Ambiente y libertad de expresión

Por Dr. Freddy Pacheco, Biólogo UNA

Cuando hace unos años la rectoría de la Universidad Nacional (UNA) nos encomendara coordinar una tarea relacionada con la conservación de las tortugas baula y la preocupación genuina de un gobierno local y una comunidad ante lo que se vislumbraba como un conflicto inminente, acogimos la designación con responsabilidad.

Se trataba ni más ni menos, que de colaborar en la preservación de una especie única, de un reptil marino que compartió los mares con los dinosaurios hace unos 100 millones de años, que luego se extinguirían de la faz del planeta, mientras las maravillosas baulas superaban los desastres naturales que acabaron con ellos. Son las mismas tortugas que seguramente nadaban por donde lo que hoy conocemos como territorio costarricense, no era más que fondo marino.

Así, junto a la Municipalidad de Santa Cruz y vecinos de Matapalo y de la región de Playa Grande, el grupo de trabajo de la UNA promovió una solución al problema que, planteado por un grupo extranjero que quería la ampliación del Parque Nacional Marino que las acoge, derivaría seguramente en un conflicto de impredecibles consecuencias.

Por un lado se tenían terrenos de propiedad privada a lo largo de seis kilómetros de zona costera, colindantes al límite del Parque y que jamás han formado parte integral del mismo, mientras que, con el argumento de que el Estado costarricense tenía el deber de comprar todos los bienes muebles e inmuebles allí situados, los jerarcas del grupo proveniente de Nueva Jersey, EUA, conocido como "The Leatherback Trust", promovían las expropiaciones impagables, por su alto precio, de 46 hectáreas situadas al norte de Tamarindo y al sur de Conchal.

Mientras se iniciaba el debate aún inconcluso, se evidenció que la caída dramática en el número de baulas que todavía llegan al Parque Marino se debía a la matanza sucedida en regiones marítimas muy alejadas de Costa Rica, donde pescadores extranjeros actuando impunemente, las matan incidentalmente.

De las 1.500 baulas que anidaban hace unos 15 años, hoy no lo hacen ni 100, y como prueba de que el descenso brutal en su población tiene origen en factores que no tienen nada que ver con el limitado urbanismo existente en las cercanías del Parque, se documentó una caída semejante en playas del Parque Nacional Santa Rosa, donde no hay siquiera un rancho cercano.

Ante ese panorama, se optó por establecer estrictas medidas de uso del suelo en las áreas de propiedad particular y de administración municipal, con las cuales complementar la protección que reciben las tortugas al interior del área de conservación, aprobándose así un reglamento de zonificación que fuere calificado por un científico estadounidense especialista en la protección de las baulas, como "magnífico".

Reglamento municipal que, sin embargo, fuere recurrido por el citado Trust ante la Sala Constitucional, alegándose que el mismo se estaba aplicando al interior de un parque nacional, según una cuestionada resolución de la Procuraduría que vino a ensombrecer aún más la difusa definición de los límites del Parque. Y así se daba el debate en el cual participamos, desde el momento en que asumimos, si se quiere apasionadamente, la tarea encomendada.

Debate durante el cual hemos señalado la influencia de organismos extranjeros en la toma de decisiones al interior del Minaet, y la intransigencia demostrada por los que, sin tener el dinero para ello, quieren forzar al Estado costarricense a gastar hasta ø350 mil millones en la compra inútil de casas y lotes que no están afectando en lo más mínimo a las tortugas baula.

Debate que además reafirmó la necesidad de delimitar claramente el Parque Nacional Marino Las Baulas, para una mejor ejecución de las medidas conservacionistas, frente al conflicto jurídico derivado de las múltiples interpretaciones que se le han dado a la letra de su Ley de Creación.

Si no es necesario expropiar terrenos para supuestamente proteger el hábitat en que anidan y nacen las baulas, y si además, objetivamente no se tiene el dinero para ello, el asunto deriva en una cuestión de lógica y sentido común: ante lo imposible, hay que promover lo razonable.

Pues bien, por dar a conocer nuestro pensamiento como un ejercicio de la libertad de prensa y de expresión que tanto valoramos, hemos sido denunciados penalmente por supuestamente haber difamado por la prensa al The Leatherback Trust, como parte de una tendencia creciente y preocupante que pretende limitar la divulgación respetuosa de las ideas y la información, haciendo uso de una ley de prensa centenaria que demanda su urgente transformación.



El énfasis es nuestro



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