Por Gilberto Lopes (en Bogotá)Colombia acudirá a los urnas el domingo 30 de mayo para elegir el próximo presidente de la República, con un duro pulso entre el “uribismo” y la oposición, cuyo aspirante mejor colocado es el candidato del Partido Verde y dos veces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus.
El uribismo –una vez que el presidente Álvaro Uribe vio rechazada por el tribunal constitucional su aspiración de presentarse por tercera vez como candidato– estará representado por su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, encargado de llevar adelante lo que la actual administración llama“política de seguridad democrática”.
No son los únicos aspirantes, pues nueve candidatos aspiran a gobernar Colombia, de los cuales apenas seis aparecen en las encuestas, entre ellos Noemí Sanín, del Partido Conservador (8,8%); Gustavo Petro, del Polo Democrático (7,3%); Germán Vargas, de Cambio Radical (3,8%); y Rafael Pardo, del Partido Liberal (3,8%).
Mockus y Santos llegan empatados a la recta final. A solo once días de los comicios, un sondeo de la firma Gallup Colombia le da a Santos un 37,5% de las preferencias, frente a 35,4% de Mockus, un empate técnico. En marzo, la misma encuesta le daba a Santos 34,2%, mientras Mockus tenía apenas un 10,4%.
Si ninguno obtiene más del 50% de los votos, habrá segunda vuelta el 20 de junio, entre los dos más votados. En ese caso, según la misma encuesta, Mockus ganaría con 48,5%, mientras Santos lograría un 43%. En marzo, Santos tenía un 53,8% en la segunda vuelta, y Mockus, 31,2%.
EL ESCENARIO
En el escenario de guerra que vive Colombia, la visión del conflicto y la manera de enfrentarlo, es el principal tema de la política, afirman los especialistas.
Uribe ha impulsado su política de “seguridad democrática” con la que ha logrado una alta popularidad entre la población, según las encuestas, mientras la realidad muestra el deterioro de la vida institucional, que en Colombia llaman “narcopolítica”, con su otra cara, la “parapolítica”.
En este país “hay más de 70 parlamentarios procesados o en la cárcel”, dijo a UNIVERSIDAD Lilia Solano, directora de la organización Justicia y Vida y candidata a senadora por el Polo Democrático, en las elecciones parlamentarias de marzo pasado.
De los 102 senadores, los diferentes sectores del uribismo lograron 58. Esa cifra puede incrementar si partidos como Cambio Radical, exuribista, deciden apoyar al gobierno. Entre esos apoyos está el del Partido de Integración Nacional (PIN), con ocho senadores. Los principales dirigentes del PIN son el exsenador Luis Alberto Gil, hoy preso por sus vínculos con la parapolítica y el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, bajo investigación judicial por su vínculos con el Bloque Central Bolívar de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Para muchos analistas, el resultado electoral no puede entenderse sin considerar el papel de la narcopolítica y la parapolítica. En Colombia se estima que los ingresos anuales por narcotráfico pueden llegar a los $15 mil millones El voto se puede comprar, ya sea con amenazas o con plata, como lo señaló la propia misión de observadores de la OEA. De los nuevos senadores y congresistas electos, por lo menos 50 están acusados judicialmente o bajo investigación por vínculos con la parapolítica, lo mismo que políticos muy cercanos al presidente, primos, embajadores, ministros y militares.
MAR DE SANGRE
Con cerca de 100 mil desaparecidos en la última década, más de cuatro millones de desplazados (una población similar a la de Costa Rica), cuatro millones de hectáreas expropiadas a los campesinos en las zonas de conflicto, y le 63% de la población en situación de pobreza o miseria, el escenario político está marcado por el terror de la parapolítica.
No se trata solo de la muerte de opositores. “Han asesinado a 1.680 paramilitares, casi todos mandos medios que se acogieron a la ley de Justicia y Paz, y que comenzaron a hablar. Y los fueron matando, uno a uno, dijo Lilia Solano, refiriéndose al proceso de desarme de los grupos paramilitares impulsado por el actual gobierno.
Algunos de los principales dirigentes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso, fueron deportados a Estados Unidos, para impedir que hablaran.
Sin embargo, desde la cárcel, han hecho denuncias que obligaron a la Fiscalía General a reabrir una investigación contra el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, acusado de haber contribuido a la formación del grupo paramilitar en Bogotá, el “Bloque Capital”.
El candidato presidencial, Juan Manuel Santos, podría, por su parte, ser acusado por los tribunales ecuatorianos, que han decidido investigarlo por su responsabilidad en el bombardeo del campamento en que murió Raúl Reyes, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorio ecuatoriano, en marzo del 2008.
El paramilitarismo está estrechamente vinculado a los intereses económicos de las grandes empresas, como lo reveló el propio Mancuso. Este relató el caso de la minera Drummond Co., a la que acusó de financiar acciones de las AUC para liquidar a líderes sindicalistas, en el departamento del César.
Más recientemente estalló el escándalo del asesinato de jóvenes en Ciudad Bolívar, una enorme y empobrecida villa de desplazados, al sur de la capital, cuando un grupo de madres denunció la desaparición de sus hijos.
Se trata de jóvenes “reclutados” por paramilitares y entregados al ejército en Ocaña, departamento de Santander, donde aparecieron muertos, uniformados de guerrilleros, parte de los “falsos positivos”, casos presentados por el ejército como guerrilleros caídos en combate. Por cada baja ocasionada a la guerrilla, los militares reciben permisos, ascensos y plata.
“Hay más de 4.000 casos de falsos positivos en investigación”, dijo Lilia Solano.
“Los reclutadores confesaron que reclutaban a los muchachos, los llevaban a una casa en Santander y ahí los entregaban al ejército. Lo que ocurría después, no lo sabían. Los mataban muy cerca del batallón. Hay 16 casos documentados, pero pueden ser más. Y se sabe ahora cuales militares contrataban a los reclutadores”, aseguró.
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
La base de la política de Uribe es la “seguridad democrática”. Para la oposición, ésta “es el nombre que le dio a una vieja política de represión que, con diferentes nombres, se aplica desde hace muchos años, “para un control de la vida civil por la vía militar”.
“Se les da estos nombres, pero es lo mismo: control de la población, de la gente que ha luchado por la tierra, los campesinos, los indígenas. En 1964 se llamó Plan Lazo, para lograr la pacificación del país. En 1968 se llamó Plan Andes, una guerra contraguerrillera. Ahí se hizo famoso el Manual provisional para el planeamiento de la seguridad nacional. El 1974 se llamó la Estrategia Nacional contra la Violencia’.
Luego vino el Plan Colombia, de Andrés Pastrana, en 1998, con millones de dólares y ayuda militar para lograr la pacificación del país. En el 2002 llega Uribe, con su plan militar de Seguridad Democrática, una combinación de la guerra de baja intensidad con una convencional”, explicó Solano.
“La lucha por la tierra es el tema grueso de todas las guerras en Colombia, desde la Conquista. En el pasado, el campesino huyó, pero volvió para luchar por la tierra. A finales de los 70 el narcotráfico empezó a apropiarse de grandes cantidades de tierra y tuvo que expulsar al campesino. Surge esa estrategia de los paramilitares, una estrategia de Estado pero a la vez, un servicio al narcotráfico. Se habla de cuatro millones de hectáreas expropiadas a los campesinos”, agrega.
“La seguridad democrática necesita resultados y esos son: desapariciones, asesinatos, bombardeos a pueblos. Cuando se flexibilice el control de la información se sabrá la dimensión de esos hechos”, vaticinó.
Por su parte, el diputado del Polo Democrático, Germán Reyes, aseguró que “para que sea posible un acuerdo humanitario y una solución al conflicto interno, tiene que haber un reconocimiento de la naturaleza del conflicto. El actual gobierno no lo reconoce y así no es posible avanzar”.
En su opinión, el gobierno no acepta la existencia del conflicto porque de hacerlo, tendría que explicar sus orígenes. “¿Les parece poco 4,5 millones de personas desplazadas; les parece poco cuatro millones de hectáreas expropiadas a los campesinos?”, se pregunta.
“Este conflicto se mezcló con el narcotráfico, con la siembra de la coca. Mezclados los temas de la coca con el de la tierra, éste asumió otra dimensión. Pero no es mediante la instalación de siete bases militares estadounidenses y de la llegada de soldados de ese país que vamos a resolverlo. No puede ser esta la política antinarcóticos del gobierno. Hay que restituir las tierras a los campesinos, hay que recuperar el patrimonio público, como las empresas de telecomunicaciones, y evitar que se sigan privatizando los sectores estratégicos de la economía nacional”, enfatiza.
SANTOS O MOCKUS
Frente a esta realidad, Santos y Mockus son la alternativa preferida por la población.
“La elección de Santos es fundamental para cubrir el desastre de Uribe, porque han sido ocho años de criminalidad, de limpieza de expedientes, de negocios. No es cualquier cosa lo que hay que tapar. La función de Santos es promover esa política, que necesita las bases militares norteamericanas, y sacar a Uribe del embrollo en que se encuentra”, asegura Solano.
La diferencia entre Santos y Uribe está en el estilo, explicó a UNIVERSIDAD un periodista con larga experiencia en la política colombiana. Uribe es un gamonal; Santos, un hombre de formación urbana, “pero que ha traicionado a todos los amigos cuando hizo falta”, agrega, refiriéndose a una posible acusación contra el mandatario en el Tribunal Penal Internacional, un tema sobre el que se habla con frecuencia en Colombia.
Mockus ofrece honestidad y asegura que la guerra contra los grupos ilegales debe ganarse “limpiamente”, en vez de la política mafiosa de Uribe.
En reciente entrevista al diario argentino Página 12 dijo: “Seremos implacables, rígidos, con las FARC”. Y agrega: “Nosotros necesitamos contar con la presencia en territorio colombiano de naves norteamericanas, de tripulaciones, de contratistas norteamericanos, en una escala que está regulada por los acuerdos… Sin las bases el país sería probablemente presa de las FARC o de la alianza guerrilla-narcotráfico”.
Fuente Semanario Universidad
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