Expediente 17743: segunda voz de alerta

Por Jaime Ordóñez

El pasado 25 de octubre escribí en esta columna una nota llamada: “Expediente 17743: un peligroso retroceso”. Indiqué que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica había emitido hacía algunas semanas un peligroso dictamen de mayoría como texto sustitutivo al Proyecto 17743, que busca reformar la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El Proyecto ya está en Plenario y su eventual aprobación sería un desastre. Expresé abiertamente que dicho Proyecto contenía graves retrocesos en materia de protección a los derechos humanos y que Costa Rica volvería atrás varias décadas en protección jurídica si se aprueba esta reforma, aparte de violar varios instrumentos internacionales en derechos humanos ratificados por nuestro Estado. No se puede legislar en detrimento de derechos fundamentales sustantivos o procesales.

Pues bien, he vuelto a leer el Proyecto 17743. Y he encontrado que la cosa es aún más grave. Se trata de un Proyecto que busca eliminar derechos ciudadanos y mecanismos de protección de derechos humanos, perjudicando a los ciudadanos a favor de los funcionarios públicos y de los políticos. Repito: perjudica enormemente a los ciudadanos. Veamos:

Primero, en los recursos de amparo (casi el 80% de todos los trámites ciudadanos ante la Sala IV) el Proyecto supone que la Sala no podría, en la mayoría de los casos, ordenar a los funcionarios públicos suspender los actos administrativos que causen lesiones a derechos ciudadanos. En materia constitucional y de derechos fundamentales si no se suspende un acto administrativo, los daños pueden ser irreversibles, con profunda lesión a bienes individuales o colectivos. Por ejemplo, un amparo ambiental que no suspenda la tala de un bosque supone un daño fatal, imposible de recuperar.

Segundo, algo igual de grave. El Proyecto también impide que la Sala IV pueda ordenar al Estado y a las instituciones acciones de reparación ante hechos de los funcionarios que causen daño a los derechos constitucionales de los ciudadanos. El Proyecto amarra de manos a la Sala y deja a los funcionarios públicos frescos como una lechuga, sin obligación a reparar sus actos y los daños que generaren a las personas.-

Tercero, el Proyecto prácticamente elimina el derecho de los ciudadanos para interponer directamente acciones de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas jurídicas que trasgredan “intereses difusos” o colectivos. Los llamados “intereses difusos” son un avance de la teoría y la práctica de los derechos humanos y el derecho público. Su reconocimiento procesal permite que un sujeto individual (o un grupo de personas) puedan defender los bienes colectivos, como el medio ambiente y los recursos naturales. Este ha sido un instrumento utilizado con éxito en los últimos años por muchos ciudadanos para defender el patrimonio nacional y nuestros recursos naturales.

Cuarto, una absoluta barbaridad. En materia de Acciones de Inconstitucionalidad, el Proyecto pretende que las resoluciones de la Sala IV (que declaren la inconstitucionalidad de una ley, reglamento, decreto, etc.) no tengan efecto declarativo, sino que únicamente efecto constitutivo. En la práctica ello supone que las inconstitucionalidades sólo tendrían validez hacia el futuro, pero los hechos pasados generados por instrumentos jurídicos inconstitucionales seguirían teniendo validez. Repito: una absoluta barbaridad.

Tal parece que algunos sectores económicos (representados por ciertos políticos) buscan blindar y proteger oscuros negocios previos generados por actos jurídicos inconstitucionales. Tal parece.



Fuente: Tribuna Democrática

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Proyecto 17743: un peligroso retroceso

Por Jaime Ordóñez

ordonez@epfcentroamerica.org

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica emitió en días pasado un peligroso dictamen como texto sustitutivo al Proyecto 17743, el cual busca realizar una serie de reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Todos los partidos políticos, el Plenario del Parlamento (y la propia Sala Constitucional) deberían estar alerta y corregir los serios problemas que tiene el Proyecto, los cuales amenazan en constituirse en graves retrocesos en materia de protección a los derechos fundamentales.

Costa Rica volvería atrás varias décadas en protección jurídica si se aprueba esta reforma, aparte de violar varios instrumentos internacionales en derechos humanos ratificados por nuestro Estado.- No se puede legislar en menoscabo o retroceso de derechos fundamentales, sustantivos o procesales. Es un principio básico.

El primer gran error del Proyecto es que prácticamente elimina el derecho de los ciudadanos para interponer directamente acciones de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas jurídicas que trasgredan o amenacen intereses difusos o de la colectividad. Los llamados "intereses difusos" son un avance de la teoría y la práctica de los derechos humanos y el derecho público. Su reconocimiento procesal permite que un sujeto individual (o un grupo de personas) puedan defender los bienes colectivos, como el medio ambiente y los recursos naturales. Este ha sido un instrumento utilizado con éxito en los últimos años por muchos ciudadanos para defender el patrimonio nacional y nuestros recursos naturales.

Segundo gran error: el proyecto limita la posibilidad de que la Sala IV suspenda los efectos de actos impugnados por acciones o recursos de amparo. Se cambia el sistema actual donde la presentación del recurso suspende automáticamente los actos y, en su lugar, la suspensión del acto se vuelve opcional y excepcional. Grave problema.

Cuando la Sala Constitucional le da curso a un remedio constitucional (acción o amparo) se presume que hay reconocimiento de que está peligro un bien o valor de rango constitucional. Por eso, necesariamente hay que suspender el acto. Caso contrario, los daños pueden ser irreversibles, con profunda lesión a bienes individuales o colectivos. Por ejemplo, un amparo ambiental que no suspenda la tala de un bosque supone un daño fatal, imposible de recuperar.

Detrás de todo esto parecen esconderse dos cosas. Por un lado, la intención de algunos actores de nuestra clase política que les empieza aparecer incómoda nuestra Sala Constitucional y quieren debilitarla. Ello se evidencia con el duro golpe que pretenderle darle a este órgano al limitarle sus potestades para ordenar al Estado el cumplimiento de obligaciones cuando se trate de constitucionalidades por omisión. Concretamente, se busca limitar el derecho de la Sala de indicar las medidas para solucionar la omisión, o de fijar plazos en procura de defender el interés público. Ello es básico en protección del medio ambiente, por ejemplo.

Por otro lado, parece esconderse también un interés por debilitar la Sala IV proveniente de algunos sectores económicos (como los que buscan intervenir en nuestra minería y en otros bienes estratégicos o de interés público como el agua o el medio ambiente), a los cuales les gustaría moverse por el mundo a sus anchas, sin estado de derecho, sin restricciones jurisdiccionales o de cualquier tipo. En fin, la pura y dura ley de la selva.


Fuente: Diario Extra

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¿US$ 9.000 mensuales? ¡Viva la pepa!

Por Jaime Ordoñez

¡Y viva la pepa! dijeron los diputados. Como si vivieran en la Suiza de verdad, y no en esta mala copia al carbón, centroamericana y subdesarrollada! ¡Nuestro primer acto como legisladores será duplicarnos el salario! En lugar de los 2.5 millones de colones mensuales, cobraremos 4.5 millones al mes. ¡No hemos ni empezado a trabajar, pero es claro que sí lo merecemos! ¡No es posible que la Contralora gane más que nosotros, carajo! Ni tampoco el gerente del Citibank. ¡Hay que darse a respetar, sí señor! Y sin sonrojarse, nuestros padres y madres de la patria se hicieron el aumento. ¡Que paguen los contribuyentes!, se dijeron a sí mismos en los pasillos y en la cafetería de Cuesta de Moras. Además, ¡la elección ya pasó y no necesitamos los votos de nadie!

Y también dijeron en la cafetería de Cuesta de Moras: ¡al diablo con el Decreto Nº 35665-MTSS 2010 de salarios mínimos! Allá los pobres trabajadores con sus penurias. No nos importa que el salario de un jornalero sean 206.000 colones al mes. Que se jodan ellos al sol. De por sí, se trata de un vulgar trabajo manual, dijo alguno por allí. Ese Decreto mejor no lo toquemos, que ya ganan lo suficiente, dijo otro. No importa que un obrero de construcción gane 207.045. El pegar ladrillos no tiene ningún arte. No es problema que un trabajador semi-calificado gane 221.949, o que un calificado gane 233.518. O que una empleada doméstica gane 140.000 al mes. En nuestro caso es distinto, ¡nosotros no trabajamos con las manos ni lavamos ropa! A ver si todo el mundo entiende! Nosotros, los diputados, ¡usamos el cerebro y guiamos los altos destinos de la patria! Así decían en Cuesta de Moras alguna tarde de mayo del 2010.

¡Qué un técnico de educación superior gane 309.993 y un maestro de escuela rural se redondee 420,000 colones, a duras penas, tampoco es un problema serio! De por sí, ¡su única responsabilidad es tratar con mocosos! ¿Qué los mocosos son el futuro de la patria? Ajá. Eso es un cuento chino, dijo un diputado. ¡Ya estamos nosotros para dirigir la patria! ¡Ya estamos nosotros para corregir la patria! espetó, entusiasmada, otra diputada.

Y así iba la Costa Rica del año 2010, consignaron décadas después los libros de historia. Y también consignaron que a los jueces y magistrados todos, muy calladitos, les pareció bien aquel aumento y lo bendijeron, y no encontraron nada de inequitativo con el resto de salarios de los trabajadores del Estado. Porque (hay momentos en la vida, decían algunos de esos jueces, en que es mejor no hacer olas) sobre todo si también están en juego los aumentos del Poder Judicial. Y también contaban los libros de historia que los periodistas encontraban todo muy bien en derredor y andaban muy entretenidos con la Virgen de los Ángeles y la nueva presidenta. Y que, de repente, ¡todos inauguraron un nuevo estadio de futbol chino!

ordonez@epfcentroamerica.org


Fuente Diario Extra

Caricatura Nuestro País

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Algo huele a podrido en Costa Rica

Por Jaime Ordóñez

No estoy de acuerdo con la idea de los monopolios económicos o productivos. Todo lo contrario. Creo en la diversidad, creo en la pugna y en la competencia verdadera. La competencia hace crecer a las sociedades y a los seres humanos. Sin embargo, hay mercados que por su naturaleza y tamaño son monopólicos (sobre todo en una sociedad pequeña como la costarricense) y en donde sólo es posible un operador. O dos operadores. A lo más tres. Y allí la competencia no es posible. Siempre hay una empresa dominante, a lo más dos, que se ponen de acuerdo y fijan precios. Mangonean el mercado, como dice nuestro pueblo.

Por eso, si alguien me pone a escoger (en ciertas zonas productivas y de servicios) entre monopolios públicos o monopolios privados, me quedo con los públicos sin pensarlo un segundo. Las ganancias siempre quedan en el país, se reinvierten en la sociedad. En el caso de los monopolios privados (sean extranjeros o nacionales) la plata se va al bolsillo de los accionistas privados y punto. Máxime en un país como Costa Rica, timorato y torpe para cobrar impuestos. Por el tamaño de nuestro país, hay monopolios naturales: los puertos; los aeropuertos; la refinería del crudo para transformarlo en combustible; las telecomunicaciones; la electricidad. El mercado es lo suficientemente pequeño como para no hacer viable la competencia real. En esos casos, los procesos de “apertura” (como dicen algunos por allí) tienden a ser tramposos. Sucede que se pasa de un monopolio público a un monopolio privado.

Algo huele a podrido en Costa Rica. En sólo dos años— a golpe de tambor, torciendo brazos y comprando conciencias y billeteras— de repente Costa Rica está pasando de una serie de monopolios públicos a una serie de monopolios privados extranjeros. Como dice nuestro pueblo, estamos cambiando la mama por una chancha. Se trata de algo realmente grave. No sólo el ICE, sino JAPDEVA, CALDERA, y muchas otras entidades más van en camino de dejar de ser monopolios públicos (de interés colectivo y con ganancias que, mal que bien, se reinvierten en Costa Rica) a transformarse en monopolios privados extranjeros, y con ganancias que se irán para el exterior. Desde luego, hay socios comisionistas nacionales que varios millones y acciones de participación ganarán en el proceso. Y varios políticos entre ellos.

Veamos el caso de telecomunicaciones. Como ha indicado el propio Director de SUTEL, G. Milley, las frecuencias de telefonía móvil (en manos del ICE) sólo podrán ser suplidas por cuatro empresas telefónicas transnacionales. Por cierto, las mismas que dominan monopólicamente el resto de América Latina. Lo de JAPDEVA es más grave: el puerto de Limón es, por su naturaliza misma, monopólico. Si la concesión se concreta, todas las ganancias pasarán a una empresa privada (asiática, según se dice) y sus socios políticos y lugartenientes nacionales. Lo mismo con la refinería de RECOPE, según se informa. Todas las ganancias que genera para Costa Rica (y que son muchas) de la noche a la mañana pasarán a manos de un gigante asiático. Y de sus socios políticos nacionales. Ya lo dije: algo huele a podrido en Costa Rica.


Fuente Diario Extra

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Como controlar las drogas

Por Jaime Ordóñez

Voy a decirlo directamente para que no haya confusiones: mientras las drogas sean un tabú social, y mientras exista prohibición y penalización a su consumo (y en consecuencia, un alto precio), todo esfuerzo por controlar su asqueroso negocio y sus carteles será inútil y vano.

Lo mismo que en los tiempos de la prohibición del alcohol en los EEUU, a finales de la década de 1920, cuando un litro de whisky llegó a valer US$ 150 dólares de la época, cerca de US$ 1.200 dólares de hoy, y una mafia privada ligada a la policía manejaba el negocio en Chicago, Nueva York y otras grandes ciudades. El día que se levantó la prohibición el precio cayó: el alcohol volvió a su valor original, y los bebedores dejaron de ser sujetos de glamour y encanto. Se evidenciaron como son: adictos, sujetos enfermos, clientes de Alcohólicos Anónimos, y punto.

Mientras la cocaína, la heroína y otros productos tengan un alto valor económico (y sean objeto de clandestinidad, de subrepticia adquisición y de consumo), los Carteles de México y Carteles de Colombia, sus capos, sus intermediarios, canguros, socios nacionales y demás delincuentes y especimenes, serán los grandes ganadores del negocio.

Por más control de la DEA, de las policías nacionales, del control aéreo y marítimo, etc., con el apoyo y fondos de cualquiera de los gobiernos de la región. El negocio de la droga (que maneja literalmente varios billones de dólares al año en esta región de Mesoamérica) siempre tendrá fondos para comprar conciencias, puestos fronterizos, oficiales, y hacerle la vista gorda a más de uno. Siempre tendrán más dinero que la institucionalidad de los gobiernos.

El día que se levante esa prohibición (e inclusive el sistema hospitalario de los países ofrezcan pública y gratuitamente el propio producto y la rehabilitación a los consumidores, como ha hecho un país escandinavo y uno de los Países Bajos) el consumidor, en lugar de adquirir glamour y lustre, se convertirá en un pobre diablo, en un enfermo más, en una suerte de escoria social. El precio se irá al suelo, la red del negocio se desarmará e, inclusive, la oferta del producto será menor. Un estudio publicado por la revista inglesa The Economist hace unos años demuestra como el levantamiento de la prohibición bajó literalmente el consumo en un país europeo.

Se que este es un tabú y no tiene posibilidades en el futuro cercano. Muchas personas se rasgan las vestiduras, ponen los ojos en blanco y levantan su moralina tronante contra una medida como ésta, no sólo en América Latina, sino también en los EEUU. Incluso un tipo evolucionado y moderno como el presidente Obama parece que seguirá luchando contra la droga a la vieja usanza, según se deduce de sus recientes acuerdos con el presidente Calderón en México. No lo culpo. Cambiar el paradigma (y quizá lo pensó en otro momento), sería, sin embargo, meterse en un fangal de discusión ideológica, justo cuando tiene otros temas más gordos o urgentes entre manos.

Lástima, porque el problema no se resolverá de esa manera y sufriremos una generación más de muchachos y muchachas en América Latina, en los EEUU y otros lugares del mundo amarrados al yugo de la droga, mitad embrujo simbólico y social, mitad sustancia que mata. Y, además, el sucio dinero de los carteles y sus intermediarios continuará corrompiendo la vida pública de nuestros países.


Fuente Diario Extra

Caricatura El Roto



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