Magistrado de Sala I rechaza haber filtrado documento del Caso Crucitas

• Román Solís: "Estrategia bastarda que pretende perjudicar al Poder Judicial"

El Magistrado de la Sala Primera, Román Solís Zelaya, rechazó enérgicamente la información que divulgó el denominado Grupo Institucionalidad Costa Rica, sobre su supuesta vinculación con la filtración de un borrador de la resolución del Caso Crucitas a los ambientalistas.

Solís catalogó el comunicado, distribuido a periodistas y a funcionarios del Poder Judicial, como un acto de "terrorismo" por el daño que pretende hacer a la institucionalidad del país, y anunció que el Ministerio Público investiga el hecho.

Dicho grupo anónimo aseguró que Solís Zelaya habría filtrado el documento al abogado ambientalista Álvaro Sagot, a un canal de televisión y al Diario Digital Elpais.cr.

"Me involucran a mí con los grupos ambientalistas, para lograr una distorsión completa y absoluta del trabajo que se ha venido realizando con el tema de este expediente, que cada día se hace más problemático con todo lo que ha venido sucediendo en días atrás", explicó el magistrado en rueda de prensa, acompañado por la Presidente de la Sala, Anabelle León Feoli.

Expresó que "ahora resulta que del otro lado estoy yo entregando copias de un proyecto de sentencia al abogado de una de las partes en el proceso, y eso es un dato totalmente falso; se dice que yo redacté la sentencia. Yo no he redactado ni una letra del proyecto por dos cosas: el proyecto está todavía siendo redactado por la magistrada instructora, que desde un primer inicio fue definida a través de una votación electrónica que lleva la secretaría de la Sala Primera, y le correspondió a la señora magistrada Carmen Escoto".

Explicó que "lo que sucede es que por ser un recurso tan grande y presentado por las partes interesadas en el debate procesal escogimos a dos de nuestros letrados para que hicieran una labor preparatoria haciéndole resumen de más de 1500 páginas, que son las que han sido presentadas en sus alegatos y eso lleva su tiempo, y uno de esos letrados que fue escogido en pleno por la Sala Primera, es el que me asiste en mi oficina, que por su trayectoria, su formación académica en derecho público, me ha colaborado desde que yo fui nombrado magistrado en el año 2000".

"Es ahí donde esta gente construye esta falsa información y llega entonces a determinar que yo redacté una sentencia que todavía no está concluida, y vuelvo a repetir, ni terminada porque todavía la Sala no ha terminado el debate sobre ese tema, pero si recalco en un problema que va más allá del proceso en sí, y es el tema de que en este país se ha perdido el respeto a las personas, se ha perdido ya el respeto a la institucionalidad democrática, hay grupos que utilizan cualquier medio bajo el anonimato, y utilizan cualquier mecanismo bajo el anonimato, para alcanzar sus fines espurios y eso es una reflexión que deben tener todos los buenos ciudadanos costarricenses", agregó

Según el Magistrado Solís, "este país se nos está yendo de las manos, se nos está yendo de las manos porque siendo el Poder Judicial el último esquema de la legitimidad democrática del país ahora lo pretenden destruir con este tipo de injuriosas manifestaciones".

"Este tipo de acciones son mucho más peligrosas que un acto terrorista como sucede en otras latitudes del mundo donde ponen una bomba y matan a gente inocente, pero hasta ahí se agotó el acto terrorista en ese aspecto, desgraciadamente matan gente inocente. Aquí esto es más peligroso que la puesta de una bomba en un sitio público, porque aquí lo que están falseando son las bases del sistema de juricidad del país, son las bases sobre las cuales opera el sistema democrático en donde el poder judicial costarricense tiene una labor que la constitución le ha asignado que es resolver los conflictos dictando sentencia para el caso concreto, entonces al empezar a cuestionar a los máximos integrantes de los órganos judiciales como somos las salas de casación, el efecto va a ser más grave que cualquier otro tipo de difamación".

Román Solís aseguró que consideró oportuno después de haber leído el comunicado, repartido por los medios informáticos, poner en conocimiento al señor Fiscal General de la República de este tema, para los efectos correspondientes.

"Deseo manifestarles mi total y absoluto rechazo a este tipo de expresiones injuriosas totalmente montadas sobre las mentiras más bajas que una mente enfermiza pudo haber pensado", lamentó Solís Zelaya.

Consultado sobre la supuesta entrega a este medio, Solís respondió "yo no conozco a nadie del periódico digital El País, como dice este comunicado. Para serle cierto la vez primera que un periodista de este medio me ha entrevistado fue el martes en horas de la mañana cuando el señor presidente en ejercicio, la señora presidenta de la Sala Primera y mi persona estuvimos en una conferencia de prensa y me hicieron algunas preguntas sobre el tema de la Acción de Inconstitucionalidad que había sido planteada. No tengo ninguna relación personal con este medio de prensa digital; así que es falso lo que se dice en el comunicado de prensa".

"Mi más enérgico rechazo a estos mecanismos de difamación, que pretenden destruir al Poder Judicial y perjudicar la legitimación del Estado de Derecho, mi integridad y mi carrera de 33 años en la administración pública", aseveró.

Fuente: Diario Digital Nuestro País

Foto: Diario Digital Nuestro País



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No permitamos que una empresa extranjera interfiera con la justicia costarricense

Carta abierta al pueblo de Costa Rica

Por José María Villalta, diputado del Frente Amplio

La prensa ha informado ampliamente sobre la filtración de un borrador de resolución que se trabajaba a lo interno de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como acto preparatorio para resolver los recursos de casación presentados contra la sentencia que declaró ilegal el proyecto minero Crucitas.

Este acto delictivo habría sido cometido por un magistrado suplente de la Sala Primera, en reunión realizada con personeros de la empresa minera Industrias Infinito y sus abogados, según declaró un testigo presencial de dicha reunión ante el Ministerio Público.

En esa reunión habrían participado también Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito y el abogado Rubén Hernández, apoderado especial de la citada empresa minera.

Acto seguido, el 11 de noviembre de 2011, Juan Carlos Hernández –actuando en representación de Industrias Infinito- interpuso una acción de inconstitucionalidad que se tramita en la Sala Constitucional bajo el expediente Nº 11-14462-007-CO.

Esa acción precisamente va dirigida contra la jurisprudencia de la Sala Primera sobre los alcances de las sentencias de la Sala Constitucional, respecto a asuntos sometidos a conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y la competencia de esta última para conocer juicios de legalidad sobre asuntos que previamente han sido conocidos por la jurisdicción constitucional.

De forma clara, esta acción pretende impedir que la Sala Primera emita una sentencia firme sobre el caso Crucitas, atacando la jurisprudencia que dicho tribunal podría utilizar para resolver.

Es evidente que la presentación de esta acción es una consecuencia directa de la filtración del borrador. A través de este acto, Industrias Infinito obtuvo una ventaja indebida que pretende utilizar dolosamente en su propio beneficio.

Mediante la obtención ilegal del borrador de sentencia los abogados de la trasnacional minera tuvieron conocimiento de los argumentos que estaban valorando las y los magistrados de la Sala Primera para resolver el caso. Esta actuación delictiva les permitió conocer elementos esenciales de la posible decisión final de dicho tribunal, para utilizarlos en su propio beneficio.

Valiéndose de esta información confidencial pretenden ahora entorpecer el dictado de una resolución final por parte de la Sala Primera. Esto es hacer un uso abusivo y fraudulento de la jurisdicción constitucional.

Como puede verse, Industrias Infinito participó activamente de la ilegal filtración del borrador de la sentencia de la Sala Primera. Sus personeros concertaron la reunión con el magistrado suplente implicado. Recibieron los borradores sin objetar esta actuación contraria a la ética, la legalidad y la independencia del Poder Judicial. En ningún momento denunciaron la filtración del borrador. Por el contrario, intentan utilizarla en su beneficio para cuestionar la imparcialidad de las y los magistrados de la Sala Primera e impedir el dictado de una sentencia firme en este caso.

Es decir que la presentación de la acción de inconstitucionalidad en cuestión forma parte de un fraude procesal iniciado con la filtración del borrador de la sentencia. Esta acción es una consecuencia directa de ese hecho delictivo. A través de ella la empresa obtuvo una ventaja procesal indebida respecto a las otras partes del litigio y ahora pretende explotarla sacando provecho de su propio dolo para impedir que la Sala Primera dicte con independencia una sentencia firme.

Para estos fines ilícitos también pretende involucrar en su maniobra a la Sala Constitucional.

Ante la gravedad de los hechos descritos, la ciudadanía debe pronunciarse y movilizarse para impedir que se consume semejante fraude con la justicia costarricense.

La credibilidad y la independencia del Poder Judicial ya ha sido seriamente mancillada por las actuaciones indebidas del un magistrado suplente y de los personeros de Industrias Infinito.

Hago un llamado a todas y todos los costarricenses a ejercer su ciudadanía para que impidamos una nueva y gravísima agresión a la institucionalidad del país.


Fuente: Diputado José María Villalta-Flórez Estrada



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Abogado asesor de Oscar Arias recibió copia de fallo filtrado por magistrado

• Rubén Hernández Valle participó en reunión para recibir documento

El abogado constitucionalista y asesor del ex presidente Oscar Arias Sánchez, Rubén Hernández Valle, quien tiene un Poder Especial de la minera de Crucitas, recibió personalmente la copia de un borrador de sentencia de la Sala Primera.

Así lo reveló el abogado, periodista y ex vocero de la transnacional canadiense Infinito Gold, William Méndez Garita, en presencia del Fiscal General en ejercicio manifestó que fue testigo de una reunión en donde Moisés Fachler, magistrado suplente entregó un sobre con tres copias del borrador de sentencia que era contraria a los intereses de la mina Crucitas.

En la Región Huetar Norte de Costa Rica, la empresa pretende construir en Crucitas de San Carlos una mina de oro a cielo abierto, a solo tres kilómetros del río san Juan, fronterizo con Nicaragua.

De acuerdo con información divulgada por el Canal 7 de la televisión, según la declaración de Méndez, allí estuvieron además de Moisés Fachler, los abogados de la empresa Rubén Hernández y Juan Carlos Hernández y cada uno se llevó una copia de las tres entregadas por el ex magistrado suplente y ex tesorero del Partido Liberación Nacional (PLN).

Méndez dijo a la Fiscalía que también estuvieron dos altos ejecutivos de la empresa, y a partir de ese momento comenzaron a idear formas de detener el proceso que ratificaba la sentencia.

También se intentó contactar a los abogados Rubén Hernández y Juan Carlos Hernández que trabajan juntos, pero se informó que Rubén Hernández está en Nicaragua y no sabía cuando regresaba, asimismo que su compañero de oficina tampoco se encontraba, precisó la televisora.

Por otra parte, Méndez dijo al Semanario Universidad que tras semana y media de análisis del documento, por parte de los abogados de Infinito Gold le dijeron que debía dar a conocer el documento, pero que él se negó.

Mencionó que el plan de los abogados es buscar que el caso se ventile en la Sala Constitucional.

De acuerdo con la agenda de actividades académicas de la Sala Constitucional, este año, el abogado Hernández Valle ha participado como conferencista y co-patrocinador de encuentros para analizar asuntos de Derecho Constitucional, el papel de la Sala y su jurisdicción.

Información divulgada por este medio, Hernández, quien ha defendido a la empresa transnacional canadiense Infinito Gold, desde posiciones independientes, cuenta desde julio del 2010 con un Poder Especial, de esa empresa minera. (Ver: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=46648).

En la oportunidad, ambientalistas criticaron que el abogado publicara artículos de prensa, a favor de la minera, "sin aclarar que es funcionario o asesor de la empresa, desde una supuesta posición independiente como jurista".

El Poder Especial Judicial consta en el folio 1477, en el expediente judicial del contencioso administrativo contra el Proyecto Minero Crucitas, otorgado por Industrias Infinito S.A. a Hernández Valle.

El documento, suscrito por los apoderados generalísimos de Industrias Infinito, John Thomas y Arnoldo Rudín, otorgó a Hernández "Poder Especial Judicial para que represente a la empresa en este proceso de conocimiento".

"Este poder le otorga amplias facultades para proceder efectuar todas las gestiones, acciones, incidencias e instancias del proceso ordinario, así como para interponer cualquier tipo de recursos en contra de las resoluciones que se dictan durante el proceso en cualquier instancia del mismo", reza el documento en manos del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

La Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por los Jueces David Fallas Redondo, Grace Loaiza Sánchez y Eduardo González Segura, en sentencia del 24 de noviembre del año anterior anularon la concesión minera, entre otras cosas, por irregularidades durante el proceso de otorgamiento de permisos, así como un decreto del ex presidente Arias Sánchez, quien declaró el proyecto minero de Interés Público y Conveniencia Nacional.

Cabe recordar la "ENTREVISTA al Dr. Rubén Hernández Constitucionalista, Ex Magistrado Suplente Sala IV", publicada en una de las páginas de la empresa minera Infinito Gold.

Dicha página informa: "Sobre la posible revocación del Proyecto Crucitas y las implicaciones internaciones que esto tendría al país, el Dr. Rubén Hernández, Constitucionalista, Ex Magistrado Suplente de la Sala IV, expresa que el Poder Ejecutivo puede detener un proyecto; ya que posee la potestad general de revocar o decretar cualquier concesión, pero obviamente al revocar un derecho tendría que indemnizar; porque implicaría una expropiación de derechos adquiridos".

"En el caso del Proyecto Crucitas, el Estado puede revocar la concesión pero queda sujeto al pago de daños y prejuicios, que en este caso serían cuantiosos, sobre todo porque las reservas están probadas y pueden ser cuantificadas", dijo el abogado.

Agrega que "el Dr. Hernández deja claro que lo más grave sería la señal que se enviaría a la inversión extranjera, se crearía una gran inseguridad jurídica, porque los inversionistas a pesar de tener todos sus derechos adquiridos y consolidados conforme a la Ley, en cualquier momento pueden ser revocados por decisión política".

En otra "Entrevista a Rubén Hernández", publicado el 27 de Julio, da cuenta que Rubén Hernández expresó que el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias de la Sala IV son vinculantes para todos los órganos administrativos y jurisdiccionales del país, es decir, que lo que la Sala IV falla en definitiva, debe ser acatado por los tribunales.

"También establece que sobre el Proyecto Crucitas, en un principio la Sala no debería involucrarse a analizar el contenido de los estudios de Impacto Ambiental, deberías solo pronunciarse si se siguieron los procedimientos establecidos por la Ley y la reglamentación respectiva".

"El Dr. Hernández también expresa que la Sala dictó sentencia analizando todos los aspectos, no sólo de constitucionalidad, sino de legitimidad invocados por las partes; lo que quiere decir, que los aspectos en los que la Sala ya se pronunció no puede ser nuevamente discutidos en la Vía Contenciosa Administrativa".

Por otro lado, recordaron también que Hernández publicó un artículo en un diario nacional, "Réquiem por la Sala Constitucional", donde sostiene que "La sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo dictada en el juicio contra Industrias Infinito S.A. representa un golpe mortal para la Sala Constitucional".

"En efecto, esa sentencia, en pocas palabras, dejó sin efecto el voto de la Sala que había declarado sin lugar los recursos de amparo planteados por grupos ambientalistas contra la concesión minera de Las Crucitas y desaplicó el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual "La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma", afirmó Hernández.

Agrega que la propia jurisprudencia de la Sala indica que un juez ordinario no puede, ni debe desacatar una línea jurisprudencial dictada por este Tribunal pues, al hacerlo, quebranta la previsión legal contenida en esas normas (13 LJC y 8.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (voto 15957-06). Considera prudente aclarar que la obligatoriedad de las sentencias de la Sala se extiende también a sus considerandos. (Voto 7062-95).

Aclara, además, que las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo, tanto las estimatorias como desestimatorias, producen los efectos de la cosa juzgada material, por lo que deben ser acatadas por todos los tribunales de la República. Las sentencias de la Sala son vinculantes para los tribunales por razones de seguridad jurídica y dada la jerarquía que tiene.

En el caso Crucitas, la Sala determinó que el decreto de interés era constitucional y legalmente válido. La sentencia está sólidamente fundamentada en el análisis de los estudios técnicos realizados por las instituciones estatales competentes para otorgar los respectivos permisos de la concesión.

El artículo de Hernández destacó que en ambos tribunales, se discutió los mismos puntos producidos, que son juicios gemelos.

De acuerdo con fuentes judiciales, los abogados de la transnacional minera debían conocer el borrador del fallo de la Sala Primera con el fin último de preparar la Acción de Inconstitucionalidad contra la jurisprudencia utilizada por dicha instancia.

En ese sentido, los abogados prepararon dicho recurso y lo presentaron a la cuestionada Sala Constitucional, que siguiendo directrices o recomendaciones del abogado Hernández Valle en una ocasión hizo que el Alto Tribunal anulara un voto que rechazaba la reelección a la Presidencia de la República, lo que permitió el segundo mandato de Arias Sánchez (2006 - 2010).


Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: El Roto


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Exvocero de Industrias Infinito: “Les advertí que estábamos ante la eventual comisión de un delito”

William Méndez Garita, periodista y hasta el pasado 12 de noviembre vocero de la empresa minera en Las Crucitas, Infinito Gold, dijo que advirtió en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes, que estaban ante la posibilidad de cometer un delito por poseer el documento de borrador del proyecto de sentencia de la Sala I.

A continuación un resumen de la entrevista dada a UNIVERSIDAD el pasado martes 15 de noviembre.

¿Debido a la renuncia del magistrado suplente Moisés Fachler se podría presumir que fue él quien facilitó el documento de borrador de la sentencia en la reunión?

-El Ministerio Público es el que lleva toda la investigación, ellos son los que tendrían que confirmar o negar la participación de algunas personas; lo que sí puedo confirmar es que en mi declaración ante este Ministerio hice mención de un magistrado suplente.

¿Este magistrado puso el documento de borrador frente a todos ustedes durante la reunión?

-Este magistrado estaba en el lugar en el que estaba el documento, situación que yo señalé que era indebida y advertí a la gente que estaba ahí, que estábamos ante la eventual comisión de un delito.

¿Se le ofrece a usted en esta reunión que dé a conocer este documento a la prensa?

-Posteriormente se me hace la recomendación de que filtre a la prensa este documento sin ninguna explicación, sin ninguna lógica o sentido, lo que yo rechacé inmediatamente; no podía aceptar esto.

¿Por qué?

-Ya para ese momento había llegado a una conclusión: que la primera reunión había sido un acto indebido; yo no estaba dispuesto a continuar esa cadena, y hacer lo que me solicitaron era hacerle un daño muy grande a la institucionalidad de este país. No acepté hacer esto y presenté mi primera renuncia, porque al cabo de una semana renuncié dos veces.

¿Cuál era el objetivo de sacar a la luz pública esto?

-No entendí la lógica de esto; supongo que creían que podían repetir lo mismo que ocurrió con el famoso memorándum (memorando Casas-Sánchez, 2007), pero me parece que las circunstancias históricas no tienen ese nivel de comparación, ni hubiera tenido la misma repercusión, y más bien hubiera sido hacerle un daño al Poder Judicial.

¿Pretendían revertir la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo?

- No sé si en realidad eso de una u otra manera podría revertirlo o no; a mí me parece que todo lo que ha ocurrido durante este periodo no tiene ninguna explicación lógica. Me parece que han sido torpezas y estupideces que no sé de dónde salen, pero son errores muy graves.

¿Fue esto un acto planificado?

-Yo diría que es un acto contrario a la ley, y por ende significa que quienes participan del mismo pueden hacerlo de dos maneras: una voluntario, otra involuntaria; ustedes pueden escoger la de cada persona en esa reunión.

¿En alguna ocasión este magistrado suplente dijo quién le había facilitado el documento?

-En realidad nunca supe yo de quién recibió él este documento, o como lo obtuvo. Espero que quien nos entregó este documento precisamente dé las explicaciones y revele la fuente o la forma sobre cómo lo obtuvo.

¿Se dice que este documento ratificaba la sentencia del Tribunal Contencioso?

-Lo que sí vi fue la carátula y recuerdo que en algún momento determinado vi una parte en la que se señalaba como un criterio adicional; era como una parte de un anexo de indicaciones específicas de algún magistrado. En su momento en la reunión quienes leyeron el documento dijeron que era un voto salvado.

¿La reunión versó sobre el documento?

-Puedo decir que la reunión fue una discusión sobre el documento.

¿Y las estrategias?

-Ahí no se tomó ninguna estrategia; técnicamente los abogados de la empresa se llevaron los documentos para estudiarlos, luego hubo varias semanas de silencio.

¿Por qué este silencio?

-Creo que nadie quería hablar sobre eso.

¿Recibió algún trato diferente luego de negarse a acatar la orden de la empresa?

-Hice varias notas durante las últimas semanas, y ya les había advertido personalmente que estaban ante la comisión de un delito, y que se estaban exponiendo a una situación muy peligrosa ante la opinión pública; obviaron mis notas y me separaron de cualquier relación con la parte legal.

Esto me lo hacen saber a través de sus abogados, por lo que además confirman que ellos han depositado toda su confianza en sus estrategas legales. Estoy hablando de los representantes canadienses; yo les hice una advertencia de que tenían que separar a sus abogados del caso.

¿La acción de inconstitucionalidad que presenta uno de los abogados de la transnacional el pasado viernes, tiene relación con la infiltración de este documento?

-A mí lo único que me notificaban era lo que iban a hacer; las razones las desconozco; el departamento legal no me daba ninguna razón.

¿Pero se habló antes de conocer el documento sobre una posible acción de inconstitucionalidad?

-No, yo creo que al final los abogados deberán dar a conocer por qué hicieron cada cosa; lo que pueda hacer yo son suposiciones.

¿Por qué se exponen a tanto?

-No sé en realidad.

¿Se imaginó que era tan frágil vulnerar la Sala?

-No puedo generalizar; si un juez se equivoca no todos son iguales; creo que tenemos magistrados muy valiosos. Esto es más un caso extraño, una excepción a la regla y no la regla; espero que sea así, y que además quien quiera andar en estos pasos se atenga a las consecuencias.

¿Tienen tanto poder las transnacionales?

-No creo; este país está hecho por gente muy educada, y tenemos además una prensa que puede decir lo que quiere, y por ello la gente no traga cuento tan fácilmente.

¿La empresa lo expuso al hacerlo participar en la reunión?

-Sí, claro, al convocar a una reunión y participar de un acto que yo creo que es contrario de cualquier servidor público o privado.

¿Por qué su silencio casi un mes?

-La situación es tan compleja que cuando uno la recibe entra en un estado de sorpresa; uno lo que hace es tener una actitud de distancia para sopesar lo que está ocurriendo, y comprenderlo; es que no se entiende de la noche a la mañana. A mí me costó entender esto, pero cuando ya me di cuenta, y vi las manifestaciones, no me quedaba otra obligación personal y para con el país que presentarme en el Ministerio Público.

Lo más fácil era quedarme callado, y luego tratar de no quedar implicado, pero ¿qué pasa después en Costa Rica?, ¿qué pasa si no se da a conocer esto?

¿Quién tiene más intereses que este proyecto camine, la empresa o gente con intereses políticos en el país?

-En realidad esta es una empresa extranjera, por lo que creo que los que van a perder son los inversores que ponen la plata en los puestos de bolsa internacional; no hay un financista único; los que pierden son los que iban a poner o los que la han puesto.


Fuente: Semanario Universidad

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Magistrada Presidenta Sala I: “Por este motivo no nos vamos a separar del caso”

Anabelle León Feoli, magistrada presidenta de la Sala I, defendió la labor realizada por los cinco integrantes que conforman este órgano de la Corte Suprema, Feoli sí reconoció que lo sucedido es algo penoso, y que ahora tendrán que buscarse los responsables para que estos asuman las consecuencias penales del caso.

A continuación un extracto de la conversación con la magistrada, Anabelle León.

¿Qué contenía el documento que se filtró de la Sala?

-Lo que tiene es una propuesta de proyecto, en el sentido de que lo que ha venido trabajando la Sala, además contenía antecedentes del caso, la puntualización de los cargos; por lo que hablar de que era un documento definitivo es mentira, pero sí es proyecto que avanza sobre los recursos de casación.

¿Qué tan grave es este hecho?

-El documento en sí no significa un voto o sentencia, es más un documento de trabajo, una primera parte. Lo que sí es que es penoso y lamentable es que a nivel de la Sala de alguna forma, si es que se llega a determinar, este haya cogido otra ruta. ¿Quién lo generó?, y ¿Con que propósito?, no lo sabríamos, pero sí estamos firme en dar todo el apoyo al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial en el proceso que ahora se emprende.

¿La filtración se da por algún miembro de la Sala?

-Este documento sigue la ruta que cualquier proyecto que nosotros manejamos para la resolución de los casos; aquí están asignados para esto dos letrados y los cinco magistrados. No descartaría que cualquiera de nosotros se lo hubiera pasado a la secretaria para que se lo imprimiese, a pesar de que ya estaba impreso, en fin hay otras circunstancias.

¿Podría esto generar una recusación de los magistrados que los aparte del caso?

- Nosotros por este motivo no nos vamos a separar del caso, eso no quiere decir que algunas de las partes pueda plantear sobre eso alguna gestión de que nos separemos vía recusación en cuyo caso no nos tocará a nosotros resolverlo.

¿Qué tanta presiones tienen los integrantes de la Sala I?

-Ninguno de los cinco integrantes, y así lo hemos conversado, ha recibido alguna llamada o a algún intermediario, por lo que para nosotros esto no ha representado ninguna presión.


Fuente: Semanario Universidad

Foto: Semanario Universidad

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Filtración de información pretende revertir fallo contra mina Crucitas

Por David Chavarría Hernández

La filtración del borrador del proyecto de sentencia de la Sala Primera, en el cual aparentemente se confirmaba la resolución que impedía la explotación de la mina Las Crucitas en Cutris de San Carlos, confirma la injerencia de intereses particulares en una decisión judicial que reviste gran trascendencia para el país.

Las aspiraciones de la empresa de capital canadiense, Infinito Gold, para explotar una mina a cielo abierto toman un nuevo aire, ya que a la filtración de información que llevó a cabo uno de los magistrados suplentes y que terminó en manos de la firma minera, se suma una acción de inconstitucionalidad en contra del juicio que trajo abajo la concesión y los derechos de explotación de la empresa, interpuesta por Juan Carlos Hernández Jiménez el pasado viernes 11 de noviembre.
El recurso aduce que no es materia de jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolver sobre cosa juzgada por la Sala Constitucional.

También se unen la denuncia del exvocero de Industrias Infinito, William Méndez Garita, quien responsabilizó directamente con la sustracción del documento de borrador a un magistrado suplente de la Sala Primera, quien había participado en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes.

Méndez dijo a UNIVERSIDAD que advirtió a los participantes en la cita, aparentemente realizada en Lindora de Santa Anta en una casa cercana de uno de los representantes de la empresa, que la filtración del proyecto de borrador significaría la comisión de un delito. (Ver entrevista Exvocero advirtió a empresa que cometían delito)

Al cierre de esta edición trascendió que el magistrado suplente, que estuvo en funciones en la Sala Primera, fue Moisés Fachler, quien negó cualquier participación en los hechos y posteriomente presentó su renuncia el mismo martes 15 de noviembre cuando trascendió su nombre.

Él afirmó a la prensa que su dimisión se presentaba con el fin de no obstaculizar la investigación que realiza desde la semana pasada la Fiscalía General de la República.

Méndez declaró que en la reunión, que se realizó a inicios de octubre en la casa de habitación de una allegada de la empresa en Lindora, se habría hablado sobre el documento mas no se planteó ninguna estrategia a seguir con la información allí indicada.

Otras fuentes dijeron a UNIVERSIDAD que en la cita estuvieron dos reconocidos abogados, uno de ellos habría participado activamente en el proceso de juicio en defensa de la empresa Crucitas y otro con asesoramientos.

Aunque este semanario le consultó a Méndez sobre dos de los nombres que se nos indicaron de manera anónima, el asesor de prensa prefirió omitir referirse a ellos mientras se investiga el caso en el Ministerio Público.

No obstante, reconoció que días después uno de los abogados que habría estado en el encuentro le pidió que diera a conocer el borrador de proyecto de setencia de la Sala ante la prensa, a lo cual él se negó para posteriormente apartarse de los criterios de la empresa.

REVERTIR SENTENCIA

El abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Bernal Gamboa, expresó que este tipo de hechos son “maniobras” de la contraparte demandada que pretenden echar abajo la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, debido a la falta de criterios técnicos favorables. “Es tan preocupante la situación para ellos que se logran exponer a tanto, si no lo fuera no lo hacen”, consideró Gamboa.

“La única manera de hacer caer un velo de duda sobre la labor de estos magistrados es sacándoles un borrador de la sentencia por un tercero”, comentó Gamboa al destacar la transparencia de los magistrados propietarios de la Sala I.

Álvaro Sagot uno de los abogados demandantes señaló que el objetivo de filtrar el proyecto es hacer desconfiar a la opinión pública hacia el Poder Judicial y generar toda una campaña de miedo sobre lo que resolvería la Sala I.

Ambos representantes del sector ambiental durante el juicio contra la mina Crucitas, denunciaron que la estrategia es que alguna de las partes recuse a los magistrados propietarios de la Sala I o que en su caso la Corte Suprema emprenda una investigación de oficio para apartarlos del caso, y con ello nombrar magistrados suplentes que se encargarían de resolver el tema.

Edgardo Araya, representante de la Asociación Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), opinó que sería muy grave que se cambie la integración de la Sala con el único afán de variar su criterio para tratar de conformar otro que piense como empresa.

El biólogo Jorge Lobo, quien está demandado por Industrias Infinito y otro de los cuatro demandantes contra la empresa durante el juicio contencioso, expresó que lo sucedido en torno al caso Crucitas dejó de ser una simple demanda en contra de una compañía transnacional y los impactos ambientales para convertirse en una lucha por la soberanía e institucionalidad costarricense.

Hechos como los denunciados, apunta Lobo, evidencian que detrás de todo esto existen “mafias políticas”, pero dijo a la vez que ésta es una oportunidad para que la población se indigne y tome cartas en el asunto.

“Lo que ocurra ante esto dependerá de la respuesta de la gente para que “estos” no cumplan su cometido de desestabilizar la Sala para cambiar magistrados”.

En esta mina la empresa canadiense pretendía extraer más de un millón de onzas de oro, las cuales están valoradas en el mercado en $2000 la onza, con lo cual se generaría una ganancia superior a los $2.000,000.000.

El caso Crucitas se encuentra suspendido en la Sala I, al presentarse la acción de inconstitucionalidad por parte del abogado Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito.

Dicha empresa expresó en un comunicado de prensa el pasado sábado 12 de noviembre, que avalaban las investigaciones que se realizan en la Sala I por el Ministerio Público, al tiempo que lamentaron el atraso que podría sufrir la resolución del proceso judicial debido a estos cuestionamientos.

Indicaron que ahora valoran la opción de implementar acciones a partir del mes de enero del 2012. Posteriormente, se dio a conocer la acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 11 de noviembre.

La única vía que se señala es recurrir a un arbitraje internacional, según se dice en el boletín: “los hechos deberán ser valorados a la luz de los principios constitucionales, internacionales y legales que protegen la inversión extranjera y garantizan el debido proceso”.


Fuente: Semanario Universidad

Imagen: El Roto

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Magistrado suplente Moisés Fachler renunció por filtración de fallo Crucitas

• Ex Tesorero del PLN niega haber entregado documento

El Magistrado Suplente de la Sala Primera, Moisés Fachler, renunció a su cargo, tras ser involucrado como la persona que habría entregado un borrador de fallo de la Sala Primera sobre la ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso Crucitas.

Sin embargo, Fachler dijo a Radio Reloj que había presentado la renuncia, pero negó haber entregado el documento a personeros de la transnacional minera canadiense Infinito Gold.

Vìa teléfonica, Fachler confirmó su renuncia a Noticias Reloj e insistió en que nunca entregó ningún documento sobre la causa.

Lo que confirmó el ex tesorero de Liberación Nacional fue que estuvo en una fiesta en la casa del gerente de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando..

Consultado si no le parecía improcedente dijo que por eso renunció, para que no sea malinterpretado, según Reloj.

La oficina de comunicación de la Corte Suprema de Justicia no dio detalles de la renuncia, pero se espera las altas magistraturas del Poder Judicial entreguen un amplio informe del caso que han causado estragos a la credibilidad de esa instancia.

Fuentes dignas de todo crédito dijeron el lunes a este medio que Fachler habría sido la persona que entregó tres copias del borrador de la sentencia a dos abogados y a dos funcionarios de la transnacional canadiense Infinito Gold, los primero días de octubre anterior.

El abogado y periodista William Méndez Garita, denunció este lunes el hecho ante la Fiscalía de la República, pero se negó a dar detalles a la prensa.

Méndez dijo al canal 7 de televisión que él fue testigo de esa reunión, de la entrega del documento.

Por otra parte, fuentes confiables indicaron a este medio que Fachler habría sido visto hace pocos días con uno de los abogados de Infinito Gold, en un parqueo del Tribunal Contencioso Administrativo, pero no se informó sobre las gestiones que ambos realizaron en el sitio.


Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: El Roto


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Abogados y demandantes del Juicio Crucitas condenan filtración de fallo en Sala Primera

Pronunciamiento:

Nosotros, los abogados y las partes demandantes, directamente involucrados en el Juicio Contencioso Administrativo relacionado con el Proyecto Minero Crucitas, hacemos del conocimiento público lo siguiente:

Consideramos gravísimos los hechos que han sido noticia en relación con la filtración, a supuestas partes interesadas, del Proyecto de Sentencia de Casación de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, sobre el caso del Proyecto Minero Crucitas. Además, hoy conocemos que los señores y señoras Magistradas de dicha Sala están siendo recusados (objetados para que no participen en la sentencia) por parte de una persona aliada a las partes demandadas. Sabemos también que esa persona intentó bloquear el nombramiento en propiedad de al menos dos jueces del Tribunal Contencioso que participaron en la redacción del Fallo que detuvo al proyecto minero. Todos esos hechos atentan contra la dignidad e independencia de los señores miembros del Poder Judicial, lo que debe garantizárseles a toda cosa, por el bien de la democracia costarricense.

Lo aquí denunciado debe llenar de gran preocupación a toda la sociedad. Sabemos de los grandes intereses económicos y políticos que están detrás de ese proyecto minero, del poder político de las personas involucradas y del precio escandalosamente alto del oro en el mercado internacional, rozando la marca histórica de los 2000 dólares la onza (se pretendían extraer alrededor de un millón de onzas).

Hoy se ha colocado en grave riesgo la decencia de la institucionalidad costarricense y la esencia misma del Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestra lucha ya no debe ser sólo por evitar los perjuicios para el país de un determinado proyecto minero y la defensa del apego a la legalidad. Esta lucha se convirtió ahora en la defensa frontal de toda nuestra institucionalidad pública, gravemente amenazada con este caso.

El juicio oral y público llevado a cabo en el Tribunal Contencioso Administrativo, que desembocó en la ya histórica sentencia que anuló la concesión minera a favor de Industrias Infinito en Crucitas de Cutris, San Carlos, fue un gran ejemplo de independencia del Poder Judicial.

En dicho juicio, que duró aproximadamente dos meses, después de un amplio debate con abundante prueba aportada por todas las partes, los costarricenses pudimos conocer de primera mano la existencia de graves actos contrarios a la ley, llevados a cabo por políticos del más alto nivel, funcionarios públicos y personal de la empresa minera Industrias Infinito S.A. Lo anterior llevó a dicho Tribunal a considerar, en su sólida sentencia, que en los permisos otorgados a la empresa minera existía fraude de ley y que podría haber existido una "orquestación de voluntades" encaminada a lograr que el Proyecto Minero Crucitas entrara en funcionamiento de la manera que fuera. Un fallo histórico que devolvió la seguridad jurídica que este país tanto necesita.

Consideramos, sin lugar a dudas, que el objetivo de las maniobras denunciadas es alterar el balance y la integración de la Sala I y entorpecerle el dictado de su sentencia. Es nuestra opinión que todos estos hechos forman parte de una nueva campaña del miedo, orquestada con el único afán de intimidar y amedrentar a todos aquellos que puedan ser un obstáculo para la realización del proyecto minero. Esto se une a la serie de denuncias penales infundadas, interpuestas por Industrias Infinito contra expertos y activistas que se han pronunciado en contra del Proyecto Minero.

Nos parece que estas acciones también van encaminadas a desprestigiar a nuestro aparato jurisdiccional, de cara a un eventual litigio internacional relacionado con este proyecto minero.

Condenamos enérgicamente esas acciones arteras en contra de la dignidad de nuestro país y exigimos que se hagan las investigaciones de caso y se identifique y sancione al culpable o los culpables de estas maniobras.

Exigimos que salga a la luz pública el nombre de las partes interesadas y abogados que han tenido acceso al borrador del fallo, según lo ha comunicado la prensa nacional.

Finalmente, exigimos al Poder Judicial que respalde la actuación de los señores magistrados de la Sala I y se rechace de forma contundente cualquier intento de remover a esos funcionarios del conocimiento del caso Crucitas.

San José, 12 de noviembre 2011.

Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado

Edgardo Araya Sibaja, Abogado

Bernal Gamboa Mora, Abogado

Jorge Arturo Lobo Segura, Demandante

Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: Diario Digital Nuestro País

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Intereses "ocultos" boicotean caso de minera Crucitas en Sala Primera

• "Alguien" sustrajo proyecto de borrador de sentencia en casación

San José, 12 nov (elpais.cr) - Las afirmaciones de un conspicuo político a sus amigos y a un grupo de empresarios de que caería la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), sobre el caso Crucitas, se hizo realidad tras corroborarse el robo de un borrador del fallo de casación de magistrados de la Sala Primera.

Este viernes, el Fiscal de la República, Jorge Chavarría, allanó oficinas de la Sala Primera para incautar documentos y computadoras, con el fin de determinar quién fue la persona que cometió el delito, que pone en el más alto riesgo la ya deteriorada credibilidad del Poder Judicial.

Chavarría reconoció al Canal 7 de televisión que la denuncia fue hecha por la Presidente de dicha Sala, Anabelle León Feoli, y que los magistrados colaboraron con la comisión de la Fiscalía.

En Crucitas de San Carlos, Región Huetar Norte de Costa Rica, la transnacional canadiense Infinito Gold, ha pretendido construir una mina de oro a cielo abierto. Sus instalaciones están ubicadas a unos tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.

El 24 de noviembre del 2010, el TCA dio a conocer el "por tanto" de su decisión relativa al proyecto minero ubicado en Las Crucitas, mientras que el 14 de diciembre del mismo año, los jueces leyeron la sentencia que anulaba un decreto presidencial de Oscar Arias y los permisos para que operara dicha actividad minera, considerada la más contaminante del planeta.

Posteriormente, el 15 de octubre anterior, la Sala Primera se pronunció sobre la admisibilidad de los recursos de casación que presentaron las diversas partes por el caso Crucitas. El recurso de casación planteado por el Estado, fue admitido en su totalidad.

En el caso de las 11 infracciones, que acusó la empresa Industrias Infinito, sólo nueve fueron admitidas. De los siete cargos que planteó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), solo cinco fueron aceptados para estudio. De ASOCRUCITAS se admitieron dos de los tres supuestos vicios planteados.

Fuentes extraoficiales dijeron a este medio que los magistrados estarían ratificando, en el borrador, la sentencia del TCA, mientras que observadores judiciales indicaron que ese fallo "está muy bien blindado jurídicamente como para traerlo abajo".

De acuerdo con los procedimientos, aún falta que la Sala Primera reciba los alegatos de los abogados ambientalistas, quienes precisamente se reunirán, este sábado, para concluir su labor y presentar los documentos antes del 22 de noviembre.

Para Álvaro Sagot, el sabotaje a la Sala Primera despierta sospechas de intereses ocultos para recusar a los magistrados de ese Alto Tribunal, llevar el caso a la Corte Plena y que sean magistrados suplentes, quienes resuelvan el caso.

Precisamente, con ese propósito, un abogado del privado Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos planteó este viernes una recusación contra los cinco magistrados de la Sala, alegando que ellos designaron en propiedad a dos jueces del TCA, quienes dictaron la sentencia hace un año. El caso está siendo analizado por las instancias judiciales respectivas.

Expertos en el tema no descartaron que el robo del documento y la solicitud de recusación de los magistrados "sea una orquestación para que la empresa salga diciendo que los magistrados propietarios deben ser relevados porque ya adelantaron criterio".

Consultado Sagot sobre el caso, dijo a Elpais.cr que posiblemente los "intereses ocultos" pretenden que la Sala ordene un nuevo juicio, o que la sentencia final sea tomada por magistrados suplentes.

Sin embargo, la Presidenta de la Sala dijo al canal de televisión que esta situación no tiene efectos procesales, pues lo que se filtró fue un borrador del fallo, que no es el definitivo, ya que falta conocer más sobre el caso.

De acuerdo con el Fiscal y con León Feoli la investigación llegará hasta las últimas consecuencias tras calificar de "muy serio este caso".

Para esas autoridades, la filtración del borrador de la sentencia pone en entredicho la credibilidad del Poder Judicial.

En círculos de organizaciones ambientalistas, este escándalo "no es más que el trabajo sucio de alguien para lograr la penetración en Costa Rica de la minería de oro a cielo abierto y para ensuciar la gran labor independiente de los magistrados de la Sala Primera, así como echar abajo la brillante sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo".

Finalmente, llama la atención lo dicho por un empresario del sector turismo, de la Región Huetar Norte, quien afirmó que pronto esa sentencia del TCA caería, según se lo afirmó un destacado político costarricense.

Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: Diario Digital Nuestro País

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Se derrumba la inmoral mordida de los 80 mil millones de colones

·Golpistas sindicales fracasaron

·Los hermanos Arias Sánchez sufren gran derrota política

·Ministros de la Presidencia y del MOPT deben renunciar

·MTSS queda en entredicho


Las organizaciones que representamos, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), celebramos, jubilosamente, el histórico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que restituyó en sus puestos a la legítima junta directiva del sindicato de Japdeva, Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear.

Este fallo, que ha emitido el más alto tribunal de la República, la Sala IV, pone en la picota al señor Marco Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, así como a su colega de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes. Ambos, atendiendo instrucciones de los señores Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; urdieron la maniobra política en contra de la dirección legítima de Sintrajap, que constituyó un verdadero Golpe de Estado sindical.

Ambos deben renunciar a sus cargos. Ya no solamente porque quedó en evidencia la brutal ilegalidad de tal acto antisindical, sino porque empiezan ahora a ser visibles los entretelones del turbio proceso de concesión que se quiere imponer para la privatización de los muelles de Limón y de Moín. De ello que hasta en la misma Asamblea Legislativa se decidió la conformación de una comisión investigadora al respecto, incluso con el apoyo, obligado por las circunstancias, de la fracción parlamentaria oficialista.

La reinstalación constitucional en sus puestos de la legítima directiva de Sintrajap tiene efectos cuya envergadura apenas empezamos a procesar.

La renegociación de la actual Convención Colectiva de Trabajo, efectuada con la dirección sindical golpista, queda sin ninguna validez, por su misma naturaleza espuria.

Esto quiere decir que se cae, totalmente, la "oferta" de compra de conciencias de la población trabajadora de Japdeva, que hemos llamado como la mordida más grande de la historia republicana nacional, el soborno, de los 137 millones de dólares, 80 mil millones de colones, algo totalmente imposible de aceptar bajo ninguna circunstancia.

Lastimosamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) queda en entredicho. Es de lamentar esta realidad, especialmente para organizaciones como las que representamos, que creemos en la relevancia de su papel en una sociedad con marcado crecimiento de la desigualdad.

Primero porque contra toda lógica, contra todo principio, contra toda la normativa internacional en materia de Libertad Sindical que, por su misma naturaleza ese ministerio maneja con toda propiedad, procedieron a inscribir a la dirección sindical golpista, dándole legitimidad a un proceso completamente espurio desde su propia gestación.

Aquí es dable esperar, al menos, una autocrítica del jerarca del Departamento de Organizaciones Sociales, Lic. José Joaquín Orozco Salazar, pues nadie mejor documentado que él para saber del ilegal, arbitrario y totalitario proceso de destitución de la hora reconocida constitucionalmente, como la dirección legítima del sindicato Sintrajap. Este funcionario actuó como un verdadero sicario político en la maniobra anti-Sintrajap.

Otros dos notables funcionarios de carrera en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los licenciados Eugenio Solano Calderón y Alfonso Solórzano Rojas, deben explicaciones públicas al respecto y, al menos, hacerse una autocrítica de cara al Movimiento Sindical Costarricense. Nadie mejor que ellos dos, por su ya larga trayectoria institucional sabían, desde un principio, la naturaleza aberrante del golpismo sindical en contra de Sintrajap.

Igualmente y ya en el ámbito penal, también el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Álvaro González Alfaro, debe rendir cuentas de su ilegal proceder porque él permitió la intromisión política de la Casa Presidencial que generó la aberración jurídica que hoy la Sala IV dejó en evidencia.

Jamás debe entregarse la soberanía jurídica de la cartera de Trabajo y Seguridad para poner y quitar dirigencias sindicales; mucho menos para colocar "dirigentes" afines a los gobiernos de turno, queriéndose acabar con la autonomía y la independencia de los sindicatos honestos.

Esperamos que, en este nuevo marco de condiciones, se agilice el proceso de tramitación de la acusación penal que presentamos en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, en torno al ofrecimiento del soborno de los 80 mil millones de colones; acusación contra los señores Oscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, Álvaro González Alfaro, Marco Antonio Vargas Díaz y Francisco Jiménez Reyes.

En tal caso nuestros planteamientos acusatorios están, básicamente, centrados en presuntas violaciones a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El licenciado Giovanny Hernández Mora, dirigente de ASDEICE, elaboró, con gran rigurosidad jurídica, este demanda penal.

Felicitamos, con toda vehemencia, las aportaciones teórica-jurídicas que dieron base a este histórico fallo. En especial, las que estuvieron a cargo del hoy diputado don José María Villalta Florez-Estrada, quien como asesor del ahora legislador don José Merino del Río y actuando a nombre de este despacho, acudió al tribunal constitucional en defensa del Estado de Derecho.

Igualmente, nos sentimos orgullosos del aporte, en igual nivel, que desde la ANEP hicimos para esta causa, en la persona del Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la organización.
Es también gran motivo de satisfacción el papel que tanto la ANEP como la CSJMP jugamos en esta coyuntura, actuando más allá del nivel jurídico, en diversos escenarios sociopolíticos, resaltando la histórica toma pacífica del despacho de la cartera de Trabajo y Seguridad Social.

También es de honrar la voluntad inquebrantable de la legítima dirección sindical de Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear. Jamás se rindieron y demostraron que la defensa de principios en el Movimiento Sindical y a favor del bienestar popular, sigue siendo una causa absoluta e imprescindiblemente válida.

San José, jueves 26 de agosto de 2010.


Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Presidente

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)


Fuente: ANEP


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Marionetas

Por Tatiana Lobo

¿Laura Chinchilla, marioneta? Lo dicen para darle imagen de mujer-niña incapaz de pensar por su cuenta. Pero se trata de una mujer madura con un largo recorrido por los meandros de la política, una persona adulta y alfabetizada consciente de lo que hace y por qué lo hace. Tampoco se ha “vendido”. No, no se ha vendido porque comparte con los grandes grupos económicos una misma ideología y el mismo respeto por la lógica del mercado: el saqueo a corto plazo. Laura Chinchilla es miembro fiel de la comunidad empresarial, tan neoliberal como cualquier macho de la horda capitalista a la cual pertenece. Sabe muy bien lo que dice y hace y porqué y con qué fin. Es absolutamente responsable de sus palabras y de sus actos presentes y futuros. Y así habrá que cobrarle cuentas si nos llegara a gobernar. Porque no se gobierna con vagina o pene, se gobierna con o sin ética social.

Con su ropita clara de estilo casual, Laura tiene una contraparte muy ruda de pelo en pecho: Otto Guevara. Ahí donde ella promete cuidar a la gente vieja, él amenaza con volar vergazos. La pareja evoca a la madre protectora y al padre autoritario, figura recurrente en la familia tradicional costarricense. Se puede decir que de manera inconsciente la elección se decide entre mami o papi. Con un poco de ironía podemos agregar que los grandes grupos económicos nos dan la oportunidad de elegir al que mejor se avenga con nuestros complejos edípicos. Pero para efectos prácticos son lo mismo: Laura/Otto son las dos caras de la misma medalla.

¿Propaganda subliminal? Puede ser porque los grandes grupos de poder, representados por la publicidad mediática, han sabido explotar astutamente la cultura virtual y su simbólica. Más nadie se llame a engaño. En estas elecciones de folletín y zarzuela, si existen marionetas hay que buscarlas en la masa de votantes; en este pueblo cuyo papel tradicional ha sido el de hijo menor de edad, temeroso y sumiso, de la sagrada familia política.

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Costa Rica entrega soberanía al condado de Harris, Texas

• Contrato sujeto a la Carta y Ordenanzas de la ciudad de Houston

• Alcalde de Houston impuso cláusulas al contrato del Aeropuerto

San José (elpais.cr) - Con el beneplácito del Gobierno de Costa Rica, para finiquitar el negocio de la concesión del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, fue aprobado un documento, en el que el Alcalde de la Ciudad de Houston, Texas, impuso varias cláusulas al contrato, violatorio de la soberanía nacional.

Una cláusula, avalada por el Presidente de la República, Oscar Arias; su ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias y la ministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Karla González, reconoce la jurisdicción de la Carta y las Ordenanzas de la Ciudad de Houston sobre la legislación de Costa Rica.

Este contrato, en estudio por parte de la Contraloría General de la República (CGR), ha sido considerado por juristas consultados por Nuestro País como el retorno de Costa Rica al Siglo XIX, cuando se firmaron los contratos ley, de exclusividad para que una transnacional se hiciera cargo del Ferrocarril al Atlántico, junto con tierras para la siembra de banano en el Caribe (1890).

Entre las cláusulas impuestas están la evasión de responsabilidades por parte de la Ciudad de Houston y su Departamento de Transportes, por la muerte de personas o sus secuelas de accidentes causados por la responsabilidad directa o no por el cumplimiento de dicho contrato, según copia fiel de documentación en poder de Nuestro País.


¿Soberanía?

Según el Contrato de Servicios Técnicos, HAS Development Corporation, es la “corporación sin ánimo de lucro de Texas (HASDC), afiliada con el Sistema de Aeropuertos de Houston y constituida únicamente para efectos de promover el transporte aéreo, y el desarrollo comercial y económico a beneficio del Sistema de Aeropuertos de Houston”.

“ADC&HAS Corporation, Corporación de las Islas Vírgenes Británicas (ADCHAS)”, es la encargada de finiquitar el contrato y operar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Además, en la sección 9, en cuanto a la modificación por Escrito, indica que “este contrato únicamente puede ser modificado por medio de instrumento por escrito suscrito en representación de HASDC y de HADCHAS”.

En la Sección 10 sobre Leyes aplicables dice que “Este contrato está sujeto a las leyes del Estado de Texas, la Carta y las Ordenanzas de la Ciudad, las Leyes del Gobierno Federal de los Estados Unido, y todas las reglas y reglamentos de cualquier personero u organismo regulador con jurisdicción del lugar en caso de cualquier litigio relacionado con este Contrato es el Condado de Harris, Texas”.

“Por cuanto HASDC ha obtenido la aprobación previa del Alcalde Bill White (Alcalde de la Ciudad de Houston) para prestar servicios técnicos en relación con “la adquisición de la concesión de Alterra en San José”, en un memorando de fecha 2 de enero del 2008, y:

“Por cuanto, HASDC ha obtenido la aprobación de su Junta Directiva para suscribir un Contrato de Servicios Técnicos con ADCHAS para proporcionar asesoría experta y servicios de operación de aeropuertos, en relación con el proyecto del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, San José, Costa Rica”.


Indemnizaciones

La Sección 4 del Contrato deja claro que “HADCHAS acepta liberar y liberará a HASDC y a la Ciudad, sus agentes, empleados, personeros, contratistas, y representantes legales (colectivamente la “Ciudad”) de toda responsabilidad por lesión, muerte, daño o pérdida que sufran personas o bienes en relación con el cumplimiento de este contrato aún en el caso de que la lesión, muerte, daño o pérdida sea causada por la negligencia única o concurrente de la Ciudad y/o por responsabilidad legal estricta o responsabilidad estricta por productos de la Ciudad”.

“ADCHAS acepta defender e indemnizar a la ciudad y salvar su responsabilidad y defenderá e indemnizará a la ciudad y salvará su la responsabilidad por reclamos, causas de acción, pasivos, multas y hastos (incluyendo, entre otros, honorarios legales, costas procesales y todos los demás costos e intereses en relación con la defensa) por lesión, muerte, daño o pérdida que sufran personas o bienes en relación con el cumplimiento de este contrato, incluyendo, entre otros los causados por:

“(1) La negligencia efectiva o supuesta o las acciones u omisiones intencionales de ADCHAS y/o de sus agentes, empleados, personeros, directores, contratistas o subcontratistas”.

“(2) La negligencia única o concurrente efectiva o supuesta de la ciudad, tenga ADCHAS inmunidad o no”.

“(3) La responsabilidad legal estricta o la responsabilidad estricta pr productos, real o supuesta, de la Ciudad y de ADCHAS, tenga ADCHAS inmunidad o no”.

“ADCHAS deberá defender e indemnizar a la Ciudad y salvar su responsabilidad durante el plazo de este Contrato y durante cuatro años luego de la terminación de este Contrato”.



Fuente Nuestro País

Foto Nuestro País



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Periodista denuncia persecución de la DIS

Javier Córdoba Morales
j.cordoba@semanario.ucr.ac.cr

• El Ministerio de la Presidencia asegura que estudiará el caso del periodista Gilberto Lopes, para responder a las consultas de este Semanario

Son muchas las personas que debido a su pensamiento crítico y pluma disidente han sospechado lo que el periodista Gilberto Lopes logró comprobar: la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) tiene un expediente con su nombre.

Lopes, de origen brasileño, tiene 30 años de vivir en Costa Rica, donde ha trabajado como periodista de este Semanario y colaborador de diversos medios de comunicación extranjeros, por lo que decidió el año anterior optar por la nacionalidad costarricense.

Sin embargo, al realizar los trámites ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil, la solicitud fue rechazada porque la DIS informó que esta persona “aparece registrada” en sus archivos.

Así quedó consignado en el oficio COP-110-2008 del 11 de junio del 2008, donde el entonces subdirector de la DIS, Roberto Guillén, responde a Ricardo Chavarría Barquero, jefe de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil.

El abogado del periodista, Arturo Fournier, aseguró que esta consulta del Registro Civil a la DIS es improcedente e ilegal, ya que lo que se establece en la ley para el caso de las naturalizaciones, es que la persona interesada demuestre que no ha sido condenado por delito alguno en Costa Rica, para lo cual presenta su hoja de delincuencia.

“Esto fue un atropello a los derechos humanos de Gilberto. El Registro Civil, como consta en los documentos, interpretó que aparecer en los registros de la DIS es señal de “mala conducta” y así lo expresó”, explicó el abogado.

Tras apelar al Tribunal Supremo de Elecciones, este solicitó a la DIS informar sobre el contenido de los archivos de Lopes, a lo cual se negó argumentando que se trata de “secreto de Estado”.


SIN SORPRESA

Al no haber denuncias contra Lopes, el TSE ordenó que se le otorgara la nacionalidad costarricense, quien a pesar de la satisfacción de haber completado exitosamente su trámite, quedó con el sinsabor de haber confirmado sus sospechas.

“A mí no me sorprende, se sabe que la DIS la usan para buscar disidentes, gente que discrepa con las políticas de gobierno y yo me manifesté abiertamente contra el Tratado de Libre Comercio, por lo que no me sorprende que la DIS tomara nota, aunque no sé si esa es su función”, comentó.

Consideró inconveniente que otros órganos del Estado se tomen atribuciones que la ley no les otorga, como lo hizo la Sección de Naturalizaciones al consultar a la DIS, para luego rechazar el trámite, a pesar de cumplir con todos los requisitos.

Para Lopes, es grave que exista una entidad como la DIS que no tiene límites ni controles en su accionar, y que además responde a los intereses particulares de una administración, al estar bajo la tutela del Ministro de la Presidencia.

“Resulta que tenemos en el gobierno una persona que ha tenido uno de los honores más grandes que puede recibir un ser humano, pero se da el lujo de manosear la Constitución en beneficio propio. Si esa persona se permite eso, ¿dónde deben detenerse los demás?”, cuestionó Lopes.


QUE CIERREN LA DIS

El caso del periodista Gilberto Lopes generó diversas reacciones en sectores políticos, autoridades y periodistas, que coincidieron en la inconveniencia de mantener una unidad de investigación como la DIS, que opera como una “policía política”.

El diputado del Frente Amplio, José Merino, indicó que este tipo de denuncia confirma lo que él mismo como diputado ha sufrido como objeto de investigación y persecución por parte de la DIS

“Como en este caso y en el mío, no dudo de que en el archivo de la DIS habrá más expedientes sobre todas las personas comprometidas con la lucha popular y la defensa de los derechos humanos, lo cual es muy lamentable”, aseguró Merino.

Agregó que tiene listo un proyecto de ley para disolver esa “policía política” y obligar a hacer públicos los archivos que esta unidad ha creado sobre personas que militan en organizaciones civiles o han sido investigados por otros motivos, en clara violación a sus derechos humanos.

El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Luis Barrantes, coincidió con Merino en la necesidad de cerrar la DIS y aseguró que aún está a la espera de un informe prometido por el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, sobre las actividades de la DIS.

“El gobierno no ha actuado respecto de la DIS. Creo que tener un órgano político investigativo es muy peligroso, y si está adscrito al Ministerio de la Presidencia, es más peligroso todavía”, manifestó Barrantes.

El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Francisco Molina, lamentó lo ocurrido en el caso de Gilberto Lopes y aseguró que todo ciudadano tiene derecho a conocer por qué motivo es investigado.

“No puede ser que a una persona se le deniegue o se le intente denegar un trámite diciendo que aparece en un archivo, sin dar la información porque es “secreto de Estado”; ya lo hemos dicho, lo mejor que le puede pasar al país es que se cierre la DIS porque no sé a qué están jugando, ellos deciden quién es bueno y quien es malo”, afirmó Molina.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Oscar Núñez, reconoció que se actuó en contra de los derechos del periodista Lopes, pero aseguró que no se puede cuestionar una política de Estado en materia de seguridad por un caso particular.

“La política en materia de seguridad de Estado no concierne a una persona en particular, es una política que debe ir sobre otros temas de seguridad que también se investigan en el país, y si aquí hay delitos de narcotraficantes, de gente que ha incursionado en armas y se les sigue la pista, pues por supuesto que vale la pena tener una unidad de inteligencia”, expresó Núñez.

El Fiscal General, Francisco Dall ‘Anese, reiteró su criterio de que la DIS debe cerrarse, pues el país no puede tolerar un tipo de policía como esta, en la que no existe control.

Es inconstitucional que la DIS declare la información “secreto de Estado”, cuando para eso existe un procedimiento definido por la Constitución Política; y no por decisión arbitraria de una unidad como esta.

“No puede ser que aquí se investigue a un periodista porque es de izquierda o porque es de derecha, eso es muy peligroso para el país y no tiene fundamento jurídico”, manifestó el fiscal.


PELIGRO PARA EL PERIODISMO

El presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Costa Rica (APEX) , George Rodríguez, indicó que este tipo de investigaciones como las sufridas por Gilberto Lopes, son incómodas para el ejercicio de la prensa extranjera en el país.

“Es preocupante que haya un control del cual el periodista no tenga conocimiento, que pueda generar algún tipo de inseguridad al no saber si se considera bien o mal el trabajo que un corresponsal internacional desarrolla”, consideró Rodríguez.

El periodista Eduardo Ulibarri, integrante del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), dijo que el caso es preocupante desde el punto de vista de los derechos civiles de cualquier persona, independientemente de su profesión.

Esto tiene un tufo político que es inconveniente cuando se trata de los derechos ciudadanos. El periodista trabaja con símbolos y con versiones y su actividad pública tiene que ver con la libertad de expresión, por lo que me preocupa una investigación de este tipo”, comentó Ulibarri.

El presidente del Colegio de Periodistas, Raúl Silesky, aseguró que la actuación de la DIS es antidemocrática y que el país debe velar por el derecho de todas las personas por tener acceso a su información personal guardada en las instituciones públicas.

“Me parece indignante que tengamos archivos registrados donde se estigmatice a personas por su forma de pensar y que esto sea instrumento para decidir a quién se le otorga una nacionalidad. Esto recuerda a las dictaduras y sienta un pésimo precedente”, concluyó Silesky.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y del director de la DIS, José Torres; Pablo Guerén, encargado de prensa de su oficina aseguró que el caso será estudiado para dar una respuesta a nuestras consultas.


Fuente Semanario Universidad

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