Recursos del ICE contra la SUTEL: En defensa de bienes públicos

Por Gerardo Fumero Paniagua (*)

El ICE presentó el día 23/11/2010 un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, pero además un juicio contencioso administrativo en contra de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), por haber rebajado las tarifas de interconexión para tráfico celular, de ¢26,56 a ¢17,95 por minuto (el promedio latinoamericano ronda los ¢60) y para tráfico fijo de ¢22,48 a ¢3,63 por minuto, el promedio ronda los ¢8.

“La Unión de Cámaras “repudió” las acciones del ICE al estimar que contradicen el mandato del pueblo que en el referendo del 2007 aprobó abrir las telecomunicaciones”, según informó la Nación Digital del 23/11/2010. Declaraciones totalmente irónicas, pues nadie más que las cámaras empresariales habrían hecho otro tanto, si una resolución así los hubiera obligado no solo a renunciar a sus ganancias, sino a ver reducido su patrimonio, dadas las pérdidas que tales tarifas conllevarían. Pero en cambio se rasgan las vestiduras y acusan al ICE de contradecir la voluntad del pueblo, sin importarles que tal resolución sea violatoria de la Constitución (no permite “entregar” bienes del Estado), del TLC (no permite fijar tarifas por debajo de los costos) y de las leyes del sector (no permiten subsidios).

Las tarifas aprobadas por la SUTEL subsidiarían a los operadores privados, entregarían las inversiones que el país ha hecho por 47 años -son bienes públicos-, negaría todos los principios y “buenas intenciones” de la legislación recién aprobada y pondría en riesgo la estabilidad del ICE.

El jerarca de la SUTEL, George Miley, expresó a la Nación Digital que “las decisiones del ICE “son políticas” y que “Nos preocupa que se judicialice una decisión regulatoria, que puede dar al traste con la apertura de las telecomunicaciones”. Estas tarifas son las terceras que fija el órgano regulador en cinco meses, lo cual sugiere que no hay claridad en el tratamiento del tema, que han actuado apresuradamente y que lo hacen al calor de las presiones de unos y otros, lo que comúnmente se conoce como el “regulador capturado”.

El ICE, por su parte, actuó como pocas veces lo hace, con independencia, pues en otras ocasiones la sumisión política de su alta jerarquía no le ha permito defender la institución, tal y como sucedió con la devolución “voluntaria” del espectro radioeléctrico, según acuerdo con el MINAET firmado el 19/12/2009. No fue que “El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sacó ayer la artillería pesada contra la SUTEL el y objetó ante los tribunales de Justicia la resolución del ente regulador, que ordena rebajar las tarifas de interconexión para redes de telefonía”, como opinó la periodista Mercedes Agüero de la Nación Digital el 23/11/2010, fiel a la vocación de los grandes medios de hacerle eco a los intereses de la cámaras empresariales.

Discurso demagógico. Las tarifas así aprobadas resultan no solo ruinosas para el ICE, sino para los privados también, pues les quedaría un margen de ¢12,05 por minuto en el tráfico móvil (si la tarifa final al cliente es de ¢30) y de ¢0,47 por minuto en el tráfico fijo, (si la tarifa final al cliente es de ¢4,10), para retribuir sus costos y utilidades. Para el ICE representarían pérdidas calculadas por la misma institución en ¢30.000 millones al año.

Aunque todavía no lo quiera aceptar la SUTEL, tendrán que “rebalancear” las tarifas, lo cual significa subirlas al usuario final y entonces se cumplirá lo que tanto hemos anunciado, que el discurso de que no subirían con la apertura es falaz y demagógico. Finalmente, si algo se aprobó en el referéndum fue la apertura, no la entrega de los recursos del país, al mejor estilo de Caldera y Crucitas.

*Ingeniero


Fuente: Diario Extra
Suplemento Página Abierta

Imagen: El Roto

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Nueve empresas interesadas: Incertidumbre rodea otorgamiento de concesiones de TV satelital

• Decreto firmado por Óscar Arias abre portillo para otorgar aprobaciones sin que medie concurso.

Por María José Núñez

Con la apertura en el sector de telecomunicaciones hay nueve empresas que quieren vender servicios de televisión satelital en el país, las cuales le piden al Estado que se las dé mediante una concesión directa. Pero ese mecanismo que demandan no solo es criticado, sino que ni siquiera está claro para las propias autoridades encargadas.

El miembro del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, RACSA, Filial CNFL y Proyectos (SIICE), Gerardo Fumero, dijo a UNIVERSIDAD que el gobierno de Óscar Arias Sánchez, vino todavía a complicar el asunto cuando emitió un decreto que modificaba el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

“Con esa acción la administración de Arias facilitó el proceso para poder otorgar frecuencias para televisión en forma directa y no por medio de concurso. A la fecha no se ha otorgado ninguna licencia”, comentó Fumero.

Una concesión directa significaría que las empresas que están interesadas darían el servicio con mucha rapidez y al contar con los contratos ya establecidos, tendrán la posibilidad de ofrecer los servicios de telefonía celular o Internet, con la misma premura.

De acuerdo con el ingeniero, lo grave es que la ley establecía que las frecuencias para uso fijo tenían que darse por concurso y lo cambiaron para que puedan asignarse directamente.

“El asunto es que hay una cuestión de legalidad que debe ser respetada, pues todo lo que concierne al espectro de frecuencias debe darse por concurso y sería muy grave que no se respete el ordenamiento jurídico y las dieran por concesión directa”, advirtió Fumero.

Ante esta situación, el diputado del Partido Acción Ciudadana Juan Carlos Mendoza solicitó a la Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega, un informe sobre el proceso que seguirá y la lista de empresas interesadas en dar el servicio.

Precisamente en la respuesta emitida al diputado Mendoza, mediante el oficio DVT-117-2010, Vega confirma que no se ha resuelto ninguno de los nueve casos presentados, pues todos se encuentran en estudio, ya que existe una “posible antinomia jurídica” (contradicción entre dos preceptos legales) sobre el procedimiento para concesionar el rango de frecuencia 11.7-12.2 GHz –correspondiente a las frecuencias satelitales para entregar en concesión.

Por un lado, el documento emitido por la viceministra revela que los rangos de estas frecuencias son, según el artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones y el 34 de su reglamento, de asignación no exclusiva, por lo que se concederán de manera directa.

Pero, por otro, el artículo 134 del reglamento manifiesta que en el caso de frecuencias que se pretende otorgar para servicios de televisión y audio por suscripción, se deberá hacer mediante concurso público.

“En razón de esto se conformó un equipo técnico interinstitucional de la SUTEL y el Viceministerio, que tiene como objetivo definir el respectivo análisis jurídico, así como establecer las recomendaciones técnicas necesarias”, aseguró Vega en la respuesta emitida al diputado del PAC.

Sobre este particular, el legislador afirmó que el reglamento establece claramente que el proceso debe darse por medio de concurso y el portillo para que se someta a concesión directa es sujeto de discusión.

Mendoza indicó no sentirse satisfecho con la respuesta, pues en ella la viceministra no da una explicación clara sobre el procedimiento para seguir, por lo que seguirá insistiendo hasta que se aclare el mecanismo de concesión.

“Yo creo que es un portillo muy peligroso en el tanto la convergencia tecnológica en telecomunicaciones plantea que a través de un mismo canal se pueden dar distintos tipos de servicios. Ahora puede ser televisión, pero dentro de poco podrían incorporar Internet, telefonía o cualquier otra oferta que no estaba contemplada en la primera concesión. La vía correcta debe ser la concursal”, detalló el diputado.

Consultado el exregulador general Leonel Fonseca externó que en el tema del espectro de frecuencias satelitales no se ha definido cuánto deberá la asignación y el cobro que se hará a las empresas.

“Cuando hablamos de televisión satelital, estamos hablando de miles de millones de colones, debe existir una política clara en el manejo del espectro de frecuencias y el proceso de concesión debe ser transparente”, comentó el exregulador.

Otro de los cuestionamientos hechos por Fonseca es que el proceso de concesión debe estar en manos de la presidenta Laura Chinchilla y el ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Teófilo de la Torre, en su papel de rector del área.

“En realidad este proceso de dar concesiones de las frecuencias, no debería estar en manos del Poder Ejecutivo, sino del organismo técnico, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), pero al no ser así, al menos los jerarcas mayores deberían asumir la responsabilidad”, argumentó.


“INTERPRETACIONES LEGALES”

El jerarca del MINAET, Teófilo de la Torre, dijo a UNIVERSIDAD que el proceso de concesión de las frecuencias satelitales sigue su proceso; en estos momentos las solicitudes están en estudio en el viceministerio, luego será enviado a la SUTEL y eventualmente se asignarán a las empresas que cumplan con los requisitos.

Además, confirmó que tanto la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, Claro Costa Rica, como las otras ocho empresas que realizaron la solicitud, lo hicieron por concesión directa y en ninguno de los casos ha visto planteada la opción de licitación.

Frente a la consulta de la legalidad de otorgar estas frecuencias mediante concesión directa, aseguró que lo primero que deberá realizar el MINAET es un análisis legal.

“He leído que hay algunas interpretaciones diferentes sobre la forma en que se puede dar, según como se lean los términos de la ley, entonces es una tarea que llevaremos a cabo antes de dar cualquier frecuencia. Está dentro de nuestras tareas pendientes, pues el mecanismo mediante el cual lo solicitan es concesión directa, pero que se pueda o no se pueda hacer le corresponde a nuestro viceministerio analizarlo y luego proponerlo”, declaró el ministro de la Torre.

Por otra parte, en la respuesta emitida por la viceministra al diputado del PAC, de las nueve empresas que están solicitando frecuencias, solamente se reconoce el nombre de la compañía Claro Costa Rica y el resto son desconocidas.

Sobre este particular, el jerarca del MINAET señaló desconocer la lista de solicitantes y si dentro de los requisitos establecidos se les obliga dar a conocer la estructura de propiedad hasta alcanzar los grupos de interés en cada uno de ellos.


GIGANTE DE TELECOMUNICACIONES

Una de las empresas que está detrás de la concesión de frecuencias satelitales en nuestro país es América Móvil a través de la firma Claro, la cual le pertenece al hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, Carlos Slim.

El magnate de las telecomunicaciones adquirió en los años 90 Telmex, la compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México y que hasta ese momento había sido administrada por el Estado.

Cientos de publicaciones hacen referencia a que la venta fue hecha a través de una subasta pública, realizada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y aunque otros grupos ofrecieron cantidades mayores para comprar Telmex, la empresa de Slim, Carso, cumplía con uno de los requisitos fundamentales: que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas.

De esta forma, el monopolio público de las telecomunicaciones pasó a manos de un empresario y se convirtió en un monopolio privado. Slim comenzó a posicionar su marca en 18 países del continente americano para vender productos de telefonía móvil, Internet y televisión, muchas veces en un solo paquete.

“Cuando Slim compró Telmex, lo hizo a un precio ridículo y él pudo hacer su imperio con las telecomunicaciones, permitiéndole hoy mantener el 90% del mercado en este país y extendiéndolo a muchos otros”, comentó Gerardo Fumero del SIICE.

México se ha convertido en uno de los países con las tarifas telefónicas más caras de Latinoamérica, mediante el monopolio de Telmex y, en consecuencia, muchos otros países de la región, en los cuales se ha instalado la marca Claro como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua han visto incrementados los costos de la telefonía.

Por ejemplo, mientras en Costa Rica la tarifa por mensaje de celular es de ¢1,5, en México y Nicaragua es de ¢29 y en Honduras de ¢52. En el caso del minuto celular el costo en nuestro país es de ¢30, en México la cifra es de ¢81.

Ante esta realidad, Carlos Slim quiere ahora ingresar a nuestro mercado costarricense a través de las frecuencias de televisión satelital, pero con abiertas intenciones de introducirse también al mercado de la telefonía e Internet.

“En un principio la ley establece que la SUTEL designará las tarifas, pero cuando considere que hay suficiente competencia las podría dejar por la libre, pero todos sabemos que el hecho de tener tres o cuatro empresas brindando el servicio no garantiza precios competitivos. Como prueba está El Salvador, donde las compañías se ponen de acuerdo y tienen un verdadero contubernio, se ponen de acuerdo para subir y bajar las tarifas de acuerdo con su conveniencia”, contó Fumero.



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SUTEL pretende que el ICE subsidie nuevas operadoras

Por Gerardo Fumero

La apertura en telecomunicaciones es un mandato del TLC y finalmente de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

A partir de entonces el proceso es responsabilidad primaria de la SUTEL, que como órgano regulador es responsable entre otras cosas, de fijar las tarifas al cliente y entre operadores.

Apertura debiera significar competencia para el ICE, no su desaparición.

Preservar el ICE es defender las inversiones que los costarricenses hemos hecho por casi medio siglo y que permitieron la construcción de la infraestructura que el país tiene en la actualidad. Mantener, desarrollar y mejorar esa infraestructura exige un ICE estable, que pueda seguir cumpliendo los fines para los cuales fue creado, nunca un ICE débil o disminuido.

El mismo TLC, en su “Preámbulo” garantiza que “El Gobierno de la República de Costa Rica: …reconociendo su compromiso de fortalecer y modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como un participante en un mercado competitivo de telecomunicaciones y asegurando que el uso de su infraestructura será remunerada…” Manifiesta además “Modernización del ICE”, que “Costa Rica promulgará un nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE…”.

De igual forma la Ley de Fortalecimiento de las Entidades del Sector de la Telecomunicaciones, No. 8660, establece que “Artículo 2, Son objetivos de esta Ley: a) Fortalecer, modernizar y dotar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a sus empresas y a sus órganos adscritos,…”.

Sin embargo, las recientes Resoluciones provisionales de la SUTEL, RCS-324-2010 y RCS-325-2010, imponen al ICE tarifas de interconexión que en adelante serían aplicables también a cualquier otro operador -incluidos los móviles-, y ponen en grave peligro su estabilidad financiera y por ende su permanencia.

Según el Reglamento de Acceso e Interconexión, Artículo 32, la metodología para el establecimiento de esas tarifas “…deberá ser establecida en el plazo de un mes a partir de la integración del Consejo de la SUTEL”. Sin embargo, ese Consejo, integrado el 26/01/2009, tomó 14 meses para establecerla, según Resolución RCS-137 del 5/03/2010.

La definió como “Costos Incrementales de Largo Plazo (LRIC), bottom – up scorched node”, violentando además el debido proceso, dado que no convocó a audiencia pública para discutirla, ante lo cual fue impugnada por el ICE el 22/03/2010, pero en la resolución RCS-229-2010 la SUTEL rechazó el recurso y dio por agotada la vía administrativa.

Hacer la reingeniería necesaria en la contabilidad, para poder suministrar los datos que alimenten la metodología definida por la SUTEL requiere varios años. Así las cosas, el ICE está imposibilitado para suministrar la información que la SUTEL exigió tener en semanas. En tales casos, el Reglamento de Precios y Tarifas, Artículo 16, establece que se utilicen precios internacionales de referencia.

De haberse respetado esa normativa, los precios fijados por la SUTEL debieron haber sido sustancialmente mayores, según se desprende de cualquier comparación internacional: $0.11 promedio (¢60) para interconexión fijo-móvil en América Latina, precio que fue ofrecido por el ICE en las negociaciones con las empresas entrantes al mercado, a pesar de lo cual la SUTEL, cuando intervino, terminó fijando ¢15, 4 veces menos.

El asunto tiene sus orígenes en una problemática mucho más profunda y advertida a la ARESEP desde el 2004, pero que se ha negado a resolver: el necesario rebalanceo tarifario. De otra forma el ICE no podría enfrentar la competencia con lo que son “distorsiones” en un mercado abierto: subsidios y tarifas al costo, pero que tuvo sustento en la legislación que por 47 años rigió al ICE –el modelo solidario-.

Sin embargo, al no haberse procedido de esa forma, las tarifas de interconexión fijadas ahora por la SUTEL, sobre la base de tarifas subsidiadas, resultan ruinosas, ante lo cual estaría obligado el ICE –como primera medida- a reducir drásticamente sus inversiones.

Irónicamente, esto incentiva a que las empresas entrantes no inviertan -les sería más barato alquilar una infraestructura subsidiada-, propiciando que la industria se contraiga, se reduzca el empleo y se disminuyan los beneficios para el cliente final, a pesar de que el Regulador está obligado por ley, a estimular la inversión en el sector, según el Artículo 73 de la Ley de ARESEP.

Las actuales tarifas del ICE, además de subsidiadas, están desactualizadas. Fueron fijadas en el 2001, Resolución RRG-1832-2001 de la ARESEP, para telefonía fija en ¢4.10 (tarifa plena) y ¢2.0 (tarifa reducida) y para telefonía móvil en ¢30 (tarifa plena) y ¢23 (tarifa reducida).

Tal situación ha provocado un deterioro de los rendimientos, que pasaron del 5.9% en el 2000 al -2.8% en el 2007, con una caída en los márgenes operativos netos, que han disminuido del 18% en el año 2000 al 4% en el 2009. Y si fuera poco, se ha reducido la tasa de crecimiento de los ingresos, del 20% al 7% en ese mismo período. Todos estos aspectos han sido expuestos en los últimos estudios tarifarios enviados por el ICE a la ARESEP y la SUTEL.

Las tarifas de interconexión aprobadas ahora por la SUTEL, no solo ponen en riesgo financiero al ICE, ante lo cual se vería imposibilitado de realizar nuevas inversiones, sino de cumplir los estándares de calidad, que en contraste la misma SUTEL ha fijado en niveles del 99.97%.

Entre las graves consecuencias de estas tarifas está el hecho de que todos los corresponsales internacionales del ICE estarían exigiendo reducciones en las tasas de terminación del tráfico en Costa Rica, similares a las fijadas para los operadores nacionales, de lo contrario cursarían su tráfico por medio de ellos, lo cual provocaría una enorme pérdida de divisas para el ICE. Además, los ingresos por llamadas internacionales salientes caerían a valores cercanos a cero, porque ese tráfico estaría saliendo vía proveedores de telefonía IP. La pérdida en el mercado de telefonía internacional se estima en más de $25 millones anuales.

Estas tarifas, además de descapitalizar el ICE, estarían por debajo de los costos, lo cual prohíbe la misma ley de la ARESEP. De mantenerse, los otros operadores podrían brindar servicios a los mismos precios que el ICE, pero con mucho menores inversiones y costos, por lo que podrían tener utilidades, mientras que el ICE no solo perdería toda competitividad sino ingresos, producto de unos cargos de interconexión ruinosos y gastos crecientes, debido a las demandas para atender a los nuevos operadores, obligado además a mejorar la calidad, so pena de multas y sanciones por incumplimiento.

Las empresas entrantes, principalmente en el mercado móvil, con enormes economías de escala y muy amplia experiencia, podrían agravar la situación subsidiando los servicios en los primeros meses o años con operaciones en otros países y descremando el mercado, logrando rápidamente desplazar al ICE.

En consecuencia, cuando el ICE no pueda hacer frente a sus inversiones y gastos, otro operador tendría que ser el que suministre interconexión; pero, ¿qué empresa va a asumir dicho rol para terminar perdiendo dinero? ¿O será que el regulador, habiendo reconocido para entonces su error, sí salga a proteger las inversiones de la nueva empresa privada, sobre las cenizas del ICE?


Fuente Semanario Universidad

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Intolerables presiones a la Superintendencia de Telecomunicaciones denuncia Diputado Villalta

• Gobierno de Estados Unidos y COMEX comprometen independencia técnica y política de SUTEL

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) está sujeta a intolerables presiones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), denunció el Diputado José María Villalta Flórez-Estrada.

El legislador del Frente Amplio se mostró sorprendido ante las declaraciones de George Miley a la prensa, cuando afirmó: “Realmente es penoso recibir llamadas de altos dignatarios de otros países para que le pregunten a uno qué está pasando” (La Nación, 11 de mayo de 2010), por lo que solicitó aclarar la situación al Superintendente de Telecomunicaciones.

En su respuesta el Superintendente informa al Diputado Villalta Flórez-Estrada que: “las llamadas al Presidente del Consejo de la SUTEL, fueron efectuadas por funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos de América (USTR), de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América (Federal Communications Commission, FCC) y del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)” (Oficio 876-SUTEL-2010, de 26 de mayo de 2010).

Según George Miley estas llamadas se efectuaron para “manifestar sus preocupaciones por los efectos que podrían generar las declaraciones de la prensa en el proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones y los eventuales retrasos”.

El Diputado Villalta indicó que no puede ser excusa la vigencia del Tratado de Libre Comercio para que funcionarios de Estados Unidos, o del COMEX, intenten comprometer la independencia técnica y política que la SUTEL debe tener, de cara a procesos complejos como la concesión de parte del espectro para las bandas celulares, que deben ser transparentes.

“Si bien es cierto que hay un retraso, pues la apertura debió iniciar el 5 de febrero pasado, también lo es que puede resultar irresponsable y oneroso para el país apresurar estos procesos, porque no se han resuelto definitivamente denuncias por conflicto de intereses presentadas ante la Procuraduría y la Contraloría General de la República, dos recurso de amparo y un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional”, dijo.


Nota: Ver oficio del Diputado Villalta y respuesta del Superintendente Miley


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Afirman que devolución de bandas para celulares sería ilegal

Por $7 millones el ICE entregó frecuencias para celulares que pueden valer más de $200 millones.

Por Eduardo Ramírez Flores

La devolución por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de varias bandas del espectro radioeléctrico destinadas a la telefonía celular sería ilegal, al no hacerse mediante una ley específica, aseguran algunos abogados y técnicos que han estudiado el caso.

El acto de devolución de las mencionadas frecuencias de telefonía a cambio de $7 millones, fue acordado por el Consejo Directivo del ICE el pasado 18 de diciembre, y se enmarca dentro del plan de apertura de los servicios de telecomunicaciones nacionales exigido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Al igual que el especialista en telecomunicaciones Gerardo Fumero, el abogado Jaime Ordóñez enfatiza en que “los términos de una ley no pueden ser variados por una simple resolución administrativa”.

Esta afirmación la sustentan en que las bandas telefónicas que hasta hace poco poseía el ICE, le habían sido entregadas mediante una ley, y la entrega que hizo de estas el Consejo Directivo es un simple acto administrativo de un rango legal inferior, lo cual ha llevado a que Ordóñez sostenga que “esto es algo que saben, incluso, los studiantes de primer año de derecho”.

Cabe mencionar que el ICE recibió presiones por parte del Poder Ejecutivo, para que devolviera dichas frecuencias y así subastarlas entre los tres operadores de telefonía celular que por el momento han recibido autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para ofrecer este servicio.

La última reunión en que en definitiva quedó aprobado el traslado de las concesiones, se realizó el 15 de diciembre pasado en la Casa Presidencial, con la presencia del mandatario Óscar Arias; su hermano y ministro de la Presidencia, Rodrigo;la viceministra de telecomunicaciones, Hannia Vega; el presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós; y varios directivos de esta institución. Tres días después el Consejo Directivo ratificó el acuerdo en una sesión extraordinaria.

En vista de las dudosas circunstancias legales en que ese ente prescindió de las bandas, organizaciones laborales del ICE como la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC), y el Sindicato de Ingenieros (SIICE), estudian la posibilidad de emprender una acción legal contra este acuerdo.

Vale recordar que el 7 de diciembre anterior, el Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una denuncia por beligerancia política contra Antonio Calderón Castro, aspirante a diputado en San José por el Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro del Consejo Directivo del ICE (véase recuadro “Piden destitución de directivo del ICE”).

Si bien la denuncia contra Calderón Castro no es específica por su labor como directivo del ICE, él fue uno de los que votó a favor de traspasar las frecuencias del ICE. El único miembro de la junta directiva que se opuso a esa entrega, fue Mayid Halabí, representante del sector de los trabajadores.


¿PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO?

Para el experto en derecho Jaime Ordóñez, es tan evidente la ilegalidad del acuerdo tomado por los directivos del ICE, que “no aguanta un buen proceso contencioso-administrativo”.

Así lo hizo ver en el comentario “Nulidad absoluta de acuerdo ICE-MINAET”, publicado el 22 de diciembre por el Diario Extra y referido a lo que pactaron el ICE y la entidad rectora del sector: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

Ordóñez hizo un análisis jurídico del acuerdo del Consejo Directivo enmarcado en los alcances de la ley 8642 (Ley general de telecomunicaciones), una de las aprobadas en el 2008 por la Asamblea Legislativa para implementar el TLC con Estados Unidos y que rompió el monopolio que tenía el ICE en materia de prestación de estos servicios.

Al sustentar la supuesta ilegalidad del traspaso, el abogado se respalda también en un dictamen que al respecto emitió la Procuraduría General de la República el 1 de julio del 2009, ante una consulta que hizo el diputado José Merino, del Frente Amplio.

El texto de esa opinión jurídica dice: “Es por ello que las concesiones otorgadas al ICE y RACSA con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, continuarán rigiéndose por lo establecido en las leyes en que se fundan. De esa forma, el ICE mantendrá sus concesiones por tiempo indefinido; en el fondo, por el plazo legal del Instituto. En el caso de RACSA, las concesiones se mantendrán por su plazo legal que ahora es de noventa y nueve años”.

Pese a que el dictamen de la Procuraduría es claro en que el ICE está facultado durante toda su existencia, para administrar las concesiones de frecuencias que le fueron otorgadas por ley, también hace algunas salvedades.

De tal manera que el informe aclara que “debe tomarse en cuenta que el legislador se refirió a las concesiones en uso, así como que existe la posibilidad de reasignación de frecuencias para lograr el uso eficiente y óptimo del espectro. Ello podría originar una devolución o reasignación de frecuencias, según fuere necesario para cumplir los fines del sector de telecomunicaciones”.

Asimismo, precisa que la reasignación debe ser fundamentada y no puede ir en detrimento de las facultades del ICE y RACSA, de operar y prestar servicios en las condiciones fijadas por la persona legisladora.

Ordóñez, mientras tanto, señaló además que lo actuado por los directivos del ICE podría ser más grave, si se toma en cuenta que la Constitución Política establece en su artículo 121 inciso 14, que es a la Asamblea Legislativa la que le corresponde “decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación”.

“Es decir, estamos no sólo ante un caso de nulidad absoluta en materia contencioso-administrativa, donde podría existir responsabilidad personal de algunos funcionarios por lesividad a bienes protegidos por ley, sino, además, de lesa inconstitucionalidad por trasgresión a bienes demaniales”, sostiene el jurista.

La posición de Ordóñez fue respaldada por Gerardo Fumero y Manuel María Murillo, miembros de la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual valorará la legalidad del acuerdo tomado por el ICE sobre las frecuencias.

A título personal, Fumero y Murillo fustigaron la entrega de las bandas e instaron a que si el ICE se va a deshacer de ese valioso patrimonio, al menos debe hacerlo de tal manera que se respete la normativa legal vigente.

Fumero recordó que los 208.6 megahercios en distintas bandas devueltos por el ICE, le fueron asignados al amparo de la ley No.3226 que reformó la 449 de creación de este ente y que en su inciso h del artículo 1 del texto le imponía: “Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas, y radiotelefónicas, para lo cual tendrá de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido”.

Dado que el otorgamiento de esas frecuencias se hizo mediante dicha ley y que estas pertenecen al Estado, destacó que entonces es obligatorio para el ICE deshacerse de ellas por medio de un proyecto de ley.

“El problema es que el procedimiento que han empleado es totalmente nulo, porque no puede ser que lo hagan a través de acuerdo que contraviene la ley”, reclamó Fumero, quien es miembro del SIICE, sindicato que vigilará para que el proceso se apegue al derecho.


MONTO RIDÍCULO

Fumero y Murillo calificaron como ridículo el monto de $7 millones que recibirá el ICE a cambio del espectro radioeléctrico devuelto, no solo porque esta cifra no representa el precio real que tienen estas frecuencias en el mercado internacional, sino porque “limpiar” las bandas tiene para la institución un costo elevado, al tener que desechar equipos y comprar otros nuevos que se ajusten a las frecuencias que deberá utilizar.

En criterio de Fumero, si se hubiera dado el caso de que los citados segmentos del espectro estuvieran en manos de empresas privadas, al quitárseles éstas habrían reclamado indemnizaciones por más de $200 millones.

Lo anterior, por cuanto según datos de una firma que ha brindado asesorías en venta de espectro radioeléctrico en Latinoamérica, el precio promedio de cada megahertz es de $1 millón. Es decir, por los 208.6 megahercios dados por el ICE se debió pagar cerca de $208 millones.

Erick Jiménez, director de la División Jurídica del ICE, aseveró que cualquier decisión de la entidad “está sustentada en estudios técnico-financieros que fijan el monto indemnizable e indican que la empresa no solo puede continuar operando normalmente, sino garantizar su desarrollo futuro con las concesiones que conservamos”.

Acerca del traspaso de las frecuencias, Jiménez arguyó que “el ICE explota un recurso escaso del Estado y que, como cualquier concesionario de un bien de la Nación -y en la medida que no lo requiere- debe restituirlo a su legítimo dueño, el Estado costarricense”.

En relación con la cantidad por indemnizar, el presidente de la ANTTEC, Jorge Arguedas, coincidió con Murillo y Fumero al tildar de ridícula la suma. “El servicio telefónico TDMA produce ese monto en mes y medio”, ejemplificó.

Arguedas comentó que la organización que dirige está evaluando los aspectos legales del traslado de las bandas, con el fin de determinar si cabe presentar una acción por la vía contenciosa-administrativa, decisión que tomarían en un corto plazo.

Algo similar valora el SIICE, aunque su presidente e integrante de la junta directiva del ICE, Mayid Halabí, prefirió no adelantar su criterio, hasta tanto estén listas las transcripciones de las actas de las últimas sesiones del órgano directivo; ello con el fin de conocer con mayor precisión lo acordado en cada una.

Halabí, quien fue el único directivo que se opuso a la devolución de las frecuencias, aseguró que no hubo un informe técnico que respaldara esta acción y que este se obvió bajo el criterio de que la decisión fue un acuerdo mutuo entre el ICE y el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, Gerardo Fumero cuestionó el decreto 35646 que publicó en La Gaceta el pasado 22 de diciembre el MINAET y el Ministerio de la Presidencia, para iniciar el proceso de poner a concurso las frecuencias devueltas por el ICE, a las cuales pueden acceder tres operadores que se disputarían el mercado de las telecomunicaciones junto con el ICE, según aparentes estudios técnicos de la SUTEL.

Para el experto en telecomunicaciones, la existencia de tres o más operadores en competencia por este mercado, no le garantizará a la población costarricense la vigencia de tarifas más bajas y como prueba puso el reciente anuncio (diario La Nación del 6 de enero) de que el ICE subirá el costo de Internet celular.

De acuerdo con lo informado por el ICE, las tarifas para el servicio de Internet ofrecido por la red celular de tercera generación, subirán de $6 a $24 a más tardar en febrero, una vez que eleven la capacidad de 720 kilobytes actuales a 1.5 megabytes.

“Durante todo el proceso del TLC no me cansé de decir en charlas y foros que se cuadriplicarían las tarifas de telecomunicaciones cuando se aprobara este acuerdo y muchos dijeron que exageraba. Hoy se cumple la profecía y no es porque sea profeta, sino porque eso tenía que pasar con la apertura. Eso es lo que ha ocurrido en toda América Latina”, lamentó.

En su memoria todavía está presente que en el 2006 la firma consultora canadiense Sepúlveda Consulting fue contratada por el gobierno costarricense con financiamiento del Banco Mundial; esta recomendó que se diera campo a solo un competidor en telefonía celular y que se esperara el país a ver el comportamiento del mercado, para decidir si aumentaba el número de operadores.

Otro aspecto cuestionado por Fumero es que la Ley general de telecomunicaciones en su artículo 20 define que al Consejo Sectorial de Telecomunicaciones le corresponde recomendar al Poder Ejecutivo si la cesión de concesiones de frecuencias procede o no. Sin embargo, hasta la fecha ese Consejo no ha sido integrado, por lo que cualquier decisión que haya sido tomada es nula, advirtió.


Fuente Semanario Universidad
En este enlace también pueden leer: " PIDEN DESTITUCIÓN DE DIRECTIVO DEL ICE".

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A 60 años del ICE: pregunta pública a don Oscar Arias

Por: Albino Vargas Barrantes*

Durante su más reciente visita a México, con ocasión del partido de la selección nacional de fútbol que se jugó en aquella nación, usted, señor Presidente, habría tenido una reunión de negocios con poderosísimos hombres de empresa mexicanos: Carlos Slim (el magnate mundial de las telecomunicaciones); Ricardo Salinas (TV Azteca); y, Raimundo Sendino, quien sería la cabeza empresarial de un grupo denominado “Asmedia”.

Según nuestros informes, en tal cita habría estado, también, el mandatario mexicano Felipe Calderón. Confesamos que no teníamos ni la más remota idea de la existencia de Sendino, aunque de Slim y Salinas hay de sobra conocimiento público.

Al parecer, tal grupo empresarial “Asmedia” cuya sede sería Puebla, México, habría incursionado, primeramente, en el negocio periodístico del oriente mexicano, para luego adquirir, presuntamente, diversas franquicias de TV Azteca. Tenemos entendido que el señor Sendino tendría simpatías políticas hacia el Partido Acción Nacional (PAN), claramente identificado éste con el neoliberalismo devastador de la estructura social y altamente concentrador de riqueza.

Es importante que se sepa a ciencia cierta si el señor Sendino es ya, o será en fecha próxima, el dueño de la franquicia del Canal 9 de la televisión costarricense y cuánto ha tenido que ver en esto, usted, Sr. Presidente.

Le emplazamos a usted en tal sentido, a sabiendas del presunto interés del mencionado empresario mexicano en el negocio de la telefonía celular costarricense, pues creemos que nuestro pueblo tiene todo el derecho de saber, con absoluta certeza, a qué manos irá a parar el asaltado mercado costarricense de las telecomunicaciones, luego de que usted, don Oscar, encabezara la ofensiva neoliberal de negocios que socavó los cimientos de una institución emblemática del ser costarricense: el ICE.

Según hemos sido informados, el capital del señor Sendino, instalado ya en Centroamérica, se hizo propietario, por ejemplo, del Canal 12 de la televisión de El Salvador; y, curiosamente, una de las primeras decisiones que tomó fue el despido de, nada más y nada menos, de quien hoy es el presidente electo de esa hermana nación, el señor Mauricio Funes; quien, hasta ese momento y por el citado canal, había consolidado una posición periodística de sólido prestigio y de crítica fundamentada a los gobiernos de turno, todos del partido Arena, cuya ideología es la misma que la que tendría el señor Sendino.

Nos interesa saber cuánto sabe usted, don Oscar, acerca de la estrategia empresarial que se ha estado fraguando para que, sino todo, sí gran parte del negocio de la telefonía celular costarricense, caiga en manos de personas como los señores Slim y Sendino.

Pensamos que sería de trascendental importancia que el país supiera de sus andanzas, don Oscar, en este tipo de reuniones, si es que nuestros informes tienen fuerza de realidad. En caso contrario, convendría que usted desmintiera, de manera categórica, que no es cierto que tal encuentro tuvo lugar, aspecto que también le “agradecerían” los eventuales competidores de los señores Slim y Sendino, en el mercado celular tico.

Sr. Presidente: Su obsesiva, frenética y enfermiza posición en contra del ICE, que le llevó a quemar, prácticamente, todo su capital político al punto de quedar como el último mandatario neoliberal de la América Central (sino de toda Latinoamérica); nos mueve a formularle, por esta vía, la interrogante apuntada. Usted mismo admitió que en Latinoamérica son pocas ya las naciones que creen en los beneficios del “libre” comercio (Diario Extra, sáb. 28 marzo, 2009). Ante la inutilidad de cuidar ese devaluado capital político, ¿qué es lo que hay?...

Hoy, a 60 años exactos de la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (8 de abril de 1949), al menos nos queda el derecho de saber quién se llevará la parte más suculenta del pastel de las telecomunicaciones costarricenses que hasta este día han estado manos del ICE.

Lo que us-ted ha conversado al respecto, don Oscar Arias, con los señores Salinas, Slim y Sendino, el pueblo costarricense lo debe saber.



* Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)



Fuente: Diario Extra

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Denuncian “nueva Alcatel” en el ICE

Figuras del Gobierno podrían estar detrás de licitaciones concedidas a empresa china Huawei.


Tras más de un mes de publicada, Alberto Salom, diputado del Partido Acción Ciudadana, y Jorge Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores y Técnicos de Telecomunicaciones (ANTTEC), no han recibido respuesta a su denuncia sobre presuntas irregularidades en licitaciones del ICE concedidas a la empresa china Huawei Technologies Co.

En un campo pagado en el diario Extra el pasado 10 de diciembre, bajo el título “Huawei ¿La nueva ALCATEL en Costa Rica?”, los denunciantes hicieron un llamado a recuperar la ética y terminar con la impunidad en la función pública, luego de enumerar una serie de actuaciones dudosas en la adjudicación a Huawei de tres licitaciones para la compra de 950.000 líneas celulares de tercera generación (3G), así como Voz sobre IP y Prepago de telefonía celular.

“…tenemos sobradas razones para pensar que estamos ante situaciones similares a los bochornosos hechos de la licitación 3520, de los años 70, adjudicada a Alcatel, oportunidad en que el entonces subgerente de telecomunicaciones manipuló el cartel a favor de la citada empresa”, y de los actos de corrupción que vinieron luego “hasta involucrar a expresidentes de la República, altas autoridades del ICE y directivos de la institución hoy envueltos en vergonzosos juicios penales”, afirmaron en la denuncia.

“No ha habido ninguna respuesta, y me parece cínico que frente a lo que salió publicado el Gobierno no reaccione, ni nadie diga nada, como si lo que dijimos fuera mentira”, manifestó Salom. El diputado dijo que ya había enviado el caso a la Procuraduría de la Ética para que se pronuncie, y ahora está reuniendo documentación adicional para presentarla.

Por su parte, Arguedas señaló que habían enviado una denuncia a la Contraloría General de la República (CGR), pero ésta lo que hizo fue devolverla a la auditoría del ICE.

“Nadie ha dicho nada, aunque la situación es muy comprometedora, porque las pruebas que tenemos son muy contundentes; me imagino que por eso están tan callados”, afirmó.

El pasado 9 de enero el ICE anunció la adjudicación de las líneas celulares 3G a Huawei por $235 millones, contrato que está pendiente de refrendo por parte de la CGR. En el concurso participaron también la firma sueca Ericsson y la china ZTE Corporation. La oferta de Huawei fue la más baja y fue presentada en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En la denuncia, Salom y Arguedas recuerdan que desde que Oscar Arias se disponía a ser precandidato presidencial, ya tenía en mente los negocios en la República Popular China, pues realizó una visita secreta en la que fue acompañado por “las figuras que hoy podrían estar vinculadas a los principales negocios y licitaciones con empresas chinas.”

Una vez en el gobierno, en visita oficial realizada en octubre del 2007, el mandatario se hizo acompañar de su hermano Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia; Pedro Pablo Quirós, presidente ejecutivo del ICE; Alfredo Ortuño, ahora representante de Costa Rica en el BCIE, y del comisionista alemán Karl Single.

En esa ocasión visitaron las instalaciones de Huawei y se decidieron grandes negocios con dicha empresa de telecomunicaciones. Luego de esa gira se desataron una serie de negocios a espaldas de los costarricenses relacionados con China, como la venta de bonos de la deuda pública y procesos licitatorios en telecomunicaciones del ICE, que son otorgados a Hauwei en forma poco clara y contraviniendo principios elementales de contratación administrativa, afirma la publicación.

Añade que paralelamente Ortuño gestionó visas de manera presuntamente irregular para funcionarios chinos ligados a empresas de esa nación, entre ellas Huawei.

Agrega que la manera como se produjo el año pasado la fallida licitación de 1,5 millones de líneas celulares de 3ª generación, a la que se pretendía agregar 500.000 terminales, así como la adquisición de un equipo de facturación para telecomunicaciones, “despertó nuestras sospechas”.

Dice que en esa ocasión, pese a haber desistido de participar como oferente junto a las demás empresas inicialmente interesadas, Huawei realizó actos antiéticos, pues siendo la que indujo a las otras compañías a no participar en la licitación, se presentó a la apertura del cartel el 4 de agosto pasado, con dos ofertas, una por el precio autorizado por la CGR, por $225 millones, y otra por $600 millones.

Faltando tres minutos para vencer el plazo retira la primera oferta y ante una llamada de una autoridad superior, presenta la de mayor costo, recordó la publicación.

Es de anotar que luego que la Sala IV obligó al ICE a entregar a información del caso solicitada por la ANTTEC, esa licitación fue anulada y se sacó un nuevo cartel, esta vez por 950.000 líneas, que fue la otorgada recientemente a Huawei.

HECHOS

De acuerdo con la denuncia de Arguedas y Salom, para manejar las licitaciones con el ICE, la empresa china contrató a un ingeniero que dirigió durante más de 20 años el departamento de ingeniería del ICE, y durante cuyo período se realizaron licitaciones dudosas, la mayor parte con la francesa Alcatel. También empleó a una exfuncionaria de contratación administrativa de la CGR y exasesora de contratación administrativa del ICE.

Entre otros aspectos, señalan que en la preparación de la licitación de las líneas 3G, la más grande que ha manejado el sector de telecomunicaciones del ICE, se conformó un grupo de profesionales sin mayor experiencia en contratación administrativa y menos en telefonía móvil, los cuales diseñaron un cartel absurdo para este tipo de licitaciones, detallaron.

Afirman que junto a ese caso se dieron nuevos hechos en el ICE y la CGR que “podrían conllevar vicios de corrupción y tráfico de influencias”. Concretamente mencionan que en la licitación de Voz sobre IP, un grupo de profesionales analizaron las ofertas y después de ocho meses concluyeron que la de la empresa alemana Siemens era la ganadora. Pero por orden de una autoridad superior, once días después se obligó a una parte del grupo técnico a cambiar la adjudicación y dársela a Huawei.

Arguedas dijo que tras pedir la ANTTEC al ICE copia de los documentos para ver cuáles habían sido los cambios, comprobaron que en el expediente no estaba el informe técnico que recomendó escoger la oferta de Siemens, y solo aparecía la segunda recomendación. Ello podría inducir a la CGR a error, al ocultarle el estudio de las ofertas hecho por los técnicos.

Ante una consulta de la ANTTEC, de por qué no aparecía el estudio técnico en el expediente, el subgerente de telecomunicaciones, Claudio Bermúdez, remitió una respuesta del director de Redes, Iván Flores, quien dijo que se había excluido del expediente porque era un borrador, y según la ley de contratación administrativa los borradores no se incluyen en el expediente.

No obstante, el documento tiene número consecutivo y está firmado, por lo que jamás puede considerarse un borrador, dijo Arguedas.

Además, el pasado 20 de setiembre, 16 días antes de que se produjera la respuesta de Flores, fue distribuida en el ICE una circular de la Presidencia Ejecutiva, en la cual se indica que “toda la documentación que se genera desde que se inicia una actividad hasta que se finaliza deber ser incorporada al expediente.”

Consultado el vocero del ICE, Elberth Durán, por la respuesta de la institución al campo pagado, dijo que se trata de infundios, y que había sido respondido en una comunicación interna que se distribuyó en la institución, copia de la cual podría enviar a este semanario. Se le pidió preguntar específicamente a Iván Flores y a Claudio Bermúdez si es cierto o no que ha habido intervención superior para influir en los mencionados procesos licitatorios, pero al cierre de edición no había llegado respuesta.

Tampoco se había recibido contestación del canciller Bruno Stagno, a quien UNIVERSIDAD le consultó por medio de su oficina de prensa cuáles fueron las funciones de Alfredo Ortuño en las delegaciones oficiales que visitaron China.

A propósito comentó un prominente miembro de la campaña que llevó al poder al presidente Oscar Arias que el nombramiento en el BCIE es el puesto más apetecido en el Gobierno. El representante en ese banco gana más que el presidente de la República (por el orden de los $12.000 mensuales), señaló a condición de no mencionar su nombre.

Es de anotar que Ortuño fue el tesorero y uno de los principales contribuyentes de la campaña de Arias.

Ortuño estuvo en el centro del escándalo que se ventiló en la prensa el año pasado, por la contratación con fondos del BCIE de asesores de la Casa Presidencial al margen del presupuesto nacional.

Entre la lista de asesores contratados figuró el exmagistrado Carlos Arguedas, padre del funcionario del mismo nombre que está a cargo de la Dirección de Contratación Administrativa de la CGR, y debe refrendar los contratos del ICE.


Fuente: Semanario Universidad

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Herencia del pueblo que se pierde

• Diputados del "G-38" convirtieron en mercancía el bien público de las telecomunicaciones

Por Gerardo Fumero Paniagua*

Hoy, 45 años después de que por la Ley No. 3226 se le asignara la responsabilidad de los servicios de telecomunicaciones al ICE, presenciamos la transformación de esa Institución en un “actor” más en el mercado, según la nueva Ley de “Fortalecimiento”.

Pierde entre otras cosas la representación del país ante la Comisión Centroamericana de Telecomunicaciones (COMTELCA), la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), los convenios internacionales de INMARSAT e INTELSAT y ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Pero lo grave no es lo que pierda el ICE, sino lo que pierde el pueblo. El pueblo, en especial los más pobres, a través de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642, pierde la solidaridad, al prohibirse en ella los subsidios (nos latinoamericanizamos).

Los “servicios públicos”, prestados por el “Estado”, sin fines de lucro, “al costo” y con “subsidios cruzados”, que hicieron de este un país más humanitario, equitativo, inclusivo y solidario, son considerados ahora “servicios disponibles al público”; en buen castellano “mercancías”.

Esta Ley abre a la competencia los servicios rentables del ICE (redes privadas, Internet y celular) para participar a la empresa privada, nacional y transnacional, de un mercado que hoy representa más de $1.000 millones anuales, y del que el ICE con gran esfuerzo logrará mantener una tercera parte.

Un grupo de 38 “padres de la Patria”, sin el menor reparo en las consecuencias para el pueblo, pero que evidentemente favorecerán a grandes capitales, truecan los valores de nuestra Constitución por los del neoliberalismo, echando por la borda dicho legado.

A continuación los principales cambios:

(clic sobre la imagen para agrandarla)

*Ingeniero



Fuente DiarioExtra
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Slim, un magnate con el tono entrecortado

El posible retiro de la concesión para operar telefonía móvil en Ecuador a Porta, propiedad de la compañía transnacional del multimillonario mexicano Carlos Slim, puede marcar un precedente en América Latina.

El retorno al Estado de esta operadora de telefonía celular, hoy a cargo de la filial de América Móvil, cuando venza el contrato de concesión en 2008, había sido advertido meses atrás por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para quien este lucrativo negocio no ha reportado beneficios al país.

"Se les acabó la fiesta", dijo Correa en uno de sus programas radiales de los sábados, para después agregar que hasta diciembre se renegociarán las condiciones de la telefonía celular en el país.

En esa ocasión, también aseguró que Porta paga menos impuestos que su competidora Movistar, la empresa dependiente de la española Telefónica, a pesar de que ésta tiene una tercera parte de los clientes que la primera compañía.

"Vamos a poner en orden los abusos de ciertas telefónicas", afirmó.

Días después, cuando la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, visitó Ecuador, el mandatario anfitrión señaló que Porta y Movistar debían prepararse para renegociar su concesión, porque el gobierno ecuatoriano actuará "con fiereza" en defensa de los intereses nacionales.

La posición se consolidó cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó sobre irregularidades en el pago de impuestos por parte de Porta, y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) denunció negligencias en el servicio a sus clientes.

Con esos antecedentes, el SRI comenzó en septiembre una investigación tributaria, al considerar sospechoso que la empresa haya pagado sólo cuatro millones de dólares por concepto de impuestos a la renta en los últimos cuatro años, pese a registrar ventas por más de 2.000 millones de dólares.

A esa duda se le sumaron otros nueve procesos de investigación en contra de Porta por supuestas irregularidades en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y de retención ilegal de tributo.

El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, dijo que tan baja tributación por parte de la firma propiedad de América Móvil hace presumir "que algo malo está ocurriendo", pues las investigaciones preliminares establecen importantes diferencias a favor del Estado".

Mediante un comunicado, Porta argumentó que a la hora de analizar su situación tributaria con el Estado ecuatoriano se debe tener en cuenta que al hacerse cargo de la concesión recibió grandes deudas y existía una profunda crisis económica.

"Los resultados de las operaciones" entre 1999 y 2002 "arrojaron pérdidas, fundamentalmente por la situación previa de la empresa y la necesidad de entrar en un proceso de profunda reestructuración e inversión", sostiene el documento. En consecuencia, "durante dicho período no se generó un impuesto a la renta a pagar al Estado", añadió la empresa.

A las denuncias de irregularidades tributarias se sumaron los reiterados problemas en el servicio telefónico.

Suptel detectó una grave disminución en la calidad de las llamadas e interrupciones permanentes en el servicio de Porta el 25 de septiembre, que afectaron a más de 5,5 millones de usuarios por más de 15 horas.

Este problema, que se había repetido en distinta medida con anterioridad, llevó a la Superintendencia a iniciar un juicio administrativo contra la firma por negligencia, pues entiende que no se tomaron "todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio en el territorio nacional", conforme lo establece la Constitución de Ecuador.

Además, aseguró que incumplió cláusulas del contrato de concesión con el Estados, como la que obliga a la empresa de Slim a "instalar, operar y mantener en condiciones óptimas" el sistema de telefonía móvil celular "hasta el 26 de agosto de 2008", cuando vence el convenio.

El organismo de contralor entiende que tampoco cumplió con la obligación de tener "la suficiente capacidad para satisfacer los requerimientos de tráfico generado por los abonados durante todo el lapso de la concesión".

El contrato de concesión establece que en "los casos de negligencia, culpa grave e incumplimiento de los parámetros de calidad" se dará a la operadora 30 días para justificar y remediar el problema y, en caso de no hacerlo, se iniciará el proceso legal de cancelación del convenio.

La empresa rechazó las acusaciones e inició una campaña de publicidad en los grandes medios de comunicación del país para justificar su presencia en Ecuador.

El director jurídico de la compañía, Daniel Bernal, argumentó que el pedido estaba de más, porque Porta cuenta con equipos de última tecnología del mercado y permanentemente hace actualización de los programas de computación. Sólo este año se han invertido más de 200 millones de dólares tanto en equipos como en infraestructura, apuntó.

Indicó, además, que Suptel llegó a una "conclusión ligera", sobre las responsabilidades de Porta, la mayor empresa de celulares del país con casi 6,6 millones de abonados, que equivalen a cerca de 70 por ciento del mercado.

El porcentaje restante se distribuye entre Movistar y la estatal Alegro, que recibió permiso para operar muchos años después de las dos firmas privadas.

Frente a esas declaraciones, el Procurador General de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Darwin Muñoz Serrano, afirmó que ni Bernal ni Porta están sobre el Estado ecuatoriano.

"Porta argumentó que la discontinuidad del servicio ocurrida el 25 de septiembre fue por causa fortuita, con el propósito de eximirse de las sanciones legales y de la compensación a los usuarios, pero no pudo fundamentar objetiva, técnica ni jurídicamente su pretensión", aseguró Muñoz Serrano.

"La resolución emitida por la Suptel en el proceso de juzgamiento administrativo protege los derechos de seis millones de usuarios, a quienes la Constitución les garantiza la continuidad del servicio, que no puede ser perturbado e interrumpido por negligencia de un operador", enfatizó.

En diciembre terminan las investigaciones tributarias a Porta y vencen los plazos dados por la Suptel.

De este modo, por primera en América Latina una empresa de Slim está contra las cuerdas y puede sentar un precedente para otros países de la región.

Fuente Rebelión

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