- Decreto firmado por Óscar Arias abre portillo para otorgar aprobaciones sin que medie concurso.
Por María José Núñez
Con la apertura en el sector de telecomunicaciones hay nueve empresas que quieren vender servicios de televisión satelital en el país, las cuales le piden al Estado que se las dé mediante una concesión directa. Pero ese mecanismo que demandan no solo es criticado, sino que ni siquiera está claro para las propias autoridades encargadas.
El miembro del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, RACSA, Filial CNFL y Proyectos (SIICE), Gerardo Fumero, dijo a UNIVERSIDAD que el gobierno de Óscar Arias Sánchez, vino todavía a complicar el asunto cuando emitió un decreto que modificaba el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.
“Con esa acción la administración de Arias facilitó el proceso para poder otorgar frecuencias para televisión en forma directa y no por medio de concurso. A la fecha no se ha otorgado ninguna licencia”, comentó Fumero.
Una concesión directa significaría que las empresas que están interesadas darían el servicio con mucha rapidez y al contar con los contratos ya establecidos, tendrán la posibilidad de ofrecer los servicios de telefonía celular o Internet, con la misma premura.
De acuerdo con el ingeniero, lo grave es que la ley establecía que las frecuencias para uso fijo tenían que darse por concurso y lo cambiaron para que puedan asignarse directamente.
“El asunto es que hay una cuestión de legalidad que debe ser respetada, pues todo lo que concierne al espectro de frecuencias debe darse por concurso y sería muy grave que no se respete el ordenamiento jurídico y las dieran por concesión directa”, advirtió Fumero.
Ante esta situación, el diputado del Partido Acción Ciudadana Juan Carlos Mendoza solicitó a la Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega, un informe sobre el proceso que seguirá y la lista de empresas interesadas en dar el servicio.
Precisamente en la respuesta emitida al diputado Mendoza, mediante el oficio DVT-117-2010, Vega confirma que no se ha resuelto ninguno de los nueve casos presentados, pues todos se encuentran en estudio, ya que existe una “posible antinomia jurídica” (contradicción entre dos preceptos legales) sobre el procedimiento para concesionar el rango de frecuencia 11.7-12.2 GHz –correspondiente a las frecuencias satelitales para entregar en concesión.
Por un lado, el documento emitido por la viceministra revela que los rangos de estas frecuencias son, según el artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones y el 34 de su reglamento, de asignación no exclusiva, por lo que se concederán de manera directa.
Pero, por otro, el artículo 134 del reglamento manifiesta que en el caso de frecuencias que se pretende otorgar para servicios de televisión y audio por suscripción, se deberá hacer mediante concurso público.
“En razón de esto se conformó un equipo técnico interinstitucional de la SUTEL y el Viceministerio, que tiene como objetivo definir el respectivo análisis jurídico, así como establecer las recomendaciones técnicas necesarias”, aseguró Vega en la respuesta emitida al diputado del PAC.
Sobre este particular, el legislador afirmó que el reglamento establece claramente que el proceso debe darse por medio de concurso y el portillo para que se someta a concesión directa es sujeto de discusión.
Mendoza indicó no sentirse satisfecho con la respuesta, pues en ella la viceministra no da una explicación clara sobre el procedimiento para seguir, por lo que seguirá insistiendo hasta que se aclare el mecanismo de concesión.
“Yo creo que es un portillo muy peligroso en el tanto la convergencia tecnológica en telecomunicaciones plantea que a través de un mismo canal se pueden dar distintos tipos de servicios. Ahora puede ser televisión, pero dentro de poco podrían incorporar Internet, telefonía o cualquier otra oferta que no estaba contemplada en la primera concesión. La vía correcta debe ser la concursal”, detalló el diputado.
Consultado el exregulador general Leonel Fonseca externó que en el tema del espectro de frecuencias satelitales no se ha definido cuánto deberá la asignación y el cobro que se hará a las empresas.
“Cuando hablamos de televisión satelital, estamos hablando de miles de millones de colones, debe existir una política clara en el manejo del espectro de frecuencias y el proceso de concesión debe ser transparente”, comentó el exregulador.
Otro de los cuestionamientos hechos por Fonseca es que el proceso de concesión debe estar en manos de la presidenta Laura Chinchilla y el ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Teófilo de la Torre, en su papel de rector del área.
“En realidad este proceso de dar concesiones de las frecuencias, no debería estar en manos del Poder Ejecutivo, sino del organismo técnico, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), pero al no ser así, al menos los jerarcas mayores deberían asumir la responsabilidad”, argumentó.
“INTERPRETACIONES LEGALES”
El jerarca del MINAET, Teófilo de la Torre, dijo a UNIVERSIDAD que el proceso de concesión de las frecuencias satelitales sigue su proceso; en estos momentos las solicitudes están en estudio en el viceministerio, luego será enviado a la SUTEL y eventualmente se asignarán a las empresas que cumplan con los requisitos.
Además, confirmó que tanto la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, Claro Costa Rica, como las otras ocho empresas que realizaron la solicitud, lo hicieron por concesión directa y en ninguno de los casos ha visto planteada la opción de licitación.
Frente a la consulta de la legalidad de otorgar estas frecuencias mediante concesión directa, aseguró que lo primero que deberá realizar el MINAET es un análisis legal.
“He leído que hay algunas interpretaciones diferentes sobre la forma en que se puede dar, según como se lean los términos de la ley, entonces es una tarea que llevaremos a cabo antes de dar cualquier frecuencia. Está dentro de nuestras tareas pendientes, pues el mecanismo mediante el cual lo solicitan es concesión directa, pero que se pueda o no se pueda hacer le corresponde a nuestro viceministerio analizarlo y luego proponerlo”, declaró el ministro de la Torre.
Por otra parte, en la respuesta emitida por la viceministra al diputado del PAC, de las nueve empresas que están solicitando frecuencias, solamente se reconoce el nombre de la compañía Claro Costa Rica y el resto son desconocidas.
Sobre este particular, el jerarca del MINAET señaló desconocer la lista de solicitantes y si dentro de los requisitos establecidos se les obliga dar a conocer la estructura de propiedad hasta alcanzar los grupos de interés en cada uno de ellos.
GIGANTE DE TELECOMUNICACIONES
Una de las empresas que está detrás de la concesión de frecuencias satelitales en nuestro país es América Móvil a través de la firma Claro, la cual le pertenece al hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, Carlos Slim.
El magnate de las telecomunicaciones adquirió en los años 90 Telmex, la compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México y que hasta ese momento había sido administrada por el Estado.
Cientos de publicaciones hacen referencia a que la venta fue hecha a través de una subasta pública, realizada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y aunque otros grupos ofrecieron cantidades mayores para comprar Telmex, la empresa de Slim, Carso, cumplía con uno de los requisitos fundamentales: que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas.
De esta forma, el monopolio público de las telecomunicaciones pasó a manos de un empresario y se convirtió en un monopolio privado. Slim comenzó a posicionar su marca en 18 países del continente americano para vender productos de telefonía móvil, Internet y televisión, muchas veces en un solo paquete.
“Cuando Slim compró Telmex, lo hizo a un precio ridículo y él pudo hacer su imperio con las telecomunicaciones, permitiéndole hoy mantener el 90% del mercado en este país y extendiéndolo a muchos otros”, comentó Gerardo Fumero del SIICE.
México se ha convertido en uno de los países con las tarifas telefónicas más caras de Latinoamérica, mediante el monopolio de Telmex y, en consecuencia, muchos otros países de la región, en los cuales se ha instalado la marca Claro como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua han visto incrementados los costos de la telefonía.
Por ejemplo, mientras en Costa Rica la tarifa por mensaje de celular es de ¢1,5, en México y Nicaragua es de ¢29 y en Honduras de ¢52. En el caso del minuto celular el costo en nuestro país es de ¢30, en México la cifra es de ¢81.
Ante esta realidad, Carlos Slim quiere ahora ingresar a nuestro mercado costarricense a través de las frecuencias de televisión satelital, pero con abiertas intenciones de introducirse también al mercado de la telefonía e Internet.
“En un principio la ley establece que la SUTEL designará las tarifas, pero cuando considere que hay suficiente competencia las podría dejar por la libre, pero todos sabemos que el hecho de tener tres o cuatro empresas brindando el servicio no garantiza precios competitivos. Como prueba está El Salvador, donde las compañías se ponen de acuerdo y tienen un verdadero contubernio, se ponen de acuerdo para subir y bajar las tarifas de acuerdo con su conveniencia”, contó Fumero.
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