Comisaria aprueba que Honduras siga en la mesa de negociación

Por Tatiana Gutiérrez Wa-chong y EFE

La comisaria europea de Comercio Exterior, Benita Ferrero-Waldner, anunció en Guatemala la decisión de la Unión Europea (UE) de suscribir el Acuerdo de Asociación que negocia con Centroamérica, incluyendo a Honduras, el próximo 18 de mayo en Madrid.

“Estamos firmemente comprometidos a concluir las negociaciones de un acuerdo ambicioso para la Cumbre (de la UE con América Latina y el Caribe) del 18 de mayo en Madrid”, dijo Ferrero-Waldner durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Economía de Guatemala, país donde inició una gira de trabajo por la región.

La alta funcionaria europea precisó que la UE ha observado que la evolución de la crisis política que enfrenta Honduras como consecuencia del golpe de Estado contra el presidente de ese país, Manuel Zelaya, en junio de 2009, “es positiva” y que “esperamos que se normalice en un futuro próximo” para poder incluir a ese país en las negociaciones.

“Nuestro objetivo es reanudar las negociaciones con todos los países (centroamericanos) y eso incluye a Honduras”, señaló la Comisaria de Comercio Exterior.

Las negociaciones del Acuerdo de Libre Asociación entre la UE y Centroamérica, iniciadas en junio de 2007, fueron suspendidas tras el golpe de Estado en Honduras.

El Acuerdo de Libre Asociación entre la UE y Centroamérica, además del componente de libre comercio entre ambas regiones, también incluye uno de diálogo político permanente y de cooperación para el desarrollo.

El ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, manifestó que era pronosticable que una decisión así se diera a conocer, debido a que muchos países han reconocido el Gobierno de Porfirio Lobo y esta decisión de la Unión Europea brinda un nuevo impulso al Acuerdo de Asociación.

Agregó que necesitarán de dos o tres rondas para concluir las discusiones ya que un gran número de temas sensibles han sido resueltos, sobre todo, uno que limpia más la cancha, entre los que se destacan el banano.

El paquete de cierre incluye otros productos como la carne de cerdo, de pollo, el ron, los lácteos y el azúcar.

La Comisaria visitará Costa Rica el próximo 20 de enero y se reunirá con el presidente de la República, Óscar Arias Sánchez y el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz.


Fuente La Prensa Libre

Caricatura Falco


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Fotocopiar libros sí lo llevaría a la cárcel

• Aseguran representantes de Cámara del Libro

• “Esas reformas fueron parte de los compromisos que obtuvimos a través del TLC”

Por Betania Artavia
bartavia@diarioextra.com

Los representantes de la Cámara del Libro se oponen a la interpretación hecha por la comisión gubernamental que aseguró que con fines educativos se puede hacer fotocopias de libros.

Su presidenta Dunia Solano aseguró que no se justifica que se pase por encima de los derechos intelectuales amparándose en los fines educativos porque en el país existen bibliotecas donde quienes no pueden comprar los libros los consulten, pues sería como pedirles a los profesores que en aras de la educación den clases gratis.

La comisión gubernamental dio luz verde a las fotocopias con fines educativos, pero la abogada Gloria Navas, representante de la Cámara del Libro, afirma que no es la autorizada para interpretar la ley porque eso les corresponde a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial.

En este momento tanto estudiantes como encargados de fotocopiadoras están en medio de dos aguas, primero el gobierno asegura que no es delito hacer las fotocopias de textos con fines educativos, pero los comerciantes de libros dicen lo contrario y amenazan con llevar a los tribunales a quienes lo hagan.

Por eso muchas personas dedicadas a las fotocopiadoras tienen serias dudas o simplemente no se animan fotocopiar libros, lo cual tiene en problemas a los estudiantes de escasos recursos económicos que no cuentan con dinero suficiente para comprar libros.

Solano explicó que el hacer fotocopias contribuye a aumentar el costo de los libros porque entonces las empresas traen menos y eso los vuelve más caros.

Con la reforma a la Ley de Derechos de Autor y a la de Procedimientos y Observancias de Propiedad Intelectual quienes realicen fotocopias de libros podrían ir a la cárcel de dos a cinco años, según confirmó la abogada Gloria Navas, al tiempo que advirtió que llevarán a los tribunales a quienes lo hagan.

“Esas reformas fueron parte de los compromisos que obtuvimos a través del TLC... lo que traen son reformas internas a la ley de observancia, donde en unos casos se aumentan las sanciones pero en otros casos hay sanciones muy suaves porque se pueden convertir en multa”, explicó Navas.

Según datos de la Cámara del Libro, los mayores problemas de reproducciones no autorizadas de libros se da con los textos educativos y aumenta en los textos universitarios, no tanto en los de escuela y colegio.

A nivel de universidades son los estudiantes de ciencias sociales y ciencias económicas los que más utilizan fotocopias. Estiman que dejan de percibir entre un 35% y un 80% de las utilidades debido a las fotocopias.

Esto podría significar entonces que al no poder fotocopiar los textos, el costo de la educación experimentaría un aumento en esa misma medida, de entre un 35% y un 80%, siendo la educación universitaria la más afectada porque los estudiantes deberán hacer un esfuerzo mayor para comprar libros originales y dejar de fotocopiarlos.


¿Y LOS CELULARES?

Ronald Villalobos, representante de Asofac, explicó que también los celulares son blanco de falsificaciones y las personas terminan comprando teléfonos usados, refaccionados o sin las condiciones óptimas para operar, incluso con software pirata.

A diferencia de los libros, en este caso se afecta directamente al usuario y no solo al distribuidor porque los teléfonos que se venden como nuevos pero sus piezas internas son usadas en poco tiempo le pasan la factura al comprador, pues se dañan.

El sello de garantía Asofac identifica a aquellos teléfonos de calidad, siendo una guía para el consumidor, lo que ha permitido reducir a la mitad la circulación de aparatos ilegales o “piratas”.

“En la actualidad la lucha de Asofac contra el mercado gris y negro de celulares no cesa. Como parte de nuestra iniciativa por erradicar las prácticas del pirateo o falsificación de versiones de software, la copia indiscriminada de manuales y el uso no autorizado de logotipos e imágenes nos hemos unido a aquellas instituciones como la Cámara del Libro y la Cámara de Tecnologías de Información para hacer frente a este problema, generalizado en muchos sectores empresariales”, indicó Villalobos.


Fuente Diario Extra

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Diputado, Frente Amplio

Uno de los aspectos más perjudiciales del TLC y sus leyes de implementación es la imposición de una sobreprotección irracional de la propiedad intelectual al punto de sacrificar derechos humanos y valores esenciales como la libre difusión del conocimiento y el acceso universal a la educación y la cultura.

Lamentablemente, no han tenido que pasar ni dos meses desde la entrada en vigencia del tratado para que ya el pueblo costarricense empiece a enfrentar los primeros estragos ocasionados por estas leyes abusivas hechas para defender las ganancias de las trasnacionales que lucran con la cultura, a costa de los derechos básicos de las grandes mayorías.

Varios profesores de la Universidad de Costa Rica han denunciado que los negocios que prestan servicios de fotocopiado en los alrededores de esa casa de estudios se han negado a sacar copias de los libros de texto que se utilizarán en sus cursos, aduciendo que las leyes del TLC los castigan con multas millonarias y hasta con cárcel si lo hacen. La imposibilidad de sacar fotocopias afectaría gravemente a miles de estudiantes pobres que no pueden darse el lujo de comprar libros carísimos indispensables para continuar sus estudios y también a los centros educativos públicos que tampoco cuentan con recursos para ello.

Así las cosas, no han tardado en difundirse en las universidades públicas la lógica preocupación y la indignación más que justificada ante este nuevo atropello contra la educación pública.

Y tampoco han demorado en aparecer las voces confusas de los verdaderos responsables de esta situación. Ya salieron los jerarcas del Ministerio de Comercio Exterior diciendo, una vez más, que "no hay de que preocuparse". Según ellos, las fotocopias con fines educativos no están penadas por lo que el dueño de una fotocopiadora no incurre en delito "si se le saca a un libro a petición de un alumno" y "se sabe que lo utilizará con fines personales".

Pero, nuevamente, no le están diciendo toda la verdad a la gente. El acceso a las fotocopias para estudiar sí está amenazado. El artículo 54 de la Ley 8039 sanciona con penas brutales (hasta cinco años de cárcel y quinientos salarios de multa) a quién "fije y reproduzca obras literarias o artísticas o fonogramas protegidos". Obviamente, esto incluye a quién fotocopie libros.

Es cierto que al final de este artículo se agregó una excepción que excluye la reproducción "sin fines de lucro" para "fines ilustrativos de la enseñanza". Pero, al contrario de lo que dice COMEX, esta excepción no salva a las fotocopiadoras que copien libros a solicitud de los estudiantes. ¿Por qué? Sencillamente, porque las fotocopiadoras son negocios, pequeños, pero negocios al fin. No operan sin fines de lucro. Todo lo contrario. Venden un servicio, para obtener una ganancia. Es cierto que en la mayoría de los casos se trata de micro empresas y hasta negocios familiares. Pero la ley no diferencia entre empresas grandes y pequeñas.

Por lo tanto, aunque el estudiante pida las copias para fines personales o educativos, el requisito de no tener fines de lucro también rige para quienes realizan la conducta castigada por la ley, es decir para quienes sacan las fotocopias.

De manera que las pequeñas empresas de servicios de fotocopiado tienen mucha razón de estar preocupadas. Diga lo que diga el COMEX, nada impide que las grandes casas editoriales y las trasnacionales que controlan el comercio de los libros empiecen a presentar demandas contra ellas, amparándose en una ley que, además, les otorga poderes desmedidos para intimidarlas. Frente a tales demandas, no vemos a los negociadores de COMEX -expertos en regalar lo que no les pertenece- defendiendo a las fotocopiadoras. Y después decían que el TLC era bueno para las PYMES...

Ante este panorama, el impacto inmediato de las leyes aprobadas es que, como mínimo, cientos de pequeños negocios de servicios de fotocopiado se encuentran en grave peligro de desaparecer, tal y como ya pasó en México y otros países con TLC. Si esto ocurre ¿como harán los estudiantes de los centros educativos públicos para tener acceso a las fotocopias? ¿tendrá cada uno que comprar su propia máquina de fotocopiado?

Pero esta no es la única amenaza para la educación pública. Los artículos 51 y 52 de la Ley 8039 castigan con penas igualmente duras a quién "represente o comunique al público" obras literarias o artísticas, fonogramas o ejecuciones, o quién los "ponga a disposición del público" por cualquier medio, incluyendo internet.

Esto quiere decir que quién lee un libro en público o representa una obra de teatro puede ser castigado. También pueden serlo quienes publiquen libros en línea o utilicen programas que permiten compartir documentos en la red, acciones que, que, por cierto, han sido propuestas en las universidades públicas como alternativas a la prohibición de fotocopiar. En estos casos, los expertos de COMEX, ni siquiera se acordaron de incluir la excepción limitada del artículo 54, para eximir a quienes realicen tales actos sin ánimo de lucro y para fines educativos. A pesar de que este diputado planteó mociones para corregir el error, estas fueron rechazadas sin discusión alguna.

Esta ley sanciona con prisión todas estas acciones sin considerar su relación directa con el acceso a la educación y la cultura, y a pesar de que ni el mismo TLC así lo exige. El tratado permite que los países escojan si aplican penas de multa, de cárcel o una combinación de ambas. Pero en Costa Rica los diputados del G-38, más papistas que el Papa, no dudaron en acoger la opción que más favorece a las trasnacionales y más perjudica a la gente.

En síntesis, estamos ante una legislación draconiana y desproporcionada, incompatible con las necesidades educativas de nuestro pueblo. Una legislación que ninguno de los países que hoy son desarrollados tuvo que aplicar durante su proceso de desarrollo y que, además de dañar la educación pública, ocasionará gastos excepcionales para el Estado, obligándolo a desviar recursos destinados a atender otras necesidades apremiantes de la población.

Ningún pueblo está obligado a soportar semejantes abusos. Ante las leyes injustas y el autismo del Gobierno nos queda el legítimo derecho a la resistencia y la desobediencia civil. Ejerzamos este derecho.


Foto missha

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Caricatura Manel Fontdevila

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Nuevo decretazo de Arias

• Permitiría patentar conocimiento tradicional de indígenas

• Una burla más a comunidades indígenas, al Convenio 169 de la OIT y a la Sala Constitucional.

• Continúan las imposiciones del Gobierno de Estados Unidos para la certificación del TLC.

El 26 de noviembre de 2008 los ministros de Comercio Exterior, Justicia y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones enviaron a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) un borrador de "reglamento" al artículo 78.6 de la Ley de Biodiversidad, para que esta entidad remita una copia a las asociaciones de desarrollo indígenas del país.

Según advirtió el diputado José Merino del Río del Partido Frente Amplio, este reglamento pretende que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sobre los usos de la biodiversidad puedan ser patentados con base en la Ley de Patentes.

Es decir, se trata del mismo cambio a la Ley de Biodiversidad que intentaron introducir a través del proyecto de "Ley Escoba" de la agenda de implementación del TLC y que tuvieron que sacar de ese proyecto, porque la Sala IV determinó que afectaba los derechos de los pueblos indígenas y debía ser consultado con base en el Convenio 169 de la OIT.

"Como no pudieron imponer esta reforma a través del debate democrático en el Parlamento, ahora tratan de "pasarla por la cocina" mediante un decretazo del Poder Ejecutivo, que pretende distorsionar y dejar sin efecto la protección legal para los pueblos indígenas ", denunció el diputado Merino.

Para el diputado Merino se trata de un reglamento ilegal e inconstitucional que violenta las obligaciones asumidas por Costa Rica en el Convenio de Diversidad Biológica sobre la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Sin embargo, la maniobra del Gobierno es clara: pretenden aprobar este reglamento ilegal en diciembre para incluirlo en la certificación del TLC, a sabiendas de que los tribunales de justicia podrían tardar varios años en anularlo.

Lo más grave es que esta maniobra se quiere hacer burlando el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169. "El envío por un plazo corto de una carta a las asociaciones de desarrollo a través de la CONAI, no puede ser tenido como una consulta adecuada hecha de buena fe como lo exige el Convenio. Tiene que haber información previa, tiempo para deliberar y participación directa de las comunidades. Es una arbitrariedad más del Gobierno", señaló Merino del Río.

Por último, indicó el representante del Frente Amplio en el parlamento que "esto es una prueba de que la agenda de implementación del TLC no ha terminado como lo anunció con bombos y platillos el Ministro de Comercio Exterior. Por el contrario, siguen apareciendo nuevas imposiciones para modificar ilegítimamente la legislación nacional en perjuicio de nuestra biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas".



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