Para bajar los precios de los medicamentos

Por José María Villalta Florez-Estrada*

Los medicamentos son un bien esencial para la vida, pero el precio es fijado antojadizamente por las compañías farmacéuticas, intermediarios y comercializadores.

El Estado tiene la obligación de proveer los medicamentos a la población a través del servicio que presta la Caja Costarricense del Seguro Social, sin embargo, la última Encuesta Nacional de Hogares revela que las familias gastan cada vez más en la compra de medicamentos en las farmacias.

En nuestro país, los precios de las medicinas se liberaron en 1994, en un contexto de reformas estructurales de carácter neoliberal, que pregonaban la eliminación de cualquier intervención del Estado en la economía.

Quince años después podemos constatar que la mano invisible no rindió los frutos esperados. Es evidente que la decisión política de dejar sin controles ni regulaciones la fijación de los precios de los medicamentos no ha generado beneficios para la población.

La falta de control de precios sobre las medicinas ha permitido que en el país se venda el mismo producto con diferencias abismales de precio. La loratadina, un antialérgico que tenía un costo por caja de ¢16.851 en una farmacia, en otra se comercializaba a ¢29.400 colones, según un estudio elaborado en junio de 2009 por el Ministerio de Economía Industria y Comercio, en 74 farmacias del área metropolitana. El costo del omeprazol, un antiácido que en algunas farmacias costaba ¢226 por unidad en otras quintuplicaba su valor, hasta llegar a los ¢1.006 por unidad.

El estudio reveló diferencias descomunales en los precios de los mismos medicamentos en farmacias distintas, que oscilan hasta en un 243% para medicinas originales y 472% para genéricas.

Ante esta situación, el Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley con el objetivo central de restablecer un mecanismo permanente de control, regulación y fijación de precios de los medicamentos en el mercado nacional, a través de la determinación de márgenes de utilidad, fijación específica de precios y otros mecanismos similares.

Para ello, se propone reformar la legislación vigente, dotando al Estado de las herramientas necesarias para frenar los abusos en la fijación de precios que afectan a la población.

La regulación de los precios de las medicinas es plenamente conforme con nuestro ordenamiento constitucional, que incluye la potestad del Estado de intervenir en la economía para procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (artículo 50 de la Constitución Política).

El control del precio de los medicamentos es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisamente porque las medicinas no se pueden reducir a su condición de bienes de mercado, dado que forman parte de las condiciones indispensables para garantizar el cumplimiento del derecho humano a la salud.

La gran mayoría de países desarrollados en la actualidad establecen algún tipo de regulación de los precios de los medicamentos. Los mecanismos utilizados varían, pero, de una forma u otra lo hacen Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, España y Suecia. Gran Bretaña impone límites a las ganancias. Francia establece un techo al total de gastos en medicamentos. Japón fija precios de reembolso para nuevos medicamentos.

No existe justificación alguna para que un Estado Social de Derecho como Costa Rica no aplique regulaciones básicas sobre los precios de las medicinas, salvo el dogmatismo ideológico o los jugosos negocios de algunos a costa de la salud de las grandes mayorías.

Ante la urgente necesidad de garantizar el acceso a las medicinas para la población costarricense y adoptar medidas efectivas para proteger su derecho humano fundamental a la salud, solicitamos a las y los compatriotas apoyo para este proyecto de ley, que el Frente Amplio ha presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa.


*Diputado del Frente Amplio



Fuente La Prensa Libre

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Habemus TLC

Por : Juan Manuel Villasuso


El 1 de enero se hizo efectiva la vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, República Dominicana y los otros países de Centroamérica. Habemus TLC.

No hubo humo blanco como en el Vaticano cuando se elige un nuevo Papa. Tampoco celebraciones públicas que hicieran noticia. Ni fiestas privadas de las que tengamos conocimiento.

Se publicó un breve comunicado anunciando que el Presidente Bush había firmado la “proclama” oficial en la que certificaba que Costa Rica había cumplido todas las exigencias de los Estados Unidos para implementar el acuerdo; y se produjo un intercambio oficial de notas diplomáticas en una cafetería del Departamento de Estado el día antes de Nochebuena, en la que no estuvo presente el embajador costarricense en Washington, ni asistió ningún funcionario estadounidense de mediano o alto rango.


Después de seis años de negociaciones (?), traducciones y firmas, comisión de notables, artículo 41 bis, referendo, memorando, comités patrióticos, mayoría de 38 (39?), leyes y reglamentos de implementación, prórrogas de plazos impostergables y enmiendas a textos escritos en piedra (cláusula 22.5), estrenamos el 2009 con el TLC.

Habemus TLC después de un proceso de aprobación que produjo heridas lacerantes en la sociedad costarricense, difíciles de cicatrizar, y huellas profundas por una forma de ejercer el poder que será mácula imborrable en nuestro devenir republicano.

Habemus TLC pero el costo democrático del atropello institucional, del doblegar y manipular voluntades, forzar decisiones que debieron tomarse sin que mediara temor o amenaza, y aprobar convenios, leyes y reglamentos cuyas consecuencias nocivas las conoceremos en breve, rebasa cualquier cálculo.

Habemus TLC y habrá unos pocos ganadores que se sentirán satisfechos. Los dueños de ingenios azucareros que ampliarán su cuota, un par de enlatadoras de atún, corporaciones transnacionales de medicamentos y agroquímicos que extenderán sus patentes, inversionistas extranjeros que podrán demandar al Estado costarricense en tribunales internacionales, y los importadores de bienes de consumo que no pagarán aranceles y su poder oligopólico los eximirá de reducir los precios al consumidor.

Habemus TLC, aunque los textileros, para desdicha de los miles de hombres y mujeres que trabajan en la confección de prendas de vestir, no se verán beneficiados. A pesar de que algunos dirigentes empresariales de este sector han sido acérrimos defensores del Tratado, lo cierto es que la maquila textil constituye una actividad en extinción en un país que aun conserva vestigios de seguridad social y no puede competir con los menores costos y salarios de China.


Habemus TLC y eso nos liga, sin término ni plazo, a la economía y la política de los Estados Unidos, lo cual ocurre en momentos en los que ese país vive una recesión que apenas está en sus albores y que algunos predicen tan dramática como la Depresión de los años treinta.

Habemus TLC y seguimos abriendo el mercado interno cuando los otros países buscan proteger sus empleos y nuestro déficit comercial sobrepasa los cinco mil millones de dólares, casi un 60% del total de la exportaciones nacionales. Inquietante augurio para los trabajadores y el tipo de cambio.

Habemus TLC, triste legado de un gobernante que ambicionaba mayores glorias y honores pero le faltó visión y dignidad de estadista para escoger un camino propio y para soñar con las generaciones futuras. La Historia Patria no le será indulgente.


Fuente: Diario Extra, suplemento Página abierta

Caricatura: Kike

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Asunto de vida o muerte

Por Luis Paulino Vargas Solís

Hablemos de propiedad intelectual. En primera instancia, es algo que tiene que ver con cosas intangibles. Por ejemplo una historia en un libro; una película; una canción en un disco. El dueño se supone ser aquella persona que escribió la historia o rodó la película o compuso o interpretó la canción.

Generalmente los verdaderos dueños son las corporaciones editoriales, cinematográficas o disqueras que producen y comercializan el libro, la película o el disco. También la propiedad intelectual se extiende al conocimiento contenido en el software que permite hacer diversas operaciones en una computadora, o el que está presente en una fórmula química utilizada para producir un medicamento.

Hasta aquí, el asunto está relacionado con invenciones o creaciones producto del intelecto o talento humano.

Pero resulta que de un tiempo para acá la propiedad intelectual se viene endureciendo y, entonces, han empezado a patentar cosas que la mente humana descubre pero no crea; por ejemplo, el genoma. Y, por esa vía, el proceso va camino de expropiar, apropiarse y privatizar la vida.

Así, ya no es cosa de ficción el que un particular gen dejé de pertenecer a la persona que lo aportó, y se convierta en propiedad de una empresa de biotecnología que lo “estudió”. Y ni hablar de las semillas, cuya apropiación privada coloca a los pueblos agricultores del mundo a merced de los caprichos de las transnacionales.

Esto tiene su historia. Los primeros acuerdos internacionales en la materia datan de finales del siglo XIX (Convenio de París, 1883; Convenio de Berna, 1886). Luego el proceso avanzó lentamente. Sin embargo, en el período reciente, y más agudamente en los últimos 15 años, la cosa se aceleró espectacularmente.

Un hito importantísimo es el que aportan los acuerdos que fundaron en 1994 la Organización Mundial del Comercio (OMC). Uno de esto es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocido como ADPIC (o TRIPS en inglés).

Ese impulso que adquiere la tal propiedad intelectual en los últimos decenios está relacionado, sin duda, con los desarrollos recientes del capitalismo a nivel mundial y, en particular, con las características de las nuevas tecnologías.

La copia es inherente a estas tecnologías. Se puede copiar sin límite y prácticamente sin costo. Y, por otra parte, los bienes que se producen tienden a ser, en general, de una naturaleza intangible. O, dicho de otra forma, son bienes informacionales, es decir, constituidos por información (la historia en el libro; la canción en el disco; la película; la fórmula química de la medicina). Lo material es solo un soporte, no el bien mismo. Justo esa naturaleza informacional facilita la copia.

Pero, además, esto se da en un contexto más amplio: el del avance del capitalismo hacia áreas que en el pasado le estaban vedadas. Tal es el hipercapitalismo de que habla Rifkin o, dicho de otra forma, la conversión en mercancía de, literalmente, toda cosa o aspecto imaginable. Incluidas el agua, la biodiversidad, el conocimiento, la cultura…la vida humana.

De tal modo, podemos decir que la propiedad intelectual tiene, al menos, una doble faceta.

• Primero, es una estrategia destinada a construir monopolios privados alrededor de los bienes informacionales. Se establecen legalmente y bajo tutela del Estado y su finalidad es, sin asomo de duda, garantizar ganancias extraordinarias a favor de las transnacionales.

• Segundo, es un poderoso instrumento al servicio del proceso de ampliación de la mercantilización, apropiación y privatización de áreas que históricamente han estado en el dominio público o vedadas al capital y la ganancia

Para justificar esto, hablan acerca de la importancia de incentivar la creatividad y la innovación y, además, satanizan la copia. Tan solo diré, dejando los detalles para otro momento, que ambos argumentos son frágiles y están bajo severo cuestionamiento.


Las medicinas

Este es uno de los aspectos que mejor ilustra acerca del carácter retorcido de la propiedad intelectual. En los acuerdos sobre propiedad intelectual de la OMC (los ADPIC, 1994), se estableció que las patentes deberían tener vigencia por 20 años.

Antes de eso, existía en esta materia gran flexibilidad, al punto que, por ejemplo, la ley sobre patentes de Costa Rica (número 6867) en su versión del 25 de abril de 1983, establecía que las medicinas gozarían de patente tan solo por un año. Todavía entonces, la salud importaba más que las ganancias de las corporaciones.

Además los ADPIC contienen regulaciones que limitan la posibilidad de producir medicinas genéricas más baratas. Sin embargo, estos acuerdos introdujeron en su artículo 31 algunas flexibilidades que permitían producirlas, en caso de existir graves situaciones de salud pública que así lo justifiquen. Sin embargo, estas medicinas solo podrían utilizarse en el propio país, sin posibilidades de exportarlas. La reforma a la ley 6867 de enero de 2000, hacía efectivos para Costa Rica tales compromisos, incluyendo lo relativo a la posible producción nacional de fármacos genéricos.

La imposibilidad para exportar e importar medicinas genéricas generó mucha preocupación, especialmente entre países como los africanos al sur del Sahara, urgidos de medicamentos baratos pero carentes de capacidad para producirlos.

Ello motivó la famosa Declaración de Doha, del 14 de noviembre de 2001, cuyo párrafo 6 reconocía la legitimidad del reclamo planteado por esos países muy pobres y, además, encomendaba a la instancia administrativa correspondiente que formulara una solución práctica. Esto llevó al acuerdo del Consejo General de la OMC (30 de agosto de 2003), el cual establecía las reglas para dar aplicabilidad a lo dispuesto por la Declaración de Doha y abría, entonces, la posibilidad de exportar e importar medicamentos genéricos.

Hasta aquí, la cuestión no pinta tan mal. Pero el cuadro se vuelve terrorífico al observar lo que la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha aprobado como parte de la llamada agenda de implementación del TLC con Estados Unidos.

Primero, es preciso indicar que jamás se introdujo en nuestra legislación lo dispuesto ni en la Declaración de Doha ni el acuerdo del Consejo General de la OMC que daba operatividad a esa Declaración. Y aunque esto es grave, lo es mucho más el que la reforma de la ley de patentes (la 6867), aprobada en marzo de 2008 ¡abierta y descaradamente tira la Declaración de Doha al canasto de la basura! Así de simple y así de terrible.

Esa reforma legal debilita la vigencia del mecanismo de las licencias obligatorias, y, por lo tanto, pone en riesgo nuestra capacidad para producir medicinas genéricas.

Pero, además, en cuanto a la posibilidad de exportar o importar tales genéricos, lo que se estipula claramente nos devuelve al ADPIC, 14 años atrás ¡Es como si la Declaración de Doha (noviembre 2001) y el acuerdo posterior del Consejo General de la OMC (agosto 2003) jamás hubiesen existido!

Bien que advertimos que TLC traería consigo este tipo de nefastas consecuencias. No olvidemos que, en todo caso, están planteadas reformas que establecerían restricciones aún más severas.

Esto es asunto de vida o muerte, porque de por medio está la salud de la gente. Y, por cierto, es a propósito de normas como estas donde queda claro quien defiende la vida concreta de personas concretas, y quien habla de la vida como una abstracción sin contenido, buena tan solo como recurso demagógico y como maquillaje para sus odios y prejuicios.

Aparte políticos como los Arias, su G-39 y su Sala IV, en esta segunda categoría entra la jerarquía católica, ciertos pastores evangélicos y esa plétora de ONG’s fascistas que hoy se recubren con trajes religiosos.


Fuente Tribuna Democrática

Caricatura TOMY


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Medicamentos para gente sana

Por Jorge García

“Las empresas farmacéuticas se han asegurado de que el envejecimiento, la menopausia o la infelicidad cuenten con un fármaco a su servicio”, afirma el periodista alemán Ray Moynihan en una reciente tesis llevada a cabo para la revista British Medical Journal.

En ella, saca a la luz un gran número de lo que él denomina “males inventados”, es decir, la transformación de procesos naturales en enfermedades que requieren el uso de medicamentos. Añade además que “se incita a la gente a medicarse en cuanto aparecen los primeros síntomas de cualquiera de estos fenómenos”.

Jorg Blech, colaborador de Moynihan, habla de las diferentes formas a través de las cuales se logra convertir a personas sanas en pacientes que emplean una gran cantidad de dinero en medicamentos cada año.

Una primera vía es convertir un proceso normal, como por ejemplo la caída del cabello, en un problema médico. Otra bastante frecuente es difundir los problemas personales y sociales como si se tratasen de alteraciones en la salud, que se pueden solventar a través de pastillas. Ya en menor medida, se tiende también a promover la publicidad de síndromes poco frecuentes y a transformar síntomas débiles en señales de enfermedades que revisten gravedad.

Las conclusiones de Moynihan han sufrido las críticas de doctores de todo el mundo, quienes defienden el derecho a gozar de un bienestar ante los problemas que se presentan, por más naturales que éstos sean. Sin embargo, las ideas de este periodista han hecho mucho daño a una industria, la farmacéutica, que pasa por una gran crisis de credibilidad.

Las multinacionales farmacéuticas facturan cerca de 500.000 millones de dólares cada año. Estos beneficios son resultado, en gran parte, de intensivas campañas publicitarias. Desde la promoción de Prozac a finales de los 80, los medios de comunicación han sido la plataforma de lanzamiento de numerosos “medicamentos estrella”.

A partir de este momento, la importancia de las prescripciones médicas ha pasado en muchas ocasiones a un segundo plano en beneficio de las nuevas técnicas de comercialización emprendidas por las empresas farmacéuticas.

Un ejemplo de promoción de un medicamento fue el realizado por el fabricante de viagra Pfizer, que contrató los servicios del exfutbolista Pelé para que concienciase a la gente de que los problemas de erección no tienen lugar sólo entre los hombres de la tercera edad.

El hecho de que no apareciese el logotipo de la empresa, daba al anuncio la apariencia de ser una campaña de concienciación pública, cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta dirigida a poner la viagra en un primer plano de la actualidad.

Los brazos de las farmacéuticas llegan también a los médicos. Conscientes de la confianza que inspiran en muchos pacientes las recetas prescritas por los doctores, bastantes los laboratorios han lanzado sus tentáculos sobre los especialistas del sector. Se calcula que el 70% de los grupos médicos que elaboran las guías para tratar enfermedades, tienen conexión con los grandes laboratorios.

El coste que va suponer en los próximos años el uso desmedido de medicamentos es difícil de calcular. En estos momentos pueden preverse ya algunas consecuencias. En primer lugar, una pérdida en la eficacia de muchos fármacos que se toman de manera apresurada. Por otro lado, al ser la mayoría de ellos recetados a través de la seguridad social, los sistemas sanitarios financiados con fondos públicos pueden ver amenazada su viabilidad.

“Sueño con producir medicamentos destinados a la gente sana”, afirmó a finales de los años 70 Henry Gadsen, director de la empresa farmaceútica Merck. 30 años más tarde, son muchos los que piensan que su sueño es ya una realidad. Las farmacéuticas han tomado el poder.

Fuente ALAI

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Debate sobre medicinas y propiedad intelectual

A la justicia se la representa con los ojos vendados, porque ante la Ley somos todos iguales, pero la enfermedad sí discrimina, y mucho, entre quienes viven en países ricos o pobres.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde un punto de vista geoeconómico hay tres tipos de enfermedades: las primeras inciden en todos los continentes, como las cardiovasculares, las del segundo tipo, también llamadas “enfermedades descuidadas”, afectan a países pobres y ricos pero con más casos en los primeros -tuberculosis, por ejemplo-, mientras que las del tercer tipo inciden casi exclusivamente en los países pobres -como la malaria-, carecen de interés económico para las transnacionales de la salud y son, por lo tanto, “enfermedades muy descuidadas”.

Este descuido se ha acentuado en las últimas décadas, en particular a partir de la inclusión de cláusulas de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio y los múltiples acuerdos bilaterales de libre comercio. La investigación médica se ha trasladado de universidades y laboratorios subsidiados por los Estados a empresas privadas con fines de lucro.

Para motivar inversiones millonarias en el desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías, la propiedad intelectual garantiza a la empresa el monopolio sobre su invención durante varios años. Este monopolio permite imponer precios de venta muy superiores a los costos de producción y así recuperar lo invertido en la investigación. El lucro es una motivación poderosa y la cantidad de patentes sobre nuevos medicamentos -o nuevos usos de medicamentos existentes, lo cual también es patentable- crece año a año.

“Como organización médica que somos, necesitamos de la innovación”, comentó Michel Lotrowska, representante ante la OMS de la conocida organización Médicos sin Fronteras. “Pero la innovación no tiene sentido si los nuevos productos están fuera del alcance de quienes los necesitan”.

En el caso de los medicamentos para el VIH-Sida, por ejemplo, el monopolio de la propiedad intelectual permite a los laboratorios vender a mil dólares dosis para un mes de tratamiento que pueden producirse por cien. Y esos medicamentos existen porque el VIH- Sida es una enfermedad del primer tipo. Para las del tercero, cuyas víctimas no van a poder pagar tratamientos costosos, simplemente no existe la motivación para investigar.

Esta situación fue expuesta en mayo de 2006 en un informe a la OMS de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública. De inmediato se creó un grupo de trabajo intergubernamental sobre el tema, pero su primer año de trabajo no produjo ningún acuerdo. Tras una acalorada discusión sobre este fracaso, la directora general de la OMS, Margaret Chan, lo volvió a convocar.

La segunda reunión del grupo acaba de finalizar en Ginebra y su resultado es un borrador con algunos acuerdos y una lista de discrepancias sobre las que deberá resolver la Asamblea Mundial de la Salud (los estados miembros de la OMS, representados generalmente por sus ministros de Salud Pública) el año próximo.

Que la Asamblea Mundial de la Salud haya puesto el tema en su agenda “representa una oportunidad excelente de cambiar el paradigma y desvincular el costo de la investigación y desarrollo del precio de las medicinas”, consideró James Love, representante de Knowledge Economy International, una ONG especializada en patentes, derechos de autor y propiedad intelectual.

Sangeeta Shashikant, de la Red del Tercer Mundo, dijo que la OMS, como principal institución mundial sobre salud pública, “debe asumir el liderazgo en temas que son de salud pública desde una perspectiva de salud pública, especialmente cuando hay tensiones entre ésta y los intereses comerciales”.

Y explicó cómo en muchos países han sido los ministerios de Salud los que tomaron la iniciativa de utilizar al máximo las cláusulas de excepción previstas en la Organización Mundial de Comercio que permiten flexibilidad en la protección de la propiedad intelectual cuando la salud de la población está en juego.

Sin embargo, como explicó A.E. Ogwell, representante de Kenya y miembro del Grupo de Trabajo, “cada vez que un país trata de implementar estas medias y se dispone a importar medicamentos genéricos, hay enormes resistencias en países poderosos que obstaculizan a los africanos usar estas provisiones legales en nuestro favor”.

En la reunión del grupo de trabajo, Estados Unidos se opuso a todos los textos que describían al actual sistema de incentivos para la investigación como inadecuado o insuficiente para enfrentar las enfermedades de tipo dos y tres.

El Grupo de Río -integrado por catorce países latinoamericanos y caribeños- propuso el principio de que “el derecho a la salud tiene precedencia sobre los intereses comerciales”, pero Europa y Estados Unidos sugieren como redacción alternativa que “los objetivos de salud pública y los intereses comerciales deben ser apropiadamente balanceados y coordinados”.

Hubo consenso en cuanto a fortalecer los sistemas de información y vigilancia sanitarios y la capacidad reguladora en los países en desarrollo, pero no lo hay sobre las propuestas de hacer una lista de tecnologías esenciales para la investigación y la producción local de medicamentos en el Sur o para urgir a los gobiernos de los países miembros a mitigar el impacto adverso sobre la salud de la migración de personal médico y de enfermería hacia el Norte.

También quedó pendiente de resolución el establecimiento de un fondo para financiar la investigación y el desarrollo de las enfermedades de tipo 2 y 3, y no hubo consenso siquiera en el establecimiento de una comisión que estudiara alternativas para financiar, coordinar y priorizar esta investigación.

En la sesión de clausura, Margaret Chan expresó su compromiso personal y el de la OMS para “avanzar en temas sobre los que estamos mandatados y en los que la organización está dispuesta a hacer más”. En tono mucho más precavido, el canadiense Peter Oldham, que presidió las negociaciones, expresó apenas esperanza de que en la próxima sesión del grupo de trabajo, en abril de 2008, no se revirtieran los avances logrados.

Poco antes, Estados Unidos, respaldado por la Unión Europea, había dicho, en abierta crítica al secretariado de la OMS y al propio presidente de la sesión, que algunas frases del documento final, señaladas como consenso, debían estar entre corchetes (señal de desacuerdo en los documentos en negociación en las Naciones Unidas).

El delegado brasileño comentó que “si bien los avances son dolorosamente lentos, la OMS está más comprometida” y que “hará falta mucho más esfuerzo para cambiar la cultura del monopolio y la concentración del poder”.

Fuente Rebelión

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Temen extensión de patentes por retrasos en Costa Rica

• TLC plantea que protección de 20 años podría ser prorrogable

Lorna Chacón, redactora

• Con una infraestructura incapaz de satisfacer la demanda actual, el país deberá compensar atrasos en el registro de patentes de una forma que el TLC no especifica.

Con una eventual aprobación del TLC, las patentes de algunos productos podrían quedar protegidas por más de 20 años, que es el plazo actual, debido a que el acuerdo comercial plantea una prórroga para compensar retrasos en el otorgamiento por parte de las autoridades nacionales, lo cual es fuente de preocupación debido a la débil infraestructura que muestra la Oficina de Registro de Patentes.

La voz de alerta fue lanzada por el empresario Román Macaya durante el debate sobre propiedad intelectual realizado el pasado 6 de setiembre en Canal 13, cuando advirtió que los atrasos en el otorgamiento de una patente deben ser compensados por Costa Rica de una forma que el tratado no especifica con detalle, lo cual deja abierto un portillo legal.

Esta falta de definición preocupa al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jorge Enrique Romero, quien dijo que el TLC "no dice ni cómo ni cuándo ni por cuánto" debe darse esa compensación.

"Eso sin duda es un problema, porque efectivamente queda a criterio de cada país la forma de compensación y, al no estar establecido el procedimiento, hay un desequilibrio que abre la posibilidad de una arbitrariedad por quedar abierto", explicó el abogado.

Precisamente, este es uno de los temas que Colombia renegocia actualmente con Estados Unidos, pues el país suramericano considera que las compensaciones en patentes únicamente deben darse en productos cuyo origen no sea farmacéutico y debe ser potestad del Estado otorgar o no compensaciones por retrasos en la expedición de un registro sanitario (Ver recuadro "Colombia renegocia propiedad intelectual").

Consultado por UNIVERSIDAD, el empresario Román Macaya dijo que la posible prórroga para una patente está establecida en el capítulo 15 de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio (TLC), específicamente en la parte 15.9.6 iniciso a. Ese texto afirma: "Cada parte, a solicitud del titular de la patente, deberá ajustar el término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente".

El tratado añade que "un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la parte o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los periodos imputables a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos".

"Eso significa que si el registro de inscripción se atrasa más de cinco años desde la solicitud de la patente, hay que compensar en tiempo por encima de esos cinco años al plazo de la patente, pero no dice cuánto" y "hay que recordar que cualquier cosa que se haga lo va tener que aprobar Estados Unidos como parte del proceso de certificación", explicó Macaya, quien preside la Cámara de Productores Genéricos (CANAPROGE).

Un atraso de décadas

Macaya manifestó su preocupación por el hecho de la que la Oficina de Registro de Patentes, ubicada en el Registro Nacional, presenta un "atraso de décadas" en el otorgamiento de patentes. Citó como ejemplo que en un periodo de 11 años y medio -del 1 de enero de 1996 al 30 de junio del 2007- el grupo farmacéutico Pfizer (Incluye (Pharmacia, Warner Lambert y Pfizer) "solicitó 357 patentes farmacéuticas, de las cuales, al 30 de junio, se habían otorgado seis, que es un poco más del 1%".

En ese mismo plazo, se solicitaron 3 192 patentes de todo tipo y sólo se han otorgado 150.

"El atraso en el trámite y la aprobación de patentes es de décadas. Eso sin TLC no nos afecta, porque el plazo (de protección de una patente) es de 20 años improrrogables, pero con el TLC se vuelven prorrogables", agregó.

Al ser consultado sobre por qué los negociadores costarricenses se comprometieron a compensar por retrasos en la inscripción de una patente conociendo las debilidades de la Oficina de Registro de Patentes, Macaya dijo que "simplemente no conocían esa realidad".

"Nosotros (los empresarios) les dijimos (a los negociadores): no vayan más allá de la OMC", pero no lo hicieron, advirtió.

Agregó que "las extensiones de patentes no están en el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), ni en el TLC con Israel ni en otro acuerdo comercial firmado por Costa Rica".

UNIVERSIDAD trató de obtener el criterio de Ana Catalina Monge, subdirectora del registro de Propiedad Industrial y coordinadora de patentes en el Registro Público.

Sin embargo, debido a que fue imposible localizarla telefónicamente el miércoles 6 y el jueves 6 de setiembre, el viernes 7 fue visitada en su oficina de forma personal para solicitarle la entrevista.

Ese mismo día, se le envió un cuestionario por correo electrónico y el lunes 10 de setiembre, día en que se cerró esta edición, se volvió a visitar su oficina para buscar su reacción, pero fue imposible obtener sus respuestas, por lo cual no pudieron ser consignadas en este reportaje.

Abogados buscan “arreglar la torta”

"Debido al "cuello de botella" que presenta la Oficina de Registro de Patentes, el Colegio de Abogados ganó una licitación convocada por el Registro Público, para acelerar los trámites de inscripción de patentes.

El director de Sedes y Proyectos del Colegio de Abogados, Henry Arroyo, dijo a UNIVERSIDAD que debido al "retraso increíble" que se presenta en el área de patentes, se abrió la licitación para que diez abogados trabajen en la inscripción de marcas y patentes.

"El objetivo principal del proyecto es ponerse al día con la tramitación y propiedad intelectual" por un periodo de seis meses", el cual comenzó hace un mes, detalló Arroyo.

El abogado explicó que el colegio ha contratado principalmente a "profesionales jóvenes, que vienen saliendo de las universidades", quienes se combinan con otros abogados de mayor trayectoria.

Luego de que se cumplan los seis meses, aparentemente el Registro Público abrirá nuevas plazas para funcionarios que sustituirían a los abogados contratados por el Colegio de Abogados, aunque Arroyo prevé que posiblemente tendría que realizarse una segunda contratación "para ponerse al día porque cuesta mucho".

El empresario Román Macaya consideró que la contratación de estos abogados por parte del Registro Público es una carrera de última hora para tratar de solucionar un problema de muchos años.

"Llevamos muchos años con este problema y ahora están corriendo parar solucionar una torta que se jalaron en el TLC, al permitir la ampliación de patentes, haciendo algo que no sabemos ni siquiera si es sostenible: contratar a un montón de personas para que ayuden en los trámites administrativos", dijo.

Según Macaya, "el gran signo de pregunta en esto es que el número de patentes que se solicita es creciente. En el 2000 se solicitaron 153 patentes y en el 2006 se solicitaron 593 y así se va incrementando", explicó.

"Esto ya entró en una curva de crecimiento de solicitudes exponencial y uno no sabe hasta dónde va a llegar", dijo Macaya, quien detalló que en Estados Unidos se inscriben más de 400.000 patentes por año, hay 6.000 evaluadores de patentes y un presupuesto más de $1.000 millones para este rubro.

El empresario añadió que "hoy sólo estamos viendo la punta del iceberg ¿Qué va a pasar cuando Costa Rica llegue a 5.000 patentes?", cuestionó Macaya, para quien estamos ante "un potencial caudal que podría llegar a más de 400.000 al año, pero pasando por una oficina en el registro que no tiene recurso humano ni económico para hacerle frente; el TLC agrava esa dificultad de evaluar patentes extendiendo los monopolios".

En su criterio, los TLC que Estados Unidos negoció luego del acuerdo con Centroamérica (Colombia, Panamá, Perú y Corea) ya están siendo renegociados en materia de patentes.

"Entonces, que no nos vengan a decir que el TLC no es renegociable, porque ahora fue Estados Unidos el que solicitó los cambios. Nos están haciendo ir a votar un referendo, sin haber mejorado lo que es ampliamente mejorable", puntualizó Macaya.

Colombia renegocia propiedad intelectual

El Poder Legislativo de Colombia conoció el pasado 20 de julio un Protocolo Modificatorio al TLC con Estados Unidos (proyecto de ley 11/07 en el Senado- 46/07 en la Cámara), el cual fue aprobado el 10 de setiembre, luego de cinco debates y con una votación mayoritaria en las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara.

"Este protocolo lo que nos permite, es que dentro de lo que se ha negociado en el TLC, facilita hacer unas aclaraciones que son beneficiosas para Colombia", explicó el Ministro de Comercio de Colombia, Luis Guillermo Plata, en declaraciones al Diario Occidente de ese país.

Según el funcionario, los cambios realizados al TLC en los temas laboral, ambiental, de propiedad intelectual y solución de controversias, son precisiones a asuntos que ya estaban incluidos en el acuerdo.

De acuerdo con el ministro, la bancada demócrata estadounidense aprovechó el TLC para introducir compromisos que para Estados Unidos no estaban en los temas laboral, de propiedad intelectual y ambiental. "Ellos (los demócratas) aprovecharon para introducir compromisos que no estaban en su política interna", aseguró.

El primero de los cambios tiene que ver con propiedad intelectual. Si se presentan demoras en la aprobación de patentes sólo serán exigibles las compensaciones en patentes, cuyo origen no sea farmacéutico. Será potestativo otorgar nocompensaciones por retrasos en la expedición del registro sanitario.

En la misma materia se incluyó que en caso de una crisis de salud, Colombia podrá traer medicinas de donde sea necesario.

En el tema laboral, el cambio introducido al TLC tiene que ver con el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

En cuanto a las modificaciones relacionadas con el aspecto ambiental, se introdujeron ajustes al lenguaje para dejar aún más en claro las dos obligaciones centrales del capítulo ambiental que asumieron las partes: el mantenimiento de los altos estándares ambientales que no pueden reducirse como estímulo al comercio o la inversión; y el cumplimiento de la propia legislación ambiental de cada parte.

Las modificaciones en servicios indican que las partes podrán limitar las concesiones de servicios portuarios por razones de seguridad esencial.

Luego de que Colombia aprobó el protocolo modificatorio al TLC, le tocará el turno al Legislativo estadounidense aprobar esos cambios junto con otros propuestos para los tratados de Perú, Panamá y Corea del Sur. Fuente: http://www.diariooccidente.com.co

Fuente Semanario Universidad
Sección PAÍS. Semana del 13 al 19 de setiembre de 2007
Edición 552. AñoXI

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Guatemala: Industria genérica denuncia que la "sacan del mercado"

Multinacionales farmacéuticas hoy monopolizan el mercado de 70 medicamentos en ese país..

Por Vinicio Chacón, Redactor

Tras un año de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC), en Guatemala la industria de medicamentos genéricos asegura que las transnacionales la quieren "sacar del mercado".

Estos medicamentos son versiones más baratas pero de idénticos resultados que los llamados de marca, producidos por las grandes multinacionales farmacéuticas. En Costa Rica, la Cámara Nacional de Productos Genéricos (CANAPROGE) ha cuestionado que en el TLC se amplía la protección a los datos de prueba de los medicamentos, lo que afectará la posibilidad de producir y ofrecer a la ciudadanía productos baratos.

Luis Velásquez, presidente de la Asociación de Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos (ASINFARGUA), manifestó el pasado 25 de julio al diario Prensa Libre que "hay un plan estratégico de las transnacionales para sacar los fármacos genéricos del mercado. Nosotros hemos respetado la ley, pero hay funcionarios que no la cumplen, para favorecer a ciertas empresas".

Consultado por UNIVERSIDAD vía correo electrónico, Velásquez destacó que la exclusividad en la protección de datos de prueba que impuso el TLC, va más allá de los acuerdos de propiedad intelectual en Organización Mundial del Comercio (OMC).

Lo anterior produjo que hoy haya una lista de 70 medicamentos, "que en otros lados ya cuentan con alternativas genéricas para el consumidor, mientras en Guatemala son monopolios, debido a la normativa del TLC, lo cual afecta a la población porque tiene que pagar precios de monopolio. También afecta a nuestras industrias nacionales, porque no se nos permite sacar al mercado esos productos".

El empresario manifestó que las transnacionales farmacéuticas, tras la firma del TLC, "han tratado de interpretar la ley a su antojo, inclusive tratan de demandar a asociados nuestros amenizándonos con sacarnos del mercado, sin ningún fundamento".

Sustenta ese criterio en que la multinacional Pfizer demandó sin éxito a una empresa de genéricos guatemalteca y "parece que tres asociados nuestros también serán demandados", por producir versiones genéricas de la pastilla Viagra, usada para la disfunción eréctil.

Eva Berkovics, gerente de Asuntos Corporativos de Pfizer Centroamérica, afirmó que "la patente registrada está siendo infringida y que perseguirán activamente todas sus opciones legales para proteger sus derechos de propiedad intelectual", según lo consignó La Prensa Libre.

Cabe recordar que en Costa Rica el representante de este gigante multinacional es el abogado Luis Pal Hegedus, cónyuge de la diputada y jefa de fracción liberacionista María de los Ángeles Antillón, quien abiertamente ha impulsado la aprobación del TLC y su agenda de implementación.

"Muerte lenta"

Román Macaya, Presidente de CANAPROGE, comentó al respecto que las empresas multinacionales "siempre buscan los monopolios, no quieren competencia y hacen lo que sea necesario para lograrlo".

El empresario destacó que fue ese sector el que "definió" la posición de Estados Unidos en el TLC, la cual finalmente prevaleció. "Fijaron las condiciones deprotección de datos y extensión de patentes de tal forma beneficiosa para ellos, que han producido los efectos que se ven ahora en Guatemala".

Macaya estimó que como en Costa Rica no ha sido ratificado el Tratado, buscan otros mecanismos para lograr el objetivo de monopolizar el mercado. Puntualizó que en el caso de los agroquímicos, las multinacionales han presentado recursos de inconstitucionalidad al reglamento que permite el registro de genéricos. "Han tenido el objetivo de que sea imposible lanzarlos al mercado y han sido exitosos, pues no se ha registrado un solo agroquímico genérico en tres años".

Recalcó la importancia de este hecho, pues al ser un tema que a su juicio se podría solucionar sin tocar el TLC, "lo cual demuestra que no hay una voluntad política para que se introduzcan versiones genéricas que beneficiarían al sector agropecuario. Si no hay voluntad para solucionar problemas que no tienen que ver con el TLC, ¿qué voluntad política van a tener para solucionar los que trae el TLC?"

Macaya subrayó que las extensiones de patentes y datos de prueba afectan el futuro de la industria, pues tienen que ver con los productos nuevos que se vayan a introducir al país. "Ello nos debilitará y llevará a una muerte lenta, no vemos que se diferencie cuáles temas son del TLC y cuáles no, parece que la visión es simplemente enterrar a la industria genérica".

Se intentó obtener la versión del Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Eduardo Doryan, sobre si las compras de medicamentos que realiza esa institución se verán afectadas por la eventual ratificación del TLC.

Sin embargo, al cierre de edición al funcionario no le fue posible atender a UNIVERSIDAD y el departamento de comunicación de la CCSS manifestó que la posición de Doryan es la misma que externó en una entrevista otorgada a este medio en agosto del año pasado. En esa entrevista se le preguntó de manera puntual: "¿No le preocupa que el TLC encarezca los precios de los medicamentos?

- No. Estoy más preocupado por la generalización de medicamentos altamente caros, algunos en proceso de investigación, que los ciudadanos, ejerciendo su pleno derecho, piden a la institución a través de los mecanismos legales. Eso tiene un costo mucho mayor para la Caja que cualquier tratado internacional".

Guatemala trasquilada

La Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas (CONGCOOP), de Guatemala, denunció que "se incrementaron ostensiblemente los precios de productos de la canasta básica, como maíz, frijol y trigo", según lo difundió el 21 de junio la agencia de noticias Prensa Latina.

Helmer Velásquez, miembro de CONGCOOP, manifestó al diario Siglo XXI que el TLC "consolida la configuración excluyente del Estado guatemalteco, en donde el grupo de ganadores siguen siendo, por un lado, los oligopolios (importadores de alimentos), y por el otro, los agroexportadores, que casi eternamente han sido beneficiados en este país".

El activista señaló que a quien se subsidia es al importador, "en detrimento del consumidor, que no ha visto precios más bajos, y no vemos datos concretos de más empleos", al tiempo que se preocupó por "el debilitamiento del aparato productivo en dos sectores importantes, como la industria y la agricultura", pues "al incrementarse la importación de maíz y arroz, a nuestro juicio se va a devastar el aparato productivo nacional en el mediano plazo".

Por su lado, la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, detalló en un informe reciente que el TLC se presentó como "la solución al flagelo de la pobreza en nuestra región". Sin embargo, denuncia que hay una baja en la inscripción de sociedades nacionales del 31.61% en lo que va del año, "lo que puede enmarcarse en una baja en la competitividad en el nivel internacional, ya que serían estas las que tendrían (en teoría) la capacidad de insertarse en los mercados transnacionales".

Además, señala que "otro efecto lesivo a la soberanía nacional como resultado del TLC", es la demanda contra el Estado guatemalteco que el 14 de junio presentó la empresa Railroad Development Corporation en uncentro de arbitraje internacional privado, por la suma de $65 millones.

En esa demanda la firma argumenta la "apropiación indirecta" por parte del Estado al no desalojar a la "población invasora" de las zonas aledañas a la vía férrea en el sector del centro de la capital.

Por su parte, el empresario Luis Velásquez resumió que el TLC ha significado una baja en las exportaciones de textiles, "han cerrado maquilas y se han disminuido las fuentes de trabajo en ese sector". Informó que los ingresos del fisco por derechos arancelarios han bajado en unos $55 millones, mientras que las importaciones de productos estadounidenses "se han incrementado significativamente".

Vía correo electrónico se intentó conocer el criterio de la Viceministra de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, sobre si estas consecuencias son previsibles en Costa Rica. Sin embargo al cierre de edición la oficina de prensa de ese ministerio informó que la funcionaria no había tenido tiempo para contestar, pues durante la semana tuvo que salir de San José "para hablar sobre el TLC".

Fuente Semanario Universidad
Sección PAÍS Semana del 16 al 22 de agosto de 2007
Edición 548. Año XI

Foto: "Las patentes matan pacientes"

Nota: El énfasis en nuestro



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Medicinas para curar o...negociar

Por Hedelberto López Blanch

Las compañías farmacéuticas transnacionales han convertido la fabricación y comercialización de medicamentos en un negocio que les arroja enormes ganancias pero que va en detrimento de la salud de millones de personas en el mundo.

Recientemente, el Premio Nóbel de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, declaró que el sistema de patentes pone en riesgo el acceso de la gente a los medicamentos, a la par que las compañías farmacéuticas gastan más dinero en marketing y publicidad, y desestiman la investigación. El sistema de propiedad intelectual genera hoy presiones monopólicas, altos precios y poca innovación, afirmó Stiglitz,

Las transnacionales, basándose en acuerdos internacionales como los de la Organización Mundial de Comercio (OMC) impiden que gobiernos y países produzcan medicinas genéricas que compitan en el mercado con sus productos ya establecidos a pesar de las consecuencias nefastas que estas medidas conllevan para centenares de millones de personas en el mundo que no pueden adquirirlas por sus altos precios.

En mayo de 2007 Brasil inició una rebelión contra esos convenios al anunciar que producirá medicamentos contra el HIV/sida a bajo costo, desconociendo las patentes por motivos de “emergencia nacional”, mecanismo que se conoce como “licencia obligatoria”.

Un antecedente tuvo lugar hace tres años cuando 39 empresas transnacionales iniciaron una demanda contra Sudáfrica para obligarla a anular la modificación de leyes sobre patentes que le permitió la producción local de fármacos accesibles a las personas afectadas con el VIH. Después de muchos dimes y diretes, la queja esta congelada.

Hace pocos días, los ministros de Salud del MERCOSUR reunidos en Paraguay, puntualizaron la decisión de avanzar en la producción de medicamentos genéricos, al considerar que las patentes deben ajustarse a una función social.

Los ministros de Sanidad de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, (miembros plenos) y de Venezuela, Ecuador y Bolivia, significaron que aplicarán “la flexibilidad prevista a nivel internacional para garantizar la disponibilidad de medicamentos menos costosos, accesibles y de calidad para la población".

La principal traba para aumentar la producción de medicamentos genéricos es el control que tienen sobre las patentes, las grandes firmas farmacéuticas mundiales que monopolizan el mercado.

Un medicamento genérico es un producto que tiene el mismo principio activo, forma farmacéutica y composición que el producto original, lo cual significa un ahorro para los consumidores y para los sistemas estatales de salud.

El argumento de las compañías es que invierten mucho dinero en investigación y desarrollo de nuevos productos y esos costos se le trasladan al consumidor final para recuperar la inversión y obtener ganancias comerciales.

Las leyes de propiedad intelectual otorgan a esas compañías un período de protección de la patente, (que dura hasta 20 años) tras lo cual deben hacerse públicas sus investigaciones para que otros laboratorios puedan producir esos medicamentos pues el principio activo ya fue descubierto.

La declaración del MERCOSUR indicó que hoy en día todo está determinado por el mercado, y a este no le interesan las enfermedades, sino los clientes. La propiedad intelectual esta concebida como un asunto de mercado, mientras que un sistema de salud es una cuestión de valores humanos.

Para Stiglitz, los laboratorios invierten más en drogas vinculadas a los estilos de vida, como por ejemplo para que crezca el pelo, y la mayor parte del dinero que gastan tiene que ver con enfermedades padecidas por los habitantes de los países ricos, y no para los pobres como son la cura del paludismo y la malaria. Stiglitz añadió que hoy se investiga lo que el mercado determina, no la necesidad de las personas, y sobre todo, la cantidad de clientes que padecen las enfermedades tienen que ser ricos.

La doctora Marcia Angell , miembro del Departamento de Medicina Social en la Escuela Médica de Harvard y autora del libro La verdad acerca de las compañías farmacéuticas: cómo nos engañan y qué hacer al respecto, tras años de estudio sobre el tema, denunció que e n el año 2002, las diez farmacéuticas estadounidenses más grandes tuvieron ventas por 217 000 millones de dólares.

La también ex editora en jefe de The New England Journal of Medicine, una de las más importantes revistas médicas del mundo indicó que la cifra que se maneja a menudo en el ámbito farmacéutico es que cada nuevo medicamento cuesta, en promedio, 802 millones de dólares para ponerlo en el mercado, pero según Angell, la cifra está tremendamente inflada. Las empresas, en teoría, invierten millones en hallar nuevos medicamentos y pasarlos por un protocolo de pruebas que garanticen sean seguros para el público.

En el libro de Marcia Angell se afirma que en el periodo 1998-2003 se introdujeron al mercado 487 medicamentos, pero de ellos la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) indicó que 78 % -casi cuatro de cada cinco- tenían poca probabilidad de ser mejores que los presentes en el mercado. De hecho, 68 % de esos 487 fármacos ni siquiera eran novedosos: simplemente medicamentos viejos presentados en nuevas combinaciones.

De 1990 a 1997 se lanzaron al mercado 1.223 medicamentos, de los cuales 340 eran verdaderas innovaciones terapéuticas y solo 11 servían para el tratamiento de las llamadas enfermedades tropicales que afectan a los habitantes de los países pobres (también a los de las naciones ricas) como la tuberculosis y el SIDA.

Otro ejemplo: en 2000, un proyecto de producción de un antimicótico fue abandonado por la farmacéutica Aventis tras evaluar que el potencial comercial sería de solamente 400 millones de dólares y se necesitaban 500 para obtener las ganancias requeridas.

El poder controlador de esas compañías sobre las naciones en desarrollo se hará más fuerte con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) que imponen leoninos y perjudiciales convenios a los gobiernos.

La representación en Panamá del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) advirtió que los TLC podrían convertirse en un arma de doble filo para la población de los países en vías de desarrollo pues los estudios demuestran que tras ser firmados, aumentan los costos en los tratamientos de tuberculosis, SIDA y otras enfermedades.

El pasado 7 de febrero de 2007 la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de Estados Unidos ( PhRMA por sus siglas en inglés), presentó una petición formal ante el Representante Comercial de Estados Unidos en la que solicita la imposición de sanciones comerciales contra Costa Rica por no aplicar las normas de protección a las patentes sobre medicamentos contenidas en el Capítulo 15 del TLC.

Llama la atención que debido a las presiones populares, el gobierno costarricense del pronorteamericano Oscar Arias no ha podido ratificar el Tratado.

La PhRMA expresa en su demanda que entre enero y septiembre de 2006, las farmacéuticas habrían dejado de percibir ingresos por más de 112 millones de dólares de los cuales 17,631,000 serían por protección de datos de prueba y casi 94,721,000 por patentes.

En la acusación presentada por la poderosa Asociación también aparecen demandas contra Guatemala y República Dominicana que sí son miembros efectivos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos.

Cálculos conservadores indican que alrededor de 100 empresas de ese sector en el mundo controlan un mercado de 500 millones de dólares.

En conclusiones, el negocio de las farmacéuticas no es fabricar medicamentos para el beneficio de las grandes poblaciones, sino...hacer mucho dinero.

Fuente Rebelión

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