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Habemus TLC

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Por : Juan Manuel Villasuso


El 1 de enero se hizo efectiva la vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, República Dominicana y los otros países de Centroamérica. Habemus TLC.

No hubo humo blanco como en el Vaticano cuando se elige un nuevo Papa. Tampoco celebraciones públicas que hicieran noticia. Ni fiestas privadas de las que tengamos conocimiento.

Se publicó un breve comunicado anunciando que el Presidente Bush había firmado la “proclama” oficial en la que certificaba que Costa Rica había cumplido todas las exigencias de los Estados Unidos para implementar el acuerdo; y se produjo un intercambio oficial de notas diplomáticas en una cafetería del Departamento de Estado el día antes de Nochebuena, en la que no estuvo presente el embajador costarricense en Washington, ni asistió ningún funcionario estadounidense de mediano o alto rango.


Después de seis años de negociaciones (?), traducciones y firmas, comisión de notables, artículo 41 bis, referendo, memorando, comités patrióticos, mayoría de 38 (39?), leyes y reglamentos de implementación, prórrogas de plazos impostergables y enmiendas a textos escritos en piedra (cláusula 22.5), estrenamos el 2009 con el TLC.

Habemus TLC después de un proceso de aprobación que produjo heridas lacerantes en la sociedad costarricense, difíciles de cicatrizar, y huellas profundas por una forma de ejercer el poder que será mácula imborrable en nuestro devenir republicano.

Habemus TLC pero el costo democrático del atropello institucional, del doblegar y manipular voluntades, forzar decisiones que debieron tomarse sin que mediara temor o amenaza, y aprobar convenios, leyes y reglamentos cuyas consecuencias nocivas las conoceremos en breve, rebasa cualquier cálculo.

Habemus TLC y habrá unos pocos ganadores que se sentirán satisfechos. Los dueños de ingenios azucareros que ampliarán su cuota, un par de enlatadoras de atún, corporaciones transnacionales de medicamentos y agroquímicos que extenderán sus patentes, inversionistas extranjeros que podrán demandar al Estado costarricense en tribunales internacionales, y los importadores de bienes de consumo que no pagarán aranceles y su poder oligopólico los eximirá de reducir los precios al consumidor.

Habemus TLC, aunque los textileros, para desdicha de los miles de hombres y mujeres que trabajan en la confección de prendas de vestir, no se verán beneficiados. A pesar de que algunos dirigentes empresariales de este sector han sido acérrimos defensores del Tratado, lo cierto es que la maquila textil constituye una actividad en extinción en un país que aun conserva vestigios de seguridad social y no puede competir con los menores costos y salarios de China.


Habemus TLC y eso nos liga, sin término ni plazo, a la economía y la política de los Estados Unidos, lo cual ocurre en momentos en los que ese país vive una recesión que apenas está en sus albores y que algunos predicen tan dramática como la Depresión de los años treinta.

Habemus TLC y seguimos abriendo el mercado interno cuando los otros países buscan proteger sus empleos y nuestro déficit comercial sobrepasa los cinco mil millones de dólares, casi un 60% del total de la exportaciones nacionales. Inquietante augurio para los trabajadores y el tipo de cambio.

Habemus TLC, triste legado de un gobernante que ambicionaba mayores glorias y honores pero le faltó visión y dignidad de estadista para escoger un camino propio y para soñar con las generaciones futuras. La Historia Patria no le será indulgente.


Fuente: Diario Extra, suplemento Página abierta


Caricatura: Kike



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Nada tiene de malo

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Por: Juan Manuel Villasuso

Pensé titular esta columna “Cosas veredes, Sancho”, frase atribuida al Quijote, pero luego decidí utilizar una expresión más nuestra que reflejará mejor lo que repiten en Zapote cuando la Administración enfrenta algún escándalo.

Las declaraciones presidenciales remachan un concepto: nada tiene de malo lo que el gobierno hace. No importa que sea con la Asamblea Legislativa, el TLC, Sardinal, las escuchas telefónicas o los fondos del BCIE y Taiwán, porque todo es legal. Nadie tiene derecho a dudar de un gobierno que se dice respetuoso de la ley.

En verdad el Arismo ha desarrollado una fórmula para hacer lo que le viene en gana. Utiliza a su antojo una distinción entre legalidad y moralidad; y plantea, sin sonrojo, que al gobierno solo se le puede juzgar con base en la legalidad. Todo aquello que no sea ilegal le está permitido. Nada es incorrecto si los magistrados o los jueces lo aprueban. No importa cómo se logre.

Las consideraciones éticas, los valores morales y las responsabilidades políticas no son aplicables a quien ocupa el solio presidencial y sus acompañantes. Esas calificaciones solo se les puede achacar a los otros, no importa el nombre, aunque sus actos también estén amparados por la ley.

Si la prensa, con todo derecho, pide explicaciones, eso es irrespeto y crea una mala imagen de las autoridades. Si se hacen críticas y se protesta públicamente, sin violentar las normas, eso es atentar contra la institucionalidad. Si abundan las mociones a un proyecto legislativo eso es censurable, aunque el reglamento lo permita.

La aplicación a conveniencia de esa lógica que acomoda lo legal y lo moral, y la connivencia de aquellos con quienes comparten intereses, han propiciado actuaciones de los más altos jerarcas que lesionan nuestro sistema político y socavan la esencia democrática.

La Asamblea Legislativa, Primer Poder de la República, ha cedido su primacía al Ejecutivo. Los ejemplos sobran. Las órdenes llegan directamente de la Presidencia. Pero esa sumisión no es ilegal… nada tiene de malo dejar de lado los principios republicanos.

En la discusión sobre el TLC las autoridades afirmaron que Costa Rica no había aceptado la “certificación” por parte de los Estados Unidos, porque eso era ceder soberanía. Nos engañaron. Ahora tramitan una reforma para incorporar la certificación al Tratado. Pero ese engaño no es ilegal… nada tiene de malo.

Sobre el memorando de la vergüenza, que promovió el miedo y el chantaje para doblegar la voluntad popular en las urnas del referéndum, un tribunal dictaminó que no se cometió ningún ilícito… y nada tiene de malo seguir usando las mismas tácticas perversas.

Las escuchas telefónicas que realiza la DIS atentan contra la privacidad de las personas y son moneda común en los regímenes totalitarios; pero aún no se ha demostrado su ilegalidad… y nada tiene de malo que nos sigan espiando.

Contribuyentes de Oscar Arias en la campaña electoral tuvieron el beneplácito del gobierno para apropiarse del agua de Sardinal, pero eso nada tiene de malo, porque es difícil probar que haya alguna transgresión legal.

La contratación de amigos y de empresas de amigos con recursos del BCIE y de Taiwán por más de dos millones de dólares… nada tiene de malo, porque la Presidencia discurre que no tiene que rendir cuenta por fondos que acredita como privados.

La función pública exige transparencia, pero no solo en la dimensión jurídica, sino también en la moral. No puede hablarse de democracia si los gobernantes gozan de impunidad ética.


Fuente: Página Abierta - Diario Extra


El énfasis es nuestro


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El tribunal de los Arias absolvió al sr. Casas

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Por Albino Vargas Barrantes*

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el de los hermanos Arias, mostró su careta oficialista, de nuevo; y, otra vez, hace gala de la más descarada parcialidad política jamás vista por el país, desde el establecimiento de la denominada “Segunda República”, en 1949. El otrora venerado y respetado TSE, ha decretado la rehabilitación política de uno de los co-autores del memorando del miedo, en la campaña del “frauduréndum” sobre el TLC, del año pasado.

El tribunal electoral presidido por el fuertemente cuestionado, en amplísimos segmentos ciudadanos, como magistrado oficialista, Luis Antonio Sobrado González, ha absuelto al hoy Exsegundo Vicepresidente de la República, Kevin Casas Zamora; escudándose en leguleyadas baratas y pueriles; que pretenden minimizar la escandalosa, abusiva y repudiable compra de conciencias que ocurrió para la votación del 7 de octubre, en la desesperada carrera gobiernista por el triunfo del sí para el TLC del grupúsculo de ricachones de codicia insaciable, que hablan por boca de los hermanos Arias Sánchez.

El proceso de campaña sobre el TLC mostró a un TSE, bajo la conducción del magistrado Sobrado González, sumado, como último eslabón, al proceso del creciente descrédito ciudadano sobre la corrupta clase gobernante tradicional; la cual ha venido, sistemáticamente y una a una, corrompiendo cada una de las anteriormente prestigiosas entidades componentes de la institucionalidad republicana de nuestro sistema democrático.

Miles de ciudadanos y de ciudadanas tenemos el más absoluto convencimiento, porque lo vivimos en carne propia, de que el proceso de campaña del “frauderéndum” del 7 de octubre de 2008, es una página vil y vergonzosa de la historia patria, de tanto calibre como lo fue la votación parlamentaria que anuló las elecciones de febrero de 1948.

El memorándum Casas-Sánchez fue la guía de práctica política con sentido estratégico, que el gobierno de los hermanos Arias Sánchez adoptó para, con triquiñuelas, mentiras, calumnias, chantajes y sobornos, apuntalar, de manera desesperada, lo que se avizoraba como la derrota estratégica del proyecto neoliberal de los ricachones del bipartidismo tradicional y sus adláteres.

Nos preguntamos: ¿con qué moral viene ahora, por ejemplo, el magistrado Sobrado González, a minimizar lo que fue el más duro golpe a la pureza de la institucionalidad electoral que, otrora, nos llenaba de orgullo, a todo el pueblo costarricense, de todos los bandos, sin excepción?

La restauración (si es que en verdad le importaba en algo al régimen político dominante que ello se diera), de la confianza ciudadana en el tribunal electoral de la República; tenía que pasar, necesariamente, por la más enérgica condena a un proceso absolutamente descarado de parcialidad política; parcialidad política que jugó como elemento fundamental para los sucesos bélicos entre costarricenses en el año 1948.

El memorándum del miedo Casas-Sánchez tuvo una equivalencia, por su impacto, a lo que representó el desconocimiento que hicieron los diputados de aquella época, de lo que el pueblo tico en ese momento expresó en las urnas.

El tribunal electoral del magistrado Sobrado lo que hace con esta abominable resolución y nueva muestra de descarada parcialidad política, no solamente es rehabilitar la carrera política que ya se consideraba extinta, del señor Casas Zamora; sino, además, asegurarle espacio político al hoy desprestigiado diputado Sánchez, uno de los “príncipes” políticos que, al igual que el señor Casas, la oligarquía neoliberal ve como sus cuadros gerenciales de gobierno en el futuro cercano.

Bien harían las distintas fuerzas políticas patrióticas que se alistan para participar en el proceso electoral del 2010, en replantearse cuánta garantía hay de transparencia incuestionable, de neutralidad absoluta y de decencia política a toda prueba, si se tiene un tribunal electoral cuyas preferencias políticas están más que claras para miles y miles de potenciales votantes.

Si ni siquiera ha sido capaz de hacerle una “llamadita de atención” al Presidente Arias por su descarada intervención electoral a favor de doña Laura Chinchilla; ahora con esta absolución del señor Casas, ¿qué podemos esperar para el proceso electoral venidero?...


*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)


Fuente DiarioExtra.com

Caricatura: Mecho


El énfasis es nuestro


• Por el famoso memorando del TLC
TSE absuelve a Kevin Casas

“Nadie resultó afectado por el documento, solo yo”, afirma Casas.


• A raíz de denuncia puesta por los libertarios
TSE falla a favor de Kevin Casas

• El Tribunal descartó que los hechos denunciados puedan tipificarse como parcialidad y participación política prohibida



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Sala IV acoge acción de diputado Fernando Sánchez

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  • Para evitar retiro de credenciales por parte del TSE


Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La Sala Constitucional aceptó para su estudio la acción presentada por el diputado Fernando Sánchez, de Liberación Nacional, donde solicita a los magistrados declarar inconstitucionales los artículos 2, 3, 4 y 43 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Esos numerales estipulan las causales para que un miembro de los supremos poderes pierda sus credenciales.

La decisión de la Sala de evaluar los argumentos del diputado Fernando Sánchez detuvo temporalmente el proceso de retiro de credenciales que inició el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el legislador por recomendación de la Procuraduría General de la República.

Ese órgano jurídico estatal realizó la evaluación de las actuaciones del diputado Sánchez a raíz de una solicitud que hizo la Defensoría de los Habitantes.

Esta última entidad cuestionó la participación de Sánchez en la redacción de un memorando donde, junto con el ex vicepresidente Kevin Casas, le recomendaba al presidente Óscar Arias una estrategia para ganar el referendo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se efectuó el 7 de octubre de 2007.

El plan sugerido por Casas y Sánchez fue condenado por numerosos sectores sociales, tanto civiles como gubernamentales, y le valió al parlamentario la acusación por faltar al deber de probidad cobijado por la norma anticorrupción en la función pública.


Defensa

La defensa de Sánchez argumenta en la acción aceptada para estudio por la Sala IV que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito no puede estipular causales para destituir a miembros de los supremos poderes al estar esa materia contemplada exclusivamente por la Constitución Política.

“Los artículos 111 y 112 (de la Constitución), que se refieren expresamente a los diputados, señalan que éstos perderán su credencial si violan alguna de las prohibiciones contenidas en ellos. Estas disposiciones refuerzan el argumento de que el constituyente originario juzgó oportuno que las causales de cancelación de las credenciales de los miembros de los Supremos Poderes fueran establecidas expresamente por la Constitución”, se lee en la acción.

Además el alegato pretende reforzar la interpretación del artículo 121, inciso 22 de la Constitución, con el fin de dejar por sentado que la suspensión de las credenciales de un diputado es un acto que solo le compete al plenario de la Asamblea Legislativa por votación de mayoría calificada, es decir, 38 votos a favor.

Según la gestión realizada ante los magistrados constitucionalistas, los diputados tampoco pueden ser señalados por faltar al deber de probidad, “pues el mismo supone una limitación severa al ejercicio de las atribuciones constitucionales de los diputados, pues los obliga a comportarse de manera imparcial en el ejercicio de sus atribuciones, cuando el mandato representativo que ejercen debe hacerse en un marco de entera libertad”, reza la acción presentada por Fernando Sánchez.


Fuente DiarioExtra.com

caricatura El Roto

El énfasis es nuestro



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