El candidato presidencial del Movimiento Libertario Otto Guevara anunció, durante la presentación del programa electoral de su partido, que en un eventual gobierno suyo promoverá la dolarización de la economía costarricense. Indicó que lo haría por medios legislativos o convocando a un referendo.
Este planteamiento de Guevara, de vieja data entre los neoliberales, es coherente con su visión ideológica que procura dejar al Estado sin herramientas con las cuales intervenir los mercados para corregir sus fallas y para buscar una distribución más equitativa del ingreso y la riqueza.
En general las propuestas libertarias pretenden que el Estado renuncie a sus instrumentos de política pública para que sean los mercados quienes tomen las decisiones económicas. ¡Sacrosantos mercados de competencia pura y perfecta que solo existen en su imaginación! Pero en este caso, sin embargo, la propuesta tiene connotaciones muy diferentes.
Si bien la iniciativa intenta despojar al Estado costarricense de una prerrogativa fundamental, no lo hace para que la oferta y la demanda determinen la cantidad de dinero, el precio de las divisas extranjeras o el poder adquisitivo de los billetes, sino con el fin de que sean funcionarios de otra nación, la que tiene el dólar como moneda propia, los que asuman esos deberes. Así de sencillo y alarmante.
Dolarizar significa la desaparición definitiva del colón y la adopción del dólar como unidad monetaria oficial. Significa que el Banco Central de Costa Rica ya no podrá cumplir sus tareas como emisor y regulador de la oferta de dinero. Esas responsabilidades las asumiría el Banco de Reserva Federal de Estados Unidos.
Aunque somos críticos de muchas medidas adoptadas por los jerarcas del Banco Central, especialmente el manejo de las tasas de interés durante la presente crisis; y hemos formulado cuestionamientos en cuanto al actual régimen cambiario, estamos convencidos de que la política económica debe ser definida por autoridades costarricenses que respondan por sus decisiones en forma transparente ante los ciudadanos.
Dejar en manos de Ben Bernanke o de la junta directiva del Banco de Reserva Federal estadounidense nuestro futuro monetario nos parece un despropósito. Las decisiones que se tomen en esa institución siempre responderán a los intereses de ese país y no del nuestro. Y esas decisiones, sobre las que no podremos opinar, afectarán nuestros hogares, empresas, e instituciones.
Aducir imperfecciones en el sistema de bandas cambiarias no es razón suficiente para lanzar por la borda nuestra institucionalidad. Sería como pedirle a otro gobierno que envíe sus policías para garantizarnos protección contra la delincuencia porque el Ministerio de Seguridad Pública no cumple su cometido a cabalidad.
Tampoco es justificación el que tres países vecinos se hayan dolarizado, todos ellos en circunstancias particulares. Panamá nació dolarizado y su propio alumbramiento explica la razón. El Salvador, gobernado por Arena, tuvo motivaciones ideológicas similares a las del Movimiento Libertario. Y en Ecuador, el presidente Jamil Mahuad propició en el año 2000 un salvataje de bancos privados quebrados que provocó una inflación incontrolable y luego dolarizó para tratar de mitigar la situación.
Pero la dolarización, además de ser un disparate desde el punto de vista de nuestra vigencia republicana y el ejercicio democrático, también es inoportuna e inconveniente desde una óptica económica. Ya lo veremos la próxima semana.
Fuente Tribuna Democrática
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