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Don Mario, destruya esta demanda

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En un país libre, una persona como Mario Boza, quien fungió como viceministro del ambiente durante dos administraciones, podría verse rotundamente criticado por proponer la privatización de la agencia que maneja los parques nacionales del país.

En un país libre, uno podría cuestionar sus negocios (business dealings) de consulta con respecto al plan de privatización.

Se podría hacer esto porque, en un país libre, Boza sería una figura pública y, por ende, sujeto a cualquier crítica, por más injusto que sea.


Pero Boza sabe que Costa Rica, cuyas leyes de libertad de expresión siguen recibiendo censura internacional, aún no es completamente libre.

Así, el setiembre pasado, Boza
presentó una demanda de difamación de cien millones de colones ($190,000) contra el grupo ambientalista Asociación Conservacionista Yiski y su presidenta, María Elena Fournier.

En la demanda, Boza alega que su reputación ha sido dañado por mensajes de Fournier que criticaban la propuesta de Boza de convertir el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) en una sociedad anónima manejada de forma independiente.

Boza había argumentado que este paso permitiría el SINAC a utilizar rentas del sistema de parques para el bien de los parques y las reservas, las cuales constituyen el 17% del país.
Yiski argumentó que esto era más bien una paso hacia la privatización de los parques.

Debido a esta oposición de parte de Yiski, Boza eventualmente abandonó su idea.


Al hacerlo, Boza obviamente se sintió herido. Su ego probablemente resultó un poco magullado en el proceso, especialmente por causa de los dardos causticos lanzados por la gente apasionada allá en Yiski.

Cuando se trata del medioambiente, Boza no tiene una postura descuidada. Tiene un record admirable de preservar areas silvestres. En 1983, fue honrado por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan en una ceremonia de la Casa Blanca luego de haber ganado el Premio de Conservación de Fauna Silvestre J. Paul Getty ($50,000).


Boza alega en su demanda que se ha lastimado su reputación,
aunque esa afirmación es altamente dudosa dado que puede y debe haber diferentes puntos de vista respecto a un asunto de tanto interés público.

Aparte de eso, muy pocas personas escucharon la crítica de Yiski. De hecho, es probable que muchos más se dieron cuenta de la crítica como resultado de la demanda.

En países donde realmente existe libertad de expresión, y adonde Boza hubiera tenido que comprobar haber sufrido daño calculable, y que Yiski actuó de manera maliciosa y con una indiferencia temeraria a la verdad, a esta altura la demanda de Boza ya habría sido descartada por las cortes.

Aquí (en Costa Rica), probablemente eternizará, obligando a Yiski y a Fournier a defenderse solos, a costos potencialmente devastadores. Además de silenciarlos, la demanda detraerá la atención y el tiempo de Boza y Fournier de los problemas verdaderos de conservación que el país enfrenta.

Además
tendrá un efecto desalentador sobre otros críticos de las decisiones y la política ambientalista.

El medio ambiente se encuentra entre las inquietudes más importantes enfrentando a Costa Rica. Sin ecosistemas sanos. Sin sistemas fluviales y de suelos sanos, las dos industrias más grandes costarricenses, el turismo y la agricultura, no podrán progresar.

Si Mario Boza está verdaderamente preocupado por salvar el medio ambiente, deberá abandonar su demanda inmediatamente.


Traducción Lucinda Tosi.

21 junio, 2008.



Titulo original: "Don Mario, Tear Up This Lawsuit"
Editorial del Tico Times 20 de junio de 2008.



El énfasis es nuestro




Más: Demandan a "Era Verde" por denunciar privatización de parques nacionales






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Demandan por ¢100 millones a ambientalista de Yiski

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  • Querellante cuestiona información publicada en UNIVERSIDAD.

  • El proyecto para convertir los parques nacionales en una sociedad anónima generó polémica que dio pie a demanda por injurias.

Por Eduardo Ramírez Flores, redactor

Por considerar que hubo injurias, difamación y calumnias, el exviceministro de Ambiente y Energía -Mario Boza Loría- demandó por ¢100 millones a la presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski -María Elena Fournier Solano-, quien combatió un proyecto del querellante para convertir el sistema de parques nacionales en una sociedad anónima.

Algunos de las opiniones de Fournier Solano que Boza Loría consideró lesivas para su reputación, aparecieron en el reportaje "Proyecto impulsaría sociedad anónima: Rechazan privatización de parques nacionales", publicado por este Semanario en su edición del 18 de enero del 2007.

Dicha nota detalló los propósitos del proyecto "Servicio de Parques Nacionales S.A." -promovido por Boza-, el cual pretendía que las áreas de conservación se convirtieran en una empresa pública regida por la figura legal de sociedad anónima y, por lo tanto, ajena a las regulaciones que establece la legislación de las entidades públicas.

En el mencionado reportaje, diversos sectores ambientalistas expresaron oposición a este plan, incluida la presidenta de la comisión legislativa de ambiente, la oficialista Maureen Ballestero, quien dijo que el Gobierno no lo apoyaría.

En esa ocasión, el exviceministro de la administración Calderón Fournier informó a UNIVERSIDAD que no continuaría con su proyecto, en razón de los cuestionamientos "malintencionados" de que se deseaba privatizar los parques.

Por su parte, la ambientalista Fournier Solano criticó en aquella oportunidad que al estar bajo algún tipo de protección ambiental cerca del 25% del territorio nacional, el referido proyecto pondría una cuarta parte del país en manos de una sociedad anónima.

La organización Yiski estimó, además, que dentro de esta figura legal, se cambiaban los objetivos y filosofía de los parques, para transformarse en una entidad con fines comerciales y con la potestad de hacer cualquier cosa en tierras del Estado.


Demanda multimillonaria

La demanda de Boza Loría está dirigida contra Fournier Solano y la asociación que ella preside, con una acción civil resarcitoria que reclama ¢100 millones por daños y perjuicios, y el pago de las costas de los procesos judiciales.

La querella fue presentada el 28 de setiembre pasado al Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial, por los delitos de injurias, calumnias y difamación por prensa, radio e Internet.

Al fundamentar su demanda, Boza expuso que "con base en los correos electrónicos y demás medios que la querellada ha utilizado para transmitir sus mensajes desde el mes de setiembre del año 2006, se evidencia la voluntad de injuriar, calumniar y difamar mi buen nombre, honor y prestigio profesional, tanto a nivel nacional como internacional".

Para respaldar su acusación, incluyó abundantes citas textuales de lo que considera lesiones contra su honor, tomadas principalmente de mensajes de correo electrónico enviados por la ambientalista a diferentes remitentes.

Boza alega que "el hecho de que exista un derecho a informar y a expresarse libremente, no tiene nada que ver con un pretendido derecho al insulto, refiriéndose a mi persona, de una forma descalificante, tratando de destruir una trayectoria de prestigio personal y profesional que he cultivado a lo largo de casi cuatro décadas".

En caso de retractación o condenatoria de la querellada, el exviceministro exigió publicar estas en los mismos medio de comunicación que ella utilizó para supuestamente denigrarlo, en proporciones de espacio similar.

El pasado 11 de abril se llevó a cabo una audiencia conciliatoria, la cual fue rechazada por Fournier Solano, quien espera demostrarle al tribunal el afán conservacionista que ha existido detrás de sus acciones, según consta en un documento del defensor público que lleva su caso. Por el momento no hay fecha fijada para la realización del juicio.


Fuente Semanario Universidad
Año XII. Edición 580

Imagen: Semanario Universidad


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