Costa Rica da marcha atrás en defensa del ambiente y derechos fundamentales

·Diputados sustituyen texto de Ley de la Jurisdicción Constitucional

Costa Rica avanza hacia una reforma de la Ley de Jurisdicción Constitucional regresiva, “que debilita y recorta los derechos que hoy tiene la población costarricense para exigir la defensa del ambiente y otros derechos fundamentales”.

Así lo aseguró el legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta, tras denunciar que el texto sustitutivo, aprobado el martes por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el proyecto 17743, elimina el derecho de los ciudadanos para interponer directamente acciones de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas que lesionen intereses difusos o de la colectividad, como la protección del ambiente y recursos naturales.

“De aprobarse la reforma, las y los ciudadanos no podrían impugnar directamente leyes que dañan el ambiente o el patrimonio nacional, como ha ocurrido en una innumerable cantidad de veces en los últimos años”, declaró Villalta Florez-Estrada.

Dijo que además, “el proyecto limita la posibilidad de que la Sala IV suspenda los efectos de actos impugnados por acciones o recursos de amparo”.

“Se cambia el sistema actual donde la presentación del recurso suspende automáticamente los actos. En su lugar, será opcional y excepcional la suspensión”, añadió.

Para Villalta, “esto debilita seriamente la protección de derechos como el ambiente, pues, en casos como la tala de un bosque o la contaminación de una naciente de agua, los daños pueden ser irreversibles”.

“Si no se suspende inmediatamente el acto destructivo, después será demasiado tarde. También, la reforma limita seriamente la potestad de la Sala IV de ordenarle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones cuando se trata inconstitucionalidades por omisión”, reclamó el legislador.

Asimismo, la Sala deberá limitarse a declarar la inconstitucionalidad, pero no podrá decirle a las instituciones públicas qué hacer para solucionar la omisión, ni cómo hacerlo, ni tampoco fijarles plazo para ello.

“Esto es particularmente delicado en materia ambiental, donde muchas de las violaciones se producen por omisión e inacción de las autoridades, pues a menudo, con el fin de evitar daños mayores al ambiente, la Sala ordena realizar acciones concretas en un plazo determinado, lo cual sería prohibido”, ahondó el legislador.

“Se trata de una reforma regresiva, que debilita y recorta los derechos que hoy tiene la población costarricense para exigir la defensa del ambiente y otros derechos fundamentales”, reiteró.

Villalta consideró que esta es “una reforma que busca fortalecer el poder de la Asamblea Legislativa y el Gobierno, reduciendo las opciones de las y los ciudadanos para acceder a la justicia constitucional”.


Fuente: Diario Digital El País

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