Cien días de Laura Chinchilla

Por Andrés Mora Ramírez

A cien días del inicio de su mandato, plazo cabalístico en el que la tradición de los analistas considera posible perfilar los rasgos generales de un nuevo gobierno, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (del Partido Liberación Nacional, PLN), exhibe un bajo índice de aprobación de su gestión: los datos divulgados por una firma encuestadora revelan que apenas el 38% de la población considera que su labor ha sido buena o muy buena, frente a un 43% que la califican de regular y 12% mala [1].

Todavía bajo la sombra del expresidente Oscar Arias, cuyo lastre voluntariamente aceptó llevar durante la campaña electoral para navegar en las aguas del continuismo, la presidenta no se ha apartado un milímetro, en lo esencial, de la ruta trazada por su predecesor.

En lo económico, es incuestionable su adhesión al modelo de desarrollo neoliberal tardío, que se organiza en función del capital privado nacional y extranjero, y los intereses de los grupos de poder económico, en particular, de aquellos vinculados a los sectores inmobiliario, financiero, turístico y mediático. No en vano, un 64% de los ciudadanos consultados consideró que Chinchilla gobierna “para algunos sectores”.

Por supuesto, la insostenibilidad de ese modelo es inocultable: mientras aumenta la participación de los grupos empresariales en la economía nacional, y crece su injerencia sobre el sistema político, el Estado vacila en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y el respeto a los derechos laborales de los costarricenses. Según datos recientes del Ministerio de Trabajo, 309 mil trabajadores del sector privado no reciben el salario mínimo legal. Se trata de campesinos, obreros de la construcción, empleados del comercio, guardias de seguridad y trabajadoras domésticas (estos dos últimos grupos compuestos, mayoritariamente, por migrantes nicaragüenses contratados bajo condiciones precarias).

En lo sociocultural, las contradicciones no son menores. La presidenta fortalece su imagen apelando a la instrumentalización del fervor religioso popular, en alianza con la Iglesia Católica (Chinchilla fue declarada “hija predilecta” de la Virgen de los Ángeles, en una ceremonia presidida por el Obispo José Francisco Ulloa, representante de la Iglesia en la junta directiva del Grupo Financiero Samma: entidad en la que comparte capital financiero con el expresidente Arias); pero, al mismo tiempo, se registran incidentes de represión del descontento social: ahí están los episodios de agresión policial contra manifestantes en el acto de investidura de Chinchilla (que el Tribunal Constitucional calificó como de uso de fuerza “desproporcionada”), o la reciente expulsión con violencia de un grupo de indígenas que reclamaban en el Congreso –la casa de todos y todas las costarricenses, según el discurso oficial- una solución sobre el proyecto de Ley de Autonomía de los Territorios Indígenas, que se “discute” en ese recinto desde hace 17 años.

A lo anterior, súmese la pretensión de los ministros de Planificación, Hacienda, Educación y Ciencia y Tecnología, de disminuir el monto del financiamiento estatal a las universidades públicas, en consonancia con el dictum del Banco Mundial (que de paso ofrece créditos para financiar y someter a los centros académicos), así como las ambigüedades en dos temas altamente sensibles de política ambiental: la explotación minera a cielo abierto y el reconocimiento del acceso al agua como un derecho con rango constitucional.

Otro tanto cabe decir de la política exterior: el intenso “lobby” que Chinchilla ha realizado para acelerar la reincorporación de Honduras a la OEA; la aprobación del permiso de ingreso de buques de guerra y marines estadounidenses a territorio costarricense para “combatir el narcotráfico”; y la “colombianización” del discurso de la seguridad nacional (el Ministro de Seguridad afirmó, en días pasados, que podrían desarrollarse “narcoguerrillas” en los territorios indígenas de Talamanca, en el Atlántico costarricense), no solo subordina al país a las coordenadas geopolíticas que se tienden desde Washington, sino que además profundiza la conformación del “eje conservador dependiente mesoamericano”[2] (Carlos Fazio dixit), para el que tanto trabajaron los dos últimos gobiernos de Costa Rica y Colombia.

La visión de conjunto muestra un gabinete a la deriva, que titubea entre, por un lado, la defensa de los bienes públicos y los intereses de las mayorías populares –reclamo que nace de las organizaciones sociales-, y por el otro, la natural inclinación ideológica de sus funcionarios por el mercado, las nuevas normativas que impone el TLC con los Estados Unidos y las premisas de la contrarreforma neoliberal conservadora.

No se trata de que el gobierno Chinchilla carezca de rumbo: su norte es la derecha, más aún, la derecha del norte. Tampoco sufre de inexperiencia: casi todos sus ministros y asesores son cuadros avezados en el manejo clientelar del Estado costarricense. El asunto de fondo es que la presidenta no controla el timón de la nave: los hilos de la trama se manejan fuera de Casa Presidencial y del Congreso.

Consultado sobre el balance de estos cien días de gobierno de Chinchilla, un expresidente de Costa Rica, fundador del PLN, dijo: “Lamento que ella esté cercada por fuerzas anti-pueblo” [3]. Una sentencia que deja poco margen para esperar cambios voluntarios en la dirección emprendida por la Presidenta, lo que podría acelerar la eclosión de distintas formas de protesta y movilización social en el futuro cercano.

- Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

[1] “Chinchilla capta tibio apoyo en sus primeros 100 días”, en La Nación, 11 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.nacion.com/2010-08-12/ElPais/NotaPrincipal/ElPais2478331.aspx

[2] Fazio, Carlos. “Dominación de espectro completo”, en La Jornada, 12 de julio de 2010. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/12/index.php?section=opinion&article=017a1pol

[3] “A Laura la tienen entre dos fuegos”. Entrevista de Esteban Gil al expresidente Luis Alberto Monge, en Página Abierta, 10 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.diarioextra.com/2010/agosto/10/opinion09.php



Fuente: ALAI

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Doña Laura, ¿Y nosotras?

Por Marta Eugenia Pardo Angulo*

El acto de toma de posesión fue cuidadosamente planeado, tanto como el discurso presidencial, por eso no admiten errores, olvidos ni silencios. Sin embargo, muchas personas, grupos y sectores sociales no fuimos incluidos, porque no existimos en el imaginario del poder.

La espléndida diversidad de doña Laura tiene cara de hombre, siendo Bryan Ruiz y Franklin Chang sus exponentes más representativos. Las mujeres somos las mascaradas, gigantonas que bailamos al son de la música que nos toquen, como personajes de nuestra mitología popular machista. Las y los indígenas son esferas que nos recuerdan a nuestros antepasados, pero no tienen presencia en la Costa Rica actual. La población negra del país es una comparsa en el carnaval de la vida y el turismo ecológico.

Una amplia lista de "hondas mutaciones" es decir, simples transformaciones al azar de un proceso evolutivo decidido por las fuerzas de la naturaleza, constituyen los desafíos que obligan a nuestra Presidenta a la acción legal y moral: el frenesí armamentista, el hambre y la desnutrición, la bioética, el desarraigo de la familia, la agresión incontenible contras las mujeres y los niños, la violación de la vida privada, la desigualdad y la exclusión, la inhumana ostentación del poder económico, la fractura entre el ser humano y la naturaleza, la criminalidad y el narcotráfico. Una extensa y desordenada lista, sin prioridades ni referentes sociales, sin responsables del caos y la ingobernabilidad, sin historia ni luchas populares. La acumulación y concentración de riquezas, ampliamente documentadas, se omitieron convenientemente, en el análisis de las realidades sociales y los cambios necesarios para construir un país más inclusivo, igualitario y justo. Asimismo se omitieron en su compromiso con la paz y la naturaleza.

Una Costa Rica más segura y más tranquila, para doña Laura, es un país con mayor presencia policial, como fuerza represiva y dominante. En su imaginario, ni la concentración de la riqueza, la creciente desigualdad social, los desastres ecológicos que sostienen el turismo galopante, las carencias extremas de las familias, los trabajos mal pagados, o la explotación laboral son componentes de esa inseguridad social que doña Laura piensa combatir con policías, urbanizaciones cerradas, agujas en las vías públicas, y por supuesto, severas limitaciones a nuestra libertad personal.

Frente a los retos del siglo XXI, una propuesta de gobierno que siga atada a un pasado idílico, masculino y blanco, que pretenda ignorar las estructuras de desigualdad y dominación imperantes, que reduzca la protección de la naturaleza a un asunto de prosperidad verde, y que haga del combate a la pobreza un discurso, tiene pocas posibilidades de responder a los desafíos de la Patria.

El hecho histórico de ser la primera mujer Presidenta de la República exige una acción valiente, decidida y de ruptura, para que realmente constituya un hito en el devenir de nuestra Patria.


*Antropóloga


Fuente Nuestro País

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Represión policial y Autoritarismo

Por César A. Parral*

Para nadie es un secreto que la violencia y la criminalidad se han incrementado de manera alarmante en nuestro país en las últimas décadas. Frente a esta realidad, nuestra sociedad ha asumido diferentes posiciones, pero una buena parte de ella exige mano dura contra los delincuentes.

A los políticos, empresas de información, los grupos de poder, la policía, la Iglesia y una buena cantidad de la ciudadanía, no le interesa saber cuáles son las causas que generan este fenómeno y si tienen alguna responsabilidad en ello, lo único que le preocupa es que los maleantes sean encarcelados, ojalá para siempre.

Este clamor social ha llevado a la policía a radicalizar sus acciones sin mayor oposición de la ciudadanía. Todos los días vemos en la televisión como entra a las casas rompiendo portones, matando perros, golpeando y deteniendo a quienes se les pongan por delante; incluso a personas inocentes.


MALESTAR SOCIAL

Junto a este fenómeno discurre de manera paralela al anterior, otro de índole político. Si bien ambos tienen elementos en común, el segundo posee características y se manifiesta de manera muy diferente, me refiero al malestar social.

La desigualdad, la injusticia, la pobreza, la degradación ambiental, los abusos de poder, la mentira, la exclusión, la falta de diálogo, el afán de lucro desmedido y la corrupción de los grupos de poder, alimentan un movimiento social que se ha manifestado de muchas maneras en las últimas décadas.

Hasta hace algunos años en este país eso no representaba mayor problema, existía un cierto consenso social en cuanto a que “Costa Rica es un país libre en donde todo el mundo tiene derecho a manifestarse”.

En este contexto, importantes sectores de nuestra sociedad se han manifestado en las calles y en las instituciones contra la privatización, el TLC, Sardinal, Crucitas, autonomía sindical y universitaria, Crucitas, etc.

Hasta hace algún tiempo la policía mantenía un relativo respeto a la libre expresión consagrada en nuestra Constitución y nuestras leyes. Aunque en algunas ocasiones se han dado enfrentamientos, hasta hace algún tiempo la situación se había mantenido dentro de ciertos límites.

Sin embargo, de un tiempo para acá, podemos hablar desde el inicio de la Administración Arias, los sectores sociales descontentos con las políticas gubernamentales comenzaron a percibir un endurecimiento en las actuaciones policiales y un mayor uso de la fuerza para enfrentar la protesta social.

Pero el asunto fue más allá, de manera encubierta el Gobierno comenzó a realizar espionaje electrónico, a infiltrar organizaciones sociales, a monitorear, identificar, amedrentar y hasta a golpear a personas consideradas “potencialmente peligrosas”, y un sin fin de actividades más.

En los últimos meses hemos percibido con preocupación una actitud todavía más violenta de la policía, pero ya no solo contra los delincuentes, sino contra las personas que legítimamente reclaman sus derechos o se oponen a las políticas de gobierno.

Esta asimilación entre delincuencia y protesta política que se ha comenzado a dar en algunos sectores de nuestra sociedad, es un cambio en apariencia sutil, pero representa un giro extremadamente peligroso que puede desencadenar más confrontación, porque tarde o temprano la violencia y autoritarismo gubernamental encontrarán respuesta en la sociedad y las consecuencias pueden ser terribles.


AGRESIÓN SALVAJE

La mejor muestra de esta nueva política de gobierno quedó de manifiesto el pasado 8 de mayo, cuando minutos después de asumir la Presidencia Laura Chinchilla Miranda, la policía agredió salvajemente a la multitud que se manifestaba frente a la estatua de León Cortés.

Para todos los que estuvimos ahí fue absolutamente claro y evidente, demostrable con fotografías y videos, que no hubo ningún tipo de provocación, ninguna agresión, absolutamente nada que justificara una actitud violenta de la “policía”.

Simplemente, al final del acto de traspaso de poderes, las nuevas Fuerzas Armadas de Costa Rica lanzaron sus bestias contra los manifestantes, y los antimotines la emprendieron a patadas y puñetazos contra las personas que tenían en frente, persiguieron y detuvieron a varias de ellas; esto no es ni más ni menos que represión, práctica común en regímenes autoritarios.

La explicación de dónde vino la orden de reprimir a los manifestantes queda clara cuando se leen las declaraciones publicadas en La Nación el martes 11 de mayo (Pág. 12 A), del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, José María Tijerino: “Tijerino pide a policías actuar con firmeza ante manifestantes”.

En adelante todas aquellas personas que vean lesionados sus derechos y quieran manifestarse públicamente deben saber que ya no gozan de este derecho ciudadano ni están protegidos por la ley; son simples “delincuentes” y serán tratados como tales.

*parral01@hotmail.com


Fuente Nuestro País

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El fuero universitario

Por Jorge Enrique Romero-Pérez*

En la Edad Media, las primeras universidades europeas(Boloña, Salamanca, París) defendieron su institucionalidad frente al poder militar, económico, político, eclesiástico.

Maestros y estudiantes hicieron valer su espacio vital académico ante las arbitrariedades, atropellos y agresiones del Poder . Surge así lo que modernamente se llama autonomía o independencia de las universidades, como centro de pensamiento y de formación de profesionales en todos los campos.

En todo el mundo, los gobiernos han atropellado a las universidades. La reforma o el grito universitario de Córdoba en Argentina en 1918, para América Latina fue la chispa que se extendió por todos los países al sur del Río Bravo.

La independencia universitaria ha costado sangre y luchas de universitarios. Se trata de un hecho social y de un fenómeno político, es decir, ligado al Poder de los grupos dominantes y de las oligarquías; y, sus medios de represión y de dominación.

Posteriormente, el derecho se fue construyendo para delinear y configurar esa autonomía o independencia de las universidades, tanto en las Constituciones Políticas, como en Costa Rica, y en las respectivas leyes. El hecho fundamental y clave para la independencia y autonomía de las universidades, es su protección y defensa frente al Poder político, económico, militar y eclesiástico, a lo largo de la historia.

Por ejemplo, la matanza de Tlatelolco en la plaza de las tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, fue el resultado trágico de la invasión de la UNAM el 30 de julio de 1968, por parte del ejército mexicano. Este fue el hecho desencadenante de la brutal agresión de este ejército.

Hace 40 años, para este mismo mes de abril, estudiantes de segunda enseñanza, por miles y alumnos de la Universidad de Costa Rica, acompañados de sus padres, sindicalistas, oficinistas y obreros dieron la lucha contra el contrato-ley con la compañía de Estados Unidos Alcoa. Igual que ahora, los medios de manipulación y desinformación colectivos nos atacaron con las consignas de que éramos comunistas, revoltosos y peligrosos.

Hoy, esos medios manipuladores y mentirosos, en una estrategia de la falsedad y la provocación del miedo, atacan a la Universidad de Costa Rica, uno de los pocos espacios críticos y de impugnación que quedan en el país. Y, sin duda el más importante centro académico, a lo largo de su historia, que ha graduado cuadros de profesionales, en todos los campos, que han alimentado al sector público y al privado, de los profesionales que han necesitado y necesitan.

La independencia y la autonomía es, ante el producto mismo de la historia secular universitaria, la lucha por la protección y la defensa de esta institución. Es una realidad política, del ejercicio del Poder – de todo tipo- contra la universidad. El derecho, como norma jurídica, lo ha traducido a su lenguaje.

Así, el artículo constitucional 84 manda que las universidades públicas gozan de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones .

Por su parte, la Sala Constitucional, en el voto 1313-93 ha definido claramente en qué consiste esta autonomía e independencia, en el plano jurídico. Este voto o sentencia afirma que la autonomía es especial, completa y por esto distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico. Esta autonomía es administrativa, política, organizativa, funcional y financiera (voto 366-92).

En el plano de los hechos, cada vez que el poder, del tipo que sea, atropelle y agreda a la universidad, tendrá la respuesta firme y contundente de los universitarios que sabemos que tenemos que defender nuestra casa frente a la agresión. La historia del mundo así lo ha demostrado y lo seguirá demostrando.

Esa prensa tendenciosa y amarillista llama a la violación de la autonomía e independencia política y de los derechos humanos, “zafarrancho” (que en su acepción coloquial, es riña). No solo corrompen la realidad, sino también corrompen el lenguaje.

Se debe pedir ante la violación a la autonomía que ha sufrido la Universidad de Costa Rica, que se haga una investigación sobre el proceder de la OIJ; se le pida a los Consejos Universitarios de las demás universidades públicas que se pronuncien sobre esta violación institucional; que un conjunto de personalidades hagan un manifiesto de apoyo a la universidad pública, que se investigue la actuación de los policías de Seguridad Pública.

Que se denuncie la manipulación y desinformación de los medios de prensa sobre esta violación institucional a la Universidad de Costa Rica y la violación de los derechos humanos de las mujeres y hombres que defendieron a la Universidad de Costa Rica por la agresión desmedida y el atropello a la autonomía e independencia universitaria pública.


*Catedrático Humboldt 2010


Fuente Semanario Universidad

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"La culpa es del indio": El periódico La Nación se suma a la andanada contra el gobierno de Bolivia

Por Ignacio Dobles Oropeza

La Nación, tenía que ser La Nación. No se vaya a creer que es casual, es una línea de editoriales que se empieza a manifestar en el continente, empezando por el Washington Post. Me refiero al editorial del día de hoy, 17 de septiembre, titulado “Escalada fatal en Bolivia”.

No les satisface, a estos demócratas de a ratos, que por primera vez en la historia de Bolivia se tenga a un gobierno de las mayorías, dispuesto a emprender cambios para que Bolivia sea un país para TODOS los bolivianos. Estamos hablando, después de todo, del país de gamonales y latifundistas, de capitalismo colonial, como se ha caracterizado alguna vez en los medios.

Es también el país de un presidente que pronunciaba mal su idioma, y no por ser indio, acusado de genocidio y que hoy está protegido en Miami, y conspirando. No es suficiente, tampoco, que Evo Morales haya sido ratificado recientemente en un proceso electoral por casi un 70% de la población, y que, por otro lado, el gobierno haya estado dispuesto a negociar incluso con sus mas acérrimos opositores temas como la autonomía de las regiones.

Tampoco parece importar que los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas acaban de dar un respaldo unánime a Morales, y que en un hecho histórico, de grandes implicaciones, sea por una vez la región la que lidie con sus problemas y no el engendro de la OEA con la presencia intimidatoria de la nación del norte.

Pero esto no tiene importancia para el editorialista. Apenas habían abandonado la reunión los mandatorios, adoptando resoluciones cruciales de apoyo a la democracia boliviana y su soberanía, y a los procesos de negociación, cuando se sentaba, con evidente parcialidad , a emprenderla contra el gobierno boliviano, y de paso, apoyando la subvesion violenta de las instituciones.

La lógica es tramposa: menciona el editorialista “la muerte, al menos de dos decenas de personas, en enfrentamientos entre grupos adversarios y favorables al presidente Evo Morales”.

Es decir “violencia por igual”, responsabilidad paritaria de las partes. Poco le faltó para citar al prefecto de Pando, formador de escuadrones de la muerte, cuando dice que los indígenas asesinados en Pando “iban armados”.Curioso “enfrentamiento armado” este, cuando los muertos parecen estar de un solo lado.

Para La Nación, un crimen de lesa humanidad, bien documentado, con decenas de testigos, y que hasta fue filmado, se convierte en una especie de película de acción. De rifles contra flechas. No cuenta la sangre de indígenas y campesinos, de hombres, mujeres y niños. Se encubre el crimen. Se defiende la impunidad.

Como si el mundo entero no hubiese sido testigo, desde hace ya algún tiempo, de las golpizas y humillaciones publicas propinadas por las hordas facistas-autonomistas a campesinos e indígenas, culpables de ser partidarios de su presidente democráticamente electo y ratificado.

El prefecto de Pando, de apellido Fernández, ha sido detenido y es señalado como responsable del asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños que pacíficamente se desplazaban por la vía publica, dirigiéndose a una concentración de su organización campesina. Dicho señorón está siendo sometido a la justicia. Pero veamos lo que escribe el editorialista de La Nación, siguiendo exactamente el guion de los opositores violentos:

“A menos de 24 horas de haber comenzado (el diálogo con los otros prefectos) las conversaciones se rompieron ayer, tras el arresto de uno de los gobernadores, lo cual, como era de esperarse, condujo al retiro de la oposición”.

El editorial parece haberse escrito en una prefectura de la llamada “media Luna”. Ni una palabra sobre la sangre de inocentes, la toma violenta de instalaciones públicas, la matonería desorbitada de las horas de la “juventud cruceña” o grupos similares. Ni una palabra sobre las acusaciones de intervención del Gobierno de los Estados Unidos. Para el editorialista de La Nación, la culpa es del “indio”.

Casi totalmente. Al final, si, viene la frasesita de que “ la oposición boliviana, agrupada alrededor de las pretensiones autonomistas de las regiones más prosperas del país, no es ajena a las culpas. También sus representantes han atizado la confrontación y han acudido a dudosas vías de hecho” ¿y al genocidio, no han acudido al genocidio, también? Pero a reglón seguido, después de esta palmadita, concluye el editorialista que el “mayor combustible” para el conflicto viene del gobierno de Morales.

Para la Nación, ¡que vergüenza¡ la sangre de indígenas y campesinos no cuenta, la intimidación fascista tampoco. ¿Habrá escrito este editorial el “exdiputado boliviano”, columnista recurrente del diario de Llorente, quien en un artículo reciente acusó a Morales hasta de vínculos con los “musulmanes terroristas”.

“La culpa es del indio maldito” parecen decir, sin mucha elegancia, desde Llorente.



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La Nación(Costa Rica): Actualmente (2008) el diario es propiedad de la corporación Grupo Nación, que también es propietaria de otros diarios y revistas como Al Dia, El Financiero, La Teja, Vuelta En U. Y las revistas: Perfil, Sabores y Su Casa, Soho. Además, posee otras empresas como Servigráficos, Impresión Comercial y PAYCA. También, es dueña de varias estaciones de radio del Grupo Latinoamericano de Radiodifusión, en alianza con el Grupo Prisa de España, mantiene al aire tres emisoras de radio: La Nueva 90.7, Los 40 Principales, y Bésame.

Fuente Wikipedia

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