Por: Iris Zamora Zumbado
Nuestra capacidad de asombro se ha agotado… Una nota del periodista Alvaro Murillo, en el periódico La Nación, sobre la participación de un alto juez constitucional de la República en asesorías jurídicas gratuitas al Poder Ejecutivo, más sus “ingenuas” declaraciones en las que acepta la recurrencia en dichas asesorías, nos recuerdan que éste país camina irremediablemente hacia el barranco.
El magistrado suplente de la Sala Constitucional, Federico Sosto López, ha participado como Magistrado propietario en asuntos relacionados con la tramitación de la Agenda de Implementación del TLC. Su voto han sido determinante en consultas sobre el polémico proyecto comercial, que el gobierno de la República ha sido su principal promotor.
¿En qué queda la institucionalidad cuando un magistrado frecuentemente asiste al Poder Ejecutivo como asesor ad-honoren y más tarde se cambia el traje, regresa a la sala de sesiones del órgano constitucional y dicta fallos que cambian incluso la naturaleza de instituciones públicas como los monopolios estatales?
La credibilidad de las Instituciones Públicas y de los funcionarios públicos cada día se debilita más; con ello la democracia electoral, siendo sin duda nuestro mayor peligro, aun más que la desigualdad, la injusticia social, exclusión, o la inseguridad ciudadana.
La independencia de poderes tiene una fuerza superior que no solo nace de la teoría social, es que resulta fundamental para que la democracia opere, es vital para evitar la concentración del poder que da paso a las dictaduras o a regímenes totalitarios.
El énfasis es nuestro
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