Independencia del Poder Judicial

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Por Sonia Marta Mora


Es un hecho que la institucionalidad democrática de una nación se sustenta, entre otros pilares, en un sistema de justicia imparcial, riguroso e independiente. Esto supone, sin lugar a dudas, procesos cuidadosos y transparentes. Pero descansa sobre todo, bien lo sabemos, en la calidad y probidad de las personas que llegan a la magistratura. Por eso es clave el proceso de selección de las y los jueces. Además de ser personas bien formadas en derecho, con una destacada trayectoria en ese campo que las haga merecedoras de un cargo de tal dignidad, las y los jueces deben ser personas íntegras, rectas, con una honradez a toda prueba. Y su trayectoria debe evidenciar –y esto no es negociable- una clara independencia del poder económico y el poder político.

Porque en los tiempos que corren, bien lo sabemos, los inmensos intereses económicos de algunas empresas y la fuerza de ciertas organizaciones criminales, negocios que traspasan fronteras y que acumulan experiencia en diversos contextos, no parecen detenerse ante nada para lograr sus propósitos. Hemos visto con dolor cómo estos intereses llegan hasta propiciar la corrupción de funcionarios públicos, incluso de aquellos situados en los puestos más elevados y visibles. Para lograr sus propósitos pueden hasta sentirse tentados a ejercer presión sobre jueces y juezas cuando en manos de los tribunales se encuentran decisiones que pueden tocar sus intereses.

Por ello es de extrema gravedad la filtración de un borrador de la sentencia del caso de la minera Crucitas que conoce la Sala Primera. Las informaciones que han trascendido vinculan a un magistrado suplente con la fuga de un texto central de este proceso. ¿Adónde tendremos que llegar para que las y los costarricenses con valentía nos decidamos a detener este deterioro de la institucionalidad democrática? ¿Resulta alguien favorecido con estos hechos?

Porque como muchas veces lo hemos dicho, nuestras instituciones, esas entidades que tanto esfuerzo e inversión le han costado a nuestra democracia, son un patrimonio social tan relevante y valioso como nuestro patrimonio natural. Hay que haber compartido con personas de otros países que no han logrado construirlas o que las han visto derrumbarse para entender la catástrofe que significaría permitir que sigan resquebrajándose ante nuestros ojos. Es gracias a instituciones fuertes e independientes que puede defenderse el interés de la ciudadanía, sobre todo de las personas más vulnerables. Sin instituciones sólidas no hay seguridad para las empresas, sucumbe la seguridad ciudadana y se debilita la justicia, la salud y la educación. Sin instituciones eficientes e independientes no hay defensa posible de los intereses nacionales frente a la voracidad de los grandes negocios.

Ya hace tiempo que la extracción de oro es una pretensión en Costa Rica. ¿qué implicaciones está teniendo esta pretensión sobre nuestra institucionalidad democrática? ¿qué nexos se han establecido con la política tradicional para hacer posible este negocio y cómo se expresan esos vínculos en determinadas resoluciones o en el nombramiento de funcionarios en instancias que tendrían que pronunciarse sobre el caso? Las revelaciones recientes son apenas la punta del iceberg. La prensa deberá seguir jugando un papel central para echar luz sobre toda esta compleja trama en la cual parecen faltar piezas. Y entretanto las y los ciudadanos tenemos que exigir decisiones urgentes en resguardo de la imparcialidad de nuestro sistema de justicia.


Fuente: Diario Extra

Imagen: Boligán



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