El Ministro de Comercio Exterior intenta dar respuesta a la denuncia que formulara este diputado sobre los excesos cometidos por el Gobierno en un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de observancia de derechos de propiedad intelectual (16.117), y que tendrá impactos sumamente negativos sobre el derecho de la población a tener acceso a la educación, la cultura y el conocimiento.
El ministro Ruiz deforma y oculta la verdad al pueblo costarricense. Afirma que ese proyecto forma parte de la agenda de implementación del TLC. Pero no nos dice que en ninguna parte el TLC obliga a Costa Rica a establecer o aumentar penas de cárcel contra las personas que copien libros, bajen música o, en general, infrinjan derechos de autor. Por el contrario, según el tratado, los países firmantes pueden escoger entre establecer penas de prisión o sanciones pecuniarias, “suficientemente disuasorias”.
Además, la ley vigente en Costa Rica desde el año 2000 ya sanciona estas conductas, con prisión de 1 a 3 años. Un castigo bastante alto y más que suficiente: la pena máxima por delitos graves de corrupción como el tráfico de influencias es de 5 años. Así que el aumento de las penas hasta 6 años, más que una exigencia del TLC, es un capricho de algunas trasnacionales que pretenden aprovecharse para meter nuevos “goles” al país, con la complicidad del Gobierno.
También falta a la verdad el ministro Ruiz cuando afirma que el proyecto solo busca perseguir actividades de “gran escala económica”, donde hay beneficios económicos para el “infractor” y actividades organizadas.
Hoy la ley dice que no es delito ningún acto cometido sin fines de lucro o que produzca un daño insignificante, como son las copias de libros, música y el acceso a información por internet que hace la mayoría de la gente.
Hoy ninguno de estos actos puede ser perseguido. Pero, el proyecto aprobado por la Asamblea elimina esta norma, a pesar de que la Corte pidió que se mantuviera. En su lugar establece que las sanciones penales deberán aplicarse incluso a infracciones que no tengan “una motivación directa o indirecta, de ganancia económica” siempre que el supuesto daño sea mayor a 70 mil colones.
O sea que ahora el Estado queda obligado a perseguir y sancionar conductas donde sus autores no buscan ganancia alguna. En estos casos no podrán adoptarse criterios de oportunidad u otras salidas alternativas al castigo penal, como erróneamente afirma COMEX, porque el proyecto dice que obligatoriamente deben aplicarse sanciones penales.
Ni siquiera los actos sin fines de lucro menores a 70 mil colones están a salvo. Lo que dice la reforma es que el Estado no está obligado a perseguirlos, pero nada impide que las trasnacionales presenten acusaciones privadas contra cualquier persona, como una forma de amedrentar a la población, aunque el monto de su actuación sea insignificante. Con la ley actual no podrían hacerlo.
Tampoco la educación y el acceso a la cultura están protegidas. Acciones esenciales para democratizar la cultura y el conocimiento como la difusión o el acceso a música o información por internet siguen estando penalizadas sin excepción alguna (artículo 52).
A raíz de las denuncias del suscrito diputado, incluyeron algunas excepciones para el caso de las fotocopias con fines educativos. Pero estas son totalmente insuficientes. Aun cuando las personas que solicitan las copias no sean castigadas en una primera etapa, con esta reforma podrán perseguir a todos los micro negocios que hacen duplicados.
Entonces, si exterminan las fotocopiadoras ¿cómo hará la gente para obtener sus copias? Son muchos los abusos que comete el proyecto en aras de sobreproteger los intereses de grupos poderosos que no necesitan más protección. Medidas cautelares excesivas que no existen para proteger al resto de la población. Se permite que la policía secuestre documentos privados sin orden judicial. Se prohíbe que los jueces ordenen donar libros decomisados a escuelas o bibliotecas públicas, si la empresa demandante no está de acuerdo.
En nuestro país, hay muchas familias que, por falta de oportunidades, se ganan la vida vendiendo copias de discos en el sector informal. Es claro que se trata de una actividad ilegal. Pero la solución no puede ser encarcelar a todas estas personas, como pretende el COMEX. ¿De dónde van a salir los recursos para construir tantas cárceles y pagar los jueces, fiscales y defensores?
El ministro Ruiz parece haber olvidado que el 14 de febrero de 2007 la Ministra de Justicia, Laura Chinchilla, dijo a prensa que si el Gobierno se pusiera a perseguir todas las infracciones a la propiedad intelectual “nos quedaríamos sin recursos para vivienda popular o para financiar escuelas públicas”. Ella se refería a las leyes vigentes. Ni hablar del impacto de estas reformas, mucho más represivas
*Diputado del Frente Amplio
Fuente Diario Extra.com
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