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PLN se echó atrás y apoyó investigar concesiones

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Oficialismo prefirió no levantar sospechas


Por Gerardo Ruiz Ramón

La Asamblea Legislativa acordó crear una comisión para que investigue presuntas irregularidades en la concesión de obra pública.

Los jefes de fracción se reunieron con el Directorio Legislativo durante toda la mañana de ayer, sin lograr un acuerdo sobre la creación del foro al final de la cita.

No obstante, al final de la tarde la luz verde a la comisión la dieron hasta los diputados de Liberación Nacional (PLN).


CUESTIÓN DE TRANSPARENCIA

Viviana Martín, jefa de esa bancada, en principio insistió en que no era necesario crear un nuevo panel de diputados ante el recargo del trabajo en comisión que sufren los diputados, tesis que también defendió Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Asamblea Legislativa.

No obstante, la líder reconoció anoche que la posición cambió tras exponer los argumentos en una reunión de fracción.

“Finalmente valoramos que, por ninguna razón, queríamos que se interpretara esa negativa como un obstáculo para que el tema se indague hasta el final. Aquí primó la urgencia de que el asunto se trate con toda la transparencia del caso, como siempre lo ha hecho el gobierno”, comentó.


OPOSICIÓN: PULSO GANADO

En tanto, las bancadas de oposición celebraron que las presiones ejercidas el martes surtieran efecto.

En un comunicado conjunto, los grupos opositores subrayaron que fue la oposición quien promovió y logró la aprobación de la integración de la plana que indagará todos los últimos procesos de concesión de obra pública que ha realizado el Estado, desde la operación del Aeropuerto Juan Santamaría y la carretera a Caldera hasta la concesión de Puerto Moín. El acuerdo entre las fracciones de oposición para investigar el tema, así como indagar los negocios en los que se habría beneficiado a intereses específicos, además de conocer el impacto de estos procesos y su éxito o fracaso en cuanto a la promoción de infraestructura y competitividad del país”, se lee en la comunicación.


Fuente: Diario Extra

Foto: costaricafrog.com



El énfasis es nuestro



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Un gobierno al servicio de las transnacionales

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Un gobierno al servicio de las transnacionales


Por: Alvaro Montero Mejía

Uno de los temas de discusión más importantes que ha sostenido el pueblo patriótico de Costa Rica frente al señor Oscar Arias Sánchez, dueño de esa casa frente a la que nos encontramos hoy, y las fuerzas locales e internacionales que lo respaldan, ha tenido que ver con la demostrada capacidad del pueblo costarricense para salir adelante y construir un país mejor, apoyándose en sus propias fuerzas.

El señor Oscar Arias no se ha cansado de repetir que Costa Rica puede convertirse en el primer país desarrollado de América Latina. Dicho así, pareciera una sana y noble intención. Pero si no se explica el cómo, es decir, los instrumentos, las acciones políticas y sociales junto a las profundas transformaciones que implica, sin definir los medios para realizar semejante propósito, la frase se convierte en una expresión demagógica y sin sentido.

Lo que ocurre es que cuando hablamos de crecimiento social, estamos enfrentados a dos visiones radicalmente distintas de apreciar el progreso de los pueblos. La primera, puesta en práctica por el dueño de esta casa, supone cederle a las fuerzas de capital internacional y a sus aliados locales, la prerrogativa de convertirse en la fuerza motriz y fundamental del crecimiento nacional. La segunda consiste en saber si nosotros mismos, sin despreciar la sana colaboración externa, podemos ser los amos y señores de la Patria y su futuro, si podemos, como hemos dicho antes, caminar con nuestros propios pies y pensar con nuestra propia cabeza.

La expresión más clara del primer método, consiste en el reiterado impulso que Oscar Arias le da al Tratado de Libre Comercio, por medio del cual se le entrega a las corporaciones trasnacionales, convertidas en medios e instrumentos de sus proyectos productivos o simplemente especulativos, las riquezas humanas y naturales de nuestra nación. Desde luego que se procura un interés local, por medio de una alianza entre las corporaciones y sus socios nacionales, esos mismos que hemos denominado como la nueva oligarquía y de la que Oscar Arias es uno de los más claros representantes.

Este proyecto, que coloca en un papel de franca subordinación al empresariado local, se pone también de manifiesto en la llamada ley de concesión de obra pública, que no sólo subordina sino que pone del lado a las iniciativas empresariales propias, para favorecer a corporaciones e intereses foráneos.

Se menosprecia de tal manera el aporte de la inteligencia y la iniciativa nacionales, que un asunto tan simple como la administración de un aeropuerto, queda en manos de grupos cuya procedencia y derechos contractuales resulta cada vez más oscura e indefinible. Otra tarea tan elemental como la revisión técnica de vehículos automotores, se le entrega una corporación extranjera, cuyos beneficios se reparten sin que nadie sepa como, mientras se dejan de lado a más de cien capacitados empresarios costarricenses, dueños de talleres.

Entretanto, las universidades gradúan decenas de técnicos, ingenieros, administradores y otros especialistas, dispuestos a tomar en sus manos, con sobrada capacidad y destreza, la dirección y el funcionamiento de los servicios más complejos por medio de empresas propias o de asociaciones cooperativas. Pero esos jóvenes están destinados a ser, dentro de la concepción arista, a lo sumo mano de obra bien remunerada, pero jamás empresarios o dueños.

Hoy mismo nos enteramos por la prensa de cómo el gobierno está a punto de liquidar, para dejar en manos de una trasnacional europea, la empresa de aviación Lufhansa, una de las empresas nacionales más exitosas y competitivas, de capital 100% costarricense, con una trayectoria admirable y con un sólido reconocimiento internacional, como es la cooperativa de servicios técnicos y mecánicos de aviación que todos conocemos bajo el nombre de COOPESA.

Esas son las dos concepciones del mundo y de Costa Rica en particular, que se encuentran enfrentadas. La discusión sobre el TLC y sus consecuencias no ha concluido, como algunos intentan hacernos creer. Estamos en medio de ella y no tenemos más remedio que colocarnos de uno u otro lado. No se trata de una posición maniquea, es decir, de blanco o negro, sino de la opción ante la que los hombres y las mujeres de nuestra generación estamos dramáticamente enfrentados: conservamos a Costa Rica en nuestras manos y decidimos su destino sin interferencias externas o permitimos que el dueño de esta casa y sus aliados, dispongan de ella y la conviertan en una factoría dónde habrán desaparecido los valores forjados en nuestra corta historia, junto a los atributos fundamentales de nuestra nacionalidad.


Leído ante la casa de Arias el lunes 7 de enero del 2008 a las ocho de la noche.


*El énfasis es nuestro

Caricatura: El Roto

Fuente: Argenpress



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Esta es la forma en que han lucrado con Alterra y planean hacerlo con el TLC

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(click sobre la imagen para verla más grande)


Alterra Partners (Becthel Corp) empresa que ha operado el aeropuerto Juan Santamaría, se ha negado a realizar las obras del aeropuerto Juan Santamaría alegando un desequilibrio financiero.

La Contraloría ha rechazado en 3 oportunidades la pretensión de esta empresa estadounidense de modificar el contrato original para aumentar sus ingresos.

La investigación de diversos expertos en la materia ha demostrado que Alterra ha pagado sobreprecios a sus propios socios por la contratación de la construción de obras y servicios, incurriendo en un incumplimiento del contrato y en un gasto millonario para el Estado.

La problemática de Alterra inició bajo la administración de Miguel Angel Rodríguez y con la complacencia del gobierno de Abel Pacheco y Oscar Arias se mantienen ganando sumas millonarias mensuales a pesar del evidente incumplimiento del contrato.

Comisiones investigadoras y diputados de oposición han denunciado que socios Alterra se ha valido de pagos de donaciones de campaña para mantenerse en la impunidad.

Se van a sorprender al ver los nombres que figuran como socios y miembros de la junta directiva de esta empresa.

El abuso y la corrupción tienen en el desconocimiento su mejor aliado.

Cada una de las informaciones fue investigada y corroborada por el Diputado Marvin Rojas de la actual Asamblea Legislativa


Fuente ANEP




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Acusan a telecistas de lucrar con el aeropuerto

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Acusan a promotores del TLC de haber lucrado en torno a la concesión del Juan Santamaría


  • La discusión sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) abrió el análisis sobre la posibilidad que de que empresas transnacionales como Alterra, concesionario del aeropuerto Juan Santamaría, traten de solucionar sus diferencias con el Estado costarricense en arbitrajes internacionales.


Los expertos han advertido que el TLC da el privilegio a las empresas extranjeras de recurrir a un arbitraje en lugar de agotar las instancias judiciales costarricenses. Diputados como Marvin Rojas del PAC y José Merino del Frente Amplio advirtieron que todo apunta a que Alterra, concesionaria del aeropuerto Juan Santamaría, sería una de las primeras empresas en plantear un arbitraje contra el Estado.

El diputado del PAC Marvin Rojas denunció que tras la concesión de Alterra un grupo de políticos empresarios han lucrado con este contrato, drenando recursos al Estado., y entre ellos están promotores del TLC y financistas de la campaña del presidente Oscar Arias.

"Alterra ha pagado sobreprecios a sus propios socios en la subcontratación de las obras de modernización del aeropuerto Juan Santamaría ocasionando un desequilibrio financiero del proyecto. Hoy encontramos otra evidencia más de que tras el contrato con Alterra se tejió una gran red de personas con intereses económicos que han lucrado en detrimento del Estado", afirmó Rojas


"SI al TLC"

El diputado del PAC denunció que la empresa CSS INTERNACIONAL, que contrató Alterra para brindar la seguridad al Aeropuerto Juan Santamaría, refleja este nudo de intereses creados en torno a la concesión del Aeropuerto.

En esta compañía figuran Alfredo Volio, gerente de la campaña del "Si al TLC" y José Rossi, tesorero de ese movimiento a favor del tratado. Ambos también fueron también financistas de la campaña presidencial de Oscar Arias y miembros de Arias presidente S.A, sociedad que administró los fondos de la campaña del PLN.

"El ex ministro de Agricultura Alfredo Volio fue el tesorero de CSS Internacional hasta octubre del 2006, como consta en documentos oficiales del Registro Público. Este acto es contrario al artículo 18 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que establece expresamente que un ministro no puede ser parte de una Junta Directiva de una empresa, mucho menos si ésta tiene un contrato o recibe ingresos del Estado", dijo Rojas.

El ex ministro de Agricultura y actual gerente de la campaña del Si dijo a la prensa que renunció a este puesto en CSS Internacional desde 28 marzo del 2006 y entregó a la prensa una carta de renuncia.

"Esto es in insulto a la inteligencia, esta carta no tiene sello de recibido, ni membrete ni un acta notarial que respalde su autenticidad, creo que la respuesta del ex ministro es una falta de respeto", replicó el diputado opositor.

El acto de renuncia de Volio se tramitó ante el Registro Público el 19 de octubre del 2006 y quedó en firme el 14 de noviembre de ese año, es decir 5 meses después de haber asumido el puesto al frente del MAG, según consta en los documentos del Registro.


Alterra ¿negocio de quienes?

La denuncia dejó en evidencia que el actual presidente de la empresa contratada para brindar la seguridad al aeropuerto es José Rossi, nombrado hace pocos días tesorero de la campaña "del SI". Rossi a su vez fue socio fundador de Alterra Partners en el momento en que recibió la concesión del aeropuerto.

Rossi, que fue ministro de Comercio Exterior durante la administración Figueres Olsen, también fue compañero de Volio en la administración de los fondos de la campaña del presidente Oscar Arias en la sociedad Arias Presidente S.A.

Otra participante del negocio de la seguridad del aeropuerto fue la actual Directora Ejecutiva de Alterra, Mónica Nagel. Ella fue vocal de la empresa contratada por Alterra hasta el 9 de junio del 2004.

"No me gustaría escuchar excusas o absurdas casualidades, pero el secretario de esta sociedad fue el abogado Francisco Chacón González. Chacón fue el autor de la figura de Gestión Interesada, que abrió el camino para concesionar un aeropuerto, ya que la constitución lo prohíbe, ahora vemos que también es parte del negocio", dijo el Diputado Marvin Rojas.

Francisco Chacón es el esposo de Anabelle González, ex jefa negociadora del TLC con Estados Unidos. Además, fue el viceministro de José Rossi en el Ministerio de Comercio Exterior durante el gobierno de Figueres Olsen. En esa administración se nombró a Anabelle González como directora de Negociaciones Comerciales del COMEX.

"Tampoco me sorprende ver a Mónica Nagel y Francisco Chacón juntos haciendo negocios con Alterra a costa del Estado. Recordemos que Francisco Chacón es el representante de la empresa MTC, firma que pretendía construir la Cárcel de Pococí y hoy está demandando al Estado. En esa época la ministra de Justicia que adjudicó ese construcción fue Mónica Nagel", recordó el legislador del PAC.

Cabe recordar también que Mónica Nagel fue nombrada por el ministerio de Comercio Exterior como parte de la lista de árbitros en el caso de disputas comerciales con Centroamérica. Nágel Fue destituida como Árbitro junto a Francisco Chacón a final de la administración Pacheco, por el ministro Manuel González, con el fin de democratizar la lista árbitros que había sido acaparada por abogados afines a Anabelle González y a los ex ministros del COMEX Tomás Dueñas y Alberto Trejos.

"No me extraña que al estar involucradas todas estas personas, Alterra siga el ejemplo de MTC y demande al Estado y acuda a un arbitraje en caso que se apruebe el TLC", Afirmó Rojas.

El diputado del Frente Amplio, José Merino, advirtió en el plenario desde marzo pasado sobre el riesgo que enfranta el país con Alterra: "...decía don Juan José Sobrado que probablemente Alterra, estaba esperando una posible ratificación del Tratado de Libre

Comercio, porque ya en esas circunstancias el que podría acusar no sería el Estado, sino que Alterra podría ir al Tribunal de Arbitraje Obligatorio que crea el TLC, para acusar al Estado en el caso de que se le tratara de rescindir el contrato y pedir una determinada indemnización."


fuente Informa-tico.com

Nota: La negrita es nuestra




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