Una década después de los hechos, hoy se inicia el proceso en contra del dirigente sindical agrario Orlando Barrantes, en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.Barrantes es el Secretario General de CONATRAB (Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros), organización que aglutina a miles de trabajadores y trabajadores bananeros que fueron expuestos al agroquímico Nemagón (DBCP) en las plantaciones durante la década de los años 70 y que han librado una dura lucha desde hace varios años en procura de justicia.
Organizaciones sindicales aseguran que Barrantes podría ser encarcelado injustamente con el pretexto de presuntos delitos que se crearon deliberadamente en su contra a lo largo de una década, luego de la huelga en la región atlántica de diciembre de 2000.
De acuerdo con la CONATRAB, con su prisión y sentencia se estaría criminalizando la protesta social y se le inhabilitaría políticamente. Junto a Barrantes, también está siendo procesado Iván Angulo, ex regidor municipal.
Desde noviembre de 2004 estos obreros agrícolas presentaron demandas en cortes norteamericanas en contra de las transnacionales Shell Oil, Occidental Company y Dow Chemical, fabricantes del Nemagón (1,2,Dibromo-3-cloropropano) y las transnacionales productoras y comercializadoras del banano Standard Fruit, Del Monte y Chiquita Brand.
El Nemagón fue usado como pesticida para combatir nematodos en las plantas, pero fue aplicado sin ningún tipo de advertencia y los obreros bananeros no usaron trajes protectores.
HECHOS
En el 2000, la fuerza pública intentó detener una manifestación pacífica de obreros bananeros afectados por el DBCP y hubo un enfrentamiento en el que algunos policías antimotines fueron retenidos por la multitud.
Este hecho, según el Movimiento Sindical, es distorsionado por el Ministerio Público calificándolo de “secuestro extorsivo”, y pide 60 años de cárcel para el luchador social en un proceso en donde están ausentes las más elementales normas jurídicas y de justicia.
Entre otras cosas, la defensa ha denunciado que existe una completa nulidad en la actuación del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio Público, una nulidad absoluta por violación al debido proceso y una también nulidad absoluta de todo lo actuado por violación al principio de intimación, así como utilización de prueba espuria.
“El principal testigo de la Fiscalía es el ex jefe de la policía antimotines, Orvil Ruiz, despedido posteriormente de la Fuerza Pública por falsificar documentos. Ruiz ha presentado un falso testimonio, contradictorio incluso con el testimonio brindado por su propio jefe, el Director Nacional, que absuelve a Barrantes. El testimonio de Ruiz está lleno de expresiones políticas que incriminan a los acusados por sus actividades sindicales y comunales”, destacó CONATRAB en el 2005.
“Una lectura imparcial y objetiva de la demanda interpuesta por el Ministerio Público demuestra con claridad que la acusación contra los compañeros Barrantes y Angulo tiene las características de un montaje para criminalizar la protesta social y para inhabilitarlos políticamente”, indicaron varias organizaciones sindicales en un boletín de prensa.
RECLAMOS SOCIALES
Para el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), “el juicio contra Orlando Barrantes, parece inscribirse en una tendencia del Estado costarricense, reforzada por la modificación al Código Penal, para criminalizar los reclamos sociales de los ciudadanos costarricenses”.
Mencionó el caso del ex diputado Célimo Guido y otros, condenado en juicio de reenvío por los acontecimientos de protesta social contra el monopolio español de RITEVE, concesionario de la revisión técnica vehicular en Costa Rica, Tribunal de Juicio de San Ramón de Alajuela.
Otro, es el caso de las familias campesinas de Bambuzal que acudieron por su propia iniciativa a los estrados judiciales agrarios para hacer valer sus derechos de posesión y luego fueron encausadas paralela y fraudulentamente en la vía penal, aseguró el SITUN.
Además, el caso de familias campesinas de la localidad de Medio Queso en Los Chiles de Alajuela, las cuales igualmente han sido violentamente desalojadas y encarceladas por los tribunales penales de Ciudad Quesada.
Recordó que el primer juicio contra Orlando fue anulado en julio del año 2005. Hizo mucho daño en ese proceso el falso testimonio de dos de los policías, uno de ellos ex jefe de los antimotines y el otro un abogado de la Fuerza Pública.
Los otros dos policías, rasos, manifestaron que Orlando no tuvo que ver nada con los hechos.
“En el caso de Orlando es muy preocupante por la gravedad del delito que se le achaca y la eventual pena que podría sufrir. En su caso, no habría posibilidades de libertad condicional”, advirtió el SITUN.
EL NEMAGÓN
Este agrotóxico provoca esterilidad, impotencia, cánceres en hígado, riñones y estómago, serios problemas en la vista, daños permanentes en la piel. A las mujeres causa alteraciones hormonales y abortos y a su descendencia malformaciones congénitas.
En su relación con el ambiente, el DBCP se descompone muy lentamente en el suelo y se calcula que permanecerá allí unos 140 años. Es un pesticida muy persistente y móvil. Químicamente es altamente estable en agua, inclusive en cantidades muy pequeñas. La sustancia tóxica se filtró a las capas de aguas subterráneas.
De acuerdo con la información disponible, se sabe que un derivado del DBCP fue utilizado en las bombas arrojadas por Estados Unidos en la segunda gran guerra y fue prohibido su uso en ese país en 1977, no así en los otros países en los que se usó durante muchos años más.
En Costa Rica se calcula que se usaron 5 millones de kilos durante 10 años. Los daños que causó y que siguen padeciendo cientos de miles de trabajadores de distintos continentes han hecho concluir a especialistas que su uso constituye la peor tragedia en la historia mundial de la medicina laboral. Como parte de la llamada “docena sucia”, el DBCP es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como altamente tóxico.
BARRANTES AGREDIDO
En una ocasión, a la salida de un supermercado, Barrantes fue amenazado de muerte por su participación en este conflicto, y en julio del 2004, fue agredido en una zona bananera por un individuo de apellido Campos, alias “El Loco”, quien le causó numerosas heridas.
Afortunadamente fue auxiliado rápidamente por lugareños en el momento en que su agresor sacaba un cuchillo. “El Loco” actualmente está preso por el asesinato de otra persona y por su vinculo con un caso de robo de armas. Las motivaciones de este ataque quedaron en el misterio, aunque en la zona no es extraña la práctica del pago a sicarios.
Otra de las luchas de CONATRAB es la defensa de los pequeños agricultores y de los campesinos sin tierra. Actualmente esta organización mantiene “tomas” de tierra en ocho lugares.
Además, Barrantes ha sido coordinador nacional de más de 40 organizaciones que luchan por vivienda, agrupadas en la Coordinadora de Vivienda Techo para Costa Rica.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y privados (ANEP), en materia penal se debe individualizar y demostrar sin mayor asomo de duda la participación del acusado en los hechos que se le imputan para poder condenarlo.
Si esta máxima jurídica es cierta, este proceso contra Barrantes es un horror judicial, y debe de llamar la atención nacional e internacional porque Costa Rica se promociona como una de las democracias más consolidadas del mundo.
“La Fiscalía General de República y la Corte Suprema de Justicia están en el deber de dar seguimiento hasta el final a este proceso porque aquí se está frente a denuncias mal fundamentadas, procesos de recolección de pruebas ilegítimos, procedimientos de reconocimientos inexistentes y una cadena de desaciertos que no concuerdan con el objetivo de buscar la justicia pronta y cumplida”, indicó la ANEP en un comunicado.
Recordó que el sistema judicial muestra fallas históricas irreparables. El caso más sonado es el del laureado escritor nacional José León Sánchez, quien fue acusado de un grave delito en 1952, pasó más de veinte años en la cárcel y no fue sino hasta 1999 que la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución en donde lo absuelve de toda pena y responsabilidad.
Fuente Diario Digital Nuestro País
Foto Diario Digital Nuestro País
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