Del dragado a la tala y la excavación

• Ecosistemas de gran importancia amenazados por el canal artificial que Nicaragua pretende abrir por territorio costarricense

Por Freddy Pacheco*
frepaleon@gmail.com

Así como no podemos hablar de “conflicto limítrofe” sino más bien de la ocupación del territorio nacional por parte de soldados de un Estado extranjero, la preocupación original sobre el impacto ambiental que pudiere tener el proyecto de dragar (limpiar de sedimentos el cauce del río San Juan) ha dado lugar a un proyecto altamente destructivo, que conlleva la tala de una vasta área (de alrededor de 15 hectáreas) para dar paso a la excavación de un canal artificial que, supuestamente, serviría para desviar por ese territorio costarricense la mayor parte del caudal del río hasta la ribera de la laguna salobre de Los Portillos.

Excavación que se haría en territorio perteneciente a la provincia de Limón, donde se encuentra el Área de Conservación Tortuguero, de suma importancia para la protección de la rica biodiversidad presente en el Parque Nacional Tortuguero, el Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, el Corredor Fronterizo, los Acuíferos Guácimo Pococí, la Zona Protectora Tortuguero y el Refugio Privado de Vida Silvestre Archie Carr. Zonas en que predominan los ecosistemas de humedal también protegidos por convenios internacionales, en vista de su importancia como áreas de alta productividad primaria y que, ante las amenazas inherentes al cambio climático, juegan un papel trascendental en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

No menos importante es el papel de ecosistemas protectores del agua, de reguladores del ciclo hidrológico y mitigadores de procesos erosivos, por lo que aunque es reconocida la conservación de la diversidad biológica, donde destacan las aves migratorias, son invaluables los beneficios ambientales de ese conjunto de áreas silvestres.

Si a lo anterior le agregamos el potencial turístico que encierra la belleza escénica del lugar, incluyendo la muy valorada actividad de pesca marina deportiva, hemos de tener conciencia que estamos ante un área costarricense a la que, si se le presta la atención debida, podría ser asiento de un proceso de progreso sostenible hasta ahora subvalorado. Por ello, aunque es de primordial importancia recuperar el respeto a nuestra soberanía en todo territorio ubicado más allá de la margen derecha del río San Juan, según lo establecido en el Tratado de Límites Cañas-Jerez de 1858, y los laudos que se dieron a fines del siglo XIX que lo validaron, Costa Rica ha de elevar su voz hacia la comunidad internacional para que se conozca la magnitud del daño ambiental que fuerzas extranjeras están provocando en esa pequeña pero importante parte del planeta.


*Biólogo, catedrático UNA


Fuente: Diario Extra
Suplemento Página Abierta

Imagen: Diario Digital Nuestro País

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Académicos afirman que reclamos fronterizos de Nicaragua no tienen ningún asidero legal

Por Ernesto Ramírez

Si bien hacen un llamado a la sensatez para lograr una pronta salida al mayor enfrentamiento diplomático ocurrido en tres décadas entre Costa Rica y Nicaragua, dos reconocidos académicos y expertos en asuntos fronterizos, Carlos Granados y Freddy Pacheco, afirman que los reclamos de los nicaragüenses no tienen ningún fundamento jurídico.

Asimismo, Granados, geógrafo, y Pacheco, biólogo y ambientalista, no descartaron que en la nueva crisis surgida entre los Estados se escondan intereses “político electorales” y poses “nacionalistas y patrioteras”, donde todos, menos los políticos, tienen algo que perder.

“El reclamo nicaragüense sobre Isla Calero (un territorio agreste de forma triangular ubicado entre el río San Juan, el Colorado y el mar Caribe, de 151 kilómetros de extensión) no tiene ningún asidero jurídico ni de ninguna otra índole”, dijeron ambos académicos.

No obstante, Pacheco está convencido de que la Cancillería, cuyo ministro René Castro estaba de viaje en China y su vicecanciller en España (“viendo un partido del Real Madrid”) cuando se agudizó el roce diplomático, cometió “graves errores” en el abordaje del problema, especialmente al “no ponerle la atención debida” al proyecto de dragado que con antelación venía anunciando el gobierno de Daniel Ortega.

Roverssi fue quien prendió las primeras luces de alarma cuando Nicaragua dijo que iniciaría en breve la limpieza del cauce.

Pacheco considera que una de las más graves fallas fue cometida por el propio canciller Castro, al viajar a Managua para reunirse con su similar Samuel Santos y no exigir información fundamentada sobre los planes de Nicaragua.

“Somos margen derecha del río, es un área de biosfera, hay áreas de conservación, el San Juan es un corredor biológico, es la cuenca hidrográfica más grande de Centroamérica con una extensión de 38.500 kilómetros cuadrados, 64% perteneciente a Nicaragua y 36% a Costa Rica”, y por esa razón el tema del proyecto nicaragüense no podía pasar desapercibido para nuestro país, opinó el ambientalista, quien también es catedrático de la Universidad Nacional.

El diferendo entre los dos países se atizó a mediados de octubre, tras el inicio del dragado del cauce del San Juan, bajo la conducción del ex-guerrillero sandinista Edén Pastora. La operación desencadenó pronto, el 21 de octubre, una protesta de Costa Rica, tras acusar a Nicaragua de lanzar sedimentos, afectar un humedal y realizar una tala en su territorio, en el sector de Finca Aragón, en Isla Calero.

Un día después de la protesta, el ministerio de Seguridad Pública envió a un contingente de policías armados al sector, donde plantaron incluso la bandera costarricense.

En Nicaragua, el gobierno justificó desplazamiento de soldados a la zona fronteriza como parte de una operación destinada a combatir el narcotráfico en el sector.

Managua guardó silencio casi una semana ante el reclamo de San José, hasta que la Cancillería replicó acusando a “tropas de las fuerzas armadas” de Costa Rica de haber más bien incursionado en su territorio, mientras Pastora aseguraba que todas las obras de dragado, la tala y lanzamiento de sedimentos fue del lado de Nicaragua.

Pastora luego mostró un mapa satelital de Google, en el que aparece el sector de isla Calero como parte del territorio de Nicaragua. Para entonces, el gobierno de Ortega había enviado un grupo de soldados al mencionado territorio, donde los efectivos levantaron campamentos y enclavaron la bandera nicaragüense. Al mismo tiempo, el mandatario nicaragüense dijo que su país acudiría a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para que esta defina cuál país tiene la razón.

De inmediato, Costa Rica convocó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que envió a su secretario general, José Miguel Insulza (ver recuadro) el fin de semana a mediar entre las partes.

“Costa Rica tenía derecho a tener información precisa sobre el proyecto del dragado, somos margen derecha del San Juan. Samuel Santos, pese al reclamo del Vicecanciller, le dice a Castro que no hay problema”, dijo Pacheco, quien no se explica como el Canciller, “siendo un ex-ministro de Ambiente,” no pidió la suficiente información.

“Ese fue un error muy grave, hablamos de una zona transfronteriza, donde opera el convenio de biodiversidad biológica surgido de la cumbre de la tierra ECO-92 aprobado por Nicaragua en 1995”, dijo biólogo a UNIVERSIDAD.

Para Pacheco, Costa Rica “reaccionó tarde”, hasta que “se demostró que el dragado violentaba la soberanía costarricense”.

Por otro lado, criticó la falta de sensatez de las autoridades nicaragüenses en este problema.”Hay tal irracionalidad en Nicaragua que se opone a todo, a los tratados de 1858, a los laudos Cleveland y Alexander, y a hasta a los mapas publicados por ellos mismos”, dijo Pacheco, al recordar que hasta la cartografía del Instituto de Estudios Territoriales de la vecina nación ubica a Isla Calero del lado costarricense.

“El tratado es claro que la frontera sale de Punta Castilla y toma la margen derecha del San Juan, hasta el sector de Castillo Viejo, a una distancia de tres millas inglesas antes de ese punto”. “Por eso no es correcto lo que dice Pastora (un irresponsable a juicio de Pacheco) de que trabaja en un lugar donde las dos márgenes del río son nicaragüenses”, insistió el ambientalista.

Pacheco también se sumó al criterio de Granados de que el argumento de Nicaragua sobre su presunta pertenencia de Isla Calero “no tiene asidero racional ni jurídico”, además de señalar serios errores de Google (la empresa ordenó rectificar el mapa), que incluso ubica tramos del San Juan en Costa Rica, cuando pertenece a Nicaragua, y desvía la línea imaginaria hacia aguas nicaragüenses al término de la frontera en Bahía de Salinas.

“Son especulaciones, pero creo que si hay cosas detrás de este nuevo incidente, hay un contrato millonario por el dragado, Nicaragua está en año electoral y se necesita levantar la bandera del nacionalismo, y esto favorece a Daniel Ortega, a los nicaragüenses les dicen que les van a arrebatar el Río San Juan”, dijo.

Por otro lado, Pacheco no se explica como Nicaragua justifica el dragado para darle mayor capacidad de navegación al San Juan si piensa construir la represa hidroeléctrica Brito, que a juicio del ambientalista, casi secaría el cauce del río.

“Creo que Nicaragua no va a aceptar nada que salga de la OEA, por eso alude a la Haya para retardar (el juicio elevado por Costa Rica por la prohibición al paso de guardias civiles armados, que terminó en julio del 2009, consumió doce años)”. “Eso le permitiría a Daniel Ortega mantener la llama nacionalista encendida”, dijo.

“Es una provocación muy clara lo que ha ocurrido, es un problema de la Cancillería y del Gobierno (nicaragüense) utilizando la figura de Pastora”, añadió.

No obstante, Pacheco se mostró convencido de que Costa Rica y Nicaragua deben ponerse de acuerdo para amojonar la frontera de manera “que cada quien sepa cuál es su territorio”.

Una propuesta en ese sentido fue enviada a la presidenta Chinchilla por Daniel Ortega durante la visita que hizo el domingo Insulza a Managua.

El secretario general, quien entre el domingo y lunes sobrevoló la frontera, primero del lado de Nicaragua y luego del de Costa Rica, también consideró que los dos estados deberían sentarse a la mesa del diálogo y luego acordar una fijación de los hitos de acuerdo a lo señalado en el tratado fronterizo y así poder discutir si hay puntos de desacuerdo. “Es una frontera complicada, una parte la marca muy claramente el San Juan”, dijo Insulza el domingo en San José.

UNIVERSIDAD dirigió, vía correo electrónico, un cuestionario a dos personalidades nicaragüenses, el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez y al periodista y ex-director del diario Barricada, Carlos Fernando Chamorro, hoy adversario de Ortega, para conocer sus opiniones sobre los entretelones de esta nueva crisis que para muchos analistas emergió casi como por arte de magia. No obstante, al cierre de edición no se recibieron las respuestas.

Por su parte, Granados considera que si Nicaragua quiere restablecer las condiciones originales del San Juan, como en una ocasión dijo Pastora, tendría que reencauzar las aguas del río Colorado, costarricense, “y esto es muy serio”.

“Sería tomar aguas del Colorado y lanzarlas al San Juan”, es algo muy delicado”, opinó el Geógrafo.

Y opinó que reclamar Isla Calero, como lo está haciendo Nicaragua “es como darle vuelta a toda una historia”, “es poco sensato, no tiene asidero”. “Si fuera de ellos, la habrían reclamado hace mucho tiempo, la ubicación está consignada en la cartografía oficial de ellos, y de Costa Rica, el tratado es claro”, añadió.

Granados, un experto en el tratamiento de temas relacionados con las fronteras centroamericanas, consideró que ambos países deberían crear un clima de “confianza y de entendimiento” para evitar futuros desencuentros.

“Cada vez que cada una de las Cancillerías habla de la frontera, se arma el pleito”, “cuando debe ser un lugar de encuentro y de cooperación”, indicó.

Y se mostró convencido de que hay provocaciones desde el otro país, como el hecho mismo de llamar “soberanía” a la draga que limpia el cauce.

Granados cree también que si tiene sentido la idea de dragar el río, pues en el verano casi se seca, pero “no hay confianza, no se dice la verdad”. Además, dijo que por estar asidos por el tratado limítrofe ninguno de los dos Estados, independientemente a quien pertenezca, “puede hacer lo que le da la gana en el río”.

Recordó que Costa Rica tiene obligaciones y que la preocupación de Nicaragua sobre los alcances del proyecto de Crucitas, ante el riesgo de contaminación, por ejemplo, también es válida.

“En Nicaragua también hay un año electoral, se exacerban los nacionalismos, esto es muy rentable para los políticos”, “estos se envuelven en la bandera nacional para obtener ganancias”, dijo.

Por otro lado se mostró sorprendido que ahora Nicaragua “descubra que hay narcotráfico en la zona limítrofe del San Juan”, allí “pasa de todo, armas, hay tráfico de especies, de madera, hasta de cocodrilos para usar la piel”, dijo Granados.

Hay una diferencia en el caso del río, opinó: “Para nosotros es un río”, y para ellos “es el Río San Juan”, con la idea de hacer un canal que nunca fue”, puntualizó.dijo Edén Pastora refiriéndose a las reacciones de Costa Rica.

Pero los entretelones políticos del conflicto no apuntan sólo a Nicaragua: “buscan tapar lo de Caldera, las barbaridades que están haciendo en Crucitas”, dijo Edén Pastora refiriéndose a las reacciones de Costa Rica.


MISIÓN MEDIADORA

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza inició una misión mediadora el viernes con sendas visitas a Costa Rica y Nicaragua.

En su misión, se reunió con la presidenta Laura Chinchilla primero y luego con el mandatario nicaragüense Daniel Ortega.

El domingo sobrevoló desde Nicaragua los 300 kilómetros de frontera y el lunes hizo lo mismo desde Costa Rica.

Diálogo y más diálogo para superar las diferencias fue la principal recomendación de Insulza, quien tenía previsto presentar un informe el martes al Consejo Permanente de la OEA sobre el resultado de su gestión.


EL LÍMITE SEGÚN EN TRATADO CAÑAS-JEREZ

La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del mar del Norte, comenzará en la extremidad de Punta Castilla, en la desembocadura del río San Juan, de Nicaragua, y continuará marcándose con la margen derecha del expresado río, hasta un punto distante del Castillo Viejo, tres millas inglesas, medidas de las fortificaciones exteriores de dicho Castillo, hasta el indicado punto. De allí partirá una curva, cuyo centro serán dichas obras y distará de él tres millas inglesas, en toda su progresión, terminando en un punto que deberá distar dos millas de la ribera del río, aguas arriba del Castillo.

De allí se continuará en dirección al río de Sapoá, que desagua en el Lago de Nicaragua, siguiendo un curso que diste siempre dos millas de la margen derecha del propio lago hasta el expresado río Sapoá, en donde terminará esta línea paralela a dichas riberas. Del punto en que ella coincida con el río Sapoá, el que por dicho debe distar dos millas del lago, se tirará una recta astronómica hasta el hasta el punto céntrico de la bahía de Salinas, en el mar del Sur, donde quedará terminada la demarcación del territorio de las dos Repúblicas contratantes.


Fuente: Semanario Universidad

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Costa Rica y la represa en el Río San Juan

·Amenaza ambiental de indescriptibles consecuencias

Por Freddy Pacheco*
frepaleon@gmail.com

El Río San Juan, de 189 km de longitud, y su cuenca, incluyen diversos ecosistemas que van del bosque tropical seco hasta el bosque tropical húmedo, que forman parte de un corredor biológico natural que permite la interacción entre especies originarias de la región Neoártica del norte y Neotrópica del sur del continente. Ecosistemas que son asiento de numerosas áreas protegidas, hábitat de numerosas especies de aves (garzas, cigüeñas, espátulas rosadas, ibis blancos, patos aguja, piches…) así como cormoranes neotropicales, especialmente evaluados por tratarse de la colonia más grande de Costa Rica, y poblaciones permanentes del clarinero nicaragüense, ave endémica de la cuenca del Lago de Nicaragua.

Asimismo, en las áreas boscosas y humedales son frecuentes los avistamientos de especies en peligro de extinción como pumas, dantas, jaguares, manigordos, monos congo, cariblancos, colorados, tolomucos, perezosos y nutrias. Destacándose también las tortugas terrestres, los caimanes y decenas de especies de peces, incluido el pez gaspar, al que se le considera fósil viviente.

Aunque muestra grandes fluctuaciones en su caudal, tanto a lo largo de su recorrido como en las diferentes épocas del año, en promedio se estima que en su nacimiento, cuando el lago pasa a ser río, es de 475 metros cúbicos por segundo. Caudal que aumenta considerablemente a 1.308 m3/segundo con el aporte del río Sarapiquí, y en conjunto con el Lago de Nicaragua, la cuenca transfronteriza constituye la mayor reserva de agua dulce del istmo centroamericano y una de las más grandes de continente.

Hemos querido anotar los anteriores datos (¡solo unos cuantos!) para ayudarnos a describir la magnitud de la amenaza ambiental de indescriptibles consecuencias que tendría la construcción de una represa de 400 metros de cresta en la región del río cercana al Lago, con la que se espera detener totalmente su flujo hacia el Caribe, con los consecuentes impactos ambientales predecibles. Tapón de concreto que provocaría el que el río pasaría a ser quizá una quebrada o riachuelo de menor importancia a lo largo de decenas de kilómetros, desde la represa hasta la desembocadura del río Sarapiquí, condenando a su desaparición, a todo su largo, aquella flora y fauna incapaz de soportar un cambio ambiental tan brutal como el que se propone causar.

Situación que nos hace reiterar nuevamente el por qué se habrá de plantear la destrucción como desarrollo, como ha sido la historia usual de ambos países en muchos periodos de su corta historia republicana.

Ante las necesidades energéticas nicaragüenses, que tienen carácter de urgencia, sus gobernantes parecieran estarse decidiendo por obviar la gran riqueza de su maravilloso río con tal de generar un poco más de 250 MW de electricidad, que tampoco solucionaría su crisis energética.

Decisión que se apoya en expresiones del presidente Daniel Ortega quien ya en setiembre del 2006 había declarado que “…no crea mayores complicaciones medioambientales ni de ningún tipo”, y el acuerdo suscrito entre el gobierno y la empresa privada brasileña Andrade y Gutiérrez, en febrero del 2009, para que ésta iniciara los estudios conducentes a hacer realidad el proyecto de $600 millones.

Acciones para evitar el desastre. Como el asunto es muy conocido por nuestras autoridades desde hace meses y porque indiscutiblemente nos compete como Estado ejecutar acciones que eviten que tal desastroso proyecto se haga realidad, nuevamente llamamos la atención al canciller “verde” y a demás autoridades gubernamentales para que nos describan las acciones que han venido ejecutando como reacción a esa agresión.

Como la naturaleza no conoce de tratados de límites, ni la fauna y flora transfronterizas portan pasaportes de nacionalidad, ticos y nicas hemos de unir esfuerzos por convencer a los empresarios interesados en este mal negocio, de las consecuencias que tendría pasar a la vertiente del Pacífico a través del istmo de Rivas, las aguas que recibe el río San Juan del Lago de Nicaragua. Convencerlos de que el Proyecto Hidroeléctrico Brito conlleva, además de la violación fragrante de convenios internacionales reconocidos por ambos Estados, un grave irrespeto a los recursos naturales y los habitantes que se tiene el deber de resguardar, brindándoles educación, salud, alimentación y una calidad de vida que les retribuya los derechos humanos que no conocen.


*Catedrático UNA

Fuente: Diario Extra
Suplemento Página Abierta

Foto: informa-TICO


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Rodrigo Facio y Herrero

Por Freddy Pacheco, PhD

Escuela de Ciencias Biológicas, UNA

Donde mejor se refleja la mezquindad del ministro de Hacienda, quien gozara de una beca de la UNA para sus estudios de posgrado (que no sabemos si al fin concluyera exitosamente), es en el ataque frontal, malintencionado, mezquino en fin, contra los salarios de los profesores universitarios.

En su afán de manipular a la opinión pública -cual si se tratara del salario del alcalde de San José o del que se habían recetado algunos señores diputados- desinforma a la ciudadanía diciéndole que cualquier ajuste en las finanzas de las universidades del pueblo de Costa Rica se usaría para inflar los jugosos salarios del personal. ¿Qué dirán de ello aquellos compañeros profesores que tienen salarios menores a los de algunos profesores de colegios?

En la de menos lo que HERRERO quiere, fiel al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional -a los que conoce muy bien- es debilitar aún más los recursos humanos de las universidades públicas para con ello debilitarlas hasta el límite de la inanición. Alcanzada esa aspiración, vendrían las propuestas de solución… en el régimen privado.

Este martes 17 de agosto, en que decenas de miles le manifestarán a la señora presidenta Laura Chinchilla el cumplimiento de sus promesas de campaña electoral, hemos de sugerirle la necesidad de que invite a dar un paso a un lado a su ministro HERRERO, para que sean reales las posibilidades de un diálogo fructífero.

Mientras éste siga entre bambalinas manejando a su antojo el argumento de las finanzas, detrás del cual esconde sus verdaderas intenciones, vaticinamos la profundización de una crisis que jamás debió de haberse dado y que de paso nos recuerda la provocada por el exministro Thelmo Vargas durante en la administración Calderón Fournier (solucionada con su invitación a irse para la casa).

Y es que si tan solo se le prestara atención a Rodrigo Facio cuando dijera:

"La conclusión obligada es que los recursos humanos son el factor decisivo para el progreso económico, y que la educación, muy lejos de ser una lujo y ni siquiera un gasto corriente de consumo, es una de las formas más eficaces y reproductivas de inversión o capitalización".

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Nos demandan por ejercer un derecho

Por Dr. Freddy Pacheco*

frepaleon@gmail.com

NOS DEMANDAN por ejercer un derecho al cual jamás habremos de renunciar. El derecho a expresar con plena libertad nuestra opinión. El derecho a comunicar por la prensa nuestro pensamiento con responsabilidad y amplia libertad. El derecho a informar a los lectores sobre asuntos que les competen y han de conocer. El derecho, “a la libertad de opinión y de expresión”; derecho que “incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Por ello nos demandan. Por haber encontrado y leído lo que no había que leer. Por haber entendido lo que estaba escrito y oculto por varios años. Por haber cuestionado el proceder de los que se consideran intocables. Por salir en defensa de especies animales en peligro de extinción, las cuales el Estado costarricense tiene el sagrado compromiso de proteger. Por no cerrar los ojos y atender un llamado de la conciencia.

Porque nos conmovió el enterarnos que en tres experimentos científicos se hubieren matado cientos de tortuguitas baula del Pacífico y verdes del Caribe, ¡apenas salidas de sus huevos!, fue que escribimos y hablamos con determinación. Porque nos provocaba náuseas el leer que las habían matado con inyección de sustancias tóxicas, congelamiento y corta de sus cabecitas, fue que reaccionamos con la finalidad de que con la ayuda de la ciudadanía informada jamás se volviera a dar algo semejante. Porque además, los insólitos hechos sucedieron con permiso de nuestras autoridades en parques nacionales precisamente creados para protegerlas.

Nos demandan también porque nos manifestamos en contra del uso cuestionable de tortugas baula adultas, en supuestas “carreras” en que los animales tienen que cargar con un incómodo aparato de unos 5 kilos de peso, que afecta sensiblemente su desplazamiento hacia los sitios de alimentación y desove. Y ello conociendo que del medio centenar de baulas “equipadas” a través de los años con dichos transmisores en Playa Grande… ninguna ha regresado a desovar. Y nos demandan también porque cometimos la osadía de encontrar que la tal “carrera” estaba siendo usada para recibir apuestas en la página de un conocido portal de la Internet.

En fin, por eso y algo más nos demandan. Porque no toleran la verdad. Porque para la gente del The Leatherback Trust (Fideicomiso Baulas) ellos quizá merecen solo aplausos por lo que considerarán valiosos aportes a la ciencia y al conocimiento de la biología e historia natural de las tortugas marinas mediante el uso inevitable (así pensarán) de los métodos descritos.

SON DOS DEMANDAS. Una presentada a nombre del organismo extranjero y suscrita por su vicepresidente el ingeniero agrónomo Mario Boza. La otra, más reciente pero también ya respondida, presentada por James Robert Spotila, presidente del The Leatherback Trust. Demandas en las que ellos estiman los daños causados en cientos de millones de colones, que obviamente no tenemos, pero que gustosos pagaríamos (si fuésemos culpables) pues ya se ha cumplido el objetivo de no permitir nuevamente la realización de experimentos semejantes.

No podemos negar que las mismas, aunque insólitas, nos han arrebatado horas de sueño y de tranquilidad, haciendo más complejo el cumplimiento de nuestras labores académicas e inevitablemente causando desazón al interior de nuestra familia. Pero, por más injustificadas que sean, si tuviésemos que enfrentar otras semejantes precisamente por hacer uso de los sacros principios que tanto sustento encuentran en la nacionalidad costarricense, juramos ante ustedes, que gustosos las atenderemos.

Pues no se trata de un capricho ni una acción injustificada dirigida a difamar, injuriar o calumniar a ente o persona alguna. Se trata del cumplimiento del deber que todos compartimos en pro de la conservación de la naturaleza, y en este caso específico, de dos especies de tortugas marinas que merecen ser protegidas. Si se quiere, se trata del deber moral de acudir en su auxilio… aunque por ello nos demanden penalmente.


*Catedrático UNA


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Los zapatazos morales

"Los Escupitajos Morales", a propósito de los zapatazos morales


Por Freddy Pacheco León

“Los pueblos no pueden escupir (lanzar zapatos, diríamos) a una política exterior, que es lo que han querido hacer. Y cuando han agotado todos los medios posibles de convencimiento, el último recurso que les queda es escupir” (o, dar zapatazos).

“…el acto de escupir (dar zapatazos), vulgar como es, no tiene sustituto en nuestro idioma para expresar determinadas emociones.”

“Decir esto es tal vez más doloroso para mí que para muchos ciudadanos de los Estados Unidos. Pero no hay en el mundo palabras, y sólo hay salivazos (zapatazos), que sean capaces de interpretar el sentimiento de un pueblo venezolano cuando, recientemente, mientras hombres y mujeres y niños se desangraban en las calles de Caracas tratando de sacar a sus seres queridos de las cámaras de tortura de los tiranos y ladrones y asesinos que otorgan las fáciles concesiones petroleras, los periódicos estadounidenses tranquilizaban a sus lectores, asegurándoles que no había causa de ansiedad, porque las inversiones norteamericanas en Venezuela estaban seguras.”

“Por eso las gentes recurren a los escupitajos” (a los zapatazos)


Referencia: “Los Escupitajos Morales”. Declaración hecha por don Pepe Figueres ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los EUA, el día 9 de junio de 1958, a propósito de los escupitajos que recibiera el entonces vicepresidente Richard Nixon en Venezuela, hace 50 años.



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La Cueva: Un desastre ambiental

• ¿Otra embarcada?

• Decreto Ejecutivo peor que el de Crucitas

Por Dr. Freddy Pacheco León*
frepaleon@gmail.com

Cuando se publica un decreto ejecutivo declarando de “Interés Público y Conveniencia Nacional” algún asunto, se espera que el mismo así lo amerite. Si para ello concurren con su firma el Presidente de la República y los ministros de la Presidencia, Ambiente y Agricultura, de verdad que es para creer que se está ante un proyecto de gran beneficio para los habitantes del país. Y si además, se presenta como solución concreta al abastecimiento de agua potable en una región tan necesitada como la provincia de Guanacaste, uno esperaría recibir una merecida ovación como premio.

Así, seguramente sucedió con el Presidente Arias y los ministros Arias, Dobles y Flores, al momento de suscribir el decreto ejecutivo N° 34677-MP-MAG-MINAE, tal vez sin que se les hubieran dado a conocer los antecedentes necesarios para una firma responsable. Y es que el escenario parecía el adecuado, en medio de las festividades de la Anexión del Partido de Nicoya y (¡aquí estuvo el error del señor Presidente y sus tres ministros!) estamparon sus firmas sin conocer los antecedentes y entretelones del proyecto que estaban declarando interesante y conveniente para la Nación y sus habitantes. Como diría don Abel Pacheco, “alguien los embarcó”.

No de otra manera se podría interpretar lo sucedido pues se trata de un proyecto de dimensiones gigantescas, con un altísimo impacto ambiental y consecuencias irreparables para los recursos naturales de un parque nacional y áreas vecinas. ¡Veamos!

En términos generales, se trata de la construcción de una gran represa denominada “Embalse La Cueva”, que se localizaría sobre el cauce del río Tempisque, aguas abajo de la confluencia de los ríos Ahogados y Tempisquito, para supuestamente suplir de agua potable a ciertas regiones costeras de Guanacaste. La represa tendría 43 metros de altura, inundaría un área de unas 1200 hectáreas y tendría un costo de cientos de millones de dólares que seria financiado con solicitudes de préstamos a bancos extranjeros.

Donde se evidencian las gravísimas consecuencias negativas es en el estudio publicado hace siete años por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (“Pacific Consultants International”) que, siendo bien conocido por sus promotores actuales, parece habérsele ocultado por estos mismos a los “embarcados”. Y es que cómo se podría obviar el hecho de que la construcción de tan descabellado proyecto conlleva la destrucción total, por inundación, de 380 hectáreas de bosque experimental del Área Horizontes del Parque Nacional Santa Rosa, registrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Cuánto valen las valiosas e insustituibles especies de flora y fauna características de ese hábitat protegido? ¿Será tan bueno el proyecto que hace que se siga adelante pese a este brutal acto en contra de la naturaleza? Si la reacción popular en contra del proyecto de minería a cielo abierto Las Crucitas se sustenta en el carácter devastador para la flora y la fauna existente en el sitio a excavar, ¿qué procede hacer en el presente caso?

Pero aún hay más. Los expertos japoneses también alertaron sobre similar destrucción sobre unas 700 hectáreas de productivas tierras ganaderas de excelente calidad, muchas de ellas con riego. ¿Es que acaso el gobierno de la República está en disposición de sumar otro conflicto por expropiaciones de tierras? ¿Se habrá determinado el costo de tales expropiaciones?

A lo anterior hay que agregar que igualmente se inundaría un largo tramo de 4 km de la Carretera Panamericana que habría que rediseñar para expropiar y construir, a un costo igualmente indeterminado de varios millones de dólares. Tomando en consideración las condiciones conocidas en términos viales y financieros, ¿será viable hacer algo así?

Por su lado, el ICE tendría que reubicar unos 3 km de líneas de alta tensión instaladas cerca de la Carretera Panamericana que atraviesan el área a inundarse, con al menos 6 torres que tendrían que desmantelarse y, de ser posible, trasladarse hacia un lugar todavía desconocido.

Hace 7 años se había determinado que al menos 30 viviendas quedarían bajo el agua. Hoy no sabemos cuántas más se habrán construido desde entonces y, por lo que hemos indagado, los habitantes afectados no tienen idea de las amenazas que traería consigo el proyecto La Cueva sobre su vida familiar. ¿Es que no merecen respeto? Otros pobladores que saldrían afectados y para los cuales no se han planteado, ni en teoría, formas de vida alternativas, son unas 200 personas que se ganan su sustento diario extrayendo arena del cauce de los ríos, hacia debajo de la represa, “quienes quedarían imposibilitados de extraer la arena debido a la alteración de las condiciones de sedimentación”.

Y si usted amigo lector cree que hasta aquí ya habrían razones suficientes para tratar de detener tal agresión a la naturaleza y la sociedad, nada más lea lo siguiente para que termine de convencerse: la tal represa-embalse ¡QUEDARÁ VACÍA MÁS DE SEIS MESES AL AÑO! por falta de agua. Además, según los profesionales japoneses que hicieron el estudio, aunque también se supone que el proyecto sería útil para el control de inundaciones entre Filadelfia y Guinea, “la presa no aliviaría sustancialmente los daños de inundaciones que se producen en la zona”. ¿Entonces? En la época seca se queda sin agua, y en la época lluviosa no sirve ni para el control de inundaciones…¿Verdad que todo parece un disparate de mal gusto?

No es sorprendente pues que en el citado estudio se concluya que la “Presa tiene una capacidad de almacenaje muy reducida frente al costo de construcción, lo cual hace que se pueda esperar solo pocos beneficios económicos. Si a esto se suman los riesgos e impactos ambientales y sociales negativos, se considera que el sacrificio es demasiado grande para el elevado monto de deuda que va a contraerse, y por tanto, a corto plazo es difícil proponer su implementación como un excelente proyecto”. En verdad que los japoneses, por ser tan gentilmente diplomáticos, no se atrevieron a calificar este desastroso proyecto como lo merecía.

Como alguien tuvo que haber “embarcado” al Presidente Arias y sus miembros del Gabinete para haber declarado de interés público y conveniencia nacional algo tan absurdo, y solo conocemos de una persona que lo anda promocionando y hasta buscando financiamiento para otro estudio de factibilidad (¡como si el estudio de los japoneses no fuere suficientemente claro y determinante!) instamos muy respetuosa y públicamente a la señora diputada Maureen Ballestero Vargas a que aclare el por qué de sus gestiones y, de paso, aclare a la ciudadanía si ella fue la promotora de la firma del decreto ejecutivo.

En su visita (acompañada de un asesor legislativo) al ICT un mes antes de que se firmara el cuestionado decreto ejecutivo, no solo defendió las bondades que, dice ella, tiene proyecto semejante, sino que se planteó la posibilidad de que el ICT proporcionara recursos del llamado Fondo de Turismo –Fondetur- al proyecto La Cueva.

Cabe, por tanto, su aclaración, pues es persona vinculada a la GWP (Asociación Mundial del Agua nacida al amparo del Banco Mundial) y presidenta de la importante Comisión del Ambiente de la Asamblea Legislativa, que entre otras cosas se creó para que los señores diputados le dieran mayor relevancia a la protección ambiental.

Al Semanario Universidad (3 de diciembre del 2008) le declaró que si impulsaba el proyecto “y restó valor a lo dicho por los japoneses”, pues según su particular manera de pensar, "Los países desarrollados represaron todos sus ríos y ahora vienen a decirnos cómo hacerlo, teniendo la capacidad técnica", advirtió. Comentario que, sin embargo, no se fundamenta en estudio alguno que por lo menos hubiera citado.


*Catedrático UNA


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Más: Proyectos para dotar de agua a Guanacaste no tienen aval técnico Semanario Universidad

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Ambiente y libertad de expresión

Por Dr. Freddy Pacheco, Biólogo UNA

Cuando hace unos años la rectoría de la Universidad Nacional (UNA) nos encomendara coordinar una tarea relacionada con la conservación de las tortugas baula y la preocupación genuina de un gobierno local y una comunidad ante lo que se vislumbraba como un conflicto inminente, acogimos la designación con responsabilidad.

Se trataba ni más ni menos, que de colaborar en la preservación de una especie única, de un reptil marino que compartió los mares con los dinosaurios hace unos 100 millones de años, que luego se extinguirían de la faz del planeta, mientras las maravillosas baulas superaban los desastres naturales que acabaron con ellos. Son las mismas tortugas que seguramente nadaban por donde lo que hoy conocemos como territorio costarricense, no era más que fondo marino.

Así, junto a la Municipalidad de Santa Cruz y vecinos de Matapalo y de la región de Playa Grande, el grupo de trabajo de la UNA promovió una solución al problema que, planteado por un grupo extranjero que quería la ampliación del Parque Nacional Marino que las acoge, derivaría seguramente en un conflicto de impredecibles consecuencias.

Por un lado se tenían terrenos de propiedad privada a lo largo de seis kilómetros de zona costera, colindantes al límite del Parque y que jamás han formado parte integral del mismo, mientras que, con el argumento de que el Estado costarricense tenía el deber de comprar todos los bienes muebles e inmuebles allí situados, los jerarcas del grupo proveniente de Nueva Jersey, EUA, conocido como "The Leatherback Trust", promovían las expropiaciones impagables, por su alto precio, de 46 hectáreas situadas al norte de Tamarindo y al sur de Conchal.

Mientras se iniciaba el debate aún inconcluso, se evidenció que la caída dramática en el número de baulas que todavía llegan al Parque Marino se debía a la matanza sucedida en regiones marítimas muy alejadas de Costa Rica, donde pescadores extranjeros actuando impunemente, las matan incidentalmente.

De las 1.500 baulas que anidaban hace unos 15 años, hoy no lo hacen ni 100, y como prueba de que el descenso brutal en su población tiene origen en factores que no tienen nada que ver con el limitado urbanismo existente en las cercanías del Parque, se documentó una caída semejante en playas del Parque Nacional Santa Rosa, donde no hay siquiera un rancho cercano.

Ante ese panorama, se optó por establecer estrictas medidas de uso del suelo en las áreas de propiedad particular y de administración municipal, con las cuales complementar la protección que reciben las tortugas al interior del área de conservación, aprobándose así un reglamento de zonificación que fuere calificado por un científico estadounidense especialista en la protección de las baulas, como "magnífico".

Reglamento municipal que, sin embargo, fuere recurrido por el citado Trust ante la Sala Constitucional, alegándose que el mismo se estaba aplicando al interior de un parque nacional, según una cuestionada resolución de la Procuraduría que vino a ensombrecer aún más la difusa definición de los límites del Parque. Y así se daba el debate en el cual participamos, desde el momento en que asumimos, si se quiere apasionadamente, la tarea encomendada.

Debate durante el cual hemos señalado la influencia de organismos extranjeros en la toma de decisiones al interior del Minaet, y la intransigencia demostrada por los que, sin tener el dinero para ello, quieren forzar al Estado costarricense a gastar hasta ø350 mil millones en la compra inútil de casas y lotes que no están afectando en lo más mínimo a las tortugas baula.

Debate que además reafirmó la necesidad de delimitar claramente el Parque Nacional Marino Las Baulas, para una mejor ejecución de las medidas conservacionistas, frente al conflicto jurídico derivado de las múltiples interpretaciones que se le han dado a la letra de su Ley de Creación.

Si no es necesario expropiar terrenos para supuestamente proteger el hábitat en que anidan y nacen las baulas, y si además, objetivamente no se tiene el dinero para ello, el asunto deriva en una cuestión de lógica y sentido común: ante lo imposible, hay que promover lo razonable.

Pues bien, por dar a conocer nuestro pensamiento como un ejercicio de la libertad de prensa y de expresión que tanto valoramos, hemos sido denunciados penalmente por supuestamente haber difamado por la prensa al The Leatherback Trust, como parte de una tendencia creciente y preocupante que pretende limitar la divulgación respetuosa de las ideas y la información, haciendo uso de una ley de prensa centenaria que demanda su urgente transformación.



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El negocio de la leche contaminada en China

Por Dr. Freddy Pacheco*
frepaleon@gmail.com

Más de 50.000 niños han requerido atención hospitalaria al momento de escribir este comentario.

De ellos casi 14.000 han quedado internados, más de 100 están graves y cuatro han muerto. La causa: cálculos en los riñones que, en ciertos casos, podrían derivar en cáncer, siendo la mayoría de los niños afectados menores de dos años.

Más allá de las cifras, y de lo terriblemente dolorosa que es la enfermedad, lo que más indigna es la explicación que se ha dado a cuentagotas a la opinión pública, de parte de las autoridades del gobierno comunista.

Al menos una gran empresa estatal, SANLU, ha reconocido que a más de 22 marcas de leche se le ha agregado, para darle mayor “consistencia”, una sustancia química de alta toxicidad llamada melamina. Sustancia usada en otras oportunidades para simular cual si fuere proteínas, el que se le hubiera agregado agua a la leche de venta comercial.

No se trata pues, como algunos han pretendido explicar, de una lamentable contaminación. Se trata más bien, de un negocio, de un vil negocio basado en el dolor infantil.

Como antecedente sucedido en los Estados Unidos, tenemos que el año pasado se reportaron envenenamientos de miles de animales de granja alimentados con productos importados de China, que contenían melamina, lo que permite presumir que dicha práctica engañosa, o sea, que el inhumano negocio, ya tiene sus años de estar en práctica.

Aunque todavía no se han determinado efectos en las personas que consumieran, entre otros, carne de cerdo, calamares, pescados y carne de bovinos, alimentados con proteína mezclada con melamina, tal vez éste sería el momento para prestarle mayor atención a dicha amenaza.

Para el caso de Costa Rica, sugerimos a las autoridades de salud atender con prontitud lo que podría suceder en nuestro país, en virtud de que también fue detectada la presencia de melamina en leche de marca Nestlé producida en China y vendida en Hong Kong, por lo que el asunto no se limita a la parte continental del gigantesco país asiático.

Además porque se ha confirmado la presencia del tóxico en galletas, golosinas y otros productos de gran atractivo para la niñez. No vaya a suceder que, en vista de los deficientes controles que se ejercen para ciertos productos de importación, se vaya a repetir lo sucedido hace un tiempo con una pasta dental contaminada que, si no hubiere sido por los mismos comerciantes, se hubiera vendido sin regulación alguna en los muy populares locales comerciales de propietarios chinos.

22 de setiembre del 2008.


*Catedrático UNA


Foto Reuters

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Las pobrecitas baulas

Dr. Freddy Pacheco,

Catedrático UNA

Aunque creemos conocer sus movidas y procedimientos (señalados en el comentario “Baulas: descubriendo el agua tibia” publicado en La Prensa Libre del viernes 11 de julio) hasta nosotros mismos nos hemos sorprendido de la rapidez conque se ha confirmado nuestra percepción acerca de algunos de los “experimentos” realizados con tortugas baula.

En la página web del “Telegraph.com” (R.U.) se ha publicado un artículo suscrito (¡no necesariamente escrito!) por una docena de autores vinculados al The Leatherback Trust (o Fideicomiso Baulas), que incluyen al director del Parque Nacional Marino Las Baulas, donde en buena parte reportan haber descubierto… el agua tibia.

¿Se acuerdan de aquél corredor marino al que nos referíamos en nuestro comentario? – Pues en el artículo se ¡vuelve a descubrir! Las baulas salen de Guanacaste hacia las islas Galápagos y de ahí hacia el Pacífico Sur (donde según comunicado de Greenpeace México, han muerto miles en aguas de Chile y Perú).

El experimento (financiado entre otros por los angelitos de Conservación Internacional, la Fundación Gordon y Betty Moore, la Fundación Packard, la Oficina de Investigación Naval de los EUA, los promotores de la tristemente recordada “Gran carrera de tortugas” y la NASA) descubrieron también que las fuertes corrientes marinas del océano Pacífico ecuatorial las afectan en su migración (¿se podría esperar lo contrario?) antes de dirigirse hacia las aguas más tranquilas del sur.

Y para afirmar aún más el efecto letal de las pesquerías, Barbara Block (citada como autora principal en el “Telegraph.com”) concluye que a partir de esta “novedosa” información se podría mejorar y aumentar el monitoreo de las interacciones entre las baulas y las pesquerías, manifestando además la necesidad (¡también ampliamente reconocida!) de establecer moratorias pesqueras y designar áreas de protección en el Pacífico Sur. Al menos esto confirma que la alta tasa de mortalidad de adultos tiene relación con la pesca incidental en esa región oceánica y no con lo que pudiere estar sucediendo en playa Grande.

Lo que no dice el artículo de las 12 firmas, es el por qué todavía NO ha regresado a desovar a playa Grande ninguna de las baulas equipadas con el pesado transmisor satelital.

Información importante en vista de que, como era esperable, del grupo que no llevaba el incómodo aparato sí regresaron a desovar alrededor de un 30% de las tortugas que salieron del Parque Nacional Marino las Baulas. Y es que ni siquiera una (sí, ni una) de las 27 baulas equipadas (y manoseadas) en la temporada de desove 2003-2004 ha regresado, cuando, al igual que los otros especimenes de su población, ya debieron de haber reemigrado unas 9 o 10 de esas tortugas en particular.

¿Cuántos años más tendrá que esperar el jerarca del Ministerio del Ambiente y Energía para convencerse de que algo fatal pudo haberle sucedido a las baulas “con mochila”? ¿Seguirán repitiéndose este tipo de “estudios” con casi 50 tortugas en un experimento en que, según científicos canadienses, se les estaría dificultando su movilidad y por ende, su capacidad de supervivencia? ¿Es que no tiene la administración del Parque Nacional y todos nosotros, el deber moral y legal de protegerlas? ¿Habrá que esperar a que sea la Sala Constitucional la que, en la de menos, opte por poner orden?

Preguntas de respuestas obvias que algunos pretenden disimular diciendo que las causas de ese comportamiento inusual, habría que buscarlas en los fenómenos de La Niña, El Niño y el calentamiento global. Y que hay que seguir irracionalmente esperando porque en la de menos ahora las baulas están reemigrando después de 5 o 6 años… Lo extraño es que eso solo sucede con las que llevan los transmisores y las mochilas.

Foto: Jason Bradley

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Agua contaminada con GWP

Por Freddy Pacheco, catedrático UNA
frepaleon@gmail.com

Una trascendental tarea habremos de plantearnos los costarricenses con el fin de descontaminar el proyecto de ley “mejorado” del Recurso Hídrico que ha hecho aparición ante una aparentemente dormida opinión pública. Y es que entes y personas supuestamente interesadas en poner en vigencia una nueva ley, creen que tal necesidad urgente se satisface con “cualquier” nueva ley, y así actúan interesadamente.

Por muchos años, y a partir de influencias políticas que ahora se quieren disimular, grupos creados a nivel nacional y centroamericano han podido invadir el campo de acción del manejo de los recursos hídricos, con el cuento de las asesorías. Incluso, presentándose como representantes de Costa Rica ante uno y otro Foro Mundial del Agua, que no son más que centros de influencia auspiciados por la Coca Cola internacional y el Banco Mundial, entre otros.

Entre tales grupos destaca el llamado “Global Water Partnership” o GWP (Asociación Mundial del Agua) estructurada por el Banco Mundial como parte de su inhumana estrategia de arrebatar a los pueblos su agua potable de carácter de bien demanial, mediante procesos de privatización disfrazados de proyectos público-privados.

Como parte de esa estrategia, dicho ente financiero estadounidense no solo han condicionado algunos de sus préstamos a la privatización del servicio público del agua, sino que ha hecho uso de las normas de la Organización Mundial del Comercio, por medio de los instrumentos del libre comercio.

Es decir, por los tratados de libre comercio, como el reciente TLC “pasado por agua” que estaría pronto a entrar en vigor en nuestro país. A partir de su experiencia como dirigente regional de la GWP, la diputada Maureen Ballestero podría ampliar (si quisiera) esta tendencia.

O más bien, tenebrosa tendencia, que favorece a las transnacionales del agua que actúan bajo la imposición del poder financiero y los dogmas del libre comercio, sin importar las crecientes amenazas que se ciernen sobre la sedienta población mundial.

Así, al revisar el proyecto de ley “mejorado” del Recurso Hídrico, emitido en un acto formal por el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), se nota claramente la acción contaminante de la GWP en su redacción, donde quizá el hecho más significativo es el de eliminar del proyecto original la declaratoria del acceso al agua potable como un Derecho Humano.

Precepto que, seguramente así pensarán los cancerberos del negocio del agua, podría crear conflictos futuros con, por ejemplo, la urgente determinación de prohibir la exportación del agua costarricense, o cualquier otra medida soberana conducente a defender el derecho de los habitantes a contar con agua potable de gran calidad y en cantidad suficiente para la satisfacción de necesidades vitales.

Aunque ahora, como antes también sucediera con el proyecto de ley del Servicio de Parques Nacionales S. A., justifican sus malas acciones con el cuento de que se trata de un borrador que lamentablemente salió a la luz pública, lo cierto es que fue el mismo despacho del jerarca del Minae el que se encargó de su emisión y promoción. No hay tal borrador; lo que hay es un documento explícito contaminado por la GWP que los costarricenses debemos de enfrentar hasta que se archive.

Fuente Tribuna Democrática


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Nueva ley niega derecho al agua

Por Dr. Freddy Pacheco*
frepaleon@gmail.com

“El DERECHO HUMANO al agua garantiza a todas las personas el agua en cantidad suficiente, en condiciones de seguridad y aceptabilidad, siendo físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos.

Se necesita una cantidad adecuada de agua segura para evitar muertes por deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y satisfacer necesidades de consumo, cocina, y hábitos higiénicos personales y domésticos”, según interpretación legal oficial de un organismo de la ONU.

Se fundamenta, entre otros, en la aceptación general de los derechos fundamentales del hombre como el derecho a la vida y el derecho a la salud.

Porque 3900 niños menores de 5 años mueren diariamente a causa de enfermedades relacionadas con el agua, y porque la falta de acceso al agua impide disfrutar de una buena salud y de otros derechos humanos como el derecho a la educación, a un nivel de vida adecuado o a la alimentación, el tema del derecho humano al agua ha venido ocupando lugar preponderante en la Organización Mundial de la Salud y otros organismos planetarios de similar importancia.

Se trata, en fin, de un asunto vital, insoslayable para los gobiernos, de primordial interés, que ha de ser atendido sin subterfugios por las autoridades de todos y cada uno de los Estados que conforman la comunidad mundial. En muy pocos países se podría asegurar que el abastecimiento futuro del agua para sus habitantes esté libre de amenazas y Costa Rica no sería precisamente un lugar donde se podría afirmar que las futuras generaciones, e incluso las presentes, tienen asegurado ese derecho fundamental.

Para los expertos en el tema, un PRIMER PASO que han de dar los Estados es el de reconocer el derecho humano al agua. Reconocimiento que abrirá el camino para facilitar el acceso general al agua y al saneamiento, a través de definiciones claras de los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada parte, como medio para establecer los mecanismos adecuados para atender las necesidades de los más pobres, de los más sufridos, de los más desfavorecidos.

Por ello, resulta insólito que el gobierno de Costa Rica se haya confesado enemigo de declarar que “El acceso al agua en condiciones de calidad y cantidad adecuadas es un derecho humano, indispensable para satisfacer necesidades básicas del ser humano”, como decía un principio general del Proyecto de Ley del Recurso Hídrico (Expediente 14585) que ahora ha sido supuestamente “mejorado” (¡que cinismo!) por autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae).

El texto con que se sustituye esa declaración explícita e inequívoca, jamás podría ni compararse, pues se limita a declarar que “es un recurso de usos múltiples, con prioridad para el consumo humano”.

En términos más sencillos: Para la administración Arias Sánchez el acceso al agua potable NO ES UN DERECHO HUMANO. Es, un “recurso” más, similar a otros indeterminados que, seguramente se podría comercializar cual vil mercancía, tal y como lo mandan las normas del libre comercio.

Pensamos que el gobierno se vio obligado a tal confesión en virtud de que si aceptara su carácter de derecho humano, la ley “mejorada” entraría EN CONFLICTO con las normas intrínsecas al TLC recién aprobado, vislumbrándose demandas ya anunciadas por los que comercian con ese líquido vital.

Por eso el proyecto de ley se guardó esperando el momento propicio para su publicación; o sea, para después de concluido el debate sobre el TLC, en que se afirmaba que los costarricenses podríamos legislar a favor de la declaración del agua como un derecho humano, independientemente de lo que se dijera en el tratado.

Por esto y otras cosas muy graves (que analizaremos luego) podemos afirmar que el nuevo texto del proyecto de ley, lo convierte en un ente DEPREDADOR de los recursos naturales.

*Catedrático UNA


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Petróleo y paz

Por Freddy Pacheco*
frepaleon@gmail.com

Poco a poco va quedando atrás la “Paz con la Naturaleza”, como la concibiera el presidente Abel Pacheco hace seis años en reunión ambiental de la ONU en Sudáfrica. Iniciativa que, según su creador, se sustentaba en tres premisas: ¡no a la minería a cielo abierto, no a la explotación petrolera y no al comercio de transgénicos!

La nueva paz, lejos mantener su oposición a esas tres actividades que representan una declaración de guerra a la naturaleza, más bien propone la declaratoria de salvaguardas light para la extracción minera y petrolera, cual si con ello se eliminara su amenaza ambiental.

Así se ha propuesto y así se discute al interior de la subcomisión de notables, sin que los detalles de esta renovada iniciativa se compartan con la sociedad civil que, sin tener notables, quizá podría al menos aportar opiniones que, en la de menos, ayudarían a salir adelante un proyecto que ha perdido su rumbo.

De esta manera, a más de un año de su relanzamiento teatral (con don Abel como el gran ausente) los nuevos estrategas han pretendido buscar financiamiento desde fuentes tan diversas como The Linden Trust for Conservation, pasando por la poco inocente y muy sospechosa Conservation International (CI), hasta el magnate de la telefonía, la minería y muchas otras actividades lucrativas, el mexicano Carlos Slim. Los $300 millones que se esperan recaudar y colocar en una cuenta “en Bahamas…” (dicen los documentos) no están a la vuelta de la esquina.

Y es que esta paz con la naturaleza tendría tal componente mundial que ha llevado a considerar su lanzamiento en Europa, donde nuestro Presidente le anunciaría al planeta que Costa Rica, o más bien, él, se prepara a encabezar el esfuerzo supremo por salvar al mundo de su destrucción. Por detener la extinción diaria de un centenar de especies animales y vegetales; por acabar con la tala, también diaria, de 50 mil kilómetros cuadrados de bosques; por salvar a los niños que, a causa del agua contaminada, mueren cada ocho segundos.

El decreto ejecutivo con que se eliminó la moratoria en la minería a cielo abierto, sin importar el desastre de la mina de oro en Miramar, es parte de la nueva “estrategia” gubernamental. Como lo es también, la negativa a derogar el oscuro decreto que nos heredara el ministro de Ambiente René Castro, con el cual se eliminaron del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos todos los requisitos ambientales que tenían que cumplir las corporaciones antes de firmar los contratos de explotación petrolera.

Decreto que permitió la firma del contrato con el presidente Miguel Ángel Rodríguez, sin haberse aprobado el estudio de impacto ambiental y que llevó eventualmente a la empresa Harken a amenazar al Estado costarricense con una demanda por $57 mil millones.

Sentimos que el Gobierno de don Óscar Arias le está zafando la tabla a los amigos comunes que alguna vez creyeron que la iniciativa “Paz con la Naturaleza” podría ser una realidad. Los hechos, más importantes que las promesas y las buenas intenciones, así lo indican. ¡Lástima!

* Catedrático UNA

Fuente La Prensa Libre

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