"Se les acabó la fiesta", dijo Correa en uno de sus programas radiales de los sábados, para después agregar que hasta diciembre se renegociarán las condiciones de la telefonía celular en el país.
En esa ocasión, también aseguró que Porta paga menos impuestos que su competidora Movistar, la empresa dependiente de la española Telefónica, a pesar de que ésta tiene una tercera parte de los clientes que la primera compañía.
"Vamos a poner en orden los abusos de ciertas telefónicas", afirmó.
Días después, cuando la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, visitó Ecuador, el mandatario anfitrión señaló que Porta y Movistar debían prepararse para renegociar su concesión, porque el gobierno ecuatoriano actuará "con fiereza" en defensa de los intereses nacionales.
La posición se consolidó cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó sobre irregularidades en el pago de impuestos por parte de Porta, y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) denunció negligencias en el servicio a sus clientes.
Con esos antecedentes, el SRI comenzó en septiembre una investigación tributaria, al considerar sospechoso que la empresa haya pagado sólo cuatro millones de dólares por concepto de impuestos a la renta en los últimos cuatro años, pese a registrar ventas por más de 2.000 millones de dólares.
A esa duda se le sumaron otros nueve procesos de investigación en contra de Porta por supuestas irregularidades en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y de retención ilegal de tributo.
El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, dijo que tan baja tributación por parte de la firma propiedad de América Móvil hace presumir "que algo malo está ocurriendo", pues las investigaciones preliminares establecen importantes diferencias a favor del Estado".
Mediante un comunicado, Porta argumentó que a la hora de analizar su situación tributaria con el Estado ecuatoriano se debe tener en cuenta que al hacerse cargo de la concesión recibió grandes deudas y existía una profunda crisis económica.
"Los resultados de las operaciones" entre 1999 y 2002 "arrojaron pérdidas, fundamentalmente por la situación previa de la empresa y la necesidad de entrar en un proceso de profunda reestructuración e inversión", sostiene el documento. En consecuencia, "durante dicho período no se generó un impuesto a la renta a pagar al Estado", añadió la empresa.
A las denuncias de irregularidades tributarias se sumaron los reiterados problemas en el servicio telefónico.
Suptel detectó una grave disminución en la calidad de las llamadas e interrupciones permanentes en el servicio de Porta el 25 de septiembre, que afectaron a más de 5,5 millones de usuarios por más de 15 horas.
Este problema, que se había repetido en distinta medida con anterioridad, llevó a la Superintendencia a iniciar un juicio administrativo contra la firma por negligencia, pues entiende que no se tomaron "todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio en el territorio nacional", conforme lo establece la Constitución de Ecuador.
Además, aseguró que incumplió cláusulas del contrato de concesión con el Estados, como la que obliga a la empresa de Slim a "instalar, operar y mantener en condiciones óptimas" el sistema de telefonía móvil celular "hasta el 26 de agosto de 2008", cuando vence el convenio.
El organismo de contralor entiende que tampoco cumplió con la obligación de tener "la suficiente capacidad para satisfacer los requerimientos de tráfico generado por los abonados durante todo el lapso de la concesión".
El contrato de concesión establece que en "los casos de negligencia, culpa grave e incumplimiento de los parámetros de calidad" se dará a la operadora 30 días para justificar y remediar el problema y, en caso de no hacerlo, se iniciará el proceso legal de cancelación del convenio.
La empresa rechazó las acusaciones e inició una campaña de publicidad en los grandes medios de comunicación del país para justificar su presencia en Ecuador.
El director jurídico de la compañía, Daniel Bernal, argumentó que el pedido estaba de más, porque Porta cuenta con equipos de última tecnología del mercado y permanentemente hace actualización de los programas de computación. Sólo este año se han invertido más de 200 millones de dólares tanto en equipos como en infraestructura, apuntó.
Indicó, además, que Suptel llegó a una "conclusión ligera", sobre las responsabilidades de Porta, la mayor empresa de celulares del país con casi 6,6 millones de abonados, que equivalen a cerca de 70 por ciento del mercado.
El porcentaje restante se distribuye entre Movistar y la estatal Alegro, que recibió permiso para operar muchos años después de las dos firmas privadas.
Frente a esas declaraciones, el Procurador General de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Darwin Muñoz Serrano, afirmó que ni Bernal ni Porta están sobre el Estado ecuatoriano.
"Porta argumentó que la discontinuidad del servicio ocurrida el 25 de septiembre fue por causa fortuita, con el propósito de eximirse de las sanciones legales y de la compensación a los usuarios, pero no pudo fundamentar objetiva, técnica ni jurídicamente su pretensión", aseguró Muñoz Serrano.
"La resolución emitida por la Suptel en el proceso de juzgamiento administrativo protege los derechos de seis millones de usuarios, a quienes la Constitución les garantiza la continuidad del servicio, que no puede ser perturbado e interrumpido por negligencia de un operador", enfatizó.
En diciembre terminan las investigaciones tributarias a Porta y vencen los plazos dados por la Suptel.
De este modo, por primera en América Latina una empresa de Slim está contra las cuerdas y puede sentar un precedente para otros países de la región.
Fuente Rebelión
El énfasis es nuestro
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