Honduras: Corre nuevamente la sangre en el Bajo Aguán

Por Giorgio Trucchi

Patrullas repletas de policías y guardias privados del productor palmero Miguel Facussé atacaron a balazos la finca Aurora, donde miles de miembros del MUCA están asentados en cumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno.

Una vez más corre la sangre en el Bajo Aguán, donde miles de familias campesinas organizadas en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) siguen luchando para que se respete su derecho a la tierra y se cumpla con el convenio firmado en abril pasado con el presidente Porfirio Lobo y el Instituto Nacional Agrario (INA).

La nueva víctima, la séptima desde que el MUCA reanudó su proceso de recuperación de tierras en diciembre de 2009, se llama Oscar Yovani Ramírez, un muchacho de 17 años cuyo cadáver se encontró en el asentamiento de finca La Aurora después del violento ataque.

“A las 8:30 de la mañana del domingo 20 de junio llegaron a la finca La Aurora dos patrullas policiales con gente armada, algunos eran policías y otros guardias de seguridad de Miguel Facussé –dijo a Sirel el dirigente del MUCA, Yony Rivas–.

Entraron por la fuerza a la finca y comenzaron a disparar. Asesinaron al joven Oscar Yovani Ramírez y detuvieron a cinco compañeros, acusándolos de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas.

En este momento están detenidos en la posta policial de Tocoa y nuestro abogado nos avisó de que fueron duramente golpeados y torturados”, denunció Rivas.

Todavía no está muy clara la dinámica del asesinato, ya que según el MUCA el joven fue asesinado antes del operativo policial y su cuerpo fue abandonado en la finca durante el fuerte tiroteo, que dejó también algunos heridos. Flagrante violación del acuerdo

En cumplimiento del acuerdo firmado entre el MUCA y el Gobierno de Porfirio Lobo, más de 2.500 familias campesinas fueron beneficiadas con las primeras 3.000 hectáreas cultivadas con palma africana –de un total de 11.000 entre cultivadas e incultas– y se reconcentraron en cinco fincas, entre ellas la finca La Aurora.

Según el MUCA, ese nuevo ataque y esta sangre derramada responden a una estrategia del empresario y productor palmero Miguel Facussé, quien en repetidas ocasiones ha rechazado y tratado de deslegitimar públicamente el acuerdo firmado entre las 24 organizaciones que conforman el MUCA y el Gobierno.

“Estamos responsabilizando al empresario Miguel Facussé, al presidente Porfirio Lobo y a su Ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, por lo que ha ocurrido. Esta finca –explicó Yony Rivas– es parte de las 3.000 hectáreas que ya nos fueron entregadas y ni la Policía, ni los guardias de seguridad pueden entrar. Mucho menos disparando, asesinando y deteniendo a nuestros compañeros con falsas acusaciones”.

De acuerdo con el dirigente campesino, la represión militar y el continuo hostigamiento contra el MUCA, se debe también a las pretensiones de Miguel Facussé de querer vender al Estado de Honduras alrededor de 3.000 hectáreas a un precio totalmente desproporcionado.

“Quiere vender la tierra a 13.200 dólares la hectárea, lo cual es absurdo, ya que el precio de mercado por hectárea cultivada con palma oscila entre 4.200 y 4.700 dólares. Es por eso que estamos haciendo un estudio agronómico y financiero para determinar el verdadero valor de las tierras que vamos a pagar al Estado”, dijo Rivas.

Además, buena parte de estas tierras son inundables, están en abandono, cubiertas por lagunas, destinadas para el tendido eléctrico, y con casi 80.000 plantas de palma africana muertas.

“La gente está indignada por este nuevo derramamiento de sangre. Vamos a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía y ya nos hemos comunicado con el Ministro del INA para que tome cartas en el asunto.Ya son siete los compañeros caídos en la lucha –recordó el dirigente del MUCA– y en el Bajo Aguán se siguen violando los derechos humanos y el derecho que tenemos a la tierra y a la vida. Gobierno, policía, ejército y terratenientes siguen violando nuestros derechos. Pedimos a las organizaciones nacionales e internacionales que se solidaricen con nuestra lucha, denuncien lo que está ocurriendo y presionen para que se cumpla con lo que hemos firmado. Aquí nos vamos a mantener, y por ningún motivo vamos a abandonar la lucha para la recuperación de nuestras tierras”, concluyó Yony Rivas.



Fuente Rebelión

Foto ThisTideHasNoHeartbeat



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El agua y el aceite: Palma africana y Derechos Humanos

Por Gerardo Iglesias

En la Finca Palo Alto afiliarse a un sindicato es el pasaporte para que a uno le llenen el cuerpo de plomo. De los 200 trabajadores y trabajadoras que hay en la finca, 185 decidieron sindicalizarse y por esa razón fueron reprimidos a balazos por un grupo de matones al servicio de la empresa. Entre ellos hay tres mujeres embarazadas.

“¡Salgan que venimos a matarlos! ¡No se escondan!”, vociferaron los mercenarios de la Palma, y luego comenzaron a tirar. Dispararon a cara descubierta, desafiantes, desde la arrogancia de quien sabe que en Colombia la impunidad alimenta las armas y la cacería de sindicalistas está abierta todo el año.

Cuando los trabajadores decidieron afiliarse al Sindicato, el pasado 23 de diciembre, los sindicalistas asesinados en Colombia en 2009 sumaban 37, y de ellos 16 eran dirigentes. Siete de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, en ese año, eran colombianos.

Para los sectores oligarcas el que entra a un sindicato: “se jodió”. Es un hereje en la tierra santa del neoliberalismo, un terrorista para el fundamentalismo de mercado, y esto explica por qué en los últimos 23 años han sido asesinados en Colombia 2.708 sindicalistas.


PLANTACIÓN ADENTRO, ESTADO AFUERA. LA REPÚBLICA DE LA PALMA

Cuanto más avanzan las plantaciones, más profundo y solitario se contempla el socavón verde de la palma, donde el Estado se paraliza y desvanece. Un vértigo extraño le impide aproximarse y mirar. Sin embargo, hay veces que tras un enorme sacrificio, el Estado logra acercarse al borde de ese abismo, pero el pobre no puede abrir sus ojos.

Los mayorales de la Palma saben que al Estado y al gobierno se le aflojan las piernas en la plantación, por eso la gente allí podrá encontrar un trabajo, pero de seguro no encontrará un solo derecho.

No es casualidad que los trabajadores que ocupan la finca de Palo Alto estén reclamando el pago de salarios, primas, cesantías, los intereses de esas cesantías, el subsidio familiar y siete años de cotización al seguro social.

Estos esclavos modernos ganan en promedio 230 dólares, unos 30 dólares por debajo del salario mínimo. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Colombia se necesitan dos salarios mínimos para que una familia no se muera de hambre.

Es muy difícil entender cómo en esas condiciones feudales de trabajo y de extrema violencia, el desarrollo de la Palma Africana favorecerá el progreso de la gente y de su calidad de vida, como lo afirma el presidente Álvaro Uribe.
La Palma Africana, en Colombia y el resto del mundo, lo único que reparte, hacia abajo, es violencia y pobreza.


LAS BIO-COOPERATIVAS. LOS CUERVOS AL ACECHO

A un mes de la ocupación de la finca, el Ministerio de Protección Social envió a la doctora Luz Stella Veira para encontrar una solución al conflicto. La incursión de la representante del gobierno en la República de la Palma duró apenas unas horitas.

“¡Venga, y conocerá lo que es el camino de la muerte!”, le hicieron llegar como mensaje de bienvenida. De ahí en adelante, el Ministerio entró en pánico y hasta ahora se muestra absolutamente incapaz de hacer cumplir la ley para el reconocimiento del Sindicato y el inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo.

Por su parte, el alcalde del municipio de Pueblo Viejo en coordinación con la Policía Nacional, muestran el lado obsecuente y servil de las autoridades locales, autorizando el ingreso a la finca en conflicto de un grupo de nuevos trabajadores.

En río revuelto, agazapadas, aguardan turno las cooperativas de trabajo asociado, un eufemismo que esconde un escandaloso sistema de tercerización, donde la gente debe trabajar innumerables horas extras, domingos y festivos sin que se les pague un solo peso adicional, y muchas no pagan seguridad social.

La Finca Palo Alto pretende deshacerse de sus trabajadores directos, y contratar mano de obra por intermedio de estas “cooperativas”.

No hay cultivo que haya desplazado más campesinos en Colombia que la Palma Africana. Es el “napalm” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.

Desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas.

El presidente Álvaro Uribe quiere que Colombia sea en 2020 “la Arabia Saudita del biodiesel”. Nos lo imaginamos: un gran desierto, una monarquía oligárquica y un marketing millonario llamando a utilizar los “bio-combustibles” colombianos para salvar al planeta.


Fuente Ecoportal.net

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