El tiro por la culata

Por Freddy Pacheco León
frepaleon@gmail.com

Cuando escuchamos los lamentos de SARDIMAR ante la pérdida parcial de su mercado costarricense, absoluto y casi monopolístico, ante la competencia que representa el atún enlatado proveniente de El Salvador (socio de Costa Rica y de los EEUU en el TLC) no quisiéramos alegrarnos por la desdicha de otros… pero la verdad no podemos evitarlo.

El siguiente artículo, que escribiéramos en noviembre del 2005 cuando se iniciaba el desigual debate acerca de un amenazante TLC, analizábamos lo que le esperaba a la riqueza pesquera más importante de Costa Rica. Para entonces, los desmentidos y los insultos usuales fueron la respuesta, pues los que manejan la industria enlatadora del atún costarricense solo veían en el horizonte los beneficios que, según esos co-negociadores del TLC, traería el impopular tratado comercial.

Hoy, claman por apoyo popular y hasta “patriótico” en contra del atún Calvo que los españoles envían desde el país centroamericano. ¡Quién lo iba a pensar!

En fin, para una mejor comprensión de lo que ahora está sucediendo, muy cordialmente invitamos a leer el siguiente artículo que, pese a haber sido escrito hace más de tres años, no solo es de innegable actualidad sino que ayuda a tener una mejor visión de lo que se vislumbra como un gran conflicto provocado por el TLC.


Foto: Oscar Arias y Carlos Ricardo Benavides (Ministro de Turismo) en Sardimar.

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¿Sardimar quería TLC?

• Grupo Calvo y Sardimar se enfrentan por interpretaciones sobre beneficios del tratado a zona franca.
  

• Precisamente lo que sufren los pequeños pescadores con Sardimar, lo sufrirá esta empresa con las transnacionales.

• En muchas partes del país los y las trabajadoras fueron amenazadas con el despido si no votaban por el TLC.

Por Unidad de Formación, Información y Comunicación UFIC-ANEP

Mercado atunero revuelto por Cafta

El conflicto entre dos atuneras que disputan el mercado costarricense le ayudará a entender cómo funciona el Cafta en la práctica, sus ventajas, contradicciones y la coexistencia con otros tratados internacionales.

En resumen, la historia es esta: Una empresa nacional consiguió mejores condiciones para exportar a Estados Unidos. Todo iba bien hasta que ese mismo tratado abrió las puertas a mayores importaciones de su principal competidor en Centroamérica, amparadas a las disposiciones del tratado.

Sin embargo, el mismo acuerdo contempla mecanismos para defender a esa producción local cuando demuestre que las importaciones reciben subsidios, considerados prohibidos a nivel internacional.


Lo que es bueno para el ganso...

Los protagonistas de esta historia son Sardimar, empresa costarricense que opera en Puntarenas, y Grupo Calvo, compañía española con una planta ubicada en zona franca de El Salvador, desde la cual exporta hacia Costa Rica a partir del 2005.

Sardimar, una de las más acérrimas defensoras del Cafta, objeta que desde enero el Grupo Calvo importa latas de atún desde El Salvador a Costa Rica sin pagar aranceles.

Grupo Calvo sostiene que ellos solo se amparan en un beneficio arancelario que les da el propio tratado.

Antes de enero del 2009, cualquier importación desde un régimen especial, como zona franca, debía pagar aranceles según el Tratado General de Integración Centroamericana.

Con la entrada en vigencia del Cafta, la situación cambió, o más bien, se abrió una alternativa basada en la aplicación multilateral del tratado, según la cual los beneficios se aplican no solo de Centroamérica a Estados Unidos, sino entre los mismos centroamericanos o de estos a República Dominicana y viceversa.

Al menos esta es la interpretación del Ministerio de Comercio Exterior, y fue analizado así por la exjefa de negociación de este acuerdo, Anabel González, en el libroEstudios jurídicos sobre el TLC (2005).

El ministro Marco Vinicio Ruiz confirmó que ahora el importador o exportador puede escoger con cuál tratado comercia en la región, según el monto del arancel que mejor le convenga.

Amparados en esta disposición del Comex, el Grupo Calvo escogió importar bajo Cafta y así dejó de pagar el 15% de arancel por sus importaciones a partir de enero de este año.

Ahora paga cero arancel para importar atún en aceite y 2,2% en agua, que se desgrava con los años.

Del 2006 al 2008, Calvo tuvo que cancelar a regañadientes un monto de $1,3 millones por concepto de aranceles.

La firma cuestiona esta disposición pues asegura que en el Tratado de Integración no existe una norma expresa que impida el libre comercio a las mercancías de zona franca, en el tanto cumplan con la norma de origen.

Aún así, desde que Calvo entró al mercado costarricense lo hizo con tanta agresividad que agitó las aguas de sus competidores, en especial las de Sardimar.

Víctor Pérez, director comercial de Calvo, confirmó que las ventas crecieron de $1,2 millones a $6,5 millones en dos años.

Pérez asegura que la estructura de costos, economías de escala, tener flota de barcos propia, operar sin intermediarios en Costa Rica y ahora importar con aranceles de cero ó 3% les facilita una estrategia de precios competitivos. Para él, los subsidios no son relevantes para competir ni explican las ventajas de la empresa, que emplea a 1.500 personas, 90% mujeres.

Así han abarcado cada vez más porción del mercado. Datos de la empresa de estudios de mercado Nielsen, citados por Calvo, indican que entre junio y julio del 2008 Sardimar era la marca líder con el 35% del mercado y Calvo tenía un 7,2%. Calvo estimaba, al cierre de la pasada Semana Santa, que ahora tiene entre el 8 y 10%.

Hasta ahora, los subsidios los someten a un conflicto comercial pues en el resto de países de la región donde exportan no deben pagar aranceles a pesar de que sus bienes provienen de zona franca.


Una norma, varias versiones

Este caso también explica cómo un tratado multilateral debe convivir con otros tratados regionales, lo cual siempre dará lugar a discusiones sobre su correcta interpretación.

El abogado de Sardimar, Francisco Chacón, sostiene que el punto de la discrepancia con Comex es si esa multilateralidad, como quedó plasmada en Cafta, implica derogar el artículo 11 del Tratado de Integración Económica, según el cual ningún país podrá exportar a un mercado de la región con subsidios a la exportación.

Chacón fue viceministro de Comercio Exterior y está casado con Anabel González, exjefa de negociación del Cafta.

El abogado sostiene que los instrumentos de integración prevalecen en Cafta, razón por la cual las mercancías de zona franca deberían pagar aranceles.

El Comex admite que ambos regímenes de preferencias comerciales coexisten, pero el importador o exportador elige bajo cuál de los dos desea ingresar su producto a un país.

“A ese producto se le aplicarán las reglas del régimen que se escoja, y no las del régimen que no se escoja”, aclaró el ministro Ruiz.

En vista de que no lograron convencer al Comex, Sardimar optó por denunciar al Grupo Calvo ante la Unidad de Prácticas de Comercio Desleales del Ministerio de Economía, una gestión que está pendiente de trámite.

El gerente general de Sardimar, Tomás Gilmore, aseguró que su denuncia tiene mucho potencial de ganar.

“Está claro el subsidio. Esta empresa opera en una zona franca de El Salvador, no pagan impuesto de renta, no pagan aranceles por importaciones de materias primas en insumos y tampoco impuestos municipales y ahora con Cafta encontraron este portillo para no pagar aranceles”, dijo Gilmore.

Si el Ministerio de Economía comprueba el subsidio, podría establecer un arancel adicional a Calvo para compensar a Sardimar el supuesto daño provocado.

El caso Sardimar-Calvo también demuestra cómo durante la negociación del Cafta las empresas se concentraron en conseguir mejor acceso a Estados Unidos, en lugar de valorar en toda su dimensión los alcances generales de esa multilateralidad, una norma compleja y sujeta a diversas interpretaciones.

Gilmore dijo que al apoyar el Cafta estaban conscientes de que uno de los impactos sería abrir las puertas al ingreso del atún de otros países en mejores condiciones, como las que ellos disfrutan hoy en Estados Unidos, donde esperan crecer un 102% este año en ventas a raíz de los beneficios del tratado.

“Acá el problema es el subsidio. Si operaran igual que nosotros sería una competencia justa”, enfatizó.


Fuente ANEP

Foto Ronny Soto


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La reforma a la Ley de Marinas, el caso Harken y el TLC

Por José María Villalta Floréz Estrada

Hoy en día la aprobación previa de una evaluación de impacto ambiental (EIA) es una condición ineludible para que sujetos privados puedan obtener concesiones para la construcción y operación de marinas turísticas.

Pero en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley de reforma a la Ley de Marinas (14.836) que, entre otros cambios dirigidos a debilitar controles ambientales existentes, establece que primero se otorgarán derechos adquiridos a particulares sobre nuestras playas y el mar territorial (bienes de dominio público) y después se les pedirá demostrar la viabilidad ambiental de sus proyectos de marinas.

Los promotores de esta genialidad afirman que su objetivo es que los inversionistas "se sientan más seguros jurídicamente" ya que les facilita promocionar la venta de sus servicios, gestionar préstamos y hasta iniciar planos. También nos dicen que es un cambio "inofensivo", porque si las EIAs son rechazadas por SETENA, las concesiones serán dejadas "sin efecto."

Lo que no nos dicen es que se trata de una reforma inconstitucional, pues en reiteradas ocasiones la Sala IV ha dicho que esta idea de exigir "los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto el contrato una vez suscrito crea derechos en favor del interesado." (Votos Nº 6240-93, 2001-4245, 2002-1221 y 2004-13414)

Tampoco nos dicen que esta "concesión temporal" es la misma que se había incluido en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y que la Sala anuló por las razones apuntadas. Al igual que el proyecto de marinas, esa norma también "condicionaba" las concesiones petroleras a la aprobación posterior de la EIA.

Desde 1993 se había advertido sobre la inconstitucionalidad de dar derechos a las trasnacionales sobre bienes de todos los y las costarricenses antes de que hayan probado que lo que quieren hacer con ellos no dañará el ambiente.

Pero los diputados igual aprobaron la Ley de Hidrocarburos con ese defecto, lo que permitió que en 1999 el Gobierno le diera una concesión a la trasnacional Harken para explorar y explotar petróleo en el Caribe, a pesar de que nunca demostró la viabilidad ambiental de su proyecto.

Esto provocó un conflicto social de gigantescas proporciones que se agravó en 2002 cuando la SETENA rechazó el EIA presentado por Harken. Como era de esperar, la empresa presentó demandas multimillonarias contra el Estado costarricense por haber violado sus "derechos legítimos derivados del Contrato de Concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos."

Este conflicto podría haberse evitado si la Asamblea hubiera escuchado. Pero hoy como ayer, los promotores del "proyecto de marinas", no aprenden de los errores del pasado.

En carta enviada a los diputados cientos de vecinos del Comité Unido por Talamanca advierten sobre los beneficios indebidos que la reforma traerá para los inversionistas que pretenden construir una mega-marina frente a las hermosas playas de Puerto Viejo: "al tener ya una concesión cuentan con un arma poderos para presentar millonarias demandas contra el país, alegando que se les está afectando sus derechos adquiridos si con posterioridad esa concesión es revocada." ¿Y los diputados? Oídos sordos.

Lo más grave es que esta reforma va de la mano con el TLC. Perfectamente podríamos incluirla en la agenda de implementación.

La petrolera Harken había intentado demandar a Costa Rica por 57 mil millones de dólares ante los tribunales privados internacionales del Banco Mundial. Pero como el TLC no estaba aprobado, no pudo obligarnos a ir a estos juicios desiguales donde Mr. Zoellick nombra los jueces. Ahora las trasnacionales de las marinas sí podrán, cada vez que nuestras autoridades no den viabilidad ambiental "express" a sus proyectos.

Con la ley actual los inversionistas que carecen de proyectos viables en lo ambiental, solo tienen una "expectativa de derecho". En cambio, ahora podrán decir que se les están "expropiando" sus derechos consolidados, si la SETENA rechaza tales proyectos. Y tendrán mejores condiciones para "torcerle el brazo" a las autoridades locales ¿Cómo les van a declarar los proyectos inviables si ya gestionaron préstamos millonarios?

La participación de la gente afectada también quedará diezmada, porque las audiencias públicas serán cuando ya se dieron los derechos a los transnacionales. Es decir, sigue la guerra contra la naturaleza y las comunidades. ¿Cuánto más vamos a aguantar?


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Caos en Talamanca

Por Anacristina Rossi

Hay personas que por demasiado bellas jalan el caos. Igual le pasa a Talamanca.

Cuando se declaró el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo para salvar de un destino guanacasteco su costa, los inversionistas -que ya soñaban con los miles de dólares que les traería la venta de lotes en esas playas prístinas y mar transparente- intentaron derogarlo, pero fallaron.

Entonces se declararon desarrolladores ecologistas y así disfrazados fueron a pedirle al Ministerio de Vivienda que segregara la playa del Refugio. El Ministerio de Vivienda les dijo que no. Otros inversionistas pidieron permiso al MINAE para hacer hotelitos, pero aprovecharon para hacer lo que les dio la gana. Y aún otros desarrollaron proyectos grandes sin ningún permiso.

Ante eso, varias vecinas pusieron el grito en el cielo y ganaron recursos de amparo. Entonces los falsos ecologistas encontraron la idea brillante de segregar la zona marítimo terrestre bajo cubierta de un Plan de Manejo aparentemente “científico” y aprobado por comunidades que nunca entendieron de qué se trataba.

Cuando las vecinas vieron que el Plan de Manejo escondía la tamarindización del principal recurso ecológico del Refugio: la playa y el mar, lo denunciaron. A una la amenazaron de muerte y calló. Pero dos grupos siguieron.

Uno puso una acción ante la Sala Cuarta y la ganó, y el Plan de Manejo al día de hoy y para siempre será inconstitucional, mientras no haya un estudio de capacidad de carga. Eso significa que científicos serios deben determinar cuánta gente aguanta la zona costera sin dañarse. Pero todos sabemos que ese estudio no se hará porque a los inversionistas no les conviene.

El otro grupo, de mujeres, inició una demanda ante el Ministerio Público que en estos días se está elevando a juicio y que pidió, como medida cautelar, suspender todas las actividades de desarrollo en la franja costera. La suspensión no se acató.

Finalmente, como si nada de esto estuviera pasando, los actuales Ministro del Ambiente y Presidente de la República salieron con el decreto 34043 que finalmente segrega la zona costera y la entrega a la municipalidad y a los inversionistas.

Es como si el Ministro y el Presidente quisieran borrar al MINAE como autoridad de conservación. Y aparentemente ha empezado una cacería de brujas para eliminar a los altos funcionarios del Área Amistad Caribe que se oponen al decreto 34043.

Ligado con todo esto viene el proyecto de una Marina, destructiva y urbana como cualquiera.

Moraleja: Los que le dicen al mundo “Paz con la Naturaleza”, pero en su propio país le declaran la guerra saltándose mandatos constitucionales y legales, se quedan sin voz.

Fuente DiarioExtra.com
Suplemento Página Abierta

Foto BBC


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Ecologistas clausuran SETENA el día del ambiente

• "Para qué el Minae y Setena si permiten y promueven la destrucción ambiental" sostienen

• Denuncian falta de compromiso de autoridades con el ambiente e incapacidad de las instituciones de cumplir con su deber

• Exigen detener toda práctica nociva para declararle verdaderamente la paz a la naturaleza

En la madrugada del día mundial del medio ambiente un grupo no identificado de ecologistas clausuró simbólicamente la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) ya que, según dijeron, "estas instituciones en vez de velar por el ambiente y su gente parece que están contra la naturaleza".

El grupo de manifestantes sostuvo que "queremos llamar la atención de la opinión pública sobre la contradicción existente entre el discurso oficial de las autoridades y la falta de política nacional para mitigar los efectos del grave deterioro que sufre el ambiente en suelo nacional".

Diversos grupos ecologistas del país han denunciado lo que consideran atentados contra la naturaleza. Según varios comunicados de diversas organizaciones "existen frentes de lucha en Térraba con el proyecto hidroeléctrico que inundaría gran parte del territorio indígena Brunca; Barva de Heredia y el impacto que sufren los acuíferos de la zona por diversos proyectos de turismo e inmobiliarios; costas del pacífico y atlántico con un aumento desmedido de proyectos de marinas que atentan contra la vida marina y el paisaje costero; en Guatuso, San Carlos y Buenos Aires los monocultivos de piñas que con sus altas dosis de agroquímicos contaminan las aguas de varias comunidades.

De entre todas las amenazas hicieron un especial hincapié en el reinicio de actividades de la minería en Costa Rica gracias a decretos ejecutivos firmados por un ministro que "parece ser más contra el ambiente que de ambiente" aseguraron.

Los manifestantes subrayaron que "aunque en estas instancias gubernamentales aún trabaja gente que cree en la defensa del ambiente y la vida humana las dirigencias responden únicamente a la lógica del mercado y del dinero, en detrimento de la vida" y agregaron que "para qué el MINAE si con las empresas contaminantes tenemos suficiente".

Mauricio Álvarez, vocero de la Federación Ecologista dijo que "es lógico que la gente crea que son instituciones que no colaboran en la defensa ambiental si sus autoridades permiten que las piñeras sigan contaminando o que eliminan decretos de moratoria contra una de las industrias más contaminantes del mundo como la minería de oro a cielo abierto".

Por otro lado, científicos, catedráticos y analistas coinciden en que el programa "Paz para la naturaleza" parece haberse convertido en guerra a la naturaleza, provocando un estado de impacto que debe revertirse de inmediato, aseguraron.

Además de "clausurar" SETENA con cadenas desde muy temprano en la mañana, repartieron volantes y colocaron mantas alusivas a los problemas ambientales que según los ecologistas aquejan al país.


Fotos en alta resolución disponibles en http://www.radiodignidad.org/accion5junio

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Un doctor ambientalmente analfabeto

Por Marco Tulio Araya

Cuando alguien no puede descifrar las letras se le llama analfabeto y en no pocas ocasiones es motivo de escarnio porque no puede leer un rótulo o una carta. Esa deficiencia en la formación le hace la vida difícil en un mundo de personas alfabetizadas.

Si los efectos del analfabetismo se quedan en la esfera individual o familiar el problema no es tanto pero si el analfabeto tiene poder y toma decisiones como ha ocurrido con no pocos dictadores en nuestra América Latina, entonces si que se agrava la situación y afecta a toda la sociedad porque el analfabeto impone y aplica su visión de mundo "iletrado" a las personas que tienen un panorama más amplio.

El caso se vuelve crítico cuando el analfabeto que impone y tiene poder ignora que lo es y con arrogancia exhibe por el mundo el título de doctor o las medallas más altas de la clase militar.

El analfabetismo en su concepción más amplia toca otras áreas que no tienen que ver con las letras. Por ejemplo, alguien puede saber leer y escribir pero es analfabeto en computación. También está el que sabe leer, escribir y maneja un carro pero irrespeta las señales de tránsito, ese es un analfabeto funcional porque de nada le sirve su formación para la vida.

En Costa Rica tenemos un caso crítico de un doctor que es analfabeto en asuntos ambientales y lo grave es que tiene poder. El doctor Oscar Arias es en este momento el mayor analfabeta de Costa Rica en asuntos ambientales y se lleva el premio del mayor porque tiene el poder, el segundo es irónicamente el Ministro del Ambiente y energía Roberto Dobles, porque comparte el poder y lo trata de imponer.

Después de ellos existen una gran cantidad de doctores, masters, licenciados, bachilleres que también son analfabetos ambientalmente porque desconocen el funcionamiento de la naturaleza o de un ecosistema. Lo escalofriante es que son los encargados de preparar leyes y aprobar proyectos y las hacen basados más en el poder que en el conocimiento.

Veamos dos ejemplos de analfabetismo ambiental:

El más reciente fue aprobar la explotación minera a cielo abierto en Crucitas de Cutris, que utilizará explosivos para aflojar la roca dura a 80 metros y más de la superficie y la lixiviará con cianuro, en una zona de alta precipitación y gran biodiversidad a pocos kilómetros de un extenso Parque Nacional como es el Indio Maíz y del depósito de agua dulce más grande de Centroamérica como es el rio San Juan.

Con solo conocer las tres primeras letras (el abc) de las empresas contaminantes cualquier persona (alfabetizada en asuntos ambientales) rechazaría este tipo de industria minera porque en todos los lugares donde operan solo desastres ambientales y sociales han dejado.

El otro ejemplo, también recientes, es la propuesta en el Proyecto del Recurso Hídrico de eliminar las sanciones penales existentes en la legislación vigente para quién destruya el bosque y realice construcciones ilegales en las áreas de recarga acuífera y demás áreas de protección. Esto significa desconocer las tres primeras letras (abc) del funcionamiento de las únicas fábricas de agua dulce que hay en la naturaleza.

Aparte de estos dos ejemplos hay muchísimos otros donde se demuestra la absoluta ignorancia en temas ambientales de las y los que ostentan el poder.

Posiblemente muchos líderes mundiales, personalidades y presidentes de países amigos de Costa Rica donde han prohibido la minería metálica por desastrosa, se estarán preguntando ¿qué le estará pasando al Doctor Oscar Arias que está permitiendo la explotación minera en un país tan lindo y verde como Costa Rica? ¿Cómo es posible que el Doctor Arias se contradiga impulsando la reforestación pero quiera desproteger la producción de agua que es el recurso más preciado que tiene Costa Rica?

Muchos de nuestros campesinos y campesinas eran y son analfabetos porque desconocen las letras pero son más que doctores, son sabios en materia ambiental, ellos y ellas deberían ser llamados como asesores del actual presidente que es un doctor, ambientalmente analfabeto.

23 Mayo 2008

El énfasis es nuestro

Más información:

fueradecrucitas

ANDA

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Minería=Muerte

(clic a la imagen para verla más grande)



No permitamos la minería a cielo abierto


Miércoles 14 de mayo

5:oo p.m

En FECON
(50 este de UNED, Sabanilla)

Informes:
Tel: 22-83-50-46 ó 22 -83-61-28
info@feconcr.org

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Minería atenta contra la Paz

• Gobierno elimina moratoria minera y abre la puerta para mayor destrucción

• Ecologistas denuncian que minera en Zona Norte no tiene todos los permisos

• Levantamiento de moratoria se da justo después de otra empresa minera abandona el lugar dejando un desastre ambiental

El reciente anuncio del MINAE de levantar el decreto de moratoria a la minería ya había sido anunciado varios meses antes por la propia empresa en internet. El gobierno eliminó el decreto el 22 de abril, día de la tierra, y fue realizado apenas dos meses después de que SETENA había aprobado un addendum al proyecto.

"El cambio que le hicieron al proyecto no fue un cambio menor" indicó Heidy Murillo, activista de la zona norte y presidenta de la Federación Ecologista. "Pasaron de 120 a 50 , pero la profundidad también la cambian de 15 a 75 metros, esto ameritaba más que un addendum".

Asimismo, ecologistas de la zona norte anunciaron que el anuncio de inicio de operaciones que hizo la empresa recientemente es ilusorio. Según el abogado y presidente de UNOVIDA, Edgardo Araya "Lo que no dijeron es que la empresa aun no cuenta con todos los permisos necesarios para poder construir la mina y por ende no es posible asegurar que iniciará operaciones en el año 2009".

Por su parte, Mauricio Alvarez, vocero de la Federación Ecologista aclaró que "ellos podrían asegurarlo solo si ya saben de antemano que esos permisos se darán. Así como lo hicieron con el levantamiento de la moratoria, que meses antes ya lo habían anunciado en su sitio en internet".

"Debemos preguntarnos quién está detrás de estos intereses. Quiénes tienen participación empresarial a nivel local como para tener la información de lo que hará el gobierno con meses de antelación" se cuestionó Heidy Murillo.

El futuro de la mina de Crucitas operada por Industrias Infinito, subsidiaria de Vanessa Ventures de Canadá, es todavía incierto. Aunque han logrado avanzar en algunos trámites como la obtención de una nueva concesión de explotación y la viabilidad ambiental al addendum de su proyecto, todavía le falta conseguir el permiso de funcionamiento para la planta de procesamiento de oro que otorga el Ministerio de Salud y el permiso de cambio de uso del suelo a cargo del SINAC para poder talar bosques.

Mauricio Alvarez, fustigó, asimismo, el hecho de continuar con un proyecto llamado Paz con la naturaleza si "el ministro parece más bien un ministro contra el ambiente" y agregó que "han vaciado de contenido la propuesta original de paz con la naturaleza.

Con estas decisiones tiran por la borda el modelo de desarrollo que se venia apostando: proteger la naturaleza para tener ingresos más sostenibles del turismo y desterrar actividades como las industrias extractivas como la minería y el petróleo".

Los ecologistas han anunciado una campaña frontal en contra de esta decisión del gobierno y ya se han organizado en varias comisiones que para asumir una campaña en todas sus dimensiones ya que según ellos "no existe minería sostenible.

No existe un ecosistema o una comunidad en todo el planeta que se haya beneficiado o mejorado con la minería. Lo que sí existe es la evidencia científica de los impactos ambientales y sociales de esta nociva actividad".

Más información:

Minería a cielo abierto en la cuenca del río San Juan

Alerta roja por la mina de Bellavista, Miramar

Temen catástrofe ambiental por deslizamiento de mina

¿Cerrada mina en Miramar y Crucitas?

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Petróleo y paz

Por Freddy Pacheco*
frepaleon@gmail.com

Poco a poco va quedando atrás la “Paz con la Naturaleza”, como la concibiera el presidente Abel Pacheco hace seis años en reunión ambiental de la ONU en Sudáfrica. Iniciativa que, según su creador, se sustentaba en tres premisas: ¡no a la minería a cielo abierto, no a la explotación petrolera y no al comercio de transgénicos!

La nueva paz, lejos mantener su oposición a esas tres actividades que representan una declaración de guerra a la naturaleza, más bien propone la declaratoria de salvaguardas light para la extracción minera y petrolera, cual si con ello se eliminara su amenaza ambiental.

Así se ha propuesto y así se discute al interior de la subcomisión de notables, sin que los detalles de esta renovada iniciativa se compartan con la sociedad civil que, sin tener notables, quizá podría al menos aportar opiniones que, en la de menos, ayudarían a salir adelante un proyecto que ha perdido su rumbo.

De esta manera, a más de un año de su relanzamiento teatral (con don Abel como el gran ausente) los nuevos estrategas han pretendido buscar financiamiento desde fuentes tan diversas como The Linden Trust for Conservation, pasando por la poco inocente y muy sospechosa Conservation International (CI), hasta el magnate de la telefonía, la minería y muchas otras actividades lucrativas, el mexicano Carlos Slim. Los $300 millones que se esperan recaudar y colocar en una cuenta “en Bahamas…” (dicen los documentos) no están a la vuelta de la esquina.

Y es que esta paz con la naturaleza tendría tal componente mundial que ha llevado a considerar su lanzamiento en Europa, donde nuestro Presidente le anunciaría al planeta que Costa Rica, o más bien, él, se prepara a encabezar el esfuerzo supremo por salvar al mundo de su destrucción. Por detener la extinción diaria de un centenar de especies animales y vegetales; por acabar con la tala, también diaria, de 50 mil kilómetros cuadrados de bosques; por salvar a los niños que, a causa del agua contaminada, mueren cada ocho segundos.

El decreto ejecutivo con que se eliminó la moratoria en la minería a cielo abierto, sin importar el desastre de la mina de oro en Miramar, es parte de la nueva “estrategia” gubernamental. Como lo es también, la negativa a derogar el oscuro decreto que nos heredara el ministro de Ambiente René Castro, con el cual se eliminaron del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos todos los requisitos ambientales que tenían que cumplir las corporaciones antes de firmar los contratos de explotación petrolera.

Decreto que permitió la firma del contrato con el presidente Miguel Ángel Rodríguez, sin haberse aprobado el estudio de impacto ambiental y que llevó eventualmente a la empresa Harken a amenazar al Estado costarricense con una demanda por $57 mil millones.

Sentimos que el Gobierno de don Óscar Arias le está zafando la tabla a los amigos comunes que alguna vez creyeron que la iniciativa “Paz con la Naturaleza” podría ser una realidad. Los hechos, más importantes que las promesas y las buenas intenciones, así lo indican. ¡Lástima!

* Catedrático UNA

Fuente La Prensa Libre

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Minería a cielo abierto en la cuenca del Río San Juan

Pronunciamiento binacional proyecto minero crucitas en la cuenca del río San Juan

Nosotros, representantes del Centro Humboldt, FUNDACION DEL RÍO, Unión Norte por la Vida-UNOVIDA y el Frente Norte de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto, reunidos en San Carlos, Río San Juan, Nicaragua, miembros de la Alianza Centroamericana contra la Minería Metálica,

POR CUANTO:

I. El gobierno del presidente Óscar Arias Sánchez ha dado señas inequívocas de su decisión de otorgar el permiso de explotación minera de oro a cielo abierto en Crucitas de Cutris, San Carlos, Costa Rica y de DEROGAR LA MORATORIA INDEFINIDA DE LA MINERÍA DE ORO A CIELO ABIERTO que existe en el país desde el año 2002, establecida por el anterior presidente Abel Pacheco de la Espriella.

II. El mencionado proyecto minero se ubica a escasos tres kilómetros del río San Juan, por lo que se inscribe dentro de los corredores biológicos fronterizos El Castillo-San Juan-La Selva, en el corazón de las Reservas de la Biosfera Río San Juan-Nicaragua y la Biosfera Agua y Paz en Costa Rica.

III.El proceso legal-administrativo de oposición al mencionado proyecto se encuentra prácticamente concluido, a pesar de los múltiples cuestionamientos técnicos y jurídicos que han sido planteados por la sociedad civil costarricense.

CONSIDERANDO:

I. Que los gobiernos de las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica suscribieron el 14 de marzo del 2008 el acta de la VI Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua-Costa Rica sobre Medio Ambiente y Desarrollo Turístico de las zonas fronterizas.

II. Que en dicha acta, se deja clara la voluntad política de ambos países de fortalecer y desarrollar mecanismos para el establecimiento y funcionamiento de corredores biológicos entre las Reservas de Biosferas de las zonas fronterizas de ambos países, para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en dichas zonas

.III.Que inscrito en lo anterior, ambos países han decidido integrar un Equipo Técnico Binacional para la definición de mecanismos que establezcan las prioridades ambientales y su seguimiento.

IV. Que también los diputados centroamericanos en su reunión en Antigua, Guatemala, el 28 de marzo del 2008, han declarado velar por el cumplimiento de que sus Estados reduzcan sus emisiones y conserven e incrementen la cobertura forestal.

V. Que los mencionados diputados se han comprometido para velar por la preservación permanente de la biodiversidad y el fortalecimiento de las instituciones responsables de la gestión forestal sustentable.

VI.Que las entidades públicas y privadas organizadas en las áreas fronterizas, suscribieron la Carta de los Ríos el 17 de abril del 2008, en la que se demanda y se recomienda a las autoridades de Nicaragua y Costa Rica que se promuevan actividades productivas, coherentes con el desarrollo sostenible en el territorio fronterizo y PROHIBIR ACTIVIDADES ALTAMENTE DEGRADANTES A NIVEL AMBIENTAL COMO SOCIAL, EN PARTICULAR LA EXPANSIÒN DE LOS MONOCULTIVOS Y DE LA MINERÍA DE ORO A CIELO ABIERTO.

VII.Que estamos convencidos de que para mantener la armonía, la paz, y la convivencia de los territorios fronterizos, los Estados deben hacer uso del principio precautorio en materia ambiental y asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones no causen daños a su diversidad biológica, tal y como lo ordena el Convenio Centroamericano de Biodiversidad, firmado por los presidentes centroamericanos en el año de 1992.

POR TANTO:

I. ALERTAMOS a la comunidad internacional y donantes de Nicaragua y Costa Rica sobre el peligro real que representa para la biodiversidad y el recurso hídrico de la gran cuenca del río San Juan y la fijación de carbono para el planeta, el inicio y desarrollo del proyecto minero Crucitas, que pretende llevar adelante la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Venture, en Cutris de San Carlos, Costa Rica.

II. LLAMAMOS A LA ORGANIZACIÒN Y MOVILIZACIÓN CIUDADANA NACIONAL Y REGIONAL como un medio fundamental de impedir este acto de terrorismo ambiental

III.DENUNCIAMOS LA INCOHERENCIA Y EL DOBLE DISCURSO de los gobiernos nacionales de Costa Rica y Nicaragua que por una parte suscriben convenios y acuerdos centroamericanos en materia de conservación de la biodiversidad y el medio ambiente y por otro lado otorgan licencias y concesiones de actividades de empresas transnacionales que destruyen la naturaleza que estos gobiernos dicen proteger.

IV. EXIGIMOS que las voces de los grupos de ciudadanos organizados de la cuenca binacional del río San Juan formen parte de la Comisión Técnica Binacional acordada por los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, para la identificación de las prioridades ambientales y su seguimiento en la Cuenca del río San Juan.

V. LLAMAMOS LA ATENCIÓN de que la gravedad de este problema incidirá directamente sobre el clima de paz y armonía que debe reinar entre las poblaciones fronterizas, pues será causa segura de conflictos relacionados con nuestros recursos naturales.

Dado en la ciudad de San Carlos, departamento de Río San Juan, República Nicaragua, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil ocho.

Angélica Alfaro CENTRO HUMBOLDT, Nicaragua.

Fidel Martínez FUNDACIÓN DEL RÍO, Nicaragua.

Edgardo Araya UNOVIDA, Costa Rica.

Antonio Arce FRENTE NORTE DE OPOSICIÓN A LA MINERÍA DE ORO A CIELO ABIERTO, San Carlos, Costa Rica.

Maria Ginett Arce FRENTE NORTE DE OPOSICIÓN A LA MINERÍA DE ORO A CIELO ABIERTO, San Carlos, Costa Rica.

Fuente FECON

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Más: Carta pública al señor presidente sobre proyecto minero crucitas

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104.000 exigen referendo UPOV 91

Nunca nos podrán derrotar porque sabemos que, como dicen las Madres de Plaza de Mayo, "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

• En este momento se está discutiendo en segundo debate UPOV-91.

• Decenas de miles de costarricenses exigen referendo, el gobierno y sus diputados los ignoran.

• Diputados desconocen la voluntad de más de 100000 ciudadanas y ciudadanos.

Este lunes 15 abril a las 4 de la tarde se prevé la votación del Convenio UPOV

Los diputados están dispuestos a desconocer la voluntad de más de cien mil de costarricenses que han estampado su firma en la solicitud de referéndum por iniciativa popular al convenio internacional de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV).

Para los gestores de la campaña nunca antes una solicitud había sido acompañada de tantas firmas y el vehemente llamado de los ecologistas costarricense de detener el trámite y darle una oportunidad a la democracia directa y no seguir en el actual tramite “atropellado y sin discusión” para aprobar el Convenio UPOV-91.

Los ecologistas de FECON se harán presentes hoy en la asamblea con las 100 mil firmas y una nueva solicitud para de retirar el proyecto del trámite y darle espacio a la iniciativa popular.

Este convenio forma parte de la llamada "agenda de implementación" del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Este convenio permite el patentamiento de formas de vida vegetal tales como las semillas, lo cual pone en peligro el resguardo del conocimiento tradicional de los campesinos e indígenas; y además pone en riesgo la seguridad alimentaria al aumentar los costos de los cultivos.

www.yofirmo.com

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Más de 80 mil por referendo UPOV

Video de la conferencia de prensa convocada por FECON en la Asamblea Legislativa

Asamblea notificada por Sala IV

La Asamblea Legislativa ya fue notificada por la Sala Constitucional sobre su resolución respecto al Convenio UPOV. Esto significa que el proyecto de Ley podría votarse en las próximas sesiones del Plenario de la Asamblea.

La campaña YO FIRMO que pretende consultar el Convenio UPOV insiste en que los diputados y el Poder Ejecutivo debe retirar de la corriente legislativa este proyecto si pretende tener coherencia con su discurso de respeto a la voluntad de la ciudadanía activa en los temas importantes del país.

La campaña sigue recolectando firmas mientras este convenio no sea promulgado como Ley de la República. Así que si aún no ha firmado busque los puestos de recolección o llame a FECON al 22 83 60 46 para sumase a esta gesta.

Debemos poner especial atención a lo que se está votando en la Asamblea Legislativa que podría impactar directamente en esta campaña y, peor aún, en la vida de toda la población costarricense.

Participe, entérese, vaya a la Asamblea Legislativa y exija que se le escuche junto a las más de ochenta mil personas que piensan que este convenio debe consultarse al pueblo.

Mas info www.yofirmo.com

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Programa Era Verde: La Marina en Puerto Viejo

Reportaje realizado por Era Verde(canal 15) sobre la Marina “ecológica” que se pretende construir en Puerto Viejo.

Más información:

Agresión a Puerto Viejo

Talamanca por la vida y por la tierra

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Charla sobre la Marina en Puerto Viejo

Charla sobre la Marina en Puerto Viejo

Lunes 10 de Marzo
06:30 p.m.

Salón Parroquial de la Iglesia Católica de Tibás centro

Estimados amig@s tibaseñ@s: El oceanógrafo Guillermo Quirós nos acompañará en el Salón Parroquial de la iglesia católica de Tibás centro, a las 6 y 30 p.m. del próximo lunes 10 de marzo con una la charla sobre la Marina en Puerto Viejo y los actuales problemas con al Isla del Coco.

Serán todos bienvenid@s. Para más información: Vicky Acuña (kindergotitas@yahoo.com)o Gerardo Quirós al 357-3426.

Fuente: Comités Patrióticos

* Imagen muestra donde se pretende construir la marina, cortesía de Comités Patrióticos

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Agresión a Puerto Viejo

El pasado fin de semana acompañamos a un grupo de dirigentes del glorioso Comité Patriótico del Cantón de Talamanca, a una reunión con la comunidad de Puerto Viejo de Limón, con el propósito de analizar el proyecto de la marina en aquella localidad. Uno de los primeros 22 proyectos de este tipo que se pretenden instalar en todos los litorales de nuestro país.

Las primeras conclusiones del trabajo indican situaciones críticas, las cuales son la antesala de situaciones similares para otras comunidades costeras de nuestro país, por lo cual debieran unirse a esta causa y estar alertas. Entre ellas:

El proyecto constituye la mayor marina hasta ahora considerada en nuestro país -398 puestos-. Surge como una respuesta a los altos niveles de seguros marítimos en la cuenca Caribe-Atlántico, pues después el huracán Katrina estos se elevaron a cifras astronómicas.

La situación de Costa Rica y Panamá, al abrigo natural de estos fenómenos debido a su ubicación geográfica y forma del litoral regional, nos cataloga como la región con las primas más bajas, lo que unido a la apertura de seguros que traerá el TLC, ofrece un paraíso para una clase económica de muy altos ingresos, que ahora podrá traer sus yates hasta nuestras costas.

El relleno tapará con piedra, arena y concreto varias hectáreas de arrecife vivo, ubicado al oeste de Puerto Viejo, cambiará el paisaje actual por edificios y moles de piedra, alambradas y vehículos en amplios estacionamientos.

El proyecto desviará dos riachuelos, alterando el flujo de nutrientes al arrecife y a las especies marinas que han requerido por siglos un ambiente estuarino en su vecindad, verterá unas 80.000 vagonetas de piedra y arena en el mar, construirá estacionamientos y 8 muelles sobre una área marina actual de 18.5ha, además de modificar las corrientes del litoral que nutren y regulan la vida marina de los arrecifes al este del proyecto.

Durante la fase de construcción se cierne una amenaza no solo sobre otros arrecifes de Puerto Viejo, sino que también dañará severamente los de Manzanillo; debido a los sedimentos que trae la piedra de los rellenos, con agregados arcillosos de toda índole que serán arrastrados por las corrientes paralelas al litoral y hacia el este. Estos sedimentos podrían terminar ahogando la respiración de los frágiles ecosistemas.

Durante la fase de operación preocupa el destino del aceite quemado proveniente del mantenimiento de las máquinas, los efluentes de los talleres de reparación y mantenimiento, los disolventes del taller de pintura, las resinas y materiales nocivos del taller de fibra de vidrio, los combustibles derramados, entre otros. Todos en contacto directo con los arrecifes que pudieren quedar con vida.

De la mayor seriedad es el daño a la sociedad, pues su cultura, economía y estilo de vida cambiará radicalmente. Veamos:

a. El cambio de paisaje hará cerrar los comercios vinculados al turismo a lo largo de 300m del litoral, para ser poco tiempo después presa de la misma corporación que comprará a precios ridículos terrenos e inmuebles encerrados. Toda esta población activa hoy, deberá modificar su forma de vida.


b. El turismo que venía por tranquilidad y esparcimiento a esta región del Caribe, ya no vendrá más, pues concreto, piedra y aceites no es su objetivo; afectando directamente la economía de toda la población.


c. Playa Negra, ubicada al oeste del mega proyecto, modificará la morfología del fondo marino; eliminando el atractivo de olas grandes que atraen a surfistas de todas latitudes, pero sobre todo a la juventud y niñez local que hoy día se mira disfrutar del mar como parte de su cultura. Solo consideren que el tráfico de 400 yates saturará el tránsito naval a tal grado, que surfear en 10km a la redonda será un riesgo con el cual el turismo no va muy bien.


d. Droga y prostitución serán otras secuelas de tener 100 o 200 marineros extranjeros, acostumbrados a ese estilo de vida.


e. Se habla de 2000 nuevos empleos, pero de ellos el 20% corresponde a personal administrativo propio de las corporaciones traídos del exterior; 40% corresponde a marineros extranjeros que constituyen la tripulación; 10% a oficinas de gobierno central, 20% a especialistas en mantenimiento de lujosos y valiosos yates, entre ellos en motores, velamen, pinturas marinas; necesariamente foráneos. Y tal vez unos 25 ayudantes locales de toda índole. Pero a cambio perderán el ingreso de miles de turistas anuales (US$3,000.000), unos 300 empleos directos y unos 400 indirectos en esta comunidad.

El proyecto forma parte de una añeja estrategia mediante la cual para poder evadir las restricciones propias de la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y la categoría de área protegida del arrecife, se ha declarado ciudad a Puerto Viejo por el Poder Ejecutivo y se ha sustituido el decreto de creación del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo (núm. 34043-MINAE del 22 oct. 2007); pues de esa manera desaparecen las restricciones.

Dichosamente personas responsables han interpuesto recursos de amparo que por lo pronto han detenido las acciones. No obstante el proyecto ha sido acogido para su estudio por el órgano técnico responsable de las marinas (ICT-CIMAT) bajo el exp. Núm. 09-07 y cuenta con el aval irrestricto de la Municipalidad (sesión 46, marzo 2007), la cual ha ofrecido inclusive construir los rellenos marinos.

El apoderado es Lic. Walter Coto Molina (PLN-tels. 821-5641, 282-2652, 282-3056), lo impulsa el Grupo Caribeño y un empresario Jan Kalina de la región. Además hay documentos en el expediente de Yalile Esna Williams –diputada- y Rugelis Morales Rodríguez, alcalde de Talamanca, quienes apoyan el proyecto.

En síntesis: las consecuencias negativas exceden por mucho los posibles beneficios. El gran ganador es la empresa internacional: Holanda, USA, políticos y empresarios locales. Hay una orquestación de varios años entre empresarios, políticos locales y regionales, el Poder Ejecutivo y la municipalidad local, que no les ha importado agredir ecosistemas marinos frágiles, ya de por si amenazados, el ambiente de las comunidades costeras, su forma de vida y cultura. Se hace en la práctica todo lo contrario que se predica internacionalmente.

Comentario: la posición estratégica de Costa Rica puede ser utilizada racionalmente a través de proyectos de menor envergadura, construidos lejos de ecosistemas frágiles, bajo diseños y supervisión técnicamente idónea. No se vale violentar las escazas leyes ambientales para adueñarse de los bienes naturales de comunidades con toda una historia y cultura que no va con estos mega-desarrollos. Por el contrario, los inversionistas deben conocer que el respeto a los ecosistemas marinos, la sana generación de empleo y la capacitación de la juventud local en aéreas técnicas debe acompañar el desarrollo, para que quienes han sido dueños históricos delterritorio puedan progresar en armonía con su cultura y su ambiente.

Guillermo Quirós Alvarez.
Oceanógrafo Físico, Consultor.
oceano@racsa.co.cr

http://www.institutodecostas.net

12 de diciembre de 2007

El énfasis es nuestro

Foto Con Costa Rica

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