Ayuno frente a Casa Presidencial para rechazar minería en Crucitas

Ciudad Quesada, Alajuela (elpais.cr) – Vecinos de comunidades cercanas al proyecto minero de oro a cielo abierto en Crucitas, en el norte de Costa Rica, iniciarán el 8 de octubre un ayuno indefinido para demandar al Gobierno la eliminación de un decreto que respalda esa explotación.

A los habitantes de las comunidades del cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, se le sumarán activistas del área metropolitana, quienes se ubicarán frente te a Casa Presidencial, solicitando una vez más que la Presidencia de la República elimine el acuerdo que declara de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto.

Esta medida se acordó luego de la decisión del Poder Ejecutivo de mantener vigente el decreto 34801-Minaet, el cual los opositores a la minería solicitaron derogar en julio y agosto de este año, por medio de dos marchas de más de 200Km entre Casa Presidencial y la localidad de Crucitas, y en el sentido inverso.

Actualmente, cerca del 90% de la población costarricense, se opone a la empresa minera Industrias Infinito, y el proyecto está pendiente del fallo del tribunal Contencioso en relación a la demanda que las organizaciones ecologistas han planteado contra el Estado y contra la empresa por una serie de anomalías observadas en el proceso de concesión, así como en el estudio de impacto ambiental.

El Frente Norte de Oposición a las Minería y la Coordinadora Ni Una Sola Mina, justifican la protesta que además de la oposición del 90% de la población al proyecto, según encuestas, así como la imagen verde que tiene Costa Rica ante el mundo, y la trayectoria conservacionista de nuestro pueblo y el derecho constitucional a un ambiente sano.

Además, el potencial de los bosques costarricenses como laboratorio natural y como destino ecoturístico, la experiencia que mundialmente se ha documentado en relación con la alta incidencia de desastres ambientales asociados a la minería a cielo abierto con uso de cianuro sobre las reservas de agua, las especies vivas y el daño social a las comunidades.

Por otra parte, que el Gobierno no ha considerado argumentos técnicos que alertan sobre las verdaderas dimensiones de la amenaza representada en ese proyecto de minería a cielo abierto. En particular, no se ha tomado en cuenta los criterios expuestos en el Informe de la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones sostienen que -a pesar de las dos caminatas entre Casa Presidencial y Crucitas-, (inspiradas en los principios de la No Violencia practicados por reconocidas figuras de la historia, como Mahatma Gandhi), el Poder Ejecutivo decidió mantener vigente el decreto 34801-MINAET, que declara de conveniencia nacional la minería química en San Carlos, sin sustento técnico que lo respalde.

Califican de irresponsabilidad de la Presidencia, al emitir sin justificaciones de ningún tipo, juicios relacionados con cifras de posibles demandas, y que el proyecto expone al país a demandas internacionales por contaminación del complejo hidrográfico más importante de Centroamérica (Lago de Nicaragua-Río San Juan), de las cuales aún no se han hecho valoraciones.

Por otro lado, sostienen que la concesión se le dio a la empresa mientras regía una moratoria a la minería, mientras la empresa presentó cambios en la profundidad de excavación (de 15 a 69 metros), pero no presentó un nuevo estudio de impacto ambiental.

“La actitud de la Presidenta Chinchilla, tanto al evadir sus responsabilidades en la delimitación de las políticas ambientales y de desarrollo, como al alegar confusión respecto a las competencias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y de las materias tratadas en el actual proceso del Tribunal Contencioso”, acusan las organizaciones antimineras.

Por otra parte, denuncian “la soberbia de la empresa minera, que ha saturado todos los espacios (desde la prensa nacional, hasta los casilleros universitarios) con sumas millonarias en gastos de publicidad, así como la preocupante promoción que internacionalmente hace Infinito Gold de una concesión de 800 Kilómetros cuadrados para explotación minera en nuestro país”.

Advierten además que asociado a lo anterior, actualmente hay más de 20 proyectos mineros esperando su trámite en la Dirección de Geología y Minas.

Otra acusación es que “el Gobierno y la empresa, han demostrado un desprecio total por la Vida con un doble discurso de por medio, de manera que se ha llegado a un punto crítico en el que tales condiciones, deben ser denunciadas ante la comunidad nacional e internacional, mediante un planteamiento equivalente y que en esencia corresponda con la amenaza contenida en un proyecto de tales dimensiones”.


Fuente: Diario Digital El País



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