Filtración de información pretende revertir fallo contra mina Crucitas

Por David Chavarría Hernández

La filtración del borrador del proyecto de sentencia de la Sala Primera, en el cual aparentemente se confirmaba la resolución que impedía la explotación de la mina Las Crucitas en Cutris de San Carlos, confirma la injerencia de intereses particulares en una decisión judicial que reviste gran trascendencia para el país.

Las aspiraciones de la empresa de capital canadiense, Infinito Gold, para explotar una mina a cielo abierto toman un nuevo aire, ya que a la filtración de información que llevó a cabo uno de los magistrados suplentes y que terminó en manos de la firma minera, se suma una acción de inconstitucionalidad en contra del juicio que trajo abajo la concesión y los derechos de explotación de la empresa, interpuesta por Juan Carlos Hernández Jiménez el pasado viernes 11 de noviembre.
El recurso aduce que no es materia de jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolver sobre cosa juzgada por la Sala Constitucional.

También se unen la denuncia del exvocero de Industrias Infinito, William Méndez Garita, quien responsabilizó directamente con la sustracción del documento de borrador a un magistrado suplente de la Sala Primera, quien había participado en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes.

Méndez dijo a UNIVERSIDAD que advirtió a los participantes en la cita, aparentemente realizada en Lindora de Santa Anta en una casa cercana de uno de los representantes de la empresa, que la filtración del proyecto de borrador significaría la comisión de un delito. (Ver entrevista Exvocero advirtió a empresa que cometían delito)

Al cierre de esta edición trascendió que el magistrado suplente, que estuvo en funciones en la Sala Primera, fue Moisés Fachler, quien negó cualquier participación en los hechos y posteriomente presentó su renuncia el mismo martes 15 de noviembre cuando trascendió su nombre.

Él afirmó a la prensa que su dimisión se presentaba con el fin de no obstaculizar la investigación que realiza desde la semana pasada la Fiscalía General de la República.

Méndez declaró que en la reunión, que se realizó a inicios de octubre en la casa de habitación de una allegada de la empresa en Lindora, se habría hablado sobre el documento mas no se planteó ninguna estrategia a seguir con la información allí indicada.

Otras fuentes dijeron a UNIVERSIDAD que en la cita estuvieron dos reconocidos abogados, uno de ellos habría participado activamente en el proceso de juicio en defensa de la empresa Crucitas y otro con asesoramientos.

Aunque este semanario le consultó a Méndez sobre dos de los nombres que se nos indicaron de manera anónima, el asesor de prensa prefirió omitir referirse a ellos mientras se investiga el caso en el Ministerio Público.

No obstante, reconoció que días después uno de los abogados que habría estado en el encuentro le pidió que diera a conocer el borrador de proyecto de setencia de la Sala ante la prensa, a lo cual él se negó para posteriormente apartarse de los criterios de la empresa.

REVERTIR SENTENCIA

El abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Bernal Gamboa, expresó que este tipo de hechos son “maniobras” de la contraparte demandada que pretenden echar abajo la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, debido a la falta de criterios técnicos favorables. “Es tan preocupante la situación para ellos que se logran exponer a tanto, si no lo fuera no lo hacen”, consideró Gamboa.

“La única manera de hacer caer un velo de duda sobre la labor de estos magistrados es sacándoles un borrador de la sentencia por un tercero”, comentó Gamboa al destacar la transparencia de los magistrados propietarios de la Sala I.

Álvaro Sagot uno de los abogados demandantes señaló que el objetivo de filtrar el proyecto es hacer desconfiar a la opinión pública hacia el Poder Judicial y generar toda una campaña de miedo sobre lo que resolvería la Sala I.

Ambos representantes del sector ambiental durante el juicio contra la mina Crucitas, denunciaron que la estrategia es que alguna de las partes recuse a los magistrados propietarios de la Sala I o que en su caso la Corte Suprema emprenda una investigación de oficio para apartarlos del caso, y con ello nombrar magistrados suplentes que se encargarían de resolver el tema.

Edgardo Araya, representante de la Asociación Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), opinó que sería muy grave que se cambie la integración de la Sala con el único afán de variar su criterio para tratar de conformar otro que piense como empresa.

El biólogo Jorge Lobo, quien está demandado por Industrias Infinito y otro de los cuatro demandantes contra la empresa durante el juicio contencioso, expresó que lo sucedido en torno al caso Crucitas dejó de ser una simple demanda en contra de una compañía transnacional y los impactos ambientales para convertirse en una lucha por la soberanía e institucionalidad costarricense.

Hechos como los denunciados, apunta Lobo, evidencian que detrás de todo esto existen “mafias políticas”, pero dijo a la vez que ésta es una oportunidad para que la población se indigne y tome cartas en el asunto.

“Lo que ocurra ante esto dependerá de la respuesta de la gente para que “estos” no cumplan su cometido de desestabilizar la Sala para cambiar magistrados”.

En esta mina la empresa canadiense pretendía extraer más de un millón de onzas de oro, las cuales están valoradas en el mercado en $2000 la onza, con lo cual se generaría una ganancia superior a los $2.000,000.000.

El caso Crucitas se encuentra suspendido en la Sala I, al presentarse la acción de inconstitucionalidad por parte del abogado Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito.

Dicha empresa expresó en un comunicado de prensa el pasado sábado 12 de noviembre, que avalaban las investigaciones que se realizan en la Sala I por el Ministerio Público, al tiempo que lamentaron el atraso que podría sufrir la resolución del proceso judicial debido a estos cuestionamientos.

Indicaron que ahora valoran la opción de implementar acciones a partir del mes de enero del 2012. Posteriormente, se dio a conocer la acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 11 de noviembre.

La única vía que se señala es recurrir a un arbitraje internacional, según se dice en el boletín: “los hechos deberán ser valorados a la luz de los principios constitucionales, internacionales y legales que protegen la inversión extranjera y garantizan el debido proceso”.


Fuente: Semanario Universidad

Imagen: El Roto