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Votar por Mukasey para el cargo de Fiscal General de EE.UU es votar por la tortura

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Amy Goodman, Democracy Now!

El juez Michael Mukasey admite que la técnica conocida como “el submarino” es repugnante, pero se niega a decir si equivale a un método de tortura. Aún así, los senadores demócratas Charles Schumer y Dianne Feinstein votaron a favor de su confirmación como Fiscal General de EE.UU.

Mukasey, Schumer y Feinstein deberían hablar con el periodista francés Henri Alleg. Editor de un periódico en Argelia, en 1957 fue sometido al llamado “submarino”, o “waterboarding”, por el ejército francés, cuando los franceses intentaban aplastar el movimiento independentista argelino. El periodista, de 86 años de edad, habló conmigo desde su casa en París:

“Me pusieron sobre una tabla, me sujetaron a ella con correas y me acercaron a un grifo. Me cubrieron la cara con un trapo. Enseguida el trapo se llenó de agua. Uno tiene la sensación de estar ahogándose. El agua corría por toda mi cara. No podía respirar. Es horrible, una sensación horrible de tortura y de muerte, de estar a punto de morir”.

El periodista Stephen Grey, cuyo documental “Rendición Extraordinaria” se emite en los canales de TV de la PBS esta semana, me contó: “Yo, como muchos periodistas, debería publicar una corrección, en realidad una disculpa, porque todos hemos dado a conocer a “el submarino” como una simulación de ahogamiento. Está claro, según los que lo han practicado, que se trata de un ahogamiento real... es algo que causa un fuerte impacto en la conciencia y, por lo tanto, estamos habando de tortura”.

En una encomiable demostración de compromiso con su trabajo, el ex Fiscal General Adjunto en funciones, Daniel Levin, según ABC News, se sometió al “submarino” cuando la Casa Blanca le encargó que replanteara su postura oficial sobre la tortura en 2004. Cuando llegó a la conclusión de que “el submarino” es una forma de tortura, fue desplazado de su cargo.

El lunes 5 de noviembre, activistas contra la tortura efectuaron una demostración real de un “simulacro de ahogamiento” frente al Departamento de Justicia. El actor de veintiséis años Maboud Ebrahimzadeh se ofreció como voluntario para ser la víctima. Al terminar la sesión, estaba al borde del llanto: “Es la experiencia más aterradora que he vivido. Y, a pesar de que es un ambiente controlado, cuando el agua entra en tus pulmones, quieres gritar pero no puedes, porque ni bien lo haces te ahogas”.

Cuatro abogados militares enviaron una carta a Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado, declarando lo siguiente: “El “submarino” es inhumano, constituye tortura y es ilegal”. Veinticuatro ex agentes y analistas de inteligencia manifestaron su acuerdo con los abogados militares añadiendo: “Sea que los servicios de inteligencia de EE.UU. estén actualmente usando o no esta práctica, debería ser bien fácil para él [Mukasey] responder”.

A pesar de esto, Mukasey declaró ante el Comité Judicial del Senado: “Desconozco lo que implica esta técnica, no sé si “el submarino” es una forma de tortura”.

En la audiencia del Comité Judicial en la que se votó sobre el nombramiento, Leahy dijo: “Ningún senador debiera ser cómplice de las manipulaciones legales de esta administración, apoyadas por personas como Alberto Gonzales, John Yoo y David Addington, y acordar con ellos en que las leyes vigentes no hacen de “el submarino” algo ilegal. Hemos perseguido las llamadas “torturas del agua” durante más de 100 años”.

Soldados de EE.UU. han sido procesados por participar en simulaciones de ahogamiento en Filipinas en 1901 y en Vietnam en 1968. Estados Unidos encarceló a un oficial japonés en 1947 por usar este método contra tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

El senador Edward Kennedy añadió: “No se equivoquen: “el submarino” ya es ilegal para la ley estadounidense.

Es ilegal según las Convenciones de Ginebra, que prohíben ‘ofensas contra la dignidad personal’, lo que incluye el trato cruel, humillante y degradante. Es ilegal según la Ley contra la Tortura, que prohíbe actos ‘destinados específicamente a infligir sufrimiento severo ya sea mental o físico’. Es ilegal según la Ley sobre el Trato a los Detenidos, que prohíbe el ‘trato cruel, inhumano o degradante’. Y viola la Constitución”.

El senador prosiguió: “El simulacro de ahogamiento es una asfixia en cámara lenta que proporciona suficiente tiempo para contemplar la inevitabilidad del desmayo y la muerte — normalmente la persona que lo sufre se pone histérica durante el proceso. Para los no iniciados resulta horrible observarlo, y si sale mal puede llevar a una hipoxia terminal. Cuando se hace correctamente, es una muerte controlada”.

El senador republicano Arlen Specter, que votó a favor de la confirmación de Mukasey, dijo que el Congreso debería aprobar una ley que prohíba la práctica del “submarino”, y dijo tener la garantía de parte de Mukasey de que apoyaría tal ley. ¿Qué ocurriría si el presidente Bush vetara la ley, o si emitiera uno de sus “Signing Statements” -las declaraciones presidenciales que indican el modo en que se interpretará la letra de la ley-, que usa para esquivar ciertos anteproyectos que él mismo firma y convierte en ley?

A pesar de todo esto, los votos de Schumer y Feinstein a favor de Mukasey implican que el Comité Judicial ha votado 11 contra 8 a favor de recomendar ante el plenario del Senado su nombramiento como Fiscal General. Desde los fondos para la guerra hasta la aprobación de la tortura, uno se podría preguntar, ¿habría alguna diferencia si los republicanos tuvieran la mayoría?

Ahora solamente el Senado puede bloquear el nombramiento de Mukasey. Quizás, aunque sea, un senador se decida a obstruir la confirmación, sería suficiente para que Mukasey investigue y haga pública su opinión sobre si “el submarino” es una forma de tortura.

Si un ciudadano, soldado o funcionario estadounidense fuera sometido a esta práctica en otro país, ¿dudarían los estadounidenses siquiera un instante en calificarlo de tortura? Una obstrucción del proceso de nombramiento podría darles a los partidarios de Mukasey, como Schumer y Feinstein, un tiempo para reconsiderar su postura. Para empezar, deberían hablar con Henri Alleg.


Fuente Rebelión

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  • El procurador Mukasey elude fijar su postura sobre uso de la fuerza en interrogatorios


Por David Brooks (corresponsal)

Nueva York, 9 de noviembre. Hace justo 40 años, un estudiante justificó el uso de una técnica para herrar seres humanos como algo sin importancia. Tal vez eso explica, en parte, por qué es aceptable la tortura como política oficial y legal en Estados Unidos.

Una fraternidad académica en la Universidad de Yale (Delta Kappa Epsilon) fue acusada de usar procedimientos “sádicos y obscenos” de iniciación de sus nuevos miembros –se aplicó un hierro candente en la espalda de unos 40 estudiantes–, lo cual provocó un escándalo en la prestigiada institución, reportó el New York Times en una nota fechada el 7 de noviembre de 1967.

Un ex presidente de esa fraternidad explicó que la marca se hace con un gancho candente y que la herida es “sólo (como) una quemadura de cigarro”, nada más. El nombre de ese ex presidente de la fraternidad es... George W. Bush.

Cuarenta años después, Bush continúa insistiendo en que las técnicas que expertos en interrogatorios, agrupaciones de derechos humanos, abogados militares y la ley internacional definen como tortura no son tales, y que además son “legales”.

Quienes favorecen los tormentos parecen prevalecer por ahora. La noche del jueves el Senado aprobó el nombramiento de Michael Mukasey como procurador general, a pesar de que rehusó responder si considera ilegales ciertas prácticas que han sido definidas como tortura desde hace 500 años.

El senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial de la cámara alta, y 39 de sus colegas, votaron en contra justo por esa razón; Leahy subrayó: “yo no voto para permitir la tortura”.

Sin embargo, 53 senadores sufragaron en favor y así Mukasey evadió comprometerse a reprobar la legalidad de los suplicios, que forma parte de la política oficial de su nuevo jefe en la Casa Blanca.

Pero el debate nacional de las últimas semanas no se ha limitado sólo a discutir si la tortura debe o no ser empleada como política oficial por el gobierno de Estados Unidos, sino también sobre una gama de asuntos que tienen que ver con “niveles de dolor”, y si son o no “aceptables”.

Por ejemplo: las ejecuciones de seres humanos realizadas por el Estado han regresado al foro público, donde se discute si son o no “crueles e inusuales”.

Ahora hay una moratoria de facto sobre ejecuciones en este país, a raíz de un caso ante la Suprema Corte, del que se espera un fallo tal vez hasta mediados del próximo año. Así, el mes de octubre fue el primero en casi tres años en que no se realizó una ejecución en algún estado en este país, reportó el New York Times.

En el caso se debe determinar si el método de inyección letal, empleado en 37 estados (el 38 que aplica la pena de muerte es Nebraska, pero sigue empleando la silla eléctrica), es “cruel e inusual”, pero el fallo no será sobre la constitucionalidad del castigo, sino sobre cuánto dolor es “aceptable” al ejecutar a un reo. O sea, el debate no es sobre matar o no, sino sobre cómo hacerlo.

Resulta que el “coctel” de tres drogas (la primera es para perder conocimiento, la segunda para paralizar los músculos y la tercera para detener el corazón) quizá no funciona; la primera droga a veces fracasa, dejando a un prisionero consciente pero paralizado sin poder hablar hasta morir de un paro cardiaco. Pero si ese coctel es prohibido por la Suprema Corte, sólo se formulará otro, supuestamente más efectivo.

La inyección letal solamente es la técnica más reciente: desde sus principios en este país se ha usado el fusilamiento, la horca y más recientemente la silla eléctrica y la cámara de gas, hasta llegar a la inyección. Pero el “progreso” en métodos de ejecución tienen más que ver con buscar una forma menos violenta y difícil de observar para los testigos que alguna preocupación por el ejecutado, y por eso se formuló el “coctel”, donde casi no se mueve –en teoría– quien está muriendo.

Otro tema que se abordó en los últimos días es sobre las bombas de racimo. Una intensa campaña para promover la abolición de esta arma generó intercambios sobre su uso. Según investigaciones citadas por opositores, a lo largo de los últimos 40 años 98 por ciento de las víctimas de las bombas de racimo han sido civiles.

Las bombas, por su diseño, no dejan de matar o herir después de ser arrojadas, ya que dispersan municiones activas en amplias áreas y no todas estallan, sino que algunas se convierten de hecho en minas. Niños juegan con ellas, campesinos se topan contra ellas en sus campos, y así siguen matando o hiriendo a veces años después del cese de un conflicto.

Estados Unidos tiene en su arsenal casi mil millones de estas bombas, las ha exportado a 30 países y ha rehusado sumarse a decenas de otras naciones (casi 100) que están buscando su abolición (para más información vea www.stopclustermunitions.org).

Obviamente este gobierno sigue pensando que ese tipo de arma es necesaria y que sus consecuencias negativas son lo que se denomina “daños colaterales”. O sea, dolor, sí, pero aceptable bajo esta óptica.

Hablando de bajas, la semana empezó con malas noticias para este país: el total de soldados estadunidense que ha muerto en Irak llegó a 852, y con ello hizo de 2007 el año más mortal para Estados Unidos en el país asiático. El segundo año más sangriento para las tropas estadunidenses fue 2004, cuando un total de 849 uniformados de Estados Unidos fallecieron. Las muertes y el dolor ahí aún no tienen fin a la vista.

El gobierno de este país ha proclamado que esto es, sí, doloroso pero necesario, y patriótico. Lo mismo insistió Paul Tibbets, piloto y comandante del B-29 que arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y por tanto jamás expresó remordimiento antes de morir a sus 92 años, a principios de este mes.

“No estoy orgulloso de que maté a 80 mil personas, pero estoy orgulloso de que me fue posible empezar con nada, planearlo y que funcionara tan perfectamente”, dijo en una entrevista en 1975, reportó Ap.

Tal vez para algunos esto no es mucho más grave que una quemadura de cigarro. O tal vez lo más impactante es que la barbarie es el tema de un debate nacional (y hay muchos que están en favor).


Fuente La Jornada

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