EU debate si es tortura o no aplicar técnicas bárbaras de la Edad Media

(EEUU no tortura)

• Mukasey no debería ser procurador por negarse a condenar ciertas prácticas: analistas

• El método del waterboarding ha sido rechazado históricamente, incluso por estadunidenses

• Es un castigo tan brutal que obligaría a un dilema moral entre la humanidad y el odio: experto

• Washington ha rehusado extraditar a Posada Carriles para evitar que sea víctima de abusos

Por David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 7 de noviembre. La barbarie como política oficial de Estados Unidos; ese ha sido el tema de los últimos días en este país.

Las manifestaciones de la barbarie son comentadas, debatidas, afirmadas tan cotidiana y rutinariamente que tal vez pocos se den cuenta de qué tan extraordinario es que se aborde tan públicamente si la tortura debería o no ser parte de las herramientas empleadas en la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Para ningún investigador serio es sorpresa que el gobierno de este país haya empleado la tortura. Pero que exista un debate nacional sobre si está bien o mal, que sea tan explícito que prácticas denunciadas universalmente como brutales, delitos de guerra, violaciones a las normas internacionales, o sea la barbarie, sean consideradas como política oficial, tal vez no tenga precedente en tiempos modernos.

Ahora todos hemos sido educados, mediante este debate, sobre una técnica de tortura en particular: el llamado “waterboarding”. Es una técnica que se ha empleado desde la Edad Media mediante la cual se ata a la víctima acostada sobre una tabla mientras se vierten litros de agua a sus pulmones a través de una manta sobre su rostro y se le abre la boca, un proceso de asfixia en cámara lenta con la sensación consciente de la víctima de que se está ahogando.

Malcolm Nance, asesor en terrorismo para el propio Departamento de Seguridad Interna denunció públicamente la práctica: “waterboarding es una técnica de tortura, punto”, reportó The Independent.

Pero al parecer, para el Senado esto no es suficiente motivo como para anular el nombramiento del encargado sobre la legalidad de todo esto. Esta semana el Senado ratificará –si no hay sorpresas de último momento– el nombramiento del juez Michael Mukasey como próximo procurador general de la nación.

El candidato del presidente George W. Bush estaba en apuros cuando, ante un comité del Senado, rehusó opinar si el método de waterboarding es o no tortura y, por lo tanto, ilegal.

El presidente del Comité Judicial, Patrick Leahy, y otros demócratas declararon que no podrían votar en favor de su ratificación sin que Mukasey se expresara explícitamente sobre el asunto.

El senador Edward Kennedy declaró ayer que esta técnica “bárbara” pone a Estados Unidos junto a la Inquisición, el ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial, a dueños de esclavos del siglo XIX y el Khmer Rouge de Camboya.

En estos días se intensificó el debate entre políticos, grupos de derechos humanos, comentaristas y la Casa Blanca sobre el uso de este método por la CIA durante los interrogatorios a detenidos en la “guerra contra el terrorismo”.

George W. Bush, en una breve conferencia de prensa para defender a su candidato la semana pasada, insistió: “No voy a hablar sobre técnicas. Hay un enemigo allá fuera. Mi perspectiva es esta: el pueblo estadunidense necesita entender que el programa es importante y que las técnicas empleadas están dentro de la ley, y los integrantes de la Cámara y el Senado saben de lo que hablo, han sido plenamente informados”.

Dos demócratas en el Comité Judicial –Charles Schumer y Dianne Feinstein– decidieron apoyar el nombramiento, argumentando que habían recibido “promesas” de que Mukasey aplicaría toda ley contra la tortura; con ello abandonaron a sus colegas y hacen casi seguro que Mukasey sea confirmado por el pleno del Senado.

Consecuencia de su acción es permitir que la práctica continué, ya que aún no hay una ley que explícitamente prohíba esa “técnica”.

Pero esa técnica ha sido considerada como una forma de tortura durante siglos. Los estadunidenses la condenaron como “crimen de guerra” en los juicios después de la Segunda Guerra Mundial y sus practicantes han sido fiscalizados por este país desde 1902. El propio Departamento de Estado ha condenado a otros países por emplearla y los principales abogados militares del ejército, la marina, la fuerza aérea y los marines acordaron en agosto de 2006 que el waterboarding viola la ley estadunidense y las leyes de guerra.

Varios altos oficiales militares han expresado la preocupación de que si Estados Unidos emplea este tipo de técnicas, en violación del derecho internacional, sus propios soldados podrían estar sujetos al mismo tratamiento si son capturados por fuerzas enemigas. Entre ellos, dos generales retirados de los marines escribieron en el Washington Post hace meses que técnicas como el waterboarding son “conductas que antes llamábamos crímenes de guerra”.

El Congreso prohibió el empleo del waterboarding a los militares, pero no a la CIA.

Nance, experto en terrorismo, declaró que uno debe “superar la decencia humana básica para aguantar observar o causar los efectos” del waterboarding. Agregó que “la brutalidad te obligaría a un dilema moral personal entre la humanidad y el odio. Te dejaría cuestionando el significado de qué es ser un estadunidense”, según reporta The Independent.

El doctor Allen S. Keller, jefe de un programa de sobrevivientes de tortura en Nueva York que ha tratado a más de 2 mil víctimas de todas partes del mundo, afirmó al New York Times que el waterboarding es una forma de tortura, “tal vez más brutal que ser sumergido”.

Un problema de conciencia

Human Rights Watch, citando algunos de estos ejemplos, declaró que Mukasey –al rehusar pronunciarse sobre estas técnicas como ilegales por ser tortura– debería ser rechazado por el Senado. Hasta el New York Times en un editorial opina que todo senador con “conciencia” tiene que rechazar a un candidato que no denuncie este tipo de tratamiento.

Pero al parecer no habrá suficientes senadores con conciencia, ya que se pronostica la aprobación del próximo procurador general, alguien que no se atrevió a denunciar la legalización de la tortura o la anulación de las Convenciones de Ginebra realizadas por el que será su antecesor, Alberto Gonzales.

Vale recordar que las autoridades estadunidenses rehúsan extraditar a Luis Posada Carriles –acusado de los peores actos de terrorismo en el hemisferio occidental antes del 11-S, y torturador en Venezuela– a Venezuela o Cuba con la justificación de que podría ser sometido a la tortura en esos países, pese que no hay evidencia de que esos dos países emplean la tortura.

“Pero aquí sí hay evidencia de que se tortura a los detenidos”, declaró el abogado José Pertierra, quien lleva el caso de Posada Carriles a nombre del gobierno de Venezuela. “Tal vez los países del mundo deberían negar toda solicitud de extradición de sus paisanos a Estados Unidos hasta que Washington pueda garantizar que no serán sometidos a la tortura aquí”, afirmó a La Jornada.

Fuente La Jornada