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Campesinos y campesinas: No al TLC con la Unión Europea

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Campesinos y campesinas dicen: No al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica


Por Gerardo Cerdas Vega

El pasado 24 de octubre, en el marco de la primera ronda de negociación para un tratado de libre Comercio entre la Unión Europea y Centroamérica (llamado “Acuerdos de Asociación” en la jerga de los europeos), celebrada en Costa Rica, el Grito de los Excluidos/as Mesoamericano y el Grupo de Trabajo en Agricultura y Comercio de la Alianza Social Continental, convocaron a una rueda de prensa donde participaron delegados de algunas de las organizaciones de la región pertenecientes a Vía Campesina, con el fin de exponer ante los medios de comunicación, el rechazo del mundo campesino ante este nuevo tratado, que se suma a la lista de muchos otros cuyo peso y perjuicios han recaído, fundamentalmente, sobre el mundo agrícola centroamericano.

Para los voceros campesinos, los pequeños y medianos productores agrícolas enfrentan nuevamente los graves riesgos de una negociación comercial desigual, injusta y secreta, tal como ya ha pasado con la aprobación del CAFTA (el TLC con los Estados Unidos). Las desventajas tecnológicas y la carencia de apoyo económico que sufre el campesinado centroamericano, lo hacen muy vulnerables frente a las grandes corporaciones agroindustriales europeas.

Así lo recalcaron Aparicio Pérez (CUC, Guatemala), José Santos Vallecillo (COCOCH, Honduras), Alexis Soto (ONAGRO, Panamá), Maximino Rodríguez (ANTA-CNTC, El Salvador) y Lidieth Hernández (UNAG, Costa Rica), representantes de organizaciones campesinas regionales que a su vez forman parte de la Vía Campesina.

“En Honduras, el gobierno nos dijo que el TLC con los Estados Unidos nos iba a sacar de pobres y nos dijo la verdad, pero al revés: nos sacó de la pobreza para hundirnos en la miseria”, señaló el compañero Santos Vallecillo, del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), en referencia a la problemática que enfrenta el sector agrícola de pequeño y mediano tamaño en su país. El aumento de las importaciones de bienes agrícolas que gozan en su país de origen (Estados Unidos) de fuertes subsidios, está desplazando a los productores locales y forzando procesos de desempleo, migración y violencia social, acotó.

Para la compañera Lidieth Hernández, de la Unión Nacional Agropecuaria (UNAG, Costa Rica), la realidad del campesinado dista mucho de ser ese paraíso que pintan los gobiernos, cuando hablan de los beneficios que traerá el TLC a los pueblos. Inexistencia de apoyo técnico y financiero, dificultades crecientes para vender a precios justos su producción y feroz competencia de productos importados, marcan la tónica dominante en el sector agrícola costarricense. Para la dirigente, “así como dimos la lucha contra el TLC y seguiremos dándola contra la Agenda de Implementación, ahora tenemos que enfrentar esta nueva amenaza a nuestra sobrevivencia como campesinado”.

Una vez finalizada la rueda de prensa, se procedió a la presentación de los resultados de la investigación “El sector agrícola centroamericano de cara a la negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea: intereses, posibles conflictos y escenarios”, documento elaborado por la Comisión de Estudios Políticos Alternativos (CEPA). La investigación mostró los potenciales impactos que el TLC con la Unión Europea puede traer a la región centroamericana, en particular para el mundo de los pequeños y medianos productores agrícolas.

Aparte de los riesgos concretos en productos agropecuarios como los lácteos y la carne de cerdo, entre otros, se apuntaron los riesgos que entraña el aumento en la producción de etanol que la Unión Europea promueve como supuesta salida a la crisis energética mundial, ya que ese aumento puede traducirse en expansión del monocultivo, destrucción de actividades productivas campesinas y mayor deterioro de la soberanía alimentaria.

En la conferencia de prensa participaron diversos medios de comunicación costarricenses y extranjeros, que dieron cobertura a la información. La actividad se realizó en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa (Costa Rica). Cabe resaltar que previo a la actividad, los representantes de la Vía Campesina se reunieron con diputados de la comisión agropecuaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), los cuales se comprometieron en la defensa del sector agrícola costarricense de cara a la negociación con Europa.

Una vez finalizada la actividad en la Asamblea Legislativa, en horas de la tarde se tuvo una reunión entre los delegados centroamericanos y representantes de organizaciones costarricenses, con el fin de hacer un balance de los impactos que el CAFTA está teniendo para el campesinado de la región, así como para definir algunos mecanismos de seguimiento y trabajo que les permitan enfrentar los retos que significa luchar ahora contra la Unión Europea y sus pretensiones neocoloniales en esta región.

Estas son las primeras (y las únicas) actividades realizadas en la región, como resistencia popular en el inicio de las rondas de negociación con la Unión Europea, por ello adquieren mucha relevancia pues marcan el inicio de un proceso de lucha popular por impedir que, nuevamente, nuestras riquezas y recursos sean subastados o entregados, sin importar el costo productivo, social y humano que esto conlleva.


Fuente ALAI

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Campesinos sienten amenaza por acuerdo con Europa

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Pesimismo común del sector en Centroamérica


Marcelino Rivera Salazar

mrivera@diarioextra.com

Organizaciones de campesinos de Centroamérica rechazaron ayer las negociaciones que iniciaron esta semana entre el istmo y la Unión Europea, a fin de establecer un proceso de Asociación Comercial entre las partes.

Según manifestaron, la región centroamericana lleva las de perder en un eventual acuerdo comercial con los europeos, pues consideran que nuestros agricultores no cuentan con las facilidades, como subsidio, que sí tienen los campesinos de la Unión Europea.

El grupo de Agricultura de la Alianza Social Continental, sectores agrícolas nacionales y la Vía Campesina de Honduras y Guatemala, dejaron patente su oposición a que Centroamérica negocie con Europa, sin que se les consulte su posición.

El líder del grupo de Agricultura de la Alianza Social Continental, Carlos Aguilar, mencionó que el eventual Tratado es una amenaza para la soberanía de los agricultores costarricenses y el resto de nacionalidades del istmo. “Son varias las preocupaciones, aquí no se tomó en cuenta que los agricultores en Europa reciben un buen incentivo y no se hizo un estudio de trato preferencial y diferenciado.

La Unión Europea no va a incluir el tema del subsidio en las negociaciones. La pequeña y la mediana producción es un tema muy sensible y nosotros partimos de la necesidad de defender la soberanía alimentaria en la región y la necesidad de avanzar en una reforma agraria integral”, dijo Aguilar.


Inclusión

La versión de Aguilar la respaldó Aparicio Pérez, representante de Vía Campesina de Guatemala, quien considera urgente que se incluya a los sectores sociales en las negociaciones con la UE. “No somos competitivos con su agro subsidiado”, añadió.

Por su parte, José Santos, dirigente de Vía Campesina de Honduras, criticó que los textos del Acuerdo de Asociación se maneje solo en inglés.

Según los dirigentes campesinos, las proyecciones negativas las hacen basados en cuatro posibles escenarios de negociación, como los productos sensibles centroamericanos, productos altamente competitivos de la Unión Europea, intereses manifestados en otros intereses por parte de la UE y la política agraria de la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio.

“Estos TLC amenazan la posibilidad del desarrollo de la pequeña y mediana producción centroamericana, sobre todo en los grupos de campesinos e indígenas”, criticó Aguilar.


“No es una actitud constructiva”

DIARIO EXTRA consultó al Jefe negociador de Costa Rica, Roberto Echandi, sobre las denuncias y reaccionó bastante molesto por la disconformidad de los grupos campesinos “Me llama la atención que las negociaciones apenas comienzan y ya hay gente criticando. No hay texto, no hay avances, no hay fundamento para que lluevan las críticas”, replicó.

“La negociación ni ha empezado y ya estamos criticando, esa no es una actitud constructiva, Centroamérica tiene muchos problemas, tenemos que hacer yunta entre nosotros, ¿Cómo es posible que nos estemos peleando desde el día uno?”, añadió Echandi.

Según dijo, han abierto y abrirán más espacios para la atención de inquietudes de los grupos sociales.


Fuente DiarioExtra.com

Foto Diario Extra


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El agua no es mercancía

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Año 2000. La empresa “Aguas del Tunari”, controlada por la transnacional Bechtel, impuso un desmedido aumento en las tarifas de agua potable en la ciudad de Cochabamba. La reacción de los consumidores se inició con protestas callejeras que, muy pronto, apoyaron los “regantes” –sector de agricultores que requiere agua para sus tierras de siembra– y todos los campesinos de la región.

Esa ciudad, ubicada en el centro de Bolivia luchó hasta lograr que la empresa quede cerrada y se retorne al sistema de control municipal. “La guerra del agua”, como se la llamó, reivindicó el derecho social de acceder a este recurso.

Los analistas han señalado, en forma coincidente, que ese episodio inició, en Bolivia, el desmoronamiento del modelo neoliberal.

Hoy, el gobierno de Evo Morales, trabaja para establecer condiciones que signifiquen el goce de los servicios básicos para todos. Por cierto, el acceso al agua, es uno de estos servicios, talvez el más importante.


Las demandas de la Unión Europea

Junto a otras naciones del continente, Bolivia ha planteado su oposición al ALCA y, posteriormente, al Tratado de Libre Comercio (TLC) propiciados por Washington. No se trata de una oposición sectaria, sino que es la defensa de los recursos que han sido, y siguen siendo, consumidos en forma irracional por los países industrializados.

El agua para consumo humano se usa en la industria metal-mecánica, en la del cuero, en la textil, en la limpieza y una larga lista de otras actividades que bien podrían utilizar agua no potable para sus requerimientos. Usos irracionales también se constata con relación a otros recursos no renovables.

Como contraparte a esta situación, los países latinoamericanos iniciaron conversaciones con la Unión Europea. Las conversaciones tenían una buena orientación, hasta que la UE planteó el tema de la privatización de los recursos naturales.

Hacer del agua una mercancía comercializada por empresas transnacionales, figura entre las primeras exigencias de esa comunidad, volviendo a plantearnos el mismo tipo de imposiciones que establece el TLC de Estados Unidos.


Agua para el continente

La reacción del gobierno boliviano fue la primera. Debía ser la primera. Es que, Bolivia, es el país desde cuyos nevados salen las aguas que alimentan el Amazonas y el Río de la Plata, las dos cuencas más importantes de Sudamérica.

¿Vamos a entregar ese recurso a las empresas europeas?, ¿permitiremos que, desde nuestro país, se controle el consumo de agua en toda la región?, ¿dejaremos que se adueñen del agua que ha comenzado a ser escasa?

Los científicos han dado la voz de alarma. Concretamente, en Bolivia, dentro de dos años, en 2009, habrá que imponer restricciones al uso del agua. Precisamos que la racionalidad, en el uso de este recurso, comience a formarse desde ahora.

Los nevados de las cordilleras Oriental y Occidental deben ser cuidados. Un gran plan de conservación es posible tener preparado para que, en los próximos años, podamos implementar el manejo racional del agua.

Pero eso es insuficiente. La conciencia de un uso racional debe darse en cada persona. Disposiciones que impidan botar agua en el lavado de automotores y otros usos dispendiosos; normas estrictas para su uso en las diferentes industrias; racionamiento efectivo mediante tarifas diferenciadas.

Es decir, desde los gobiernos, debe comenzarse una acción permanente para no encontrarnos, el año 2009, en una situación conflictiva que obligue a racionamientos tardíos.


Agua para el mundo

Mientras la prensa proclama que Bolivia está impidiendo la firma de un acuerdo con la Unión Europea, lo que en realidad está haciendo, es propiciar la intención de que los países industrializados se apoderen de nuestro recurso más importante.

Debe cambiar tal criterio. Debe establecerse una relación de respeto entre aquellos países que depredaron los recursos durante siglos y nuestras naciones que luchan, ahora, por preservar lo poco que nos ha quedado.

No lo hacemos sólo para nuestras necesidades, que son la prioridad, sino también para el bienestar de todo el mundo. Si aceptamos la imposición de la UE, el agua no alcanzará para los próximos dos años. En la misma concepción neoliberal, mientras más rápido y en mayor cantidad vendan, harán más negocio.

A la Unión Europea habrá que decirle que están obligados a apoyarnos en el cuidado de nuestros recursos. ¡Que retiren esa exigencia de los acuerdos con América Latina!


Fuente Ecoportal.net

Nota: La negrita es nuestra




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Buena conducta referendaria

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Los grupos Pro TLC han dicho que la carta del Observatorio de la Libertad de Expresión a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones amenaza los derechos fundamentales de los costarricenses.

Hoy quiero compartir un artículo de Armando Vargas donde se indica cuales son algunos de los requisitos que establece la Unión Europea para la realización de los referendos.



Buena conducta referendaria

Por Armando Vargas Araya

El Consejo de Europa, a través de su Comisión para la Democracia por el Derecho (“Comisión de Venecia”), ha promulgado este año un Código de buena conducta en materia referendaria ―un auténtico catálogo de “best practices”―. Se trata de “benchmarks”, o puntos de referencia, de alcance global.

Resulta pertinente traer a la atención de los costarricenses las mejores prácticas establecidas en el Código, y compararlas con el Reglamento para los procesos de referéndum, decretado por el Tribunal Supremo de Elecciones el 19 de junio de 2007. Ojalá se traduzca al español, se publique, se divulgue y se estudie este Código con miras a enriquecer la incipiente cultura referendaria de la nueva democracia participativa.*

Aquí se reseñan las mejores prácticas relativas al principio de igualdad, aplicado al pluralismo informativo y a la libertad de expresión en el esclarecimiento de la conciencia ciudadana hacia el referéndum.

En el apartado “Equidad del voto”, el Código establece que para garantizar la libertad de sufragio, particularmente en lo tocante a la libre determinación de la voluntad del elector, las autoridades deben “proporcionar información objetiva. Esto significa que el texto sometido a referéndum y un documento explicativo, deben ponerse a disposición de los electores con suficiente antelación”. El texto y el documento “deben ser remitidos directamente a los ciudadanos y deben recibirse al menos una quincena antes de la votación”.

La sección “Igualdad de oportunidad” del Código, estipula que la igualdad “debe ser garantizada a quienes apoyan y a quienes se oponen a la propuesta que se votará. Esto entraña una actitud neutral de las autoridades gubernamentales, en particular referida a la campaña del referéndum; la cobertura mediática, en especial por los medios de propiedad estatal; el financiamiento público de la campaña y sus actores; la publicidad y la propaganda; el derecho a manifestarse en sitios públicos”.

“En las transmisiones de radio y de televisión sobre la campaña del referéndum”, el Código recomienda que “se asegure la igualdad entre los proponentes del Sí o del No. Debe garantizarse una cobertura balanceada al Sí y al No en los medios de propiedad pública, especialmente en los noticiarios”. Asimismo, “las condiciones financieras y de otra índole para la propaganda de radio y de televisión deben ser iguales para el Sí y para el No”.

Sobre los medios de información de propiedad particular, el Código dispone que “conforme a la libertad de expresión, deben adoptarse normas legales para asegurar que todos los participantes en el referéndum tengan un acceso mínimo a los medios audiovisuales de propiedad privada, en relación con la campaña y con la propaganda del referéndum”.

Por otra parte, el Código considera que, “el principio de igualdad de oportunidad puede, en ciertos casos, conducir a la limitación del gasto de los partidos políticos y de otras partes involucradas en el debate del referéndum, especialmente en publicidad”.

El Código concluye que “las autoridades gubernamentales tienen el deber de neutralidad, que es un elemento de la libre formación de la voluntad del elector”. Además, determina que “las autoridades nacionales, regionales y locales no deben influir sobre el resultado del voto a través de su participación parcializada y excesiva en la campaña”. En fin, “se deben imponer sanciones en caso de violación al deber de neutralidad”.

Bajo el encabezado “El respeto de los derechos fundamentales”, el Código define que “no son posibles los referéndums democráticos sin el respeto de los derechos humanos, y notablemente de la libertad de expresión y de la libertad de prensa”. Añade que “las restricciones a estas libertades deben respetar los principios de la legalidad, el interés público y la proporcionalidad”.

El Código, que distingue atributos propios del referéndum contrastado con las elecciones, se ocupa de numerosas dimensiones de la democracia participativa.

Ahora bien, las propuestas del Colegio de Periodistas y del Observatorio de la Libertad de Expresión sobre democracia, igualdad política e información, son perfectamente congruentes con las mejores prácticas referendarias adoptadas por el Consejo de Europa.

Lleva razón don Juan Manuel Villasuso, catedrático de la Universidad de Costa Rica, cuando afirma que “las autoridades electorales han prestado oídos sordos a esas exhortaciones” y añade: “El derecho electoral bien entendido debe incorporar prohibiciones y penas para quienes engañen a los ciudadanos con manifestaciones falsas y favorezcan o perjudiquen posiciones abusando de la proyección mediática”.

Mi deseo es que Costa Rica se aproxime más a la cultura democrática europea y que se aleje del sistema dictatorial chino.


En francés: Code de bonne conduite en matière référendaire

En inglés: Code of good practice on referendums

Fuente Tribuna Democrática

Nota: La negrita es nuestra





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