Hay que recuperar la costa

Por Guillermo Quirós Álvarez*

Somos dueños de un país cuyo territorio cubre 640.283km2, de los cuales 92% es marino. Bordeándolo se extienden 1.412km de bellas playas, ensenadas, golfos y bahías; cuyo valor en el mercado internacional alcanza 2.118 billones de colones. Riqueza manejada por empresas foráneas, las cuales no dudan en pagar míseras granjerías para garantizar su inversión.

Históricamnete se ha dejado en manos de los gobiernos locales su manejo, cuyos indicios reflejan errores de gran magnitud, irreversibles y contrarios al desarrollo sostenible.

En Tiquicia los niños debieran conocer qué es un delfín, una ola y una corriente marina. Los jóvenes deben saber lo importante de los arrecifes, la vulnerabilidad de las especies que ahí habitan, lo frágil del manglar y del porqué no se puede construir a menos de 300m de la playa. Ellos en 25 años administrarán este país, tendrán que enfrentar cómo darle techo, comida y trabajo a 15 millones de personas.

Si nuestro pueblo y las inmigraciones continúan incrementando en progresión geométrica, pronto no habrá tierra para producir; entonces empezaremos a utilizar ese nuestro territorio, aquel gran desconocido para los viejos de hoy.

Dentro de esta perspectiva de insostenibilidad, la Contraloría indica que en los últimos diez años el monto en el proyecto Papagayo podría alcanzar ¢25.000 millones en obras de infraestructura y gastos operativos, incluyendo privilegios para los inversionistas foráneos, préstamos de la banca nacional, exoneración total de impuestos, bienes a perpetuidad; y la entrega de los servicios públicos como parte del paquete de venta de nuestra tierra.

Los hechos ponen en evidencia que la legislación y las autoridades quedaron cortos en la protección de los recursos costeros. Y se ha llegado a la praxis en servicios estratégicos como el agua, de extraerlos desde comunidades vecinas menospreciando los intereses locales. La iniciativa se aprobó hace 20 años y al igual que hoy ofrecía generar empleo y riqueza. Solo que los empleos son de mucamas y la riqueza de los inversionistas.

Es preciso una solución de fondo que permita lograr armonía y sostenibilidad. Una revisión profunda de la normativa nacional sobre el manejo y administración de la zona costera. No se pueden seguir aprobando leyes como la pretendida Ley de Marinas con el único propósito de facilitar las inversiones foráneas, violentando inclusive normas que establecen débiles controles.

Un proyecto que se aprovecha de la confusión e ignorancia de nuestros legisladores y de la falta de entendimiento sobre el manejo de estos frágiles ecosistemas, destinados a desaparecer. Por el contrario, el desarrollo debe asentarse sobre el raigambre social de estas comunidades, facilitar la apropiación y el manejo responsable de los recursos marinos, impulsando el turismo rural ecológico.

En estos momentos caóticos, el país requiere de un análisis pausado y serio de los proyectos que comprometen los recursos marinos por varias décadas o a perpetuidad. Sentar sólidas bases para que el desarrollismo no termine ahogando las comunidades.

Una pausa es también prudente para la prometedora empresa turística nacional, la cual no puede resistir el paso acelerado de la gran competencia foránea. El problema en la zona costera no es el empleo, es dignidad laboral e igualdad de oportunidades en un crecimiento razonable también para nuestros capitales criollos. Es progresar en armonía con el ambiente y con el vecino.


*oceanógrafo


Fuente Diario Extra
Suplemento Página Abierta

Imagen: Mapa físico de Costa Rica, OCEANOS


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Impugnan Reglamento de Vialidad para proyecto turístico en Papagayo

• Por considerarlo contrario al libre tránsito y al acceso de bienes públicos

• Sala Constitucional tiene un mes para resolver caso tras realizar vista

María Siu Lanzas
msiu@prensalibre.co.cr

El Reglamento de Vialidad para el Proyecto de la Península de Papagayo fue impugnado ante la Sala Constitucional por considerarlo presuntamente contrario al libre tránsito y restringir el acceso a bienes públicos.

Este reglamento se emitió a través del decreto ejecutivo 30175-MP-TUR a principios de 2002 y está vinculado a la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, del que forma parte el Polo Turístico Papagayo.

El reglamento establece un sistema vial especial, creado para que los particulares puedan transitar dentro de los desarrollos turísticos de los concesionarios.

El abogado Mauro Murillo alega que dicho decreto no habría sido suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como que no habría sido consultado a la Municipalidad de Liberia, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ni al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

Murillo explicó que las vías de acceso a las concesiones deben ser públicas y por lo tanto municipales. “Tiene que haber un acceso pleno a toda la zona costera y debe ser la municipalidad la que dé mantenimiento a las vías”, señaló el abogado.

Según Murillo, en este momento no hay un acceso pleno a toda la zona costera, sino solo a algunas playas y por horario restringido. Asimismo, el abogado manifestó que para andar dentro de la zona hay que ser transportados por el servicio de una empresa privada.

En la acera contraria, el argumento sería que dicha obra está ubicada en una zona de régimen excepcional. “Yo no veo por qué deben haber restricciones personales para Nacascolo, que no tiene el resto del proyecto”, señaló.

LA PRENSA LIBRE intentó conversar con el asesor legal del ICT, Francisco Coto, pero este se encontraba en una reunión fuera del instituto y no respondió al mensaje al cierre de edición.

Entre sus alegatos, Murillo cuestiona que se ponga una servidumbre sobre bienes públicos, bajo la supuesta recomendación de una empresa.

“El acceso a las playas y riscos debe ser por calle pública y que la vialidad debió haber sido para todo el polo turístico y no solo para una porción concesionada. Resulta absurdo y antijurídico que el acceso a las zonas públicas, distante a varios kilómetros, se haga desde un gran parqueo ubicado en la vía principal y que de allí se desplacen por un sistema de transporte que manejaría el concesionario madre, quedando como concesionario de calles privadas, se lesiona el principio de legalidad y de razonabilidad”, apuntó Murillo.

Tanto el ICT como el abogado expusieron sus argumentos en una vista de la Sala Constitucional realizada esta semana. Ahora el órgano judicial tiene un mes como plazo máximo para resolver el caso.

El Reglamento de Vialidad dice que con el fin de no comprometer la sostenibilidad de la Península de Nacascolo, donde se ubica el Proyecto Península de Papagayo, se limitará al máximo la circulación de vehículos automotores impulsados por combustibles fósiles.

En ese sentido, solo se autoriza el ingreso de los vehículos de los proveedores de bienes y servicios de los desarrollos turísticos, de los titulares de las concesiones, de autoridades municipales, de construcción de proyectos y de los dedicados a la atención de emergencias.

La normativa también establece que para garantizar al público el acceso a las áreas públicas de la zona marítimo terrestre, los concesionarios implementarán un sistema de transporte y el uso de vialidad.

Lo anterior implica ofrecer un parqueo para el estacionamiento de los visitantes que lleguen con vehículos impulsados por combustibles fósiles, siempre que no califiquen dentro de la descripción anterior y un sistema de transporte público interno impulsado por motores menos contaminantes, con horario fijo y permanente, todos los días.

Fuente La Prensa Libre Online

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