Guatemala: El TLC ataca de nuevo

Guatemala: El TLC ataca de nuevo

FNL*

El matutino Prensa Libre, en su edición del 12 de junio, nos hace saber que el Estado guatemalteco ya está demandado por una empresa de capital extranjero llamada Railroad Development Corporation (RDC) y su concesionaria en el país, Ferrovías de Guatemala, y que, a partir de esa demanda, se corre el riesgo de que, con los dineros del pueblo, se le tengan que pagar US$ 65 millones a estas empresas.

Es decir, que estamos a punto de perder, como país, aproximadamente Q487.500.000.00. (cuatrocientos ochenta y siete millones y medio de quetzales). Esta cifra es mayor que el presupuesto anual de muchos Ministerios.

La demanda la plantean en el marco del Tratado de Libre Comercio, amparándose en las cláusulas del TLC que dan auspicio a arbitraje internacional. Ya el pasado 14 de marzo del año en curso, en la prensa extranjera, concretamente en El Heraldo de Honduras, se anticiparon detalles sobre esta demanda, entre los cuales se esclarece lo siguiente:

"El presidente de Ferrovías de Guatemala, Henry Posner III, afirmó que la demanda procede debido a que el gobierno del presidente Oscar Berger declaró lesivo el contrato de usufructo en 2006 cuando el TLC estaba vigente.

La demanda se presentó en la oficina del TLC en el Ministerio de Economía de Guatemala, a fin de que se instaure un juicio de arbitraje internacional contra el Estado guatemalteco.

Posner precisó que el TLC contempla un capítulo de resolución de conflictos entre inversionista y el Estado, que se aplica en este caso debido al daño económico de la empresa Ferrovías por la declaración del gobierno de lesividad.

El presidente de RDC, Robert Pietrandrea, explicó que la compañía tenía una expectativa de ganancias por 250 millones de dólares en los 50 años de la concesión ferrocarrilera.

Sin embargo, la expectativa no se ha cumplido y las pérdidas de RDC se derivan de la imposibilidad de ejercer operaciones de la ex empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).

La asesora legal de RDC, Regina Vargo, quien fue jefa de la misión de Estados Unidos en el proceso de negociación del CAFTA (tratado comercial regional con Estados Unidos), señaló que la empresa estadounidense "tiene el derecho de llevar este caso a un juicio de arbitraje internacional".

Llama poderosamente la atención el hecho de que es la prensa de otros países quien primero informó sobre estos hechos que lesionan severamente la economía nacional. Los medios de prensa locales no es sino hasta ahora, meses después, que rompen su silencio cómplice y dan espacio a estas informaciones relevantes.

Destaca también el hecho de que la abogada por la parte acusadora, en este caso la RDC, fue la Jefa de la Misión de Estados Unidos en el proceso de negociación del TLC. Es decir, que mientras estaba negociando el TLC, al mismo tiempo velaba por los intereses de sus clientes y por los suyos personales, puesto que quién sabe cuántos millones le corresponden por concepto de honorarios profesionales. ¡Un caso claro de doble moral, de conflicto de intereses, en fin, de corrupción de altos vuelos!

Lo cierto es que, en este caso, se dan la mano dos aberraciones: el TLC y las concesiones. Porque todo este problema se origina a partir de la concesión por 50 años que el Gobierno de Álvaro Arzú, en nombre del Estado, hizo a favor de esta empresa extranjera para que operara los ferrocarriles nacionales. La concesión implicaba que la empresa RDC habilitaría cinco tramos ferroviarios, cosa que nunca hizo. Por esa razón, el actual Gobierno rescindió la concesión, y ahora debemos, como país, enfrentar esta onerosa y, a todas luces, injusta demanda.

Se trata, pues, de un robo legal, amparado en esa monstruosidad de Tratado. Se trata de una nueva agresión contra el pueblo guatemalteco que es, al final, quien termina pagando hasta el último de los dólares que se quieren robar los empresarios gringos, en complicidad con sus socios locales.

Ante semejantes efectos como los ya materializados, es hora de que las autoridades se pronuncien de manera clara y contundente en denuncia de ese Tratado. El Estado no tiene por qué pagar semejante cifra, ni ninguna cualquier otra, por pequeña que fuera.

Ese dinero, al final, saldría de los bolsillos de cada ciudadano y ciudadana, de cada contribuyente, y serviría de excusa adicional para que el Gobierno continúe incumpliendo con su obligación irrenunciable de brindar servicios públicos de calidad en áreas sustantivas como salud y educación, para mencionar dos campos relevantes.

Lo cierto es que los capos del crimen organizado en Guatemala, con todo y lo corruptos, ladrones, asesinos y criminales que son, parecen inocentes niños de pecho a la par de estos sinvergüenzas gringos que quieren saquear al país en nombre del libre comercio.

*Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales


Fuente Adital

Nota: El énfasis es nuestro