Por Mariela Pérez Valenzuela
Para las mujeres latinoamericanas, trabajadoras o no, los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por sus gobiernos con Estados Unidos profundizan la discriminación y exclusión, en la medida en que en esas naciones el neoliberalismo se arraiga como política económica.
La mayoría de las costarricenses considera que el TLC, dada las grandes asimetrías económicas entre los dos países, no reportará mayores beneficios al suyo, y aunque en el acuerdo no se les menciona a ellas, las perjudicará directa o indirectamente, como ya ha ocurrido en varios de los vecinos centroamericanos.
En el 2006 la Comisión de Vestuario y Textiles de Guatemala reportó el cierre de 40 maquilas (la fuerza laboral está integrada mayormente por mujeres que quedaron desempleadas) por la pérdida de contratos de pedidos frente a las fábricas de otros países, donde los costos de producción son más bajos.
Este es uno de los resultados más evidente del daño que hace el TLC al sexo femenino.
Un informe de la organización Oxfam, de este año, señala que con estos Tratados, tal como se concibieron, las desigualdades de género ya existentes se pueden ver reforzadas si, en aras de la competitividad, se promueve un modelo de desarrollo basado en el trabajo barato y “flexible”, en lugar de invertir en formación y recursos humanos.
Si bien las mujeres son empleadas en muchos de los sectores fomentados por los acuerdos comerciales y de inversiones, como son las maquilas mexicanas y en la esfera de exportaciones de productos agrícolas, las condiciones de trabajo no suelen ser las mejores y con frecuencia no se respetan los derechos laborables.
La ecuación está clara: para los empresarios, gobiernos y organismos internacionales, las normas protectoras obstaculizan el comercio y la competitividad de las empresas.
Bajo el título Nuestro futuro por la borda, Oxfam demuestra cómo estos acuerdos imponen normas cuyo alcance compromete las políticas que los países en desarrollo requieren para luchar contra la pobreza.
En el caso de las mujeres, los salarios que reciben siguen siendo muy bajos, situación desastrosa si se tiene en cuenta que solo de ellas depende muchas veces la alimentación de los hijos. A menudo se prohíben los sindicatos y en las maquilas, cuando acuden a buscar trabajo, se les obliga a someterse a una prueba de embarazo.
Según la Oxfam, las pequeñas empresas, los sindicatos, las ONGs, los grupos de mujeres y las poblaciones indígenas de los países subdesarrollados disponen de escasos mecanismos de participación, y sus derechos y necesidades son en gran medida ignorados.
Los TLC con los que Estados Unidos pretende consolidar su dominio económico y político en la región defienden a ultranza el crecimiento corporativo, en la medida en que desconoce el impacto de la liberación comercial para los trabajadores, sobre todo para las mujeres pobres.
Las oportunidades de superación se reducen para ellas, quienes constituyen más de la mitad de los ciudadanos más pobres del planeta.
La privatización de servicios con beneficios sociales como el acceso al agua, la salud y la educación, que convierte derechos universales en meros artículos vendidos en el mercado, igualmente las perjudica. Su encarecimiento las obliga a prescindir con frecuencia de estos.
A su vez, los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio desconocen el patrimonio colectivo generado mayormente por mujeres indígenas y campesinas durante siglos.
La apropiación privada por parte de las corporaciones de estos conocimientos afecta la producción, la soberanía alimentaria y la calidad de vida de esas personas, con una representación femenina grande.
En los TLC que Estados Unidos se vio obligado a negociar por separado con los países centroamericanos, al no alcanzar un acuerdo con el bloque regional tal como pretendió al principio, se imponen reglas sobre propiedad intelectual que limitan la producción de medicamentos genéricos, fundamental para abaratar el precio de las medicinas.
Con el acuerdo, a los productores pobres se les prohíbe intercambiar semillas para mejorar la producción, mientras las grandes empresas agrarias aumentan su poder en el mercado.
Tampoco las empresas de los países en desarrollo tienen acceso a las nuevas tecnologías, mientras al permitirse el ingreso de corporaciones transnacionales a competir con las estatales, estas últimas tienen la amenaza de desaparecer.
El tiburón se come a las sardinas
El Producto Interno Bruto (PIB) de la primera economía mundial es 50 veces mayor que el conjunto de los países centroamericanos.
Antes de la firma del acuerdo, Centroamérica y Estados Unidos ya mantenían un importante intercambio comercial, al punto que esa región era el segundo comprador de Estados Unidos en Latinoamérica. Para Washington, Centroamérica era un importante receptor de sus mercancías, de manera que la ratificación
Casi la mitad de la población centroamericana depende de la agricultura para su subsistencia y existe el temor de que el ingreso masivo de productos procedentes del país norteño libres de arancel como el trigo, la soya y el maíz arruine a los cultivadores, muchos de ellos mujeres.
El TLC obliga a los países en desarrollo a eliminar la mayoría, y en algunos casos la totalidad de los aranceles en agricultura e industria.
En cambio, Washington se niega a rebajar sus subsidios agrarios y mantiene otras barreras para restringir el acceso a los mercados, lo que conlleva al incremento de la pobreza de los agricultores.
Con este nuevo mecanismo económico, Estados Unidos tiene garantizado acceso a la rica biodiversidad del área — poseedora de enormes reservas de agua— y por consiguiente, con condiciones de responder a la voracidad de las trasnacionales.
Su ubicación territorial la convierte en un perfecto corredor terrestre y marítimo para el flujo de mercancías hacia Estados Unidos y hacia los grandes mercados.
La experiencia de México
Oxfam apunta en su análisis que a pesar de que el Tratado de Libre Comercio suscrito por Estados Unidos, Canadá y México (TLCAN) en 1994 supuso una rápida expansión del comercio y de las inversiones, éste último país sufrió una caída generalizada en el empleo, tanto agrícola como industrial, y un rápido aumento en las desigualdades.
En el 2004, los salarios reales eran inferiores a los de 1994, incluso en el sector de las maquilas.
En los diez primeros años del TLCAN, México perdió 1,3 millones de empleos agrarios.
En el caso de la industria, aunque sí se generó un número significativo de empleos, sobre todo en maquilas de ensamblaje, estas se resintieron del incremento de la competitividad. Tan sólo en el periodo comprendido entre el 2001 y el 2004, desparecieron 200 mil puestos de trabajo en el sector industrial.
Fuente Ecoportal.net
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