconstitucionalidad, las obras continuaron paradas.

El 11 de septiembre de 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada y Luis Paulino Mora, realizaron una inspección de la mina para determinar si se debe o no seguir adelante con el proyecto de extracción de oro a cielo abierto en esa área. Fue una visita muy controvertida porque organizaciones opuestas al proyecto minero (y quienes habían interpuesto la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional) denunciaron un sesgo en las condiciones de la inspección. Por ejemplo, la organización ambiental Unión Norte por la Vida (Uno Vida) solicitó la nulidad de la visita argumentando la desigualdad "procesal", en perjuicio de UNOVIDA.

En noviembre del 2009, se realizo la vista en la Sala IV donde 18 recurrentes fueron apoyados por expertos y universitarios sobre los temas técnicos más cuestionables.

Durante esta Vista, fue muy clara la colusión Empresa/Gobierno, ya que la estrategia a seguir era decidida por la empresa, los funcionarios de Gobierno, asesor legal de Casa Presidencial incluido, siguiendo las "instrucciones". Igualmente ocurrió con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Extrañamente, la Sala IV no transcribió estos tres días de intensos debates, por lo que no hay ningún registro escrito de estos tres días de audiencias.

Posteriormente, en enero de 2010 la iglesia Católica, siempre muy parca en cuestiones ecológicas pidió "la derogación del decreto número 34801-MINAET, mediante el cual se da la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, además de descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera metálica en todo el territorio nacional. También, que se declare una moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional...".

El presidente Arias respondió diciendo que los obispos "saben de teología, no sabía que conocían de geología ni de minería. Pienso que de minería deben saber tanto como yo de astronomía", y que el tema estaba en la Sala y que allí se definiría.

Precisamente, el pasado 16 de abril de 2010, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada en 2009.

Fueron 3 horas de legalidad, ya que a las 18:00 horas del mismo día, el Tribunal Contencioso Administrativo aceptaba ordenar medidas cautelares prohibiendo así a la empresa operar. Estas medidas son para que, de fallar el juicio a favor de los demandantes no se haya producido un daño irreparable. (Solo la tala de centenares de hectáreas de bosque primario, por ejemplo, habría sido irreparable).

En el mes de mayo y junio la empresa multiplicó sus pautas publicitarias en distintos medios de prensa, y ello se fue intensificando antes del 15 de junio, día en que el Tribunal decidió mantener dichas medidas cautelares.


Fuente: Diario Digital El País

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