Recolecta de solidaridad con la huelga bananera de Sixaola

¡URGENTE!

Desde hace más de 15 días, más de 500 personas trabajadoras de las fincas bananeras de la empresa Del Monte en Sixaola, se encuentran en huelga, demandando mejores condiciones salariales y laborales. La prensa nacional no ha informado de manera suficiente y el Ministerio de Trabajo no ha actuado como se debe.

Informa el Padre Gerardo Vargas, quien acudió a brindar la solidaridad del Frente Amplio, que la huelga está firme, pero que la compañía extranjera está tratando de acabarla por hambre, al interrumpir el pago de los salarios y cerrar comisariatos. “No tienen comida, ellos estaban almorzando arroz pelado, sin nada, solo arroz”, nos dice.

Se trata de una población trabajadora, mayoritariamente integrada por indígenas guaymíes, que sufren condiciones de explotación máxima y extrema pobreza. Esta huelga se inicia por la rebaja en el pago de las llamadas tareas. Por ejemplo: tres tareas que realizaban en una hectárea se pagaban a 6.000 colones por hectárea, la empresa de manera unilateral hizo una rebaja a 1.800 colones por hectárea.

Es urgente la solidaridad con las personas trabajadoras y sus familias. En el Frente Amplio estaremos recolectando víveres y contribuciones económicas para ayudarles, desde el próximo lunes 28 de noviembre, en la Casa del Frente Amplio en Barrio Amón (costado sur-oeste del INVU, 25 metros Sur, teléfono 2258-5641) y en el Despacho del Diputado José María Villalta en la Asamblea Legislativa (segundo piso del edificio Sión, teléfono 2243-2827).

Todo lo que se recolecte será entregado por el Padre Vargas directamente al Comité de Huelga de las personas trabajadoras de Sixaola.

Desde el Frente Amplio pedimos además la intervención inmediata del Gobierno de la República y el Ministerio de Trabajo, para resolver este conflicto.

Llamamos a las organizaciones sociales y sindicales a expresar su solidaridad con la justa causa de las personas trabajadoras en huelga en Sixaola.


Comité Ejecutivo Nacional
Partido Frente Amplio


Foto: Frente Amplio


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Del Monte cobró al ICE 45 millones por servidumbre en finca que compró en 10 mil colones

• Descoordinación estatal en beneficio de la transnacional y en perjuicio de quienes necesitan la tierra, dice Diputado José María Villalta.

Tres años después de que el Instituto de Desarrollo Agrario vendió, en el año 2006, una finca de poco menos de 7 hectáreas, en 10.302 colones a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S. A., esta empresa recibió en el 2009, casi 45 millones de colones por constituir un derecho de servidumbre y un sitio de torre, a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El acuerdo de expropiación del Consejo Directivo del ICE es del 20 de julio de 2009, y se estableció que el derecho de servidumbre y el sitio de torre, eran necesarios para el paso de la línea de transmisión denominada Moín-Cahuita, al mismo tiempo que se fijó el valor en 44.975.074,50 (cuarenta y cuatro millones, novecientos setenta y cinco mil, setenta y cuatro colones con cincuenta céntimos), según el avalúo administrativo.

Para el Diputado José María Villalta los hechos demuestran “por un lado una absoluta e imperdonable descoordinación entre instituciones estatales, cuyos efectos económicos terminan por cancelar los y las costarricenses en su conjunto, en beneficio de la empresa transnacional y, de otro, una gran injusticia con los pobladores que desean desarrollar en el terreno obras comunales y ven como estas tierras son entregadas a quienes no las necesitan”.

A raíz de descubrir la venta realizada por el IDA a la Corporación Del Monte S.A., la Asociación de Desarrollo Integral de Beverly, compuesta por unas 400 personas, decidió tomar posesión de la finca mientras continuó con sus gestiones para revertir la entrega realizada a la compañía bananera, petición que incluyeron en una carta enviada a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla el 2 de noviembre recién pasado, sin embargo fueron desalojados por la fuerza pública, el día de ayer lunes 8 de noviembre.

El Diputado Villalta anunció que se propone, en conjunto con los pobladores limonenses, anular el acuerdo de venta de este terreno público por parte de la Junta Directiva del IDA, así como que el ICE recupere esos dineros recibidos por la transnacional Del Monte por la servidumbre, mediante las vías legales correspondientes.

Comunicado de prensa nº 42
09 de noviembre de 2010
Partido Frente Amplio



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IDA vendió a Del Monte 7 hectáreas en 10 mil colones

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IDA vendió a Del Monte 7 hectáreas en 10 mil colones

• Familias campesinas que tomaron la finca fueron desalojadas y hay personas detenidas.

• Diputado José María Villalta presenta Recurso de Amparo contra acuerdo de la Junta Directiva del IDA.

La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), presidida por Gerardo Vargas Rojas –actual presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)-, vendió una finca de propiedad estatal de poco menos de 7 hectáreas, en 10 mil 302 colones con cincuenta centavos, a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S. A., en el año 2006, a pesar de que la comunidad de Berverly, Matama, Cantón Central de Limón, solicitó el terreno al IDA desde el año 2003, con el propósito de desarrollar un conjunto de obras comunales.

A raíz de descubrir la venta realizada por el IDA a la Corporación Del Monte S.A., la Asociación de Desarrollo Integral de Beverly, compuesta por unas 400 personas, decidió tomar posesión de la finca mientras continuó con sus gestiones para revertir la entrega realizada a la compañía bananera, petición que incluyeron en una carta enviada a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla el 2 de noviembre recién pasado.

No obstante, la reacción del Gobierno fue desalojar a las familias y detener a unas 20 personas que participaron en la toma de esta tierra. La Asociación de Desarrollo Integral de Beverly está compuesta por un alto número de mujeres jefas de hogar y de niñas y niños quienes necesitan el terreno para trasladar viviendas que corren grave riesgo de inundación y para construir obras comunales como una guardería, un salón multiuso e instalaciones para la práctica del deporte por las y los jóvenes de la comunidad.

“Esta venta de un terreno público realizada por el IDA, en tan solo diez mil colones, es una verdadera vergüenza y una burla de los derechos de la población que solo puede entenderse por el contubernio entre la poderosa transnacional bananera y la Junta Directiva del IDA de ese momento”, expresó el diputado Villalta. Por ello, el diputado del Frente Amplio dio a conocer que ha presentado un Recurso de Amparo contra el respectivo acuerdo de la Junta Directiva del IDA.

Villalta también instó a la Presidenta Chinchilla a “ponerse firmemente del lado de la dignidad y los derechos del pueblo costarricense, y de poner fin a transacciones como esta, que solo pueden calificarse como un abuso de poder con patrimonio que es del pueblo costarricense”.

Comunicado de Prensa nº 41
09 de noviembre de 2010
Partido Frente Amplio

Fuente: Frente Amplio

Caricatura: El Roto

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Comunidad demandará penalmente a Del Monte por daños ambientales

La transnacional frutera Del Monte, será acusada penalmente por el delito de contaminación de aguas en la comunidad de Milano, en el la región Caribe de Costa Rica.

La Junta Directiva del Acueducto Rural de la comunidad de Milano, ubicada en el can-tón de Siquirres, provincia de Limón, anunció en rueda de prensa que hará la gestión ante los tribunales de justicia con el respaldo del Frente Nacional de Sectores Afecta-dos por la Producción Piñera (FRENASAPP).

El cultivo de la piña en el país ha crecido exponencialmente en los últimos años, y ac-tualmente hay más de 54 mil hectáreas dedicadas a este cultivo en las zonas Sur, Atlántica y Norte, y se encuentra en proceso de expansión en áreas del Pacífico Norte y Central.

Comunidades de todas esas regiones han venido planteando denuncias de todo tipo, debido a los problemas ambientales y sociales que ocasiona la actividad.

En el caso de la Zona Caribe, unas 6 mil personas de las comunidades de Milano, Lui-siana, La Francia y El Cairo, de Siquirres, desde hace más de tres años han tenido que consumir agua transportada por camiones cisterna costeados por Acueductos y Alcantarillados (AyA) con recursos públicos, debido a que los análisis confirmaron la presencia de agroquímicos tóxicos usados en las piñeras en las aguas de las cañerías domésticas.

Según datos oficiales del propio AyA, la provisión de este líquido por medio de cister-nas ha implicado un costo de más de 316 millones de colones en estos tres años.

El AyA anunció recientemente que dejará de facilitar el agua por esta vía debido a que, supuestamente, sus estudios mostraron que ya no hay residuos tóxicos en el agua.

Sin embargo, las comunidades se resisten a volver a consumir agua de sus cañerías debido a que los estudios de aguas realizados por el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional, siguen confirmando que las aguas todavía están contaminadas.


EMPLAZAMIENTO

Representantes de las comunidades y de organizaciones sociales, agrupadas en el FRENASAPP exigen a las autoridades de los ministerios de Salud, Ambiente, Agricul-tura y Ganadería, así como al AyA, que cumplan con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional en la resolución número 2009-009040, del 29 mayo del 2009, don-de se les obligó a que: “de forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eli-minación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua que abastecen a las co-munidades amparadas de El Cairo, Luisiana y La Francia”.

Más allá del cumplimiento de esta resolución, las comunidades exigen al Gobierno y a estas instituciones públicas, y en especial a la ministra de Salud, María Luisa Ávila, que garanticen el derecho humano a un ambiente sano y el derecho humano a la sa-lud, como les corresponde por mandato constitucional, y a que dejen de privilegiar los intereses económicos de las empresas por sobre sus obligaciones y por encima de la calidad de vida de las comunidades.


LUCHA SOCIAL

Además de las consideraciones anteriores, el FRENASAPP denunció también el re-crudecimiento de la “criminalización de la lucha social” en el país, tal y como se ha puesto de manifiesto con las últimas acciones de las autoridades policiales, en diferen-tes escenarios nacionales.

En particular, denuncian el hecho de que varias empresas piñeras hayan utilizado la vía judicial contra Erlinda Quesada y Carlos Arguedas, líderes comunales de la Zona Caribe, que enfrentan demandas penales interpuestas por la supuesta comisión de de-litos —todos ellos inventados—, los cuales, además de ser calumniosos, constituyen vías para amedrentar e intimidar a las y los líderes comunitarios que, de manera va-liente y enérgica, han emprendido luchas en pro de la defensa de sus derechos.

El FRENASAPP anunció que continuará dando la lucha por asegurar el respeto de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la problemática piñera en el pa-ís.

Tras la rueda de prensa, ofrecida en la Asamblea Legislativa, el legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta, denunció la falta de interés de las autoridades sani-tarias de Costa Rica, principalmente de la ministra de salud, María Luís Ávila, para que solucionen los problemas de contaminación que atentan contra la vida de personas y el ambiente.

Villalta aseguró que no se opone al desarrollo de ese tipo de monocultivos, pero de-mandó que se realicen de manera sostenible, amigable con el ambiente, y pidió al Mi-nisterio de Salud y al AyA solucionar definitivamente los problemas de los acueductos contaminados.

El legislador denunció también la criminalización de la protesta social y dio a conocer al plenario el caso del dirigente sindical y ambientalista, Carlos Arguedas, quien ha si-do acusado penalmente por una empresa productora de piña por hacer las respectivas denuncias de contaminación con agroquímicos, por esas fruteras.

Arguedas ha denunciado en diversos medios de comunicación, tanto en Costa Rica como en otros países, los males que causan las piñeras a la salud de los trabajadores y de comunidades aledañas a las plantaciones como el envenenamiento de las aguas de consumo humano.


MÁS PIÑA

Por otra parte, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), tramita un caso contra la empresa piñera Tico Verde, denunciada por la Municipalidad de Guácimo, Limón, por supuesta contaminación ambiental, contaminación de aguas y destrucción de caminos.

Como parte de la acción resarcitoria el Estado pide a la empresa pagar 116 millones de colones según la valoración económica del daño ambiental.

Tico Verde es una de las más de 20 piñeras que se encuentran denunciadas ante el Tribunal Ambiental, principalmente por invasión de zonas de protección de ríos y que-bradas, afectación de nacientes y supuesta contaminación de aguas.

El caso de Tico Verde data del año 2006 y el Tribunal impuso una medida cautelar a la empresa para que delimitara y se retirara de las zonas de protección de una quebrada tributaria del río Guacimito y de las nacientes que fueran identificadas.

En el expediente administrativo constan mapas que ubican áreas de cultivo de Tico Verde sobre el estudio de Áreas de Recarga Acuífera para el plan regulador de Poco-cí.

Por eso, una de las principales imputaciones a la empresa es la violación de áreas de protección mediante cultivos, infraestructura y canales. Otro de los hechos que se im-putan a Tico Verde es la violación a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, pues “supuestamente se ha provocado en la finca de la denunciada un proceso erosi-vo acelerado del recurso del suelo debido a la siembra de piña en terrenos de fuerte pendiente así como también en las áreas preparadas para la siembra de la piña, no existiendo ninguna práctica de manejo y conservación del suelo”.

En el expediente también se contempla un estudio hidrogeológico solicitado por SE-TENA y un estudio sobre el uso y presencia del químico Bromacil en las plantaciones de piña de la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A.


Fuente Nuestro País

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Del Monte no acepta ninguna regulación

Con gran indignación han tomado los vecinos y las organizaciones ambientalistas del caribe las maniobras que del Monte esta realizando a fin de quedar impune, en el cierre de una empacadora de piña en Siquirres.

La Transnacional que siempre ha predicado ser respetuosa de la Legislación Costarricense, ahora solo porque el Tribunal Ambiental Administrativo ya no puede pronunciarse de otra forma porque han sido reiteradas las violaciones que se han registrado, la Empresa descarga toda la fuerza contra este tribunal alegando que las pruebas son espurias y que carecen de fundamento.

Estas multinacionales han sido intocables , nunca el peso de la ley ha sido para ellas por eso Del Monte no acepta que el Tribunal Ambiental Administrativo haya tomado la decisión de cerrar una planta Empacadora .

El Campo pagado que los costarricenses hemos visto el día de hoy pagado por la Transnacional del Monte, es una muestra clara del irrespeto que estas Empresas tienen para con la legislación Costarricense.

Queremos advertir a la opinión publica nacional e internacional, el peligro que encierra el desconocimiento publico de esta Empresa a un mandato de este Tribunal y hacemos un llamado a las organizaciones sociales y ambientales de Costa Rica para que respaldemos las medidas adoptadas por el Tribunal Ambiental Administrativo, ya que hay decenas de comunidades que pueden dar fé que las violaciones que hoy el Tribunal Ambiental castiga son reales y son muchas familias que pueden dar testimonio de lo que está pasando.

Las Organizaciones Ambientalistas y sociales nunca hemos planteado que dichas Empresas deben de eliminar la producción de piñas en País, pero si reiteramos que estas Trasnacionales deben cumplir con todas nuestras leyes y que no se justifica que los Gobiernos de turno sigan haciendo concesiones, como ha sido la tónica en el pasado.

Estamos convencidos que todo el berrinche que hoy presenciamos los costarricenses en los principales medios de comunicación, por parte de Del Monte es nada mas ni nada menos que la falta de costumbre que un Tribunal los ponga a derecho.

Las Organizaciones Ambientales y sociales de este País que sí hemos recibido el peso de ley en reiteradas ocasiones, seguimos creyendo en nuestras leyes, estamos convencidos que en el campo Social y Ambiental tenemos muchas leyes y mejores que muchos Países, el problema está en que hemos sufrido parcialidad para la aplicación de las mismas , por eso apoyamos nuestro sistema legal pero reiteramos que han sido hechos para aplicarlos a todos por igual.


Carlos Arguedas Mora

Secretario de Salud Ocupacional
y Medio Ambiente del Sindicato SITRAP



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