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Anticomunismo trasnochado

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Columna: "Para pensar..."


Por María Flórez-Estrada

Muy reveladora fue la entrevista de Esteban Mata a Ottón Solís publicada el 12 de noviembre pasado en "La Nación" ('El PAC no tiene líder, el líder son las ideas'), pues en ella el excandidato presidencial reconoce que concibieron aplicar la vía ultra-rápida al trámite del proyecto de reforma fiscal explícitamente para acallar la voz de un partido progresista, e incluso de un leal aliado del PAC como ha sido el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa.

Veamos. A la siguiente pregunta del periodista: "¿No fue un error aprobar un 208 bis con plazos firmes y que ahora quieran ampliarlo?", Solís responde: "No, jamás, jamás. Ha sido una de las grandes cosas que se han hecho para impedir que los que quieren que el Estado quiebre o que en el país haya un caos para que surja un Chávez (Hugo, presidente de Venezuela) o no sé qué, tengan éxito. Hay grupos extremistas que no les importa el país."

Esta respuesta revela al menos dos cosas. La primera, que como muchas personas que dieron su voto para mantener la presencia del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, el fundador del PAC reconoce implícitamente que aquel partido, que no esconde sus planteamientos de izquierda democrática, se ha consolidado ya como una conciencia crítica necesaria en la vida política del país.

Primero fue la excelente y lúcida labor parlamentaria del diputado José Merino, y ahora el igualmente calificado y responsable trabajo del diputado Villalta. Lo cierto es que muchas personas que votaron para la Presidencia por la candidata del PLN o por el candidato del PAC, lo hicieron por el Frente Amplio para las diputaciones, conscientes de que este equilibrio era fundamental.

La segunda cosa que pone en evidencia esa entrevista es que, a pesar de tener solo un diputado en la Asamblea, el peso de los argumentos del Frente Amplio resulta "peligroso" para el alocado proyecto de reforma fiscal de Solís. Y esto es así porque, no obstante su sistemático esfuerzo por estigmatizar, el excandidato no puede rebatir el hecho de que este partido se caracteriza precisamente por la calidad de sus argumentos y por su poder de convencimiento, no en relación con aquellos diputados y diputadas del PLN y el PAC que se declaran voluntariamente autistas, sino para la ciudadanía, que es quien, a fin de cuentas, tiene que soportar el peso de las malas o interesadas decisiones que se tomen en el parlamento.

Hablemos ahora, entonces, de los esfuerzos de Solís por satanizar al Frente Amplio y por afirmar algo tan antojadizo y sin fundamento como que este partido "quiere que el Estado quiebre o que en el país haya un caos para que surja un Chávez (Hugo, presidente de Venezuela) o no sé qué, tengan éxito. Hay grupos extremistas que no les importa el país."

Como el propio Solís revela, ni siquiera él le encuentra lógica o sabe por qué exactamente repite un estribillo anticomunista tan trasnochado, propio de la Guerra Fría.

Es evidente, sin embargo, que este desbordarse de la lengua, de Solís, responde a su formación de origen, de liberacionista conservador, a la que nunca ha renunciado.

El líder del PAC tiene la fantasía de que, cuando impulsa autoritariamente la reforma fiscal pactada con sus viejos camaradas, está realizando el programa de gobierno del partido que considera su criatura. Gran cosa, como si el bipartidismo tradicional no hubiese contenido reformas fiscales en sus planes. El punto es hacer una reforma fiscal que redistribuya la riqueza, no una que tiene como su elemento central exprimir los bolsillos hasta de los hogares más pobres, mediante el incremento del IVA, y que "patea para adelante" las verdaderas afectaciones a las transnacionales, las grandes empresas y los patrimonios.

Además, se siente cómodo cogobernando de manera impositiva y autoritaria con sus viejos correligionarios, aunque esto signifique olvidar que los votos que le llevaron adonde está no son todos de liberacionistas conservadores sino, y sobre todo, de ciudadanas y ciudadanos que han querido cambiar las viejas prácticas de la política bipartidista tradicional.

Puede decirse, entonces que, en la entrevista, se le salió lo liberacionista de derecha, y se le olvidó lo paquista.

¿Qué significa, entonces, lo paquista? Las confrontaciones políticas recientes, en torno a la apertura del mercado de las telecomunicaciones y de la electricidad, así como en cuanto al TLC con EE.UU, movilizaron a la ciudadanía costarricense fundamentalmente en relación con la resistencia a que se terminara de desmontar el estado de bienestar que, desde la intervención activa de ese país en los asuntos costarricenses, a través de la AID, en los años ochenta del siglo XX, la población ha visto esfumarse con la complacencia de la clase política.

La ciudadanía sabe que no fue ella la ganadora de este proceso. Que los ganadores fueron ese puñado de políticos, empresarios y tecnócratas quienes, gracias a los cientos de millones de dólares que la AID les repartió, se convirtieron, por ejemplo, en la nueva burguesía financiera del país, burguesía que no existía antes de la intervención de la AID. (Solo es resultado de un proceso histórico coherente, y no de la casualidad, por ejemplo, que un banquero privado, cuyo banco nació y se fortaleció gracias al dinero y a las presiones de la AID, sea hoy uno de los vicepresidentes de un gobierno del PLN).

El fundador del PAC, en su anticomunismo trasnochado y gratuito privilegia, pues, al liberacionismo conservador que lleva dentro y olvida que el voto popular que dio un lugar político relevante al PAC también es de centro-izquierda. Es el de un pueblo que aspira a aglutinar a todos los sectores que pueden y deben aportar para que el país enrumbe en una dirección que recupere el sentido del bien común, por encima de la búsqueda frenética del lucro de unos cuántos.

Ni Chávez, ni Obama. Un camino propio que reconstruya la sociedad costarricense pensando en el bienestar del mayor número. La búsqueda de una amplia alianza de centroizquierda que revierta el interesado y supuestamente neutral tecnocratismo del mercado.

Por suerte, pareciera que las opiniones de Solís y el PAC no son exactamente la misma cosa. La prueba está en que la Comisión Política de este partido, tratando de rectificar, votó en contra de su oposición a permitir que se ampliara el plazo para una discusión más amplia de la reforma fiscal. Aunque fracasara en su intento, "ladran, Sancho".

¿Cuál es el miedo al debate? Si, como Solís afirma, el Frente Amplio es solo un grupo de "cabezas calientes" deseantes de un Chávez, ¿por qué actuar autoritariamente para acallarlo si debería calcinarse por sí mismo?

Si algo hay que concederle a Solís, en todo caso, es que, efectivamente, los argumentos planteados por el Frente Amplio, que han demostrado ser producto del estudio serio y responsable del proyecto de reforma fiscal, han tenido esa capacidad de, en muy poco tiempo, movilizar a la opinión pública. Pues ha sido precisamente esta fracción la que alertó sobre las consecuencias de esta reforma, especialmente sobre el impacto que tendrá la eliminación genérica de exoneraciones del IVA para actividades e instituciones esenciales en la satisfacción de las necesidades básicas de la población costarricense.

El partido de la "participación ciudadana" debería reflexionar sobre el significado y las implicaciones de su aval a ese "grandioso" procedimiento de vía rápida que enorgullece a Solís.

Finalmente, miremos la "gran película", la perspectiva de largo plazo. En medio de la crisis del modelo neoliberal mundial, el país parece transitar hacia una recuperación de su horizonte interno, de su derecho de trazar su propio modelo de sociedad. Uno que, sin ser aislacionista, sea capaz de anteponer las necesidades de su población a las de ciertos capitales. Para lograr esto, se necesita sumar y no restar. Y ser capaces de proponer alternativas incluso en el terreno de los "sacrosantos" conceptos e instrumentos aparentemente desideologizados de los economistas.

Si no, nada más miren adónde han empujado al capitalismo mundial sus tecnócratas, en nombre de un "equilibrio macroeconómico" que siempre privilegia las ganancias del capital.



Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: El Roto



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Abogado asesor de Oscar Arias recibió copia de fallo filtrado por magistrado

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  • Rubén Hernández Valle participó en reunión para recibir documento

El abogado constitucionalista y asesor del ex presidente Oscar Arias Sánchez, Rubén Hernández Valle, quien tiene un Poder Especial de la minera de Crucitas, recibió personalmente la copia de un borrador de sentencia de la Sala Primera.

Así lo reveló el abogado, periodista y ex vocero de la transnacional canadiense Infinito Gold, William Méndez Garita, en presencia del Fiscal General en ejercicio manifestó que fue testigo de una reunión en donde Moisés Fachler, magistrado suplente entregó un sobre con tres copias del borrador de sentencia que era contraria a los intereses de la mina Crucitas.

En la Región Huetar Norte de Costa Rica, la empresa pretende construir en Crucitas de San Carlos una mina de oro a cielo abierto, a solo tres kilómetros del río san Juan, fronterizo con Nicaragua.

De acuerdo con información divulgada por el Canal 7 de la televisión, según la declaración de Méndez, allí estuvieron además de Moisés Fachler, los abogados de la empresa Rubén Hernández y Juan Carlos Hernández y cada uno se llevó una copia de las tres entregadas por el ex magistrado suplente y ex tesorero del Partido Liberación Nacional (PLN).

Méndez dijo a la Fiscalía que también estuvieron dos altos ejecutivos de la empresa, y a partir de ese momento comenzaron a idear formas de detener el proceso que ratificaba la sentencia.

También se intentó contactar a los abogados Rubén Hernández y Juan Carlos Hernández que trabajan juntos, pero se informó que Rubén Hernández está en Nicaragua y no sabía cuando regresaba, asimismo que su compañero de oficina tampoco se encontraba, precisó la televisora.

Por otra parte, Méndez dijo al Semanario Universidad que tras semana y media de análisis del documento, por parte de los abogados de Infinito Gold le dijeron que debía dar a conocer el documento, pero que él se negó.

Mencionó que el plan de los abogados es buscar que el caso se ventile en la Sala Constitucional.

De acuerdo con la agenda de actividades académicas de la Sala Constitucional, este año, el abogado Hernández Valle ha participado como conferencista y co-patrocinador de encuentros para analizar asuntos de Derecho Constitucional, el papel de la Sala y su jurisdicción.

Información divulgada por este medio, Hernández, quien ha defendido a la empresa transnacional canadiense Infinito Gold, desde posiciones independientes, cuenta desde julio del 2010 con un Poder Especial, de esa empresa minera. (Ver: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=46648).

En la oportunidad, ambientalistas criticaron que el abogado publicara artículos de prensa, a favor de la minera, "sin aclarar que es funcionario o asesor de la empresa, desde una supuesta posición independiente como jurista".

El Poder Especial Judicial consta en el folio 1477, en el expediente judicial del contencioso administrativo contra el Proyecto Minero Crucitas, otorgado por Industrias Infinito S.A. a Hernández Valle.

El documento, suscrito por los apoderados generalísimos de Industrias Infinito, John Thomas y Arnoldo Rudín, otorgó a Hernández "Poder Especial Judicial para que represente a la empresa en este proceso de conocimiento".

"Este poder le otorga amplias facultades para proceder efectuar todas las gestiones, acciones, incidencias e instancias del proceso ordinario, así como para interponer cualquier tipo de recursos en contra de las resoluciones que se dictan durante el proceso en cualquier instancia del mismo", reza el documento en manos del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

La Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por los Jueces David Fallas Redondo, Grace Loaiza Sánchez y Eduardo González Segura, en sentencia del 24 de noviembre del año anterior anularon la concesión minera, entre otras cosas, por irregularidades durante el proceso de otorgamiento de permisos, así como un decreto del ex presidente Arias Sánchez, quien declaró el proyecto minero de Interés Público y Conveniencia Nacional.

Cabe recordar la "ENTREVISTA al Dr. Rubén Hernández Constitucionalista, Ex Magistrado Suplente Sala IV", publicada en una de las páginas de la empresa minera Infinito Gold.

Dicha página informa: "Sobre la posible revocación del Proyecto Crucitas y las implicaciones internaciones que esto tendría al país, el Dr. Rubén Hernández, Constitucionalista, Ex Magistrado Suplente de la Sala IV, expresa que el Poder Ejecutivo puede detener un proyecto; ya que posee la potestad general de revocar o decretar cualquier concesión, pero obviamente al revocar un derecho tendría que indemnizar; porque implicaría una expropiación de derechos adquiridos".

"En el caso del Proyecto Crucitas, el Estado puede revocar la concesión pero queda sujeto al pago de daños y prejuicios, que en este caso serían cuantiosos, sobre todo porque las reservas están probadas y pueden ser cuantificadas", dijo el abogado.

Agrega que "el Dr. Hernández deja claro que lo más grave sería la señal que se enviaría a la inversión extranjera, se crearía una gran inseguridad jurídica, porque los inversionistas a pesar de tener todos sus derechos adquiridos y consolidados conforme a la Ley, en cualquier momento pueden ser revocados por decisión política".

En otra "Entrevista a Rubén Hernández", publicado el 27 de Julio, da cuenta que Rubén Hernández expresó que el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias de la Sala IV son vinculantes para todos los órganos administrativos y jurisdiccionales del país, es decir, que lo que la Sala IV falla en definitiva, debe ser acatado por los tribunales.

"También establece que sobre el Proyecto Crucitas, en un principio la Sala no debería involucrarse a analizar el contenido de los estudios de Impacto Ambiental, deberías solo pronunciarse si se siguieron los procedimientos establecidos por la Ley y la reglamentación respectiva".

"El Dr. Hernández también expresa que la Sala dictó sentencia analizando todos los aspectos, no sólo de constitucionalidad, sino de legitimidad invocados por las partes; lo que quiere decir, que los aspectos en los que la Sala ya se pronunció no puede ser nuevamente discutidos en la Vía Contenciosa Administrativa".

Por otro lado, recordaron también que Hernández publicó un artículo en un diario nacional, "Réquiem por la Sala Constitucional", donde sostiene que "La sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo dictada en el juicio contra Industrias Infinito S.A. representa un golpe mortal para la Sala Constitucional".

"En efecto, esa sentencia, en pocas palabras, dejó sin efecto el voto de la Sala que había declarado sin lugar los recursos de amparo planteados por grupos ambientalistas contra la concesión minera de Las Crucitas y desaplicó el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual "La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma", afirmó Hernández.

Agrega que la propia jurisprudencia de la Sala indica que un juez ordinario no puede, ni debe desacatar una línea jurisprudencial dictada por este Tribunal pues, al hacerlo, quebranta la previsión legal contenida en esas normas (13 LJC y 8.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (voto 15957-06). Considera prudente aclarar que la obligatoriedad de las sentencias de la Sala se extiende también a sus considerandos. (Voto 7062-95).

Aclara, además, que las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo, tanto las estimatorias como desestimatorias, producen los efectos de la cosa juzgada material, por lo que deben ser acatadas por todos los tribunales de la República. Las sentencias de la Sala son vinculantes para los tribunales por razones de seguridad jurídica y dada la jerarquía que tiene.

En el caso Crucitas, la Sala determinó que el decreto de interés era constitucional y legalmente válido. La sentencia está sólidamente fundamentada en el análisis de los estudios técnicos realizados por las instituciones estatales competentes para otorgar los respectivos permisos de la concesión.

El artículo de Hernández destacó que en ambos tribunales, se discutió los mismos puntos producidos, que son juicios gemelos.

De acuerdo con fuentes judiciales, los abogados de la transnacional minera debían conocer el borrador del fallo de la Sala Primera con el fin último de preparar la Acción de Inconstitucionalidad contra la jurisprudencia utilizada por dicha instancia.

En ese sentido, los abogados prepararon dicho recurso y lo presentaron a la cuestionada Sala Constitucional, que siguiendo directrices o recomendaciones del abogado Hernández Valle en una ocasión hizo que el Alto Tribunal anulara un voto que rechazaba la reelección a la Presidencia de la República, lo que permitió el segundo mandato de Arias Sánchez (2006 - 2010).


Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: El Roto


El énfasis es nuestro



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Magistrado Román Solís: "Esto un atentado a los cimientos de la República", Diario Digital Nuestro País.

Indignación en Asamblea Legislativa por caso de Sentencia Crucitas, Diario Digital Nuestro País.




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Exvocero de Industrias Infinito: “Les advertí que estábamos ante la eventual comisión de un delito”

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William Méndez Garita, periodista y hasta el pasado 12 de noviembre vocero de la empresa minera en Las Crucitas, Infinito Gold, dijo que advirtió en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes, que estaban ante la posibilidad de cometer un delito por poseer el documento de borrador del proyecto de sentencia de la Sala I.

A continuación un resumen de la entrevista dada a UNIVERSIDAD el pasado martes 15 de noviembre.

¿Debido a la renuncia del magistrado suplente Moisés Fachler se podría presumir que fue él quien facilitó el documento de borrador de la sentencia en la reunión?

-El Ministerio Público es el que lleva toda la investigación, ellos son los que tendrían que confirmar o negar la participación de algunas personas; lo que sí puedo confirmar es que en mi declaración ante este Ministerio hice mención de un magistrado suplente.

¿Este magistrado puso el documento de borrador frente a todos ustedes durante la reunión?

-Este magistrado estaba en el lugar en el que estaba el documento, situación que yo señalé que era indebida y advertí a la gente que estaba ahí, que estábamos ante la eventual comisión de un delito.

¿Se le ofrece a usted en esta reunión que dé a conocer este documento a la prensa?

-Posteriormente se me hace la recomendación de que filtre a la prensa este documento sin ninguna explicación, sin ninguna lógica o sentido, lo que yo rechacé inmediatamente; no podía aceptar esto.

¿Por qué?

-Ya para ese momento había llegado a una conclusión: que la primera reunión había sido un acto indebido; yo no estaba dispuesto a continuar esa cadena, y hacer lo que me solicitaron era hacerle un daño muy grande a la institucionalidad de este país. No acepté hacer esto y presenté mi primera renuncia, porque al cabo de una semana renuncié dos veces.

¿Cuál era el objetivo de sacar a la luz pública esto?

-No entendí la lógica de esto; supongo que creían que podían repetir lo mismo que ocurrió con el famoso memorándum (memorando Casas-Sánchez, 2007), pero me parece que las circunstancias históricas no tienen ese nivel de comparación, ni hubiera tenido la misma repercusión, y más bien hubiera sido hacerle un daño al Poder Judicial.

¿Pretendían revertir la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo?

- No sé si en realidad eso de una u otra manera podría revertirlo o no; a mí me parece que todo lo que ha ocurrido durante este periodo no tiene ninguna explicación lógica. Me parece que han sido torpezas y estupideces que no sé de dónde salen, pero son errores muy graves.

¿Fue esto un acto planificado?

-Yo diría que es un acto contrario a la ley, y por ende significa que quienes participan del mismo pueden hacerlo de dos maneras: una voluntario, otra involuntaria; ustedes pueden escoger la de cada persona en esa reunión.

¿En alguna ocasión este magistrado suplente dijo quién le había facilitado el documento?

-En realidad nunca supe yo de quién recibió él este documento, o como lo obtuvo. Espero que quien nos entregó este documento precisamente dé las explicaciones y revele la fuente o la forma sobre cómo lo obtuvo.

¿Se dice que este documento ratificaba la sentencia del Tribunal Contencioso?

-Lo que sí vi fue la carátula y recuerdo que en algún momento determinado vi una parte en la que se señalaba como un criterio adicional; era como una parte de un anexo de indicaciones específicas de algún magistrado. En su momento en la reunión quienes leyeron el documento dijeron que era un voto salvado.

¿La reunión versó sobre el documento?

-Puedo decir que la reunión fue una discusión sobre el documento.

¿Y las estrategias?

-Ahí no se tomó ninguna estrategia; técnicamente los abogados de la empresa se llevaron los documentos para estudiarlos, luego hubo varias semanas de silencio.

¿Por qué este silencio?

-Creo que nadie quería hablar sobre eso.

¿Recibió algún trato diferente luego de negarse a acatar la orden de la empresa?

-Hice varias notas durante las últimas semanas, y ya les había advertido personalmente que estaban ante la comisión de un delito, y que se estaban exponiendo a una situación muy peligrosa ante la opinión pública; obviaron mis notas y me separaron de cualquier relación con la parte legal.

Esto me lo hacen saber a través de sus abogados, por lo que además confirman que ellos han depositado toda su confianza en sus estrategas legales. Estoy hablando de los representantes canadienses; yo les hice una advertencia de que tenían que separar a sus abogados del caso.

¿La acción de inconstitucionalidad que presenta uno de los abogados de la transnacional el pasado viernes, tiene relación con la infiltración de este documento?

-A mí lo único que me notificaban era lo que iban a hacer; las razones las desconozco; el departamento legal no me daba ninguna razón.

¿Pero se habló antes de conocer el documento sobre una posible acción de inconstitucionalidad?

-No, yo creo que al final los abogados deberán dar a conocer por qué hicieron cada cosa; lo que pueda hacer yo son suposiciones.

¿Por qué se exponen a tanto?

-No sé en realidad.

¿Se imaginó que era tan frágil vulnerar la Sala?

-No puedo generalizar; si un juez se equivoca no todos son iguales; creo que tenemos magistrados muy valiosos. Esto es más un caso extraño, una excepción a la regla y no la regla; espero que sea así, y que además quien quiera andar en estos pasos se atenga a las consecuencias.

¿Tienen tanto poder las transnacionales?

-No creo; este país está hecho por gente muy educada, y tenemos además una prensa que puede decir lo que quiere, y por ello la gente no traga cuento tan fácilmente.

¿La empresa lo expuso al hacerlo participar en la reunión?

-Sí, claro, al convocar a una reunión y participar de un acto que yo creo que es contrario de cualquier servidor público o privado.

¿Por qué su silencio casi un mes?

-La situación es tan compleja que cuando uno la recibe entra en un estado de sorpresa; uno lo que hace es tener una actitud de distancia para sopesar lo que está ocurriendo, y comprenderlo; es que no se entiende de la noche a la mañana. A mí me costó entender esto, pero cuando ya me di cuenta, y vi las manifestaciones, no me quedaba otra obligación personal y para con el país que presentarme en el Ministerio Público.

Lo más fácil era quedarme callado, y luego tratar de no quedar implicado, pero ¿qué pasa después en Costa Rica?, ¿qué pasa si no se da a conocer esto?

¿Quién tiene más intereses que este proyecto camine, la empresa o gente con intereses políticos en el país?

-En realidad esta es una empresa extranjera, por lo que creo que los que van a perder son los inversores que ponen la plata en los puestos de bolsa internacional; no hay un financista único; los que pierden son los que iban a poner o los que la han puesto.


Fuente: Semanario Universidad



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Magistrada Presidenta Sala I: “Por este motivo no nos vamos a separar del caso”

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Anabelle León Feoli, magistrada presidenta de la Sala I, defendió la labor realizada por los cinco integrantes que conforman este órgano de la Corte Suprema, Feoli sí reconoció que lo sucedido es algo penoso, y que ahora tendrán que buscarse los responsables para que estos asuman las consecuencias penales del caso.

A continuación un extracto de la conversación con la magistrada, Anabelle León.

¿Qué contenía el documento que se filtró de la Sala?

-Lo que tiene es una propuesta de proyecto, en el sentido de que lo que ha venido trabajando la Sala, además contenía antecedentes del caso, la puntualización de los cargos; por lo que hablar de que era un documento definitivo es mentira, pero sí es proyecto que avanza sobre los recursos de casación.

¿Qué tan grave es este hecho?

-El documento en sí no significa un voto o sentencia, es más un documento de trabajo, una primera parte. Lo que sí es que es penoso y lamentable es que a nivel de la Sala de alguna forma, si es que se llega a determinar, este haya cogido otra ruta. ¿Quién lo generó?, y ¿Con que propósito?, no lo sabríamos, pero sí estamos firme en dar todo el apoyo al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial en el proceso que ahora se emprende.

¿La filtración se da por algún miembro de la Sala?

-Este documento sigue la ruta que cualquier proyecto que nosotros manejamos para la resolución de los casos; aquí están asignados para esto dos letrados y los cinco magistrados. No descartaría que cualquiera de nosotros se lo hubiera pasado a la secretaria para que se lo imprimiese, a pesar de que ya estaba impreso, en fin hay otras circunstancias.

¿Podría esto generar una recusación de los magistrados que los aparte del caso?

- Nosotros por este motivo no nos vamos a separar del caso, eso no quiere decir que algunas de las partes pueda plantear sobre eso alguna gestión de que nos separemos vía recusación en cuyo caso no nos tocará a nosotros resolverlo.

¿Qué tanta presiones tienen los integrantes de la Sala I?

-Ninguno de los cinco integrantes, y así lo hemos conversado, ha recibido alguna llamada o a algún intermediario, por lo que para nosotros esto no ha representado ninguna presión.


Fuente: Semanario Universidad

Foto: Semanario Universidad




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Filtración de información pretende revertir fallo contra mina Crucitas

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Por David Chavarría Hernández

La filtración del borrador del proyecto de sentencia de la Sala Primera, en el cual aparentemente se confirmaba la resolución que impedía la explotación de la mina Las Crucitas en Cutris de San Carlos, confirma la injerencia de intereses particulares en una decisión judicial que reviste gran trascendencia para el país.

Las aspiraciones de la empresa de capital canadiense, Infinito Gold, para explotar una mina a cielo abierto toman un nuevo aire, ya que a la filtración de información que llevó a cabo uno de los magistrados suplentes y que terminó en manos de la firma minera, se suma una acción de inconstitucionalidad en contra del juicio que trajo abajo la concesión y los derechos de explotación de la empresa, interpuesta por Juan Carlos Hernández Jiménez el pasado viernes 11 de noviembre.
El recurso aduce que no es materia de jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolver sobre cosa juzgada por la Sala Constitucional.

También se unen la denuncia del exvocero de Industrias Infinito, William Méndez Garita, quien responsabilizó directamente con la sustracción del documento de borrador a un magistrado suplente de la Sala Primera, quien había participado en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes.

Méndez dijo a UNIVERSIDAD que advirtió a los participantes en la cita, aparentemente realizada en Lindora de Santa Anta en una casa cercana de uno de los representantes de la empresa, que la filtración del proyecto de borrador significaría la comisión de un delito. (Ver entrevista Exvocero advirtió a empresa que cometían delito)

Al cierre de esta edición trascendió que el magistrado suplente, que estuvo en funciones en la Sala Primera, fue Moisés Fachler, quien negó cualquier participación en los hechos y posteriomente presentó su renuncia el mismo martes 15 de noviembre cuando trascendió su nombre.

Él afirmó a la prensa que su dimisión se presentaba con el fin de no obstaculizar la investigación que realiza desde la semana pasada la Fiscalía General de la República.

Méndez declaró que en la reunión, que se realizó a inicios de octubre en la casa de habitación de una allegada de la empresa en Lindora, se habría hablado sobre el documento mas no se planteó ninguna estrategia a seguir con la información allí indicada.

Otras fuentes dijeron a UNIVERSIDAD que en la cita estuvieron dos reconocidos abogados, uno de ellos habría participado activamente en el proceso de juicio en defensa de la empresa Crucitas y otro con asesoramientos.

Aunque este semanario le consultó a Méndez sobre dos de los nombres que se nos indicaron de manera anónima, el asesor de prensa prefirió omitir referirse a ellos mientras se investiga el caso en el Ministerio Público.

No obstante, reconoció que días después uno de los abogados que habría estado en el encuentro le pidió que diera a conocer el borrador de proyecto de setencia de la Sala ante la prensa, a lo cual él se negó para posteriormente apartarse de los criterios de la empresa.

REVERTIR SENTENCIA

El abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Bernal Gamboa, expresó que este tipo de hechos son “maniobras” de la contraparte demandada que pretenden echar abajo la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, debido a la falta de criterios técnicos favorables. “Es tan preocupante la situación para ellos que se logran exponer a tanto, si no lo fuera no lo hacen”, consideró Gamboa.

“La única manera de hacer caer un velo de duda sobre la labor de estos magistrados es sacándoles un borrador de la sentencia por un tercero”, comentó Gamboa al destacar la transparencia de los magistrados propietarios de la Sala I.

Álvaro Sagot uno de los abogados demandantes señaló que el objetivo de filtrar el proyecto es hacer desconfiar a la opinión pública hacia el Poder Judicial y generar toda una campaña de miedo sobre lo que resolvería la Sala I.

Ambos representantes del sector ambiental durante el juicio contra la mina Crucitas, denunciaron que la estrategia es que alguna de las partes recuse a los magistrados propietarios de la Sala I o que en su caso la Corte Suprema emprenda una investigación de oficio para apartarlos del caso, y con ello nombrar magistrados suplentes que se encargarían de resolver el tema.

Edgardo Araya, representante de la Asociación Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), opinó que sería muy grave que se cambie la integración de la Sala con el único afán de variar su criterio para tratar de conformar otro que piense como empresa.

El biólogo Jorge Lobo, quien está demandado por Industrias Infinito y otro de los cuatro demandantes contra la empresa durante el juicio contencioso, expresó que lo sucedido en torno al caso Crucitas dejó de ser una simple demanda en contra de una compañía transnacional y los impactos ambientales para convertirse en una lucha por la soberanía e institucionalidad costarricense.

Hechos como los denunciados, apunta Lobo, evidencian que detrás de todo esto existen “mafias políticas”, pero dijo a la vez que ésta es una oportunidad para que la población se indigne y tome cartas en el asunto.

“Lo que ocurra ante esto dependerá de la respuesta de la gente para que “estos” no cumplan su cometido de desestabilizar la Sala para cambiar magistrados”.

En esta mina la empresa canadiense pretendía extraer más de un millón de onzas de oro, las cuales están valoradas en el mercado en $2000 la onza, con lo cual se generaría una ganancia superior a los $2.000,000.000.

El caso Crucitas se encuentra suspendido en la Sala I, al presentarse la acción de inconstitucionalidad por parte del abogado Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito.

Dicha empresa expresó en un comunicado de prensa el pasado sábado 12 de noviembre, que avalaban las investigaciones que se realizan en la Sala I por el Ministerio Público
, al tiempo que lamentaron el atraso que podría sufrir la resolución del proceso judicial debido a estos cuestionamientos.

Indicaron que ahora valoran la opción de implementar acciones a partir del mes de enero del 2012. Posteriormente, se dio a conocer la acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 11 de noviembre.

La única vía que se señala es recurrir a un arbitraje internacional, según se dice en el boletín:los hechos deberán ser valorados a la luz de los principios constitucionales, internacionales y legales que protegen la inversión extranjera y garantizan el debido proceso”.


Fuente: Semanario Universidad

Imagen: El Roto


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Magistrado suplente Moisés Fachler renunció por filtración de fallo Crucitas

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  • Ex Tesorero del PLN niega haber entregado documento

El Magistrado Suplente de la Sala Primera, Moisés Fachler, renunció a su cargo, tras ser involucrado como la persona que habría entregado un borrador de fallo de la Sala Primera sobre la ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso Crucitas.

Sin embargo, Fachler dijo a Radio Reloj que había presentado la renuncia, pero negó haber entregado el documento a personeros de la transnacional minera canadiense Infinito Gold.

Vìa teléfonica, Fachler confirmó su renuncia a Noticias Reloj e insistió en que nunca entregó ningún documento sobre la causa.

Lo que confirmó el ex tesorero de Liberación Nacional fue que estuvo en una fiesta en la casa del gerente de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando..

Consultado si no le parecía improcedente dijo que por eso renunció, para que no sea malinterpretado, según Reloj.

La oficina de comunicación de la Corte Suprema de Justicia no dio detalles de la renuncia, pero se espera las altas magistraturas del Poder Judicial entreguen un amplio informe del caso que han causado estragos a la credibilidad de esa instancia.

Fuentes dignas de todo crédito dijeron el lunes a este medio que Fachler habría sido la persona que entregó tres copias del borrador de la sentencia a dos abogados y a dos funcionarios de la transnacional canadiense Infinito Gold, los primero días de octubre anterior.

El abogado y periodista William Méndez Garita, denunció este lunes el hecho ante la Fiscalía de la República, pero se negó a dar detalles a la prensa.

Méndez dijo al canal 7 de televisión que él fue testigo de esa reunión, de la entrega del documento.

Por otra parte, fuentes confiables indicaron a este medio que Fachler habría sido visto hace pocos días con uno de los abogados de Infinito Gold, en un parqueo del Tribunal Contencioso Administrativo, pero no se informó sobre las gestiones que ambos realizaron en el sitio.


Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: El Roto


El énfasis es nuestro


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"Ricos" y "pobres" en Costa Rica

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Por
María Flórez-Estrada

Columna Para pensar...


Hubiera querido inaugurar esta columna hablando de cualquier otro de los muchos temas culturalmente interesantes de analizar. (Como, por ejemplo, que la población nacional se considera "la más feliz del mundo", según una reciente encuesta de Latinobarómetro). Pero, el PAC me pone a correr con el tema de la reforma fiscal que negoció con el Gobierno y el PLN. Veamos.

Para cuando usted esté leyendo esto, querido lector, querida lectora, se habrá acabado la discusión del proyecto de reforma fiscal en la Comisión respectiva de la Asamblea Legislativa (exactamente, el domingo 13 de noviembre). Tres días después, el miércoles 16, comenzará la discusión de los dictámenes en el Plenario. Y tan pronto como, probablemente, el 22 o 23 de diciembre, cuando usted esté cenando un tamal navideño, los nuevos impuestos se habrán aprobado.

"Entre gallos y medianoche" es una frase que usualmente se ha usado para referirse a la forma poco transparente y antidemocrática con que los gobiernos tradicionales han recurrido a aprovechar las coyunturas navideñas -cuando la gente tiene la cabeza puesta en el consumo o en el descanso-, para aprobar leyes que, de otro modo, probablemente se movilizaría para resistir.

Por eso, lo primero criticable de esta reforma fiscal -¿del nuevo e inusitado bipartidismo PLN-PAC?-, es que reproduzca formas de hacer política de las que la ciudadanía está harta y por cuya causa comenzó a buscar alternativas.

Segundo hecho sorprendente: a pesar de lo anterior, más de un economista generalmente anti-neoliberal se apuró a darle un respaldo sin ambages al fondo de la reforma. Para ello, adujeron que "había" que apoyarla aunque el paquete siguiera recayendo en el impuesto más regresivo de todos: el de Ventas o al Valor Agregado (IVA), porque a cambio de eso tenía elementos progresivos como los impuestos a las remesas de zonas francas a partir del 2015 y, de forma parcial, la renta global y mundial.

Y como yo escribí desde el comienzo criticando ese intercambio, y luego publiqué un artículo titulado "Hacer política desde ninguna parte", en el cual me referí al superficial tecnocratismo en que habían caído tales analistas, se me acusó gratuitamente de querer una reforma fiscal "ideal" o "perfecta".
Ahora, ya comienzan a echarse para atrás y a reconocer que se trata de una mala negociación.

En todo caso, no creo que tenga nada de malo tener como horizonte lo perfecto, pero, ese no era el punto.
El punto era, y sigue siendo, que una fuerza política alternativa, que defienda los intereses de las mayorías, no puede simplemente aumentar el IVA afectando así el poder adquisitivo de esas mayorías, en nombre de mantener el equilibrio macroeconómico, sin desarrollar un trabajo lo más exhaustivo posible para revisar y reordenar el gasto, reducirlo en lo que no sea sustancial, y para aumentar el Impuesto sobre la Renta, sobre el consumo suntuario y el patrimonio, de modo que aporten más quienes más capacidad económica tienen. (Por cierto que el Frente Amplio presentó un proyecto alternativo, en esta dirección, desde marzo de este año).

Además, el impuesto a las remesas de zona franca y la limitada forma en que el PLN y el PAC quieren aplicar los impuestos global y mundial, los hacen casi inoperantes en términos de recaudación, como ha declarado el propio Ministerio de Hacienda.

Y después de hacer ese trabajo responsable, todavía habría que estudiar bien la forma diferenciada y escalonada en que debería aplicarse el IVA para los distintos sectores, actividades y poblaciones.

Quiero poner un ejemplo de por qué es necesario hacer este trabajo fino y responsable, que debería llevar a postergar la aprobación de esta reforma fiscal.

Resulta que, según el propio Ministerio de Hacienda, la reforma del PLN y el PAC es "progresiva" tanto en cuanto al IVA cuanto en relación al Impuesto de Renta porque se afirma que los "más ricos" pagarán más.

Para determinar quiénes son los ricos y los pobres, dividen los ingresos promedio de los hogares y de las personas en diez grupos escalonados (llamados deciles), de modo que los "más ricos" se encuentran en los deciles diez y nueve, los distintos niveles de "ricos" en los deciles ocho a seis, la "clase media" se en el quinto decil, y los distintos niveles de pobres son repartidos en los deciles cuatro al uno.

Pero, ¿saben ustedes cuál es el ingreso promedio por hogar del decil cinco, es decir, de los hogares de "clase media" según las cifras utilizadas por Hacienda? Apenas ¢355.892 ($711).

¿Y cuál es el ingreso promedio por hogar en el decil "más rico"? A partir de ¢2.017.912 ($4.036). ¡Es decir, que según esta división, tan rico es un hogar que tenga esa cifra de ingreso, como el hogar del gerente del Banco Nacional, que en marzo de 2010 tenía un salario de ¢12.7 millones ($25.400)!


¿A cuánto ascenderán los salarios -más las rentas y alquileres- del estrato gerencial del sector financiero privado, para seguir con el ejemplo? ¿Quiénes son verdaderamente los más ricos y cuántos son?

De la misma forma, con ese criterio, son "ricos" los hogares de los deciles seis a ocho, que tienen ingresos promedio de: ¢486.874 ($974); ¢562.329 ($1.125); y ¢701.079 ($1.402), respectivamente. Y sobre estos "ricos" hogares y la "clase media", recae buena parte del peso de la reforma, a través del IVA y de un poco sofisticado Impuesto sobre la Renta.

Igualmente sucede con la protección a los pobres mediante las exoneraciones planteadas al IVA:

según los propios datos de Hacienda, los hogares del decil uno, que son los más pobres, con un ingreso promedio de ¢105.245, a pesar de la canasta exonerada, de aprobarse la reforma tendrían que pagar ¢14.806 adicionales por año por persona, por efecto del IVA.

Por ejemplo, según los datos del INEC para el 2009, se verían afectadas un total de 1.935.926 personas (casi la mitad de la población) que integraban los primeros cuatro deciles de la población pobre. Tomando en cuenta que el promedio de integrantes de esos hogares pobres era de cuatro personas, la pérdida de poder adquisitivo anual que sufrirían, por el pago del IVA, equivaldría a ¢59.224, o el 4.6% de su ingreso. Además, habría que agregar la pérdida por la inflación, que el Banco Central estima en otro 4.6%. Esto implicaría, para esos hogares pobres, una pérdida neta de ¢118.448 que, como puede verse, equivale a un mes de ingreso.

(¡También por la lógica de reproducción de la pobreza y de las enfermedades gastrointestinales del Ministro Herrero, sabemos que, según el proyecto PLN-PAC, los pobres deberán seguir condenados a no comer las saludables frutas, que el Ministro y sus economistas no quieren incluir en la canasta exonerada porque esto haría más regresiva a la reforma!)

Es claro que el "lente" que utiliza Hacienda para establecer quiénes son los ricos y quiénes son los pobres, en Costa Rica, es muy grueso, de manera que quienes obtienen un ingreso apenas suficiente, ya son "clase media". Sin embargo, hay otras maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Costa Rica sobre los "Determinantes socioeconómicos del consumo de los estratos más altos de Costa Rica", de Allan Hernández, encontró que, en nuestro país, los hogares más ricos se caracterizan por lo siguiente: obtienen ingresos de rentas y alquileres, los "jefes" son hombres que son patronos, y residen concentradamente en el área urbana de la región central.

Para lograr estas conclusiones, se afinó el análisis de modo que fuese posible encontrar las diferencias significativas, sobre todo a medida que aumentaba el ingreso de los sectores más ricos. Un conocimiento así debería ayudar a tasar más a quienes cumplen ese perfil y menos aún a quienes no lo cumplen, incluso en términos regionales.

Sin duda se requiere de una reforma tributaria, pero no para tapar los huecos dejados por las fiestas del clientelismo político, sino para redistribuir la riqueza en una Costa Rica en la que, gracias a la política tradicional y al modelo que privilegia el enriquecimiento de unos pocos, la desigualdad social no deja de crecer.

Esta es una reivindicación típicamente progresista y de izquierda. Por eso mismo, el PAC todavía puede rectificar y promover que se discuta y acuerde una reforma tributaria que sea responsablemente progresiva y que se realice con una amplia participación ciudadana en su discusión.


Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: El Roto


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Miembro del Tribunal Electoral del PLN propuesto como magistrado de Sala IV

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·PAC cuestiona a candidato a magistrado por falta de independencia e idoneidad

Un candidato a magistrado de la Sala IV, que impulsa el Partido Liberación Nacional (PLN), fue cuestionado porque carece de independencia e idoneidad, ya que mientras era suplente de esa Sala, ocupaba un cargo en el Tribunal Electoral Interno de la agrupación política.

El candidato Jorge Araya García, promovido por un amplio sector del PLN para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Constitucional carece de los requisitos de independencia e idoneidad para llenar este puesto, sostiene la Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), tras conocer el estudio de los atestados del candidato.

El PAC recordó que como magistrado suplente, Araya García fue responsable del voto 2008-218 el cual perjudicó los derechos de los menores de edad sometidos a procesos penales, atropellando así instrumentos internacionales de derechos humanos sobre esa materia.

Señaló que tal fue el error en que Araya hizo incurrir a la Sala Constitucional, que esta se vio obligada a rectificar y variar por completo ese criterio a través del voto 2009-009921.

Araya fue electo magistrado suplente de la Sala Constitucional para el periodo de diciembre 2005 a diciembre de 2013, y ese nombramiento coincidió simultáneamente con otro como integrante del Tribunal de Elecciones Interno del PLN de setiembre de 2003 a marzo del 2007.

Además, Araya García ha ocupado una serie de cargos a partir de nombramientos realizados por Gobiernos de Liberación Nacional. Simultáneamente, en 1994 fue Presidente a.i. de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y Presidente a.i. de la Junta Administrativa de Correos y Telégrafos de Costa Rica. De Mayo de 1994 a Agosto de 1995 en el gobierno liberacionista de José María Figueres fue simultáneamente viceministro de Gobernación y Presidente del Consejo Nacional de DINADECO. Posteriormente, Figueres Olsen lo designó como interventor del proceso de Liquidación del Banco Anglo.

En ese mismo gobierno, pasó a la Autoridad Aeroportuaria Superintendente General del Aeropuerto Juan Santamaría, y finalmente fue viceministro de la Presidencia (abril 1997- mayo 1998) del gobierno liberacionista.

"Si la ciudadanía demanda transparencia, independencia político-partidaria y capacidad en la Sala IV, entonces es claro que el señor Araya no es un candidato que cumpla con estos requerimientos. En la nómina hay muchos candidatos excelentes de donde puede salir el próximo magistrado de la Sala IV", aseguró el diputado Manrique Oviedo de Acción Ciudadana.


Fuente: Diario Digital Nuestro País



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¡No me ayudes compadre!

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Por
Rodrigo Cabezas Moya (*)


En un canal de televisión sale don Oscar Arias solicitando el voto para los candidatos a alcalde de su partido, otrora paladín de la socialdemocracia, hoy feudo de sus ideas y planes para acomodar al hermano mayor.

Usa su condición de ex presidente e involucra el nombre de doña Laura, no obstante que ella explícitamente haya dicho hace solo unos días que no ha autorizado a nadie a usar su nombre o el de ningún otro funcionario en esta campaña.

¿De veras quiere ayudar a esos candidatos o es un intento más de desprestigiar a doña Laura?

Veamos: la persona que hace la solicitud fue cuestionado por el Tribunal Contencioso Administrativo hace solo unos días en relación al juicio de la mina en Crucitas y ese tribunal recomienda al Ministerio Público investigar si su actuación debe ser investigada por violar normas propias de un Presidente de la República.

Durante su presidencia, en la recién pasada campaña electoral, se gastaron 4.000 millones para comedores escolares cuando los estudiantes estaban de vacaciones, con millonarias compras de camarones, chuleta ahumada y otras extravagancias precisamente en los días previos a las elecciones de Febrero.

Es la misma persona que por decreto autorizó que violando las recomendaciones de un estudio de varios años y varios millones de euros financiado por la Unión Europea ( PRUGRAM ) se pudiera construir en áreas excluidas, áreas de gran fragilidad de terrenos y zonas de recargo acuífero, por razones puramente mercantilistas para favorecer a desarrolladores inmobiliarios. No importa que en el futuro tengamos tragedias como la recién pasada en los alrededores de Escazú y Santa Ana.

La misma persona que inauguró la Trocha a Caldera ( llamada Del Sol pues solo es seguro transitar por ella cuando hay sol ) antes de que estuviera lista, días antes de las elecciones, acciones todas hechas para influenciar el resultado de las elecciones, ¨ dejarle la mesa servida ¨ a doña Laura y favorecer a los candidatos a diputados que hoy declaran a los cuatro vientos su lealtad a él.

Si yo fuera candidato a alcalde, le diría: ¡no me ayudes compadre!

(*) Médico



Fuente: Diario Digital Nuestro País

Foto: costaricafrog.com




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Comisión de concesiones: Diputado Villalta denuncia obstruccionismo del PLN

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  • Diputado Villalta denuncia la actitud obstruccionista del Partido Liberación Nacional en la Comisión Investigadora de las Concesiones de Obra Pública.
  • Afirma que el control político ejercido por la oposición está obligando al actual Gobierno a tomar distancia de la Concesión de la carretera San José-Caldera.

A pesar de las estratagemas utilizadas por el Partido Liberación Nacional (PLN), en la Comisión Investigadora de las Concesiones de Obra Pública, con el fin de evitar que el pueblo costarricense conozca las irregularidades cometidas y se sancione a las personas responsables de ellas, el control político que ejerce la oposición, en la Asamblea Legislativa, está dando frutos y ha obligado al Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla a iniciar una investigación de lo ocurrido con la carretera San José-Caldera.

Así lo afirmó el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, al conocer que la mandataria ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) investigar a quienes tuvieron a cargo la fiscalización del cumplimiento del contrato de concesión de dicha autopista.

“La actitud del Ejecutivo es menos torpe que la del oficialismo en la Comisión Investigadora de las Concesiones, porque al menos la Presidenta reconoce que no puede hacer oídos sordos a lo que es un clamor de la ciudadanía, como es investigar lo ocurrido con una carretera en mal estado que costará a las personas usuarias 360 millones de dólares durante los próximos 18 años”, expresó.

Villalta agregó, sin embargo, que la investigación solicitada por el Poder Ejecutivo “no debe limitarse a los mandos medios que, desde el Consejo Nacional de Concesiones tuvieron el deber de fiscalizar la obra, sino que debe ampliarse a quienes tienen la responsabilidad política de haber negociado un contrato oneroso para la población y el país.”

En este sentido, el diputado resaltó la función que juega la Comisión legislativa investigadora de las concesiones: “No veo a la Presidenta Chinchilla llamando a cuentas a quienes dirigieron el MOPT y el CNC bajo el anterior Gobierno liberacionista, o inclusive a la Contraloría. No creo que le pida cuentas al ex-presidente Arias”, expresó.

“Ahora que incluso el actual Secretario Técnico del CNC ha reconocido que la carretera San José-Caldera no debió inaugurarse una semana antes de las elecciones presidenciales, porque no contaba con los permisos técnicos de ley, resulta todavía más ridículo y bufonesco el obstruccionismo que el PLN está haciendo en la Comisión respectiva”, agregó.

El diputado Villalta añdió que la frase “Que cada palo aguante su vela” parece ser la nueva consigna del PLN, pues fue expresada tanto por el actual secretario del CNC, Edwin Rodríguez, ante la presión de una periodista de Telenoticias que lo cuestionó sobre esa prematura inauguración, como también la repitió el diputado Víctor Hugo Víquez, durante la sesión de la Comisión Investigadora realizada en la mañana de hoy.

“La presión popular por conocer la verdad y por sentar responsabilidades parece atizar las diferencias internas en el PLN, pero esto no ocurriría si no ejerciéramos nuestra labor de control político”, reafirmó.

Finalmente, el diputado Villalta llamó a los medios de prensa y a la ciudadanía a estar vigilantes del trabajo de la Comisión Investigadora de la Concesión de Obra Pública, con el fin de neutralizar la obstrucción que realiza el oficialismo.

Además, instó a las y los funcionarios que pueden aportar información sobre las irregularidades ocurridas en los procesos de concesión a ofrecer su testimonio a la Comisión.


Comunicado de Prensa nº30
28 de setiembre de 2010.
Partido Frente Amplio



Fuente: Frente Amplio

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Nota relacionada:


Liberación Nacional paraliza comisión investigadora de Concesiones


  • Pese a intentona del PLN, oposición logró confirmar comparecencias claves

El Partido Liberación Nacional (PLN), a través de sus diputados Alicia Fournier y Víctor Hugo Víquez, paralizó hoy el trabajo de la Comisión que investigará las concesiones otorgadas por el Estado Costarricense, como las concesiones en la carretera a Caldera, a San Ramón y la terminal de contenedores de Moín.

Completo en Diario Digital El País





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PLN no quiere que se investiguen concesiones y negocios ocultos

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  • Oposición exige reintegrar a diputado José María Villalta y respetar acuerdo

Las Fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Frente Amplio (FA) denunciaron la maniobra realizada al final de la sesión del Plenario por el Presidente de la Asamblea Legislativa y el Partido Liberación Nacional en la cual se rompió el acuerdo de conformación de la comisión que investigará las concesiones otorgadas por el Estado Costarricense.

El Presidente del Congreso, Luis Gerardo Villanueva, rompió el acuerdo existente para conformar la comisión, y en lugar de nombrar al diputado José María Villalta del Frente Amplio en la comisión, introdujo el nombre del diputado Carlos Avendaño (Restauración Nacional).

Los Jefes de Fracción del PAC, PUSC, PASE y FA denuncian la ruptura del acuerdo pues esto cambia la correlación de fuerzas dentro de la comisión lo que perjudicaría la transparencia en las investigaciones que se quieren llevar a cabo.

También recordaron que, desde que surgió la iniciativa de crear la comisión el oficialismo hizo todo lo posible para obstruir su creación.

Las fracciones de oposición anuncian desde ya medidas conjuntas de presión para que la próxima semana la Presidencia de la Asamblea respete el acuerdo existente.

La conformación acordada para la comisión colocaba dos diputados del PLN, uno del PAC, uno del PUSC, uno del PASE, y uno de las fracciones unipersonales, el cual se acordó el miércoles sería el diputado del Frente Amplio, pues Avendaño dijo a no interesarle dicha comisión, expresó Villalta

Según afirma Villalta, Avendaño fue convencido por el PLN para postularse también y Justo Orozco de apoyar a ambos. “Es sospechoso de que esto se dé un día después de que se conociera que el señor Avendaño no tuviera deuda política. ¿Quién sabe que le ofrecieron?”, cuestionó el representante del Frente Amplio.

Con esta medida, afirma José María Villalta, “Liberación Nacional tomaría el mando de la Comisión ya que serían mayoría (tomando en cuenta el pacto con el Movimiento Libertario y esta participación de Orozco y Avendaño, intentan sacarme, para que no participe”.

“¿Quién sabe qué es lo que no quieren que se investigue y se dé a conocer de las concesiones?”, cuestionó nuevamente.

La tarde del jueves, el diputado Orozco no se presentó a la Sesión del Plenario Legislativo, con lo cual quedó ausente en la votación.

Las fracciones de oposición anuncian desde ya medidas conjuntas de presión para que la próxima semana la Presidencia de la Asamblea respete el acuerdo existente.

Una vez concluida la Sesión del Plenario el diputado del Frente Amplio presentó una apelación, pues aduce que “arbitrariamente el presidente del congreso concluyó la sesión antes de que yo pudiera expresar mi apelación, por lo que el lunes plantearé la apelación en la sesión”, dijo Villalta Florez-Estrada.



Fuente: Diario Digital El País

Imagen: El Roto


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PLN se echó atrás y apoyó investigar concesiones

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Oficialismo prefirió no levantar sospechas


Por Gerardo Ruiz Ramón

La Asamblea Legislativa acordó crear una comisión para que investigue presuntas irregularidades en la concesión de obra pública.

Los jefes de fracción se reunieron con el Directorio Legislativo durante toda la mañana de ayer, sin lograr un acuerdo sobre la creación del foro al final de la cita.

No obstante, al final de la tarde la luz verde a la comisión la dieron hasta los diputados de Liberación Nacional (PLN).


CUESTIÓN DE TRANSPARENCIA

Viviana Martín, jefa de esa bancada, en principio insistió en que no era necesario crear un nuevo panel de diputados ante el recargo del trabajo en comisión que sufren los diputados, tesis que también defendió Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Asamblea Legislativa.

No obstante, la líder reconoció anoche que la posición cambió tras exponer los argumentos en una reunión de fracción.

“Finalmente valoramos que, por ninguna razón, queríamos que se interpretara esa negativa como un obstáculo para que el tema se indague hasta el final. Aquí primó la urgencia de que el asunto se trate con toda la transparencia del caso, como siempre lo ha hecho el gobierno”, comentó.


OPOSICIÓN: PULSO GANADO

En tanto, las bancadas de oposición celebraron que las presiones ejercidas el martes surtieran efecto.

En un comunicado conjunto, los grupos opositores subrayaron que fue la oposición quien promovió y logró la aprobación de la integración de la plana que indagará todos los últimos procesos de concesión de obra pública que ha realizado el Estado, desde la operación del Aeropuerto Juan Santamaría y la carretera a Caldera hasta la concesión de Puerto Moín. El acuerdo entre las fracciones de oposición para investigar el tema, así como indagar los negocios en los que se habría beneficiado a intereses específicos, además de conocer el impacto de estos procesos y su éxito o fracaso en cuanto a la promoción de infraestructura y competitividad del país”, se lee en la comunicación.


Fuente: Diario Extra

Foto: costaricafrog.com



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PLN reparte 1600 hectáreas entre partidarios

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  • Intentan donar 18 hectáreas a exdiputado y candidato a alcalde por medio de proyecto de ley
  • Exejecutivo municipal condenado por peculado quedaría impune

Mediante el proyecto de “Ley de Autorización a la Municipalidad de Aserrí a donar terreno de su propiedad”, expediente n.º 17190 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa, se planea donar 1600 hectáreas entre dirigentes liberacionistas, sus familiares y personas con varias propiedades.

El Diputado José María Villalta Flórez-Estrada, del Partido Frente Amplio, denunció que “a este proyecto lo intentaron votar apresuradamente en el Plenario, pero al revisar la lista de beneficiarios se pueden constatar múltiples irregularidades, números de cédula repetidos, números que no coinciden, la mayoría de los beneficiarios tienen varias propiedades, una sola familia recibiría casi 600 hectáreas, y uno de los beneficiados es un exdiputado y actual candidato a alcalde del PLN”.

El proyecto 17190, fue presentado por el exdiputado liberacionista y actual Presidente Ejecutivo del AyA Óscar Núñez y en su expediente no existe ninguna autorización por parte de la Municipalidad de Aserrí, dueña del terreno, para donar de esta manera el inmueble, lo que existe es un acuerdo de 2006 en el sentido de “autorizar la donación de 6 hectáreas a personas en riesgo social acompañado de un estudio social verificando su necesidad”.

El Diputado Villalta manifestó que “además hay un exejecutivo municipal, también liberacionista, quién fue condenado en días recientes por el delito de peculado relacionado con esta misma finca, por lo que vemos también un interés por apresurar el trámite con el fin de que este individuo quede impune.” Oldemár García, exejecutivo municipal de Aserrí de 1994 a 1998 fue condenado el pasado 11 de junio a 3 años de prisión por malos manejos en relación con esta finca cuando ejerció el cargo municipal.


Partido Frente Amplio
Comunicado de Prensa nº 23
17 de agosto de 2010.



Imagen: eneko



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La forma más baja de agresión militar ­

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Por Luis Roberto Zamora

El 1 de julio de 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en virtud de un expirado "Acuerdo de Cooperación", procedió a autorizar que un ejército de soldados de la marina norteamericana realizara labores de policía en el país. Pequeño detalle, Costa Rica abolió el ejército en 1949 y desde entonces no se han conformado fuerzas militares nacionales.

Costa Rica es un país mundialmente reconocido por su naturaleza, su estabilidad política y democrática en una región de conflicto, su beligerancia en la protección de los derechos humanos y su pacifismo neutral y desarmado.

Costa Rica atraviesa su historia independiente alejada de los conflictos de poder en la región, salvo esporádicas excepciones, incluida la invasión norteamericana de 1856. El país crece a la par de sus índices de desarrollo humano, los cuales rozaban los niveles del primer mundo para la época de 1980.

En 1949, luego de la última conmoción interna, se establece la nueva república, con una constitución que prohibía el ejército y delegaba exclusivamente en las fuerzas civiles de policía la "vigilancia y mantenimiento del orden público". El país se dedicó a promover los derechos humanos, firmándose en San José, en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ardiente guerra fría se extendió al istmo centroamericano, y en medio de la presión de los sandinistas nicaragüenses y los "contras" entrenados por la CIA, el entonces Presidente Luis Alberto Monge procedió en noviembre de 1983, a declarar la neutralidad perpetua y no armada de Costa Rica frente a conflictos bélicos de otros Estados, lo cual permitió al país mantenerse en paz en medio de las guerras y los conflictos vecinos, procurando mantener los índices de desarrollo en una región que colapsaba.

Recientemente, y en medio del proceso de destrucción del aparato judicial que el gobierno de Oscar Arias pusiera en práctica
(actualmente el país se encuentra denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parcialidad judicial a favor del ex presidentes Arias, sus familiares y sus políticas), Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en reconocer y declarar el derecho a la paz. Dicha situación tan especial fue el resultado de dos casos presentados por el autor ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El primer caso se refiere al apoyo que el gobierno de Costa Rica diere a la coalición que invadió Irak en el 2003. En dicha sentencia, la Corte anuló el apoyo por considerar que violaba la neutralidad en su condición de acto unilateral, violaba la Carta de las Naciones Unidas y violaba un principio fundamental "de la identidad costarricense" como lo es el "valor" paz. Nunca antes una corte anuló el apoyo que un gobierno diere a una invasión.

El segundo caso se refiere a un decreto emitido por Oscar Arias, premio Nobel de la Paz, mediante el cual autoriza la extracción de torio y uranio, la elaboración de combustible nuclear y la fabricación de reactores nucleares "para todo propósito". La Corte anuló la parte del decreto impugnada, reconociendo la existencia de un derecho a la paz, el cual había sido violentado por el Estado con dicho decreto, en virtud de la relación directa de dichos elementos con el "anti-valor" de la guerra.

Dicho derecho a la paz, impone obligaciones positivas y negativas para el Estado. Positivamente, DEBE promover la paz a nivel internacional, negativamente, debe abstenerse de autorizar actividades relacionadas con la guerra, incluso el ingreso, fabricación, compra, venta, almacenaje, importación, exportación, etc., de ítems, bienes o servicios hechos o pensados con la intención de ser utilizados en una guerra. Tal y como la misma Corte Constitucional lo manifestó.

Aparte de ésta historia costarricense, el mundo se ha visto afectado por múltiples problemas, siendo el narcotráfico uno de ellos. Desgraciadamente en el mundo actual, con los políticos actuales y su forma de conducirse en lo que Platón llamaría "el arte de gobernar", han convertido los problemas reales de la sociedad en "excusas de seguridad" para la consecución de sus fines económicos o hegemónicos imperialistas.

Costa Rica, a pesar de las obligaciones legales adquiridas, no ha sido excepción a la regla.
Simplemente han necesitado unos pocos gobiernos títeres y serviles suficientemente dispuestos a hacer lo que sea por su propio bienestar, y el de sus jefe, atropellando y destruyendo los logros y reivindicaciones conseguidas por el pueblo soberano en luchas democráticas y dentro del marco de la institucionalidad.

El permiso legislativo otorgado, se basa en un acuerdo de patrullaje marítimo conjunto entre Estados Unidos y Costa Rica que, además de haber terminado en octubre del 2009, nunca autorizó el ingreso de militares, y sólo permitió transportes del servicio de guardacostas.

No obstante lo anterior, la Asamblea Legislativa autorizó el ingreso de 12,207 soldados estadounidenses y 46 buques militares. 45 de ellos artillados. 43 de ellos buques de guerra clase "Oliver Hazard Perry". Los buques traen consigo 180 helicópteros Sikorski Blackhawks de categorías SH-60 y MH-60, helicópteros diseñados primordialmente de guerra antisubmarina, guerra submarina, guerra antisuperficie, guerra especial naval, búsqueda y rescate de combate, entre otros.


En adición a la exorbitante suma de 180 helicópteros, se autoriza el ingreso de 10 aviones McDonnell Douglas (Boeing) AV-8B Harrier II, el cual es un avión de ataque terrestre (¿para operaciones en el mar?) los cuales pueden incluir: ametralladoras GAU-12 Equalizer de 25 mm, 4 lanzacohetes LAU-5003 con capacidad para 19 cohetes CRV7 de 70mm cada lanzacohetes, 6 misiles AGM-65 Maverick o 2 AGM-84 Harpoon o 2 AGM-88 HARM. Pueden incluir también bombas de racimo CDU-100, bombas sin guía Mark 80, bombas Paveway guiadas por láser o bombas de NAPALM Mark 77.

El permiso además incluye 2 portaviones clase "Wasp de ataque anfibio", los cuales son específicamente buques de asalto.

TODA la lista de buques, aeronaves, helicópteros y soldados citada se refiere a ítems pensados y diseñados para ser utilizados en una guerra, razón por la cual no pueden ser utilizados en nuestro país, so pena de violar la obligación negativa del Estado de rechazarlos, en perjuicio y violación del Derecho a la Paz.

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica dice que no hay problema porque su país no enviará dicho equipamiento. Dos cosas. La primera, no le creo al embajador norteamericano ni aunque de ello dependa mi vida. La segunda, el problema no es lo que los norteamericanos envíen, el problema es doméstico, sobre lo que se autorizó a entrar y operar.

A pesar de las limitaciones legales existentes en el país y a pesar de la obligación constitucional de delegar en policía civil la vigilancia y observancia del orden público, la servil asamblea legislativa, dominada por los partidos de gobierno, se sirve de tablero de ajedrez para los juegos militaristas norteamericanos.

Como costarricense, lo más triste de la situación, además de la destrucción de nuestra historia, es, que vamos a militarizar el país con ejércitos extranjeros, para proteger la droga colombiana y el petróleo venezolano que los norteamericanos tanto quieren (si Estados Unidos quisiera eliminar el problema de las drogas, atacaría el problema donde se cultivan las drogas, o en los países más cercanos al de producción. La "lucha antidrogas" no es más que una excusa para fines ulteriores), para que, en caso de combate, se libre en suelo del país de paz, que sin ejército y con neutralidad permitirá y facilitará el regreso de las guerra fría de la que los Estados Unidos tanto necesita para su supervivencia.

Es un asco, para mí, la más baja y ruin forma de agresión militar en tiempos modernos.




[*Luis Roberto Zamora Bolaños es abogado litigante en su ciudad natal de Heredia, Costa Rica. Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, ha litigado en promoción del Derecho a la Paz, logrando su reconocimiento constitucional en el 2008. Previo a ello, acudió exitosamente a la Corte Suprema para obligar a su país a retirar el apoyo dado a la coalición invasora del Irak. Desde el año 2005 ha participado en foros y conferencias en promoción del Derecho a la Paz, incluyendo el Foro Mundial de la Paz de Vancouver 2005, el Foro Social Mundial del 2007 en Nairobi, las 62 Conferencia UN DPI sobre desarme, en México en el 2009, la Conferencia sobre el 60 aniversario de la Declaración de Estocolmo sobre desarme nuclear del 2010 en París, entre otras. Paralelo a su trabajo como abogado litigante, Zamora realiza su actividad judicial a favor de la paz de manera gratuita y autosuficiente. Actualmente participa como experto en el derecho a la paz y desarme nuclear en distintos foros internacionales].

* Programa de las Américas


Fuente: Adital

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¿Los narcos o la mara gringa?

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¡Ninguno de los dos!


Esta foto me llegó al correo del blog y quise compartirla con tod@s. ¿Estos son los tipos que nos van a "defender" de los narcos?

Lo más preocupante es que muchos de éstos militares son pederastas, violadores, ladrones y asesinos a quienes se les ofrece enlistarse en lugar de ir a la cárcel.



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Militares gringos: Violencia e impunidad

Crímenes de guerra: soldados de EEUU violan y matan a una niña
20minutos.es




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Fracción del PLN mal asesorada por “experto” Fabián Volio en tema del agua

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  • Diputados del PLN ponen a dudar sobre política ambiental de Laura Chinchilla

Las constantes declaraciones de un experto que ataca a la Contraloría General de la República (CGR), por intervenir en el tema del agua, ha dejado dudas en la actuación de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN).

Seguir las recomendaciones de Fabián Volio, abogado constitucionalista y quien ha fungido como asesor de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), sobre el tema del agua, ha puesto de cabezas al PLN, y genera dudas entre la actuación de la fracción legislativa y la política ambiental de la presidente Laura Chinchilla.

Hace aproximadamente un año, el ex magistrado Volio, defensor de la minería metálica en Costa Rica, principalmente del proyecto Crucitas, recriminó la actuación de la CGR sobre el tema aguas subterráneas en un mensaje a funcionarios del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA),
según copia del mismo recibida por www.elpais.cr.

En una nota o correo que circula profusamente en internet, Volio se refirió al Informe DFOE-PGAA-11-09 de la CGR, que permite tener claridad de las responsabilidades de las instituciones del Estado en materia de investigación, control y disponibilidad del agua subterránea.

Sin embargo, para el asesor de los diputados del PLN “Esta es otra intromisión de la Contraloría en asuntos de otras instituciones. Véase que no habla de fondos públicos, sino que es un simple estudio sobre agua y pozos”, advirtió.

“Por último (la CGR) le dice al Poder Ejecutivo que no emita un decreto ejecutivo. Parece que ustedes o alguien les dijo que el Ejecutivo pretende resolver el tema de las competencias de cada ente y ahora hasta mandan por sobre el Poder Ejecutivo”, recriminó el abogado.

Volio recomendó que: “Me parece que si ustedes en SENARA reconocen que no son competentes en materia de agua potable y se delimita la competencia al uso comercial de agua, y se coloca al MINAET como rector del sistema, se aclara la lamentable confusión existente”.

La semana anterior, la jefa de Fracción del PLN, Viviana Martin, anunció que retiraban el apoyo a la reforma constitucional al Artículo 121, inciso 14, donde se declara el agua como “bien demanial, de dominio público”.

El anuncio lo hizo Martin a pesar de que la reforma fue propuesta, entre otros diputados, hace ocho años, por Chinchilla, a quien exhibieron como una dirigente con doble discurso en materia ambiental.

Aunque rectificaron el miércoles, el lunes Martin dijo que se debería elaborar una ley que dejara las concesiones de agua en la jurisdicción del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), como un asunto político.

La tesis, según la jefa de Fracción del PLN, fue recomendada por Fabián Volio, quien ha sido cercano colaborador de empresas y políticos que pretenden privatizar las riquezas nacionales.

Esa misma posición de Volio Echeverría ha calado hasta la fecha en la gerencia y junta directiva de SENARA, y tomó fuerza durante la influencia a esta entidad por el ex ministro de Competitividad, Jorge Woodbridge, en la administración de los hermanos Arias Sánchez.


DISCUSIÓN

El jueves último, Martin Salazar anunció que esta semana negociarán con las restantes siete fracciones legislativas un acuerdo para respaldar la reforma constitucional al Artículo 121, lo que fue bien recibido por diputados de casi todos los partidos.

Sin embargo, tanto el Frente Amplio (FA) como el Partido Acción Ciudadana (PAC), consideraron que toda negociación se debe realizar en el plenario legislativo, de cara a todos los costarricenses.

Por su parte, el legislador del FA, José María Villalta, dijo que ha llegado la hora de aprobar este proyecto. “Lo bueno es que el PLN, está dudando sobre su rechazo a la reforma para proteger el agua. Lo malo es que todavía no hay un acuerdo. Nosotros nos mantenemos firmes", dijo.

Agregó el parlamentario que "las presiones de la gente han abierto una vía para salvar esta vital reforma".

Sostuvo que "los diputados del PLN están divididos y reciben fuertes presiones del pueblo, mientras en el seno de ese partido hay corrientes de pensamiento ambientalista que se están moviendo, para que se cumpla con lo acordado en su Congreso Ideológico".

Villalta Explicó que el Frente Amplio está en disposición de discutir en cual artículo se ubica la reforma y hasta como se redacta, pero hay dos principios que no son negociables: "Primero, que el agua es un derecho humano y no una mercancía, y, segundo, que el agua es un bien público, colectivo, que no puede ser privatizado por nadie", a pesar de las recomendaciones del asesor de diputados del PLN, Fabián Volio.


Fuente Diario Digital Nuestro País

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Por su parte, el socio y fundador de Zürcher Odio & Raven, Harry Jaime Zürcher Blen, aportó a la campaña del "Sí" la suma de ¢4.137.834.

Como socios de este bufete figuran Fabián Volio, quien defendió la constitucionalidad del TLC, así como Francisco Chacón, uno de los coordinadores de la campaña del "Sí" y esposo de la jefa negociadora del TLC con Estados Unidos, Anabel González. Otro ex negociador del TLC en acceso a mercados, Fernando Ocampo, también provenía de dicho bufete.

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El derecho humano al agua
Por
Roberto Bissio, ALAI




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