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Una democracia decapitada

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Por Walter Antillón*

Hagamos un ejercicio de memoria en esta coyuntura angustiosa: bien se dice que ignorar el pasado es condenarse a repetir sus errores.

Jacobo Arbenz fue un militar de carrera con una brillante hoja de servicios:
a la edad de treinta años presidió la Junta Militar que en 1944, tras la caída del dictador Jorge Ubico; hizo aprobar la nueva Constitución de Guatemala; celebró elecciones libres y democráticas y entregó el poder al Presidente escogido por el pueblo, doctor Juan José Arévalo.

Seis años más tarde (1951) el coronel Arbenz era elegido Presidente de la República, con el 62% de los votos del pueblo guatemalteco.

Entre las de América Central, la población de Guatemala es la que ha mantenido, y ostenta aún, las más acentuadas diferencias de clase y la mayor brecha económica:
plausibles razones para explicarnos por qué, de un período de noventa y tres años de la historia de dicho País (de 1851 a 1944), sesenta corresponden a las cuatro dictaduras de Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico; por qué en los treinta y tres años restantes de dicho período, unos pocos presidentes legalmente elegidos aparecen entreverados con abundantes golpes, pronunciamientos e intervenciones militares. Y también explica por qué entre 1944 y 1982 el poder político rebotó una y otra vez en las manos de siete juntas militares.

¡Dios los cría y el diablo los junta! En 1901, bajo los auspicios de la Embajada de los Estados Unidos y del tirano Estrada Cabrera, se establece en Guatemala la United Fruit Company. Empresa que en las décadas siguientes estaría llamada a ejercer una influencia agobiadora en varios países centro y sudamericanos y del Caribe; y que en el caso de Guatemala, se va acentuando a medida que transcurren las primeras cuatro décadas del Siglo XX, al punto de que al terminarse la 'Era de Ubico' (1931-44) la United Fruit había logrado acaparar el 42% de la tierra cultivable.

En medio de esa rutina de brutalidad, degradación y corrupción que amaga la historia de Guatemala, la presencia de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz en el gobierno, abre un paréntesis luminoso que dura menos de diez años, pero está lleno de enseñanzas:

1) En los seis de su gobierno (1945-51) y al abrigo de aquella pausa que precedió a la Guerra Fría, Arévalo promulgó el Código de Trabajo, fundó la Seguridad Social, introdujo la educación al campo mediante una vigorosa campaña de alfabetización, proclamó la autonomía universitaria, implantó el voto femenino; y 2) Esa obra alfabetizadora, civilizadora y dignificadora fue continuada y profundizada por Arbenz, ya en plena Guerra Fría y en lo más crudo de la cruzada 'maccartista', (entre 1951 y 1954). Arbenz construyó además la central eléctrica de Escuintla, la autovía al Atlántico (para comunicar ambas costas con carreteras nacionales) y el puerto de Matías de Gálvez, en Izabal. Pero la obra principal del gobierno de Arbenz, la base principal de su proyecto revolucionario fue su reforma agraria, dirigida a expropiar los latifundios para abrir oportunidades al campesinado pobre.

Ahora bien, resulta que la nueva carretera perjudicaba al ferrocarril propiedad de la United Frut; el nuevo puerto perjudicaba el monopolio portuario de la United Fruit en el Atlántico; y la reforma agraria afectaba 600 kilómetros cuadrados de latifundios de la United Fruit, que serían entregados a miles de campesinos.

Ergo: Arbenz era comunista.

En pleno reinado del 'maccartismo', el Departamento de Estado y la CIA iniciaron una poderosa ofensiva militar y diplomática dirigida a aislar, desprestigiar y aplastar al gobierno de Arbenz; e implantar otro que respondiera a los ideales de entreguismo, venalidad y sometimiento propios de las naciones soberanas y democráticas de América Latina. Para ello contaron con la ayuda de los héroes y próceres de la Región: Anastasio Somoza de Nicaragua, Rafael Leonidas Trujillo de República Dominicana, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela; y reclutaron como jefe del complot al oscuro ex-militar guatemalteco Carlos Castillo Armas, autor de un golpe fallido contra el gobierno de Arévalo y con vínculos en el ejército usano, quien a la sazón vivía olvidado en Tegucigalpa.

El ataque al gobierno legítimo de Guatemala, que el presidente Eisenhower y su vicepresidente Nixon no se molestaban en ocultar, fue preparado cuidadosamente con dos años de antelación, y en él participaron los mejores expertos en organización y tácticas militares, espionaje, desestabilización y sedición de la CIA y el Ejército de los Estados Unidos.

Los bellacos John Foster Dulles (Secretario de Estado), Allan Dulles (Director de la CIA) y Henry Cabot Lodge (Embajador ante la ONU), -accionistas, los tres, de la United Fruit Company- flanqueados por un grupo de congresistas, senadores y funcionarios; y con el apoyo de la gran prensa norteamericana, desataron una prolongada y furibunda campaña para convencer al mundo entero de que el gobierno de Arbenz se había entregado a la Unión Soviética; que estaba en marcha un plan para la toma de América Latina por el comunismo; y que en los puertos de Guatemala se preparaban los submarinos soviéticos que tomarían el Canal de Panamá.

La United Fruit Company y muchos latifundistas y empresarios guatemaltecos juntaron una ingente millonada de dólares para financiar la operación. El embajador norteamericano John Peurifoy coordinó la operación 'in situ', viajando constantemente de Guatemala a Tegucigalpa, Managua, Caracas y Santo Domingo. Pagado a precio de oro se contrató un cuerpo de oficiales y se reclutó y se concentró en Tegucigalpa una soldadesca pergueñada entre desertores, exiliados y aventureros de todos los rincones de América, al mando de Castillo Armas pero bajo la supervisión de oficiales norteamericanos. Los Estados Unidos proporcionaron los pilotos y los aviones de guerra más modernos, repintados para tratar vanamente de ocultar su origen y pertenencia.

¡La fecha de la invasión fue anunciada! El 18 de junio de 1954, fuertemente armados y respaldados por una poderosa campaña de alarmantes informes y falsos partes de guerra que llovían desde los aviones sobre suelo guatemalteco, los cuatrocientos mercenarios de Castillo Armas penetraron por las fronteras de Honduras y El Salvador ...y fueron fácilmente derrotados por el Ejército nacional; pero los diarios bombardeos de la aviación yanqui sobre la capital y los puertos y sobre algunos objetivos militares; las noticias de la inminente intervención de los 'marines' norteamericanos; la complicidad de la OEA y la impotencia de la ONU; y finalmente algunos signos de desaliento y conatos de deserción de parte del Ejército, hicieron que el 27 del mismo mes el presidente Jacobo Arbenz abandonara su cargo y se exiliara en México.

La brillante operación “Sucess”, como se le llamó, ha terminado exitosamente. Con la mediación del embajador Peurifoy, el Ejército guatemalteco entregó el mando al traidor Castillo Armas, quien de inmediato fue reconocido por Estados Unidos como presidente legítimo. Naturalmente que Castillo inició su gobierno con una feroz represión contra estudiantes, obreros, campesinos e intelectuales (unos diez mil hasta 1955 habían sido asesinados o encarcelados); y tratando de borrar las huellas del paso de aquellos egregios estadistas: quinientos cincuenta y tres sindicatos fueron declarados fuera de ley; el Código de Trabajo fue mutilado; quedaron sin efecto muchos otros proyectos del régimen derrocado, y en primerísimo lugar la reforma agraria, con expulsión de los campesinos y devolución de las tierras a sus antiguos dueños.

En 1956 el gobierno usano recibe a Castillo Armas como un héroe; la Universidad de Columbia llega hasta otorgar un doctorado 'honoris causa' a semejante burro, provocando la protesta de muchos académicos; entre ellos el gran novelista venezolano Rómulo Gallegos (Doña Bárbara, Canaima), quien repudia públicamente su propio doctorado, conferídole poco tiempo antes por la misma Universidad.

¿Después? Una guerra de más de treinta años sostenida por un pueblo guatemalteco que no quería olvidar su efímera vivencia democrática, contra un ejército y unos escuadrones de la muerte asesorados y fuertemente financiados por la CIA y el ejército de los Estados Unidos. Durante ese largo período se produce el exterminio selectivo de la intelectualidad progresista de Guatemala, y una gradual militarización de las instituciones: el Ejército está detrás de todo gobierno, y nada en el plano institucional puede hacerse sin su concurso.

Pero por otra parte es innegable que los años de la insurgencia han alimentado el resurgir de la conciencia de amplios sectores populares; y una muestra de ello es el triunfo electoral de Álvaro Colom y de Mauricio Funes. La paz en Guatemala y El Salvador es hoy un silencioso pulso que, con el tiempo, el pueblo terminará por ganar. Y creo que no es distinto para Honduras: la actual supremacía de las fuerzas armadas, y la cultura y la parafernalia del golpismo militar están intactos allí como lo están en los otros países, pero también aquí el pueblo se ha hecho presente.

Ahora bien: esos ejércitos, como los de muchos otros países, dependen esencialmente del apoyo norteamericano. ¿Cuál será, en este campo, la política de la nueva administración? ¿Continuará ese apoyo como hasta ahora? ¿Seguirán educándose los militares de latinoamericanos en la malfamada Escuela de las Américas? ¿Tendrá Obama la fuerza moral y política de alterar ese estado de cosas?

De ahí la importancia de sumar todas las voces hasta que seamos oídos:
debemos hacer los esfuerzos necesarios para que el golpe de Estado en Honduras no prevalezca. Y para ello es preciso en primer lugar que todas las fuerzas progresistas de América Latina presentes en la OEA, y todos los Estados democráticos del Mundo presentes en la ONU emplacen a los Estados Unidos para que sume inequívocamente su poder y su influencia a los de una comunidad internacional que rechaza aquel golpe de Estado (y todo otro intento ilegítimo de detener la marcha democrática de nuestros pueblos) y exige el regreso a la institucionalidad democrática en Honduras y el castigo sin remisión de los golpistas.


*Grupo Soberanía


Fuente Nuestro País

Imagen El Roto


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Técnica del Golpe de Estado

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Por Walter Antillón

En un libro publicado en 1931, que tituló precisamente "Técnicas del golpe de Estado", Curzio Malaparte afirmaba que el golpe de Estado no es un fenómeno político, sino una actividad de carácter técnico, perteneciente al dilatado dominio de las técnicas de toma y conservación del poder.

Pero ¿qué es un golpe de Estado? Un autor clásico lo define sintéticamente como “una medida violenta e ilegal, tomada desde el gobierno para determinar un cambio en el Estado” (A. Brunialti <1897>, Vol. VII, 2). Se trata entonces de una operación ilícita que se realiza desde arriba, es decir, desde los aparatos de poder, y ordinariamente se dirige contra el titular legítimo del órgano estatal más conspicuo: el poder ejecutivo (salvo el caso del “auto-golpe”), con el objeto de eliminarlo o neutralizarlo para alterar o modificar la estructura del Estado; o simplemente con el objeto de sustituir a dicho titular. Otros lo caracterizan además por la forma secreta de su preparación y la forma rápida y violenta (a menudo cruenta) de su ejecución (V. Gueli <1960>, Vol. VII).

Entonces ¿tendrá razón Malaparte? Parece evidente que para el éxito de la operación golpista, la utilización de los instrumentos del poder estatal (personas, armas, espacios, información, etc.) tendrá que obedecer a las dos 'reglas de oro' mencionadas: sigilo en la preparación, celeridad y eficacia en la ejecución; y a las tácticas conspirativas y militares más adecuadas, según el momento y el lugar. Una mera técnica, al servicio de cualesquiera fines que los autores se propongan.

Ahora bien, sabemos que en América Latina los golpes de Estado han obedecido generalmente a los intereses de las oligarquías (nacionales y transnacionales), y han sido ejecutados por las fuerzas armadas de los respectivos países: golpes para impedir los cambios proyectados en beneficio de las clases subalternas; o para deshacer los que ya se estaban implementando. Porque la aritmética oligárquica es obtusa y aberrante, pero clara: lo que beneficia al pueblo daña a la oligarquía; y lo que daña a la oligarquía se convierte en objetivo militar. Y por eso los altos mandos militares están ligados a la oligarquía, si no es que forman parte de ella.

(En cambio, en este retablo de infamia el destino más trágico es el del soldado raso o de baja graduación: sujeto a un sueldo mísero y a una dura disciplina, obediente a consignas obsoletas que repite sin entender, masacra a sus hermanos para defender los intereses de quienes lo menosprecian o lo ignoran).

Durante el Siglo XX y hasta la fecha sumamos cincuenta y cinco golpes de Estado en América Latina, donde por largo tiempo prevaleció aquella aritmética perversa representada por el eje “transnacionales-oligarquía-fuerzas armadas”. Durante ese tiempo la técnica se ha perfeccionado, gracias a la generosa y desinteresada ayuda de la CIA y de la Escuela de las Américas.

Eso se repite en gruesos caracteres en la historia de la República de Honduras: la segunda mitad del Siglo XIX y las tres primeras décadas del XX estuvieron jalonadas por golpes y contragolpes de Estado, hasta la llegada al poder, por vía electoral, del general Tiburcio Carías en 1932, cuyo mandato dura hasta 1949. Refundador y modernizador de las fuerzas armadas, amigo incondicional de los Estados Unidos y servidor de sus transnacionales, Carías pasa 17 años entre dictadura y 'dictablanda', para transmitir finalmente el mando a su antiguo pupilo Juan Manuel Gálvez. Después de esto, y a tono con la Guerra Fría, los militares dominan solapada o abiertamente el panorama político, excluyendo del poder a los presidentes electos que no convenían a sus intereses: Lozano Díaz en 1956, Villeda Morales en 1963.

De manera que la utilidad de Honduras para el Imperio ha sido proverbial: de Honduras partió la fuerza que derrocó al presidente Arbenz de Guatemala en 1954; allí se afincó por años la 'contra' que asedió a la Nicaragua sandinista.

Así las cosas, con Zelaya asistimos a la 'crónica de un golpe anunciado', a consecuencia de su clara y constante orientación de ejercicio del poder en beneficio de las clases populares. Al descontento creciente de las oligarquías, las transnacionales y 'la Embajada', sucedió la puesta en marcha del mecanismo golpista cuando el Presidente muestra sus intenciones de apoderar al pueblo con instrumentos de democracia directa. No hay tiempo que perder: se inventa una trama de ilegalidad del presidente; se le arma un mecanismo de descalificación entre la Corte y la Asamblea; los milicos ejecutan la decisión de la Asamblea, asesorada por la benemérita 'Embajada' y bendecida por el cardenal Rodríguez: Capturan a Zelaya, y lo sacan a Costa Rica siguiendo la última versión del manual de la CIA (recuérdese el reciente 'autoexilio' de Aristide).

Frente a este burdo y grotesco sainete, la reacción de las Asambleas Generales de la OEA y la ONU, máximos exponentes de la Comunidad Internacional, ha sido descalificar el golpe de Estado perpetrado contra el Presidente de Honduras (invalidez del acto viciado), y exigir su restitución en el cargo, eliminando así los efectos jurídicos y prácticos del golpe de Estado.

Obama y Clinton, invocando la paz y la conciliación, pero en realidad mirando por los intereses de sus transnacionales, buscan otra salida: en vez de exigir el cumplimiento de las decisiones de la Comunidad Internacional, propician salidas que dan protagonismo a los golpistas, con la complicidad de nuestro Presidente Arias, que obviamente sabía del plan golpista.

La misión ético-jurídica de Arias en la presente conyuntura tendría que ceñirse a ejecutar la voluntad de la Comunidad Internacional, vinculante para todos sus miembros: de donde las decisiones de la Corte de Justicia y de la Asamblea Legislativa de Honduras quedaron anuladas al decretarse la ilegitimidad del golpe; por ende, los actos de ejecución de las fuerzas armadas sobre la persona de Zelaya son ilegítimos; y la investidura de Micheletti es jurídicamente insubsistente, al igual que los nombramientos hechos por él. Tal es la situación, en términos de Derecho Internacional.

Así las cosas, el papel del Presidente Arias, como representante de un Estado miembro de la OEA y de la ONU, es el de mediar entre los protagonistas del conflicto para proponer una manera de liquidar los efectos del golpe, y restituir a Zelaya en el puesto en que los hondureños lo pusieron.

Si por el contrario nos empeñamos maliciosamente en entender que su mediación equivale a obligar a Zelaya a una transacción en la que está en juego su presidencia (lo que en realidad estaría en juego es la voluntad soberana de su pueblo), es decir, un arreglo, una transacción en la que él tendría que ceder algo de sus atribuciones a cambio de recuperar las restantes (aliquid datum et retentum) ello equivaldría a pisotear la voluntad del pueblo de Honduras, y la concorde voluntad de la Comunidad Internacional.

Porque no está en manos de Zelaya, como presidente legítimo, ceder parte de sus potestades constitucionales. ¿A qué pretenden que renuncie? ¿a su decisión de propiciar la convocatoria popular? O bien ¿tendría que aceptar la impunidad de los autores del delito de golpe de Estado? ¿Se resignaría a aceptar la supremacía de las fuerzas armadas rebeldes y golpistas sobre sus atribuciones presidenciales?

Si en vez de hacer respetar la voluntad de la Comunidad Internacional, la mediación de Arias va a poner en cuestión la investidura de Zelaya y sus atribuciones constitucionales, entonces nos va a quedar claro que sus intenciones son las de PERFECCIONAR EL GOLPE DE ESTADO, en el sentido de CERRAR Y CULMINAR EL CÍRCULO CUYA TRAYECTORIA SE ABRIÓ CON LA CONJURA GOLPISTA. Es decir, la maniobra subversiva de la oligarquía y los milicos completaría su arco si Arias, con el respaldo de la diplomacia usana, consigue forzar un acuerdo de esa naturaleza.

De ese modo tendríamos de nuevo a los EEUU faltando a su deber de respaldar las decisiones de la OEA y de la ONU, de las cuales dicha potencia es miembro fundador; y reafirmando su odiosa tradición de proteger por encima de pueblos y gobiernos, los intereses de sus propias transnacionales.


*Grupo Soberanía



Fuente Nuestro País

Imagen Allan Mcdonald


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¿Por qué soberanía?

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Por Walter Antillón, miembro del Grupo Soberanía

Los lectores de mayor edad recordarán tal vez que
a mediados de los ochentas del siglo pasado, algunos ciudadanos de clase media y nivel profesional decidieron reunirse periódicamente, por tiempo indefinido, a discutir acerca de los problemas nacionales e internacionales del momento, a fin de ofrecer a la comunidad puntos de vista informados e imparciales que ayudaran a estimular el interés por los asuntos públicos y la formación de un pensamiento crítico; buscando contribuir, por ese camino, a la mejor solución de aquellos problemas. Nació así el Grupo Soberanía.

La idea no era nueva:
cuarenta años antes había funcionado en San José el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, en donde habían templado su sensibilidad y sus conocimientos muchos jóvenes de entonces, destinados a ejercer una fuerte influencia en los destinos del País en el siguiente medio siglo. Pero a diferencia del Centro, el Grupo Soberanía no fue pensado como una 'escuela de cuadros' con miras a la conquista futura del poder político, sino como la palestra de un pensamiento sin activismos político-electorales, sólo interesado en desentrañar la verdad de las cuestiones morales y sociales planteadas al costarricense; y ofrecer a éste su interpretación y diagnóstico.

En esos términos el Grupo Soberanía estuvo presente por casi veinte años en el debate de ideas de Costa Rica; encabezó o secundó luchas memorables por la defensa de nuestro atún, del ambiente, del monopolio bancario; por el desarrollo de la democracia y la purificación del sufragio; en defensa de las garantías sociales y el contrato de trabajo; contra los Planes de Ajuste Estructural y contra el llamado “Combo” del ICE, etc. Y con ese objetivo publicó numerosos artículos de periódico, organizó seminarios, mesas redondas y conferencias de prensa; y editó una colección llamada “Cuadernos de Soberanía”, en donde quedó plasmado su pensamiento alrededor de los grandes temas nacionales e internacionales.

Las dificultades financieras (ninguno de nosotros era rico, ni mucho menos), así como la muerte de varios de los fundadores contribuyeron a que, en los primeros años del nuevo Siglo, los miembros del Grupo acordáramos el cese de las actividades. Y entonces vale preguntar: ¿por qué, en este preciso momento, una fracción de la vieja Soberanía ha decidido reagrupar a los antiguos camaradas para volver a la liza? Con veinte años más de vida, y enfrentados a un horizonte más ominoso que nunca ¿cuáles son nuestras expectativas?

Creo que interpreto el sentir de los compañeros al afirmar, como lo hago ahora, que las condiciones han mejorado para que el Grupo Soberanía, al igual que otros grupos patrióticos, reasuma sus deberes cívicos y aumente sus esfuerzos en pro de la democracia y la justicia social.

-Las condiciones han mejorado porque ahora pensamos con más serenidad; somos menos egoístas y ambiciosos; sabemos más cosas; estamos mejor informados y mayormente estimulados por los movimientos de libertad y justicia que están surgiendo en el Mundo.

-También han mejorado las condiciones porque, al ser más grave la situación, ahora sentimos más intensamente la necesidad del esfuerzo que, como costarricenses y como seres humanos en general, debemos emplear frente los peligros que se ciernen sobre la Humanidad y sobre la Patria.

Los miembros del Grupo Soberanía convocan a todos sus compatriotas de buena voluntad al trabajo, a la reflexión y a la esperanza.


San José, mayo de 2009.



Foto Diario Nuestro País

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Jurista Wálter Antillón: El presidente Arias tiene controlados los poderes

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  • La Corte Suprema de Justicia prefiere hacer las cosas en la oscuridad, afirmó el jurista Wálter Antillón, en torno al caso del magistrado Federico Sosto.


Eduardo Ramírez Flores, redactor


Para el jurista Walter Antillón Montealegre, el magistrado Federico Sosto es un hombre del riñón del Poder Ejecutivo "¿Cómo va creer uno que un hombre así puede ser un juez imparcial?", cuestionó.

Con gran habilidad y persistencia, el mandatario Óscar Arias ha logrado en los últimos años el nombramiento de personas que defiendan sus intereses en los distintos poderes de la República, aseguró el jurista y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica (UCR), Wálter Antillón Montealegre.

Para el renombrado jurista, la división de poderes actual es tan inexistente, que cualquier cosa que hace el Poder Ejecutivo es correcta y por eso no es de extrañar que la Corte Suprema de Justicia haya rechazado indagar las actuaciones cuestionadas del magistrado suplente Federico Sosto López.

Antillón Montealegre, quien impartió lecciones de derecho público y constitucional en la UCR, advirtió que "si el Poder Judicial no es un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo, el país está entregado". A continuación se ofrece un resumen de la entrevista que este Semanario le realizó el pasado 24 de julio.


¿Qué piensa de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de no investigar las denuncias contra el magistrado Federico Sosto López?


-Es una muestra más de la fuerte influencia de los intereses del Poder Ejecutivo en la Corte, del dominio total que tiene ahora sobre los demás poderes.

Hace algunos meses habíamos planteado el tema de la recusación del magistrado Sosto, porque era evidente que él había tomado partido a favor del TLC, entonces iba a votar todos los proyectos de la agenda complementaria de manera favorable a las tesis del Gobierno.

En aquel tiempo -cuando planteamos recusaciones, inconstitucionalidades y nulidades que la Corte rechazó- ignorábamos que Sosto estuviera hasta tal punto involucrado con el Gobierno, que incluso era su consejero. Esto es el colmo.

La doctrina internacional de los tribunales es sumamente rigurosa. Un juez, con solo que sea sospechoso de favorecer la tesis de una de las partes, no puede seguir, y todo esto le ha sido expuesto a la Corte en distintos recursos; pero, hasta ahora todo lo ha rechazado.


¿Cree que había razones suficientes para que la Corte abriera una investigación sobre si el comportamiento de Federico Sosto se ajustaba a derecho?


-No había mucho que investigar. Todo estaba bastante claro. Con las declaraciones que dio Sosto en los periódicos, quedaba clarísimo que es una persona fuertemente vinculada con el Poder Ejecutivo, y esto lo desautorizaba como juez.


¿Qué opinión le merece el hecho de que la Corte declarara secreta la sesión en que analizó ese caso ?


-Esto es parte de lo mismo. Es el miedo a confrontarse con la gente. La Corte prefiere hacer estas cosas en la oscuridad. Todo esto es muy significativo: la falta de trasparencia de los poderes; cada vez se van haciendo más opacos.


¿Deben ser abiertas al público las sesiones de la Corte Suprema?


-Sí. Creo que todas las actividades de los poderes públicos deben ser abiertas, salvo aquellas cosas que atañen a la seguridad del Estado. Aparte de unas pocas cosas, todo lo demás tendría que ser ventilado frente al pueblo.

El gran problema es que seguimos actuando como si los poderes del Estado estuvieran legitimados en sí mismos, y en realidad estos son una delegación del poder soberano, del pueblo.


En su opinión como jurista de larga experiencia, ¿es correcto que un magistrado suplente o titular brinde asesorías gratuitas o remuneradas a particulares?


-Un magistrado suplente puede ser un abogado litigante; pero, nunca puede ser un juez en los casos en que de algún modo intervengan sus clientes, sus patrocinados. En el caso de Sosto, él había participado públicamente a favor del sí al TLC, y ya con solo eso pensábamos nosotros que tenía que separarse de la Corte.

Luego el periódico La Nación reveló que estaba como asesor del Presidente en una reunión con la Contraloría General de la República. Es decir, es un hombre del riñón -digámoslo así- del Poder Ejecutivo, un hombre de su plena confianza. ¿Cómo va creer uno que una persona así puede ser un juez imparcial, cuando están de por medio los intereses que el Poder Ejecutivo ha prohijado en esta legislación?


El magistrado suplente Sosto ha dicho en su defensa que sus nombramientos en la Sala Constitucional no llegaban a los tres meses y que por eso no incumplía la Ley Orgánica de la Corte. ¿Le parece a usted que el Poder Judicial se ha prestado para acomodar dichos nombramientos a conveniencia de diversos intereses?


-Creo que eso está clarísimo. Los cargos de suplentes son sorteados. ¿Cómo va a ser que siempre salga Sosto, habiendo tantos otros suplentes? Y no solo eso, sino que lo sortean por un tiempo menor a los tres meses, para eludir precisamente la regla que lo obligaría a cerrar la oficina (la atención privada), y esto lo hacen constantemente, desde el retiro del magistrado Luis Fernando Solano.

Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una evidente intención de que sea Sosto el que esté allí. ¿Y esta intención de dónde viene? Resulta que él es asesor del Poder Ejecutivo. Todo eso...¡Dios mío, está gritando la verdad!


En su criterio, ¿existe la división de poderes que estipula el artículo 9 de la Constitución Política?


-Creo que de hecho, Óscar Arias -con gran habilidad y persistencia- desde hace muchos años ha ido metiendo mano en este asunto, para conseguir que elijan personas cercanas, que defiendan sus intereses en todas partes e incluso el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Entonces, en este momento él tiene un verdadero control.

Cualquiera se da cuenta, porque todo lo que hace el Poder Ejecutivo es correcto. Todo lo que planteamos los opositores es rechazado, en todas las instancias: perdemos en la Asamblea Legislativa, perdemos en la Corte, perdemos en el TSE. ¿Cómo va uno a creer que en la Corte, una mayoría de cinco personas declaran que el TLC -con unas 2.600 páginas y unas 3.000 normas jurídicas- no presenta ni un reproche de inconstitucionalidad? Eso es absolutamente inverosímil.


¿Han convertido los últimos gobiernos la contratación de consultorías en una forma de corrupción legal?

-Tengo la impresión de que en este caso se ha usado el recurso del Banco Centroamericano de Integración Económica para eludir controles, porque esos dineros donados tienen que ingresar a la caja del Estado y ser sometidos a las regulaciones que sobre el gasto ejerce la Contraloría General de la República.

No puede haber excepciones, y claro que el recurso de todas estas contrataciones secretas, que no pasan por ningún control y no son transparentes, dan lugar a una serie de abusos. Habría que estudiar caso por caso. Algunas -a pesar de la irregularidad- podrían ser buenas y provechosas a los intereses públicos, pero habrá otras que no.


En el manejo de la administración pública, ¿hay problemas por una legislación obsoleta o está fallando la ética de los funcionarios?

-Creo que la legislación que tenemos es suficiente; el problema es sí no se aplica. Y en esto estamos pegados, porque aquí es donde se nota el enorme valor que tiene el contralor judicial. Si existe un Poder Judicial fuerte, independiente, tiene que ser un contrapoder respecto de los otros poderes. Si el Poder Judicial no es un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo, el país está entregado, estamos en manos de un solo poder.


¿Se justifica que los gobiernos contraten asesorías o estas son parte del botín político que siempre se reparten en las distintas administraciones?

-Me parece que las consultorías pueden ser contratadas si se observan las prescripciones legales. En los casos mencionados, podría haber ocurrido que algunas fueran parte de un botín político. Desgraciadamente, los políticos todavía funcionan -especialmente los de partidos tradicionales- a base de clientelismo: "al que me ayuda lo ayudo".


¿Qué opinión le merece lo dicho (diario La Nación, 24 de julio) por el presidente de la Corte Suprema de Justicia -Luis Paulino Mora- quien al justificar el rechazo a indagar el comportamiento del magistrado Sosto afirmó que: "No soy un juez ético, sino de legalidad"?


-Es complicado hacer esas separaciones. Naturalmente que uno como juez tiene que atenerse al derecho; pero, el derecho tiene un contenido ético. La interpretación del derecho debe tener un contenido ético. Uno tiene que insuflar la ética en la interpretación de la Constitución, por ejemplo. Uno no puede hacer una interpretación contraria a la ética. Esos divorcios no suenan bien.


Fuente Semanario Universidad
Sección PAÍS. Edición 590. Año XII

Foto Nurya Rodríguez


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Caso de magistrado Sosto es sólo un ejemplo
Revive demanda para prohibir a magistrados suplentes litigar





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De cuando la ley UPOV se cayó ¡pun!

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Por Walter Antillón


El diputado don Oscar López demostró que puede ver más claro que todos nosotros, cuando descubrió que en junio de 2007, en aquel momento en que todos estábamos apurados con el frauderendum, la Corte Suprema de Justicia, a los efectos del artículo 167 Constitucional, había devuelto a la Asamblea Legislativa, sin objeciones, un supuesto proyecto de ley UPOV notablemente diferente del verdadero.
Veamos los hechos y sus consecuencias.

1. La consulta del proyecto de ley UPOV a la Corte Suprema de Justicia para los efectos del artículo 167 citado, se hizo en junio de 2007, con envío del texto correspondiente.

2. La Corte lo recibió y lo distribuyó entre sus miembros, encargando al magistrado Rivas Loáiciga el estudio y redacción de un borrador de resolución.

PERO EL TEXTO QUE EL SEÑOR RIVAS ESTUDIÓ, Y SOBRE EL QUE ELABORÓ SU BORRADOR DE DICTAMEN, NO ERA EL PROYECTO DE LEY UPOV QUE LA ASAMBLEA ENVIÓ A LA CORTE.

1. En efecto, el Magistrado hizo su borrador de informe sobre un texto distinto del que se estaba tramitando en la Asamblea. Por ende, el dictamen de la Corte Plena (aprobatorio del borrador del señor Rivas) no versó sobre el proyecto de ley UPOV que la Asamblea pretendía consultarle. De donde, para los efectos del artículo 167, jurídicamente hablando no hubo ni hay informe de la Corte sobre el proyecto UPOV.

2. De regreso a la Asamblea, el proyecto en cuestión continuó el trámite hasta alcanzar su aprobación en primer debate, el 14 de enero en curso, CON TREINTA Y CUATRO (34) VOTOS A FAVOR.

3. El vicio fue denunciado formalmente por el diputado Oscar López, y entonces, el próximo lunes 28 de enero, ya comprobada su existencia más allá de toda duda razonable, la Corte Plena conocerá del caso y tomará una decisión. ¿CUÁL SERÁ LA DECISIÓN DE LA CORTE?

4. Consideremos la hipótesis de que si en junio de 2007 la Corte Plena, en vez de examinar el falso, hubiera examinado el verdadero proyecto de ley UPOV (el cual contiene ciertamente aspectos que interesan la esfera judicial), estaba dentro de lo posible que su informe a la Asamblea hubiera sido desfavorable al mismo.

5. Entonces, ante un informe judicial desfavorable, la Asamblea sólo hubiera podido aprobar el proyecto de ley UPOV con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros (art. 167 constitucional).

6. Ello no obstante, si el 14 de enero en curso la Asamblea hubiera aprobado el proyecto UPOV con los votos de las dos terceras partes de sus diputados, me parece que el vicio incurrido hubiera podido tenerse por allanado, por razones de economía y no sucumbencia.

7. Pero no es el caso, porque la Asamblea aprobó el proyecto UPOV por mayoría simple; de manera que el vicio conserva su importancia frente a la posibilidad de que el dictamen de la Corte, versando sobre el proyecto verdadero y no sobre el falso, hubiera sido negativo.

8. En consecuencia, creo que razonablemente la Corte Plena tendrá que declarar: a) que su informe sobre el proyecto UPOV es inválido, porque versó en un texto diferente; b) que el vicio incurrido no es convalidable, porque la Asamblea aprobó el proyecto UPOV por mayoría simple; c) que entonces la Asamblea tendrá que anular la tramitación del proyecto por lesa constitucionalidad, y enviarlo a la Corte Plena para la consulta del 167 ibídem; d) que si el informe de la Corte fuera esta vez desfavorable, el proyecto UPOV tendría que aprobarse, en su oportunidad, con las dos terceras partes del total de los votos de la Asamblea.

Y todo por andar en carreras. Para lo futuro, habrá que advertir al Gobierno, como a los párvulos de antaño: ¡si corre, hace pun!


Fuente Tribuna Democrática


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¡Mi’jita, firme aquí; yo después le explico!

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  • Una diatriba por la democracia


Por Walter Antillón

En el pasado de nuestros países era normal que los maridos, a quienes se atribuía la posesión del saber mundano emprendían negocios que involucraban los bienes de sus esposas; de manera que en algún momento se hacía necesario que ellas tuvieran que firmar documentos que implicaban fianzas, prendas o hipotecas en respaldo de los empeños asumidos por sus consortes.

Y solía ocurrir que el asunto las tomara por sorpresa: acabada la cena, el marido aparecía con unos papeles, explicaba a su consorte la urgencia del caso y remataba con la consabida frase: ¡Mi’jita, firme aquí: yo después le explico!

Y la explicación, somera o detallada, ambigua o clara, venía pronto o tarde; o no venía nunca, según las potencialidades de cada concreta peripecia familiar. Pero lo seguro aquí eran los roles asignados: al esposo, dueño del saber, le correspondían la decisión y la acción; a la mujer, titular del patrimonio, le correspondían la subordinación y la confianza.

La escena que he querido evocar me lleva a pensar en la democracia que se ha desarrollado en el seno de la sociedad moderna, con especial atención en la democracia costarricense. Porque en nuestro sistema democrático se ha formado este idilio intermitente entre los políticos y el pueblo que permite a los primeros, cada cuatro años, después de una campaña de nimiedades y promesas, pronunciar la frase: ¡Mi’jito, vote aquí: yo después le explico!

En este marco también se presume que los políticos, como los maridos, poseen el conocimiento: ellos saben qué es lo que conviene a los intereses de sus subordinados. Por su parte el pueblo, como la sempiterna esposa, no sabe, pero confía y entrega su inmenso patrimonio de esfuerzos, energías, esperanzas. Con los resultados que sabemos.

Por eso es que desde hace como diez años vengo diciendo en todos los tonos: no tendremos democracia mientras no nos volquemos masivamente, con toda la pasión y la energía, a enseñar al pueblo las reglas del discernimiento político: no hay nada más urgente que esto, porque sin esto la democracia, la cacareada centenaria democracia de los ticos, sigue siendo una desvergonzada mentira.

Lo he dicho, uno a uno, a los políticos honestos con quienes tengo amistad. Y me dan la razón, pero al mismo tiempo argumentan que también es urgente la necesidad de ganar las venideras elecciones; de sacar al menos algunos diputados, para impedir que los políticos corruptos se queden solos con el poder.

Y el argumento parece bueno; pero ocurre que las elecciones van y vienen y los políticos corruptos se quedan solos con el poder, se reparten el poder y se mofan de las minorías.

Porque la verdad es que el camino largo, el de la educación democrática del pueblo, el de la participación sagaz e informada del pueblo, es el único remedio contra los políticos corruptos; mientras que las soluciones inmediatistas de los impolutos han resultado ser, mal que le pese a muchos, la más segura coartada para aquéllos.



Fuente Tribuna Democrática

Caricatura Boligan


El énfasis es nuestro
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La regla de tres

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Por Walter Antillón

Es preciso tener la mente clara: aceptar el resultado de un referendo alterado por actuaciones fraudulentas, ilegales y abusivas, es aceptar el fraude, la ilegalidad y el abuso como normas válidas en la vida de la comunidad.

Es aceptar que quienes detentan el poder económico y político tienen, por esa sola razón, el derecho de abusar, defraudar y violar las leyes en daño de los demás. Eso choca contra todos los valores que hemos adoptado para vivir, y nos degrada como seres humanos.

Ha quedado en evidencia que las reglas presuntamente fijadas para garantizar que el referendo fuera la auténtica expresión de la voluntad ciudadana resultaron gravemente violadas; y que el referéndum así deformado dejó de ser una justa del civismo y la democracia para convertirse en una burla sangrienta a la buena fe, la lealtad y el fervor patrio de los costarricenses.

En consecuencia, el proceso mismo de referendo es un proceso viciado, y sus vicios atacan el propio corazón de la democracia y del orden constitucional republicano; esto es, atacan la voluntad soberana del pueblo, que es la base de aquella democracia y de aquel orden jurídico.

Es irónico pensar que miles de nosotros nos indignamos cuando un árbitro de fútbol comete cualquier irregularidad en daño de nuestro equipo, mientras que aceptamos impertérritos que con fraude y violencia nos roben el País.

Entonces, si aceptamos como bueno el resultado de un referendo viciado, estaríamos admitiendo con ello que la voluntad popular es cosa deleznable, y que la dignidad ciudadana ha dejado de existir en Costa Rica. Estaríamos aceptando que nos hallamos sometidos al poder desnudo, arbitrario, y que ese sometimiento es bueno y justo.

Porque, además, no han desaparecido las gravísimas razones por las que en los meses anteriores combatimos sin tregua el TLC; por el contrario, esas gravísimas razones cobran mayor vigencia ahora que el referéndum se ha perpetrado delictuosamente. Entonces ¿cómo y por qué transigir?

Un grupo de abogados costarricenses, del que formo parte, haremos lo único que cabe hacer en esta hora frente al referéndum desvirtuado por el gobierno y sus cómplices: pedir su anulación.

A quienes esto parezca excesivo o exagerado, les preguntamos ¿es poca cosa la soberanía del pueblo costarricense? Y a Oscar y Rodrigo Arias, a Fernando Berrocal y a tantos magistrados y magistradas les preguntamos ¿ustedes pensaron que era broma lo que aprendimos y enseñamos en las aulas universitarias sobre la justicia, la soberanía, el Estado democrático de derecho?

Pediremos la nulidad del proceso de referéndum al propio Tribunal Supremo de Elecciones; lo pediremos ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo pediremos ante la Organización de las Naciones Unidas. Lo pediremos hasta ser escuchados.


¡Otra Costa Rica es posible; otro Mundo es posible… pero hay que conquistarlos!


Fuente Tribuna Democrática


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La democracia inmolada

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Por Walter Antillón

“La calunnia è un venticello…”. El barbero de Sevilla


Hace escasos tres años, algunos ciudadanos sacudidos por la artera, intempestiva inclusión de las telecomunicaciones y los seguros en el clausulado del TLC, nos interesamos en conseguir y estudiar el texto de dicho convenio, sólo conocido entonces por el círculo cerrado de sus negociadores.

Hace una semana, el rechazo al TLC era sostenido por un millón de costarricenses. ¿Cómo explicar este fenómeno prodigioso de un movimiento que carente de recursos financieros, arrinconado, saboteado, descalificado, invisibilizado por el grueso de la prensa escrita y de los medios televisivos y radiales, enfrentando campañas multimillonarias del gobierno y la oligarquía nacional y transnacional, crece exponencialmente hasta aventajar en doce puntos porcentuales a sus privilegiados contrincantes?

Durante el último año presenciamos el ascenso incontenible de la oposición popular al TLC. Usando las encuestas publicadas por el periódico La Nación, que fueron las más favorables a la aprobación del TLC, tenemos que en diciembre de 2006, la oposición no alcanzaba al 30% de los electores; pero el 1º de agosto de 2007 los resultados eran del 51.5% de apoyo al TLC contra 42.1% de parte de sus impugnadores; y el 28 de setiembre de 2007 La Nación declara un “empate técnico” entre ambas tendencias. Pero veamos lo que acontece en la semana previa a la celebración del referéndum del domingo 7 de octubre.

Miércoles 3 de octubre La encuesta publicada por La Nación, coincidiendo por primera vez con algunas de las elaboradas por la Universidad de Costa Rica, nos revela que el N0 ha alcanzado el 55% , mientras que el Sí ha descendido al 43%. Son doce puntos porcentuales de ventaja para el movimiento del NO, muy difíciles de revertir en los pocos días que quedaban. Pero entonces el gobierno y sus aliados de la oligarquía, con la ayuda cómplice de la administración Bush, montan el gran fraude mediático.

En otro escenario, la noche de ese día, el senador Sherrod Brown (de Ohio), coincidiendo con lo ya expresado al Gobierno de Costa Rica el 28 de setiembre anterior por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y Harry Reid, líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, aseguró en un discurso ante el Senado que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe no corría ningún riesgo si Costa Rica rechazaba el TLC; elogió la oposición costarricense, criticó duramente los términos de este convenio; y propuso que EEUU celebrara un tratado de comercio justo con Costa Rica.

PERO NI LA NACIÓN NI NINGUNA DE LAS TELEVISORAS NI RADIOEMISORAS IMPORTANTES PUBLICARON ESE DISCURSO NI LA CARTA DE LOS LÍDERES DEL CONGRESO.

Jueves 4 de octubre Este día, el último antes de la “tregua legal” que antecede a la celebración del referéndum, La Nación reproduce en grandes titulares unas expresiones de Susan Schawb, diz que Ministra de Comercio Exterior de los Estados Unidos, en las que afirma que no podrá haber otro TLC si Costa Rica decide rechazar el actual, y enfatiza la precariedad de las ventajas actuales de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. La noticia se acompaña de una foto de archivo en la que se ve a la Schawb con Bush, lo que sugiere intencionadamente el respaldo de éste a lo dicho por ella.

Otra noticia destacada ese día en el periódico La Nación es la afirmación del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio en el sentido de que el sector textil desaparecerá en Costa Rica si se rechaza el TLC.

Viernes 5 de octubre La Nación vuelve a publicar en grandes titulares nuevas y reiterativas declaraciones de la mencionada Susan Schawb, machacando sus argumentos de que no habrá otro TLC si el NO triunfa en el referéndum, y que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe pende de un hilo. Y sobre esa base, dicho diario anuncia que el gobierno de los Arias acogió con satisfacción las declaraciones de Schawb, y publicó de inmediato un boletín de prensa titulado “Estados Unidos no renegociará un TLC con Costa Rica, si es rechazado”.

Ese mismo día los congresistas norteamericanos Charles Rangel (presidente del Comité de Medios y Arbitrios) y Sander Levin (presidente del Comité de Comercio) emitieron un comunicado desmintiendo las declaraciones de la Schawb, y reafirmando que una renegociación del TLC corresponde al Congreso, y no al Presidente de los Estados Unidos; y que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe no corre peligro si el TLC es rechazado en Costa Rica.

También ese mismo día los congresistas norteamericanos Raúl Grijalva, de Arizona, y Linda Sánchez, de California, presentaron a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un proyecto llamado “Ley de Cooperación Comercial Estados Unidos - Costa Rica”, que propicia un nuevo tratado entre ambos países corrigiendo todos los abusos contenidos en el actual TLC.

PERO NI EL DIARIO LA NACIÓN NI LOS OTROS MEDIOS CONFABULADOS PUBLICARON ESTA NOTICIA NI AQUEL COMUNICADO, DE ENORME TRASCENDENCIA PARA EL DESTINO DE NUESTRO PAÍS.

Sábado 6 de octubre Ese día se hace pública una carta de los señores Byron Dorgan, Sherrod Brown y Bernie Sanders, miembros del Senado de los Estados Unidos al presidente Bush, reclamándole por las falsas, malintencionadas e irrespetuosas declaraciones de su ministra Susan Schawb, y exigiéndole (a Bush) que aclare públicamente que los Estados Unidos no han querido amenazar a Costa Rica por ejercer su derecho al voto el domingo 7 de octubre.

TAMBIÉN ESTA CARTA, QUE ACLARA LA VERDADERA SITUACIÓN ACERCA DE LA INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE Y LA COMPETENCIA PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLC, FUE SILENCIADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS INFLUYENTES DE COSTA RICA.

Domingo 7 de octubre Me parece que el cuadro que ha quedado esbozado nos ofrece una explicación plausible y clara de por qué los resultados del referéndum, terminaron siendo favorables al gobierno (aunque por un estrecho margen), a pesar de la clara ventaja del NO en la última encuesta.

1. La comunidad costarricense presenta, al igual que otras muchas en América Latina, un punto especialmente débil (porque también las buenas personas tienen su “talón de Aquiles”) que se localiza en la franja de población trabajadora más pobre e ideológicamente más vulnerable; crónicamente descorazonada y escéptica frente a las posibilidades de mejorar su situación mediante la lucha política; pero a la vez muy sensible a noticias que constituyan una amenaza adicional para su ya difícil subsistencia.

2. Y precisamente aquel ominoso cuadro pintado por el gobierno y la oligarquía, con la connivencia de sus aliados en la administración Bush y una astuta dosificación del instrumento mediático en los días que precedieron el referéndum, penetró lo suficiente en una parte de aquel sector de los trabajadores nacionales, como para finalmente inducirlos al voto que, en su atribulada percepción, les daría mayores seguridades.

3. Fue una conspiración infame, porque como lo reconoció el exdiputado Otto Guevara a TeleSur, fue el gobierno de los señores Arias quien le pidió a Susan Schwab pregonar los inquietantes embustes que sostuvo en aquellos precisos días anteriores a la consulta. Además del ilícito cometido por ella, a la luz del artículo 20, inciso b) de la Ley sobre regulación del referéndum, de nuevo sorprendemos la mano de costarricenses propiciando nuestro daño; los mismos que, en su momento, fueron a los Estados Unidos a entregar nuestros seguros y nuestras telecomunicaciones.

4. Por su parte, los influyentes medios al servicio de la aprobación del Tratado se encargaron de martillar aquellas falsedades en las cabezas de los menos informados y de los más temerosos; mientras que alevosamente silenciaban las palabras de los parlamentarios norteamericanos que desmentían aquella infamia y ofrecían a Costa Rica y a América Latina toda, el camino más promisorio que, en nuestras relaciones con Estados Unidos, nos ha sido dado vislumbrar. Todo ello a la vista y paciencia del Tribunal Supremo de Elecciones.

5. Me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones, interpretando el sentido profundo de la función de sufragar como la esencia de la vida democrática (artículo 93 de la Constitución), debe asumir el papel de guía y protección de los grupos más carenciados de cultura y civismo: no puede contentarse con el manejo superficial de los procesos eleccionarios. Una práctica constante ha hecho al costarricense ducho en elecciones, pero está lejos de poseer una sólida formación democrática. Pienso que el Tribunal pudo, si no prevenir el atentado que lamentamos con oportunas previsiones normativas, al menos aminorar sus efectos, evitando enérgicamente su difusión y sancionando a los transgresores.

6. En cuanto a los señores Arias, fieles al memorando de sus llorados “delfines”, no dudaron en acudir a ultranza a su instrumento predilecto: el miedo, para perturbar y torcer la voluntad de los más humildes, ensuciando irremediablemente el proceso democrático que decían propiciar, y escamoteando el legítimo triunfo que el pueblo ya había logrado cosechar a través de una auténtica epopeya plena de ingenio, fraternidad y sacrificio.

La Patria se los demande.


Fuente Tribuna Democrática

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