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Guatemala aparta plata para enfrentar primera demanda del TLC

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*Los abogados se llevan lo que los pobres guatemaltecos necesitan

  • El Gobierno de Guatemala prevé una partida presupuestaria para hacer frente a la demanda de Ferrovías, subsidiaria de una transnacional estadounidense que reclama una indeminizacion de USD 65 millones. Esta es la primera demanda de inversionistas extranjeros en el marco del TLC con EE.UU., vigente en ese país desde hace poco más de un año.


Beatriz Lix, Siglo 21

El Ministerio de Economía solicitará al Congreso de la República que deje un presupuesto destinado para el financiamiento del caso Ferrovías, según el titular de la cartera, Luis Óscar Estrada.

Lo anterior es porque el proyecto del presupuesto enviado por la cartera de Economía a Finanzas no incluye el financiamiento para el caso, debido a que el anuncio de la inscripción del litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue posterior a la elaboración del proyecto de gastos de ese Ministerio.

Por ahora, la Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE) hace un análisis sobre el monto que debe asignarse, tomando en cuenta la contratación de una firma de abogados en Estados Unidos, la cual dará seguimiento a la demanda realizada contra el Estado por daños y perjuicios, promovida por Railroad Developmente Corporation (RDC).

La partida deberá tomar en cuenta que se debe cubrir el 50% de los honorarios, viáticos y demás gastos del proceso, el cual podría tardar unos tres años.


Pagos previos

De acuerdo con la página electrónica www.worldbank.org/icsid del CIADI, por cada día de trabajo se les deberá pagar $3 mil más $170 de viáticos diarios asignados. "No tenemos la cantidad, pero lo que sí le puedo decir es que no es barato", explica el portavoz del caso y director del DACE, Julio Corado (lea: Gastos por cubrir).

El capítulo VI del Acuerdo de Arbitraje Internacional indica que la comisión o el tribunal acordarán de forma anticipada los honorarios y gastos de los árbitros.

Mientras tanto, la empresa Ferroviaria también realiza su análisis de gastos, iniciando con la contratación de una firma de abogados en la Unión Americana, revela el gerente general de Ferrovías, Jorge Senn. "Estos casos siempre tienen un costo alto, pero es necesario el procedimiento", subraya.


Regina Vargo, de ex negociadora de EE.UU. a abogada de la empresa

Regina Vargo, la ex jefa de negociaciones del TLC por parte de Estados Unidos, es la asesora legal de la empresa. Esta es la primera demanda planteada contra un país de Centroamérica al amparo de las clásulas del tratado de libre comercio.

La compañía, que en 1997 obtuvo la concesión para operar un ferrocarril en Guatemala por 50 años, espera obtener una indemnización por 65 millones de dólares de parte del gobierno guatemalteco, por lo que está solicitando un arbitraje internacional, anunció en marzo pasado su presidente, Henry Posner III.

Según fuentes oficiales, la compañía nunca invirtió un centavo ni puso a operar el ferrocarril, por lo que el gobierno del presidente Oscar Berger dio por concluido el contrato con RDC en agosto del 2006.

Posner alegó que la demanda procede porque el TLC había entrado en vigencia desde el 1 de julio del 2006, y por lo tanto protege los intereses de su empresa.



Fuente Informa-tico.com

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Nuevas denuncias contra empresa Harken

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En materia de DDHH, sus operaciones en Colombia funcionan en la lógica de protección paramilitar, de acuerdo con denuncias. En Costa Rica no pudo obtener licencia por deficiencias en el estudio de impacto ambiental (EIA).

La semana pasada se firmó el contrato de Harken Panamá con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), para la exploración y eventual explotación de petróleo en el Golfo de San Miguel. Sin embargo, aún se desconocen los antecedentes de esta empresa en otros países, por lo que la Red Oilwatch Mesoamérica ha iniciado un proceso de difusión sobre su manchado expediente.

En Costa Rica le anularon concesión de 26 años. Entre los años 1999 y 2002, en Costa Rica se dio un debate nacional para determinar si la concesión de 5 600 kms, otorgada a esta empresa en la costa caribe, era ambientalmente viable. La oposición por parte de decenas de organizaciones locales, especialmente del Caribe Sur del país, se unificó en el movimiento ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera).

Por otra parte, Oilwatch Costa Rica y la Coordinadora Nacional Antipetrolera, junto a ADELA, realizaron una campaña constante de información y denuncia de los impactos que esta concesión podía tener en los ecosistemas y las formas de vida de los lugareños. Además, los escasos beneficios que daba el contrato al país, también fueron elementos de peso en las decisiones que se tomaron en el 2002.

"Durante casi cuatro años muchas personas y organizaciones trabajamos arduamente para conservar el Caribe de Costa Rica y continuar con el camino de las áreas protegidas y el ecoturismo, que son formas de vida sustentables comparadas con la industria petrolera. Fue una lucha dura pero rindió sus buenos frutos", señaló Mauricio Álvarez, miembro de Oilwatch Costa Rica. "Hoy Costa Rica todavía se mantiene libre de actividades petroleras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y Harken por reactivar la actividad en el Caribe".

La razón principal por la que a Harken se le anuló el contrato en Costa Rica, es que no logró convencer a la Secretaría Técnica Nacional (SETENA- encargada de dar licencia ambiental a los proyectos), de la viabilidad ambiental de su proyecto, específicamente de la perforación de un pozo exploratorio a 8 kms de las costas del Caribe. Este veredicto en febrero del 2002, fue la guía para la posición del nuevo gobierno de Abel Pacheco, quien el 8 de mayo del 2002, declaró Paz a la Naturaleza, a través de una moratoria a las actividades petroleras en Costa Rica.

Harken demandó una compensación de 57 000 millones de dólares. Debido a la anulación del contrato, la empresa especuló este monto como las ganancias no obtenidas en 26 años de concesión. Esta demanda la hizo en el 2003 frente a la CIADI- una instancia del Banco Mundial encargada de resolver controversias entre Estado y empresas, la cual nombra tribunales ad hoc fuera de las fronteras nacionales, quienes resuelven el caso en función de los Tratados de Libre Comercio.

"Debido a que en Costa Rica no rige aún el TLC con EEUU, el gobierno costarricense pudo negarse en el 2003 a participar en este arbitraje, caso contrario sucederá con cualquier país en el que estos Tratados estén vigentes", aclaró Alicia Casas, facilitadora de la Red Oilwatch Costa Rica. "Esta suma de dinero exigido por Harken equivalía en aquel momento a 12 presupuestos anuales del estado costarricense, con lo que se puede observar el carácter extorsionista de esta demanda" agregó Casas.

En este momento las discrepancias de Harken con el estado costarricense se están resolviendo en los tribunales de ese país, y se exige una suma mucho menor por compensación. Harken ha intentado en reiteradas ocasiones que se anule el derecho de participación de las comunidades y organizaciones ambientales como coadyuvantes en el juicio que emprendió contra el estado, aduciendo que las mismas no pueden ser "parte" y no tienen nada que ver con la disputa. Sin embargo, la Sala IV ha fallado en contra de estas apelaciones y considera este asunto como de interés nacional, y por tanto abierto a la participación de comunidades afectadas y sector ambiental.

"Alertamos desde ya a nuestros vecinos panameños sobre el comportamiento voraz de esta empresa, que no acepta las regulaciones ambientales que existen, y pretende recuperar sus concesiones a través de la presión de su Embajada estadounidense y con chantaje de arbitrajes internacionales", señala Mauricio Alvarez de Oilwatch.

En Colombia no está libre de pecado. Harken opera además en Colombia en el departamento de Santander y sus operaciones son protegidas tanto por el ejército como por grupos paramilitares que operan en la zona. Es una de las 100 empresas estadounidenses que fueron al Congreso de los EEUU a defender el Plan Colombia como un plan que protege y garantiza sus intereses en este sufrido país.

"Es posible que se alegue que todas las empresas de EEUU que operan en Colombia hacen lo mismo, pero se sabe que cuando se trata de intereses petroleros la protección es aún mayor- y quienes pagan las violaciones de DDHH de esta guerra, son las poblaciones civiles que habitan estas zonas", comentó Alicia Casas.

El escándalo con Bush: su mayor talón de Aquiles. Harken es una empresa conocida en EEUU sobre todo por la gestión como CEO que hizo George W. Bush en la época en que su padre era Presidente, antes de la Guerra del Golfo Pérsico.

En primer lugar, a través de investigaciones hechas por el mismo Congreso de EEUU, Harken no era una empresa de gran relevancia en cuanto a operaciones, pero sí en cuanto a influencia política en la Casa Blanca, por razones obvias.

Es así que obtiene una concesión importante en Bahrein, unos meses antes de que estallara la Guerra del Golfo. En la licitación participaron otras grandes empresas petroleras que no contaban con esos niveles de influencia. De lo que se le acusa a Bush hijo, en un acto que es penado con cárcel en EEUU (las mismas acusaciones que se le hicieron a Martha Stewart), es de haberse deshecho de todas sus acciones unos días antes de que estallara la Guerra del Golfo, basado en informaciones confidenciales que no tenían el resto de los accionistas.

Con esta transacción, Bush se aseguró no perder millones que sí perdieron los demás accionistas de la empresa. Este es el escándalo que hace de esta pequeña empresa una tristemente célebre en los EEUU.

Estos son algunos de los antecedentes más importantes de Harken, para mayor información contactar Oilwatch Mesoamérica en (506) 253 3629, 253 7522- Alicia Casas y al (506) 8 709165 o escribir info@oilwatchmesoamerica.org


Fuente Informa-tico

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Medicinas para curar o...negociar

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Por Hedelberto López Blanch

Las compañías farmacéuticas transnacionales han convertido la fabricación y comercialización de medicamentos en un negocio que les arroja enormes ganancias pero que va en detrimento de la salud de millones de personas en el mundo.

Recientemente, el Premio Nóbel de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, declaró que el sistema de patentes pone en riesgo el acceso de la gente a los medicamentos, a la par que las compañías farmacéuticas gastan más dinero en marketing y publicidad, y desestiman la investigación. El sistema de propiedad intelectual genera hoy presiones monopólicas, altos precios y poca innovación, afirmó Stiglitz,

Las transnacionales, basándose en acuerdos internacionales como los de la Organización Mundial de Comercio (OMC) impiden que gobiernos y países produzcan medicinas genéricas que compitan en el mercado con sus productos ya establecidos a pesar de las consecuencias nefastas que estas medidas conllevan para centenares de millones de personas en el mundo que no pueden adquirirlas por sus altos precios.

En mayo de 2007 Brasil inició una rebelión contra esos convenios al anunciar que producirá medicamentos contra el HIV/sida a bajo costo, desconociendo las patentes por motivos de “emergencia nacional”, mecanismo que se conoce como “licencia obligatoria”.

Un antecedente tuvo lugar hace tres años cuando 39 empresas transnacionales iniciaron una demanda contra Sudáfrica para obligarla a anular la modificación de leyes sobre patentes que le permitió la producción local de fármacos accesibles a las personas afectadas con el VIH. Después de muchos dimes y diretes, la queja esta congelada.

Hace pocos días, los ministros de Salud del MERCOSUR reunidos en Paraguay, puntualizaron la decisión de avanzar en la producción de medicamentos genéricos, al considerar que las patentes deben ajustarse a una función social.

Los ministros de Sanidad de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, (miembros plenos) y de Venezuela, Ecuador y Bolivia, significaron que aplicarán “la flexibilidad prevista a nivel internacional para garantizar la disponibilidad de medicamentos menos costosos, accesibles y de calidad para la población".

La principal traba para aumentar la producción de medicamentos genéricos es el control que tienen sobre las patentes, las grandes firmas farmacéuticas mundiales que monopolizan el mercado.

Un medicamento genérico es un producto que tiene el mismo principio activo, forma farmacéutica y composición que el producto original, lo cual significa un ahorro para los consumidores y para los sistemas estatales de salud.

El argumento de las compañías es que invierten mucho dinero en investigación y desarrollo de nuevos productos y esos costos se le trasladan al consumidor final para recuperar la inversión y obtener ganancias comerciales.

Las leyes de propiedad intelectual otorgan a esas compañías un período de protección de la patente, (que dura hasta 20 años) tras lo cual deben hacerse públicas sus investigaciones para que otros laboratorios puedan producir esos medicamentos pues el principio activo ya fue descubierto.

La declaración del MERCOSUR indicó que hoy en día todo está determinado por el mercado, y a este no le interesan las enfermedades, sino los clientes. La propiedad intelectual esta concebida como un asunto de mercado, mientras que un sistema de salud es una cuestión de valores humanos.

Para Stiglitz, los laboratorios invierten más en drogas vinculadas a los estilos de vida, como por ejemplo para que crezca el pelo, y la mayor parte del dinero que gastan tiene que ver con enfermedades padecidas por los habitantes de los países ricos, y no para los pobres como son la cura del paludismo y la malaria. Stiglitz añadió que hoy se investiga lo que el mercado determina, no la necesidad de las personas, y sobre todo, la cantidad de clientes que padecen las enfermedades tienen que ser ricos.

La doctora Marcia Angell , miembro del Departamento de Medicina Social en la Escuela Médica de Harvard y autora del libro La verdad acerca de las compañías farmacéuticas: cómo nos engañan y qué hacer al respecto, tras años de estudio sobre el tema, denunció que e n el año 2002, las diez farmacéuticas estadounidenses más grandes tuvieron ventas por 217 000 millones de dólares.

La también ex editora en jefe de The New England Journal of Medicine, una de las más importantes revistas médicas del mundo indicó que la cifra que se maneja a menudo en el ámbito farmacéutico es que cada nuevo medicamento cuesta, en promedio, 802 millones de dólares para ponerlo en el mercado, pero según Angell, la cifra está tremendamente inflada. Las empresas, en teoría, invierten millones en hallar nuevos medicamentos y pasarlos por un protocolo de pruebas que garanticen sean seguros para el público.

En el libro de Marcia Angell se afirma que en el periodo 1998-2003 se introdujeron al mercado 487 medicamentos, pero de ellos la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) indicó que 78 % -casi cuatro de cada cinco- tenían poca probabilidad de ser mejores que los presentes en el mercado. De hecho, 68 % de esos 487 fármacos ni siquiera eran novedosos: simplemente medicamentos viejos presentados en nuevas combinaciones.

De 1990 a 1997 se lanzaron al mercado 1.223 medicamentos, de los cuales 340 eran verdaderas innovaciones terapéuticas y solo 11 servían para el tratamiento de las llamadas enfermedades tropicales que afectan a los habitantes de los países pobres (también a los de las naciones ricas) como la tuberculosis y el SIDA.

Otro ejemplo: en 2000, un proyecto de producción de un antimicótico fue abandonado por la farmacéutica Aventis tras evaluar que el potencial comercial sería de solamente 400 millones de dólares y se necesitaban 500 para obtener las ganancias requeridas.

El poder controlador de esas compañías sobre las naciones en desarrollo se hará más fuerte con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) que imponen leoninos y perjudiciales convenios a los gobiernos.

La representación en Panamá del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) advirtió que los TLC podrían convertirse en un arma de doble filo para la población de los países en vías de desarrollo pues los estudios demuestran que tras ser firmados, aumentan los costos en los tratamientos de tuberculosis, SIDA y otras enfermedades.

El pasado 7 de febrero de 2007 la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de Estados Unidos ( PhRMA por sus siglas en inglés), presentó una petición formal ante el Representante Comercial de Estados Unidos en la que solicita la imposición de sanciones comerciales contra Costa Rica por no aplicar las normas de protección a las patentes sobre medicamentos contenidas en el Capítulo 15 del TLC.

Llama la atención que debido a las presiones populares, el gobierno costarricense del pronorteamericano Oscar Arias no ha podido ratificar el Tratado.

La PhRMA expresa en su demanda que entre enero y septiembre de 2006, las farmacéuticas habrían dejado de percibir ingresos por más de 112 millones de dólares de los cuales 17,631,000 serían por protección de datos de prueba y casi 94,721,000 por patentes.

En la acusación presentada por la poderosa Asociación también aparecen demandas contra Guatemala y República Dominicana que sí son miembros efectivos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos.

Cálculos conservadores indican que alrededor de 100 empresas de ese sector en el mundo controlan un mercado de 500 millones de dólares.

En conclusiones, el negocio de las farmacéuticas no es fabricar medicamentos para el beneficio de las grandes poblaciones, sino...hacer mucho dinero.


Fuente Rebelión

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Guatemala: El TLC ataca de nuevo

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Guatemala: El TLC ataca de nuevo


FNL*

El matutino Prensa Libre, en su edición del 12 de junio, nos hace saber que el Estado guatemalteco ya está demandado por una empresa de capital extranjero llamada Railroad Development Corporation (RDC) y su concesionaria en el país, Ferrovías de Guatemala, y que, a partir de esa demanda, se corre el riesgo de que, con los dineros del pueblo, se le tengan que pagar US$ 65 millones a estas empresas.

Es decir, que estamos a punto de perder, como país, aproximadamente Q487.500.000.00. (cuatrocientos ochenta y siete millones y medio de quetzales). Esta cifra es mayor que el presupuesto anual de muchos Ministerios.

La demanda la plantean en el marco del Tratado de Libre Comercio, amparándose en las cláusulas del TLC que dan auspicio a arbitraje internacional. Ya el pasado 14 de marzo del año en curso, en la prensa extranjera, concretamente en El Heraldo de Honduras, se anticiparon detalles sobre esta demanda, entre los cuales se esclarece lo siguiente:

"El presidente de Ferrovías de Guatemala, Henry Posner III, afirmó que la demanda procede debido a que el gobierno del presidente Oscar Berger declaró lesivo el contrato de usufructo en 2006 cuando el TLC estaba vigente.

La demanda se presentó en la oficina del TLC en el Ministerio de Economía de Guatemala, a fin de que se instaure un juicio de arbitraje internacional contra el Estado guatemalteco.

Posner precisó que el TLC contempla un capítulo de resolución de conflictos entre inversionista y el Estado, que se aplica en este caso debido al daño económico de la empresa Ferrovías por la declaración del gobierno de lesividad.

El presidente de RDC, Robert Pietrandrea, explicó que la compañía tenía una expectativa de ganancias por 250 millones de dólares en los 50 años de la concesión ferrocarrilera.

Sin embargo, la expectativa no se ha cumplido y las pérdidas de RDC se derivan de la imposibilidad de ejercer operaciones de la ex empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).

La asesora legal de RDC, Regina Vargo, quien fue jefa de la misión de Estados Unidos en el proceso de negociación del CAFTA (tratado comercial regional con Estados Unidos), señaló que la empresa estadounidense "tiene el derecho de llevar este caso a un juicio de arbitraje internacional".

Llama poderosamente la atención el hecho de que es la prensa de otros países quien primero informó sobre estos hechos que lesionan severamente la economía nacional. Los medios de prensa locales no es sino hasta ahora, meses después, que rompen su silencio cómplice y dan espacio a estas informaciones relevantes.

Destaca también el hecho de que la abogada por la parte acusadora, en este caso la RDC, fue la Jefa de la Misión de Estados Unidos en el proceso de negociación del TLC. Es decir, que mientras estaba negociando el TLC, al mismo tiempo velaba por los intereses de sus clientes y por los suyos personales, puesto que quién sabe cuántos millones le corresponden por concepto de honorarios profesionales. ¡Un caso claro de doble moral, de conflicto de intereses, en fin, de corrupción de altos vuelos!

Lo cierto es que, en este caso, se dan la mano dos aberraciones: el TLC y las concesiones. Porque todo este problema se origina a partir de la concesión por 50 años que el Gobierno de Álvaro Arzú, en nombre del Estado, hizo a favor de esta empresa extranjera para que operara los ferrocarriles nacionales. La concesión implicaba que la empresa RDC habilitaría cinco tramos ferroviarios, cosa que nunca hizo. Por esa razón, el actual Gobierno rescindió la concesión, y ahora debemos, como país, enfrentar esta onerosa y, a todas luces, injusta demanda.

Se trata, pues, de un robo legal, amparado en esa monstruosidad de Tratado. Se trata de una nueva agresión contra el pueblo guatemalteco que es, al final, quien termina pagando hasta el último de los dólares que se quieren robar los empresarios gringos, en complicidad con sus socios locales.

Ante semejantes efectos como los ya materializados, es hora de que las autoridades se pronuncien de manera clara y contundente en denuncia de ese Tratado. El Estado no tiene por qué pagar semejante cifra, ni ninguna cualquier otra, por pequeña que fuera.

Ese dinero, al final, saldría de los bolsillos de cada ciudadano y ciudadana, de cada contribuyente, y serviría de excusa adicional para que el Gobierno continúe incumpliendo con su obligación irrenunciable de brindar servicios públicos de calidad en áreas sustantivas como salud y educación, para mencionar dos campos relevantes.

Lo cierto es que los capos del crimen organizado en Guatemala, con todo y lo corruptos, ladrones, asesinos y criminales que son, parecen inocentes niños de pecho a la par de estos sinvergüenzas gringos que quieren saquear al país en nombre del libre comercio.

*Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales


Fuente Adital

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Acusan a telecistas de lucrar con el aeropuerto

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Acusan a promotores del TLC de haber lucrado en torno a la concesión del Juan Santamaría


  • La discusión sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) abrió el análisis sobre la posibilidad que de que empresas transnacionales como Alterra, concesionario del aeropuerto Juan Santamaría, traten de solucionar sus diferencias con el Estado costarricense en arbitrajes internacionales.


Los expertos han advertido que el TLC da el privilegio a las empresas extranjeras de recurrir a un arbitraje en lugar de agotar las instancias judiciales costarricenses. Diputados como Marvin Rojas del PAC y José Merino del Frente Amplio advirtieron que todo apunta a que Alterra, concesionaria del aeropuerto Juan Santamaría, sería una de las primeras empresas en plantear un arbitraje contra el Estado.

El diputado del PAC Marvin Rojas denunció que tras la concesión de Alterra un grupo de políticos empresarios han lucrado con este contrato, drenando recursos al Estado., y entre ellos están promotores del TLC y financistas de la campaña del presidente Oscar Arias.

"Alterra ha pagado sobreprecios a sus propios socios en la subcontratación de las obras de modernización del aeropuerto Juan Santamaría ocasionando un desequilibrio financiero del proyecto. Hoy encontramos otra evidencia más de que tras el contrato con Alterra se tejió una gran red de personas con intereses económicos que han lucrado en detrimento del Estado", afirmó Rojas


"SI al TLC"

El diputado del PAC denunció que la empresa CSS INTERNACIONAL, que contrató Alterra para brindar la seguridad al Aeropuerto Juan Santamaría, refleja este nudo de intereses creados en torno a la concesión del Aeropuerto.

En esta compañía figuran Alfredo Volio, gerente de la campaña del "Si al TLC" y José Rossi, tesorero de ese movimiento a favor del tratado. Ambos también fueron también financistas de la campaña presidencial de Oscar Arias y miembros de Arias presidente S.A, sociedad que administró los fondos de la campaña del PLN.

"El ex ministro de Agricultura Alfredo Volio fue el tesorero de CSS Internacional hasta octubre del 2006, como consta en documentos oficiales del Registro Público. Este acto es contrario al artículo 18 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que establece expresamente que un ministro no puede ser parte de una Junta Directiva de una empresa, mucho menos si ésta tiene un contrato o recibe ingresos del Estado", dijo Rojas.

El ex ministro de Agricultura y actual gerente de la campaña del Si dijo a la prensa que renunció a este puesto en CSS Internacional desde 28 marzo del 2006 y entregó a la prensa una carta de renuncia.

"Esto es in insulto a la inteligencia, esta carta no tiene sello de recibido, ni membrete ni un acta notarial que respalde su autenticidad, creo que la respuesta del ex ministro es una falta de respeto", replicó el diputado opositor.

El acto de renuncia de Volio se tramitó ante el Registro Público el 19 de octubre del 2006 y quedó en firme el 14 de noviembre de ese año, es decir 5 meses después de haber asumido el puesto al frente del MAG, según consta en los documentos del Registro.


Alterra ¿negocio de quienes?

La denuncia dejó en evidencia que el actual presidente de la empresa contratada para brindar la seguridad al aeropuerto es José Rossi, nombrado hace pocos días tesorero de la campaña "del SI". Rossi a su vez fue socio fundador de Alterra Partners en el momento en que recibió la concesión del aeropuerto.

Rossi, que fue ministro de Comercio Exterior durante la administración Figueres Olsen, también fue compañero de Volio en la administración de los fondos de la campaña del presidente Oscar Arias en la sociedad Arias Presidente S.A.

Otra participante del negocio de la seguridad del aeropuerto fue la actual Directora Ejecutiva de Alterra, Mónica Nagel. Ella fue vocal de la empresa contratada por Alterra hasta el 9 de junio del 2004.

"No me gustaría escuchar excusas o absurdas casualidades, pero el secretario de esta sociedad fue el abogado Francisco Chacón González. Chacón fue el autor de la figura de Gestión Interesada, que abrió el camino para concesionar un aeropuerto, ya que la constitución lo prohíbe, ahora vemos que también es parte del negocio", dijo el Diputado Marvin Rojas.

Francisco Chacón es el esposo de Anabelle González, ex jefa negociadora del TLC con Estados Unidos. Además, fue el viceministro de José Rossi en el Ministerio de Comercio Exterior durante el gobierno de Figueres Olsen. En esa administración se nombró a Anabelle González como directora de Negociaciones Comerciales del COMEX.

"Tampoco me sorprende ver a Mónica Nagel y Francisco Chacón juntos haciendo negocios con Alterra a costa del Estado. Recordemos que Francisco Chacón es el representante de la empresa MTC, firma que pretendía construir la Cárcel de Pococí y hoy está demandando al Estado. En esa época la ministra de Justicia que adjudicó ese construcción fue Mónica Nagel", recordó el legislador del PAC.

Cabe recordar también que Mónica Nagel fue nombrada por el ministerio de Comercio Exterior como parte de la lista de árbitros en el caso de disputas comerciales con Centroamérica. Nágel Fue destituida como Árbitro junto a Francisco Chacón a final de la administración Pacheco, por el ministro Manuel González, con el fin de democratizar la lista árbitros que había sido acaparada por abogados afines a Anabelle González y a los ex ministros del COMEX Tomás Dueñas y Alberto Trejos.

"No me extraña que al estar involucradas todas estas personas, Alterra siga el ejemplo de MTC y demande al Estado y acuda a un arbitraje en caso que se apruebe el TLC", Afirmó Rojas.

El diputado del Frente Amplio, José Merino, advirtió en el plenario desde marzo pasado sobre el riesgo que enfranta el país con Alterra: "...decía don Juan José Sobrado que probablemente Alterra, estaba esperando una posible ratificación del Tratado de Libre

Comercio, porque ya en esas circunstancias el que podría acusar no sería el Estado, sino que Alterra podría ir al Tribunal de Arbitraje Obligatorio que crea el TLC, para acusar al Estado en el caso de que se le tratara de rescindir el contrato y pedir una determinada indemnización."


fuente Informa-tico.com

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Empresa ¨gringa¨demanda al estado Guatemlateco amparado en el CAFTA

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Esta noticia es sacada del Informa Tico de la presente semana y complementa la nota publicada por Mosco. Es Impresionante como una compañía que no ha invertido un cinco en Guatemala amparado en el TLC, esta ahora demandando al estado Guatemalteco. Esperan una indemnización por 65 MILLONES DE DOLARES.

Y la demanda se origina, por que ya que la compañía nunca invirtió, ni puso a operar el ferrocarril entonces el gobierno dio por concluido el contrato. Cosa lógica, pues lo sorprendente es que ahora la compañía reclama un arbitraje internacional. Sin agotar las vías legales a lo interno de Guatemala que sería lo lógico y como se hacía antes de firmar el CAFTA.

¿Eso queremos para nosotros? Pues a ver si comenzamos a aprender por cabeza ajena!!


Empresa estadounidense demanda a Guatemala por US$65 millones al amparo del TLC

  • Regina Vargo, la ex jefe de negociaciones del CAFTA por parte de Estados Unidos es la asesora legal de la empresa.
  • Es la primera demanda planteada contra un país de Centroamérica al amparo de las clásulas del tratado de libre comercio.


La empresa estadounidense Ferrovías de Guatemala, subsidiaria de la Railroad Development Corporation (RDC), planteó la primera demanda contra Guatemala al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, por lo que está demandando un arbitraje internacional.

La compañía, que en 1997 obtuvo la concesión para operar un ferrocarril en Guatemala por 50 años, espera obtener una indemnización por 65 millones de dólares de parte del gobierno guatemalteco, anunció su presidente, Henry Posner III.

Según fuentes oficiales, la compañía nunca invirtió un centavo ni puso a operar el ferrocarril, por lo que el gobierno del presidente Oscar Berger dio por concluido el contrato con RDC en agosto de 2006.

Posner dijo este martes en conferencia de prensa que la demanda procede porque el TLC había entrado en vigencia desde el 1 de julio del 2006, y por lo tanto protege los intereses de su empresa.

De acuerdo con las cláusulas del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, una empresa norteamericana puede reclamar un arbitraje internacional para dirimir un conflicto de intereses con un Estado signatario, sin necesidad de agotar las instancias judiciales internas.

De acuerdo con el diario "El Periódico" de Guatemala, la empresa transnacional ha contratado como asesora legal en este litigio a la ex jefe de negociaciones del TLC por parte de Estados Unidos, Regina Vargo.

RDC argumenta que el Estado guatemalteco incumplió con la obligación de garantizar el derecho de vía al no desalojar a los invasores que se habían ubicado a lo largo de la línea del ferrocarril, y que tampoco cumplió con ciertas obligaciones financieras establecidas en el contrato.

Esta es la primera vez que un Estado centroamericano es demandado por una empresa estadounidense al amparo del TLC, que entró en vigencia en la mayoría de los estados firmantes, con la excepción de Costa Rica donde se le da actualmente trámite legislativo.


Fuente original

http://www.informa-tico.com/php/expat.php?id=12-03-07012129&esPrimerArticulo=&ed=140&fecha=12-03-07&foro=


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