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Expediente 17743: segunda voz de alerta

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Por Jaime Ordóñez

El pasado 25 de octubre escribí en esta columna una nota llamada: “Expediente 17743: un peligroso retroceso”. Indiqué que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica había emitido hacía algunas semanas un peligroso dictamen de mayoría como texto sustitutivo al Proyecto 17743, que busca reformar la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El Proyecto ya está en Plenario y su eventual aprobación sería un desastre. Expresé abiertamente que dicho Proyecto contenía graves retrocesos en materia de protección a los derechos humanos y que Costa Rica volvería atrás varias décadas en protección jurídica si se aprueba esta reforma, aparte de violar varios instrumentos internacionales en derechos humanos ratificados por nuestro Estado. No se puede legislar en detrimento de derechos fundamentales sustantivos o procesales.

Pues bien, he vuelto a leer el Proyecto 17743. Y he encontrado que la cosa es aún más grave. Se trata de un Proyecto que busca eliminar derechos ciudadanos y mecanismos de protección de derechos humanos, perjudicando a los ciudadanos a favor de los funcionarios públicos y de los políticos. Repito: perjudica enormemente a los ciudadanos. Veamos:

Primero, en los recursos de amparo (casi el 80% de todos los trámites ciudadanos ante la Sala IV) el Proyecto supone que la Sala no podría, en la mayoría de los casos, ordenar a los funcionarios públicos suspender los actos administrativos que causen lesiones a derechos ciudadanos. En materia constitucional y de derechos fundamentales si no se suspende un acto administrativo, los daños pueden ser irreversibles, con profunda lesión a bienes individuales o colectivos. Por ejemplo, un amparo ambiental que no suspenda la tala de un bosque supone un daño fatal, imposible de recuperar.

Segundo, algo igual de grave. El Proyecto también impide que la Sala IV pueda ordenar al Estado y a las instituciones acciones de reparación ante hechos de los funcionarios que causen daño a los derechos constitucionales de los ciudadanos. El Proyecto amarra de manos a la Sala y deja a los funcionarios públicos frescos como una lechuga, sin obligación a reparar sus actos y los daños que generaren a las personas.-

Tercero, el Proyecto prácticamente elimina el derecho de los ciudadanos para interponer directamente acciones de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas jurídicas que trasgredan “intereses difusos” o colectivos. Los llamados “intereses difusos” son un avance de la teoría y la práctica de los derechos humanos y el derecho público. Su reconocimiento procesal permite que un sujeto individual (o un grupo de personas) puedan defender los bienes colectivos, como el medio ambiente y los recursos naturales. Este ha sido un instrumento utilizado con éxito en los últimos años por muchos ciudadanos para defender el patrimonio nacional y nuestros recursos naturales.

Cuarto, una absoluta barbaridad. En materia de Acciones de Inconstitucionalidad, el Proyecto pretende que las resoluciones de la Sala IV (que declaren la inconstitucionalidad de una ley, reglamento, decreto, etc.) no tengan efecto declarativo, sino que únicamente efecto constitutivo. En la práctica ello supone que las inconstitucionalidades sólo tendrían validez hacia el futuro, pero los hechos pasados generados por instrumentos jurídicos inconstitucionales seguirían teniendo validez. Repito: una absoluta barbaridad.

Tal parece que algunos sectores económicos
(representados por ciertos políticos) buscan blindar y proteger oscuros negocios previos generados por actos jurídicos inconstitucionales. Tal parece.



Fuente: Tribuna Democrática

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Diputados construyen patíbulo para los derechos fundamentales. Por Alicia Pifarré Pan.



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Diputados construyen patíbulo para los derechos fundamentales

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Por Alicia Pifarré Pan


Desde hace muchos años -demasiados ya- pretenden vendernos el cuento de que los límites al ejercicio de la función pública propician la ingobernabilidad y demoran el desarrollo. Pues no es así la cosa. Esos límites son antídotos necesarios para combatir el flagelo de la arbitrariedad, son trincheras imprescindibles para salvaguardar la vida democrática de los pueblos.

El señor diputado Luis Fishman afirmó en declaraciones recientes que la magistrada Calzada "...fue irrespetuosa al decir que la reforma a la Sala es peligrosa para la democracia costarricense." ¿Desde cuándo decir la verdad es signo de irrespeto? Por otra parte, presentar un proyecto de ley contrario a los derechos fundamentales no es la mejor manera de ganarse el respeto de nadie, me parece. A los diputados se les olvida, más a menudo de lo deseable, que representan al pueblo, que ejercen un poder delegado y que deben legislar para el bien común y la armonía social, fines últimos del Derecho.

Pretender la aquiescencia de los gobernados ante cualquier ocurrencia de los gobernantes es propio de los Estados totalitarios y por completo ajeno a la Democracia. Objetar fundadamente un proyecto de ley no puede ni debe ser tildado de "irrespeto", del mismo modo que no puede alegar irrespeto a la autoridad un policía que está golpeando a un manifestante pacífico y desarmado cuando el agredido le grita que deje de golpearlo.

El proyecto de ley para reformar la jurisdicción constitucional limita libertades y derechos fundamentales, suprime la posibilidad de invocar intereses difusos al presentar una acción de inconstitucionalidad, impide a los jueces ordenar a la Administración la realización de actos necesarios o el cese de actos violatorios de derechos, extiende los plazos para que la Administración decida si quiere corregir sus errores o no, elimina el efecto retroactivo a las declaraciones de inconstitucionalidad, obliga a los jueces a aplicar leyes inconstitucionales y, plantando bandera en la cima de la incongruencia jurídica, dispone que: "Si declarada inconstitucional una norma se produjera una laguna legal u otra circunstancia de muy graves consecuencias para la seguridad jurídica o la paz social, LA SALA PODRÁ ORDENAR QUE LA DISPOSICIÓN INCONSTITUCIONAL SE MANTENGA VIGENTE por un plazo prudencial perentorio mientras el órgano competente elabora la norma sustitutiva del caso."
(El destacado en mayúsculas es mío. Y si, indica un grito de horror).

Todo lo señalado en el párrafo anterior a título de ejemplo (no agota el listado de barbaridades) es un retroceso cavernario en la defensa de los derechos fundamentales. El proyecto de ley Nº 17743 fortalece el ejercicio arbitrario del poder y anonada las posibilidades de todos los habitantes para cuestionar a la Administración su forma de proceder. Un regreso descarado al absolutismo.

¿Otra vez empezarán nuestras autoridades con la cantinela de que están cansadas, que no les dejamos hacer, que con tantas trabas no se puede gobernar? "La historia vuelve a repetirse", como en el tango. ¿No tuvimos suficiente ya? No caigamos en la trampa de atacar la Sala Constitucional porque no compartimos las resoluciones de algunos de sus magistrados. Es lo mismo que criticar al martillo porque nos disgusta el carpintero.

En este caso particular, el Presidente de la Corte y la Presidenta de la Sala IV, en sus críticos señalamientos al proyecto de ley, han defendido nuestros derechos y nuestro sistema democrático. Basta con leer las actas de sus respectivas comparecencias ante la Asamblea para comprobarlo.

Me parece que es momento oportuno para recordar ciertos postulados básicos que no debieran ignorarse en la discusión del proyecto que reforma la jurisdicción constitucional:

"La libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder." (DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC Adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994).

"La salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos, protección ésta que debe ser real y efectiva." (Sentencia de la CIDH in re "Baena, Ricardo" del 2 de febrero de 2003)

"...el principio de la legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables... en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros." (Corte Interamericana de derechos Humanos. Opinión Consultiva 13/93; 16 de julio de 1993)

"No se puede visualizar la humanidad como sujeto del Derecho a partir de la óptica del Estado; lo que se impone es reconocer los límites del Estado a partir de la óptica de la humanidad." Juez Antônio Augusto Cançado Trindade.

La era de los esperpentos legislativos debe llegar a su fin. El patíbulo para nuestros derechos fundamentales debe desarmarse tabla por tabla. Los diputados legislan por delegación. "La potestad de legislar reside en el pueblo", dice nuestra Constitución. No lo olvidemos.


Fuente Diario Digital El País

Imagen: El Roto


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Proyecto 17743: un peligroso retroceso

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Por Jaime Ordóñez
ordonez@epfcentroamerica.org

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica emitió en días pasado un peligroso dictamen como texto sustitutivo al Proyecto 17743, el cual busca realizar una serie de reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Todos los partidos políticos, el Plenario del Parlamento (y la propia Sala Constitucional) deberían estar alerta y corregir los serios problemas que tiene el Proyecto, los cuales amenazan en constituirse en graves retrocesos en materia de protección a los derechos fundamentales.

Costa Rica volvería atrás varias décadas en protección jurídica si se aprueba esta reforma, aparte de violar varios instrumentos internacionales en derechos humanos ratificados por nuestro Estado.- No se puede legislar en menoscabo o retroceso de derechos fundamentales, sustantivos o procesales. Es un principio básico.


El primer gran error del Proyecto es que prácticamente elimina el derecho de los ciudadanos para interponer directamente acciones de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas jurídicas que trasgredan o amenacen intereses difusos o de la colectividad. Los llamados "intereses difusos" son un avance de la teoría y la práctica de los derechos humanos y el derecho público. Su reconocimiento procesal permite que un sujeto individual (o un grupo de personas) puedan defender los bienes colectivos, como el medio ambiente y los recursos naturales. Este ha sido un instrumento utilizado con éxito en los últimos años por muchos ciudadanos para defender el patrimonio nacional y nuestros recursos naturales.

Segundo gran error: el proyecto limita la posibilidad de que la Sala IV suspenda los efectos de actos impugnados por acciones o recursos de amparo. Se cambia el sistema actual donde la presentación del recurso suspende automáticamente los actos y, en su lugar, la suspensión del acto se vuelve opcional y excepcional. Grave problema.

Cuando la Sala Constitucional le da curso a un remedio constitucional (acción o amparo) se presume que hay reconocimiento de que está peligro un bien o valor de rango constitucional. Por eso, necesariamente hay que suspender el acto. Caso contrario, los daños pueden ser irreversibles, con profunda lesión a bienes individuales o colectivos. Por ejemplo, un amparo ambiental que no suspenda la tala de un bosque supone un daño fatal, imposible de recuperar.

Detrás de todo esto parecen esconderse dos cosas. Por un lado, la intención de algunos actores de nuestra clase política que les empieza aparecer incómoda nuestra Sala Constitucional y quieren debilitarla. Ello se evidencia con el duro golpe que pretenderle darle a este órgano al limitarle sus potestades para ordenar al Estado el cumplimiento de obligaciones cuando se trate de constitucionalidades por omisión. Concretamente, se busca limitar el derecho de la Sala de indicar las medidas para solucionar la omisión, o de fijar plazos en procura de defender el interés público. Ello es básico en protección del medio ambiente, por ejemplo.

Por otro lado, parece esconderse también un interés por debilitar la Sala IV proveniente de algunos sectores económicos (como los que buscan intervenir en nuestra minería y en otros bienes estratégicos o de interés público como el agua o el medio ambiente), a los cuales les gustaría moverse por el mundo a sus anchas, sin estado de derecho, sin restricciones jurisdiccionales o de cualquier tipo. En fin, la pura y dura ley de la selva.


Fuente: Diario Extra

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Costa Rica da marcha atrás en defensa del ambiente y derechos fundamentales

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·Diputados sustituyen texto de Ley de la Jurisdicción Constitucional

Costa Rica avanza hacia una reforma de la Ley de Jurisdicción Constitucional regresiva,
“que debilita y recorta los derechos que hoy tiene la población costarricense para exigir la defensa del ambiente y otros derechos fundamentales”.

Así lo aseguró el legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta,
tras denunciar que el texto sustitutivo, aprobado el martes por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el proyecto 17743, elimina el derecho de los ciudadanos para interponer directamente acciones de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas que lesionen intereses difusos o de la colectividad, como la protección del ambiente y recursos naturales.

“De aprobarse la reforma, las y los ciudadanos no podrían impugnar directamente leyes que dañan el ambiente o el patrimonio nacional, como ha ocurrido en una innumerable cantidad de veces en los últimos años”
, declaró Villalta Florez-Estrada.

Dijo que además, “el proyecto limita la posibilidad de que la Sala IV suspenda los efectos de actos impugnados por acciones o recursos de amparo”.

“Se cambia el sistema actual donde la presentación del recurso suspende automáticamente los actos. En su lugar, será opcional y excepcional la suspensión”, añadió.

Para Villalta, “esto debilita seriamente la protección de derechos como el ambiente, pues, en casos como la tala de un bosque o la contaminación de una naciente de agua, los daños pueden ser irreversibles”.

“Si no se suspende inmediatamente el acto destructivo, después será demasiado tarde. También, la reforma limita seriamente la potestad de la Sala IV de ordenarle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones cuando se trata inconstitucionalidades por omisión”, reclamó el legislador.

Asimismo, la Sala deberá limitarse a declarar la inconstitucionalidad, pero no podrá decirle a las instituciones públicas qué hacer para solucionar la omisión, ni cómo hacerlo, ni tampoco fijarles plazo para ello.

“Esto es particularmente delicado en materia ambiental, donde muchas de las violaciones se producen por omisión e inacción de las autoridades, pues a menudo, con el fin de evitar daños mayores al ambiente, la Sala ordena realizar acciones concretas en un plazo determinado, lo cual sería prohibido”
, ahondó el legislador.

“Se trata de una reforma regresiva, que debilita y recorta los derechos que hoy tiene la población costarricense para exigir la defensa del ambiente y otros derechos fundamentales”, reiteró.

Villalta consideró que esta es “una reforma que busca fortalecer el poder de la Asamblea Legislativa y el Gobierno, reduciendo las opciones de las y los ciudadanos para acceder a la justicia constitucional”.


Fuente: Diario Digital El País

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Honduras: Cofadeh ha identificado “cárceles de terror” y un resurgimiento de Mano Blanca 14/-88

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Tegucigalpa. 30 Agosto. 2010. La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), reveló, este domingo, que “ya hemos identificado cárceles de terror en San Pedro Sula y en Tegucigalpa […] así como el resurgir de la Mano Blanca 14/-88, sabemos dónde están operando”.

Oliva llamó al Régimen de Porfirio Lobo a “desarticular los escuadrones de la muerte existentes en Honduras”.

Denunció, además, que han detectado cómo opera el escuadrón CAM (Comando Álvarez Martínez), de lo que ya había informado, así como han encontrado indicadores del reaparecimiento de elementos de la Mano Blanca 14/-88, de quienes expresó saber donde están operando.

El grupo paramilitar, Mano Blanca, era simbolizado por una mano que representaba a los cinco mandos civiles del escuadrón, apareció en Guatemala, en junio de 1966, torturó y asesinó estudiantes, profesionales y campesinos, con pretexto de ser comunistas.

La Mano Blanca, habría operado con asistencia clandestina del ejército guatemalteco, respaldado por la CIA y el Pentágono, según varias fuentes, como el Consorcio para el Estudio y la Respuesta al Terrorismo (Start) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHG).


PARAMILITARISMO NO ES RECONCILIACIÓN


Aunque no proporcionó mayores detalles, Oliva expresó que la denuncia la hacía “no para tener miedo”, sino para mostrar que “éste no es un gobierno respetuoso de los derechos humanos y de reconciliación, mientras existan escuadrones de terror”.

Bertha Oliva en un encuentro con la dirigencia magisterial, discutió los casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por policías y militares contra profesores, estudiantes, niños, periodistas, y otras personas, dentro y en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), ocurridas el pasado viernes 27 de agosto de 2010.


PERSEGUIR AL MAGISTERIO PARA IMPEDIR EL EFECTO MULTIPLICADOR DE SUS DEMANDAS


Oliva manifestó estar preocupada porque “los veo tristes, debemos tener ánimo salir con vida, porque eso es sólo un pequeño problema del problema macro, de quienes demandan un nuevo contrato social que se exige desde la Resistencia, y ustedes son la columna vertebral; se les reprime con gas, pero con un trabajo sutil, el de socavar la bases, se inicia el desprestigio, en un intento de debilitarlos”.

Criticó indignada: “Vemos como se le trata al mentor, estamos ante un gobierno que lejos de ser de reconciliación, su práctica de garrote es de desarticulación y de no escuchar”.

Oliva analizó, que “es difícil socavar al magisterio, por su dinámica democrática, y por eso es que a los docente es al sector que reprimen, porque su acción tiene efecto multiplicador y al tener esos efectos, hay que cortarlo, hay que asesinarlo”.


VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS


De los asesinatos ocurridos, ninguno ha sido esclarecido, “dicen que eran mareros y los están vinculando para ir limpiando y no dejar registrado que se dieron violaciones a los derechos humanos”, explicó.


AMNISTÍA, ENGAÑO PARA OCULTAR LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.


Oliva refirió que hay 146 personas encausadas de atentar contra la seguridad del Estado y desde el Ministerio Público les abren los juicios, lo que pretenden es que es que “si se acogen a la amnistían aceptan que se les acusó en legal y debida forma y se esconde la violación a los derechos humanos, de que fueron golpeados y torturados”.

Y añadió que, eso es peligro porque borran la violación, porque la gente acepta, sometiéndose a una amnistía, olvidar y perdonar; y los dejan inhabilitados para poner una demanda por su derecho violado. “Es una picardía”, lamentó.


CENTROS ILEGALES DE DETENCIÓN

Otro aspecto señalado por la coordinadora del Cofadeh, es que, en la represión más fuertes que se dio el jueves 21, las personas no fueron detenidas en un lugar legalmente establecido.

“Los llevaron a Tránsito (Dirección General) , que no es para detener a nadie, luego al Core 7, hasta entonces ubicamos el paradero, estuvieron desaparecidos por más de tres horas y hasta se hizo habeas corpus”, detalló.

Oliva contrastó, impresionada, que por “primera vez en 28 años que no se me permite ingresar a donde están las víctimas, ni en la época de los ochenta, ni cuando se suspendieron las garantías durante el golpe de Estado [se le impidió]”.


CONVIERTEN EN PRISIÓN CASA DE GOBIERNO Y PLAZA LIBERTAD

La coordinadora del Cofadeh afirmó que el jueves 26 de agosto, “el ejército fue el que reprimió”.

Oliva declaró conmovida que “fue terrible ver la Plaza Libertad convertida en centro de concentración”.

Pero, “me siento orgullosa de un militante que con dignidad, cuando adentro los militares le entregaban a ella los detenidos, le decían ‘puede ver que no están goleados’, un maestro dijo ‘a mi si me han golpeado si me dejan detenido, que me dejen’”, amplió.

Cuando logró identificar a la mayoría, en Comayagua, presenció violaciones a los derechos humanos. “Aun ya detenidas” las personas, observó “como tiraban gases en la celdas [dentro], y eso es tortura. Desde el Ministerio Público quieren convertir a las víctimas, en condición no de victimas, sino de atentadores del Estado”, acusó Oliva.


NEGARON ATENCIÓN EN EL HOSPITAL Y EL INGRESO DE MÉDICOS DE CONFIANZA.


En los hospitales fue rechazado atender a la victimas. A los agredidos no se les permitió el ingreso de médicos de confianza durante la detención, eso es constitutivo de tortura, eso debe ser mencionado, sancionado, y elevado a la autoridad, afirmó.

Aseguró que, “el gobierno tendrá que responder a las violaciones a los derecho humanos independiente que haya un acuerdo” con el magisterio por la crisis educativa.


UN EQUIPO MEDICO INTERNACIONAL EVALUARÁ EL EFECTO DE LA SATURACIÓN MASIVA DE GASES.

Respecto al bombardeo de gases que saturó el ambiente, Bertha Oliva informó que vendría un equipo médico internacional para evaluar el daño que podrá repercutir en las personas.

Y reflexionó que “no sólo veamos el costo del bombardeo con químico en el área” equivalente a 300 a 200 bombas con un precio promedio de dos mil lempiras, sino que son “muy peligrosos los efectos a largo plazo”.

Oliva cuestionó que “yo soy alérgica y me afectó tanto, aun después de pasada [la bombardeada], como no va afectar a toda la gente que fue sometida a ese salvajismo” de tirarles gases directamente.

Ha sido denunciado que unas 17 personas fueron recluidas en un aula del quinto o cuarto piso de uno de los edificios y los agentes abrían la puerta, les tiraban bombas lacrimógenas y volvían a cerrarla.

Cruz Roja habría sido avisada, aseguran que llegó 10 minutos a media hora antes de intensificarse la represión.

El viernes, “previo, empezaron a llegar ambulancias, una media hora antes de la represión”. Las denuncias coinciden en que entre 10 minutos a media hora las ambulancias habían llegado a la UPN, lo que significa que “fueron avisados; y ellos deberían haber avisado a la base magisterial, ponerlos en auto, cooperar y ser testigos. Ese es un delito internacional, hay que buscar y documentarlos”.

Recordó que la Cruz Roja, cuando asesinaron a Pedro Magdiel, fue objeto de denuncia pública, “varia gente denunció que una de sus ambulancias llevaba bombas lacrimógenas en El Paraíso, y ese es un delito internacional que debemos documentarlo”.


CÓMO ENTENDER EL ASESINATO DE HERMANOS

“Todos esas acciones despiadadas, crueles, de ablandamiento, para meter miedo, asesinar a los miembros del magisterio, y para sentarse a la mesa, por mucho que se sienten, el problema de violación de derechos humanos no va a escapar, porque la justicia es de aplicarse y si no se aplica hay que exhibir al gobierno”, enfatizó.


AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DEBEN DENUNCIAR INVASIÓN MILITAR

“Me llama la atención tanta indiferencia de las autoridades, por la represión policial. La Policía en el último ataque que ingresó a los pasillos, no tienen ninguna argumento para entrar a hacer un desalojo de las instalaciones físicas de la Universidad”, reflexionó.

Según Oliva, las fuerzas represoras cometieron “más que abuso”. Entraron en un centro universitario, ellos no pueden, está prohibido. No pueden alegar ninguna denuncia, para mí es un llamado a las autoridades de la Universidad”.


TOMAN REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS MANIFESTANTES


En medio de la represión, los manifestantes fueron fotografiados. “no hay que tener miedo, nos asiste la razón del derecho, hay que denunciar y tratar de identificar quienes son”, orientó.


ACOSO A LOS PROFESORES EN PLANTÓN POR TOMA DE INPREMA

El dirigente Will Paz del departamento de Colón, estuvo a cargo de la toma del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), también denunció que en la noche pasan, de tres en tres, vehículos sin placa y con vidrios polarizados.

Y responsabilizó a los negociadores del Régimen, Arturo Corrales y Rafael Callejas, y al titular de la secretaría de Seguridad, Oscar Álvarez, por cualquier profesor, estudiante, padre, o miembro de la Resistencia, que le suceda algo.


Fuente: Red Morazánica de Información/Los Necios

Imagen: Kalvellido


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Costa Rica dice no a referendo sobre uniones gay

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica prohibió someter a consulta popular el proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo que actualmente se tramita el Congreso de ese país.

El referendo era promovido tanto por la Iglesias Católica como por grupos evangélicos. Y el tribunal Supremo de Elecciones del país centroamericano ya había fijado el cinco de diciembre como fecha para su realización.

La Corte, sin embargo, determinó que al someter al dictamen de una mayoría los derechos de una minoría se podía terminar profundizando y agravando las discriminaciones en contra de estos últimos.

"Los derechos de las minorías que surgen de reivindicaciones contramayoritarias no pueden ser sometidos a un proceso de referéndum donde e imponen las mayorías", dice el fallo de la corte, aprobado con el voto de cinco de los siete miembros de la Sala.

"Las personas que tienen relaciones con una del mismo sexo son un grupo en desventaja y objeto de discriminación que precisa del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos", justificó.


DISCUSIÓN PENDIENTE

La decisión no fue bien recibida por quienes se oponen a la iniciativa de ley, que todavía no ha sido discutida por el Congreso.

"Es más injusto aceptar que el criterio de una minoría le sea impuesto al criterio de una mayoría", dijo en declaraciones al diario costarricense La Nación el abogado Gustavo Edwards, quien coordinó la recolección de más de 150.000 firmas a favor del referendo.

Los magistrados de la sala Constitucional, sin embargo, también hicieron notar que la Constitución Política de Costa Rica no permite usar este mecanismo de consulta para decidir sobre temas de derechos humanos.

En el fallo también le ordenaron al tribunal Supremo Electoral, que había autorizado la recolección de firmas, "que se abstenga de incurrir, en el futuro, en tales conductas".

Actualmente el proyecto de ley -que reconoce para las uniones gay derechos fundamentales como herencia, seguro social y acceso al crédito- está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pero aún no ha sido dictaminado.

También existe un texto sustitutivo denominado "Ley de Sociedades de Convivencia", que utilizaría ese nombre para reconocer las uniones entre personas de un mismo sexo ante un notario o ante un juzgado civil, el que según La Nación cuenta con más apoyo político.


TENDENCIA LATINOAMERICANA

Durante los últimos meses, el tema del estatus legal de las relaciones entre personas del mismo sexo ha sido objeto de debates en varios países de América Latina.

El primer país en garantiza los mismos derechos a todas las parejas que hayan cohabitado durante más de 5 años -incluyendo aquellas conformadas por personas del mismo sexo- fue Uruguay, en 2007.

Pero la legalización del matrimonio gay en México D.F., en marzo de este año, y posteriormente en todo el territorio de Argentina, el mes pasado, le ha dado un impulso especial a esta vieja reivindicación de los grupos defensores de los derechos de los homosexuales.

Una ley similar, por ejemplo, está siendo impulsada en Chile.

Y, este martes, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que los matrimonios entre personas del mismo sexo que se realicen en la ciudad capital también deben ser reconocidos en el resto del país.


Fuente BBC Mundo


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Derechos indígenas

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Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas



DERECHOS INDÍGENAS



Fuente radialistas.net

Foto: José Mari Jiménez



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Denuncia: Lesbofobia y Agresión en el concierto de Sabina

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Recientemente durante el concierto de Joaquin Sabina (Palacio de los deportes, Costa Rica, 2010), dos amigas lesbianas fueron invitadas a salir del concierto por dar una muestra de afecto en la manera de un beso. La gente de seguridad del concierto, decidió que este comportamiento no era aceptable, por lo cuál una de las personeras del equipo de seguridad les pidió que salieran de la locación con la excusa de que debían salir pues no podían tener escenas amorosas. Por este medio las amigas nos contactaron y nos contaron su historia.

He aquí el testimonio de una de las chicas.

"Llegando al concierto, estuvimos esperando algunas horas a que empezara el espectáculo, cuando finalmente apagaron las luces, mi pareja y yo emocionadas por ver a Sabina, nos abrazamos y nos besamos. De manera casi inmediata llego una personera del equipo de seguridad (claramente una de las nuestras) a pedirnos de manera grosera que salieramos del concierto. Indignadas salimos de nuestros asientos, directo a buscar otra persona de seguridad para pedirle apoyo explicándole que estabamos siendo expulsadas por besarnos. El hombre de seguridad que estaba mas cerca lo que hizo fue decirnos ¨no se por que las sacaron, pero uds huelen a licor, y si están tomadas, lo mejor es que se vayan¨, cuando siquiera habiamos consumido 1 o dos cervezas. Molestas salimos del concierto, sin entender lo que estaba sucediendo. Al salir de la locación nos topamos con 4 polícias a los cuales mi novia acudió para hacer la denuncia de discriminación explicándoles claramente que yo era su pareja y que nos sacaron por besarnos.

La respuesta de la policía fue ¨no podemos hacer nada, lo mas es que las llevemos a la comisaría a que pongan una denuncia¨. Ingenuamente, mi novia y yo nos subimos a la patrulla, y cuando ibamos dentro yo exprese mi molestia y golpee con poca fuerza la ventana tratando de manejar mi frustración. En vez de recibir apoyo, o incluso una llamada de atención, lo que hicieron los 2 policías que iban en la patrulla con nosotras fue detener el automóvil, sacarme a mi del pelo arrastrada del carro y a mi novia. Comenzaron a golpearnos, patearnos e incluso mordernos. Cuando lograron aprehendernos, nos esposaron y nos tiraron en la parte de la perrera de la patrulla. Durante el viaje a la comisaría además el policía me llevaba retenida con su rodilla en mi estomago, produciendome asfixia, ante la cuál cuando yo lloraba y le solicitaba que me dejara respirar, la quitaba por algunos segundos para luego volverme a lastimar. Al llegar a la comisaría nos hicieron dormir ahí y no nos dejaron llamar a ninguna persona para solicitar ayuda. Nisiquiera nuestros abogados.

A las 3 am cuando logramos salir, fuimos directamente a poner la denuncia en el OIJ y fuimos llevadas acto seguido a Medicina Forense para documentar los múltiples golpes, moretes y hasta mordiscos que teniamos en todo nuestro cuerpo.

Ahora tendremos que enfrentar un juicio contra estos policías, además que se nos abrió un record policial en el cuál ellos aducen que ¨resistimos el arresto¨ dado que no estabamos tolerando su violencia, cuando las que salimos con moretes, mordiscos y patadas fuimos nosotras. Mi novia y yo no dormimos tranquilas desde ese día... pues fue una experiencia traumatizante, y además... nos perdimos el concierto por el que habíamos pagado igual que cualquier otra persona...




La compañía encargada de la seguridad se llama Isaseca S.A. El acto primario de homofobia fue de ellos. La policía municipal de Heredia fueron los encargados de la agresión física hacia nuestras amigas, como un acto de odio. Esto debe detenerse, y debemos hacer algo. Haganle llegar esto a todas las personas posibles. . Gracias a todos!

Por Fuxxia invertidas


Tomado de Club Sodoma

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Anulada viabilidad a acueducto Sardinal

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COMUNICADO DE PRENSA

ANULADA VIABILIDAD A ACUEDUCTO SARDINAL


La Comisión Plenaria de SETENA en Resolución 1046-2010 de hoy jueves 20 de mayo, ANULÓ LA VIABILIDAD AMBIENTAL del proyecto de acueducto de Sardinal- El Coco- Ocotal.

Ordenó además el archivo definitivo del expediente.

Y más importante aún, ordenó a la Municipalidad de Carrillo PARALIZAR inmediatamente las obras constructivas del proyecto.

La resolución nos fue hace pocos minutos y también se notificó al AyA, a Teofilo de la Torre ministro MINAET, al alcalde municipal, al Gerente del Banco de Costa Rica que maneja el Fideicomiso, a la Contraloría, a la Defensoría, al SENARA y al MOPT.

Esto debió ocurrir hace 15 meses.

La falta de notificación del VOTO 2009-262 por parte de la Sala Constitucional, tiene la culpa por la demora y por los daños ocasionados durante estos largos meses.

El pueblo tenía razón.

El pueblo de SARDINAL ganó esta batalla.


El pueblo que defiende sus derechos, siempre triunfa.




Adjuntamos copia Resolución de SETENA

TELEFAX 2672-0238 -Tilaran - Cañas-

E-MAIL: confraternidad_gte@yahoo.com - Liberia- Nicoya- Santa Cruz- Carrillo-






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Cinco damnificados de terremoto enfrentan proceso penal por protestar

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La Fiscalía Adjunta de Alajuela inició un proceso penal contra dos mujeres y tres hombres, dirigentes de los damnificados por el terremoto del 8 de enero, tras protestar por el incumplimiento del Gobierno de Costa Rica a las promesas de ayuda.

Doris Zamora Blanco será la primera que deberá llegar hoy, antes de las 11 de la mañana a la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de Alajuela, con el fin de declarar como imputada “por el delito de Obstrucción de la Vía Pública”.

Además de Zamora Blanco, se le sigue proceso a Lidia Díaz Jiménez, Daniel Mauricio Cruz Morales, Alexander Álvarez Céspedes y a Joel Jiménez Vargas.

De acuerdo con información suministrada por Zamora Blanco, ella fue notificada el miércoles en la mañana, y el notificador le entregó las demás citaciones, pero ella no pudo encontrar a sus restantes compañeros y compañera, debido a la lluvia y a los quehaceres del hogar.

Zamora Blanco, valiente defensora de los damnificados de Sabana Redonda, junto con la dirigencia de los afectados por el terremoto deberán declarar como parte de “la investigación penal número 09-002788-0305-PE.

La citación le advierte a la damnificada por el terremoto que
“deberá venir acompañada de un defensor; si no tiene medios económicos se le nombrará uno público; si no se presenta se le declarará rebelde y se ordenará su captura”.

De acuerdo con vecinos de Sabana Redonda de Poás, provincia de Alajuela, “la noticia corrió como pólvora y toda la gente está asustada, ya que por protestar por los engaños del Gobierno, ahora nos quieren meter a la cárcel”.

De acuerdo con información de los propios vecinos, las personas imputadas
“son las mismas personas que fueron como representantes del pueblo de de Sabana Redonda, el Miércoles 1 de Abril a la Asamblea Legislativa y el Viernes 3 de Abril en la Casa Presidencial”, con motivo de las protestas del 1 y 2 de ese mes, a raíz de los incumplimientos del Gobierno de Oscar Arias para socorrer a los desamparados por el terremoto.

Para Marcela Zamora, quien brindó colaboración tras la citación a doña Doris Zamora, “es importante destacar que la notificación fue hecha de manera incorrecta porque el funcionario decidió que era más fácil dejar todas las notificaciones en una sola casa, lo cual es un absurdo de grandes dimensiones”.

“Indudablemente nos enfrentamos a días muy negros para cualquiera que tenga el atrevimiento de exigirle sus derechos al Gobierno y al Gobierno Local, el bloqueo de los días 1 y 2 de abril fue realizado por Sabana Redonda porque estaban en completo abandono después del Terremoto de Cinchona”, dijo Marcela Zamora.

“Los representantes del pueblo son solamente voceros del pueblo, imputarles el bloqueo de la calle es sólo una maniobra de terror para que dejen de colaborar con su comunidad y para que el pueblo no levante su voz ante el abandono al cual los sometiera el Gobierno”, añadió.

De acuerdo con los vecinos,
“la reunión de los representantes de Sabana Redonda en Casa Presidencial fue el viernes 3 de abril y al día de hoy la mayoría de los compromisos ahí asumidos no han sido cumplidos satisfactoriamente”.

“Como ejemplo se puede decir que los geólogos que debían ir a Sabana Redonda a revisar las propiedades dañadas se presentaron hasta la semana pasada, esto es más de un mes después de asumido el compromiso”, añadió Zamora.

Aseguró que “antes de presentarse en la comunidad cotejaron la lista de 27 hojas de damnificados, entregada por los representantes con el Consolidado de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), y sólo descartaron a 10 sino que es más grave aún no existían como damnificados”.

“Mañana, Leda Méndez y yo vamos a acompañar a Doris Zamora a los Tribunales de Justicia de Alajuela para que cumpla con la prevención y para empezar a averiguar de qué se trata esta acusación sin fundamento”, precisó Zamora


Fuente Nuestro País

Caricatura El Roto



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Nos demandan por ejercer un derecho

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Por Dr. Freddy Pacheco*
frepaleon@gmail.com


NOS DEMANDAN por ejercer un derecho al cual jamás habremos de renunciar. El derecho a expresar con plena libertad nuestra opinión. El derecho a comunicar por la prensa nuestro pensamiento con responsabilidad y amplia libertad. El derecho a informar a los lectores sobre asuntos que les competen y han de conocer. El derecho, “a la libertad de opinión y de expresión”; derecho que “incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Por ello nos demandan. Por haber encontrado y leído lo que no había que leer. Por haber entendido lo que estaba escrito y oculto por varios años. Por haber cuestionado el proceder de los que se consideran intocables. Por salir en defensa de especies animales en peligro de extinción, las cuales el Estado costarricense tiene el sagrado compromiso de proteger. Por no cerrar los ojos y atender un llamado de la conciencia.

Porque nos conmovió el enterarnos que en tres experimentos científicos se hubieren matado cientos de tortuguitas baula del Pacífico y verdes del Caribe, ¡apenas salidas de sus huevos!, fue que escribimos y hablamos con determinación. Porque nos provocaba náuseas el leer que las habían matado con inyección de sustancias tóxicas, congelamiento y corta de sus cabecitas, fue que reaccionamos con la finalidad de que con la ayuda de la ciudadanía informada jamás se volviera a dar algo semejante. Porque además, los insólitos hechos sucedieron con permiso de nuestras autoridades en parques nacionales precisamente creados para protegerlas.

Nos demandan también porque nos manifestamos en contra del uso cuestionable de tortugas baula adultas, en supuestas “carreras” en que los animales tienen que cargar con un incómodo aparato de unos 5 kilos de peso, que afecta sensiblemente su desplazamiento hacia los sitios de alimentación y desove. Y ello conociendo que del medio centenar de baulas “equipadas” a través de los años con dichos transmisores en Playa Grande… ninguna ha regresado a desovar. Y nos demandan también porque cometimos la osadía de encontrar que la tal “carrera” estaba siendo usada para recibir apuestas en la página de un conocido portal de la Internet.

En fin, por eso y algo más nos demandan. Porque no toleran la verdad. Porque para la gente del The Leatherback Trust (Fideicomiso Baulas) ellos quizá merecen solo aplausos por lo que considerarán valiosos aportes a la ciencia y al conocimiento de la biología e historia natural de las tortugas marinas mediante el uso inevitable (así pensarán) de los métodos descritos.

SON DOS DEMANDAS. Una presentada a nombre del organismo extranjero y suscrita por su vicepresidente el ingeniero agrónomo Mario Boza. La otra, más reciente pero también ya respondida, presentada por James Robert Spotila, presidente del The Leatherback Trust. Demandas en las que ellos estiman los daños causados en cientos de millones de colones, que obviamente no tenemos, pero que gustosos pagaríamos (si fuésemos culpables) pues ya se ha cumplido el objetivo de no permitir nuevamente la realización de experimentos semejantes.

No podemos negar que las mismas, aunque insólitas, nos han arrebatado horas de sueño y de tranquilidad, haciendo más complejo el cumplimiento de nuestras labores académicas e inevitablemente causando desazón al interior de nuestra familia.
Pero, por más injustificadas que sean, si tuviésemos que enfrentar otras semejantes precisamente por hacer uso de los sacros principios que tanto sustento encuentran en la nacionalidad costarricense, juramos ante ustedes, que gustosos las atenderemos.

Pues no se trata de un capricho ni una acción injustificada dirigida a difamar, injuriar o calumniar a ente o persona alguna. Se trata del cumplimiento del deber que todos compartimos en pro de la conservación de la naturaleza, y en este caso específico, de dos especies de tortugas marinas que merecen ser protegidas. Si se quiere, se trata del deber moral de acudir en su auxilio… aunque por ello nos demanden penalmente.


*Catedrático UNA


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Participantes de la Cumbre de los Pueblos son detenidos por inmigración

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Adital -

Representantes de organizaciones sociales que se dirigían a Trinidad y Tobago para participar de la IV Cumbre de los Pueblos fueron detenidos ayer (15) por las autoridades de Inmigración del aeropuerto de ese país.

El evento de los movimientos sociales, que comenzó ayer y que tiene previsto terminar el día 19, pretende hacer un contrapunto con la V Cumbre de las Américas, que reunirá a 34 presidentes del continente americano.

Entre las delegaciones detenidas, estaban las de Brasil, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Las organizaciones sociales informaron que a sus integrantes se les retuvieron los pasaportes sin recibir ninguna explicación acerca de qué estaba sucediendo. La entrada fue permitida horas después bajo amenaza de que no hicieran manifestaciones de ningún tipo, porque de lo contrario serían deportados a sus países.


En la delegación de Puerto Rico se encontraba el líder ambientalista integrante de la organización Amigos del M.A.R (Movimiento Ambiental Revolucionario), Alberto de Jesús, conocido como Tito Kayak. De acuerdo con las informaciones transmitidas por las organizaciones, tres policías armados invadieron el avión cuando todavía estaba en el patio del aeropuerto y llevaron a Tito esposado. El ambientalista pasó la noche detenido y sería deportado en la mañana de hoy (16) hacia Puerto Rico. Los otros integrantes de la delegación fueron detenidos, pero liberados cuatro horas después.

La Alianza Social Continental (ASC) divulgó una nota repudiando la actitud de las autoridades de Trinidad y Tobago y exigiendo las garantías necesarias para la realización de la IV Cumbre de los Pueblos. "Se trata de un espacio pacifico de discusión entre los movimientos sociales acerca de las lecturas y posibles alternativas frente a la Crisis y el modelo de desarrollo. La respuesta hostil a estas iniciativas evidencia la poca voluntad de diálogo que hay con los movimientos y organizaciones sociales", sentencia la ASC.


Los dos brasileros detenidos, integrantes del Grito de los Excluidos Continental enviaron una nota retratando la situación represiva por la cual tuvieron que pasar en Inmigración. "Nos impresiona el tratamiento inhumano dado por los funcionarios de Inmigración, inclusive uno de los jefes, cuando fue interpelado por el grupo, afirmó: ‘yo soy la ley y la decisión es mía, yo decido, por lo tanto, quién entra al país y quien no’... y salió", resalta Luiz Bassegio, secretario ejecutivo del Grito de los Excluidos Continental, que en la entrevista siguiente cuenta los detalles de su detención.

Adital - ¿Cuántas personas fueron retenidas en el aeropuerto?

Luis Bassegio - Quedamos detenidos yo y Paulo Illes (coordinador del Centro de Apoyo al Migrante) de Brasil, dos personas de Venezuela, una de Puerto Rico y una de Colombia. Todas estas personas están relacionadas con actividades del Grito de los Excluidos en sus propios países. Quedamos detenidos desde las 15 horas del día 15 hasta las 23 horas, sin agua, sin lugar para sentarnos, sin poder comunicarnos; pero nuestros celulares funcionaron.

Adital - ¿Su documentación estaba al día? ¿Qué motivos fueron alegados para esta medida?

Luis Bassegio - El motivo de nuestra detención fue que debían averiguar si nuestros documentos estaban cumpliendo las exigencias locales. Todo estaba en orden: pasaporte, pasaje de vuelta con el día marcado, y hotel de destino para nuestra estadía en la capital.

Pero la verdad surgió cuando nos dijeron que allí tenían un pueblo tranquilo, de paz y que no admitirían desórdenes durante la gran reunión de los presidentes de las Américas. Nosotros explicamos que nuestra reunión era para discutir la crisis mundial y no para hacer desorden.

Adital - Pero al final ustedes fueron liberados...

Luis Bassegio - Dijeron que nos permitirían entrar, pero que estarían vigilándonos y ante cualquier señal de confusión nos mandarían de vuelta. Se nota que hay un gran control en las calles, con policías en todos los rincones. Un periódico local destacó en una noticia que ‘agitadores profesionales habían sido detenidos en el aeropuerto’.

Adital - ¿Hubo alguna interferencia oficial por parte de algún gobierno para resolver la situación?

Luis Bassegio - Sabemos que el gobierno de Venezuela estableció contacto con el gobierno local y, desde Brasil, hubo interferencia de la Secretaría Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) y de Itamaraty.

Adital - ¿Hubo otros casos de detención?

Luis Bassegio - El caso más grave fue el de Tito Kayak, conocido militante de la ONG Amigos del Mar. Cuando llegó el avión, la policía entró con ametralladoras. Él fue esposado delante de todos los pasajeros y lo llevaron preso. Después fue deportado hacia Puerto Rico.

Traducción: Daniel Barrantes



Fuente:Adital

Caricatura:Kalvellido


Colaboración: David Solís
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El arcoiris terrestre

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Del ciclo La vida según Galeano, trasmitido por el canal Encuentro de Argentina compartimos con ustedes El arcoiris terrestre.

Donde nos habla de la hermosa diversidad humana.

¨El arcoiris terrestre tiene más colores que el arcoiris celeste, pero nuestras cegueras nos impiden verlos.


El racismo es una de esas cegueras enemigas de la diversidad…
…como el racismo, también el machismo niega y mutila la esplendida diversidad del arcoiris terrestre.¨

Eduardo Galeano







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Movimiento de mujeres exige en Sala IV restitución de la Ley

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San José, (elpasi.cr) - Este viernes -en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer- grupos feministas y de mujeres se hicieron presentes para protestar contra la resolución de la Sala Constitucional que cercenó los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, los cuales penalizan la violencia emocional y el maltrato físico.

La actividad fue organizada por la Red Feminista contra la Violencia a las Mujeres y convocó a la Asociación de Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE), quienes se desplazaron desde San Ramón para exigir a los magistrados y la magistrada que declararon inconstitucionales los artículos, que anulen la resolución. Además, asistió el Partido Socialista de las y los trabajadores (PST) y el diputado del Frente Amplio José Merino del Río.

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres y organizaciones no gubernamentales realizan actividades para celebrar. Sin embargo, este año en vista de que se atacó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se celebró protestando en defensa al derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

“Generalmente hacemos actividades en las instituciones, pero en esta oportunidad queremos llamar la atención a quienes pasan porque no es justo que los magistrados digan que no tenemos los mismos derechos” afirmó Dulce Umanzor del Movimiento de Mujeres.

“Durante 7 años luchamos por una ley que protegiera a las mujeres porque el Código Penal no lo hace, por ejemplo si un hombre le pone un cigarro en el cuerpo a su esposa, eso no es delito y pasa a menudo, por lo que decidimos hacer un proyecto, y ahora como si nada un defensor público plantea la inconstitucionalidad y la Sala IV dice que sí y se quieren traer abajo esta ley”, agregó Dulce Umanzor.

El pasado lunes 2 de marzo una mujer puntarenense fue asesinada a manos de su expareja después de haber puesto denuncias, tener medidas de protección y de 12 años de ser agredida. De esta forma, queda cuestionada la efectividad de las leyes para proteger a las mujeres agredidas y queda manifiesta la necesidad de los artículos eliminados por ser los que penalizan el 78% de las denuncias presentadas por agresión.

“Los jueces no toman en cuenta las agresiones de las mujeres, las autoridades no velan por las mujeres, la prevención no ayuda y las medidas de protección no sirven” aseguró Otilia Araya de MUSADE.

Mercedes Arguedas de la Red Feminista contra la Violencia a las Mujeres señaló que en el marco del 8 de marzo no podemos dejar pasar que están siendo violentados los derechos a las mujeres a justicia. Las muertes de mujeres como la puntarenense son “crónicas de muertes anunciadas” es muestra de que no hay efectividad y la restitución de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres es un instrumento para acceder a la justicia y la seguridad. “Sabemos que las instancias no van a hacer nada, la única forma de parar la masacre es manifestándonos y saliendo a las calles” aseveró Daniela Jiménez del PST.

Actualmente se están preparando las denuncias en organismos internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de la Mujer y la Comisión de la CEDAW, afirmó Ana Carcedo.

También, hay acciones de solicitud de nulidad puestas por la Defensoría de los Habitantes y la Defensoría de la Mujer, que fueron firmadas por mujeres que corren el riesgo de ser agredidas por hombres que salieron de la cárcel a partir de la resolución de la Sala IV.

Como medidas de protesta se plantea por parte del movimiento feminista el presentarse los viernes a la Sala Constitucional para luchar por la nulidad de la resolución, por lo que esperan que cada semana se sumen más mujeres y grupos a las medidas de presión.


Fuente: Nuestro País

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Manifestación indígena frente a Casa Presidencial

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Esta es la carta al presidente de la república, documento para la opinión pública e imágen de la manifestación indígena frente a casa presidencial, que inicio el 4 de marzo.

Permanecerá en San José hasta que el presidente de la república los reciba como delegación de las comunidades indígenas de nuestro país y envié el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para su conocimiento y aprobación.

Les solicitamos la colaboración de quienes puedan sumarse a apoyar a estas comunidades, se tienen muchas necesidades, materiales y logísticas.



ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS/AS INDIGENAS (ANDI)
Consejo Coordinador Indígena - CCI


San José, Miércoles 04 de Marzo 2009

Señor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica
S.D.

Estimado Señor Presidente:

Por este medio, le saludamos y acudimos de nuevo en busca de Su respuesta a nuestra solicitud hecha el pasado 11 de febrero del 2009, para que envíe a la Asamblea Legislativa, en el presente período de Sesiones Extraordinarias, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas – Expediente Legislativo # 14.352.

En múltiples ocasiones, de manera personal y por escrito, hemos solicitado su apoyo para la aprobación de dicho Proyecto de Ley, basados en el compromiso de su Gobierno de apoyar esta iniciativa a favor de los Pueblos Indígenas y como obligación del Estado de cumplir con el Convenio 169 de la OIT debidamente ratificado.

Como Usted bien conoce, esta Ley es necesaria para la protección y defensa de los Derechos Humanos de nuestros Pueblos y, es el instrumento que hace aplicable a lo interno - nacional - el Convenio Internacional de la OIT ya citado.

A partir de ahora, Señor Presidente, dejado nuestras Comunidades y familias y con gran sacrificio, permaneceremos en San José, desarrollando distintas acciones, por su respuesta y la del Poder Legislativo; además estaremos visitando y buscando apoyo solidario de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales a favor de nuestra causa.

Nuestra Asamblea Nacional de Delegados /as Indígenas – ANDI - , acordó acudir a la Opinión Pública, a través de todos los medios de comunicación social, para evidenciar esta situación por el atropello a nuestros derechos indígenas.

Con muestras de agradecimiento por la atención a la presente nos despedimos, por el Consejo Coordinador Indígena (CCI) de la ANDI:


Sergio Rojas Ortiz, Bribri, Delegado de Salitre.
Oldemar Pérez Hernández, Huetar, Delegado de Quitirrisí.
Jacinto Fernández Villanueva, Cabécar, Delegado de China Quichá.
Tomás Montezuma Ruiz, Ngöbe, Delegado de Abrojo Montezuma.


Documento:Asamblea Nacional de delegados /as indígenas (ANDI).
A la opinión pública




Colaboración: Alejandro A. García Valerio.





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Ricardo Sancho ofreció ayuda de Magistrada para enderezar voto de Sala IV

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La ayuda de la magistrada de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, para enderezar un voto de esa instancia del Poder Judicial, fue ofrecida por el presidente de Acueductos y Alcantarillados, Ricardo Sancho, para explotar más un acueducto en el distrito de Sardinal, Guanacaste.

Acompañado de la diputada por el Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Ballestero, Sancho dijo a vecinos de las comunidades de playa Hermosa, El Coco y Panamá que tendrá el apoyo de Calzada para revertir un voto de la Sala IV.

El voto en mención prohibió la sobreexplotación del acuífero de playa Panamá, al que se le extraen más de 150 litros por segundo, pero que se calcula que desde pozos ilegales se le explotan 37 litros por segundo más.

Un estudio hidrogeológico del geólogo Daniel Murillo, realizado en el 2006 precisó que uno de los mantos acuíferos de playa Panamá está sobreexplotado, ya que la recarga anual es de 115 litros por segundo y está concesionado por más de 150 litros por segundo.


Un estudio


Sin embargo, Sancho y Ballestero dijeron que al acuífero se le podrá, por un tiempo no determinado, explotar más y para eso contarían con la ayuda de Calzada, así como de técnicos del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).

Para ello, durante la reunión celebrada en la comunidad de Panamá, el presidente ejecutivo de AyA, anunció que el Minaet hará nuevos estudios y para eso enviará esta semana al Jefe del Departamento del Recurso Hídico, José M. Zeledón, junto con otros “técnicos”.

Dijo también que además de la valoración del acuífero, investigarán el caso de los pozos ilegales que funcionan en las comunidades en mención, principalmente Panamá.

Tanto Sancho como Ballestero, según informantes de Nuestro País que participaron en la reunión, junto con vecinos y dirigentes de las asociaciones de Desarrollo de Hermosa, Panamá y El Coco, prometieron que la falta de agua en estas comunidades “será resuelta muy pronto”, aunque no mencionaron cuáles son las opciones que tienen.

Dijeron que se estudia la posibilidad de trasvasar agua desde fuentes de la Central Azucarera del Tempisque (CATSA), de la que el presidente Oscar Arias es accionista, hacia playas del Coco.

Aunque no precisó para qué fecha estaría solucionado el problema de la falta de agua en esas tres comunidades, Sancho anunció que dentro de quince días se volverán a reunir con los vecinos de la zona.

De acuerdo con fuentes consultadas de la organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca, “lo que pretenden Sancho y Ballestera es desunir a las comunidades que se oponen al acueducto Sardinal – El Coco – Ocotal”.

“Ellos quieren quitarnos el apoyo de esas comunidades al Comité de Lucha por el Agua de Sardinal, y andan prometiendo todo”, indicó el dirigente consultado.


Sala IV


La Sala Constitucional ordenó al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad de Carrillo coordinar estudios sobre el manto acuífero de Panama.

La Asociación Confraternidad Guanacasteca, que interpuso el recurso de amparo, denunció la mala distribución de agua en las playas del Coco, Ocotal, Panamá y Hermosa.

Gadi Amit, de Confraternidad Guanacaste, aseguró que en Hermosa no hay agua, ya que en la temporada turística cierran la llave del tubo que va para la comunidad y abren la que va para los hoteles.

“La distribución del agua la hacen a conveniencia”
, dijo Amit, a este medio al recordar que el paralizado proyecto Punta Cacique, ubicado entre El Coco y Hermosa, sacaría 57 litros por segundo, y cuenta con las concesiones para explotar tres pozos construidos.


Fuente Nuestro País



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¡Sardinal triunfó!

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Alegría y gozo en Sardinal por triunfo en Sala IV, mientras MINAET dice cumplir


Confraternidad Guanacasteca y el Comité Pro Defensa del Desarrollo de Sardinal, Guanacaste, expresaron su "gran alegría y gozo" porque la Sala Constitucional les dio la razón en la lucha contra un acueducto privado que puede dejar sin agua a la población.

Por unanimidad, los magistrados declaran con lugar el recurso por contradecir lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal.


Por su parte, como reacción, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), aseguró en un comunicado, que el voto "no suspende las obras".


Completo en Diario Digital Nuestro País



Por tanto

Se declara con lugar el recurso. Por violación a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal; al no existir certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico. Por violación al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia. Los demás extremos de legalidad aducidos por los recurrentes, deberán ser atendidos por las autoridades recurridas en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su informe número DFOE-ED-22-2008. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con el artículo setenta y uno de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, en forma personal. Comuníquese.-



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Carta a Eduardo Doryan

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Estimado Eduardo: guardo una hermosa imagen de nuestra amistad a principios de los años setenta. Era usted un joven brillante con un norte: lograr que los pobres, los desposeídos, tuvieran una vida digna de seres humanos.

Nos recuerdo caminando juntos por las montañas de Heredia. Usted no veía el paisaje, no; usted sólo veía la miseria, el sufrimiento de la gente. Y me hablaba de las formas de remediarlo.

Cuando yo vivía en Londres, otra vez nos encontramos. Su norte no había cambiado, sus planes para alcanzar la justicia seguían vigentes. Fuimos a un cine cerca de Earl’s Court, ¿recuerda? Debió ser en 1974.

Hoy le escribo con urgencia porque en la institución que usted dirige: la Caja Costarricense del Seguro Social, hay un reglamento que dispone que si una mujer tiene cáncer en la mama izquierda se la irradia con un moderno y competente acelerador lineal, lo que no produce muchos daños, pero si su cáncer es en la mama derecha, se la irradia con cobalto. ¡Con cobalto! Usted sabe bien, Eduardo, que el tratamiento con cobalto ya casi no se usa. Produce daños terribles en los pulmones y quemaduras irreversibles en la piel.

Además, esas máquinas de cobalto que todavía usa la institución que usted dirige para “tratar” a las mujeres con cáncer en la mama derecha,
SON LAS MISMAS QUE YA HAN PRODUCIDO LA MUERTE DE CIEN PERSONAS por estar mal calibradas. Usted debe conocer el caso de los sobreirradiados. Pues resulta que además de ser un tratamiento agresivo y obsoleto, parece ser que esas máquinas viejas son casi imposibles de calibrar. Los técnicos cubanos lograron maravillas pero una vez que éstos partieron no hay total seguridad.

Por lo tanto, la institución que usted dirige obliga a las mujeres con cáncer en la mama derecha a sufrir horribles quemaduras que podrían incluso ser letales.

Usted sabe, Eduardo, como todos en la CCSS, que NO HAY NINGUNA RAZÓN TÉCNICA NI MÉDICA para tratar con acelerador lineal el cáncer de la mama izquierda, y con cobalto el de la derecha. NINGUNA RAZÓN. La CCSS, que usted dirige, hace esa diferencia para ahorrar. ¡PARA AHORRAR, EDUARDO! ¡Se quema a las mujeres para ahorrar!

Además, en lo que va del año la Caja ha tenido que pagar en tratamientos privados, a las pacientes que han ganado justos recursos de amparo por esa discriminación, casi lo que cuesta un acelerador lineal nuevo. ¿En dónde está el ahorro?


Lo que hace con las pacientes de cáncer de mama la Institución que usted dirige, Eduardo, ni siquiera es injusticia. Yo quiero llamarlo lisa y llanamente crimen.


Los lectores juzgarán.

Eduardo, espero que responda a mi carta. Espero que se derogue ese reglamento irracional. Espero que se compren aceleradores lineales nuevos. Y no se vale decir que no hay con qué, pues se pagan millones de dólares, el precio de un moderno equipo, a clínicas privadas.

Atentamente,
Anacristina Rossi.


Fuente Diario Extra
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