Independencia del Poder Judicial

Por Sonia Marta Mora

Es un hecho que la institucionalidad democrática de una nación se sustenta, entre otros pilares, en un sistema de justicia imparcial, riguroso e independiente. Esto supone, sin lugar a dudas, procesos cuidadosos y transparentes. Pero descansa sobre todo, bien lo sabemos, en la calidad y probidad de las personas que llegan a la magistratura. Por eso es clave el proceso de selección de las y los jueces. Además de ser personas bien formadas en derecho, con una destacada trayectoria en ese campo que las haga merecedoras de un cargo de tal dignidad, las y los jueces deben ser personas íntegras, rectas, con una honradez a toda prueba. Y su trayectoria debe evidenciar –y esto no es negociable- una clara independencia del poder económico y el poder político.

Porque en los tiempos que corren, bien lo sabemos, los inmensos intereses económicos de algunas empresas y la fuerza de ciertas organizaciones criminales, negocios que traspasan fronteras y que acumulan experiencia en diversos contextos, no parecen detenerse ante nada para lograr sus propósitos. Hemos visto con dolor cómo estos intereses llegan hasta propiciar la corrupción de funcionarios públicos, incluso de aquellos situados en los puestos más elevados y visibles. Para lograr sus propósitos pueden hasta sentirse tentados a ejercer presión sobre jueces y juezas cuando en manos de los tribunales se encuentran decisiones que pueden tocar sus intereses.

Por ello es de extrema gravedad la filtración de un borrador de la sentencia del caso de la minera Crucitas que conoce la Sala Primera. Las informaciones que han trascendido vinculan a un magistrado suplente con la fuga de un texto central de este proceso. ¿Adónde tendremos que llegar para que las y los costarricenses con valentía nos decidamos a detener este deterioro de la institucionalidad democrática? ¿Resulta alguien favorecido con estos hechos?

Porque como muchas veces lo hemos dicho, nuestras instituciones, esas entidades que tanto esfuerzo e inversión le han costado a nuestra democracia, son un patrimonio social tan relevante y valioso como nuestro patrimonio natural. Hay que haber compartido con personas de otros países que no han logrado construirlas o que las han visto derrumbarse para entender la catástrofe que significaría permitir que sigan resquebrajándose ante nuestros ojos. Es gracias a instituciones fuertes e independientes que puede defenderse el interés de la ciudadanía, sobre todo de las personas más vulnerables. Sin instituciones sólidas no hay seguridad para las empresas, sucumbe la seguridad ciudadana y se debilita la justicia, la salud y la educación. Sin instituciones eficientes e independientes no hay defensa posible de los intereses nacionales frente a la voracidad de los grandes negocios.

Ya hace tiempo que la extracción de oro es una pretensión en Costa Rica. ¿qué implicaciones está teniendo esta pretensión sobre nuestra institucionalidad democrática? ¿qué nexos se han establecido con la política tradicional para hacer posible este negocio y cómo se expresan esos vínculos en determinadas resoluciones o en el nombramiento de funcionarios en instancias que tendrían que pronunciarse sobre el caso? Las revelaciones recientes son apenas la punta del iceberg. La prensa deberá seguir jugando un papel central para echar luz sobre toda esta compleja trama en la cual parecen faltar piezas. Y entretanto las y los ciudadanos tenemos que exigir decisiones urgentes en resguardo de la imparcialidad de nuestro sistema de justicia.

Fuente: Diario Extra

Imagen: Boligán

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Revocación de poderes

Por Rogelio Ramos Valverde

Ahora que estamos al frente de una nueva administración, es oportuno reflexionar sobre varios temas trascendentes.
En el cortejo de sucesos a seguir desde el próximo primero de mayo, se abren, siempre se abren, expectativas y esperanzas.

El gobierno que termina es motivo de escrutinio público. Lástima no siga el comportamiento de los juicios de residencia españoles: saber cuál es la verdad de las tareas cumplidas, los proyectos fallidos, la ventura o desventura de los habitantes del país de una gestión ya en el ocaso.

Ahora, simplemente se dejan los cargos. Ni se le exige al Presidente saliente, cumplir con la obligación anual de pedir permiso a la Asamblea Legislativa para ausentarse del país. Todo conforma un ambiente condescendiente, como si los ciudadanos representados en el Congreso, no tuvieran algo que podrían exigirle al mandatario que concluye su labor.

El que venga atrás que arregle los entuertos. Es la frase de Luís XV, Aprés moi, le deluge; “Después de mí, el diluvio”. Pero ya que hablamos de los Capetos, en estos cuatro años, ominosamente hemos pasado por las horcas caudinas de “la tiranía en democracia”, o lo que es lo mismo “pasar por el yugo”, acomodo vernáculo de la política tica al famoso “El Estado soy yo”, del Rey Luís XIV. Vaya; que entre águilas y caracoles nos dejaron sufriendo los rigores de un política neoliberal, y surcado un sendero bien lejano de la vivida desde los años cuarenta del siglo XX, cuando se reubicaron las tareas del Estado, en un afán solidario y fraterno.

Dicho lo anterior, ciñámonos a lo que nos espera a partir del ocho de mayo, comienzo de la administración Chinchilla Miranda. Pasarán los primeros cien días y habrá un conteo de sucesos, cada vez más afines a lo que se ha dado en llamar la “luna de miel” del nuevo gobierno.

Desde allí comienza otro escalón, en la aventura de acomodar piezas y sufrir los embates por lo que se llamará los primeros brotes de disconformidad. Caerán, con la fuera de las primeras lluvias de mayo, al llegar al primer año de la toma de posesión de los diputados y de la presidenta.

Entonces, como una vieja película que hemos visto varias veces, miraremos el atrincheramiento de los miembros del gobierno en defender la “obra” realizada, aunque se esté muy lejos de cumplir decorosamente con las promesas de campaña. Habrá debates sobre la seguridad ciudadana, sobre la situación fiscal, sobre la falta de una política clara de empleo que redunda en más pobreza y de muchas cosas más. Toda una larga cadena de imprecaciones y de defensas.

Mientras eso sucede, se producirían eventuales cambios en la conformación de la Asamblea Legislativa. Éstos van desde la aprobación de leyes con el apoyo de diputados de la oposición, hasta el abandono, decidido o tenue, de los diputados en su obligación partidaria, algunos trasladando todo su equipaje al oficialismo.

¿Cómo evitar esa trasmigración, burla al electorado? Hasta el momento y son muchos los caso recientes, no parece haya antídoto para esa vulneración del voto recibido. En otros tiempos, el diputado que no estaba de acuerdo con la política del gobierno o de la oposición, renunciaba a su curul. Lo exigía el decoro de la institucionalidad. Hoy todo es brebaje de la más baja estofa.

Se impone, pues, establecer un mandato Revocatorio para todos los funcionarios electos. Evitaremos de esa manera el bochorno que hemos sufrido en el pasado. Algunos casos fueron de recibo: el partido abandonó su propia doctrina y no se podía continuar irrespetando al electorado.

Dejemos que la participación ciudadana, se consolide o se rechace, esa renuncia en el ejercicio de sus funciones. No puede seguirse observando de manera impasible como los altos miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se apartan, sin ningún recato, de sus mandatos y por los cuales el pueblo de Costa Rica votó en su oportunidad.

Los partidos políticos y los propios funcionarios electos deben estar bajo la mirada vigilante y el escrutinio de los ciudadanos. ¿Acaso la Constitución no establece que ellos son simples depositario del poder y que la soberanía reside exclusivamente en la Nación?


Fuente Tribuna Democrática

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Sectores sociales hondureños se congregan en apoyo a Zelaya

Sectores sociales de Honduras se congregan este jueves en Tegucigalpa, (capital), atendiendo al llamado que hiciera el pasado miércoles el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien convocó a una asamblea en la Casa Presidencial, "para tomar decisiones en pro del desarrollo y de la democracia hondureña" y de esta forma definir la consulta del próximo domingo en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado leído en horas de la noche, Zelaya anunció la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, tras la desobediencia de ambos a la orden de distribuir el material logístico para la realización el próximo domingo de una consulta en favor de la colocación de una cuarta urna en los comicios venideros.

El mandatario añadió que "quiero convocar para el día de mañana en Casa presidencial a partir de las 12 del día, a los sectores sociales, a los diferentes sectores del país que quieran acompañarnos y al pueblo, para tomar decisiones en pro del desarrollo y de la democracia hondureña".

Rafael Alegría, dirigente campesino, confirmó vía telefónica con teleSUR, que ya están llegando a Tegucigalpa, capital del país, campesinos, indígenas, trabajadores y varios sectores en apoyo a esta decisión del presidente Zelaya.

Alegría añadió que "a pesar de la tranquilidad estamos viviendo momentos de tensión. El alto mando militar ha aceptado el poder del Presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de remover y sustituir a los altos mandos".

El dirigente explicó que en esta reunión conjunta, los movimientos sociales "definiremos qué es lo que debe seguirse, si se sigue con la consulta o se elabora una nueva estrategia entre el pueblo y los sectores populares".

Al mismo tiempo, Alegría pidió solidaridad tanto al pueblo de Venezuela como a los pueblos Latinoamericanos, al tiempo que afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya se ha pronunciado favorablemente en defensa de la institucionalidad del país.

"El respaldo a Manuel Zelaya es importante pero necesitamos la solidaridad de gobiernos y pueblos democráticos para que salgamos adelante, porque hace años no había una iniciativa de consulta a nuestro pueblo", aseveró.

Asimismo, dijo que a mediodía anunciarán las decisiones que se hayan tomado al pueblo hondureño "sobre una constitución más democrática y más participativa".

Alegría recordó que el mandatario hondureño aceptó, la noche de este miércoles, la renuncia del Ministerio de Defensa, al tiempo que reiteró que "el pueblo hondureño esta respaldando esta posición por una consulta popular donde queremos mayor democracia, participativa y protagónica".

Por su parte, la colaboradora de teleSUR, Regina Osorio, reiteró que la vigilia que mantenían desde la noche de este miércoles ciertos sectores sociales ha concluido, dando paso a las movilizaciones desde el interior del país hasta Tegucigalpa, es para atender a la convocatoria del presidente Zelaya.

Asimismo, Osorio reportó que los cuerpos de seguridad se han hecho presentes en algunas calles de la capital, para mantener el orden, aunque se observa un ambiente de calma y tranquilidad.

"Las autoridades han convocado a estudiantes y docentes a que sigan las clases en los centros educativos, mientras se espera la convocatoria del presidente Zelaya en horas del mediodía donde la sociedad civil, obreros campesinos, estudiantes y sectores populares, tomarán determinaciones importantes para continuar con el proceso de consulta popular".

Previamente el mandatario nacional anunció en cadena de radio y televisión que su decisión de suspender a los altos mandos militares, obedece a "la crisis generada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras".

Esos mismos sectores, añadió Zelaya, también causan problema" al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido".

El presidente Zelaya promueve la realización el próximo domingo de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que se decida si se convoca a una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.

El candidato presidencial independiente de Honduras, Carlos Reyes, reportó este jueves que desde el 2005 cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, los movimientos populares "dijimos que ese era el último golpe que se le daba a la Constitución y por lo tanto era necesario una nueva Constituyente".

Por esta razón, el presidente Manuel Zelaya ha adoptado esta consigna y ha venido convocando a los hondureños sobre la necesidad de que se ponga una cuarta urna en las próximas elecciones, explicó Reyes, en contacto telefónico con teleSUR.

"Esto ha desatado la furia de los grupos poderosos, de las clases dominantes que han estado haciendo una campaña terrible. Ayer hasta se hablaba de golpe de Estado", apuntó.

Añadió que "apoyamos la posición del presidente Zelaya de ir a esa consulta como gran parte del pueblo hondureño".

El dirigente del frente popular hondureño, Juan Baraona, aseguró que los grupos de poder en ese país han desatado una campaña feroz contra la propuesta del presidente Manuel Zelaya, "tanto que llegaron a influir en el jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas en romero para que no aceptara la orden del Presidente".

En contacto telefónico con teleSUR, Baraona expresó desde Tegucigalpa que la propuesta de las organizaciones sociales que se congregan este jueves en Casa Presidencial, es "que se eche a andar la consulta este domingo, aunque es muy pronto, pero el pueblo está motivado y volcado a favor de esta consulta".

Añadió que "los grupos de poder tienen miedo, porque después de la consulta viene la Constituyente y luego la aprobación de la nueva Constitución, que será democrática y recogerá los pedidos del pueblo".


Fuente TeleSUR

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Quieren llevar al Padre Gerardo Vargas a la Asamblea Legislativa

• Exitosa Asamblea del Frente Amplio en Limón

El Frente Amplio culminó su proceso de inscripción en la provincia de Limón con la realización de una concurrida y exitosa Asamblea este domingo 8 de febrero. El mal tiempo y la alerta roja decretada por la Comisión de Emergencias, no fue obstáculo para que los delegados y delegadas de los seis cantones de la provincia acudieran a la cita.

Anticipándose a los procesos que decidirán las candidaturas al parlamento y a las municipalidades limonenses, los delegados y delegadas adelantaron que los militantes y amigos del Frente Amplio, así como numerosas fuerzas sociales de la región, quieren que el padre Gerardo Vargas Varela encabece la papeleta para la Asamblea Legislativa, pues su trayectoria de lucha y de compromiso con los pobres, con los trabajadores y trabajadoras, con las comunidades y con todas las buenas causas garantiza que la voz y los derechos del pueblo de Limón no podrán seguir silenciados y postergados.

Entre una lluvia de aplausos, el padre Vargas dijo que él tenía un compromiso con el pueblo limonense y especialmente con los más necesitados y excluidos, y que en su momento, si los compañeros y compañeras del Frente Amplio se lo solicitan, aceptará el reto.

Con ese inicio de entusiasmo continuó la asamblea, dirigida por el compañero Alonso Araya, destacado dirigente sindical del ICE, hasta su culminación con la elección del Comité Ejecutivo Provincial integrado por Jorge Luis Barboza (Presidente), Jenny Vargas (Secretaria), Hellen Navarro (Tesorera), Edgar Solano (Presidente suplente), Tayira Araya (Secretaria suplente) y Matilde Salazar (Tesorera suplente), y los delegados y delegadas a la Asamblea Nacional: Gerardo Vargas, Matilde Salazar, Gilberth Bermúdez, Esmeralda Allem, Alonso Araya, Ricardo Castillo, Lisbeth Juárez, Horacio Morales, Mireya Rodríguez y Neftalí Vargas.

La asamblea recibió un saludo del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas y del diputado José Merino, presidente del Frente Amplio. El Diputado Merino resaltó la labor de construcción y crecimiento del Frente Amplio en el Atlántico, y se refirió a los desafíos que tiene Costa Rica ante las varias crisis que enfrenta.

También estuvo presente en la Asamblea una delegación de la coordinación nacional del partido formada por Rodolfo Ulloa, Héctor Solano y Gustavo Campos.

La Asamblea finalizó con la presentación del dúo Amigos Intimos, que con su música desenfadada y crítica llevó alegría a los presentes, y con un delicioso almuerzo casero (y de bajo costo, por aquello de la "Amnesia").

(Escuche la intervención completa del diputado Merino y vea amplia información gráfica de la Asamblea del Frente Amplio de Limón en http://www.frenteamplio.org)


Foto Frente Amplio


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Bolivia: El INRA revertirá 10 haciendas que mantienen en condición de servidumbre a medio centenar de familias guaraníes

• Malpartida, Larsen, Chávez y otros latifundistas de Alto Parapetí perderán 36 mil hectáreas de tierra

El Estado revertirá 36.425 hectáreas de tierra en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz que no cumplen la Función Económica Social (FES) y donde más de 50 familias guaraníes en condición de servidumbre son sometidas a trabajos forzosos.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) concluyó el saneamiento de 88 mil hectáreas en los polígonos 3 y 4 de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Alto Parapetí. Se identificaron 88 propiedades, y en 10 de ellas se evidenció la existencia de relaciones servidumbrales e incumplimiento de la FES.

El director nacional del INRA Juan Carlos Rojas informó que se reconocerán los derechos de 78 pequeñas y medianas propiedades agrícolas y ganaderas, solares campesinos y propiedades comunarias, las cuales recibirán sus títulos de propiedad.

Se revertirán al Estado los predios "El Recreo" (1.935 hectáreas) de propiedad de Aniceto Corcuy; "San Isidro" (3.790 has) de propiedad de Babil Chávez; "Huaraca" e "Itacay" (10.958 has) de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega; "Buena Vista" e "Isiporenda" (4.477 hectáreas) de Julia Aguilera de Chávez y otros; y "Caraparicito I", "Caraparicito II", "Reserva Privada del Patrimonio Natural" y "Yaguapoa" (15.262 has) pertenecientes a Duston Larsen Metenbrink y otros.

Rojas aseguró que la evaluación del INRA cumple con normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Pacto de Costa Rica.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura confirmaron que cientos de familias indígenas sobreviven como siervos de la gleba, sin tierra, sin salario ni educación, atados a grandes haciendas de la provincia Cordillera.

Mediante decreto supremo 29802 del 19 de noviembre de 2008, el Poder Ejecutivo instruyó al INRA declarar incumplimiento de FES en todos los predios agrarios rurales que mantengan sistemas de peonazgo, trabajo forzoso, cautiverio, servidumbre o formas análogas contrarias al beneficio e interés colectivo.

Existe un sistema servidumbral cuando comunidades, familias o personas trabajan o sirven al propietario o titular de un predio agrario, en un marco de violación a los derechos fundamentales, bajo sometimiento y sin el pleno consentimiento; o cuando se incumplan las obligaciones de pago de salario, sea en especie o por debajo del salario mínimo nacional.

El decreto 29802 indica que el desplazamiento forzado de comunidades, familias o personas de predios agrarios, sea por presión psicológica, con engaños o a través de medios violentos, será considerado un indicio de la existencia de relaciones servidumbrales.

La brigadas del INRA reanudaron el saneamiento de tierras el 21 de noviembre de 2008 en la TCO Alto Parapetí, y verificaron en trabajos de campo que los hacendados incumplen las leyes laborales, pagan a sus trabajadores montos muy por debajo del salario mínimo nacional, o les remuneran en especie (comida, coca, alcohol, ropa vieja)... Algunos niños trabajan más de ocho horas diarias sin recibir salario.

Los patrones prohíben a sus peones organizarse, pertenecer o afiliarse a un sindicato; y algunas familias guaraníes desplazadas han sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos.

El INRA verificó que los Larsen incumplen la FES en 10,3 mil de las 15,2 mil hectáreas que poseen, y que someten a trabajos forzosos a 25 familias guaraníes. La familia Malpartida cumple la FES sólo en 4.9 mil hectáreas de las 10.9 mil que detenta.

Los Malpartida son los patrones más violentos y abusivos de la zona, y pagan un salario mensual de 300 bolivianos a jornaleros que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Malpartida fue enjuiciado por flagelar a guaraníes en Cuevo el 13 abril, y por amedrentar con armas de fuego a comunarios de Itakuatia y despojarles de su equipo de radio comunicación para que no denuncien los atropellos.

Las familias Malpartida y Larsen encabezaron el "comité de defensa de la tierra" que llevó adelante una violenta movilización terrateniente entre febrero y junio de 2008 en la provincia Cordillera.

El norteamericano Larsen llegó al chaco boliviano en 1968 y adquirió la hacienda Caraparicito en 1969 para trabajos agrícolas y ganaderos, pero su hacienda se convirtió en un complejo turístico premiado por la Prefectura de Santa Cruz por constituir "un ejemplo de manejo ambiental sostenible".

Larsen posee 57.145 hectáreas en el departamento de Santa Cruz y tendría una concesión minera en la provincia Ñuflo de Chávez, cantón Saturnino Saucedo.


Fuente Bolpress

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FSM: Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales

NO VAMOS A PAGAR POR LA CRISIS, QUE LA PAGUEN LOS RICOS

Para hacer frente a la crisis son necesarias alternativas anticapitalistas, antiracistas, anti-imperialistas, feministas, ecológicas y socialistas

Los movimientos sociales del mundo nos hemos reunido con ocasión de la celebración del 9º FSM en Belém, en la Amazonia donde los pueblos resisten a la usurpación de la naturaleza, sus territorios y su cultura.

Estamos en América Latina donde en las últimas décadas se ha dado el reencuentro entre los movimientos sociales y los movimientos indígenas que desde su cosmovisión cuestionan radicalmente el sistema capitalista; y en los últimos años ha conocido luchas sociales muy radicales que condujeron al derrocamiento de gobiernos neoliberales y el surgimiento de gobiernos que han llevado a cabo reformas positivas como la nacionalización de sectores vitales de la economia y reformas constitucionales democráticas.

En este contexto, los movimientos sociales de America latina han actuado de forma acertada: apoyar las medidas positivas que adoptan estos gobiernos, manteniendo su independencia y su capacidad de crítica en relación a ellos. Esas experiencias nos ayudarán a reforzar la firme resistencia de los pueblos contra la política de los gobiernos, de las grandes empresas y los banqueros que están descargando los efectos de esta crisis sobre las espaldas de las y los oprimidos.

En la actualidad los movimientos sociales a escala planetaria afrontamos un desafió de alcance histórico. La crisis capitalista internacional que impacta a la humanidad se expresa en varios planos : es una crisis alimentaría, financiera, económica, climática, energética, migratoria..., de civilización, que viene a la par de la crisis del orden y las estructuras políticas internacionales.

Estamos ante una crisis global provocada por el capitalismo que no tiene salida dentro de este sistema. Todas las medidas adoptadas para salir de la crisis sólo buscan socializar las pérdidas para asegurar la supervivencia de un sistema basado en la privatización de sectores estratégicos de la economía, de los servicios públicos, de los recursos naturales y energéticos, la mercantilización de la vida y la explotación del trabajo y de la naturaleza, así como la transferencia de recursos de la periferia al centro y de los trabajadores y trabajadoras a la clase capitalista.

Este sistema se rige por la explotación, la competencia exarcebada, la promoción del interés privado individual en detrimento del colectivo y la acumulación frenética de riqueza por un puñado de acaudalados. Genera guerras sangrientas, alimenta la xenofobia, el racismo y los extremismos religiosos; agudiza la opresión de las mujeres e incrementa la criminalización de los movimientos sociales. En el cuadro de estas crisis, los derechos de los pueblos son sistemáticamente negados.

La salvaje agresión del gobierno israelí contra el pueblo palestino, violando el derecho internacional, constituye un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad y un símbolo de esta negación que también sufren otros pueblos del mundo.

Para hacer frente a esta crisis es necesario ir a la raíz de los problemas y avanzar los más rápidamente posible hacia la construcción de una alternativa radical que erradique el sistema capitalista y la dominación patriarcal.

Es necesario construir una sociedad basada en la satisfacción de las necesidades sociales y el respeto de los derechos de la naturaleza, asi como en la participación popular en un contexto de plenas libertades políticas. Es necesario garantizar la vigencia de todos los tratados internacionales sobre los derechos civiles, políticos, sociales y culturales (individuales y colectivos), que son indivisibles.

En este camino tenemos que luchar, impulsando la más amplia movilización popular, por una serie de medidas urgentes como:

• La nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social

• Reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario

• Medidas para garantizar la soberanía alimentaria y enérgetica

• Poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras

• Reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación

• Garantizar el derecho a la tierra, territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos

• Democratizar los medios de comunicación y de conocimiento

El proceso de emancipación social que persigue el proyecto ecologista, socialista y feminista del siglo 21 aspira a liberar a la sociedad de la dominación que ejercen los capitalistas sobre los grandes medios de producción, comunicación y servicios, apoyando formas de propiedad de interés social: pequeña propiedad territorial familiar, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva…

Esta alternativa debe ser feminista porque resulta imposible construir una sociedad basada en la justicia social y la igualdad de derechos si la mitad de la humanidad es oprimida y explotada.

Por último, nos comprometemos a enriquecer el proceso de la construcción de la sociedad basada en el “buen vivir” reconociendo el protagonismo y la aportación de los pueblos indígenas.

Los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo la lucha social de masas puede sacar al pueblo de la crisis. Para impulsarla es necesario desarrollar un trabajo de base de concienciación y movilización.

El desafió para los movimientos sociales es lograr la convergencia de las movilizaciones globales a escala planetaria y reforzar nuestra capacidad de acción favoreciendo la convergencia de todos los movimientos que buscan resistir todas las formas de opresión y explotación.

Para ello nos comprometemos a:

• Desarrollar una semana de acción global contra el capitalismo y la guerra del 28 de marzo al 4 de abril 2009:

• Movilización contra el G-20 el 28 de marzo;

• Movilización contra la guerra y la crisis el 30 de marzo;

• Día de solidaridad con el pueblo palestino impulsando el boicot, las desinversiones y sanciones contra Israel, el 30 de marzo;

• Movilización contra la OTAN en su 60 aniversario 4 de abril; etc.
  

Fortalecer las movilizaciones que desarrollamos anualmente:

• 8 de marzo: Día internacional de la Mujer

• 17 de abril: Día Internacional por la Soberanía Alimentaria

• 1 de Mayo: Día Internacional de los trabajadores y trabajadoras

• 12 de octubre: Movilización Global de lucha por la Madre Tierra contra la colonización y la mercantilización de la Vida

• Impulsar las agendas de resistencia contra la cumbre del G-8 en Cerdeña, la cumbre climática en Copenhague, la cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago...

Respondamos a la crisis con soluciones radicales e iniciativas emancipatorias.

Esta vergonzosa impunidad debe terminar. Los movimientos sociales reafirman aquí su activo sostén a la lucha del pueblo palestino así como todas las acciones de los pueblos del mundo contra la opresión.


Fuente movimientos.org

Foto Reuters


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Gana el sí a la Constitución; proclama Evo Morales la refundación de Bolivia

Por: Rosa Rojas (Corresponsal y agencias)

El presidente Evo Morales proclamó hoy la “refundación de Bolivia” después que 60 por ciento de los ciudadanos, aproximadamente, aprobó la nueva Constitución Política, que fortalece el control estatal de la economía, establece autonomías regionales y reconoce derechos de los pueblos originarios, por primera vez desde que el país alcanzó su independencia hace 183 años.

“Aquí se acabó el Estado colonial, aquí se acabó el colonialismo interno y externo, aquí se acabó el neoliberalismo”, afirmó Morales al celebrar ante miles de personas que abarrotaron la plaza Murillo, corazón político del país, que el sí a la Carta Magna ganó a escala nacional.

Según conteos rápidos de las dos principales televisoras privadas, el sí se impuso con una ventaja de más de 15 puntos porcentuales.

La cadena Unitel informó que 60 por ciento de los electores votaron por el sí, mientras que 40 restante lo hizo por el no. ATB dio a conocer que 58.3 por ciento dió su aprobación, en tanto que 41.7 por ciento sufragó en contra.

De acuerdo con el conteo rápido de la televisora Red Uno, con 85 por ciento de los votos contados los resultados a escala nacional eran: 60 por ciento por el sí y 40 por ciento por el no.

Por departamentos, en Santa Cruz el resultado era de 34 por ciento por el sí y 66 por ciento por el no; en Chuquisaca había 50 por ciento para cada opción, aunque después ATB difundió cifras de 48.4 por ciento por el sí y 51.6 por ciento por el no; en Pando, 40 por ciento sí y 60 por ciento no; en La Paz, 77 por ciento sí, 23 por ciento no; en Beni, 32 por ciento sí y 68 por ciento no; en Tarija, 43 por ciento sí y 57 por ciento no; en Cochabamba, 62 por ciento sí y 38 por ciento no; en Oruro, 74 por ciento sí y 26 por ciento no; en Potosí, 75 por ciento sí y 25 por ciento no.


Los ciudadanos también decidieron hoy limitar la propiedad agrícola a cinco mil hectáreas, toda vez que 78 por ciento marcó la boleta con esa cifra, mientras que 22 por ciento optó por las 10 mil hectáreas.

Los resultados oficiales serán dados a conocer por la Corte Nacional Electoral en las próximas horas y posteriormente deberá remitir el resultado al Congreso Nacional para que en un plazo de 60 días promulgue la nueva carta fundamental, aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007.

Desde el balcón del Palacio Quemado, sin hacer alusión a los resultados adversos en Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca y Pando, la llamada Media Luna, según los datos preliminares de las televisoras, Morales llamó a los prefectos (gobernadores) y alcaldes de todo el país a integrar con el gobierno nacional un Consejo para las Autonomías para toda Bolivia.

Llamó asimismo a los constitucionalistas y a los dirigentes de los movimientos sociales a trabajar juntos en la implementación de la nueva Constitución.

Paralelamente, en Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz, donde triunfó el sí, hubo celebraciones; en las plazas principales de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca se realizaron festejos por el triunfo del no.


Necesario, un pacto: prefectos de la Media Luna

Los discursos de las autoridades prefecturales de Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío; Beni, Ernesto Suárez, y Chuquisaca, Savina Cuéllar, así como del dirigente cívico cruceño, Branco Marinkovic, tuvieron lugar antes de la alocución de Morales desde el palacio de gobierno.

Todos ellos, excepto Cuéllar, que planteó desacatar la nueva Constitución, hablaron con distintos matices de la necesidad de un pacto o concertación nacional para evitar confrontaciones.

Costas, Cossío y Suárez coincidieron en sus discursos en restar legitimidad al triunfo del sí, porque en sus departamentos ganó el no y nuevamente pusieron adjetivos a la nueva Constitución en el sentido de que es “chavista” –en alusión al presidente venezolano, Hugo Chávez–, “divisionista, racista y confrontacional”.


Entre los puntos principales del nuevo texto de la Carta Magna destacan:

La religión católica deja de ser religión oficial y el Estado se proclama independiente de credo.

Los medios de comunicación no podrán conformar monopolios.

Se incorpora la segunda vuelta electoral y la relección inmediata por una sola vez. El mandato, igual que para los legisladores, se mantiene en cinco años.

Los servicios básicos (agua, luz, teléfonos, etc.) son declarados derechos humanos.

Los recursos naturales renovables y no renovables son declarados de carácter estratégico.

Se protege a la coca como patrimonio y recurso natural, y se prohíben bases militares extranjeras.


Morales Ayma hizo un reconocimiento a la participación democrática de los bolivianos que con su voto, conciencia y voluntad soberana contribuyeron a que se refunde el país. Elogió en particular a los movimientos sociales, a profesionales, intelectuales y artistas, pero sobre todo, dijo, al movimiento campesino indígena, “el más humillado durante la república, que ahora es reconocido y tiene derechos como cualquier ciudadano”.

“Vamos de triunfo en triunfo”, afirmó en referencia a las victorias electorales que ha registrado el Movimiento al Socialismo (MAS) en los tres últimos años.

En 2005, recordó Morales, su partido ganó las elecciones “para empezar con la refundación de Bolivia”; en 2006, el segundo triunfo fue la elección de constituyentes; el tercero fue la ratificación del presidente y vicepresidente en agosto pasado y ahora el sí a la nueva Constitución.

“Los neoliberales, los vendepatrias permanentemente están siendo derrotados, gracias a la conciencia del pueblo boliviano”, espetó, mientras que en la plaza Murillo, cuando Morales hacía una pausa, la multitud coreaba: “¡Evo querido, el pueblo está contigo!”

“El resultado de hoy en las distintas regiones del país, en algunos con muchos, en algunos con pocos, pero este pueblo boliviano garantiza esas transformaciones profundas…

Gracias al pueblo boliviano se acabó el latifundismo, se acabaron los terratenientes”, añadió Morales.

Aquí “no hay ningún empate”, añadió en alusión al discurso de Marinkovic, que había aseverado que hubo en el referéndum de hoy un “empate técnico”. Aquí, puntualizó Morales, “hay un solo ganador, la nueva Constitución Política del Estado boliviano, aquí no hay ninguna Media Luna (los departamentos del oriente del país cuya geografía política conforma esa figura); ahora, con la nueva Constitución, de la mal llamada media luna a luna llena, con la unidad de todos los bolivianos”.

La jornada electoral se desarrolló con tranquilidad en todo el país y sólo se registraron incidentes aislados.

El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, aseveró en rueda de prensa que “el mensaje más importante y positivo es que hubo 85 por ciento de participación ciudadana, el índice más elevado de nuestro proceso democrático, el que deben rescatar y analizar con mucha serenidad los líderes políticos”.

El funcionario hizo un recuento de algunas irregularidades reportadas, entre ellas la denuncia de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, de que en seis mesas de la provincia Omasuyos, departamento de La Paz, y en la provincia Nataniel Aguirre, en el Chapare cochabambino, se violó la secretividad del voto. Se va a investigar, dijo, y advirtió que “el voto cantado” es un delito electoral, penado con 15 a 30 días de privación de la libertad.


Fuente: La Jornada

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Comunicado de Prensa: Pacuare es vida, represa NO

Comunicado de Prensa

Comunidades del Pacuare defienden el río y sus derechos

Represa Pacuare: "una imposición autoritaria y antidemocrática"

El 9 de febrero del 2008 el gobierno de Oscar Arias dijo que se construirá una planta hidroeléctrica de 158 MW en el río Pacuare. Para las comunidades de Turrialba ese anuncio es "una imposición autoritaria y antidemocrática" pues desconoce el plebiscito del 28 de agosto del 2005, en el que el 97% de votos fueron por el "NO" a las represas en el Pacuare.

"El Gobierno está obligado a respetarnos. Ya nosotros dijimos NO y jamás aceptamos esa represa porque ya sabemos muy bien que acabará con el Pacuare como ocurrió con el Reventazón, y además porque desaparecerán comunidades enteras bajo el embalse", dijo Pastora García Zapata de la comunidad Pacuare.


TSE y Municipalidad de Turrialba reconocen voluntad popular

El pasado 5 de noviembre la resolución No. 3897-E8-2008 del Tribunal Supremo de Elecciones, reafirmó la razón de las comunidades, señalando que "Lo resuelto en el plebiscito del 28 de agosto de 2005 en el cantón de Turrialba es de acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal de esa Municipalidad".

La misma Municipalidad de Turrialba, respetando debidamente la voluntad ciudadana, el 25 abril del 2006 había acodado"…acatar lo dispuesto por los electores…y se ordena a la administración municipal no otorgar permisos de construcción…para platas hidroeléctricas en el Río Pacuare, según se establece en el Reglamento sobre consultas populares…".

Ahora mismo, las comunidades están realizando una consulta oficial al Gobierno local para conocer su posición con respecto del mandato del Ejecutivo que es avalado por la directiva del ICE.


No se debe financiar el PHPacuare

La coordinación de la campaña por el Pacuare, indicó que en la Asamblea Legislativa se tramita el Convenio de inversión CR-X1005", Expediente N.º 17.113, que traería fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para el programa de desarrollo eléctrico 2008-2014, y además que el Gobierno gestionó ante el mismo BID, una prórroga para aprobar el "Contrato de préstamo 1908/OC-CR: Programa de Desarrollo Eléctrico 2008-2011".

"No nos oponemos a créditos de inversión pública en condiciones favorables para el país, pero desde las comunidades del Pacuare hacemos un llamado directo y claro al BID, a la Corporación Andina de Fomento con la que también hay convenio de financiamiento, u otras entidades internacionales, para que abstengan de financiar cualquier actividad del PHPacuare.

Instamos también a los y las señoras diputadas a rechazar rubros para el PHPacuare en esos proyectos, pues su aprobación equivale a desconocer los derechos de las comunidades y del mismo río que serían directa y negativamente afectados, incluso con su desaparición forzada como Bajo Pacuare y Nimarí Ñac del pueblo indígena cabécar.

Cualquier préstamo internacional que ayude al ICE y al gobierno a construir el PHPacuare, creará un nefasto precedente contra los pueblos indígenas por violación de convenios internacionales como el 169 de la OIT, que ya de hecho han sido violentados por el ICE. En caso de que se aprueben ése u otros empréstitos, nosotros recurriremos a las instancias que sea necesario para defendernos", señaló Osvaldo Durán Castro, del Equipo coordinador de la campaña por el Pacuare.


Pueblos indígenas por sus derechos

Para los pueblos indígenas del Pacuare, la represa significa su desplazamiento forzado, pérdida de y desaparición de centros de población.

En un documento expuesto en una gran reunión de comunidades del Pacuare en Nimarí Ñac, José Moya, del Territorio indígena Santubal, expuso con claridad y contundencia que "los pueblos indígenas no estamos de acuerdo de que el gobierno de Costa Rica esté mandando a las instituciones del Estado a darle grandes problemas a los indígenas que le dieron el voto a Oscar Arias, para que los defienda y no para que los venda.

A los indígenas los ampara la ley de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, que en el artículo 2 dice que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas en una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos indígenas y a garantizar el respeto de sus intereses".

Esta misma posición fue ampliada por indígenas jóvenes y mayores como Junior Valle Pérez y Aurelia Madríz, que se resisten a la represa para conservar sus tierras y su convivencia con el río; igual que sucede a los pueblos indígenas el sur del país donde el ICE quiere construir el PHDiquís.


Camino de tropiezos y faltas graves

Ya antes del plebiscito las comunidades habían denunciado los irreparables impactos negativos sociales y ecológicos de un PH en el Pacuare, reconocidos como "graves, altos, severos y muy severos", en los estudios pagados por el mismo ICE.

Esos estudios, realizados por Norconsult International A.S y Centro Científico Tropical, fueron rechazados por la SETENA el 7 marzo del 2005, cuando el expediente del PH Pacuare fue archivado, por sus innumerables limitaciones e irregularidades técnicas y errores de procedimiento, incluido que nunca se consultó a los pueblos indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT. (Setena, Resolución No. 491-2005).

Luego, el 19 de julio del 2005, el Consejo Directivo del ICE decidió "sustituir" el PH Pacuare por el PH Balsa (que luego fue desestimado). A pesar de los errores técnicos y de los daños demostrados, el ICE y el Gobierno nunca desistieron de construir la represa, por lo que ahora en las comunidades del Pacuare se desarrolla una nueva etapa de defensa de derechos ciudadanos y del Pacuare, que es reconocido mundialmente por su incalculable biodiversidad, y por ser considerado uno de los 5 ríos más hermosos del planeta.

Según explicó Miguel Sojo, "pareciera que al ICE se le olvidó cuál era su sentido de servicio al pueblo y pareciera que lo quieren ahora es capital, o sea, dólares o euros, y también se les olvidó que nosotros como comunidades y pueblo, somos parte del ICE. Nosotros no estamos en contra del ICE, sino de estos proyectos que nos destruyen a nosotros y a la naturaleza".


¿A quién sirve el ICE?

De acuerdo con los y las defensoras del Pacuare, "El ICE no contribuye al desarrollo del país imponiendo represas sin haber realizado una verdadera planificación hidroeléctrica, que implica salvar ríos como el Pacuare para la vida del futuro. Mucho menos logra avanzar si descalifica y llama "aldeas" a los pueblos indígenas y tacha de "oportunistas" a las personas, organizaciones y comunidades que desde hace muchísimos años, hemos llamado al diálogo y a buscar consenso sobre cuál es el modelo energético e hidroeléctrico que el pueblo de Costa Rica realmente necesita.

El ICE tampoco ha sido claro con respecto de sus planes de exportación de electricidad y los negocios con los generadores privados nacionales y externos. Creemos que el ICE está obligado a asegurar una re-inversión pública más eficiente, incluida la inversión para mejorar la eficiencia de las hidroeléctricas en operación, y así bajar la presión sobre ríos como el Pacuare y Savegre", indicó Osvaldo Durán Castro.


Más información:

Osvaldo Durán Castro y Eugenio Guido Pérez osvaldodc@gmail.com, euguido@gmail.com, 8380-0955, 8825-0778

Asociación Proyectos alternativos para el desarrollo social- Amigos del Río Pacuare



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Gobierno veta participación ciudadana

• Sala Constitucional deberá resolver sobre consultas en materia ambiental

El Poder Ejecutivo vetó la "Ley que fomenta la participación ciudadana en materia ambiental", a pesar del apoyo de 48 legisladores, de todas las corrientes políticas, y de diversas entidades populares, entre ellas organizaciones ambientalistas y sindicales como FECON, MAOCO, UCIN, ANEP, CUSIMA, UNAC y CGT.

En la comunicación a la Asamblea Legislativa el presidente de la República, Oscar Arias, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, fundamentan el veto en razones de inconstitucionalidad.

Según interpreta el Diputado José Merino como el Ejecutivo fundamenta su veto en razones de inconstitucionalidad, lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa envíe la Ley a la Sala Constitucional, para que ésta se pronuncie. El gobierno lo que hace es pasarle la "papa caliente" a la Sala, comentó.

El Diputado Merino dijo que el Frente Amplio, junto a otras fracciones parlamentarias que seguramente le acompañarán, defenderá la constitucionalidad de los instrumentos de democracia directa que están incluidos en la Ley, porque no cree que las decisiones en materia ambiental deban estar solo en manos de los expertos y los empresarios, sino que también el pueblo está en capacidad de hacer buen uso de sus libertades.

El legislador frenteamplista lamentó que este "veto responda a la presión de cúpulas empresariales, que desprecian tanto la conservación del ambiente como la participación ciudadana".

"El Frente Amplio rechaza este veto y espera que la ley sea enviada a la Sala Constitucional con el apoyo de los diputados y diputadas que lo aprobaron en forma unánime", agregó el Diputado Merino.

El parlamentario dijo que este veto de los hermanos Arias no puede dejar de verlo también "como una represalia con el Frente Amplio por su firmeza opositora" y que "El Frente Amplio nunca se va a doblegar y nunca violentará los derechos del pueblo y la naturaleza".


Caricatura Kalvellido


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Más: Una ley justa y necesaria, José Merino del Río

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Mujer

Mujer

Mujer si te han crecido las ideas
de ti van a decir cosas muy feas
que no eres buena, que si tal cosa
que cuando callas te ves mucho más hermosa.

Mujer, espiga abierta entre pañales
cadena de eslabones ancestrales
ovario fuerte, di lo que vales
la vida empieza donde todos son iguales.

Ángela, Jane o antes Manuela
Mañana es tarde, y el tiempo apremia.

Mujer si te han crecido las ideas
de ti van a decir cosas muy feas
cuando no quieras ser incubadora
dirán, no sirven estas mujeres de ahora.

Mujer, semilla, fruto, flor, camino,
pensar es altamente femenino.
Hay en tu pecho dos manantiales,
fusiles blancos y no anuncios comerciales.

Ángela, Jane o antes Manuela
Mañana es tarde, y el tiempo apremia.


De Gloria Martín
Interpretada por Amparo Ochoa

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Una mujer con mucha enagua

Una mujer con mucha enagua
Ramona, comandanta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Una mujer con mucha enagua (1)
Radialistas.net


Una mujer con mucha enagua (2)
Radialistas.net



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Una ley justa y necesaria

Por José Merino del Río*

La aprobación unánime en la Asamblea Legislativa de la ley para fortalecer la participación ciudadana en asuntos ambientales, constituye un hito en el siempre inacabado proceso de fortalecer nuestra democracia.

Costa Rica se coloca así a la cabeza en escala mundial en el cumplimiento del compromiso internacional asumido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente de 1992: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, (...) toda persona deberá tener la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones."

Que las comunidades locales, la gente, es decir, quienes sufren en carne propia los efectos de la degradación ambiental, puedan contar con mecanismos efectivos para pronunciarse sobre decisiones del Estado, que ponen en grave peligro el ambiente es un hecho histórico que debe llenarnos de orgullo y satisfacción.

Algunos sectores empresariales, reducidos pero poderosos, han manifestado preocupaciones por los alcances de esta nueva legislación. Sin embargo, en su mayoría, estas dudas parten de premisas incorrectas e infundadas.

No es cierto que esta nueva ley convierta al Estado en un simple espectador en la gestión de los recursos naturales. Lo que ocurre es que la forma de gobernar del Estado ha cambiado radicalmente desde la reforma al artículo 9 constitucional de 2003 que declaró que el Gobierno de la República es "participativo" (no solo representativo) y lo ejerce directamente el pueblo, además de los tres poderes tradicionales.

A partir de este cambio la participación de la población en la toma de decisiones trascendentales para su futuro, dejó de ser un episodio aislado o una concesión caprichosa de los gobernantes de turno, para convertirse en derecho fundamental que las autoridades deben facilitar y respetar permanentemente.

De manera que la ley aprobada no hace más que crear mecanismos para que este derecho se haga efectivo y no se quede en el papel. Si hay una materia que justifica y exige la introducción de amplios niveles de participación ciudadana, esa es la cuestión ambiental, porque como en ninguna otra las acciones de terceros afectan de forma tan directa los la calidad de vida y los fundamentos de la vida misma del resto de la población y las futuras generaciones. La multiplicación y agudización de los conflictos ambientales por toda la geografía nacional, hablan claramente de la oportunidad de esta ley justa y necesaria.

Es falso que la ley pretenda evadir la restricción constitucional que impide realizar referendos sobre la aprobación de actos de naturaleza administrativa (artículo 105). Esta limitación se refiere a los referendos legislativos, es decir, a aquellos referidos a la aprobación de actos que son competencia de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, la ley de participación ambiental crea plebiscitos y referendos para consultar actos de competencia del Ministerio de Ambiente y no incluye actos legislativos.

En nuestra Constitución no existe prohibición alguna para que la ley faculte a otros órganos del Estado distintos del Poder Legislativo a realizar consultas populares vinculantes sobre decisiones de su competencia, mucho menos cuando la propia Carta Magna dice que el Gobierno es participativo. De hecho si así fuera, no podrían existir las consultas vinculantes establecidas en el Código Municipal desde hace 10 años y que también se refieren a decisiones administrativas de competencia municipal.

Tampoco es correcto afirmar que la ley aprobada busca establecer consultas populares para cualquier decisión del Estado, incluyendo la construcción de una casa u otras obras menores. Decisiones que forman parte de las potestades de control y fiscalización como la imposición de sanciones no pueden ser llevadas a plebiscito. Tampoco decisiones de naturaleza técnica como las resoluciones de la SETENA o el Tribunal Ambiental.

La ley establece que las consultas pueden ser convocadas por el MINAET cuando se trate de proyectos que generen considerables impactos ambientales, impliquen graves riesgos de contaminación u ocasionen importantes conflictos sociales. También pueden ser convocadas por iniciativa popular cuando lo soliciten ciudadanos que representen al menos el 10% del padrón electoral correspondiente a las comunidades afectadas por la decisión que se quiere consultar.

Esto quiere decir que para convocar consultas de ámbito nacional -como las referidas a normas de aplicación general- se requiere contar con más de 270 mil firmas (el 40% de los votos recibidos por el Presidente Arias), y para consultas a nivel cantonal con una cantidad de firmas superior a los votos recibidos por la gran mayoría de los alcaldes electos en 2006.

La recolección de estas firmas no es una tarea sencilla que se pueda emprender de la noche a la mañana y para cualquier asunto de menor cuantía. Requiere de grandes esfuerzos logísticos y altos niveles de organización y participación ciudadana, que solo serán posibles en casos calificados de decisiones trascendentales que realmente afecten y preocupen a la población.

¿Tiene derecho el pueblo de Costa Rica derecho a opinar y, en última instancia, decidir sobre la construcción de proyectos como la mina de Las Crucitas? Esa es la cuestión de fondo que está en debate aquí. ¿Por qué tanto temor a que la gente decida? Hay quien cree que las decisiones deben estar en manos de las élites y de los expertos, y que los pueblos no están capacitados para hacer un buen uso de sus libertades. Esta visión elitista de la democracia, explica en parte la arremetida contra esta buena ley.


* Diputado del Partido Frente Amplio


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Veinticinco verdades sobre las elecciones en el país que tanto predica la 'democracia'

• ¿Hay esperanza de que los norteamericanos, algún día, tengan un sistema electoral que respete las normas universalmente reconocidas de voto?

Por Jean Guy Allard

Estados Unidos, el país que tanto pretende imponer su versión de la democracia en cada rincón del mundo, posee uno de los sistemas electorales más complejos, incomprensibles e incongruentes del planeta. Aquí se exponen 25 de las muchísimas verdades que pudieran enumerarse acerca de las elecciones presidenciales de esa nación.

1.- Al contrario de la mayoría de los países donde el ciudadano es inscrito en listas electorales a través de un proceso asumido por el Estado o se encuentra empadronado automáticamente por ser ciudadano, para tener derecho a votar el ciudadano norteamericano debe empadronarse por sus propios medios, realizando trámites que varían según su lugar de residencia, a veces por intermedio de activistas de algún partido.

2.- Lo que en otros países sería considerado como una flagrante violación de la confidencialidad del voto, se sugiere al ciudadano declarar su preferencia electoral entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Esa información, si es expresada, quedará luego accesible públicamente y se usará incluso para la definición de las circunscripciones.

3.- Más de cuatro millones de norteamericanos no pueden votar por estar presos, bajo libertad vigilada o, simplemente, por tener un antecedente penal de un delito mayor. Algunos estados prohíben votar de por vida a los ex penitenciarios.

4.- En cada elección, miles de votantes, aunque formalmente inscritos, son luego excluidos de las listas electorales, mediante una serie de trucos como el "caging" que permite eliminar a un elector si no contesta a una solicitud hecha por correo a su dirección. Entre las víctimas se encuentran los soldados estacionados en el extranjero.

5.- En las elecciones del 2000, en la Florida, Jeb Bush contrató a una empresa llamada Database, para que "depurara" las listas electorales: decenas de miles de electores empadronados en la en ese Estado fueron eliminados de los padrones. Respetables ciudadanos no pudieron sufragar porque sus apellidos eran fonética o gráficamente parecidos a los de personas con antecedentes de delitos mayores.

6.- La gran mayoría de las víctimas de tales procesos de exclusión son negros, latinos o miembros de minorías raciales, un sector de la población más propenso a votar por los demócratas. Un ejemplo: en la Florida, más del 30% de los hombres negros no pueden votar por tener antecedentes penales. Sin embargo, el Washington Post calculó en más de seis millones, en todo el país, la cantidad de personas contabilizadas más de una vez.

7.- De acuerdo a las quejas expresadas al terminarse el escrutinio del 2004, las irregularidades el día de votación son innumerables: además de la supresión deliberada del voto en zonas cuyos electores apoyan a los demócratas, de las urnas electrónicas que cambian el voto, de la anulación arbitraria de sufragios, el cómputo del voto es deliberadamente manipulado en numerosos distritos. El voto por correo es constantemente objeto de fraude. En el condado miamense de Broward, en el 2002, se determinó que 104 000 votos fueron omitidos por las máquinas y hasta 55 000 boletas perdidas en el correo.

8.- Caso único en el mundo, cada estado o municipio determina el método de votación: papel con lápiz, cartón con bolígrafo, tarjeta perforada, aunque cada vez más se favorece el voto computarizado, manejado por empresas dominadas por intereses republicanos. Los sistemas de votación dependen de cada estado y, dentro de éste, de cada condado.

9.- El controvertido uso de puestos de votación electrónicos que no emite recibos al votante, resultados de voto obviamente sin relación con la clientela electoral, fallos técnicos y demás desviaciones de resultados son constantemente (e inútilmente) objetos de denuncias, en cada escrutinio, en el territorio entero. En el 2002, en la Florida, un sistema electrónico de votación registró una tasa de participación de 900% en un sector de voto.

10.- Cerca del 50% de los ciudadanos habilitados para votar no votan, y de una elección a la otra, la tendencia a la abstención es galopante. Según un sondeo de la Universidad de Harvard y del diario The Wahington Post, uno de cada cuatro ciudadanos con derecho a voto dice estar disgustado con la política electoral.

11.- El ciudadano norteamericano no vota por su candidato preferido sino a favor de un partido que designará Grandes Electores cuyo Colegio Electoral luego elegirá al presidente, sin obligación alguna de respetar el deseo del elector o a dar la presidencia al candidato con más votos. En el 2000, Al Gore tuvo la mayoría de los votos y George Bush recibió la Casa Blanca por el número de votos en el Colegio Electoral. En el 2004, la victoria republicana en Ohio fue también atribuida al fraude en la recopilación de los votos.

12.- Cada estado tiene un número de votos electorales según su población más los senadores con que cuenta, más el número de representantes a la Cámara Baja. ¿Entendió? ¿No? Normal, la mayoría de los norteamericanos tampoco. En virtud de esta regla, California tiene 55 Grandes Electores, siete Estados solo tienen tres. El régimen constitucional concede igual número de senadores a cada Estado, por despoblado que sea, con el resultado de que los estados pequeños tienen una representación desproporcionada en el Colegio Electoral.

13.- Casi nadie conoce a los Grandes Electores, personajes designados por los propios candidatos —parece que a nadie tampoco le importa su identidad.

14.- La fórmula "winner take all" (el ganador se lleva todo) es aplicada a los resultados del escrutinio en 48 Estados: el partido que más votos recoge en un Estado adquiere todos los Grandes Electores de este Estado. Esta regla garantiza a uno de los dos grandes partidos la victoria absoluta en cada estado y hace virtualmente imposible el acceso a un tercer partido al poder. Resulta que este sistema anula el voto de la mayoría de los votantes. Un candidato sólo tiene que recibir más votos que cualquier otro para llevarse todo el estado; los demás efectivamente no cuentan. Sólo dos estados (Maine y Nebraska) usan el sistema proporcional.

15.- El diseño y el rediseño de las circunscripciones se hace periódicamente en función de los intereses de los elegidos, según la ubicación de su clientela electoral, de tal forma que la gran mayoría de los representantes a la Cámara Baja son reelegidos sistemáticamente.

16.- Las contribuciones electorales son la base de la sobrevivencia política de los congresistas y de los partidos. Proceden en su gran mayoría de las grandes corporaciones que garantizan así la disponibilidad absoluta de los políticos hacia sus intereses. Las contribuciones de empresas a través de llamados Comités de Acción Política o manejados por miles de lobbyistas, alcanzan sumas multimillonarias. Aunque algunas leyes pretenden limitar el valor de las donaciones individuales, es conocido que grandes contribuciones se realizan de todas formas a través del uso de distintas identidades de supuestos donantes.

17.- En quince estados las elecciones son regidas por un Secretario de Estado, nombrado por el Gobernador. En el 2004, en la Florida y en Ohio, los secretarios de Estado fueron a la vez copresidentes de las campañas de Bush en su área.

18.- En las elecciones del 2004, miles de votantes demócratas fueron recusados por el Partido Republicano objetando, sin motivo real, su derecho a votar. Esta técnica es utilizada por todos los partidos. Fiscales federales fueron despedidos por negarse a contribuir a este esquema fraudulento.

19.- Las presidenciales tienen lugar siempre un martes cuando la mayoría de los electores están en el trabajo. A pesar de las leyes, no se les permite a numerosos trabajadores ausentarse de su centro de trabajo ese día. Los horarios de apertura de los puntos de votación no dejan tiempo a mucha gente para llegar a su circunscripción a ejercer el voto.

20.- A menudo se provocan, a propósito, largas colas en determinados puestos de votación, con la consecuente espera, lo que impide a muchos ciudadanos expresar su voto. En el 2004, el promedio de espera fue de 12 minutos en los barrios blancos y de 58 en los barrios negros.

21.- Para ser reconocido nacionalmente para las presidenciales, un tercer partido tendría que reunir 73 000 firmas en Oklahoma; 165 000 en California; más de 100 000 en Carolina del Norte y en Florida, según las exigencias diferentes de cada Estado. El total para el país entero sería de más de un millón.

22.- Reglamentaciones locales impiden o restringen, en varios lugares, a candidatos de tercer partidos manifestarse en lugares públicos. La policía se encarga de aplicar rigurosamente las voluntades de los funcionarios y de los politiqueros locales. El Partido Demócrata gasta millones en abogados para impedir, mediante demandas de hostigamiento, que terceros candidatos logren estar en la balota de cada estado. Los dos partidos y los medios de comunicación no permiten que terceros candidatos participen en ningún debate, excluyendo hasta candidatos de sus propios partidos que se hayan desviado de la línea de su monopolio político.

23.- Los medios de comunicación, que viven de la publicidad comercial de los grandes consorcios y que se benefician de las campañas millonarias de los grandes partidos, ignoran sistemáticamente a los candidatos de los terceros partidos.

24.- Los candidatos a la presidencia de los grandes partidos concentran su campaña en una docena de Estados ("swing states"), los únicos cuya votación no es totalmente predecible y cuyo peso en términos de Grandes Electorales puede afectar el resultado final.

25.- Según sondeos, una gran mayoría de los electores desean elegir al presidente en sufragio universal. De manera evidente, a pocos políticos les conviene cambiar un sistema que les asegura, en muchos casos, reelecciones casi automáticas.

¿Hay esperanza de que los norteamericanos, algún día, tengan un sistema electoral que respete las normas universalmente reconocidas de voto?

Tan antidemocrático resulta el actual proceso regido por el obsoleto sistema de los Grandes Electores que la Corte Suprema de Florida no se molestó al subrayar que "el ciudadano individual no tiene derecho federal constitucional a votar por electores del Presidente de los Estados Unidos", al ser su voto un "privilegio" otorgado por el Estado y no reconocido por la constitución.

La lentitud del débil proceso de reforma del sistema electoral, cuyas reglas fundamentales fueron establecidas en 1787, la corrupción generalizada a través de las contribuciones millonarias a los fondos de campaña y la enajenación político-cultural hacen descartar toda esperanza de una elección presidencial realmente democrática en un futuro previsible.

Fuente kaosenlared.net




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