Las sentencias de Sosto deben ser anuladas

El Diputado José Merino del Río considera que la renuncia del magistrado Federico Sosto debería ser acompañada por una rectificación de la Sala Constitucional, que anule todas aquellas sentencias relacionadas con el TLC y la agenda de implementación donde participó, dada su evidente parcialidad.

Según el legislador del Frente Amplio la renuncia del magistrado Sosto, da la razón a las fracciones parlamentarias, los partidos y movimientos políticos, y los movimientos y organizaciones sociales y cívicas, que la venían reclamando con mayor fuerza desde que se conocieron públicamente sus andanzas como asesor de Casa Presidencial.

Las actuaciones cuestionadas del magistrado Sosto, incluyen su participación en sentencias favorables a leyes relacionados con la agenda de implementación del TLC con los Estados Unidos, como el proyecto de "Ley de Obtenciones Vegetales" o la "Ley de Marcas", habiendo sido participe activo en la campaña a favor del tratado durante el referéndum.

El 15 de enero del año 2007, Federico Sosto publicó en La Nación el artículo "Más allá del TLC", en conjunto con los abogados Alan Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, en abierto respaldo al tratado. Al discutirse el proyecto de "Ley General de Telecomunicaciones" el magistrado Sosto admitió haber emitido criterio previo, por lo que pidió excusarse del pronunciamiento.

"Sosto no solo dejó en entredicho la imparcialidad del juez y de la Sala Constitucional, sino también cuestionada la independencia de poderes, y develadas redes político-empresariales, beneficiarias directa e indirectamente de los grandes negocios que se fraguan en el régimen de la tiranía en democracia", considera el Diputado Merino.

Sosto con todas sus "camisetas" es la imagen casi perfecta del "cuadro dirigente" de las nuevas élites neoliberales: directivo de la cúpula empresarial cañera en su momento, socio de empresas relacionadas con los juegos de azar (particularmente de los casinos), integrante del bufete "Sosto, Hidalgo y Asociados" (donde por casualidad uno de sus integrantes resultó jurista consultor del BCIE), consultor de Casa Presidencial y magistrado suplente de la Sala Constitucional.

"Aunque la ética ocupa un lugar secundario para algunos altos magistrados, no lo es así para la ciudadanía que considera necesario rescatar la democracia, las instituciones republicanas, la división de poderes y el Estado de Derecho, y lo empieza a reclamar en las calles, por lo que se impone la anulación de las sentencias donde el señor Sosto López intervino, reiteró el Diputado Merino.


Caricatura El Roto

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Ciudadanos reclaman a Sala IV justicia con ética

• En concentración que se dará mañana

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Marieta Espinoza M.
mespinoza@diarioextra.com

El descontento por una serie de medidas adoptadas por el Poder Judicial es el motivo que llevará a un grupo de ciudadanos costarricenses mañana hasta la Sala Constitucional, para reclamar a los magistrados justicia con ética.

Los organizadores del movimiento consideran que la intromisión del Poder Ejecutivo en el sistema judicial es la llamada de atención para que los ciudadanos reaccionen y entiendan que las cosas no están nada bien, porque sus fallos dejaron de ser jurídicos y se convirtieron en fallos políticos.

“Los ciudadanos tienen que protestar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que hoy le jala las orejas al Presidente por haberse inmiscuido tempranamente en la campaña política pero que cuando se metió a hacer propaganda para el TLC y violó la tregua, ahí no pasó nada”, recordó Rodrigo Cabezas, uno de los organizadores del movimiento.

Otra de las manifestaciones de repudio deberían darse, según los promotores, contra la jerarquía de la iglesia católica costarricense, “es vergonzoso que se han hecho prestamistas y que sean dueños del 25% de las acciones del grupo SAMA y que no tengan vergüenza de pedir limosnas cuando uno va a un entierro”, agregó.

Mientras que los cristianos deberían manifestarse por los ¢90 millones del presupuesto nacional que iba a recibir su representante en la Asamblea Legislativa a cambio de su apoyo al TLC.


QUE SOSTO RENUNCIE

Aunque la convocatoria está hecha para las 10 de la mañana, se calcula que los primeros manifestantes llegarán con sus pancartas, mantas y demás consignas desde las 9. Las actividades culturales tampoco estarán ausentes en la actividad.

“Ahí también vamos a explicar el nivel de indignación que tenemos, las razones y las peticiones para que se vaya Federico Sosto y que se vayan todos, por supuesto que cuando decimos todos hablamos de los corruptos”, aclaró Flora Fernández, otra de las organizadoras.

La concentración también será una manifestación de apoyo a los jueces “ya para que los jueces salgan a manifestarse es porque hay cosas que la opinión pública no conoce”, acotó Isabel Ducca. A lo largo del mes de la patria se darán otro tipo de actos para protestar por las decisiones de los magistrados.

Como dato curioso, el 30 de setiembre se cumplirán 148 años del fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras, coincidiendo con la fecha en la que debe estar aprobado el TLC con los Estados Unidos.


Fuente DiarioExtra.com

Imagen Costa Rica Solidaria


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Jurista Wálter Antillón: El presidente Arias tiene controlados los poderes

• La Corte Suprema de Justicia prefiere hacer las cosas en la oscuridad, afirmó el jurista Wálter Antillón, en torno al caso del magistrado Federico Sosto.

Eduardo Ramírez Flores, redactor


Para el jurista Walter Antillón Montealegre, el magistrado Federico Sosto es un hombre del riñón del Poder Ejecutivo "¿Cómo va creer uno que un hombre así puede ser un juez imparcial?", cuestionó.

Con gran habilidad y persistencia, el mandatario Óscar Arias ha logrado en los últimos años el nombramiento de personas que defiendan sus intereses en los distintos poderes de la República, aseguró el jurista y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica (UCR), Wálter Antillón Montealegre.

Para el renombrado jurista, la división de poderes actual es tan inexistente, que cualquier cosa que hace el Poder Ejecutivo es correcta y por eso no es de extrañar que la Corte Suprema de Justicia haya rechazado indagar las actuaciones cuestionadas del magistrado suplente Federico Sosto López.

Antillón Montealegre, quien impartió lecciones de derecho público y constitucional en la UCR, advirtió que "si el Poder Judicial no es un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo, el país está entregado". A continuación se ofrece un resumen de la entrevista que este Semanario le realizó el pasado 24 de julio.


¿Qué piensa de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de no investigar las denuncias contra el magistrado Federico Sosto López?

-Es una muestra más de la fuerte influencia de los intereses del Poder Ejecutivo en la Corte, del dominio total que tiene ahora sobre los demás poderes.

Hace algunos meses habíamos planteado el tema de la recusación del magistrado Sosto, porque era evidente que él había tomado partido a favor del TLC, entonces iba a votar todos los proyectos de la agenda complementaria de manera favorable a las tesis del Gobierno.

En aquel tiempo -cuando planteamos recusaciones, inconstitucionalidades y nulidades que la Corte rechazó- ignorábamos que Sosto estuviera hasta tal punto involucrado con el Gobierno, que incluso era su consejero. Esto es el colmo.

La doctrina internacional de los tribunales es sumamente rigurosa. Un juez, con solo que sea sospechoso de favorecer la tesis de una de las partes, no puede seguir, y todo esto le ha sido expuesto a la Corte en distintos recursos; pero, hasta ahora todo lo ha rechazado.


¿Cree que había razones suficientes para que la Corte abriera una investigación sobre si el comportamiento de Federico Sosto se ajustaba a derecho?

-No había mucho que investigar. Todo estaba bastante claro. Con las declaraciones que dio Sosto en los periódicos, quedaba clarísimo que es una persona fuertemente vinculada con el Poder Ejecutivo, y esto lo desautorizaba como juez.


¿Qué opinión le merece el hecho de que la Corte declarara secreta la sesión en que analizó ese caso ?

-Esto es parte de lo mismo. Es el miedo a confrontarse con la gente. La Corte prefiere hacer estas cosas en la oscuridad. Todo esto es muy significativo: la falta de trasparencia de los poderes; cada vez se van haciendo más opacos.


¿Deben ser abiertas al público las sesiones de la Corte Suprema?

-Sí. Creo que todas las actividades de los poderes públicos deben ser abiertas, salvo aquellas cosas que atañen a la seguridad del Estado. Aparte de unas pocas cosas, todo lo demás tendría que ser ventilado frente al pueblo.

El gran problema es que seguimos actuando como si los poderes del Estado estuvieran legitimados en sí mismos, y en realidad estos son una delegación del poder soberano, del pueblo.


En su opinión como jurista de larga experiencia, ¿es correcto que un magistrado suplente o titular brinde asesorías gratuitas o remuneradas a particulares?

-Un magistrado suplente puede ser un abogado litigante; pero, nunca puede ser un juez en los casos en que de algún modo intervengan sus clientes, sus patrocinados. En el caso de Sosto, él había participado públicamente a favor del sí al TLC, y ya con solo eso pensábamos nosotros que tenía que separarse de la Corte.

Luego el periódico La Nación reveló que estaba como asesor del Presidente en una reunión con la Contraloría General de la República. Es decir, es un hombre del riñón -digámoslo así- del Poder Ejecutivo, un hombre de su plena confianza. ¿Cómo va creer uno que una persona así puede ser un juez imparcial, cuando están de por medio los intereses que el Poder Ejecutivo ha prohijado en esta legislación?


El magistrado suplente Sosto ha dicho en su defensa que sus nombramientos en la Sala Constitucional no llegaban a los tres meses y que por eso no incumplía la Ley Orgánica de la Corte. ¿Le parece a usted que el Poder Judicial se ha prestado para acomodar dichos nombramientos a conveniencia de diversos intereses?

-Creo que eso está clarísimo. Los cargos de suplentes son sorteados. ¿Cómo va a ser que siempre salga Sosto, habiendo tantos otros suplentes? Y no solo eso, sino que lo sortean por un tiempo menor a los tres meses, para eludir precisamente la regla que lo obligaría a cerrar la oficina (la atención privada), y esto lo hacen constantemente, desde el retiro del magistrado Luis Fernando Solano.

Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una evidente intención de que sea Sosto el que esté allí. ¿Y esta intención de dónde viene? Resulta que él es asesor del Poder Ejecutivo. Todo eso...¡Dios mío, está gritando la verdad!


En su criterio, ¿existe la división de poderes que estipula el artículo 9 de la Constitución Política?

-Creo que de hecho, Óscar Arias -con gran habilidad y persistencia- desde hace muchos años ha ido metiendo mano en este asunto, para conseguir que elijan personas cercanas, que defiendan sus intereses en todas partes e incluso el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Entonces, en este momento él tiene un verdadero control.

Cualquiera se da cuenta, porque todo lo que hace el Poder Ejecutivo es correcto. Todo lo que planteamos los opositores es rechazado, en todas las instancias: perdemos en la Asamblea Legislativa, perdemos en la Corte, perdemos en el TSE. ¿Cómo va uno a creer que en la Corte, una mayoría de cinco personas declaran que el TLC -con unas 2.600 páginas y unas 3.000 normas jurídicas- no presenta ni un reproche de inconstitucionalidad? Eso es absolutamente inverosímil.


¿Han convertido los últimos gobiernos la contratación de consultorías en una forma de corrupción legal?

-Tengo la impresión de que en este caso se ha usado el recurso del Banco Centroamericano de Integración Económica para eludir controles, porque esos dineros donados tienen que ingresar a la caja del Estado y ser sometidos a las regulaciones que sobre el gasto ejerce la Contraloría General de la República.

No puede haber excepciones, y claro que el recurso de todas estas contrataciones secretas, que no pasan por ningún control y no son transparentes, dan lugar a una serie de abusos. Habría que estudiar caso por caso. Algunas -a pesar de la irregularidad- podrían ser buenas y provechosas a los intereses públicos, pero habrá otras que no.


En el manejo de la administración pública, ¿hay problemas por una legislación obsoleta o está fallando la ética de los funcionarios?

-Creo que la legislación que tenemos es suficiente; el problema es sí no se aplica. Y en esto estamos pegados, porque aquí es donde se nota el enorme valor que tiene el contralor judicial. Si existe un Poder Judicial fuerte, independiente, tiene que ser un contrapoder respecto de los otros poderes. Si el Poder Judicial no es un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo, el país está entregado, estamos en manos de un solo poder.


¿Se justifica que los gobiernos contraten asesorías o estas son parte del botín político que siempre se reparten en las distintas administraciones?

-Me parece que las consultorías pueden ser contratadas si se observan las prescripciones legales. En los casos mencionados, podría haber ocurrido que algunas fueran parte de un botín político. Desgraciadamente, los políticos todavía funcionan -especialmente los de partidos tradicionales- a base de clientelismo: "al que me ayuda lo ayudo".


¿Qué opinión le merece lo dicho (diario La Nación, 24 de julio) por el presidente de la Corte Suprema de Justicia -Luis Paulino Mora- quien al justificar el rechazo a indagar el comportamiento del magistrado Sosto afirmó que: "No soy un juez ético, sino de legalidad"?

-Es complicado hacer esas separaciones. Naturalmente que uno como juez tiene que atenerse al derecho; pero, el derecho tiene un contenido ético. La interpretación del derecho debe tener un contenido ético. Uno tiene que insuflar la ética en la interpretación de la Constitución, por ejemplo. Uno no puede hacer una interpretación contraria a la ética. Esos divorcios no suenan bien.


Fuente Semanario Universidad
Sección PAÍS. Edición 590. Año XII

Foto Nurya Rodríguez


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Réquiem para la transparencia y la imparcialidad del Poder Judicial

Por Albino Vargas Barrantes*

Por una mayoría endeble, doce magistrados de Corte Plena definieron la suerte de la transparencia y de la imparcialidad del Poder Judicial. Le dieron luz verde al régimen Arias Sánchez para que éste pueda, de ahora en adelante, “consultar”, “gratuitamente”, a magistrados constitucionales (suplentes o no), sobre temas del interés del dúo presidencial que se tramitan en sede judicial.

Es evidente el papel que ha jugado el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, quien realmente ejerce la Presidencia de la República en lo cotidiano, propiciando el alineamiento del Poder Judicial, para acomodarlo al diseño estratégico del nuevo modelo de Estado que luego de aprobado el TLC, se le ha de imponer al pueblo costarricense.

De esa mayoría endeble de magistrados (12 contra 10), al menos dos de ellos tienen vencimiento este año en sus altos cargos de jueces a nivel de magistratura, luego de que en sus respectivos momentos, el PLUSC los eligiera para esos elevados puestos en el Poder Judicial.

Aunque en Corte Plena se vota de manera secreta, esperamos que se tenga acceso a las grabaciones de las argumentaciones que cada uno de sus 22 magistrados emitiera para razonar su voto y determinar, por ejemplo, si en esos dos casos la lealtad partidaria con el PLUSC habría imperado por sobre la Constitución, como ya suele pasar de manera cotidiana en otras esferas de la institucionalidad.

Réquiem por la transparencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Efectivamente, para una creciente mayoría ciudadana, resultará imposible de olvidar la fecha del 21 de julio de 2008. La división de poderes llegó a su fin, luego de un sostenido proceso de perversión, a partir del mismo momento en que ese Poder Judicial y, específicamente, su tribunal constitucional, impusieron la reelección presidencial, aboliendo la soberanía del parlamento que era el único poder con potestad para un cambio institucional de semejante calibre.

El orden constitucional está roto. La filosofía del humanismo cristiano que anima la maltrecha Constitución Política que formalmente todavía existe, comprometida con la promoción del bien común, ha sido sustituida por la promoción de negocios, algunos lícitos y otros no tan lícitos, como eje central de la política pública, a partir de lo sucedido ayer en Corte Plena. Por increíble que parezca, la subversión de ese orden constitucional, nació de las mismas entrañas de la institucionalidad diseñada para preservarlo.

La tarea estratégica que se tiene por delante está más que clara. Se requiere de una nueva democracia que tenga como uno de sus principales objetivos, la liberación de la institucionalidad secuestrada. La subversión constitucional necesita ser combatida por una ciudadanía militante y patriota, verdaderamente unificada en la diversidad. La imperiosa necesidad de una articulación con vocación de poder está a la orden del día.

Pensamos que de ello todos tenemos claridad; sin embargo, es en la concreción donde debemos centrarnos para gestar esa unidad patriótica que clama por la restauración de la república, hoy pulverizada con olor a dados y cartas marcadas. La lógica política de los casinos llegó hasta las entrañas del poder constitucional.

No caigamos en la trampa de creer que el pleito en la cúpula oligárquica es de fondo. Ellos están de acuerdo con la conversión de la institucionalidad republicana, otrora promotora del bien común, en una institucionalidad de, para y por los negocios con la cosa pública.

A fin de cuentas, lo de la chequera secreta de los hermanos Arias es un asunto de poca monta, es una bagatela, comparado con lo que se jugaba ayer en Corte Plena, al punto de que la incidencia del Ministro de la Presidencia llegó al máximo cinismo político al dictar, abiertamente, línea política al Poder Judicial. El tuteo con que Rodrigo Arias Sánchez le habló, públicamente, a Federico Sosto López, es una acción simbólica que muestra el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Pese a tal descalabro, pese a la indignación y el enojo, diez magistrados nos muestran que los valores de decencia política están en la base de nuestra idiosincrasia y en nuestra convicción de que la democracia es un valor supremo.

Jamás perderemos nuestra capacidad de soñar y jamás perderemos la confianza en que el nuevo orden republicano está por llegar, cuando los proxenetas de la institucionalidad sean desalojados del sagrado templo de la democracia.


*Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)


Fuente DiarioExtra.com

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Estas son fotos de la actividad realizada frente a la Sala Constitucional donde se exigió la renuncia del magistrado suplente de la Sala Cuarta Federico Sosto.

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Exigen renuncia de Magistrado Sosto López

• Otro golpe artero a la democracia

• Magistrado suplente asesora al régimen de los hermanos Arias Sánchez

Con indignación y consternación, hemos recibido la noticia de que el magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, señor Federico Sosto, asesora al dúo presidencial Arias Sánchez.

Este hecho bochornoso nos viene a confirmar, como un nuevo elemento más, lo que ya es una dolorosa constatación para miles y miles de compatriotas de nuestro país: la institucionalidad democrática está secuestrada y ha sido puesta al servicio de los más mezquinos intereses que persigue la implementación del modelo neoliberal.

El Estado Social de Derecho recibe un nuevo ataque por parte de la clase política tradicional; en momentos en los cuales desde la propia Casa Presidencial, se promovió el desarrollo de una estrategia de manejo de recursos públicos sumamente cuestionable, desde el punto de vista de la transparencia y del respeto a la institucionalidad jurídica vigente en la materia.

Estamos de cara a la más grave evidencia pública, jamás vista antes, del socavamiento del principio constitucional de la división de poderes; profundizando aún más la creciente desconfianza ciudadana en el Poder Judicial y sobre la independencia de sus decisiones en los más altos niveles de la judicatura.

La perversa realidad del fin del concepto y de la práctica republicana de la división constitucional de poderes, se viene profundizando desde que la Sala IV autorizó la reelección presidencial, pisoteando al parlamento al anular las competencias al respecto de la Asamblea Legislativa; la instauración de la coalición oficialista de 38 diputados con la venia judicial para el establecimiento de cambios parlamentarios violentándose el reglamento legislativo; y la parcialidad manifiesta del tribunal electoral a favor del oficialismo gubernamental en el referéndum sobre el TLC.

El Magistrado Sosto, con su confesión descarada de que es asesor de la Casa Presidencial, debe renunciar inmediatamente. La Corte Plena debe responder ante el país. Se ha posicionado una gigantesca sospecha de que el caso del Magistrado Sosto no es aislado, es decir, que podría él no ser el único de su clase que ha estado respaldando las decisiones del poder político de turno, en aras de los intereses de negocios por éste representado en los actuales momentos.

Demandamos la nulidad de todos aquellos fallos de la Sala IV tramitados en el período en que el señor Sosto ha fungido como magistrado suplente de esta instancia constitucional. Su sola presencia indirecta en el devenir de la tramitación de proyectos y consultas polémicas, como las relacionadas con el TLC, arroja una sombra de total oscuridad sobre la transparencia del Poder Judicial y de dicha sala en particular, por más que diga haber estado apartado de decisiones polémicas como las de telecomunicaciones y de obtenciones vegetales.

El Parlamento, o por lo menos los sectores más sanos y patrióticos del mismo, debe asumir una posición radicalmente fuerte para pedir cuentas sobre este desafortunado episodio de perversión de la institucionalidad republicana. El parlamento, herido en su soberanía cuando fue anulado en materia de reelección presidencial, hoy, también recibe un duro golpe que no puede dejar pasar desapercibido.

Hoy, la sensación de que hay una ciudadanía indefensa ante los abusos de poder que estamos presenciando, en todas sus formas, obliga a la más grande unidad de todas las fuerzas de todos los sectores preocupados por este grave deterioro de la institucionalidad ante episodios como el que hoy estamos condenando. Las organizaciones que representamos estamos en la mejor buena voluntad de aportar para tal unidad en esta hora difícil de la Patria.

San José, 10 de julio de 2008.


Jorge Muñoz Campos
FIT-ICE

Luis Ángel Serrano Estrada
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Alonso Araya Fuentes
ASDEICE-FIT-ICE

Albino Vargas Barrantes
ANEP

Edgar Morales Quesada
Plataforma Sindical Común Centroamericana-Costa Rica (PSCC-CR)

Luis Chavarría Vega
UNDECA



Fuente ANEP


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Frente Amplio solicita separación de ministro Arias y director del BCIE Ortuño

San José, 10 de julio de 2008

JMR-JFFA-189-2008

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica

S.D.

Estimado don Oscar:

Conocidas públicamente las denuncias sobre los manejos de fondos donados por Taiwán, por un monto de $1.5 millones y girados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, optó por el retiro temporal del cargo, mientras las investigaciones de la Contraloría General de la República continúan. Usted ha aceptado dicha decisión "con la compresión de un amigo y la aprobación de un Presidente".

Como es de su conocimiento la opinión pública también ha sido alertada sobre hechos de gravedad igual o superior, en relación con el manejo de fondos no reembolsables del BCIE por un monto de $2 millones, para servicios de consultorías de Casa Presidencial, separándose del criterio de la Procuraduría General de la República sobre el uso de "unidades ejecutoras".

No cabe duda que estos fondos externos se habrían utilizado en consultorías durante el proceso del referéndum para decidir sobre el TLC, que se tradujeron en campañas de infamias y mentiras contra personas, organizaciones y partidos de la oposición.

El responsable político por el manejo de estos fondos del BCIE, con ocultamiento a la sociedad, es el ministro de la Presidencia, don Rodrigo Arias. Esperaría que respondiendo a consideraciones éticas usted solicite a don Rodrigo la separación de su cargo, mientras las investigaciones pertinentes finalizan, "con la comprensión de un hermano y la aprobación de un Presidente".

Igualmente le ruego analizar la conveniencia de retirar al señor Alfredo Ortuño la condición de director por Costa Rica en el BCIE, dado el desprestigio y pérdida de credibilidad que puede sufrir el país, en virtud del aparente manejo familiar de negocios a través de su representación, sumado a la intervención en los asuntos mencionados anteriormente.

Mucho agradezco de antemano la cortesía de su respuesta,

José Merino del Río
Diputado, Fracción Frente Amplio


Caricatura Mecho

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Por favor... ¡váyase!

Por: Iris Zamora Zumbado

Nuestra capacidad de asombro se ha agotado… Una nota del periodista Alvaro Murillo, en el periódico La Nación, sobre la participación de un alto juez constitucional de la República en asesorías jurídicas gratuitas al Poder Ejecutivo, más sus “ingenuas” declaraciones en las que acepta la recurrencia en dichas asesorías, nos recuerdan que éste país camina irremediablemente hacia el barranco.

El magistrado suplente de la Sala Constitucional, Federico Sosto López, ha participado como Magistrado propietario en asuntos relacionados con la tramitación de la Agenda de Implementación del TLC. Su voto han sido determinante en consultas sobre el polémico proyecto comercial, que el gobierno de la República ha sido su principal promotor.

¿En qué queda la institucionalidad cuando un magistrado frecuentemente asiste al Poder Ejecutivo como asesor ad-honoren y más tarde se cambia el traje, regresa a la sala de sesiones del órgano constitucional y dicta fallos que cambian incluso la naturaleza de instituciones públicas como los monopolios estatales?

La credibilidad de las Instituciones Públicas y de los funcionarios públicos cada día se debilita más; con ello la democracia electoral, siendo sin duda nuestro mayor peligro, aun más que la desigualdad, la injusticia social, exclusión, o la inseguridad ciudadana.

La independencia de poderes tiene una fuerza superior que no solo nace de la teoría social, es que resulta fundamental para que la democracia opere, es vital para evitar la concentración del poder que da paso a las dictaduras o a regímenes totalitarios.

Fuente: Tribuna Democrática

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El suscrito diputado Oscar López denuncia:

Magistrado suplente de la Sala Constitucional fue miembro de la junta directiva de LAICA y compañero de Rodrigo Arias Sánchez.

PRIMERO: El pasado 19 de febrero según se informó, el magistrado suplente de la Sala Constitucional Federico Sosto manifestó que se abstendría de votar la consulta sobre el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, por incluir aspectos del procedimiento parlamentario sobre los que con anterioridad externó criterio.

SEGUNDO: El magistrado suplente Federico Sosto SÍ poseía impedimento para conocer y votar sobre el proyecto de Obtenciones Vegetales conforme al artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que:

Según consta en La Gaceta N. º 22 de 2 de febrero de 2004, el señor Federico Sosto fue nombrado como Director Suplente de la Junta Directiva de la Liga Industrial de La Caña (LAICA), para el período de 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 y su compañero de Junta Directiva en ese período en condición de Secretario fue el señor Rodrigo Arias Sánchez, actual Ministro de la Presidencia.

TERCERO: Tanto el señor Rodrigo Arias Sánchez como Federico Sosto representaron en dicha Junta al sector azucarero, es decir, fueron designados por ingenios de rango superior según el artículo 25 de la Ley N.º 7818, Ley Orgánica de Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar.

CUARTO: Para nadie es un secreto, que LAICA está compuesta por uno de los sectores que ganarán mas dinero con el TLC, además fue público que sus agremiados invirtieron millonarias sumas en la campaña Presidencial de Oscar Arias Sánchez y en la campaña del referéndum a favor del SÍ al TLC.

QUINTO: Más grave aún representa el interés directo que posee LAICA con la aprobación de la Ley de Obtenciones Vegetales, pues mediante su dependencia DIECA (DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR) podrá proteger variedades de caña y semilla, según lo manifestó el propio Director Ejecutivo de LAICA en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa quien dijo: “Nada más para aclarar la parte de DIECA, hay otro elemento importante que agregar aquí, que es el tema de propiedad intelectual, o sea, nosotros cuidamos mucho la parte de propiedad intelectual y por medio de DIECA, con los convenios internacionales que se firman con los diferentes organismos que hay....”

SEXTO: Todo lo anterior hacer saltar a la vista, de manera fehaciente, que el Magistrado Suplente de la Sala Constitucional, debía abstenerse de conocer la Consulta de constitucionalidad sobre la Ley de Obtenciones Vegetales. Esta nueva denuncia del suscrito Diputado, pone en entredicho la trasparencia y objetividad de las decisiones de trascendencia política que debe de adoptar la Sala Constitucional.

Oscar López
Diputado PASE


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Magistrado de "SI al TLC” decide votación sobre Ley UPOV

• Diputado Merino considera nula la sentencia

La participación del magistrado suplente Federico Sosto López en el análisis de constitucionalidad del proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, fue cuestionada por el Diputado José Merino del Río, por haber participado dicho juez activamente a favor del "Sí al TLC", durante la discusión pública de este Tratado.

El legislador del Frente Amplio citó como ejemplo de parcialidad el artículo "Más allá del TLC", publicado en La Nación del lunes 15 de enero del 2007, y firmado por el Licenciado Sosto López, en conjunto con los abogados Alan Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, todos miembros activos de la campaña del "Si", y uno de ellos asesor de la Casa Presidencial.

Según el Diputado Merino, el magistrado suplente debió abstenerse de participar como administrador de justicia para el conocimiento de este proyecto de ley y, en adelante, debe hacerlo en cualquier otro que sea parte de la llamada agenda de implementación del TLC

Para leerlo completo aquí

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