Recolecta de solidaridad con la huelga bananera de Sixaola

¡URGENTE!

Desde hace más de 15 días, más de 500 personas trabajadoras de las fincas bananeras de la empresa Del Monte en Sixaola, se encuentran en huelga, demandando mejores condiciones salariales y laborales. La prensa nacional no ha informado de manera suficiente y el Ministerio de Trabajo no ha actuado como se debe.

Informa el Padre Gerardo Vargas, quien acudió a brindar la solidaridad del Frente Amplio, que la huelga está firme, pero que la compañía extranjera está tratando de acabarla por hambre, al interrumpir el pago de los salarios y cerrar comisariatos. “No tienen comida, ellos estaban almorzando arroz pelado, sin nada, solo arroz”, nos dice.

Se trata de una población trabajadora, mayoritariamente integrada por indígenas guaymíes, que sufren condiciones de explotación máxima y extrema pobreza. Esta huelga se inicia por la rebaja en el pago de las llamadas tareas. Por ejemplo: tres tareas que realizaban en una hectárea se pagaban a 6.000 colones por hectárea, la empresa de manera unilateral hizo una rebaja a 1.800 colones por hectárea.

Es urgente la solidaridad con las personas trabajadoras y sus familias. En el Frente Amplio estaremos recolectando víveres y contribuciones económicas para ayudarles, desde el próximo lunes 28 de noviembre, en la Casa del Frente Amplio en Barrio Amón (costado sur-oeste del INVU, 25 metros Sur, teléfono 2258-5641) y en el Despacho del Diputado José María Villalta en la Asamblea Legislativa (segundo piso del edificio Sión, teléfono 2243-2827).

Todo lo que se recolecte será entregado por el Padre Vargas directamente al Comité de Huelga de las personas trabajadoras de Sixaola.

Desde el Frente Amplio pedimos además la intervención inmediata del Gobierno de la República y el Ministerio de Trabajo, para resolver este conflicto.

Llamamos a las organizaciones sociales y sindicales a expresar su solidaridad con la justa causa de las personas trabajadoras en huelga en Sixaola.


Comité Ejecutivo Nacional
Partido Frente Amplio


Foto: Frente Amplio


El énfasis es nuestro



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William Méndez, exfuncionario de Industrias Infinito: “Pueden decir mucho de mi pero no que soy pendejo ni corrupto”

Por Sara Cordero G.

A pesar de que pasan los días y el ambiente por el tema de Crucitas sigue caliente porque se escuchan más rumores, circulan más correos y se leen más comentarios en los perfiles de Facebook, DIARIO EXTRA buscó la versión del principal testigo de la Fiscalía, William Méndez, exfuncionario de Industrias Infinito, para esclarecer muchos de los enigmas que giran en torno a la fuga del borrador de la sentencia del caso Crucitas.

Él acepta que participó en una reunión en la que no debió estar, pero durante su visita a El periódico de más venta en Costa Rica afirmó: “De mí se pueden decir muchas cosas pero no que soy pendejo ni corrupto”.

¿Usted conoció al exmagistrado Moisés Fachler el día de la entrega del borrador de la sentencia en la casa de Juan Carlos Obando?
- Con Moisés habíamos estado en la fiesta de una persona muy cercana a él, luego en un restaurante semanas antes de la entrega del documento, además antes de la reunión de ese sábado bochornoso habíamos tenido al menos dos cafés.

¿Fachler tenía relación con Industrias Infinito desde antes o era con Juan Carlos Obando con quien tenía amistad?
- Era una relación que me parece que venía desde antes de esa fiesta. Don Moisés tenía acercamientos con personas de la empresa pero además había tenido un acercamiento con doña Ana, la esposa de Juan Carlos Obando, para ayudar con su caso.

¿Por qué cuando Obando ingresa a la cárcel usted mantiene la relación con el magistrado Moisés Fachler?
- Cuando Juan Carlos empieza a cumplir su sentencia en la cárcel me pide que mantenga una relación con don Moisés, que por lo menos tenga la consideración de llamarlo de vez en cuando.

¿Para qué le piden que siga con esa relación?
- Básicamente para conversar con él y conocer su criterio respecto a cómo iban las cosas en la Sala Primera.

¿Para qué querían conocer de la situación del caso en la Sala?
- Lo que se quería era medir el feeling o termómetro del tema, cosa que de antemano ya se había hecho en algún momento. Posteriormente al ingreso de Juan Carlos a la cárcel me piden que me encargue del tema, es como la continuidad a una conversación, solo que cambió la persona.

¿Cuáles son los datos principales que le da Fachler a la hora de sus encuentros?
- Él me hizo un perfil o descripción de los magistrados, de sus inclinaciones y de cómo eventualmente podían llegar a votar uno y otro.

¿En qué circunstancias se lleva a cabo la reunión donde se entrega el famoso documento?
- A mí me llaman a una reunión en la casa de don Juan Carlos Obando para ver el tema de la Sala Primera.

¿Cuál es su reacción a la hora de ver el documento entregado?
- Evidentemente para mí fue un shock, era algo inverosímil. Yo pensaba que esto no podía estar ocurriendo, de hecho advertí en dos ocasiones que estábamos en una situación muy grave y muy peligrosa para la empresa, esto es casi un delito. Don Moisés al llegar nos deja el documento y nos dice: “Aquí esta el voto en contra”.

¿Qué se conversó en esa reunión cuando se vio el documento?
- Se tenía la sensación de que el resultado sería favorable, pero cuando se vio el documento era un panorama distinto, incluso eso generó dudas de la veracidad del borrador entre los abogados días después y de las aseveraciones de Moisés sobre cómo se podía votar el caso.

¿El fallo estaba por salir cuando se obtuvo la copia?
- Faltaba mucho tiempo para eso, realmente se obtuvo un mes antes de que se recibiera lo de casación.

¿Quiénes estuvieron presentes en esa reunión donde se entregaron los tres borradores y para quiénes eran?
- Primero Moisés; la anfitriona, que es la esposa de Juan Carlos y quien además trabaja para Industrias Infinito; y los representantes canadienses de la junta directiva, Juan Carlos Hernández y Rubén Hernández.

En los últimos días circuló el rumor de que a don Moisés le habían entregado $300 mil por este documento. ¿Usted qué sabe de esto?
- No sé nada de eso, en realidad no sé nada de la relación de don Moisés con la empresa, si esta era pecuniaria o si recibió honorarios.

¿En qué momento se da cuenta usted que lo sucedido no era lo correcto?
- Desde el primer día yo empecé a tomar esa decisión. Lo primero era salir de mi sorpresa, tuve unos días de incomprensión de lo que estaba ocurriendo y luego fui empezando a tomar conciencia de lo grave que había ocurrido y de las consecuencias que esto podía traer hasta que llegó un momento en que decidí ponerle punto final a esto.

¿Cómo se sintió antes de presentarse a la Fiscalía?
- La verdad estuve muy mal, tenía un debate interno entre el bien y el mal, de hecho cuando yo salí de mi casa pensé que iba a quedar arrestado, fueron grandes momentos de soledad. Estas son cosas que uno resuelve por uno mismo porque era un asunto de ética, de legalidad y si lo hubiera hablado con otras personas tal vez habrían podido disuadirme.

¿Cuándo decide usted renunciar a Industrias Infinito?
- Yo renuncié en dos oportunidades, la primera fue una semana antes del viernes 11 de noviembre, en que presenté mi renuncia formal, y el sábado la hice de conocimiento público en mi Facebook. La primera fue cuando me pidieron hacer algo que no me parecía correcto.

¿Cuando usted decide renunciar qué posición toman en Industrias Infinito?
- Ellos me ofrecieron más de $2 mil extra por mi trabajo, un bono de $15 mil y hasta acciones de la empresa, eso sí, me pidieron que invocara el secreto profesional, pero yo ante esto les dije que no lo podía hacer porque trabajaba como periodista, no como abogado.

¿Al ver todo lo que estaba pasando usted hizo alguna recomendación a los canadienses?
- Sí, les mandé un correo diciéndoles que había hechos inexplicables que debían de dar cuentas en Canadá de lo que estaba pasando en Costa Rica y lo mejor era que valoraran hacer cambios importantes en la empresa, que consideraran sustituir o remover a los abogados de la empresa. Ante esto ellos me pidieron que me alejara de cualquier asunto legal.

¿Después de todo lo sucedido lo han amenazado o le han pasado cosas extrañas?
- Ya una persona vinculada a una de estas personas me vilipendió en la calle y tengo un temor porque puede haber incidencias en la parte económica porque algunos clientes ya cancelaron los contratos en lo político. Tampoco podemos descartar algún daño físico a mí o personas cercanas.

¿Qué piensa del correo que circuló donde involucran al magistrado Román Solís?
- La verdad me parece un acto bastardo, tal como fue catalogado por el propio Solís, porque lo que pretenden es involucrar a más personas, lo peor de todo es que se encubre en figuras anónimas para hacerlo. Es un grupo de criminales indeseables, es una banda de forajidos que quiere enlodar el nombre de un hombre intachable y hundir este país.

¿Qué le dice a Moisés Fachler?
- Que él sabe muchas cosas y que sería bueno que las dijera.

¿Y a los abogados?
- Que tienen una obligación con el país, pero primero con ellos mismos.


Fuente: Diario Extra


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Independencia del Poder Judicial

Por Sonia Marta Mora

Es un hecho que la institucionalidad democrática de una nación se sustenta, entre otros pilares, en un sistema de justicia imparcial, riguroso e independiente. Esto supone, sin lugar a dudas, procesos cuidadosos y transparentes. Pero descansa sobre todo, bien lo sabemos, en la calidad y probidad de las personas que llegan a la magistratura. Por eso es clave el proceso de selección de las y los jueces. Además de ser personas bien formadas en derecho, con una destacada trayectoria en ese campo que las haga merecedoras de un cargo de tal dignidad, las y los jueces deben ser personas íntegras, rectas, con una honradez a toda prueba. Y su trayectoria debe evidenciar –y esto no es negociable- una clara independencia del poder económico y el poder político.

Porque en los tiempos que corren, bien lo sabemos, los inmensos intereses económicos de algunas empresas y la fuerza de ciertas organizaciones criminales, negocios que traspasan fronteras y que acumulan experiencia en diversos contextos, no parecen detenerse ante nada para lograr sus propósitos. Hemos visto con dolor cómo estos intereses llegan hasta propiciar la corrupción de funcionarios públicos, incluso de aquellos situados en los puestos más elevados y visibles. Para lograr sus propósitos pueden hasta sentirse tentados a ejercer presión sobre jueces y juezas cuando en manos de los tribunales se encuentran decisiones que pueden tocar sus intereses.

Por ello es de extrema gravedad la filtración de un borrador de la sentencia del caso de la minera Crucitas que conoce la Sala Primera. Las informaciones que han trascendido vinculan a un magistrado suplente con la fuga de un texto central de este proceso. ¿Adónde tendremos que llegar para que las y los costarricenses con valentía nos decidamos a detener este deterioro de la institucionalidad democrática? ¿Resulta alguien favorecido con estos hechos?

Porque como muchas veces lo hemos dicho, nuestras instituciones, esas entidades que tanto esfuerzo e inversión le han costado a nuestra democracia, son un patrimonio social tan relevante y valioso como nuestro patrimonio natural. Hay que haber compartido con personas de otros países que no han logrado construirlas o que las han visto derrumbarse para entender la catástrofe que significaría permitir que sigan resquebrajándose ante nuestros ojos. Es gracias a instituciones fuertes e independientes que puede defenderse el interés de la ciudadanía, sobre todo de las personas más vulnerables. Sin instituciones sólidas no hay seguridad para las empresas, sucumbe la seguridad ciudadana y se debilita la justicia, la salud y la educación. Sin instituciones eficientes e independientes no hay defensa posible de los intereses nacionales frente a la voracidad de los grandes negocios.

Ya hace tiempo que la extracción de oro es una pretensión en Costa Rica. ¿qué implicaciones está teniendo esta pretensión sobre nuestra institucionalidad democrática? ¿qué nexos se han establecido con la política tradicional para hacer posible este negocio y cómo se expresan esos vínculos en determinadas resoluciones o en el nombramiento de funcionarios en instancias que tendrían que pronunciarse sobre el caso? Las revelaciones recientes son apenas la punta del iceberg. La prensa deberá seguir jugando un papel central para echar luz sobre toda esta compleja trama en la cual parecen faltar piezas. Y entretanto las y los ciudadanos tenemos que exigir decisiones urgentes en resguardo de la imparcialidad de nuestro sistema de justicia.

Fuente: Diario Extra

Imagen: Boligán

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Anticomunismo trasnochado

Columna: "Para pensar..."

Por María Flórez-Estrada

Muy reveladora fue la entrevista de Esteban Mata a Ottón Solís publicada el 12 de noviembre pasado en "La Nación" ('El PAC no tiene líder, el líder son las ideas'), pues en ella el excandidato presidencial reconoce que concibieron aplicar la vía ultra-rápida al trámite del proyecto de reforma fiscal explícitamente para acallar la voz de un partido progresista, e incluso de un leal aliado del PAC como ha sido el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa.

Veamos. A la siguiente pregunta del periodista: "¿No fue un error aprobar un 208 bis con plazos firmes y que ahora quieran ampliarlo?", Solís responde: "No, jamás, jamás. Ha sido una de las grandes cosas que se han hecho para impedir que los que quieren que el Estado quiebre o que en el país haya un caos para que surja un Chávez (Hugo, presidente de Venezuela) o no sé qué, tengan éxito. Hay grupos extremistas que no les importa el país."

Esta respuesta revela al menos dos cosas. La primera, que como muchas personas que dieron su voto para mantener la presencia del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, el fundador del PAC reconoce implícitamente que aquel partido, que no esconde sus planteamientos de izquierda democrática, se ha consolidado ya como una conciencia crítica necesaria en la vida política del país.

Primero fue la excelente y lúcida labor parlamentaria del diputado José Merino, y ahora el igualmente calificado y responsable trabajo del diputado Villalta. Lo cierto es que muchas personas que votaron para la Presidencia por la candidata del PLN o por el candidato del PAC, lo hicieron por el Frente Amplio para las diputaciones, conscientes de que este equilibrio era fundamental.

La segunda cosa que pone en evidencia esa entrevista es que, a pesar de tener solo un diputado en la Asamblea, el peso de los argumentos del Frente Amplio resulta "peligroso" para el alocado proyecto de reforma fiscal de Solís. Y esto es así porque, no obstante su sistemático esfuerzo por estigmatizar, el excandidato no puede rebatir el hecho de que este partido se caracteriza precisamente por la calidad de sus argumentos y por su poder de convencimiento, no en relación con aquellos diputados y diputadas del PLN y el PAC que se declaran voluntariamente autistas, sino para la ciudadanía, que es quien, a fin de cuentas, tiene que soportar el peso de las malas o interesadas decisiones que se tomen en el parlamento.

Hablemos ahora, entonces, de los esfuerzos de Solís por satanizar al Frente Amplio y por afirmar algo tan antojadizo y sin fundamento como que este partido "quiere que el Estado quiebre o que en el país haya un caos para que surja un Chávez (Hugo, presidente de Venezuela) o no sé qué, tengan éxito. Hay grupos extremistas que no les importa el país."

Como el propio Solís revela, ni siquiera él le encuentra lógica o sabe por qué exactamente repite un estribillo anticomunista tan trasnochado, propio de la Guerra Fría.

Es evidente, sin embargo, que este desbordarse de la lengua, de Solís, responde a su formación de origen, de liberacionista conservador, a la que nunca ha renunciado.

El líder del PAC tiene la fantasía de que, cuando impulsa autoritariamente la reforma fiscal pactada con sus viejos camaradas, está realizando el programa de gobierno del partido que considera su criatura. Gran cosa, como si el bipartidismo tradicional no hubiese contenido reformas fiscales en sus planes. El punto es hacer una reforma fiscal que redistribuya la riqueza, no una que tiene como su elemento central exprimir los bolsillos hasta de los hogares más pobres, mediante el incremento del IVA, y que "patea para adelante" las verdaderas afectaciones a las transnacionales, las grandes empresas y los patrimonios.

Además, se siente cómodo cogobernando de manera impositiva y autoritaria con sus viejos correligionarios, aunque esto signifique olvidar que los votos que le llevaron adonde está no son todos de liberacionistas conservadores sino, y sobre todo, de ciudadanas y ciudadanos que han querido cambiar las viejas prácticas de la política bipartidista tradicional.

Puede decirse, entonces que, en la entrevista, se le salió lo liberacionista de derecha, y se le olvidó lo paquista.

¿Qué significa, entonces, lo paquista? Las confrontaciones políticas recientes, en torno a la apertura del mercado de las telecomunicaciones y de la electricidad, así como en cuanto al TLC con EE.UU, movilizaron a la ciudadanía costarricense fundamentalmente en relación con la resistencia a que se terminara de desmontar el estado de bienestar que, desde la intervención activa de ese país en los asuntos costarricenses, a través de la AID, en los años ochenta del siglo XX, la población ha visto esfumarse con la complacencia de la clase política.

La ciudadanía sabe que no fue ella la ganadora de este proceso. Que los ganadores fueron ese puñado de políticos, empresarios y tecnócratas quienes, gracias a los cientos de millones de dólares que la AID les repartió, se convirtieron, por ejemplo, en la nueva burguesía financiera del país, burguesía que no existía antes de la intervención de la AID. (Solo es resultado de un proceso histórico coherente, y no de la casualidad, por ejemplo, que un banquero privado, cuyo banco nació y se fortaleció gracias al dinero y a las presiones de la AID, sea hoy uno de los vicepresidentes de un gobierno del PLN).

El fundador del PAC, en su anticomunismo trasnochado y gratuito privilegia, pues, al liberacionismo conservador que lleva dentro y olvida que el voto popular que dio un lugar político relevante al PAC también es de centro-izquierda. Es el de un pueblo que aspira a aglutinar a todos los sectores que pueden y deben aportar para que el país enrumbe en una dirección que recupere el sentido del bien común, por encima de la búsqueda frenética del lucro de unos cuántos.

Ni Chávez, ni Obama. Un camino propio que reconstruya la sociedad costarricense pensando en el bienestar del mayor número. La búsqueda de una amplia alianza de centroizquierda que revierta el interesado y supuestamente neutral tecnocratismo del mercado.

Por suerte, pareciera que las opiniones de Solís y el PAC no son exactamente la misma cosa. La prueba está en que la Comisión Política de este partido, tratando de rectificar, votó en contra de su oposición a permitir que se ampliara el plazo para una discusión más amplia de la reforma fiscal. Aunque fracasara en su intento, "ladran, Sancho".

¿Cuál es el miedo al debate? Si, como Solís afirma, el Frente Amplio es solo un grupo de "cabezas calientes" deseantes de un Chávez, ¿por qué actuar autoritariamente para acallarlo si debería calcinarse por sí mismo?

Si algo hay que concederle a Solís, en todo caso, es que, efectivamente, los argumentos planteados por el Frente Amplio, que han demostrado ser producto del estudio serio y responsable del proyecto de reforma fiscal, han tenido esa capacidad de, en muy poco tiempo, movilizar a la opinión pública. Pues ha sido precisamente esta fracción la que alertó sobre las consecuencias de esta reforma, especialmente sobre el impacto que tendrá la eliminación genérica de exoneraciones del IVA para actividades e instituciones esenciales en la satisfacción de las necesidades básicas de la población costarricense.

El partido de la "participación ciudadana" debería reflexionar sobre el significado y las implicaciones de su aval a ese "grandioso" procedimiento de vía rápida que enorgullece a Solís.

Finalmente, miremos la "gran película", la perspectiva de largo plazo. En medio de la crisis del modelo neoliberal mundial, el país parece transitar hacia una recuperación de su horizonte interno, de su derecho de trazar su propio modelo de sociedad. Uno que, sin ser aislacionista, sea capaz de anteponer las necesidades de su población a las de ciertos capitales. Para lograr esto, se necesita sumar y no restar. Y ser capaces de proponer alternativas incluso en el terreno de los "sacrosantos" conceptos e instrumentos aparentemente desideologizados de los economistas.

Si no, nada más miren adónde han empujado al capitalismo mundial sus tecnócratas, en nombre de un "equilibrio macroeconómico" que siempre privilegia las ganancias del capital.



Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: El Roto

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Las Verdades a Cielo Abierto

Las Verdades a Cielo Abierto
(Ilegalidades del Proyecto Minero Crucitas)

Video dirigido por Rocío Carranza, que reseña en 30 min varias de las irregularidades e ilegalidades en el proceso de permisos, concesión y declaratoria de conveniencia nacional del proyecto minero en Crucitas.

En él participan :

Dr. Abel Pacheco, Médico psiquiatra, presidente de la república 2002-2006

Dr Allan Astorga, Geólogo y doctor en Ciencias Naturales

Dr Nicolás Boeglin, Profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN

Lic Edgardo Vinicio Araya, Abogado, miembro de UNOVIDA (Unión Norte por la Vida)

Dirección: Rocío Carranza
Cámara: Jazon Zuñiga y Javier Sosa
Edición: Rocío Carranza y Palma Coto

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Magistrado de Sala I rechaza haber filtrado documento del Caso Crucitas

• Román Solís: "Estrategia bastarda que pretende perjudicar al Poder Judicial"

El Magistrado de la Sala Primera, Román Solís Zelaya, rechazó enérgicamente la información que divulgó el denominado Grupo Institucionalidad Costa Rica, sobre su supuesta vinculación con la filtración de un borrador de la resolución del Caso Crucitas a los ambientalistas.

Solís catalogó el comunicado, distribuido a periodistas y a funcionarios del Poder Judicial, como un acto de "terrorismo" por el daño que pretende hacer a la institucionalidad del país, y anunció que el Ministerio Público investiga el hecho.

Dicho grupo anónimo aseguró que Solís Zelaya habría filtrado el documento al abogado ambientalista Álvaro Sagot, a un canal de televisión y al Diario Digital Elpais.cr.

"Me involucran a mí con los grupos ambientalistas, para lograr una distorsión completa y absoluta del trabajo que se ha venido realizando con el tema de este expediente, que cada día se hace más problemático con todo lo que ha venido sucediendo en días atrás", explicó el magistrado en rueda de prensa, acompañado por la Presidente de la Sala, Anabelle León Feoli.

Expresó que "ahora resulta que del otro lado estoy yo entregando copias de un proyecto de sentencia al abogado de una de las partes en el proceso, y eso es un dato totalmente falso; se dice que yo redacté la sentencia. Yo no he redactado ni una letra del proyecto por dos cosas: el proyecto está todavía siendo redactado por la magistrada instructora, que desde un primer inicio fue definida a través de una votación electrónica que lleva la secretaría de la Sala Primera, y le correspondió a la señora magistrada Carmen Escoto".

Explicó que "lo que sucede es que por ser un recurso tan grande y presentado por las partes interesadas en el debate procesal escogimos a dos de nuestros letrados para que hicieran una labor preparatoria haciéndole resumen de más de 1500 páginas, que son las que han sido presentadas en sus alegatos y eso lleva su tiempo, y uno de esos letrados que fue escogido en pleno por la Sala Primera, es el que me asiste en mi oficina, que por su trayectoria, su formación académica en derecho público, me ha colaborado desde que yo fui nombrado magistrado en el año 2000".

"Es ahí donde esta gente construye esta falsa información y llega entonces a determinar que yo redacté una sentencia que todavía no está concluida, y vuelvo a repetir, ni terminada porque todavía la Sala no ha terminado el debate sobre ese tema, pero si recalco en un problema que va más allá del proceso en sí, y es el tema de que en este país se ha perdido el respeto a las personas, se ha perdido ya el respeto a la institucionalidad democrática, hay grupos que utilizan cualquier medio bajo el anonimato, y utilizan cualquier mecanismo bajo el anonimato, para alcanzar sus fines espurios y eso es una reflexión que deben tener todos los buenos ciudadanos costarricenses", agregó

Según el Magistrado Solís, "este país se nos está yendo de las manos, se nos está yendo de las manos porque siendo el Poder Judicial el último esquema de la legitimidad democrática del país ahora lo pretenden destruir con este tipo de injuriosas manifestaciones".

"Este tipo de acciones son mucho más peligrosas que un acto terrorista como sucede en otras latitudes del mundo donde ponen una bomba y matan a gente inocente, pero hasta ahí se agotó el acto terrorista en ese aspecto, desgraciadamente matan gente inocente. Aquí esto es más peligroso que la puesta de una bomba en un sitio público, porque aquí lo que están falseando son las bases del sistema de juricidad del país, son las bases sobre las cuales opera el sistema democrático en donde el poder judicial costarricense tiene una labor que la constitución le ha asignado que es resolver los conflictos dictando sentencia para el caso concreto, entonces al empezar a cuestionar a los máximos integrantes de los órganos judiciales como somos las salas de casación, el efecto va a ser más grave que cualquier otro tipo de difamación".

Román Solís aseguró que consideró oportuno después de haber leído el comunicado, repartido por los medios informáticos, poner en conocimiento al señor Fiscal General de la República de este tema, para los efectos correspondientes.

"Deseo manifestarles mi total y absoluto rechazo a este tipo de expresiones injuriosas totalmente montadas sobre las mentiras más bajas que una mente enfermiza pudo haber pensado", lamentó Solís Zelaya.

Consultado sobre la supuesta entrega a este medio, Solís respondió "yo no conozco a nadie del periódico digital El País, como dice este comunicado. Para serle cierto la vez primera que un periodista de este medio me ha entrevistado fue el martes en horas de la mañana cuando el señor presidente en ejercicio, la señora presidenta de la Sala Primera y mi persona estuvimos en una conferencia de prensa y me hicieron algunas preguntas sobre el tema de la Acción de Inconstitucionalidad que había sido planteada. No tengo ninguna relación personal con este medio de prensa digital; así que es falso lo que se dice en el comunicado de prensa".

"Mi más enérgico rechazo a estos mecanismos de difamación, que pretenden destruir al Poder Judicial y perjudicar la legitimación del Estado de Derecho, mi integridad y mi carrera de 33 años en la administración pública", aseveró.

Fuente: Diario Digital Nuestro País

Foto: Diario Digital Nuestro País



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No permitamos que una empresa extranjera interfiera con la justicia costarricense

Carta abierta al pueblo de Costa Rica

Por José María Villalta, diputado del Frente Amplio

La prensa ha informado ampliamente sobre la filtración de un borrador de resolución que se trabajaba a lo interno de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como acto preparatorio para resolver los recursos de casación presentados contra la sentencia que declaró ilegal el proyecto minero Crucitas.

Este acto delictivo habría sido cometido por un magistrado suplente de la Sala Primera, en reunión realizada con personeros de la empresa minera Industrias Infinito y sus abogados, según declaró un testigo presencial de dicha reunión ante el Ministerio Público.

En esa reunión habrían participado también Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito y el abogado Rubén Hernández, apoderado especial de la citada empresa minera.

Acto seguido, el 11 de noviembre de 2011, Juan Carlos Hernández –actuando en representación de Industrias Infinito- interpuso una acción de inconstitucionalidad que se tramita en la Sala Constitucional bajo el expediente Nº 11-14462-007-CO.

Esa acción precisamente va dirigida contra la jurisprudencia de la Sala Primera sobre los alcances de las sentencias de la Sala Constitucional, respecto a asuntos sometidos a conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y la competencia de esta última para conocer juicios de legalidad sobre asuntos que previamente han sido conocidos por la jurisdicción constitucional.

De forma clara, esta acción pretende impedir que la Sala Primera emita una sentencia firme sobre el caso Crucitas, atacando la jurisprudencia que dicho tribunal podría utilizar para resolver.

Es evidente que la presentación de esta acción es una consecuencia directa de la filtración del borrador. A través de este acto, Industrias Infinito obtuvo una ventaja indebida que pretende utilizar dolosamente en su propio beneficio.

Mediante la obtención ilegal del borrador de sentencia los abogados de la trasnacional minera tuvieron conocimiento de los argumentos que estaban valorando las y los magistrados de la Sala Primera para resolver el caso. Esta actuación delictiva les permitió conocer elementos esenciales de la posible decisión final de dicho tribunal, para utilizarlos en su propio beneficio.

Valiéndose de esta información confidencial pretenden ahora entorpecer el dictado de una resolución final por parte de la Sala Primera. Esto es hacer un uso abusivo y fraudulento de la jurisdicción constitucional.

Como puede verse, Industrias Infinito participó activamente de la ilegal filtración del borrador de la sentencia de la Sala Primera. Sus personeros concertaron la reunión con el magistrado suplente implicado. Recibieron los borradores sin objetar esta actuación contraria a la ética, la legalidad y la independencia del Poder Judicial. En ningún momento denunciaron la filtración del borrador. Por el contrario, intentan utilizarla en su beneficio para cuestionar la imparcialidad de las y los magistrados de la Sala Primera e impedir el dictado de una sentencia firme en este caso.

Es decir que la presentación de la acción de inconstitucionalidad en cuestión forma parte de un fraude procesal iniciado con la filtración del borrador de la sentencia. Esta acción es una consecuencia directa de ese hecho delictivo. A través de ella la empresa obtuvo una ventaja procesal indebida respecto a las otras partes del litigio y ahora pretende explotarla sacando provecho de su propio dolo para impedir que la Sala Primera dicte con independencia una sentencia firme.

Para estos fines ilícitos también pretende involucrar en su maniobra a la Sala Constitucional.

Ante la gravedad de los hechos descritos, la ciudadanía debe pronunciarse y movilizarse para impedir que se consume semejante fraude con la justicia costarricense.

La credibilidad y la independencia del Poder Judicial ya ha sido seriamente mancillada por las actuaciones indebidas del un magistrado suplente y de los personeros de Industrias Infinito.

Hago un llamado a todas y todos los costarricenses a ejercer su ciudadanía para que impidamos una nueva y gravísima agresión a la institucionalidad del país.


Fuente: Diputado José María Villalta-Flórez Estrada



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Abogado asesor de Oscar Arias recibió copia de fallo filtrado por magistrado

• Rubén Hernández Valle participó en reunión para recibir documento

El abogado constitucionalista y asesor del ex presidente Oscar Arias Sánchez, Rubén Hernández Valle, quien tiene un Poder Especial de la minera de Crucitas, recibió personalmente la copia de un borrador de sentencia de la Sala Primera.

Así lo reveló el abogado, periodista y ex vocero de la transnacional canadiense Infinito Gold, William Méndez Garita, en presencia del Fiscal General en ejercicio manifestó que fue testigo de una reunión en donde Moisés Fachler, magistrado suplente entregó un sobre con tres copias del borrador de sentencia que era contraria a los intereses de la mina Crucitas.

En la Región Huetar Norte de Costa Rica, la empresa pretende construir en Crucitas de San Carlos una mina de oro a cielo abierto, a solo tres kilómetros del río san Juan, fronterizo con Nicaragua.

De acuerdo con información divulgada por el Canal 7 de la televisión, según la declaración de Méndez, allí estuvieron además de Moisés Fachler, los abogados de la empresa Rubén Hernández y Juan Carlos Hernández y cada uno se llevó una copia de las tres entregadas por el ex magistrado suplente y ex tesorero del Partido Liberación Nacional (PLN).

Méndez dijo a la Fiscalía que también estuvieron dos altos ejecutivos de la empresa, y a partir de ese momento comenzaron a idear formas de detener el proceso que ratificaba la sentencia.

También se intentó contactar a los abogados Rubén Hernández y Juan Carlos Hernández que trabajan juntos, pero se informó que Rubén Hernández está en Nicaragua y no sabía cuando regresaba, asimismo que su compañero de oficina tampoco se encontraba, precisó la televisora.

Por otra parte, Méndez dijo al Semanario Universidad que tras semana y media de análisis del documento, por parte de los abogados de Infinito Gold le dijeron que debía dar a conocer el documento, pero que él se negó.

Mencionó que el plan de los abogados es buscar que el caso se ventile en la Sala Constitucional.

De acuerdo con la agenda de actividades académicas de la Sala Constitucional, este año, el abogado Hernández Valle ha participado como conferencista y co-patrocinador de encuentros para analizar asuntos de Derecho Constitucional, el papel de la Sala y su jurisdicción.

Información divulgada por este medio, Hernández, quien ha defendido a la empresa transnacional canadiense Infinito Gold, desde posiciones independientes, cuenta desde julio del 2010 con un Poder Especial, de esa empresa minera. (Ver: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=46648).

En la oportunidad, ambientalistas criticaron que el abogado publicara artículos de prensa, a favor de la minera, "sin aclarar que es funcionario o asesor de la empresa, desde una supuesta posición independiente como jurista".

El Poder Especial Judicial consta en el folio 1477, en el expediente judicial del contencioso administrativo contra el Proyecto Minero Crucitas, otorgado por Industrias Infinito S.A. a Hernández Valle.

El documento, suscrito por los apoderados generalísimos de Industrias Infinito, John Thomas y Arnoldo Rudín, otorgó a Hernández "Poder Especial Judicial para que represente a la empresa en este proceso de conocimiento".

"Este poder le otorga amplias facultades para proceder efectuar todas las gestiones, acciones, incidencias e instancias del proceso ordinario, así como para interponer cualquier tipo de recursos en contra de las resoluciones que se dictan durante el proceso en cualquier instancia del mismo", reza el documento en manos del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

La Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por los Jueces David Fallas Redondo, Grace Loaiza Sánchez y Eduardo González Segura, en sentencia del 24 de noviembre del año anterior anularon la concesión minera, entre otras cosas, por irregularidades durante el proceso de otorgamiento de permisos, así como un decreto del ex presidente Arias Sánchez, quien declaró el proyecto minero de Interés Público y Conveniencia Nacional.

Cabe recordar la "ENTREVISTA al Dr. Rubén Hernández Constitucionalista, Ex Magistrado Suplente Sala IV", publicada en una de las páginas de la empresa minera Infinito Gold.

Dicha página informa: "Sobre la posible revocación del Proyecto Crucitas y las implicaciones internaciones que esto tendría al país, el Dr. Rubén Hernández, Constitucionalista, Ex Magistrado Suplente de la Sala IV, expresa que el Poder Ejecutivo puede detener un proyecto; ya que posee la potestad general de revocar o decretar cualquier concesión, pero obviamente al revocar un derecho tendría que indemnizar; porque implicaría una expropiación de derechos adquiridos".

"En el caso del Proyecto Crucitas, el Estado puede revocar la concesión pero queda sujeto al pago de daños y prejuicios, que en este caso serían cuantiosos, sobre todo porque las reservas están probadas y pueden ser cuantificadas", dijo el abogado.

Agrega que "el Dr. Hernández deja claro que lo más grave sería la señal que se enviaría a la inversión extranjera, se crearía una gran inseguridad jurídica, porque los inversionistas a pesar de tener todos sus derechos adquiridos y consolidados conforme a la Ley, en cualquier momento pueden ser revocados por decisión política".

En otra "Entrevista a Rubén Hernández", publicado el 27 de Julio, da cuenta que Rubén Hernández expresó que el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias de la Sala IV son vinculantes para todos los órganos administrativos y jurisdiccionales del país, es decir, que lo que la Sala IV falla en definitiva, debe ser acatado por los tribunales.

"También establece que sobre el Proyecto Crucitas, en un principio la Sala no debería involucrarse a analizar el contenido de los estudios de Impacto Ambiental, deberías solo pronunciarse si se siguieron los procedimientos establecidos por la Ley y la reglamentación respectiva".

"El Dr. Hernández también expresa que la Sala dictó sentencia analizando todos los aspectos, no sólo de constitucionalidad, sino de legitimidad invocados por las partes; lo que quiere decir, que los aspectos en los que la Sala ya se pronunció no puede ser nuevamente discutidos en la Vía Contenciosa Administrativa".

Por otro lado, recordaron también que Hernández publicó un artículo en un diario nacional, "Réquiem por la Sala Constitucional", donde sostiene que "La sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo dictada en el juicio contra Industrias Infinito S.A. representa un golpe mortal para la Sala Constitucional".

"En efecto, esa sentencia, en pocas palabras, dejó sin efecto el voto de la Sala que había declarado sin lugar los recursos de amparo planteados por grupos ambientalistas contra la concesión minera de Las Crucitas y desaplicó el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual "La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma", afirmó Hernández.

Agrega que la propia jurisprudencia de la Sala indica que un juez ordinario no puede, ni debe desacatar una línea jurisprudencial dictada por este Tribunal pues, al hacerlo, quebranta la previsión legal contenida en esas normas (13 LJC y 8.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (voto 15957-06). Considera prudente aclarar que la obligatoriedad de las sentencias de la Sala se extiende también a sus considerandos. (Voto 7062-95).

Aclara, además, que las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo, tanto las estimatorias como desestimatorias, producen los efectos de la cosa juzgada material, por lo que deben ser acatadas por todos los tribunales de la República. Las sentencias de la Sala son vinculantes para los tribunales por razones de seguridad jurídica y dada la jerarquía que tiene.

En el caso Crucitas, la Sala determinó que el decreto de interés era constitucional y legalmente válido. La sentencia está sólidamente fundamentada en el análisis de los estudios técnicos realizados por las instituciones estatales competentes para otorgar los respectivos permisos de la concesión.

El artículo de Hernández destacó que en ambos tribunales, se discutió los mismos puntos producidos, que son juicios gemelos.

De acuerdo con fuentes judiciales, los abogados de la transnacional minera debían conocer el borrador del fallo de la Sala Primera con el fin último de preparar la Acción de Inconstitucionalidad contra la jurisprudencia utilizada por dicha instancia.

En ese sentido, los abogados prepararon dicho recurso y lo presentaron a la cuestionada Sala Constitucional, que siguiendo directrices o recomendaciones del abogado Hernández Valle en una ocasión hizo que el Alto Tribunal anulara un voto que rechazaba la reelección a la Presidencia de la República, lo que permitió el segundo mandato de Arias Sánchez (2006 - 2010).


Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: El Roto


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Exvocero de Industrias Infinito: “Les advertí que estábamos ante la eventual comisión de un delito”

William Méndez Garita, periodista y hasta el pasado 12 de noviembre vocero de la empresa minera en Las Crucitas, Infinito Gold, dijo que advirtió en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes, que estaban ante la posibilidad de cometer un delito por poseer el documento de borrador del proyecto de sentencia de la Sala I.

A continuación un resumen de la entrevista dada a UNIVERSIDAD el pasado martes 15 de noviembre.

¿Debido a la renuncia del magistrado suplente Moisés Fachler se podría presumir que fue él quien facilitó el documento de borrador de la sentencia en la reunión?

-El Ministerio Público es el que lleva toda la investigación, ellos son los que tendrían que confirmar o negar la participación de algunas personas; lo que sí puedo confirmar es que en mi declaración ante este Ministerio hice mención de un magistrado suplente.

¿Este magistrado puso el documento de borrador frente a todos ustedes durante la reunión?

-Este magistrado estaba en el lugar en el que estaba el documento, situación que yo señalé que era indebida y advertí a la gente que estaba ahí, que estábamos ante la eventual comisión de un delito.

¿Se le ofrece a usted en esta reunión que dé a conocer este documento a la prensa?

-Posteriormente se me hace la recomendación de que filtre a la prensa este documento sin ninguna explicación, sin ninguna lógica o sentido, lo que yo rechacé inmediatamente; no podía aceptar esto.

¿Por qué?

-Ya para ese momento había llegado a una conclusión: que la primera reunión había sido un acto indebido; yo no estaba dispuesto a continuar esa cadena, y hacer lo que me solicitaron era hacerle un daño muy grande a la institucionalidad de este país. No acepté hacer esto y presenté mi primera renuncia, porque al cabo de una semana renuncié dos veces.

¿Cuál era el objetivo de sacar a la luz pública esto?

-No entendí la lógica de esto; supongo que creían que podían repetir lo mismo que ocurrió con el famoso memorándum (memorando Casas-Sánchez, 2007), pero me parece que las circunstancias históricas no tienen ese nivel de comparación, ni hubiera tenido la misma repercusión, y más bien hubiera sido hacerle un daño al Poder Judicial.

¿Pretendían revertir la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo?

- No sé si en realidad eso de una u otra manera podría revertirlo o no; a mí me parece que todo lo que ha ocurrido durante este periodo no tiene ninguna explicación lógica. Me parece que han sido torpezas y estupideces que no sé de dónde salen, pero son errores muy graves.

¿Fue esto un acto planificado?

-Yo diría que es un acto contrario a la ley, y por ende significa que quienes participan del mismo pueden hacerlo de dos maneras: una voluntario, otra involuntaria; ustedes pueden escoger la de cada persona en esa reunión.

¿En alguna ocasión este magistrado suplente dijo quién le había facilitado el documento?

-En realidad nunca supe yo de quién recibió él este documento, o como lo obtuvo. Espero que quien nos entregó este documento precisamente dé las explicaciones y revele la fuente o la forma sobre cómo lo obtuvo.

¿Se dice que este documento ratificaba la sentencia del Tribunal Contencioso?

-Lo que sí vi fue la carátula y recuerdo que en algún momento determinado vi una parte en la que se señalaba como un criterio adicional; era como una parte de un anexo de indicaciones específicas de algún magistrado. En su momento en la reunión quienes leyeron el documento dijeron que era un voto salvado.

¿La reunión versó sobre el documento?

-Puedo decir que la reunión fue una discusión sobre el documento.

¿Y las estrategias?

-Ahí no se tomó ninguna estrategia; técnicamente los abogados de la empresa se llevaron los documentos para estudiarlos, luego hubo varias semanas de silencio.

¿Por qué este silencio?

-Creo que nadie quería hablar sobre eso.

¿Recibió algún trato diferente luego de negarse a acatar la orden de la empresa?

-Hice varias notas durante las últimas semanas, y ya les había advertido personalmente que estaban ante la comisión de un delito, y que se estaban exponiendo a una situación muy peligrosa ante la opinión pública; obviaron mis notas y me separaron de cualquier relación con la parte legal.

Esto me lo hacen saber a través de sus abogados, por lo que además confirman que ellos han depositado toda su confianza en sus estrategas legales. Estoy hablando de los representantes canadienses; yo les hice una advertencia de que tenían que separar a sus abogados del caso.

¿La acción de inconstitucionalidad que presenta uno de los abogados de la transnacional el pasado viernes, tiene relación con la infiltración de este documento?

-A mí lo único que me notificaban era lo que iban a hacer; las razones las desconozco; el departamento legal no me daba ninguna razón.

¿Pero se habló antes de conocer el documento sobre una posible acción de inconstitucionalidad?

-No, yo creo que al final los abogados deberán dar a conocer por qué hicieron cada cosa; lo que pueda hacer yo son suposiciones.

¿Por qué se exponen a tanto?

-No sé en realidad.

¿Se imaginó que era tan frágil vulnerar la Sala?

-No puedo generalizar; si un juez se equivoca no todos son iguales; creo que tenemos magistrados muy valiosos. Esto es más un caso extraño, una excepción a la regla y no la regla; espero que sea así, y que además quien quiera andar en estos pasos se atenga a las consecuencias.

¿Tienen tanto poder las transnacionales?

-No creo; este país está hecho por gente muy educada, y tenemos además una prensa que puede decir lo que quiere, y por ello la gente no traga cuento tan fácilmente.

¿La empresa lo expuso al hacerlo participar en la reunión?

-Sí, claro, al convocar a una reunión y participar de un acto que yo creo que es contrario de cualquier servidor público o privado.

¿Por qué su silencio casi un mes?

-La situación es tan compleja que cuando uno la recibe entra en un estado de sorpresa; uno lo que hace es tener una actitud de distancia para sopesar lo que está ocurriendo, y comprenderlo; es que no se entiende de la noche a la mañana. A mí me costó entender esto, pero cuando ya me di cuenta, y vi las manifestaciones, no me quedaba otra obligación personal y para con el país que presentarme en el Ministerio Público.

Lo más fácil era quedarme callado, y luego tratar de no quedar implicado, pero ¿qué pasa después en Costa Rica?, ¿qué pasa si no se da a conocer esto?

¿Quién tiene más intereses que este proyecto camine, la empresa o gente con intereses políticos en el país?

-En realidad esta es una empresa extranjera, por lo que creo que los que van a perder son los inversores que ponen la plata en los puestos de bolsa internacional; no hay un financista único; los que pierden son los que iban a poner o los que la han puesto.


Fuente: Semanario Universidad

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Magistrada Presidenta Sala I: “Por este motivo no nos vamos a separar del caso”

Anabelle León Feoli, magistrada presidenta de la Sala I, defendió la labor realizada por los cinco integrantes que conforman este órgano de la Corte Suprema, Feoli sí reconoció que lo sucedido es algo penoso, y que ahora tendrán que buscarse los responsables para que estos asuman las consecuencias penales del caso.

A continuación un extracto de la conversación con la magistrada, Anabelle León.

¿Qué contenía el documento que se filtró de la Sala?

-Lo que tiene es una propuesta de proyecto, en el sentido de que lo que ha venido trabajando la Sala, además contenía antecedentes del caso, la puntualización de los cargos; por lo que hablar de que era un documento definitivo es mentira, pero sí es proyecto que avanza sobre los recursos de casación.

¿Qué tan grave es este hecho?

-El documento en sí no significa un voto o sentencia, es más un documento de trabajo, una primera parte. Lo que sí es que es penoso y lamentable es que a nivel de la Sala de alguna forma, si es que se llega a determinar, este haya cogido otra ruta. ¿Quién lo generó?, y ¿Con que propósito?, no lo sabríamos, pero sí estamos firme en dar todo el apoyo al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial en el proceso que ahora se emprende.

¿La filtración se da por algún miembro de la Sala?

-Este documento sigue la ruta que cualquier proyecto que nosotros manejamos para la resolución de los casos; aquí están asignados para esto dos letrados y los cinco magistrados. No descartaría que cualquiera de nosotros se lo hubiera pasado a la secretaria para que se lo imprimiese, a pesar de que ya estaba impreso, en fin hay otras circunstancias.

¿Podría esto generar una recusación de los magistrados que los aparte del caso?

- Nosotros por este motivo no nos vamos a separar del caso, eso no quiere decir que algunas de las partes pueda plantear sobre eso alguna gestión de que nos separemos vía recusación en cuyo caso no nos tocará a nosotros resolverlo.

¿Qué tanta presiones tienen los integrantes de la Sala I?

-Ninguno de los cinco integrantes, y así lo hemos conversado, ha recibido alguna llamada o a algún intermediario, por lo que para nosotros esto no ha representado ninguna presión.


Fuente: Semanario Universidad

Foto: Semanario Universidad

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Filtración de información pretende revertir fallo contra mina Crucitas

Por David Chavarría Hernández

La filtración del borrador del proyecto de sentencia de la Sala Primera, en el cual aparentemente se confirmaba la resolución que impedía la explotación de la mina Las Crucitas en Cutris de San Carlos, confirma la injerencia de intereses particulares en una decisión judicial que reviste gran trascendencia para el país.

Las aspiraciones de la empresa de capital canadiense, Infinito Gold, para explotar una mina a cielo abierto toman un nuevo aire, ya que a la filtración de información que llevó a cabo uno de los magistrados suplentes y que terminó en manos de la firma minera, se suma una acción de inconstitucionalidad en contra del juicio que trajo abajo la concesión y los derechos de explotación de la empresa, interpuesta por Juan Carlos Hernández Jiménez el pasado viernes 11 de noviembre.
El recurso aduce que no es materia de jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolver sobre cosa juzgada por la Sala Constitucional.

También se unen la denuncia del exvocero de Industrias Infinito, William Méndez Garita, quien responsabilizó directamente con la sustracción del documento de borrador a un magistrado suplente de la Sala Primera, quien había participado en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes.

Méndez dijo a UNIVERSIDAD que advirtió a los participantes en la cita, aparentemente realizada en Lindora de Santa Anta en una casa cercana de uno de los representantes de la empresa, que la filtración del proyecto de borrador significaría la comisión de un delito. (Ver entrevista Exvocero advirtió a empresa que cometían delito)

Al cierre de esta edición trascendió que el magistrado suplente, que estuvo en funciones en la Sala Primera, fue Moisés Fachler, quien negó cualquier participación en los hechos y posteriomente presentó su renuncia el mismo martes 15 de noviembre cuando trascendió su nombre.

Él afirmó a la prensa que su dimisión se presentaba con el fin de no obstaculizar la investigación que realiza desde la semana pasada la Fiscalía General de la República.

Méndez declaró que en la reunión, que se realizó a inicios de octubre en la casa de habitación de una allegada de la empresa en Lindora, se habría hablado sobre el documento mas no se planteó ninguna estrategia a seguir con la información allí indicada.

Otras fuentes dijeron a UNIVERSIDAD que en la cita estuvieron dos reconocidos abogados, uno de ellos habría participado activamente en el proceso de juicio en defensa de la empresa Crucitas y otro con asesoramientos.

Aunque este semanario le consultó a Méndez sobre dos de los nombres que se nos indicaron de manera anónima, el asesor de prensa prefirió omitir referirse a ellos mientras se investiga el caso en el Ministerio Público.

No obstante, reconoció que días después uno de los abogados que habría estado en el encuentro le pidió que diera a conocer el borrador de proyecto de setencia de la Sala ante la prensa, a lo cual él se negó para posteriormente apartarse de los criterios de la empresa.

REVERTIR SENTENCIA

El abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Bernal Gamboa, expresó que este tipo de hechos son “maniobras” de la contraparte demandada que pretenden echar abajo la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, debido a la falta de criterios técnicos favorables. “Es tan preocupante la situación para ellos que se logran exponer a tanto, si no lo fuera no lo hacen”, consideró Gamboa.

“La única manera de hacer caer un velo de duda sobre la labor de estos magistrados es sacándoles un borrador de la sentencia por un tercero”, comentó Gamboa al destacar la transparencia de los magistrados propietarios de la Sala I.

Álvaro Sagot uno de los abogados demandantes señaló que el objetivo de filtrar el proyecto es hacer desconfiar a la opinión pública hacia el Poder Judicial y generar toda una campaña de miedo sobre lo que resolvería la Sala I.

Ambos representantes del sector ambiental durante el juicio contra la mina Crucitas, denunciaron que la estrategia es que alguna de las partes recuse a los magistrados propietarios de la Sala I o que en su caso la Corte Suprema emprenda una investigación de oficio para apartarlos del caso, y con ello nombrar magistrados suplentes que se encargarían de resolver el tema.

Edgardo Araya, representante de la Asociación Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), opinó que sería muy grave que se cambie la integración de la Sala con el único afán de variar su criterio para tratar de conformar otro que piense como empresa.

El biólogo Jorge Lobo, quien está demandado por Industrias Infinito y otro de los cuatro demandantes contra la empresa durante el juicio contencioso, expresó que lo sucedido en torno al caso Crucitas dejó de ser una simple demanda en contra de una compañía transnacional y los impactos ambientales para convertirse en una lucha por la soberanía e institucionalidad costarricense.

Hechos como los denunciados, apunta Lobo, evidencian que detrás de todo esto existen “mafias políticas”, pero dijo a la vez que ésta es una oportunidad para que la población se indigne y tome cartas en el asunto.

“Lo que ocurra ante esto dependerá de la respuesta de la gente para que “estos” no cumplan su cometido de desestabilizar la Sala para cambiar magistrados”.

En esta mina la empresa canadiense pretendía extraer más de un millón de onzas de oro, las cuales están valoradas en el mercado en $2000 la onza, con lo cual se generaría una ganancia superior a los $2.000,000.000.

El caso Crucitas se encuentra suspendido en la Sala I, al presentarse la acción de inconstitucionalidad por parte del abogado Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito.

Dicha empresa expresó en un comunicado de prensa el pasado sábado 12 de noviembre, que avalaban las investigaciones que se realizan en la Sala I por el Ministerio Público, al tiempo que lamentaron el atraso que podría sufrir la resolución del proceso judicial debido a estos cuestionamientos.

Indicaron que ahora valoran la opción de implementar acciones a partir del mes de enero del 2012. Posteriormente, se dio a conocer la acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 11 de noviembre.

La única vía que se señala es recurrir a un arbitraje internacional, según se dice en el boletín: “los hechos deberán ser valorados a la luz de los principios constitucionales, internacionales y legales que protegen la inversión extranjera y garantizan el debido proceso”.


Fuente: Semanario Universidad

Imagen: El Roto

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Magistrado suplente Moisés Fachler renunció por filtración de fallo Crucitas

• Ex Tesorero del PLN niega haber entregado documento

El Magistrado Suplente de la Sala Primera, Moisés Fachler, renunció a su cargo, tras ser involucrado como la persona que habría entregado un borrador de fallo de la Sala Primera sobre la ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso Crucitas.

Sin embargo, Fachler dijo a Radio Reloj que había presentado la renuncia, pero negó haber entregado el documento a personeros de la transnacional minera canadiense Infinito Gold.

Vìa teléfonica, Fachler confirmó su renuncia a Noticias Reloj e insistió en que nunca entregó ningún documento sobre la causa.

Lo que confirmó el ex tesorero de Liberación Nacional fue que estuvo en una fiesta en la casa del gerente de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando..

Consultado si no le parecía improcedente dijo que por eso renunció, para que no sea malinterpretado, según Reloj.

La oficina de comunicación de la Corte Suprema de Justicia no dio detalles de la renuncia, pero se espera las altas magistraturas del Poder Judicial entreguen un amplio informe del caso que han causado estragos a la credibilidad de esa instancia.

Fuentes dignas de todo crédito dijeron el lunes a este medio que Fachler habría sido la persona que entregó tres copias del borrador de la sentencia a dos abogados y a dos funcionarios de la transnacional canadiense Infinito Gold, los primero días de octubre anterior.

El abogado y periodista William Méndez Garita, denunció este lunes el hecho ante la Fiscalía de la República, pero se negó a dar detalles a la prensa.

Méndez dijo al canal 7 de televisión que él fue testigo de esa reunión, de la entrega del documento.

Por otra parte, fuentes confiables indicaron a este medio que Fachler habría sido visto hace pocos días con uno de los abogados de Infinito Gold, en un parqueo del Tribunal Contencioso Administrativo, pero no se informó sobre las gestiones que ambos realizaron en el sitio.


Fuente: Diario Digital Nuestro País

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"Ricos" y "pobres" en Costa Rica

Por María Flórez-Estrada

Columna Para pensar...

Hubiera querido inaugurar esta columna hablando de cualquier otro de los muchos temas culturalmente interesantes de analizar. (Como, por ejemplo, que la población nacional se considera "la más feliz del mundo", según una reciente encuesta de Latinobarómetro). Pero, el PAC me pone a correr con el tema de la reforma fiscal que negoció con el Gobierno y el PLN. Veamos.

Para cuando usted esté leyendo esto, querido lector, querida lectora, se habrá acabado la discusión del proyecto de reforma fiscal en la Comisión respectiva de la Asamblea Legislativa (exactamente, el domingo 13 de noviembre). Tres días después, el miércoles 16, comenzará la discusión de los dictámenes en el Plenario. Y tan pronto como, probablemente, el 22 o 23 de diciembre, cuando usted esté cenando un tamal navideño, los nuevos impuestos se habrán aprobado.

"Entre gallos y medianoche" es una frase que usualmente se ha usado para referirse a la forma poco transparente y antidemocrática con que los gobiernos tradicionales han recurrido a aprovechar las coyunturas navideñas -cuando la gente tiene la cabeza puesta en el consumo o en el descanso-, para aprobar leyes que, de otro modo, probablemente se movilizaría para resistir.

Por eso, lo primero criticable de esta reforma fiscal -¿del nuevo e inusitado bipartidismo PLN-PAC?-, es que reproduzca formas de hacer política de las que la ciudadanía está harta y por cuya causa comenzó a buscar alternativas.

Segundo hecho sorprendente: a pesar de lo anterior, más de un economista generalmente anti-neoliberal se apuró a darle un respaldo sin ambages al fondo de la reforma. Para ello, adujeron que "había" que apoyarla aunque el paquete siguiera recayendo en el impuesto más regresivo de todos: el de Ventas o al Valor Agregado (IVA), porque a cambio de eso tenía elementos progresivos como los impuestos a las remesas de zonas francas a partir del 2015 y, de forma parcial, la renta global y mundial.

Y como yo escribí desde el comienzo criticando ese intercambio, y luego publiqué un artículo titulado "Hacer política desde ninguna parte", en el cual me referí al superficial tecnocratismo en que habían caído tales analistas, se me acusó gratuitamente de querer una reforma fiscal "ideal" o "perfecta". Ahora, ya comienzan a echarse para atrás y a reconocer que se trata de una mala negociación.

En todo caso, no creo que tenga nada de malo tener como horizonte lo perfecto, pero, ese no era el punto. El punto era, y sigue siendo, que una fuerza política alternativa, que defienda los intereses de las mayorías, no puede simplemente aumentar el IVA afectando así el poder adquisitivo de esas mayorías, en nombre de mantener el equilibrio macroeconómico, sin desarrollar un trabajo lo más exhaustivo posible para revisar y reordenar el gasto, reducirlo en lo que no sea sustancial, y para aumentar el Impuesto sobre la Renta, sobre el consumo suntuario y el patrimonio, de modo que aporten más quienes más capacidad económica tienen. (Por cierto que el Frente Amplio presentó un proyecto alternativo, en esta dirección, desde marzo de este año).

Además, el impuesto a las remesas de zona franca y la limitada forma en que el PLN y el PAC quieren aplicar los impuestos global y mundial, los hacen casi inoperantes en términos de recaudación, como ha declarado el propio Ministerio de Hacienda.

Y después de hacer ese trabajo responsable, todavía habría que estudiar bien la forma diferenciada y escalonada en que debería aplicarse el IVA para los distintos sectores, actividades y poblaciones.

Quiero poner un ejemplo de por qué es necesario hacer este trabajo fino y responsable, que debería llevar a postergar la aprobación de esta reforma fiscal.

Resulta que, según el propio Ministerio de Hacienda, la reforma del PLN y el PAC es "progresiva" tanto en cuanto al IVA cuanto en relación al Impuesto de Renta porque se afirma que los "más ricos" pagarán más.

Para determinar quiénes son los ricos y los pobres, dividen los ingresos promedio de los hogares y de las personas en diez grupos escalonados (llamados deciles), de modo que los "más ricos" se encuentran en los deciles diez y nueve, los distintos niveles de "ricos" en los deciles ocho a seis, la "clase media" se en el quinto decil, y los distintos niveles de pobres son repartidos en los deciles cuatro al uno.

Pero, ¿saben ustedes cuál es el ingreso promedio por hogar del decil cinco, es decir, de los hogares de "clase media" según las cifras utilizadas por Hacienda? Apenas ¢355.892 ($711).

¿Y cuál es el ingreso promedio por hogar en el decil "más rico"? A partir de ¢2.017.912 ($4.036). ¡Es decir, que según esta división, tan rico es un hogar que tenga esa cifra de ingreso, como el hogar del gerente del Banco Nacional, que en marzo de 2010 tenía un salario de ¢12.7 millones ($25.400)!

¿A cuánto ascenderán los salarios -más las rentas y alquileres- del estrato gerencial del sector financiero privado, para seguir con el ejemplo? ¿Quiénes son verdaderamente los más ricos y cuántos son?

De la misma forma, con ese criterio, son "ricos" los hogares de los deciles seis a ocho, que tienen ingresos promedio de: ¢486.874 ($974); ¢562.329 ($1.125); y ¢701.079 ($1.402), respectivamente. Y sobre estos "ricos" hogares y la "clase media", recae buena parte del peso de la reforma, a través del IVA y de un poco sofisticado Impuesto sobre la Renta.

Igualmente sucede con la protección a los pobres mediante las exoneraciones planteadas al IVA:

según los propios datos de Hacienda, los hogares del decil uno, que son los más pobres, con un ingreso promedio de ¢105.245, a pesar de la canasta exonerada, de aprobarse la reforma tendrían que pagar ¢14.806 adicionales por año por persona, por efecto del IVA.

Por ejemplo, según los datos del INEC para el 2009, se verían afectadas un total de 1.935.926 personas (casi la mitad de la población) que integraban los primeros cuatro deciles de la población pobre. Tomando en cuenta que el promedio de integrantes de esos hogares pobres era de cuatro personas, la pérdida de poder adquisitivo anual que sufrirían, por el pago del IVA, equivaldría a ¢59.224, o el 4.6% de su ingreso. Además, habría que agregar la pérdida por la inflación, que el Banco Central estima en otro 4.6%. Esto implicaría, para esos hogares pobres, una pérdida neta de ¢118.448 que, como puede verse, equivale a un mes de ingreso.

(¡También por la lógica de reproducción de la pobreza y de las enfermedades gastrointestinales del Ministro Herrero, sabemos que, según el proyecto PLN-PAC, los pobres deberán seguir condenados a no comer las saludables frutas, que el Ministro y sus economistas no quieren incluir en la canasta exonerada porque esto haría más regresiva a la reforma!)

Es claro que el "lente" que utiliza Hacienda para establecer quiénes son los ricos y quiénes son los pobres, en Costa Rica, es muy grueso, de manera que quienes obtienen un ingreso apenas suficiente, ya son "clase media". Sin embargo, hay otras maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Costa Rica sobre los "Determinantes socioeconómicos del consumo de los estratos más altos de Costa Rica", de Allan Hernández, encontró que, en nuestro país, los hogares más ricos se caracterizan por lo siguiente: obtienen ingresos de rentas y alquileres, los "jefes" son hombres que son patronos, y residen concentradamente en el área urbana de la región central.

Para lograr estas conclusiones, se afinó el análisis de modo que fuese posible encontrar las diferencias significativas, sobre todo a medida que aumentaba el ingreso de los sectores más ricos. Un conocimiento así debería ayudar a tasar más a quienes cumplen ese perfil y menos aún a quienes no lo cumplen, incluso en términos regionales.

Sin duda se requiere de una reforma tributaria, pero no para tapar los huecos dejados por las fiestas del clientelismo político, sino para redistribuir la riqueza en una Costa Rica en la que, gracias a la política tradicional y al modelo que privilegia el enriquecimiento de unos pocos, la desigualdad social no deja de crecer.

Esta es una reivindicación típicamente progresista y de izquierda. Por eso mismo, el PAC todavía puede rectificar y promover que se discuta y acuerde una reforma tributaria que sea responsablemente progresiva y que se realice con una amplia participación ciudadana en su discusión.


Fuente: Diario Digital Nuestro País

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¿Qué pasó en la Sala I? Infinito Gold ofrece colaboración a la Fiscalía

• Transnacional amenaza con llevar caso a tribunales internacionales

La transnacional minera canadiense Infinito Gold amenazó con llevar el caso Crucitas al arbitraje internacional, tras lamentar la filtración de un borrador de sentencia de la Sala Primera que ratificaría el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

Hace un año, el TCA eliminó un decreto del ex presidente Oscar Arias que declaraba de Interés Público y Conveniencia Nacional el proyecto minero Crucitas, mientras que por diversas irregularidades canceló los permisos del mismo. Igualmente, ordenó a la Fiscalía investigar a varios funcionarios públicos, personeros de la empresa y al mismo ex mandatario.

De acuerdo con informes oficiales del Ministerio Público (Fiscalía), un borrador de la sentencia fue filtrado a una de las partes interesadas, tras ser sacado ilegalmente de una de las computadores de los cinco magistrados de la Sala Primera, que conocen el caso.

Los hechos ocurrieron simultáneamente con el esparcimiento de rumores, iniciado por un conspicuo político costarricense, vinculado con las más altas esferas del poder, de que la Sentencia del TCA sería traída abajo.

En su página de Facebook, la canadiense Infinito Gol divulgó un comunicado de prensa donde dice que "ante la gravedad de los hechos descritos en la información y confirmados tanto por la Presidenta de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, Licda. Anabelle León como por el Fiscal General de la República, Lic. Jorge Chavarría, se justifican las acciones implementadas por parte de las autoridades en mención".

Según el sitio http://www.facebook.com/notes/la-verdad-sobre-crucitas/121111-comunicado-de-prensa/309093132436635, Infinito Gold "prestará toda la colaboración que le sea solicitada por parte de las autoridades respectivas en la investigación que se realiza".

La transnacional reseño que ha confiado en el sistema de justicia costarricense desde su llegada al país, sometiéndose desde el año 2008 a dos largos procesos judiciales (recursos de amparo ante la Sala Constitucional y Proceso de Conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo) que le han significado la paralización por 3 años de sus actividades en el país, con el consiguiente perjuicio económico que ello representa.

"En cada uno de estos procesos la empresa ha efectuado un enorme esfuerzo con el fin de demostrarles a las autoridades judiciales y al país, que el proyecto Crucitas es ambiental, social y económicamente viable para Costa Rica", asegura.


AMENAZA

El pronunciamiento indica que "las implicaciones de los hechos denunciados en los procesos judiciales en Costa Rica y ante un eventual Arbitraje Internacional estarán siendo analizadas por parte de los asesores legales de la empresa en las próximas semanas".

"Los hechos deberán ser valorados a la luz de los principios constitucionales, internacionales y legales que protegen la inversión extranjera y garantizan el debido proceso", resalta la nota.

Añade que "lo que si lamentamos es que posiblemente la investigación de la denunciada por parte del Ministerio Público, podría significar un nuevo atraso en la resolución del proceso judicial. Las implicaciones de este atraso están siendo valoradas por parte de la casa matriz de Industrias Infinito, que eventualmente podría implementar acciones a partir del mes de enero del 2012".

"Industrias Infinito prestará toda la colaboración que le sea solicitada por parte de las autoridades respectivas en la investigación que se realiza", concluye la nota de prensa.

Cabe resaltar que este sábado, el vocero de la empresa, el periodista William Méndez, anunció que renunciaba al cargo sin dar mayores informaciones sobre los motivos que lo indujeron a tomar esa decisión.

"Por este medio deseo hacer público que he presentado mi renuncia como vocero de la empresa Industrias Infinito (Crucitas). Agradezco el buen consejo de varios amigos que me han hecho reflexionar sobre esta decisión", fue la escueta comunicación del periodista Méndez Garita.

Varios amigos o fans del periodista en Facebook lo felicitaron por la decisión y destacaron su valentía.

"Algo ocurrió dentro de la empresa para que esta renuncia se diera tras el escándalo desatado con la filtración o robo del documento de la Sala Primera", coincidieron varios ambientalistas consultados.


¿CONSPIRACIÓN?

Funcionarios judiciales y observadores políticos no descartan una conspiración de gente cercana a la transnacional canadiense, con el propósito de que el presidente del Poder Judicial, Luís Paulino Mora, junto con la Corte Plena, decidan separar a los cinco magistrados que conocen el caso y designar a suplentes para que resuelvan el fallo en Casación.

Esta situación preocupa a los ambientalistas, ya que un representante de una Sociedad Anónima, inscrita como Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, haya estado presionando para recusar a los magistrados.

La presión inició con el nombramiento en propiedad, por parte de los magistrados, de al menos dos jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, que dictaron la sentencia sobre la minera, que pretende instalar su proyecto a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua. Por ello, el viernes anterior, el representante del Instituto solicitó a los magistrados recusarse.

Igualmente, para ellos llama la atención el comunicado de la transnacional, donde deja entrever cierta desconfianza con el proceso, por el tiempo que han consumido los casos en estrados judiciales, y más ahora, tras la filtración del documento.

De acuerdo con expertos judiciales, no se descarta que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia puedan caer en la trampa de la conspiración, dirigida por "fuerzas ocultas" para beneficiar una actividad que hoy disfruta de excelentes precios, de dos mil dólares la onza troy en los mercados internacionales.


Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: Boligán


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Abogados y demandantes del Juicio Crucitas condenan filtración de fallo en Sala Primera

Pronunciamiento:

Nosotros, los abogados y las partes demandantes, directamente involucrados en el Juicio Contencioso Administrativo relacionado con el Proyecto Minero Crucitas, hacemos del conocimiento público lo siguiente:

Consideramos gravísimos los hechos que han sido noticia en relación con la filtración, a supuestas partes interesadas, del Proyecto de Sentencia de Casación de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, sobre el caso del Proyecto Minero Crucitas. Además, hoy conocemos que los señores y señoras Magistradas de dicha Sala están siendo recusados (objetados para que no participen en la sentencia) por parte de una persona aliada a las partes demandadas. Sabemos también que esa persona intentó bloquear el nombramiento en propiedad de al menos dos jueces del Tribunal Contencioso que participaron en la redacción del Fallo que detuvo al proyecto minero. Todos esos hechos atentan contra la dignidad e independencia de los señores miembros del Poder Judicial, lo que debe garantizárseles a toda cosa, por el bien de la democracia costarricense.

Lo aquí denunciado debe llenar de gran preocupación a toda la sociedad. Sabemos de los grandes intereses económicos y políticos que están detrás de ese proyecto minero, del poder político de las personas involucradas y del precio escandalosamente alto del oro en el mercado internacional, rozando la marca histórica de los 2000 dólares la onza (se pretendían extraer alrededor de un millón de onzas).

Hoy se ha colocado en grave riesgo la decencia de la institucionalidad costarricense y la esencia misma del Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestra lucha ya no debe ser sólo por evitar los perjuicios para el país de un determinado proyecto minero y la defensa del apego a la legalidad. Esta lucha se convirtió ahora en la defensa frontal de toda nuestra institucionalidad pública, gravemente amenazada con este caso.

El juicio oral y público llevado a cabo en el Tribunal Contencioso Administrativo, que desembocó en la ya histórica sentencia que anuló la concesión minera a favor de Industrias Infinito en Crucitas de Cutris, San Carlos, fue un gran ejemplo de independencia del Poder Judicial.

En dicho juicio, que duró aproximadamente dos meses, después de un amplio debate con abundante prueba aportada por todas las partes, los costarricenses pudimos conocer de primera mano la existencia de graves actos contrarios a la ley, llevados a cabo por políticos del más alto nivel, funcionarios públicos y personal de la empresa minera Industrias Infinito S.A. Lo anterior llevó a dicho Tribunal a considerar, en su sólida sentencia, que en los permisos otorgados a la empresa minera existía fraude de ley y que podría haber existido una "orquestación de voluntades" encaminada a lograr que el Proyecto Minero Crucitas entrara en funcionamiento de la manera que fuera. Un fallo histórico que devolvió la seguridad jurídica que este país tanto necesita.

Consideramos, sin lugar a dudas, que el objetivo de las maniobras denunciadas es alterar el balance y la integración de la Sala I y entorpecerle el dictado de su sentencia. Es nuestra opinión que todos estos hechos forman parte de una nueva campaña del miedo, orquestada con el único afán de intimidar y amedrentar a todos aquellos que puedan ser un obstáculo para la realización del proyecto minero. Esto se une a la serie de denuncias penales infundadas, interpuestas por Industrias Infinito contra expertos y activistas que se han pronunciado en contra del Proyecto Minero.

Nos parece que estas acciones también van encaminadas a desprestigiar a nuestro aparato jurisdiccional, de cara a un eventual litigio internacional relacionado con este proyecto minero.

Condenamos enérgicamente esas acciones arteras en contra de la dignidad de nuestro país y exigimos que se hagan las investigaciones de caso y se identifique y sancione al culpable o los culpables de estas maniobras.

Exigimos que salga a la luz pública el nombre de las partes interesadas y abogados que han tenido acceso al borrador del fallo, según lo ha comunicado la prensa nacional.

Finalmente, exigimos al Poder Judicial que respalde la actuación de los señores magistrados de la Sala I y se rechace de forma contundente cualquier intento de remover a esos funcionarios del conocimiento del caso Crucitas.

San José, 12 de noviembre 2011.

Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado

Edgardo Araya Sibaja, Abogado

Bernal Gamboa Mora, Abogado

Jorge Arturo Lobo Segura, Demandante

Fuente: Diario Digital Nuestro País

Imagen: Diario Digital Nuestro País

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